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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01199-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01199-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar, quienes actúan como gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo Yukpa, contra el Presidente de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, el Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías-, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social, Senado de la República -Presidencia- y Cámara de Representantes -Presidencia-, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01199-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01199-00
Actor: Jaime Luis Olivella Márquez y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01199-00
Demandante: JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ Y OTROS
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-,
MINISTERIO DEL INTERIOR -DIRECCIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS-, MINISTERIO DE CULTURA,
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SENADO
DE LA REPÚBLICA -PRESIDENCIA- Y CÁMARA DE
REPRESENTANTES -PRESIDENCIA-

Temas: Tutela contra autoridades administrativas. Derecho a la consulta
previa, libre e informada del pueblo indígena Yukpa en el marco del
proyecto de ley No. 339 de 2023, -Cámara de Representantes-, “Por
medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se
dictan otras disposiciones”. Improcedencia general de la acción de
tutela cuando se dirige contra actos de carácter general, impersonal y
abstracto y supuestos excepcionales para estudio de fondo que ha
precisado la jurisprudencia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco,
Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés
Vence Villar, gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo Yukpa 1 contra
el Presidente de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República-, el Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías-, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y Protección Social, Senado
de la República -Presidencia- y Cámara de Representantes -Presidencia-, con el
objeto de que se ampare el derecho fundamental a la consulta previa, el cual
consideran vulnerado con la presentación del proyecto de ley No. 339 de 2023 -
Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en
Colombia y se dictan otras disposiciones”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos
Los accionantes señalaron que son autoridades representativas de seis
resguardos indígenas del pueblo Yukpa ubicado en los municipios de La Paz,

1
Jaime Luis Olivella Márquez – Gobernador del cabildo del resguardo indígena EL ROSARIO BELLAVISTA Y YUCATAN.
Alfredo Peña Franco - Gobernador del cabildo del resguardo indígena IROKA. Adolfo Enrique Garcerant – Gobernador del
cabildo del resguardo indígena SOCORPA. Emilio Ovalle Martínez - Gobernador del cabildo del resguardo indígena
MENKUE MISAYA LA PISTA. Alirio Ovalle Reyes – Gobernador del cabildo del resguardo indígena CAÑO PADILLA.
Andrés Vence Villar – Gobernador del cabildo del resguardo indígena LA LAGUNA EL COSO Y CINCO CAMINOS.

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Becerril, Agustín Codazzi, San Diego y La Jagua de Ibirico de la costa norte
colombiana, Serranía del Perijá.

Refirieron que la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, la cual
está conformada por los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa y Yukpa, crearon la
empresa de salud indígena DUSAKAWI EPSI para fortalecer los procesos
organizativos, desarrollar su autonomía y avanzar en la consolidación de una
política de administración de recursos públicos en salud que permita la
implementación de modelos de atención en salud propio, el cual responde a los
parámetros de la medicina tradicional que se complementa con la medicina
homeopática.

Relataron que por medio de la Resolución No. 0081 de 5 de diciembre de 1997, la
Dirección General de Asuntos Indígenas -hoy Dirección de Asuntos Indígenas,
ROM y Minorías del Ministerio del Interior-, reconoció a DUSAKAWI EPSI como
una entidad de derecho público con carácter especial y sin ánimo de lucro.
Posteriormente, a través de la Resolución No. 0019 de 15 de marzo de 2021 se
convirtió en una entidad con patrimonio propio y autonomía presupuestal y
financiera.

Manifestaron que la EPSI DUSAKAWI tiene 141 prestadores de servicios de salud,
19 son indígenas que prestan la atención médica bajo la visión, modelos y
autonomía de cada uno de los pueblos étnicos y cuentan con 81.647 afiliados
indígenas.

Indicaron que el 82.71% de los afiliados a la EPSI DUSAKAWI, esto es, 212.119
personas se encuentran en “exterminio físico y cultural” por distintas causas
relacionadas con el conflicto armado interno, la minería a gran escala, la pobreza,
escasez de tierras, falta de acceso a agua potable, afectaciones ambientales,
inexistencia de programas de seguridad alimentaria y proyectos productivos,
desplazamiento forzado, exclusión y marginalización, migración de población
venezolana, entre otros.

En esa línea, efectuaron una explicación acerca de la historia y la situación actual
del pueblo Yukpa y de su territorio ancestral, así como de los derechos de la
comunidad indígena que estiman vulnerados y amenazados en virtud de las
acciones y omisiones del Gobierno Nacional y las entidades accionadas. En los
mismos términos, describieron ampliamente los procesos de consulta previa que
se han llevado a cabo con el pueblo indígena Yukpa derivados de la
implementación y ejecución de proyectos energéticos, el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 y la expedición de un acto administrativo de catastro
multipropósito y, en ese marco, manifestaron su sorpresa porque en esta ocasión
se omitió dicho mecanismo de participación y concertación con esta comunidad.

Señalaron que el 17 y 18 de noviembre de 2022 radicaron ante la Presidencia de
la República, los Ministerios de Salud y Protección Social y del Interior, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte
Constitucional y los Presidentes de la Comisión Séptima del Senado de la
República y la Cámara de Representantes, una petición dirigida a que se les
garantizara el derecho a la participación y a la consulta previa de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira Permanente de Concertación del
Pueblo Indígena Yukpa sobre el nuevo modelo de salud plasmado en el proyecto
de reforma de ley No. 339 de 2023, “Por medio del cual se transforma el Sistema de
Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Mencionaron que en dicha petición se puso de presente a las entidades
demandadas que el pueblo Yukpa fue excluido de la Subcomisión de Salud de la
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas -

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creada mediante Decreto 1973 de 11 de septiembre de 2013-. Agregaron que en
el marco de la orden tercera de la Sentencia T-713 de 2017 se acordó un
escenario de concertación y consulta previa entre el Gobierno Nacional y el pueblo
indígena Yukpa, esto es, la creación de la Mesa Permanente de Concertación de
la precitada comunidad. Afirmaron que se formularon las siguientes peticiones:

“PRIMERO: Convocar de manera urgente a La Asociación de Cabildos Indígenas del
Cesar y [La] Guajira y a La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena
Yukpa al derecho fundamental a la Consulta Previa del Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural – “SISPI-”.

SEGUNDO: Convocar de manera urgente a La Asociación de Cabildos Indígenas del
Cesar y [La] Guajira y a La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena
Yukpa al derecho fundamental a la consulta previa del Nuevo Modelo de Salud”.

Expresaron que el 22 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud y Protección
Social les informó que la petición se encontraba bajo la revisión conjunta con los
delegados indígenas de la Subcomisión de Salud de la Mesa permanente de
Concertación MPC y que una vez tuvieran un avance o decisión de fondo la
comunicarían.

Adujeron que la Consejería Presidencial por oficio OFI22-
00158290/GFPU13050000 informó que la solicitud fue remitida a las autoridades
competentes para atender la solicitud de fondo, esto es, el Ministerio del Interior
(OFI22-00158282) y el Ministerio de Salud y Protección Social (OFI22-00158287).

Manifestaron que el 25 de enero de 2023, el director de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa les informó que remitió la petición a la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, al considerar que es la
competente para resolver los cuestionamientos formulados.

Aseveraron que los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social no han
dado respuesta a la petición pese a que, además de haber sido radicada
directamente por los accionantes, también fue remitida por otras entidades por ser
de su competencia para resolverla de fondo.

En un escrito posterior a la demanda de tutela inicial, la parte actora informó que el
23 de marzo de 2023 el Ministerio del Interior dio respuesta a su petición en el
sentido de informar que una vez se determine el deber de adelantar consulta
previa para el proyecto de ley de reforma a la salud convocará al Pueblo Indígena
Yukpa y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira y demás
comunidades indígenas a que hubiere lugar, para realizar el proceso consultivo
correspondiente.

Por último, señalaron que el 13 de febrero de 2023 el Presidente de la República,
junto a los Ministros del Interior y de Salud y Protección Social radicaron el
proyecto de ley “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en
Colombia y se dictan otras disposiciones”, sin haber realizado la consulta previa al
pueblo indígena Yukpa.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora promovió acción de tutela contra el Presidente de la República -
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, el Ministerio del
Interior -Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías-, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Salud y Protección Social, Senado de la República -Presidencia- y
Cámara de Representantes -Presidencia-, en defensa del derecho fundamental a
la consulta previa, el cual considera vulnerado con la radicación del proyecto de
ley No. 339 de 2023, “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en

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Colombia y se dictan otras disposiciones” -Cámara de Representantes-, sin haber
consultado previamente al pueblo indígena Yukpa y el Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural -SISPI-.

Afirmó que dicho proyecto de ley afecta a los pueblos indígenas, en especial al
Pueblo Yukpa de la Serranía del Perijá y a los once pueblos indígenas del Cesar y
La Guajira, en tanto en los artículos 5° a 8° del capítulo II se refiere al sistema de
salud sin establecer medidas necesarias para “atacar las principales causas por
las cuales nuestras comunidades nos enfermamos y nos morimos”, bajo la
aplicación de criterios de prevención.

Así mismo, señaló que el nuevo sistema de salud que se propone implementar no
aborda varias circunstancias que constituyen obstáculos que se han identificado
en el acceso al servicio de salud, tales como:

(i) Falta de acceso a la tierra lo cual, afirmaron, es determinante teniendo en
cuenta que la desnutrición es una de las principales causas de enfermedad y
muerte de niños y niñas de la población indígena.

(ii) Barreras en el acceso al agua potable y saneamiento básico, por lo que
consideran necesario que se establezca que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio haga parte del Consejo Nacional de Salud.

(iii) La existencia de pueblos indígenas transfronterizos que tiene doble
nacionalidad, lo que ha generado impacto en el control de enfermedades de
transmisión sexual.

De igual modo, refirió que el proyecto de ley de reforma al sistema de salud
“elimina La Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, DUSAKAWI
-EPSI”, que es la empresa de servicios de salud que se ha venido consolidando
por más de treinta años de manera concertada con el pueblo indígena y el
Gobierno Nacional.

En ese orden, la parte actora puso de presente que los gobernadores de los
resguardos indígenas del pueblo Yukpa solicitaron que se garantizara el derecho a
la consulta previa sobre la radicación del proyecto de ley No. 339 de 2023, “Por
medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras
disposiciones”, y que, en ese mismo sentido, la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron a los Ministerios de Interior y Salud y
Protección Social y a la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre el deber de
garantizar ese derecho fundamental, no obstante, las autoridades accionadas
ignoraron dichas solicitudes y alertas.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes:

“XIII. SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Mediante la presente Acción de Tutela se solicita protección a los derechos
fundamentales constitucionales del pueblo Yukpa vulnerados y amenazados en
virtud de los hechos, omisiones y acciones del Gobierno Nacional y del
Congreso de Colombia; por intermedio del doctor GUSTAVO PETRO
URREGO, Presidente de Colombia, doctor ROY LEONARDO BARRERAS
MONTEALEGRE, Presidente del Senado de Colombia, doctor DAVID
RACERO, Presidente de la Cámara de Representantes, doctor ALFONSO
PRADA, Ministro del Interior, doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de
Salud y Protección Social, doctor AGMETH ESCAF TIJERINO, Presidente
Comisión Séptima Constitucional, Cámara de Representantes y el doctor

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GERMÁN CARLOSAMA, director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior; en consecuencia, se solicita de manera respetuosa e
inmediata al Juez de conocimiento de la presente Acción de Tutela las
siguientes:

MEDIDAS CAUTELARES.

PRIMERO: ORDENAR COMO MEDIDA CAUTELAR al Doctor GUSTAVO
PETRO URREGO, Presidente de Colombia, a la Doctora CAROLINA CORCHO
MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor ALFONSO PRADA,
Ministro del Interior, retirar del congreso de la República el Proyecto de Ley 339
‘Por medio de[l] cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras
disposiciones’.

SEGUNDO: ORDENAR COMO MEDIDA CAUTELAR al Doctor, ROY
LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE, Presidente del Senado de
Colombia, al Doctor DAVID RACERO, Presidente de la Cámara de
Representantes y al Doctor AGMETH ESCAF TIJERINO, Presidente Comisión
Séptima Constitucional, Cámara de Representantes, suspender de manera
inmediata el trámite del Proyecto de Ley 339 ‘Por medio de[l] cual se
transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones’; y devolver el
mencionado proyecto de Ley al ejecutivo, hasta tanto no surta el debido
proceso de Consulta previa con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La
Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa.

TERCERO: ORDENAR COMO MEDIDA CAUTELAR a la Doctora CAROLINA
CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN
CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio
del Interior, convocar y adelantar un proceso de consulta previa con el pueblo
indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del
Pueblo Indígena Yukpa; del Proyecto de Ley 339 ‘Por medio de[l] cual se
transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones’.

CUARTO: ORDENAR COMO MEDIDA CAUTELAR a la Doctora CAROLINA
CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN
CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio
del Interior, convocar y adelantar con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio
de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa al
proceso de consulta previa del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural
–“SISPI del pueblo indígena Yukpa.

SOLICITUD DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

PRIMERO: ORDENAR al Doctor GUSTAVO PETRO URREGO, Presidente de
Colombia, a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de Salud y
Protección Social y al Doctor ALFONSO PRADA, Ministro del Interior, retirar del
congreso de la República el Proyecto de Ley 339 ‘Por medio de[l] cual se
transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones’.

SEGUNDO: ORDENAR al Doctor, ROY LEONARDO BARRERAS
MONTEALEGRE, Presidente del Senado de Colombia, al Doctor DAVID
RACERO, Presidente de la Cámara de Representantes y al Doctor AGMETH
ESCAF TIJERINO, Presidente Comisión Séptima Constitucional, Cámara de
Representantes, suspender de manera inmediata el trámite del Proyecto de
Ley 339 ‘Por medio de[l] cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan
otras disposiciones’; y devolver el mencionado proyecto de Ley al ejecutivo,
hasta tanto no surta el debido proceso de Consulta previa con el pueblo
indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del
Pueblo Indígena Yukpa.

TERCERO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, ministra de
Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN CARLOSAMA, Director de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, convocar y
adelantar un proceso de consulta previa con el pueblo indígena Yukpa, por
intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena
Yukpa; del Proyecto de Ley 339 ‘Por medio de[l] cual se transforma el Sistema
de Salud y se dictan otras disposiciones’.

CUARTO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA, Ministra de
Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN CARLOSAMA, Director de

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Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, convocar y
adelantar con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa
Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa al proceso de
consulta previa del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural –“SISPI
del pueblo indígena Yukpa”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. 101 de 21 de septiembre de 2022, “por la cual se
inscribe en el Registro de Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas el Representante Legal y/o Gerente de la Asociación
de Cabildos Indígenas del Cesar–Dusakawi EPS en el departamento de Cesar”.

• Copia de la petición formulada por la parte actora ante los Ministerios del
Interior, Salud y Protección Social, la Dirección de la Autoridad Nacional de
Consulta Previa y al director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, dirigida a
que se adelante la consulta previa sobre el proyecto de ley de reforma al
sistema de salud.

• Copia del escrito por medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social
radicó ante el Secretario de la Cámara de Representantes el proyecto de ley
No. 339 de 2023, “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia
y se dictan otras disposiciones”.

• Copia del documento suscrito por el Presidente de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes en el cual alerta a
los Ministerios de Salud y Protección Social y del Interior, así como a la
Autoridad Nacional de Consulta Previa “sobre el deber constitucional de
garantizar el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo indígena
Yukpa de la Serranía del Perijá, por intermedio de la Mesa de Diálogo y
Concertación del Pueblo Indígena Yukpa de la Serranía del Perijá y a la
Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y [La] Guajira, al Sistema Indígena
de Salud Propio e Intercultural -“SISPI-”, al Nuevo Modelo de Salud y el capítulo
étnico de la nueva Ley de Salud”.

• Copia del documento suscrito por el Procurador (E) Delegado para Asuntos
Étnicos en el que solicita a los Ministros de Salud y Protección Social y del
Interior, al director de la autoridad Nacional de Consulta Previa y al director de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías que se convoque a la Mesa Permanente
de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa para realizar la consulta previa del
Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural -“SISPI- Yukpa” y del nuevo
modelo de salud y el capítulo étnico de la nueva ley de salud.

• Copia de escrito expedido por el Delegado del Derecho a la Salud y Seguridad
Social de la Defensoría del Pueblo dirigido a la viceministra para el Diálogo
Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud
Protección Social, al director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, al director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior y al coordinador del Grupo de Asuntos Étnicos del
Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se establece una alerta sobre
la garantía del derecho fundamental a la consulta previa del pueblo indígena
Yukpa de la Serranía del Perijá y la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar
y La Guajira frente al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural -“SISPI-”
y al nuevo modelo de salud y al capítulo étnico de la nueva ley de salud, lo cual

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fue reiterado a través del oficio No. 20230040500733881 de 1 de marzo de
2023.

• Respuesta a la solicitud radicada el 21 de noviembre de 2022 por el Pueblo
Yukpa, expedida por el Ministerio del Interior el 25 de enero de 2023 (radicación
2023-2-002400-001883 Id: 70550).

• Respuesta a la solicitud radicada el 21 de noviembre de 2022 por el Pueblo
Yukpa, expedida por el Ministerio del Interior el 23 de marzo de 2023
(radicación 2023-2-002400-001883 Id: 70550).

• Respuesta de 1° de febrero de 2023 proferida por la Presidencia de la
República, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos
Internacionales a la petición formulada por el Pueblo Yukpa el 21 de noviembre
de 2022 (radicado No OFI22-00158290 / GFPU 13050000).

• Respuesta de 21 febrero de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social a la petición de 21 de noviembre de 2022 formulada por el
pueblo Yukpa (radicado 202316200341061).

• Documento titulado “Análisis de la SITUACIÓN DE SALUD Caracterización de
La Población Yukpa Afiliada a DUSAKAWI EPSI”.

• Copia del acta de 21 y 22 de marzo de 2023 sobre la sesión de la Mesa
Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas,
realizada de conformidad con el Decreto 1297 de 1996.

• Copia del memorando No. 2023-3-002410-008614 Id: 91774 de 3 de marzo de
2023, expedido por la Subdirectora Técnica de la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa.

• Copia de la Gaceta del Congreso No. 338 de 2023.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto de 15 de marzo de 2023, la Consejera Sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la parte demandante y a las entidades demandadas, así como a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como terceros interesados en
el resultado del proceso.

De igual forma, negó la medida provisional solicitada por la parte actora por cuanto
de lo manifestado en el escrito de tutela y del material probatorio allegado con la
demanda, no encontró acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la
adopción de la medida provisional, ya que no se observó de manera preliminar un
riesgo inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la
parte demandante que ameritara la intervención necesaria y urgente del juez de
tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

5.2. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 25040, 25041,
25043, 25045, 25047, 25049 a 25054 todos de 21 de marzo de 20232, con el fin de
notificar a las partes.
2
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: juridica@resguardoindigenairoka.org, recepcion@resguardoindigenairoka.org,
proteccion.territorial@resguardoindigenairoka.org, jojmayeterritorio@gmail.com,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@camara.gov.co, juridica@defensoria.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
contacto@presidencia.gov.co, servicioalciudadano@mincultura.gov.co, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, :
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co, amcogollo@procuraduria.gov.co,

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República

A través de la apoderada judicial del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela, al considerar que “el Proyecto de ley 339-2023C sobre Reforma a la Salud
no está sometido al trámite de la consulta previa, mucho menos en los términos
planteados por los cabildos indígenas Yukpa”.

Manifestó que el Gobierno Nacional propende por el respeto de la autonomía y
derechos de todas las comunidades étnicamente diferenciadas,
afrodescendientes, indígenas, raizales y ROM frente a las cuales el Estado tiene
deberes concretos en defensa de sus creencias, usos, costumbres y derechos.

En ese marco, en términos generales, desarrolló el alcance del derecho
fundamental a la consulta previa y concluyó que no todas las decisiones deben ser
sujetas a esa garantía, por lo que se debe establecer, en cada caso concreto, si la
medida que se pretende adoptar afecta directamente a las comunidades indígenas
y tribales.

En ese sentido, citó la sentencia C-175 de 2009 en la que la Corte Constitucional
expresó que “lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas
susceptibles de afectar específicamente a las comunidades indígenas en su
calidad de tales, y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera
uniforme para la generalidad de los colombianos”.

De igual modo, acudió a la sentencia SU-123 de 2018 para indicar que existe
afectación directa cuando “(i) se perturban las estructuras sociales, espirituales,
culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de
sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita
realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente,
según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una
política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos
indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169
de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una
comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o
por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del
pueblo concernido”.

En esa línea, se refirió al procedimiento de consulta previa frente a la producción
de las leyes y señaló que éste puede llevarse a cabo durante el trámite legislativo,
por cuanto en el Congreso de la República también se desarrollan espacios de
deliberación democrática y, de acuerdo con ello, el proyecto radicado puede sufrir
modificaciones “de manera que, en tanto no sea aprobado ni sancionado, en los
términos de lo previsto en el artículo 157 Superior, se constituye en una instancia
válida para adelantar procesos de consulta previa”.

Sobre el particular, citó el siguiente aparte de la sentencia C-891 de 2002:

judiciales@senado.gov.co.

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Actor: Jaime Luis Olivella Márquez y Otros

“Por otra parte, debe señalarse que el escenario previo a la radicación del proyecto no
es el único espacio deliberativo en el que los pueblos indígenas pueden participar
durante el proceso tendiente a la expedición de normas que los afectan, toda vez que
en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe.
Justamente es también éste un escenario de discusión y participación que campea en
el marco de un Estado democrático, como el colombiano, en el que los pueblos
indígenas pueden canalizar sus propuestas a través de los congresistas elegidos. No
sobra recordar que, en nuestro órgano legislativo, por mandato del inciso segundo del
artículo 171 de la Constitución, los indígenas tienen dos senadores que participan en la
creación de la ley antes de su expedición, haciendo oír su voz”.

Para el caso concreto, manifestó que con la radicación ante el Congreso de la
República para debate y aprobación del proyecto de ley “Por medio del cual se
transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, no
se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo indígena Yukpa
“dado que se trata de una medida legislativa en trámite, de carácter general, y que
de acuerdo con su objetivo y finalidad, busca afectar de forma uniforme a todos los
ciudadanos, entre ellos a los miembros de las comunidades tradicionales, así
como también a los demás sectores sociales de la población”.

Explicó que el proyecto de ley cuestionado propone una reforma estructural al
Sistema de Seguridad Social en Salud que actualmente se encuentra regulado en
la Ley 100 de 1993, y que recoge los estudios por parte de la sociedad civil y otros
sectores que vienen consolidándose desde hace más de veinte años, además
busca cuidar la vida de los habitantes del territorio nacional.

Manifestó que en el curso del debate del proyecto de ley será posible “adelantar
las discusiones que sean necesarias” con las comunidades étnicas, para
perfeccionar los textos propuestos inicialmente en aras de garantizar de manera
efectiva sus derechos fundamentales. Por lo tanto, no es cierto que hayan
fenecido las oportunidades para que el Gobierno Nacional pueda agotar los
espacios consultivos y de participación sobre el proyecto de reforma al sistema de
salud.

Adicionalmente, refirió que el proyecto de ley no regula de manera diferenciada
aspectos relacionados con el derecho a la salud de los grupos étnicos, pues esto
se hará a través de decretos reglamentarios que, previa expedición, serán
sometidos a consulta previa. Agregó que, en todo caso, ya se han abierto
espacios de diálogo con las comunidades indígenas y el Gobierno Nacional.

Puso de presente que el artículo 145 del proyecto de ley prevé la garantía del
derecho de consulta previa, al señalar lo siguiente:

“Artículo 145. Consulta Previa a las autoridades tradicionales de las comunidades
indígenas. Para la reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud, en lo que
respecta a reglamentar la prestación de servicios de salud y la organización del mismo
en sus territorios, se adelantará consulta previa con las respectivas autoridades de los
pueblos y comunidades indígenas en espacios suficientes y adecuados de participación
sobre las decisiones que les afectan directamente.

A tal efecto, facúltese al Presidente de la República por un periodo de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la presente Ley con el fin de adoptar las normas con
fuerza de ley, de la organización y prestación de servicios de salud en los territorios de
los pueblos y comunidades indígenas”.

Adujo que dicho texto se encuentra en coherencia con lo establecido en la Ley
1448 de 2011 que en su artículo 2 dispuso:

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3
de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y
asuman su plena ciudadanía.

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Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno de
estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus
usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 205 de la presente ley.

Por último, afirmó que por oficio No. OFI22-00158290 de 1 de diciembre de 2022
se dio respuesta a la petición formulada por la parte actora, en el sentido de
informar que en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
se remitió la solicitud a los Ministerios de Salud y Protección Social (OFI22-
00158287) y al Ministerio del Interior (OFI2200158282), al considerar que son
competentes para resolverla de fondo.

6.2. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social

Quien ejerce el cargo de director técnico de la Dirección Jurídica de esta cartera
ministerial, a través de apoderado judicial, afirmó que la acción de tutela resulta
improcedente, teniendo en cuenta que se dirige contra un acto de carácter
general, impersonal y abstracto en virtud de lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.

Al respecto, explicó que el proyecto de ley radicado en la Cámara de
Representantes con el No. 339 de 2023, tiene por objeto transformar el sistema de
salud para toda la población, es decir, contiene postulados genéricos que no están
dirigidos a un grupo de la población específico.

Afirmó que, respecto de las comunidades indígenas, en el artículo 145 de la
iniciativa legislativa se estableció que de manera conjunta y concertada con los
representantes de dichos pueblos se adoptarían las medidas idóneas para
armonizar, a partir de un enfoque diferencial, el sistema de salud con la diversidad
cultural y los sistemas propios.

Sobre el derecho a la consulta previa invocado por la parte actora manifestó que
para la radicación del proyecto de ley No. 339 de 2023 no debía ser
“implementada”, porque ello no constituye un hecho que incida o afecte de manera
directa y específica a las comunidades étnicas. Lo que persigue el Gobierno
Nacional es reestructurar el Sistema General de Seguridad Social en Salud para
todos los colombianos. No obstante, precisó que, de manera conjunta con el
Ministerio del Interior, se ha considerado hacer un llamado a las instancias
representativas del pueblo Yukpa para que hagan parte de la ruta metodológica
concertada con las organizaciones indígenas pertenecientes a la Mesa
Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas creada por medio del
Decreto 1397 de 1997, conforme lo expresa el acta de las sesiones realizadas el
22 y 23 de marzo 2023.

Sobre el particular, indicó que en la precitada concertación se acordó el texto del
artículo 145 del proyecto de ley de reforma a la salud y se definió la ruta para la
elaboración de las normas con fuerza de ley que deberá expedir el Gobierno
Nacional para implementar las medidas idóneas con el fin de garantizar el
funcionamiento armónico entre el Sistema de Salud y el Sistema Indígena de
Salud Propio e Intercultural -SISPI-, bajo condiciones que permitan la
materialización efectiva del derecho fundamental a la salud conforme a los
principios culturales, usos y costumbres de los pueblos indígenas.

En ese orden, manifestó que por oficio No. 202316000566531 de 23 de marzo de
2023 dio respuesta de fondo a la solicitud formulada por la parte actora, a través
del Grupo de Asuntos Étnicos de la Oficina de Promoción Social, el cual fue
enviado al correo electrónico aportado para tal efecto

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serraniaresguardosokorpa@gmail.com. En dicha respuesta, se informó lo
siguiente:

“En el marco de la garantía de dicho derecho y en el marco del proyecto de reforma, se
garantizará el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en ejercicio de las
facultades extraordinarias por 6 meses conferidas al Presidente de la República para
expedir un Decreto Ley en el cual se definirán y establecerán los componentes del
sistema de salud propio con enfoque diferencial e intercultural.

Así las cosas, el día viernes 17 de marzo de 2023 desde el Ministerio de Salud y
Protección Social se solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior que se convoque a la mesa permanente de concertación y otros
pueblos, para concertar la ruta metodológica de la consulta previa libre e informada del
proyecto de reforma a la salud.

En dicha línea y por convocatoria realizada por [el] Ministerio del Interior el miércoles
22 de marzo de 2023, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación se
concertó la modificación del artículo 145 de la Ley ordinaria No. 339 de 2023, con el
objetivo de garantizar el derecho a la consulta previa libre e informada, para trazar la
Ruta y los tiempos requeridos para este proceso de consulta de proyecto de Ley de
salud. Cabe resaltar que, en el marco de dicha convocatoria se hace extensiva la
invitación a la Asociación de cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento que la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, ha propuesto realizar la primera
reunión de acercamiento con sus instancias representativas el próximo martes 28 de
marzo de 2023, a las 10:00 am en las oficinas de este Ministerio, cuyo objetivo
primordial será garantizar el derecho fundamental a la consulta previa”.

De acuerdo con ello, consideró que se configuró el fenómeno de carencia actual
de objeto por hecho superado en torno a la protección del derecho fundamental de
petición.

Por último, pidió que se declare improcedente la acción de tutela en lo pertinente
al cargo de tutela relativo a la protección del derecho fundamental a la consulta
previa y se nieguen las pretensiones en torno al derecho de petición.

6.3. Respuesta Ministerio del Interior

La Jefe de la Oficina Jurídica de la cartera ministerial pidió que se declare
improcedente la acción de tutela porque no se demostró la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el pueblo Yukpa, y que frente al derecho
fundamental de petición se declare carencia actual de objeto por hecho superado.

En primer lugar, indicó que la contestación de la demanda se presenta de acuerdo
con el informe presentado por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

En ese orden, señaló que la parte actora no acreditó que el proyecto de ley
ocasionaría un perjuicio irremediable, en tanto la demanda “simplemente se limita
a copiar y pegar extractos jurisprudenciales sin contexto alguno con el caso en
particular, sin profundizar o analizar que los mismos sí sean de aplicación al caso
que hoy nos ocupa”.

De igual forma, afirmó que la consulta previa puede realizarse antes de la
radicación del proyecto, durante el debate legislativo o después de aprobado.

Adujo que en la demanda se señaló que “el Estado colombiano no cuenta con una
política de enfoque diferencial étnico en salud para pueblos trasnacionales”, lo
cual, indicó, es cierto, pues en la Ley 1751 de 2015 no establece un enfoque
diferencial para las comunidades étnicas lo que busca materializar el Gobierno
Nacional con lo dispuesto en el artículo 3° del proyecto de ley, como un elemento
esencial del nuevo sistema de salud a través de escenarios de participación de las

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comunidades indígenas que permitan identificar aspectos como los señalados en
la demanda, como la condición de los pueblos trasnacionales.

Sobre la EPSI DUSAKAWI señaló que fue creada para fortalecer los procesos
organizativos en materia de salud y constituye una expresión de la autonomía y
autodeterminación de los pueblos indígenas. Afirmó que el proyecto de reforma al
sistema de salud no busca desconocer el avance en materia de salud que han
alcanzado las comunidades étnicas, ni los derechos adquiridos, por lo que se
propone que el Consejo Nacional de Salud se encuentre integrado por tres
representantes de las comunidades étnicas que participarán activamente en el
diseño e implementación de políticas públicas en materia de salud.

Aseveró que no se desconoció el derecho a la consulta previa del pueblo Yukpa
porque en el proyecto de ley de reforma al sistema de salud se previeron
mecanismos de participación, previa implementación de la ley, pues afirmó “que el
proyecto de Ley es una propuesta legislativa que tendrá un trámite ante el
Congreso de la República y que de acuerdo con las discusiones que se generen al
interior del órgano legislativo podrán tener cambios significativos, en pro de la
garantía de los derechos de todas las poblaciones afectadas, al ser una Ley marco
o de carácter general, que con posterioridad implementara sistemas especiales de
acuerdo a las condiciones físicas y culturales de cada pueblo, mecanismos que se
implementaran con la participación real y efectiva de los pueblos involucrados y
que se reglamentaran con posterioridad a la ley general”.

De igual forma, adujo que el proyecto de ley establece un régimen de transición
que busca no afectar los derechos de la población que han alcanzado, a la luz del
principio de progresividad y no regresividad.

También sobre el derecho a la consulta previa en razón a la radicación de un
proyecto de ley, aseveró que la Corte Constitucional no ha definido una regla
jurisprudencial clara en esa materia, sin embargo, afirmó que sin duda debe
garantizarse este derecho fundamental antes de que se adopte la medida por lo
que, a su juicio, puede realizarse durante el debate legislativo o, posteriormente,
cuando se inicie la fase de implementación, tal como se ha previsto en el proyecto
de reforma al sistema de salud.

Asimismo, se refirió a la sentencia C-196 de 2012 para afirmar que la consulta
previa no es el único mecanismo de participación de las comunidades étnicas en
la implementación de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, pues además
dicho derecho se garantiza también a través de los siguientes escenarios: “(i) la
elección de dos senadores en circunscripción nacional especial por comunidades
indígenas; (ii) la posibilidad, ya desarrollada por la ley, de establecer una
circunscripción especial para asegurar la participación de los grupos étnicos en la
Cámara de Representantes; (iii) la obligación de que la conformación y
delimitación de las entidades territoriales indígenas se lleve a cabo con
participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la comisión de ordenamiento territorial, de acuerdo con el artículo 329
de la Carta; y (iv) el mandato de propiciar la participación de los representantes de
las comunidades indígenas en las decisiones respecto de la explotación de los
recursos naturales en sus territorios, según el artículo 330 de la Constitución”.

De igual modo, advirtió que el estudio sobre la vulneración del derecho
fundamental a la consulta previa de un proyecto de ley implicaría una suerte de
control de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado que resulta
improcedente, pues dicho mecanismo se debe activar con posterioridad a la
promulgación de la ley por parte de la Corte Constitucional conforme lo establece
el artículo 241 de la Constitución Política.

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Sobre el particular, indicó que el control de constitucionalidad posterior incluye la
verificación de la consulta previa, lo cual fundamentó con sentencia C-196 de
2012, en la que se indicó:

“Por último, sobre los efectos que tiene la omisión de la consulta previa, en el trámite
legislativo, afirmó que configura una violación a la Carta Política, razón por la cual, ante
una ley que debió haber sido consultada procede la demanda de inconstitucionalidad.
Así, la omisión de la consulta previa ‘constituye un vicio [que] impide declarar exequible
la ley’, consecuencia que no pierde aplicabilidad en ejercicio del control automático, en
el cual la Corte debe verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa cuando
se trate de normas que afecten directamente a las comunidades étnicas”.

En ese orden de ideas, puso de presente algunos interrogantes que surgieron en
torno al deber de realizar la consulta previa en el marco del control de
constitucionalidad por vicios de forma de la ley, tales como:

• ¿Cuándo resulta obligatoria, de acuerdo con el literal a) del Convenio 169
de la OIT, la consulta previa de una medida legislativa? Frente a este
cuestionamiento, afirmó que el deber de realizar la consulta previa a las
comunidades étnicas únicamente surge respecto de aquellas medidas que
pueden afectarlas directamente, lo que ocurre cuando las mismas generan
cambios, imponen restricciones, obligaciones, gravámenes o crea
beneficios para la población étnica, circunstancia que, destacó, no se
presenta en el proyecto de ley de reforma al sistema de salud.

• ¿En qué condiciones de tiempo, modo y lugar debe producirse esa
consulta? Al respecto, aseveró que una vez se advierta que cursa un
proyecto de ley en relación con el cual debe garantizarse el derecho a la
consulta previa, el Gobierno Nacional debe acudir a las instancias previstas
en el ordenamiento jurídico, como es el caso de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos u Organizaciones Indígenas creada por el
Decreto 1397 de 1996 y, en ese espacio, teniendo en cuenta que son varios
los escenarios de deliberación de los pueblos indígenas sobre una medida
legislativa, se definirán las circunstancias y mecanismos de consulta más
adecuados para la garantía del derecho a la participación real y efectiva de
los pueblos indígenas en las decisiones que los afecten.

• ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la omisión frente al deber de consulta?
Sobre este interrogante precisó que constituye un vicio que impide declarar
exequible la ley. No obstante, insistió en que en que no todos los actos y
decisiones del Gobierno Nacional deben ser sujetos a consulta previa, por
lo que, en cada caso concreto, deberá verificarse la afectación directa, esto
es, “el impacto que una medida pueda tener sobre las condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la
cohesión social de una comunidad”.

• Sobre las garantías del derecho a la participación de los pueblos indígenas,
en el marco del Proyecto de reforma a la salud y la afectación directa de los
pueblos indígenas, sobre las medidas administrativas legislativas. Al
respecto, aseveró que los Ministerios de Salud y Protección Social y del
Interior, tienen toda la voluntad de hacer un llamado a las instancias
representativas del pueblo indígena Yukpa para hacerlos partícipes de la
ruta metodológica concertada con las organizaciones indígenas
pertenecientes a la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos
indígenas creada mediante el Decreto 1397 de 1996.

Adicionalmente, sobre el proyecto de ley No. 339 de 2023, “Por medio del
cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras

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disposiciones”, indicó que el mismo prevé mecanismos de participación de
los pueblos indígenas.

Sobre el derecho de petición adujo que el 23 de marzo de 2023 se dio respuesta a
la petición formulada el 21 de noviembre de 2022 por la parte actora, por lo que se
configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado. Agregó
que la respuesta se dispensó en los siguientes términos:

“Frente a los dos interrogantes planteados, es pertinente señalar, que de acuerdo a lo
previsto en el artículo 16 del Decreto 2353 de 2019, una vez se establezca la
procedibilidad de consulta previa para el Proyecto de Ley por medio de[l] cual se
transforma el sistema de salud en Colombia, el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Salud y de Protección Social como líder del proyecto y, con el
acompañamiento del Ministerio del Interior en el marco estricto de sus competencias
legales, convocará al Pueblo Indígena Yukpa y a la Asociación de Cabildos Indígenas
del Cesar y [La] Guajira y demás comunidades indígenas a que hubiere lugar, para
realizar el proceso consultivo correspondiente.

No obstante, en los próximos días, esta Dirección en coordinación con la Dirección de
la Autoridad Nacional de Consulta Previa, organizará y convocará una Mesa de trabajo
conjunta con el Ministerio de Salud y las comunidades que ustedes representan y
poder resolver así, cualquier inquietud adicional tanto del Sistema como del Modelo de
Salud.

En los anteriores términos se da respuesta de fondo en forma clara y completa, de
acuerdo con lo señalado en la Ley 1755 de 2015, por medio de[l] cual se regula el
derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Finalmente, afirmó que “desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud se
convocará a los peticionarios a una mesa conjunta con dichas entidades, con el fin
de resolver cualquier inquietud adicional tanto del Sistema como del Modelo de
Salud”.

6.4. Respuesta del Senado de la República

El Secretario General de esa Corporación consideró que la acción de tutela resulta
improcedente porque no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto,
afirmó, la parte actora cuenta con otros mecanismos para reclamar la garantía del
derecho a la consulta previa. En ese sentido, señaló que en ejercicio del derecho
de petición puede acudir a la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes para que dentro del primer debate del proceso
legislativo se realice “la corrección formal” a la que hace referencia la parte actora,
en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 5 de 1992, que
expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. En la
interpretación y aplicación de las normas del presente Reglamento, se tendrán en
cuenta los siguientes principios:

1. Celeridad de los procedimientos. Guardada la corrección formal de los
procedimientos, las normas del Reglamento deben servir para impulsar eficazmente el
desarrollo de las labores de todo orden del Congreso.

2. Corrección formal de los procedimientos. Tiene por objeto subsanar los vicios de
procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no sólo la
constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de
las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y
votaciones.

3. Regla de mayorías. El Reglamento debe aplicarse en forma tal que toda decisión
refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo
momento, la justicia y el bien común”.

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Por último, solicitó que se desvincule al Congreso de la República del trámite
constitucional y se nieguen las pretensiones de la demanda.

6.5. Respuesta de la Cámara de Representantes

La Jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tiene injerencia alguna
para atender las pretensiones de la demanda, a lo que agregó que las
circunstancias que se alegan como causa de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, no se originaron por una acción u omisión de la
Corporación.

En todo caso, señaló que la acción de tutela resulta improcedente porque se
dirige contra un proyecto de ley que no tiene fuerza normativa. Además, afirmó
que los reproches constitucionales expuestos en la demanda hacen parte del
control de constitucionalidad que corresponde adelantar, en su momento, a la
Corte Constitucional cuando la ley sea sancionada.

Manifestó que la parte actora desconoce el principio de separación de poderes
entre las Ramas Legislativa y Ejecutiva, por cuanto el Congreso tiene la facultad
de expedir normas y el control constitucional sobre las mismas corresponde a la
Corte Constitucional en virtud de lo consagrado en el artículo 241 de la
Constitución Política, a través de los mecanismos judiciales consagrados para tal
efecto y no en ejercicio de la acción de tutela.

Para terminar, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque se
dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto o, en su defecto,
porque se desconoce el presupuesto de la subsidiariedad.

6.6. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

Quien ejerce el cargo de abogada adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad pidió
que se desvincule del trámite constitucional, teniendo en cuenta que dio respuesta
a las cuatro peticiones formuladas por la parte actora el 18 de noviembre y 13 de
diciembre de 2022, el 20 y 27 de febrero de 2023 dirigidas a que se realizara las
gestiones correspondientes para que se garantizara el derecho a la consulta
previa al Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural -SISPI-, al nuevo
modelo de salud y el capítulo étnico de la nueva ley de salud.

Con todo, manifestó que continuará, en ejercicio de su función preventiva y de
control de gestión, acompañando al pueblo Yukpa en este asunto. Al respecto,
manifestó que la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos presentó un
informe sobre los hechos que rodean la presente acción de tutela y señaló que el
29 de noviembre de 2022 remitió a la Ministra de Salud y Protección Social, al
Ministro del Interior, al Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y al
Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior una
advertencia sobre el deber de garantizar el derecho fundamental a la consulta
previa del pueblo indígena Yukpa de la Serranía del Perijá al Sistema Indígena de
Salud Propio e Intercultural -SISPI-, al nuevo modelo de salud y el capítulo étnico
de la nueva ley de salud.

De igual forma, sobre el deber de consultar al pueblo Yukpa el Sistema Indígena
de Salud Propio e Intercultural -SISPI-, manifestó que la Corte Constitucional en la
sentencia T-576 de 2014 definió los eventos en los que corresponde realizar la
consulta previa para la implementación de medidas legislativas y administrativas
de carácter general que tengan la virtualidad de afectar derechos de los pueblos
étnicos. Agregó que en la precitada sentencia la Corte Constitucional hizo

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referencia a pronunciamientos anteriores sobre el derecho a la consulta previa,
tales como: C-169 de 20013, C-418 de 20024, C-030 de 20085 y SU-123 de 20186.

6.7. Respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

A través de apoderada la entidad intervino en trámite constitucional y solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela.

Comenzó por desarrollar de manera general el alcance del derecho fundamental a
la consulta previa y, particularmente, frente a las actuaciones del poder legislativo
señaló que una medida legislativa que genera cambios, restricciones, impone
obligaciones, gravámenes o confiere beneficios a los pueblos indígenas deberá
ser objeto de consulta previa.

No obstante, afirmó que la Corte Constitucional ha fijado reglas para determinar
los escenarios en los que normas de naturaleza legal causan una afectación
directa a las comunidades étnicas, tales como:

“(i) una regulación de temas sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos
constitucionales específicos; por ejemplo, en materia de educación;

(ii) asuntos relacionados con el territorio ancestral, por el mandato expreso del art. 330
C.P.

(iii) si se relaciona con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT. Sin
embargo, la simple referencia temática a estos asuntos no es suficiente por sí misma
para establecer una afectación directa; se requiere analizar en cada caso el alcance y
contenido específico de cada medida como tal, para efectos de establecer su impacto y
su nivel de afectación sobre el derecho, o los derechos, relevante(s) en cada caso. En
particular, habrá una afectación directa ‘cuando una norma tiene como objeto principal
de regulación una o varias comunidades indígenas; o cuando la regulación planteada
tiene mayores efectos en las comunidades indígenas que aquellos que tiene en el resto
de la población’.

De igual modo, señaló que la Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de
2018 destacó que no deben ser objeto de consulta previa aquellas medidas
legislativas que afectan de manera uniforme y global a la ciudadanía, es decir,
que no causan un impacto diferenciado a las comunidades étnicas. Agregó que lo
anterior sin perjuicio de los escenarios de participación y deliberación que sí
corresponden garantizarse.

En ese orden, aseveró que no se ha desconocido el derecho a la consulta previa
de los pueblos indígenas con la radicación del proyecto de ley sobre la reforma a
la salud, por cuanto no se trata de medidas definitivas. Agregó que un proyecto de
ley es un borrador que durante el trámite legislativo puede ser modificado.

Al respecto, manifestó que el proyecto de ley sobre reforma a la salud prevé en el
artículo 145 el deber de adelantar la consulta previa “cuando el Presidente de la
República ejerza la facultad referente a la expedición de normas con fuerza de ley
relacionadas con la organización y prestación de servicios de salud en los
territorios de los pueblos y comunidades indígenas, con lo que garantizará la
prestación del servicio de salud a las comunidades étnicas con un enfoque
diferencial y atendiendo sus creencias y costumbres”.

En esa línea, aseveró que dicho precepto fue el resultado de esfuerzos de las
siete delegaciones de los pueblos indígenas y el viceministro de Salud y

3
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
4
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
5
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6
M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Protección Social, representantes de la Procuraduría General de la Nación,
Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior que en sesión de 24 de marzo de
2023 acordaron la ruta metodológica que permita garantizar el derecho de
consulta previa sobre la reforma estructural al sistema de salud que propone el
Gobierno Nacional.

De otra parte, adujo que ninguna de las autoridades accionadas vulneró el
derecho fundamental de petición y, en ese sentido, hizo referencia a las
respuestas dadas por cada de una de ellas a la solicitud formulada el 22 de
noviembre de 2022 por los representantes del pueblo indígena Yukpa.

Finalmente, pidió que se declare improcedente la acción de tutela “por no existir
falta de actuación de las entidades accionadas y por encontrarse en construcción
la normativa con la que se reconocerá y garantizará el derecho fundamental a la
salud integral de los pueblos étnicos, entendida según sus propias cosmovisiones
y conceptos, desarrollados en el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural
(SISPI) y que prevé la consulta previa, libre e informada”.

7. Intervención del Procurador Quinto Delegado ante el Consejo Estado

En escrito radicado el 9 de mayo de 2023, presentó concepto sobre la acción de
tutela y pidió que se “ordene a las entidades responsables garantizar el derecho a
la participación y a la consulta previa del accionante, por intermedio de La Mesa
Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa, del Proyecto de Ley
“Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras
disposiciones” y realizar la consulta previa con dicha comunidad”.

En primer lugar, se refirió a la procedencia de la acción de tutela contra el
Congreso de la República por la omisión de consulta previa en el trámite
legislativo, para lo cual a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, señaló que “los proyectos de ley que pretendan afectar positiva o
negativamente a los pueblos tribales e indígenas deben estar precedidos por la
realización de una consulta previa”. Agregó que dicha afectación debe analizarse
en cada caso concreto, bajo los parámetros que la Corte Constitucional ha fijado
para tal efecto que fueron señalados en la sentencia C-018 de 2018, en los
siguientes términos:
“La consulta previa frente a iniciativas legislativas procede cuando estas puedan
afectarles de manera directa, lo cual sucede en cualquiera de estas dos circunstancias:
cuando una iniciativa se relaciona con una comunidad diferenciada o cuando tal
iniciativa sea de contenido general, pero tenga una incidencia específica y verificable
en determinada comunidad. Si se presenta alguna de estas dos circunstancias y en
todo caso la iniciativa legislativa no fue sometida a consulta deberá, por regla general,
ser declarada inexequible. Por el contrario, (…) aquellas medidas legislativas de
carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos,
entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están sujetas al deber
de consulta (…)”.

También se refirió a la sentencia SU-150 de 20217, para señalar que en la
mayoría de sentencias que resuelven asuntos que involucran el derecho a la
consulta previa de las comunidades étnicas respecto de proyectos de ley, se ha
declarado improcedente la acción de tutela, en tanto cuando la Corte
Constitucional se va a pronunciar al respecto las iniciativas legislativas han
alcanzado la categoría de ley de la República y, por lo tanto, es a través de la
acción pública de inconstitucionalidad donde se debe determinar si se desconoció
este derecho en el trámite legislativo. No obstante, advirtió que la Corte ha
señalado que cabría el ejercicio del amparo constitucional, siempre que: (i) Las
violaciones den lugar al desconocimiento de las reglas de orden y normas

7
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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procedimentales incorporadas expresamente en la Constitución y en las leyes que
las desarrollen, y, además, (ii) los titulares de la actividad legislativa –como
expresión de los interna corporis acta–hayan utilizado las herramientas de
participación que les brinda el reglamento del Congreso, sin obtener una
respuesta a su reclamación, lo que es distinto a que ella sea negativa, pues en
este último caso, al descartarse la solicitud por el Congreso, el escenario de
discusión es el del control posterior por vía activa ante la posible ocurrencia de un
vicio de procedimiento”.

En ese marco, aseveró que en el presente asunto se cumple el presupuesto de
subsidiariedad por cuanto no existe otro mecanismo judicial para reclamar la
protección de los derechos fundamentales a la consulta previa y al debido
proceso, principalmente, afirmó, porque no se ha expedido ley que pueda ser
controvertida a través de la demanda de inconstitucionalidad.

Puso de presente que existe una afectación directa al pueblo Yukpa, tal como se
expresó en la alerta enviada al Ministerio del Interior el 29 de noviembre de 2022,
por las siguientes razones:

1. Goza de alta protección constitucional dado de que es un pueblo
amenazado -Decreto 1397 de 1996-, es el único pueblo indígena de la
Costa Caribe en condiciones culturales de nomadismo, son los últimos
hablantes de la lengua Yukpa-ywonky”, la Corte Constitucional ha
reconocido el riesgo de exterminio físico y cultural -sentencia T-025 de
2004 y autos 004 de 2009, 266 de 2017 y 471 de 2019.

2. El Pueblo Yukpa está excluido de la Mesa Permanente de Concertación
con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y de la Subcomisión de Salud
de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas, creada mediante Decreto 1973 de 2013.

3. El pueblo indígena Yukpa concertó con el Ministerio del Interior la medida
de manejo de la creación de la Mesa de Diálogo y Concertación para el
Pueblo Indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, como el único escenario
del derecho a la participación y a la consulta previa del pueblo indígena
Yukpa.

4. Mediante Resolución No. 19 de 2011 se reconoció a DUSAWAKI EPSI
como una entidad de derecho público con carácter especial, con patrimonio
propio y autonomía presupuestal, financiera y administrativa a través de la
cual la comunidad indígena Yukpa “ha gobernado la salud de su pueblo”.

Finalmente, informó que en Boletín de Prensa No. 98 de 2023 del Ministerio de
Salud y Protección Social informó que a partir de 2 de mayo de 2023 se iniciaría
la fase de consulta previa en los territorios del país y resaltó que siete
delegaciones de los pueblos indígenas, más la mesa Wayuu, se reunieron con el
viceministro de Salud y Protección Social para avanzar en la elaboración de una
ruta metodológica que permitiera garantizar el derecho y el deber de una consulta
libre e informada de los pueblos indígenas en Colombia sobre el proyecto de
reforma estructural al sistema de salud, logrando un importante acuerdo en la
Mesa Permanente de Concertación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento de los problemas jurídicos

De conformidad con el escrito de tutela, las pretensiones formuladas y los escritos
de contestación rendidos en el trámite constitucional, le corresponde a la Sala
determinar si el Presidente de la República -Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República-, el Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías-, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y
Protección Social, Senado de la República -Presidencia- y Cámara de
Representantes -Presidencia-, vulneraron el derecho fundamental a la consulta
previa de la comunidad indígena Yukpa con ocasión de la presentación del
proyecto de ley No. 339 de 2023 -Cámara de Representantes-, “Por medio del
cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras
disposiciones” el 13 de febrero de 2023, sin haber realizado dicho proceso
consultivo con la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa.

De manera previa, es necesario verificar el cumplimiento de los presupuestos de
legitimación en la causa por activa y si, por tratarse de una tutela dirigida a que se
garantice el derecho fundamental colectivo a la consulta previa de un acto de
contenido general, impersonal y abstracto se encuentra satisfecho el requisito de
la subsidiariedad, en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen

La parte actora presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental a la
consulta previa del pueblo indígena Yukpa, el cual consideró vulnerado con la
radicación -el 13 de febrero de 2023-, del proyecto de ley No. 339 de 2023 -
Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se transforma el Sistema de
Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, ante el Congreso de la
8
República .

8
Esa iniciativa legislativa se acumuló con los proyectos de ley No. 340 de 2023 -Cámara de Representantes-, “Por la cual
se adoptan medidas para proteger y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, proyecto de ley No. 341
de 2023 -Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se dictan disposiciones sobre el Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS)” y proyecto de ley No. 344 de 2023 -Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se adoptan
medidas para el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

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Aduce que la iniciativa legislativa propuesta por el Gobierno Nacional propone una
reforma al sistema general de salud que constituye una actuación de orden
legislativo sobre la cual se debió realizar consulta previa al pueblo Yukpa de la
Serranía del Perijá, teniendo en cuenta el impacto que tiene dicho proyecto de ley
sobre el servicio de salud para las comunidades indígenas que debe respetar sus
costumbres y cosmovisión, para lo cual debe asegurarse que las medidas que se
adopten en esa materia tengan un enfoque diferencial e incluyan los escenarios
que dificultan el ejercicio efectivo de este derecho, tales como el acceso a la tierra
y al agua potable, además la ubicación territorial en zona transfronteriza.

De igual modo, señaló que el proyecto de ley de reforma al sistema de salud
“elimina La Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, DUSAKAWI
-EPSI”, que es la empresa de servicios de salud que se ha venido consolidando
por más de treinta años de manera concertada con el pueblo indígena y el
Gobierno Nacional.

Así mismo, la parte actora puso de presente que los gobernadores de los
resguardos indígenas del pueblo Yukpa solicitaron que se garantizara el derecho a
la consulta previa respecto de la radicación del proyecto de ley No. 339 de 2023,
“Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan
otras disposiciones”, y que, en ese mismo sentido, la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron a los Ministerios de
Interior y Salud y Protección Social y a la Autoridad Nacional de Consulta Previa
sobre el deber de garantizar ese derecho fundamental, no obstante, aseveraron,
que las autoridades accionadas ignoraron dichas alertas.

De conformidad con el marco fáctico expuesto, se formularon como pretensiones,
que se ampare el derecho fundamental a la consulta previa y se ordene (i) al
Presidente de la República retirar el proyecto de ley No. 339 de 2023 -Cámara de
Representantes-, “Por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y
se dictan otras disposiciones”, (ii) al Congreso de la República devolver dicha
iniciativa legislativa para que se adelante la consulta previa con el pueblo Yukpa y
(iii) a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social adelantar la
consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena
Yukpa sobre el precitado proyecto de ley y el sistema Indígena de Salud Propio e
Intercultural “SISPI del pueblo indígena Yukpa”.

4.2. Legitimación en la causa por activa de las comunidades indígenas y su
análisis en el sub lite

4.2.1. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales
la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e
interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, de la siguiente manera:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus

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derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

En materia de derechos fundamentales de las comunidades indígenas, la Corte
Constitucional se ha remitido al escenario de la actuación por medio de
representante. Al respecto, ha considerado que las autoridades ancestrales, de
manera directa o por conducto de apoderado, tienen la legitimidad de interponer
las acciones de tutela para garantizar la protección de los derechos
9
constitucionales de los cuales son titulares los pueblos étnicos . En ese sentido, en
10
la sentencia T-011 de 2019 expresó lo siguiente:

“Como sujetos titulares de derechos, las comunidades indígenas a través de sus
dirigentes y miembros, gozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la
protección de sus derechos fundamentales, según ha establecido la jurisprudencia
constitucional. Así mismo, ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas
para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo”.

En esa línea, conforme con lo expresado en los artículos 711 y 7012 de la
Constitución Política que consagra la diversidad étnica y cultural de los pueblos
étnicos, esa corporación judicial les ha reconocido un estatus de sujetos colectivos
de derechos, diferenciables del de los miembros individualmente considerados, a
la luz de los principios constitucionales de democracia y pluralismo que confiere el
derecho de ejercer y reivindicar sus derechos como pueblo indígena13. En ese
sentido, desde jurisprudencia temprana la Corte Constitucional señaló lo
siguiente14:

“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para
pasar a ser "sujeto" de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de
tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se
reducen a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que
también logran radicarse en la comunidad misma que como tal aparece dotada de
singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso
que la Constitución hace a "la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana" (CP
art. 1 y 7)”.

4.2.2. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la acción de tutela fue
formulada por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, gobernador del cabildo del
resguardo El Rosario Bellavista y Yucatán, Alfredo Peña Franco, gobernador del
cabildo del resguardo indígena Iroka, Adolfo Enrique Garcerant, gobernador del
cabildo del resguardo indígena Socorpa, Emilio Ovalle Martínez, gobernador del
cabildo del resguardo indígena Menkue Misaya - La Pista, Alirio Ovalle Reyes,
gobernador del cabildo del resguardo indígena Caño Padilla y Andrés Vence Villar,
9
Ver sentencias SU-123 de 2018, Ms.Ps. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, T-153 de 2019 M.P. Alberto Rojas
Ríos
10
M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Ver también sentencias T-172 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-234 de 2020
M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez.
11
“ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.
12
“ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.
13
Sentencia T-049 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
T-380 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Reiterada en sentencias SU-383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-049 de
2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva T-153 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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gobernador del cabildo del resguardo indígena La Laguna El Coso y Cinco
Caminos.

Al respecto, de acuerdo con la información que reposa en el expediente15 y
también la consultada en el Sistema de Información Indígena de Colombia16, la
Sala verificó que los accionantes acreditan la calidad de gobernadores de los
cabildos de los resguardos que anunciaron representar y que conforman el pueblo
Yukpa, de esta manera, encuentra acreditado que aquellos representan
válidamente los intereses del pueblo indígena Yukpa, razón suficiente para
concluir que cumplen el requisito de legitimación en la causa por activa.

4.3. La acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque se dirige contra un acto general, impersonal y abstracto y no se
cumple alguno de los supuestos de excepción previstos por la
jurisprudencia constitucional para un estudio de fondo

4.3.1. El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como
un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando
quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. Una de esas garantías es el derecho de participación que,
como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-133 de 201717,
constituye uno de los pilares fundamentales de la Constitución Política, que
caracterizan a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista
fundado en el respeto por la dignidad humana (art. 1º).

En ese marco, esa corporación judicial precisó que “la participación es un principio
de aplicación transversal que ostenta un carácter universal y expansivo. Universal,
porque ‘compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como
privados’ y porque se apoya en una noción política que se nutre de todo lo que
‘vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por
tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social’.
Expansivo, porque su dinámica encauza el conflicto social a través del respeto ‘y
constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que ha de
ampliarse progresivamente, conquistando nuevos ámbitos y profundizando
permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales
actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción’”.

El Consejo de Estado también ha tenido la oportunidad de referirse al alcance de
este derecho fundamental. En ese sentido, en la sentencia de 25 de noviembre de
202118 señaló lo siguiente:

“El 26 de junio de 1957, la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 107, con el cual por primera vez se impuso la
obligación a los Estados de proteger y adoptar medidas en beneficio de las poblaciones
indígenas, tribales y semitribales, con el fin de garantizar plenamente sus derechos.
19
Posteriormente, el 7 de junio de 1989 se adoptó el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, en el que se reconoció el derecho a la participación de los
referidos pueblos en la toma de decisiones y se instituyó la consulta previa como un
mecanismo para lograr dicho cometido.

15
Escritura Pública No. 0317 de 2 agosto de 2019 de la Notaría Única de Codazzi, Cesar, correspondiente al acto de
protocolización del “autoreconocimiento del pueblo Yukpa de Colombia como una cultura indígena nómada, seminómada, y
agricultora Itinerante” suscrita por los accionantes como autoridades representativas de los seis resguardos indígenas del
Pueblo Yukpa. También obran las actas correspondientes a los procesos de consulta previa sobre Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 en los que participan como autoridades representativas del Pueblo Yukpa.
16
https://datos.mininterior.gov.co/VentanillaUnica/indigenas/censos/Persona
17
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
M.P. William Hernández Gómez. Expediente No 11001-03-15-000-2021-07195-00.
19
Colombia aprobó el Convenio 169, mediante la Ley 21 de 1991, lo ratificó el 7 de agosto de 1991 y entró a regir en agosto
de 1992 y, con ello, se comprometió a efectuar la consulta previa cuando se vayan a adoptar medidas susceptibles de
afectarles directamente y, en los casos planteados en el Convenio de forma taxativa.

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En efecto, el señalado mecanismo fue instituido como una forma de garantizar la
inclusión de las comunidades en la adopción de medidas estatales o privadas que
puedan llegar a afectarlos, bien sea, porque se trata de una modificación en su territorio
20
o en su modo de vida. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la consulta
previa es un derecho fundamental, individual y colectivo, que protege la pervivencia,
integridad y diversidad de los pueblos étnicos y tiene el carácter de irrenunciable, la
cual consiste en la posibilidad que tienen aquellos de poder decidir sobre las medidas
legislativas y administrativas que los afectan directamente. Así, en la sentencia SU-039
de 1997 se refirió a la consulta previa como un instrumento para asegurar “la integridad
étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas […]”.

De igual modo, resulta importante señalar que existen diversos escenarios y
mecanismos de participación dirigidos a asegurar que los ciudadanos intervengan
en las decisiones que impactan sus condiciones de vida, el acceso a servicios
públicos y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como es el caso de
ciertas medidas relacionadas con la planeación urbana, el medio ambiente,
construcción de megaproyectos, entre otros.

En efecto, la Corte Constitucional ha identificado, principalmente, tres escenarios
de participación de la población étnica: (i) los derechos políticos contenidos en el
artículo 40 de la Constitución; (ii) el derecho a la consulta previa; y (iii) el derecho
a conceder un consentimiento previo, libre e informado bajo circunstancias de
afectación intensa21.

En relación con el primer escenario, la Corte Constitucional en la sentencia T-063
de 2019 explicó el derecho de participación se expresa a partir de la posibilidad
“de elegir dos senadores en circunscripción nacional (artículo 171 CP), o de
transformar los territorios indígenas en entidades territoriales (artículo 329
Superior), o de estar gobernados por sus propias autoridades, conformadas y
reglamentadas según sus usos y costumbres (artículo 330 Superior)22”.

Asimismo, sobre el derecho a conceder un consentimiento previo, libre e
informado, en la sentencia T-164 de 202123 el Tribunal Constitucional indicó que
“es el derecho que tienen las comunidades étnicas que se exija su consentimiento
previo, libre e informado cuando exista una medida que los afecta de manera
intensa. La intensidad se mide en que (i) vulnera derechos fundamentales; y/o (ii)
amenaza la supervivencia física-cultural de la comunidad. Este aplica ante las
siguientes medidas, que solo podrán adoptarse, si la comunidad concede el
consentimiento libre previo informado: (i) traslado o reubicación del ligar de
asentamiento; (ii) medidas que ponen en riesgo su subsistencia; y (iii) las
relacionadas con el almacenamiento o depósito de materiales tóxicos o peligrosos
en su territorio.

En el escenario específico de la consulta previa de las comunidades étnicamente
diferenciadas, la Corte Constitucional ha acudido al artículo 330 de la Constitución
Política24 y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para

20
Ver, entre otras sentencias, la T-698 de 2011, T-372 de 2012, T-693 de 2012, T-993 de 2012, T-657 de 2013 y T-172 de
2013.
21
Sentencia T-461 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
23
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24
“ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes
funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar
las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y
distribuir sus recursos. 5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos
promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de
su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los territorios ante el
Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley.
PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad

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desarrollar el carácter fundamental de este derecho. En la sentencia T-530 de
201625, la Corte precisó que “la jurisprudencia constitucional le ha dado el
tratamiento a la consulta previa de un derecho fundamental y, a la vez, de un
mecanismo de protección de otros derechos fundamentales, del cual son titulares
los grupos étnicos del país como las comunidades indígenas, negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom. Dicho mecanismo tiene por objeto
armonizar las pretensiones de desarrollo económico o jurídico con los derechos de
dichas comunidades, partiendo de que el interés general integra tanto la
necesidad de propender por un desarrollo sostenible como por la protección de la
diversidad étnica y cultural del país. Este mecanismo debe tener como objetivo
lograr el consentimiento de las comunidades a través de su participación como
iguales en todas las etapas del proyecto, incluyendo aquellas de prospección o
planificación y la determinación de un reparto equitativo de beneficios o de las
mitigaciones e indemnizaciones a que haya lugar”.

Al respecto, en la sentencia SU-245 de 202126 indicó que el derecho a la
participación garantiza que la comunidad pueda “expresar sus valores e intereses
culturales en procura de que estos sean tenidos en cuenta. Lo dicho viabiliza la
legitimidad de las medidas a desarrollar; permite corregir y compensar factores de
discriminación; y facilita la implementación de herramientas con la fuerza jurídica
suficiente para que los pueblos indígenas asuman el control de su modelo de
desarrollo económico, sus instituciones y sus formas de vida, dentro del marco
constitucional y legal”.

4.3.2. De la misma manera, sobre el derecho a la consulta previa, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos citando el Convenio 169 de la OIT y en el
marco de lo consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre
27
Derechos Humanos en relación al derecho de participación ha considerado que
“En el contexto de los pueblos indígenas, el derecho a la participación política
incluye el derecho a participar en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas
que inciden o pueden incidir en sus derechos desde sus propias instituciones y de
acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización 28”.

En esa línea, la Corte IDH ha identificado distintos escenarios en los que los
Estados deben garantizar el derecho de participación de las comunidades
indígenas y tribales, principalmente aquellos en los cuales se involucra su territorio
(art. 21 de la Convención Americana), dada la estrecha relación con la identidad
cultural, pues “basado en sus propias cosmovisiones, que como actores sociales y
políticos diferenciados en sociedades multiculturales deben ser especialmente
reconocidos y respetados en una sociedad democrática. El reconocimiento del
derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está
cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o
identidad, los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad
pluralista, multicultural y democrática29”. En ese orden, ha identificado una serie de
medidas para salvaguardar el derecho de la propiedad colectiva dentro de las
cuales se encuentra efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su

cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha
explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”.
25
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Parafraseando la sentencia T-063 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
27
Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. de
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
28
Corte IDH. Caso Yatama contra Nicaragua. Sentencia del 23 de junio de 2005, párr. 225. Citada en la sentencia T-300 de
2017, M.P.(e) Aquiles Arrieta Gómez.
29
Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012, fondo y reparaciones.

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derecho a la consulta, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo o
de inversión a gran escala.

Sobre ese particular, en el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador en el que la
Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por violación del
derecho a la propiedad comunal por no haber garantizado adecuadamente su
derecho a la consulta previa, precisó que “una de las garantías fundamentales
para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las
decisiones relativas a medidas que afecten sus derechos, y en particular su
derecho a la propiedad comunal, es justamente el reconocimiento de su derecho a
la consulta, el cual está reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT, entre otros
instrumentos internacionales complementarios”.

También señaló que “los procesos de participación y consulta previa deben
llevarse a cabo de buena fe en todas las etapas preparatorias y de planificación de
cualquier proyecto de esa naturaleza. Además, conforme a los estándares
internacionales aplicables, en tales supuestos el Estado debe garantizar
efectivamente que el plan o proyecto que involucre o pueda potencialmente
afectar el territorio ancestral, implique la realización previa de estudios integrales
de impacto ambiental y social, por parte de entidades técnicamente capacitadas e
independientes, y con la participación activa de las comunidades indígenas
involucradas”.

4.3.3. En línea con lo expuesto, el referido artículo 86 de la Constitución Política
previó como presupuesto de procedencia de la acción de tutela para reclamar la
protección de derechos fundamentales, que no exista otro medio de defensa
judicial, salvo que se emplee como mecanismo transitorio. En concordancia, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece las causales de improcedencia y,
en ese sentido en el numeral 5º señala que no procederá “cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

Sobre la precitada causal de improcedencia, la Corte Constitucional ha señalado
que busca garantizar el uso racional de la acción de tutela y que la misma se
justifica a partir de la existencia de otras herramientas judiciales para el control de
actos de carácter general, impersonal y abstracto, como es el caso de la acción de
simple nulidad (art. 137 de la Ley 1437 de 2011) y la acción de
inconstitucionalidad (art. 241 de la Constitución Política)30, escenarios en los
cuales “se pueden tramitar los debates sobre la ilegalidad o inconstitucionalidad de
un acto, con intervención de los actores y de terceros, respetando los derechos
constitucionales de unos y otros y permitiendo una confrontación amplia y
contradictoria capaz de proporcionar certeza respecto de los asuntos sometidos a
litigio31”.

También ha dicho que “los actos de carácter general, impersonal y abstracto
producen efectos generales y no se dirigen a alguien en particular, razón por la
cual no son susceptibles de producir situaciones jurídicas subjetivas y concretas
que admitan su control judicial por medio del recurso de amparo constitucional
previsto en el artículo 86 Superior32”.

En todo caso, la Corte Constitucional ha admitido la inaplicación de dicha regla
general de improcedencia y ha habilitado la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a una persona

30
Ver sentencia T-599 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
31
Sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32
Sentencia T-097 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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determinada o determinable. En este sentido, en la sentencia T-097 de 201433,
señaló lo siguiente:

“No obstante, atendiendo a las precisas características que informan a la acción de
tutela, también la Corte ha aclarado que ésta procederá contra actos de contenido
general, impersonal y abstracto, solo excepcionalmente, y como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que
el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable.
Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente”.

De igual modo, se ha referido a la improcedencia de la acción de tutela bajo esta
causal respecto de asuntos en los que se controvierten actos producidos en el
marco de la actividad legislativa, incluyendo la iniciativa del Gobierno Nacional
contenida en proyectos de ley radicados ante el Congreso de la República.

Así, en la sentencia T-382 de 200634, el Tribunal Constitucional comenzó por
referirse a la regla general de improcedencia cuando se dirige conta actos de
carácter general, impersonal y abstracto proferidos en el Congreso de la República
y recordó que el medio idóneo para controvertirlos es la acción de
inconstitucionalidad. En ese marco, indicó que dicha regla aplicaría también para
los proyectos de ley que son discutidos en ambas cámaras, lo cual explicó a partir
del alcance que la jurisprudencia le ha otorgado a la actividad legislativa como “la
facultad reconocida en los regímenes democráticos a los órganos representativos,
de regular de manera general, impersonal y abstracta, a través de la ley, los
distintos supuestos de hecho relevantes para la obtención de los fines esenciales
del Estado” 35.

Sobre el alcance de la regla general de improcedencia de la acción de tutela
respecto de un proyecto de ley que está siendo discutido en el Congreso de la
República, para la garantía de la separación de poderes, precisando que la misma
admite excepciones, precisó lo siguiente:

“La autonomía e independencia del parlamento justificarían, por tanto, que durante la
discusión de un proyecto de ley no se permita la injerencia de otro órgano estatal y,
específicamente, que no haya oportunidad alguna de control judicial. Sin embargo, las
garantías del poder legislativo no pueden entenderse como una cláusula de inmunidad
absoluta frente a cualquier tipo de control pues, al contrario, debemos recordar que la
Constitución prevé como principio, el funcionamiento separado de cada órgano y la
colaboración armónica entre todos para la realización de los fines estatales, entre los
que se cuentan, por supuesto, la efectividad de los derechos fundamentales.

Bajo tal derrotero, es necesario resaltar que la Corte Constitucional ha definido cuáles
son los parámetros y las consecuencias de un sistema de poderes en el que sus
integrantes actúan de manera separada y colaboran armónicamente. De hecho, ha
explicado que nuestra historia constitucional ha registrado cambios paulatinos, que han
comenzado con la implantación de un régimen de separación rígido que finalmente se
ha decantado en un sistema de controles recíprocos.

(…)

De manera que, en tratándose de órganos como el Congreso, la acción de tutela
procede siempre y cuando ello sea necesario e imperioso para garantizar los
derechos de los titulares de potestades parlamentarias e, inclusive, de aquellos que por
disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debates o a participar de
audiencias o sesiones. Por supuesto, conforme a los fundamentos de la sentencia en
comento, la protección del amparo está condicionada a la configuración orgánica que

33
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
35
Se refirió a la sentencia C-1152 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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determine el alcance y los límites a los cuales está sujeto el ejercicio de la actividad
legislativa” (subrayas y negrillas por fuera del texto original).

Bajo los argumentos expuestos, en la Sentencia T-110 de 201636 la Corte
Constitucional abordó un caso en el que se cuestionaba el trámite legislativo sobre
el proyecto de ley por medio del cual se pretendía crear las Zonas de Interés de
Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) por cuanto, alegaban los
accionantes, se desconoció el deber de consulta previa a los resguardos
indígenas ubicados en el municipio de Cumaribo, Vichada. En aquella ocasión,
declaró la improcedencia del mecanismo de amparo bajo el argumento de que “no
se avizora una afectación grave y evidente respecto del derecho de participación
de las comunidades indígenas; y en segundo lugar, porque una intromisión de su
parte desconocería la lógica y el valor con el que operan los mecanismos con que,
de ordinario, se adelanta el debate parlamentario y que permiten el funcionamiento
del Congreso como un órgano autónomo e independiente del resto de poderes
públicos. A lo anterior se agrega que, incluso una vez surtidos los debates
reglamentarios, el Gobierno Nacional no encontró que fuese necesario objetarlo
por razón de la vulneración alegada”.

En la precitada sentencia, la Corte Constitucional desarrolló la regla general de
improcedencia de la acción de tutela para cuestionar la labor de producción
normativa en dos escenarios: (i) el trámite legislativo adelantado en el Congreso y
(ii) la iniciativa legislativa.

En relación con el primero, manifestó que “una eventual intervención del juez de
tutela en el proceso de creación de las normas desconocería la lógica con la que
operan los mecanismos que, de ordinario, existen en el debate parlamentario, a
través de los cuales se expresa el Congreso y permiten su funcionamiento como
órgano separado y autónomo del resto de poderes públicos”, a lo que agregó que
la Ley Orgánica 5ª de 1992 establece espacios para la intervención ciudadana.

En torno al segundo, esto es, frente al proyecto de ley explicó que ello se justifica
al menos por dos razones: “(i) se observa que una iniciativa legislativa
tradicionalmente envuelve un contenido general, impersonal y abstracto, por
lo que se activa la causal de improcedencia que se consagra en el numeral 5
del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, (ii) las discusiones
vinculadas con la salvaguarda de la consulta previa, como exigencia
procedimental que acompaña el trámite de un proyecto de ley, es susceptible de
protección a través de otro medio de defensa judicial, que resulta compatible con
las reglas de funcionamiento que le otorgan autonomía al Congreso. Así las cosas,
una vez la iniciativa se convierte en una ley de la República, se habilita a todo
ciudadano para cuestionar su constitucionalidad, a través del ejercicio de la acción
pública dispuesta en el artículo 241 del Texto Superior, en cuyo trámite existen
amplias oportunidades de participación en un escenario democrático, en el que
puede intervenir cualquier ciudadano para defender o cuestionar la exequibilidad
de las normas que se hayan apartado de la obligación de consulta”. (Negrilla fuera
del texto original)

La Sala resalta de la sentencia T-110 de 2016, que la Corte Constitucional precisó
que la improcedencia de la acción de tutela constituye la regla general. Sin
embargo, de manera excepcionalísima podría inaplicarse, entre otros casos
“cuando de manera grave y evidente se observe una posible trasgresión del
derecho de participación de los pueblos étnicos materializado en la consulta
previa, cuando la realización de la misma haya sido advertida por los interesados
(v.gr. a través de las observaciones ciudadanas reguladas en el artículo 230 de la
Ley 5ª de 1992) y siempre que el Congreso de la República no se haya

36
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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pronunciado expresamente sobre su procedencia, con ocasión del desarrollo del
trámite legislativo a su cargo”.

4.3.4. En el marco de lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso bajo estudio la
acción de tutela resulta improcedente en tanto se dirige contra el proyecto de ley
No. 339 de 2023 -Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se transforma
el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, que como lo ha
señalado la Corte Constitucional “envuelve un contenido general, impersonal y
abstracto, por lo que se activa la causal de improcedencia que se consagra
en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 199137”.

En efecto, la iniciativa legislativa contenida en el proyecto de ley cuestionado
propone reestructurar el sistema general de salud cuyos destinatarios son todos
los habitantes del país, por lo que sin duda su contenido es general, impersonal y
abstracto. Lo anterior, puede advertirse con una lectura del artículo 1° de la
iniciativa legislativa que describe el objeto en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley, de conformidad con la ley 1751 de 2015, sus
definiciones y principios restructura el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
establece el Sistema de Salud, desarrolla sus principios, enfoque, estructura
organizativa y competencias. El Sistema de Salud se fundamenta en el aseguramiento
social en salud como la garantía que brinda el Estado para la atención integral en salud
de toda la población, ordenando fuentes de financiamiento, agrupando recursos
financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un
sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el
Estado. En consecuencia, el Sistema de Salud constituye el aseguramiento social, con
participación de servicios de salud públicos, privados y mixtos. Establece el modelo de
atención, el financiamiento, la administración de los recursos, la prestación integral de
los servicios para la atención en salud, el sistema integrado de información en salud, la
inspección, vigilancia y control, la participación social y los criterios para la definición de
las políticas públicas prioritarias en ciencia, innovación, medicamentos, tecnologías en
salud, formación y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud”.

Adicional a lo anterior, conviene referirse a lo expresado en la exposición de
motivos contenida en la Gaceta del Congreso No. 68, en torno a distintas
situaciones que se han identificado en la prestación del servicio de salud que se
garantiza a todos los habitantes del país, en materia operativa, presupuestal y
financiera.

En ese marco, se explica que la propuesta de reforma al sistema general de salud
se constituye como “un nuevo camino para la garantía del goce efectivo del
derecho fundamental a la salud desde el cuidado de la vida y el acceso oportuno y
de calidad a la atención en salud de cada persona que habita el territorio
colombiano”, a lo que se agrega lo expresado en relación a que el nuevo sistema
de salud que se propone, “tiene como objetivo cuidar la vida de cada persona,
familia, comunidad y sociedad, tiene como principal objetivo cumplir con los
principios fundantes de la salud; dignidad humana, universalidad eficiencia,
solidaridad, igualdad y equidad”, en el marco de lo establecido en la Ley 1751 de
201538 y las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-760 de 2008 y C-313 de 2015.

Ahora bien, la Sala tampoco dilucida en el caso concreto algún escenario que
permita habilitar la acción de tutela de manera excepcional, en los términos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, esto es, (i) que sea necesario
para garantizar los derechos de los titulares de potestades parlamentarias o de
aquellos que por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debates,
o (ii) que de manera grave se observe una posible transgresión del derecho de
participación de los pueblos étnicos en el escenario de consulta previa “cuando la
37
Sentencia T-110 de 2016.
38
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

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realización de la misma haya sido advertida por los interesados (v.gr. a través de
las observaciones ciudadanas reguladas en el artículo 230 de la Ley 5ª de 1992) y
siempre que el Congreso de la República no se haya pronunciado expresamente
sobre su procedencia, con ocasión del desarrollo del trámite legislativo a su
cargo”.

En relación con este último aspecto, la Sala considera relevante resaltar algunos
aspectos sobre la participación de las comunidades étnicas en la construcción de
la iniciativa legislativa que propone reformar el sistema general de salud 39, sin que
esto pueda llegar a considerarse como un estudio de fondo respecto de la
vulneración del derecho fundamental a la consulta previa invocada por la parte
actora. Lo que se pretende es demostrar que no se encontró configurado un
escenario que permita determinar la procedencia excepcional de la acción de
tutela en este caso, particularmente, porque no se evidenció una posible
transgresión del derecho fundamental de participación de las comunidades
étnicas.

Obra en el expediente de tutela copia de las actas de 21 y 22 de marzo de 2023
sobre la sesión de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y
Organizaciones Indígenas creada a través del Decreto 1297 de 1996, espacio de
participación en el que se acordó la modificación del texto del artículo 145 del
proyecto de ley y la “Ruta metodológica para la consulta previa, libre e informada
del proyecto de Ley Ordinaria No 339 de 2023 – Cámara de representantes
reforma a la salud”,

En efecto, de la lectura de dichas actas se constata que los delegados indígenas
de la mesa permanente de concertación y la subcomisión de salud pactaron incluir
en el proyecto de ley de reforma a la salud un artículo que establece la garantía a
la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas,
a través de sus representantes, sobre medidas relacionadas con el goce efectivo
del derecho a la salud y el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural
(SISPI), cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 145. la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos
Indígenas. Se garantizan los derechos fundamentales a la Consulta y Consentimiento
Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones
representativas, en lo que respecta a las medidas relacionadas con el derecho
fundamental a la salud, el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) y el
Sistema de Salud, atendiendo lo dispuesto en los literales l, m y n del artículo 6 de la
Ley 1751 de 2015.

De conformidad con el Artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístase al
Presidente de la República de facultades extraordinarias, por un periodo de hasta seis
(6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para expedir las normas
con fuerza de ley, cuyos contenidos sean producto de la concertación en el marco de la
Consulta Previa, Libre e Informada con los Pueblos Indígenas y que reglamenten los
procesos de salud en el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural
(SISPI) respecto a:

a) Su organización, administración, consolidación, financiación y gestión.
b) Los mecanismos de implementación, seguimiento, evaluación y control.
c) Los mecanismos de transición necesarios para la implementación del proceso de
reorganización en los territorios en el marco de las estructuras propias.
d) La coordinación de la prestación de servicios, acciones en Salud Pública y los
procesos propios.

Parágrafo. El Gobierno Nacional de manera concertada con las Autoridades de los
Pueblos Indígenas creará e implementará las medidas idóneas que permitan el

39
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 numeral 4 de la Ley Orgánica 5 de 1992, en la interpretación y aplicación
de las normas del reglamento del Congreso de la República se deberán aplicar, entre otros, el principio de la regla de las
minorías, en virtud del cual se garantiza el derecho a ser representadas, a participar y a expresarse tal como lo determina la
Constitución Política.

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funcionamiento armónico entre el Sistema de Salud y el Sistema Indígena de Salud
Propio Intercultural (SISPI), garantizando las condiciones que permitan la
materialización efectiva del derecho fundamental a la salud conforme a los principios
culturales, usos y costumbres de los Pueblos Indígenas”.

Asimismo, se acordó la ruta metodológica para la consulta previa, libre e
informada del proyecto de Ley Ordinaria No 339 de 2023 (Cámara de
Representantes), como se ilustra en la siguiente imagen:

Al respecto, debe señalarse que la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes incluyó este precepto en la iniciativa legislativa,
de lo cual da cuenta la Gaceta del Congreso No. 283 de 11 de abril de 202340, así:

"El artículo 145 del proyecto, se refiere a los pueblos indígenas. En tal sentido el
Gobierno Nacional concertó con los representantes de estos pueblos el proceso que
debe conducir a la expedición con normas con fuerza de ley, observando el
procedimiento constitucional y legal, que involucra en las decisiones en forma
concertada a las autoridades de tales pueblos. Solo a través de los mecanismos
previstos se podrá adoptar las normas aplicables a la salud. En la codificación del
informe de ponencia es el artículo 150, el cual quedará así (…)”.

De igual modo, particularmente en relación con el pueblo Yupka, el Ministerio de
Salud y Protección Social puso en conocimiento de la Sala que la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en respuesta41 a la
solicitud formulada por la parte actora el 22 de noviembre de 2022, dirigida a que
se realizara la consulta previa respecto de Sistema Indígena de Salud Propio
Intercultural -SISPI-y del proyecto de ley No. 339 de 2023, “Por medio del cual se
transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”,
propusieron efectuar “la primera reunión de acercamiento con sus instancias
representativas” el 28 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m. en las oficinas de ese
Ministerio, cuyo “objetivo primordial sería garantizar el derecho fundamental a la
consulta previa”.

Con todo, la Sala no puede ignorar las alertas formuladas por el Presidente de la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el Delegado del Derecho a la
Salud y Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Delegada
para Asuntos Étnicos ante los Ministerios de Salud y Protección Social y del
Interior y de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sobre el deber
constitucional de garantizar el derecho fundamental a la consulta previa del
40
https://www.camara.gov.co/reforma-a-la-salud-4.
41
Obra en el expediente respuestas enviadas por el Ministerio del Interior el 23 de marzo de 2023 y del Ministerio de Salud
y Protección Social a través del oficio 202316000566531 de 23 de marzo de 2023.

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pueblo indígena Yukpa sobre el proyecto de reforma a la salud y el Sistema
Indígena de Salud Propio e Intercultural –“SISPI-”.

Sin embargo, para la Sala tales manifestaciones no afectan la posibilidad de que
la garantía del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas pueda
materializarse, eventualmente, en la expedición de los decretos reglamentarios
que expida el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confiera el Congreso de la República, como se propuso en
la misma iniciativa legislativa, se reitera, previamente concertado con la Mesa
Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas creada
por el Decreto 1297 de 1996.

En el presente caso no se acredita no se evidenció una posible transgresión del
derecho fundamental de participación, en el escenario de la consulta previa, que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto, en tanto se observa que los pueblos étnicos están
participando desde la construcción de la iniciativa legislativa, lo cual se evidencia
teniendo en cuenta que en el proyecto se incluyó un artículo, texto que fue
acordado con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y
Organizaciones Indígenas creada a través del Decreto 1297 de 1996, cuya
representatividad no puede desvirtuarse por el hecho de que el pueblo Yukpa no
haga parte de la misma, ni tampoco sería del caso desconocer la relevancia de los
acuerdos a los que han llegado en dichas sesiones.

Además, se pactó la ruta metodológica para la consulta previa y, de acuerdo con
lo manifestado por los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social en el
trámite de la acción de tutela, las autoridades del pueblo Yukpa fueron citadas
para hacer parte de la misma en el marco de la garantía del derecho a la consulta
previa.

Con todo, una interferencia del juez constitucional en este momento en el curso
del trámite legislativo que se está adelantando en el marco de la autonomía del
Congreso de la República, “desconocería la lógica y el valor con el que operan los
mecanismos con que, de ordinario, se adelanta el debate parlamentario” 42, a lo que
se agrega que de convertirse en ley esa iniciativa legislativa, la parte actora
contaría con un medio judicial idóneo y eficaz, cual es la acción pública de
inconstitucionalidad prevista en el numeral 4 del artículo 241 de la Carta Política,
en el que según reciente desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte
Constitucional de manera excepcional es procedente, como medida provisional, la
suspensión de normas, “frente a una norma abierta y manifiestamente
incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que
lleve a eludir el control de constitucionalidad”43.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
promovida por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco,
Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés
Vence Villar, en su condición de gobernadores de los resguardos indígenas del
pueblo Yukpa44 contra el Presidente de la República -Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República-, el Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías-, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y
Protección Social, Senado de la República -Presidencia- y Cámara de
Representantes -Presidencia-.
42
T-110 de 2016, M.P., Luis Guillermo Guerrero Pérez.
43
Auto 272 de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
44
Jaime Luis Olivella Márquez – Gobernador del cabildo del resguardo indígena EL ROSARIO BELLAVISTA Y YUCATAN.
Alfredo Peña Franco - Gobernador del cabildo del resguardo indígena IROKA. Adolfo Enrique Garcerant – Gobernador del
cabildo del resguardo indígena SOCORPA. Emilio Ovalle Martínez - Gobernador del cabildo del resguardo indígena
MENKUE MISAYA LA PISTA. Alirio Ovalle Reyes – Gobernador del cabildo del resguardo indígena CAÑO PADILLA.
Andrés Vence Villar – Gobernador del cabildo del resguardo indígena LA LAGUNA EL COSO Y CINCO CAMINOS.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01199-00
Actor: Jaime Luis Olivella Márquez y Otros

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por los
señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo Enrique
Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés Vence Villar,
quienes actúan como gobernadores de los resguardos indígenas del pueblo
Yukpa, contra el Presidente de la República -Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República-, el Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías-, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y
Protección Social, Senado de la República -Presidencia- y Cámara de
Representantes -Presidencia-, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
ACLARA EL VOTO

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