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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01199-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01199-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por las 280 autoridades tradicionales del pueblo indígena Wayuu relacionadas en el índice 4 del expediente electrónico de segunda instancia en SAMAI. SEGUNDO: Revócase la sentencia del 18 de mayo de 2023, a través de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01 acción y, en su lugar, deniégase la solicitud de tutela presentada por la parte actora. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01199-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

24 de agosto de 2023

Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-01199-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2023-01199-01
Demandante: JAIME LUIS OLIVELLA MÁRQUEZ Y OTROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Derecho fundamental a la consulta previa. Acción de
tutela contra proyectos de ley.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo del 18 de mayo de 2023, a través del cual la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2023 ante el Tribunal
Administrativo del Cesar, los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo
Peña Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle
Reyes y Andrés Vence Villar, en su condición de gobernadores de los seis
resguardos indígenas que conforman la comunidad indígena Yukpa de la
Serranía del Perijá en el departamento del Cesar, interpusieron acción de
tutela contra la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de
Salud y Protección Social, el Senado de la República y la Cámara de
Representantes, con el objeto de que se protegieran sus derechos
fundamentales a “la participación y la consulta previa”.

Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales debido a que el
Proyecto de Ley 399 de 2023, correspondiente a la reforma al sistema de
salud, fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la
República sin adelantar el mecanismo de consulta previa ante las
comunidades indígenas.

En concreto, solicitaron a esta Corporación:

PRIMERO: ORDENAR al Doctor GUSTAVO PETRO URREGO,
Presidente de Colombia, a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA,
Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor ALFONSO PRADA,

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Demandante: Jaime Luis Olivella Márquez y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
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Ministro del Interior, retirar del congreso de la República el Proyecto de
Ley 339 "Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se
dictan otras disposiciones".

SEGUNDO: ORDENAR al Doctor, ROY LEONARDO BARRERAS
MONTEALEGRE, Presidente del Senado de Colombia, al Doctor DAVID
RACERO, Presidente de la Cámara de Representantes y al Doctor
AGMETH ESCAF TIJERINO, Presidente Comisión Séptima
Constitucional, Cámara de Representantes, suspender de manera
inmediata el trámite del Proyecto de Ley 339 "Por medio de la cual se
transforma el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”; y
devolver el mencionado proyecto de Ley al ejecutivo, hasta tanto no
surta el debido proceso de Consulta previa con el pueblo indígena
Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del
Pueblo Indígena Yukpa.

TERCERO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA,
Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN
CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior, convocar y adelantar un proceso de consulta
previa con el pueblo indígena Yukpa, por intermedio de La Mesa
Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa; del Proyecto
de Ley 339 "Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y
se dictan otras disposiciones".

CUARTO: ORDENAR a la Doctora CAROLINA CORCHO MEJÍA,
Ministra de Salud y Protección Social y al Doctor GERMÁN
CARLOSAMA, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior, convocar y adelantar con el pueblo indígena
Yukpa, por intermedio de La Mesa Permanente de Concertación del
Pueblo Indígena Yukpa al proceso de consulta previa del Sistema
Indígena de Salud Propio e Intercultural –“SISPI del pueblo indígena
Yukpa.1

2. Hechos

Del extenso escrito de tutela se extraen los siguientes supuestos fácticos
que, en criterio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar en el presente asunto:

Luego de hacer un recuento histórico, social, económico y cultural sobre el
pueblo indígena Yukpa, así como del deber de protección que lo cobija dada
su condición de nómada y seminómada, los accionantes resaltaron que a
través de la Resolución 0081 del 5 de diciembre de 1997, la Dirección
General de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior
reconoció para todos los efectos legales la Asociación de Cabildos Indígenas
del Cesar DUSAKAWI como una entidad de derecho público con carácter
especial y sin ánimo de lucro.

Explicaron que mediante la Resolución 0019 del 15 de marzo de 2001, la

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Énfasis del texto original.
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referida dependencia del Ministerio del Interior reconoció la transformación
de la Administradora de Régimen Subsidiado DUSAKAWI ARS en Empresa
Promotora de Salud DUSAKAWI EPSI, la cual cuenta con patrimonio propio
y autonomía presupuestal, financiera y administrativa.

Destacaron que DUSAWAKI EPSI es su empresa de salud indígena, la cual
fue creada para fortalecer los procesos organizativos, desarrollar la
autonomía de salud y avanzar en la consolidación de una política de
administración de recursos públicos que permitiera implementar modelos
propios de atención y de medicina tradicional.

Aseguraron que el 89,79% de la población afiliada a esa EPS son indígenas
que residen en zona rural dispersa y bajo condiciones de difícil acceso,
ubicados en 3 departamentos, 22 municipios y 4 grandes microrregiones,
que en muchos casos son impenetrables como la Sierra Nevada de Santa
Marta, la Serranía del Perijá, La Guajira Inmensa y 367,72 kilómetros de
frontera con la República Bolivariana de Venezuela.

Informaron que DUSAWAKI EPSI cuenta con una red de prestación de
servicios integrada por 141 prestadores de servicios, de los cuales 19 son
IPS indígenas, 21 empresas sociales del Estado, 77 son de mediana
complejidad, 49 de baja complejidad y 15 de alta complejidad.

Advirtieron que la EPS fue constituida bajo los principios, visión, modelos y
autonomía de cada uno de los pueblos indígenas, proceso que ha llevado
muchos años de esfuerzos, diálogos y concertación con las autoridades de
las comunidades, pero que se vería afectado de forma negativa con la
reforma a la salud planteada por el Gobierno Nacional al disponer su
eliminación.

Señalaron que, por lo anterior, el 17 y 18 de noviembre de 2022 presentaron
una petición ante la Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y
de Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y los presidentes de la
Comisión Séptima del Senado y de la Cámara de Representantes, en la cual
solicitaron que se convocara de forma urgente a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Cesar y La Guajira y a la Mesa Permanente de Concertación
del Pueblo Indígena Yukpa a una consulta previa para la implementación del
nuevo modelo de salud.

Indicaron que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y
Asuntos Internacionales, mediante oficio OFI22-00158920/GFPU13050000
del 1° de diciembre de 2022, les informó que su petición había sido remitida
a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, para lo de su
competencia.

Resaltaron que a través de radicado 2023-2-002400-001883 del 25 de enero
de 2023 de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se les indicó que la
solicitud había sido trasladada el 23 de diciembre de 2022 a la Dirección de

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Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.

Agregaron que el 22 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud y Protección
Social les informó que la petición se encontraba bajo la revisión conjunta con
los delegados indígenas de la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente
de Concertación y que, cuando tuvieran una decisión sobre el particular, se
la comunicarían oportunamente.

Aseguraron que, pese a su petición, el Gobierno Nacional radicó el 13 de
febrero de 2023 el Proyecto de Ley 399 “Por medio de la cual se transforma
el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”, sin que se efectuara el
procedimiento de consulta previa.

En escrito posterior, manifestaron que el 23 de marzo siguiente el Ministerio
del Interior respondió la solicitud en el sentido de informar que, una vez se
determinara el deber de adelantar la consulta previa para dicho proyecto, se
convocaría al Pueblo Indígena Yukpa y a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Cesar y La Guajira, así como a las demás comunidades a que
hubiere lugar, para realizar el proceso consultivo correspondiente.

3. Sustento de la vulneración

Según los tutelantes, las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al radicar el Proyecto de Ley 399 de 2023 correspondiente a
la reforma a la salud, sin agotar al mecanismo de consulta previa con el
Pueblo Indígena Yukpa y el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural,
SISPI.

Alegaron que el referido proyecto los afecta ya que en sus artículos 5 a 8 se
refiere al sistema de salud sin establecer medidas necesarias para atacar las
principales causas por las cuales su comunidad padece de enfermedades,
bajo la aplicación de criterios de prevención.

Indicaron que el nuevo sistema de salud planteado por el Gobierno Nacional
no tiene en cuenta circunstancias que han dificultado el acceso al servicio de
salud por parte del Pueblo Indígena Yukpa, como lo es la falta de acceso a la
tierra, al agua potable y al saneamiento básico, o la existencia de
comunidades transfronterizas que han causado la aparición de
enfermedades de transmisión sexual.

Sostuvieron que el proyecto de ley conlleva la eliminación de la EPS
DUSAKAWI EPSI, a pesar de que ha prestado los servicios de salud entre la
población indígena por más de 30 años.

Por lo anterior, solicitaron que se garantice su derecho a la participación y a
la consulta previa en cuanto al trámite de la reforma a la salud, ya que las
entidades ignoraron sus solicitudes y alertas sobre el tema.

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4. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 3 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del
Cesar remitió por competencia el expediente al Consejo de Estado.

Una vez efectuado el nuevo reparto, a través de auto del 15 de marzo de
2023 la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela, negó
la medida cautelar solicitada y ordenó notificar a la Presidencia de la
República, a los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, al
Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes
intervenciones:

5.1. Senado de la República

Por conducto de su secretario general, afirmó que la acción de tutela de la
referencia es improcedente en atención a que los accionantes cuentan con
otros medios de defensa dentro del proceso legislativo, como lo es acudir
ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes a través del derecho fundamental de petición.

Expresó que en dicha comisión se surte el trámite del Proyecto de Ley 399
“Por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud y se dictan otras
disposiciones”, el cual se halla en etapa procedimental de estudio, análisis,
debate y posterior votación.

Resaltó que de conformidad con el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 5 de
1992, en ese primer debate procedería el estudio de los reparos planteados
por la parte actora, relacionados con el desconocimiento de los derechos de
las minorías.

5.2. Procuraduría General de la Nación

La profesional de la Oficina Jurídica de la entidad manifestó que el Ministerio
Público no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes.

Manifestó que la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión
para Asuntos Étnicos allegó un informe el 23 de marzo de 2023, en el que
indicó que el 29 de noviembre de 2022 había remitido una advertencia a los
Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social sobre el derecho
fundamental a la consulta previa del Pueblo Indígena Yukpa respecto del
nuevo modelo de salud.

Por lo anterior, consideró que no ha vulnerado derecho alguno de la parte

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actora por lo que solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva.

5.3. Ministerio de Salud y Protección Social

El apoderado de esa cartera rindió el informe solicitado en los siguientes
términos:

Aclaró que, contrario a lo afirmado por los tutelantes, las entidades
promotoras de salud indígenas no son estructuras propias de esas
comunidades, sino adaptaciones que se constituyeron para poder incluirlas
en el sistema general de seguridad social en Colombia creado por la Ley 100
de 1993.

Sostuvo que el espacio legítimo para concertar las decisiones administrativas
y legislativas susceptibles de afectar los pueblos y organizaciones indígenas
es la Mesa Permanente de Concertación, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 1397 de 1996.

Resaltó que el proyecto de ley es distinto al texto que finalmente se publica
en el Diario Oficial, por lo que para definir cualquier aspecto relacionado con
los sistemas de conocimiento intercultural, medicina tradicional, entre otros,
se concertará con las autoridades indígenas el contenido de los decretos con
fuerza de ley que se expidan eventualmente y que definan de manera directa
lo atinente a su sistema de salud.

Aseguró que el Proyecto de Ley 339 de 2023 tiene por objeto la
transformación del sistema de salud de conformidad con la Ley 1751 de
2015.

Expresó que no se consideró conveniente adelantar la consulta previa
porque, para adecuar lo previsto en la Ley 691 de 20012, el artículo 145 del
proyecto de ley le otorga facultades extraordinarias al presidente de la
República en los siguientes términos:

Artículo145. Consulta Previa a las autoridades tradicionales de las
comunidades indígenas. Para la reorganización del Sistema de
Seguridad Social en Salud, en lo que respecta a reglamentar la
prestación de servicios de salud y la organización del mismo en sus
territorios, se adelantará consulta previa con las respectivas autoridades
de los pueblos y comunidades indígenas en espacios suficientes y
adecuados de participación sobre las decisiones que les afectan
directamente.

A tal efecto, facúltese al Presidente de la República por un periodo de
seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley con el
fin de adoptar las normas con fuerza de ley, de la organización y
prestación de servicios de salud en los territorios de los pueblos y
comunidades indígenas.

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Mediante la cual de reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud en Colombia.
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Adujo que, según lo anterior, en la reforma a la salud se garantizará el
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a través del decreto
con fuerza de ley que expedirá el presidente de la República, ya que allí se
definirán los componentes del sistema de salud propio con enfoque
diferencial e intercultural, así que será en ese momento en el que se
activarán los espacios de participación en cuanto a la construcción colectiva
de las políticas públicas respectivas.

Por tal razón, solicitó declarar la improcedencia de la acción por estar dirigida
contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, en la medida en
que la reforma a la salud planteada por el Gobierno Nacional contiene unos
postulados genéricos dirigidos a toda la población y no a ningún grupo
específico.

5.4. Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República

La apoderada del DAPRE solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela.

Refirió que no todos los actos y decisiones del Gobierno Nacional están
sometidos al procedimiento de consulta previa.

Expuso que la regla interpretativa en esta materia es que en cada caso
concreto debe establecerse si opera el deber de consulta, bien sea porque
se pretenda adoptar una norma que específicamente regula situaciones que
repercuten directamente en las comunidades indígenas, o porque del
contenido material de la medida se desprende una posible afectación de
dichas poblaciones en ámbitos que les son propios.

Afirmó que el objetivo del proceso consultivo es la adecuada participación de
las comunidades en la formación de las reglas jurídicas que les afectarán de
forma directa, pero no puede llegar al extremo buscado por los
demandantes, quienes pretenden que toda clase de producción normativa
deba ser sometida a ese trámite.

Indicó que prohibirle al Gobierno Nacional tramitar la reforma al sistema de
salud sería desproporcionado, ya que se paralizaría el estudio de todas las
normas que la componen.

Sostuvo que ni el Proyecto de Ley 339 ni su radicación ante el Congreso de
la República desconocen el derecho a la consulta previa de la comunidad
étnica accionante, ya que se trata de una medida legislativa en trámite de
carácter general, que de acuerdo con su objetivo y finalidad busca afectar de
forma uniforme a todos los ciudadanos, por lo que no tendría por qué
someterse al mecanismo consultivo.

Mencionó que, en todo caso, la consulta previa es un proceso dinámico que

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no se agota en una única instancia, así que puede desarrollarse a lo largo del
trámite legislativo, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto será
sometido a debate y podrá sufrir modificaciones a partir de las discusiones
respectivas.

Agregó que la reforma a la salud no contiene previsiones expresas que
interfieran con los intereses directos de las comunidades indígenas y,
concretamente, no aborda los componentes de salud étnicos diferenciales,
ya que estos serán objeto de regulación posterior y para la cual se previó la
consulta previa, de acuerdo con el artículo 145 del proyecto.

5.5. Ministerio del Interior

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó declarar la
improcedencia de la acción.

Expresó que los accionantes no allegaron prueba alguna de la configuración
de un perjuicio irremediable que hiciera imperiosa la intervención del juez de
tutela.

Recalcó que en la solicitud de amparo no se explicó por qué la sola
radicación del proyecto de ley de reforma a la salud afecta a la comunidad
indígena accionante.

Advirtió que, en todo caso, la consulta del proceso a los grupos étnicos se
puede hacer antes de la presentación del proyecto, durante el debate
legislativo o incluso después de su aprobación.

Sostuvo que la reforma a la salud no pretende desconocer los avances que
han logrado los pueblos indígenas ni mucho menos que desaparezcan los
derechos ya adquiridos por éstos, sino que busca que el sistema de salud
sea participativo, al punto de proponer la creación del Consejo Nacional de
Salud, que tendría dentro de sus integrantes a tres representantes de las
comunidades étnicas.

Aclaró que el proyecto de ley es una propuesta que podrá tener cambios
significativos durante su trámite ante el Congreso de la República en virtud
de las discusiones que se adelanten al interior del órgano legislativo, siempre
en aras de garantizar los derechos de todas las poblaciones afectadas.

Precisó que la reforma a la salud también incorpora un régimen de transición
para no afectar los derechos adquiridos de la población, en desarrollo del
principio de progresividad y no regresividad.

Mencionó que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de la
entidad respondió la petición radicada por los accionantes, en el sentido de
indicarles que se establecería la procedencia de la consulta previa y que, de
ser así, se les comunicaría la decisión correspondiente.

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Señaló que, no obstante, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de
Salud y Protección Social convocarán a los peticionarios a una mesa
conjunta con el fin de resolver cualquier inquietud adicional tanto del sistema
como del modelo de salud propuesto.

Consideró que la encargada de establecer si se incurrió en algún vicio de
forma en el trámite del proyecto de ley es la Corte Constitucional al ejercer el
respectivo control de constitucionalidad posterior a la promulgación del texto
aprobado.

Resaltó que lo pretendido con la reforma a la salud es establecer un marco
general que posteriormente será implementado con un enfoque étnico
diferencial a través de diversos actos jurídicos idóneos, pero previamente
concertados con los pueblos indígenas, lo que demuestra que no era
necesario agotar la consulta previa para poder radicar el proyecto de ley ante
el Congreso de la República.

5.6. Cámara de Representantes

La jefe de la División Jurídica de la Cámara de Representantes solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, ya que el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que no procede contra actos
de carácter general, impersonal y abstracto.

Expuso que el proyecto de ley controvertido no tiene efecto alguno en el
ordenamiento jurídico pues no tiene fuerza normativa ni efectos erga omnes
al no haber sido sancionado.

Añadió que, aun en el caso en el que la norma fuera promulgada, la
inconformidad de los actores no puede plantearse a través de la tutela, sino
que debería tramitarse a través de una acción pública de inconstitucionalidad
ante la Corte Constitucional.

Insistió en que no es posible utilizar la solicitud de amparo constitucional para
que un juez de la República se adjudique competencias impropias y, de
manera infundada, establezca un juicio previo sobre una disposición de
carácter abstracto y general.

Concluyó que solo la Corte Constitucional es la competente para determinar
si la norma desconoce el derecho fundamental a la consulta previa.

5.7. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La apoderada de la entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción.

Afirmó que, en principio, las medidas legislativas que generan cambios o
restricciones a los pueblos indígenas deben ser objeto de consulta previa.

Señaló que, no obstante, la Corte Constitucional ha aclarado que el

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mecanismo consultivo solo es obligatorio en aquellos eventos en que se
genere una afectación directa a las comunidades étnicas.

Agregó que, por lo mismo, aquellas disposiciones que afecten de forma
global y uniforme a la ciudadanía no deben ser objeto de consulta previa, ya
que no causan un impacto diferenciado a la población indígena.

Por lo anterior, consideró que no se ha desconocido el derecho fundamental
invocado por los accionantes, ya que no se trata de una medida definitiva
con una afectación directa la comunidad étnica y, en todo caso, corresponde
a un proyecto de ley que puede ser modificado durante el trámite legislativo.

Recalcó que el artículo 145 de dicho documento prevé el deber de adelantar
la consulta previa respecto de los decretos con fuerza de ley que expida
eventualmente el presidente de la República para regular la organización y la
prestación del servicio de salud en los territorios indígenas.

Expresó que ese precepto es el resultado de esfuerzos de las siete
delegaciones de las comunidades indígenas, el viceministro de Salud y
Protección Social, representantes de la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, que en sesión del 24 de
marzo de 2023 acordaron una ruta metodológica que permita garantizar el
derecho a la consulta previa sobre la reforma a la salud que propone el
Gobierno Nacional.

5.8. Procuraduría Quinta delegada ante el Consejo de Estado

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se
ordenara a las entidades demandadas garantizar el derecho a la
participación y a la consulta previa de los accionantes, por intermedio de la
Mesa Permanente de Concertación del Pueblo Indígena Yukpa, respecto del
proyecto de ley de reforma a la salud.

Sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, ya
que no existe otro mecanismo judicial para la protección de los derechos
fundamentales de los interesados.

Explicó que, en la medida en que el proyecto de reforma aún no se ha
convertido en ley de la República, no es posible plantear la existencia de un
vicio por medio de la acción pública de inconstitucionalidad.

Alegó que el contenido del proyecto de ley sí conlleva una afectación directa
hacia el Pueblo Indígena Yukpa, por lo que debe garantizarse su
participación en la deliberación correspondiente a través del mecanismo de
consulta previa.

5.9. Parte actora

Mediante memorial del 28 de marzo de 2023, los accionantes informaron que

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el Ministerio del Interior había convocado los días 21 y 22 de marzo de 2023
a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas, de la cual no hace parte el Pueblo Indígena Yukpa, con el
propósito de (i) concertar la modificación del artículo 145 del proyecto de ley,
(ii) avanzar en el proceso de definición del procedimiento de consulta previa
y (iii) protocolizar la ruta metodológica de la política pública de turismo
indígena.

Aseguraron que la reunión se llevó a cabo en las fechas referidas, pero la
comunidad accionante no fue llamada a participar de esa discusión, para lo
cual aportó copia del acta de dicha sesión.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 18 de mayo
de 20233, declaró la improcedencia de la acción.

Al respecto, consideró que la solicitud de amparo está dirigida contra un acto
general, impersonal y abstracto como lo es el Proyecto de Ley 339 de 2023,
por lo que se activa la causal de improcedencia prevista en el numeral 5 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

Además, sostuvo que no cumple alguno de los supuestos de excepción
previstos por la Corte Constitucional para efectuar un estudio de fondo,
comoquiera que no se vislumbra la posible configuración de un perjuicio
irremediable.

Sobre el punto, indicó que el 21 y 22 de marzo de 2023 se llevó a cabo una
sesión de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y
Organizaciones Indígenas creada con el Decreto 1297 de 1996, espacio en
el que se acordó la modificación del texto del artículo 145 del proyecto de ley.

Manifestó que en esas reuniones los delegados indígenas y la subcomisión
de salud pactaron incluir en el proyecto un artículo que establece la garantía
a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos
indígenas, a través de sus representantes, sobre medidas relacionadas con
el goce efectivo del derecho a la salud, sumado a que se creó una ruta
metodológica para la realización de la consulta previa.

Añadió que, en relación con el Pueblo Indígena Yukpa, el Ministerio de Salud
y Protección Social, en respuesta a su petición del 22 de noviembre de 2022,
le informó de la realización de las sesiones que se llevaron a cabo 21 y 22 de
marzo de 2023, haciéndole extensiva la invitación a la siguiente reunión que
se efectuaría el 28 de marzo siguiente y que tendría por objeto garantizar el
derecho fundamental a la consulta previa.

Por tal razón, consideró que no se había demostrado la existencia de un

3
La sentencia de primera instancia fue notificada electrónicamente el 26 de mayo de 2023.
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perjuicio irremediable que permitiera superar la causal de improcedencia de
la acción de tutela contra actos generales, impersonales y abstractos como lo
era el proyecto de ley de reforma a la salud.

7. Impugnación

7.1. Parte actora

Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnaron mediante
escrito enviado el 30 de mayo de 2023 al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.

Consideraron que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia,
el proyecto de ley cuestionado no es una norma de contenido general,
impersonal y abstracto, ya que afecta directamente al Pueblo Indígena
Yukpa.

Explicaron que la reforma a la salud compromete los derechos
fundamentales de su comunidad a la salud, a la vida, a la soberanía
alimentaria, al autogobierno y a la autodeterminación, lo cual cobra mayor
relevancia si se tiene en cuenta el inminente riesgo de extermino físico y
cultural que los aqueja por su condición de nómadas.

Insistieron que, en tal medida, el proyecto de ley debía ser consultado
previamente con ese grupo étnico.

Alegaron que el a quo se equivocó al establecer que se había garantizado su
derecho a la consulta previa con ocasión de las sesiones de la Mesa
Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones indígenas
creada por el Decreto 1297 de 1996, ya que su comunidad no pertenece a
esa colectividad.

Precisaron que su grupo étnico pertenece a la Mesa de Diálogo y
Concertación para el Pueblo Indígena Yukpa de la Serranía del Perijá, MPC
Yukpa, que fue creada por el Ministerio del Interior mediante la Resolución
1039 del 7 de julio de 2021, en cumplimiento de la sentencia T-713 de 2017
de la Corte Constitucional.

Mencionaron que su comunidad es respetuosa de los acuerdos a los que
llegue la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas, pero eso no implica que esté de acuerdo o en
desacuerdo con ellos, ni mucho menos que se les haya garantizado el
derecho a la consulta previa, precisamente porque no han participado de las
reuniones que se han llevado a cabo sobre el tema al no haber sido
convocados a las sesiones.

Por lo anterior, solicitaron revocar la sentencia impugnada y acceder a las
pretensiones de la acción de tutela.

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Posteriormente, mediante memorial radicado por los accionantes el 11 de
agosto de 2023 y que se encuentra visible en el índice 16 del expediente
electrónico de segunda instancia en SAMAI, informaron que a través de
oficios del 9 y 16 de julio de 2023, el director de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior convocó a las autoridades del Pueblo
Indígena Yukpa a instalar la mesa de diálogo correspondiente los días 17, 18
y 19 del mismo mes y año, para iniciar la preconsulta y apertura de la
consulta previa, libre e informada del proyecto de reforma a la salud.

7.2. Procuraduría General de la Nación

El asesor del despacho de la procuradora general de la Nación manifestó
coadyuvar la impugnación presentada por los accionantes.

Sobre el punto, sostuvo que no había lugar a declarar la improcedencia de la
acción, ya que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la solicitud
de amparo sí es el mecanismo judicial adecuado para garantizar el derecho
fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos que se vean
afectados por medidas legislativas.

Expresó que, en ese orden de ideas, el juez de tutela es quien debe
determinar si se configura la afectación directa al Pueblo Indígena Yukpa por
no haberse realizado el proceso de consulta previa del proyecto de ley de la
reforma a la salud.

En tal virtud, solicitó revocar la decisión de primera instancia y hacer el
estudio de fondo correspondiente.

Por su parte, la profesional de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad
radicó un escrito adicional en el que manifestó impugnar la sentencia.

Al respecto, advirtió que la consulta previa es un derecho fundamental que
debe garantizarse cuando una medida normativa genere una afectación
directa hacia una comunidad étnica, como sucede en el caso concreto.

Por lo anterior, pidió que se revoque la decisión impugnada y que se ordene
a las entidades demandadas garantizar el derecho a la participación y a la
consulta previa de los accionantes a través de la Mesa Permanente de
Concertación del Pueblo Indígena Yukpa, respecto del proyecto de ley objeto
de controversia.

8. Coadyuvancia en segunda instancia

Mediante escrito enviado el 31 de julio de 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, más de 280 autoridades
tradicionales del pueblo indígena Wayuu solicitaron ser tenidas en cuenta
dentro del presente trámite constitucional, las cuales se encuentran
relacionadas el índice 4 del expediente electrónico de segunda instancia en
SAMAI.

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Para el efecto, se limitaron a indicar que el proyecto de reforma a la salud se
presentó ante el Congreso de la República sin adelantar el proceso de
consulta previa con la comunidad indígena.

Además, plantearon que el artículo 145 del proyecto de ley no garantiza
efectivamente los principios esenciales del proceso consultivo, ya que está
supeditado a su aprobación en el trámite legislativo

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la
parte actora y la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia
emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en primera instancia, en
atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestión previa

Mediante escrito enviado el 31 de julio de 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, más de 280 autoridades
tradicionales del pueblo indígena Wayuu solicitaron ser tenidas en cuenta
dentro del presente trámite constitucional.

Sobre la figura de la coadyuvancia, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
establece lo siguiente:

(…) Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

Así las cosas, debido a que los solicitantes tienen un interés legítimo en
relación con la realización de la consulta previa respecto del proyecto de ley
de reforma a la salud, la Sala los tendrá como coadyuvantes de las
pretensiones de la acción constitucional de la referencia.

3. Problema jurídico

Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia, a través del cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
presentada por los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña
Franco, Adolfo Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle
Reyes y Andrés Vence Villar, en su condición de gobernadores de los seis
resguardos indígenas que conforman la comunidad indígena Yukpa de la
Serranía del Perijá en el departamento del Cesar.

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Por lo anterior, se deberá establecer si se vulneraron los derechos
fundamentales de los accionantes a la participación y a la consulta previa
con la radicación del Proyecto de Ley 399 de 2023, correspondiente a la
reforma al sistema de salud, sin adelantar primero el mecanismo consultivo
ante dicha comunidad.

Para ello, se revisarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de
tutela, ii) derecho fundamental a la consulta previa y iii) el estudio del caso
concreto.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como
un mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de
amparo se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.

5. Derecho fundamental a la consulta previa

La consulta previa ha sido definida por la Corte Constitucional como un
derecho fundamental irrenunciable de las comunidades étnicas reconocidas
como sujetos de especial protección constitucional tanto por la propia Carta
Política como en diversos instrumentos internacionales.

Así, se trata de un mecanismo a partir del cual se pretende garantizar el
respeto por los derechos de dichas poblaciones y, en el caso específico de
los indígenas, se trata de “un instrumento básico para preservar la integridad
étnica, social, económica y cultural”4, para asegurar su subsistencia como grupo
social.

Este procedimiento consultivo nace del concepto de Colombia “como una
república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7 y 70) y que

4
Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009.
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las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales.
Además la Constitución reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en
sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado multicultural y
multiétnico, y la consulta previa es un instrumento y un derecho fundamental para
amparar esos principios constitucionales” 5.

En la Constitución Política, se encuentra estipulado específicamente en los
artículos 329 y 330, que disponen el ejercicio de esta prerrogativa en la
delimitación de los territorios indígenas y la explotación de los recursos
naturales que se encuentren en ellos.

Concretamente, el texto constitucional impone la obligación en cabeza del
Gobierno Nacional de garantizar la participación de los representantes
indígenas en la adopción de esas decisiones, en los siguientes términos:

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se
hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento
territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con
participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y
ejercerán las siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y
poblamiento de sus territorios.

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo
económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo.

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su
debida ejecución.

4. Percibir y distribuir sus recursos.

5. Velar por la preservación de los recursos naturales.

6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes
comunidades en su territorio.

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su
territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno
Nacional.

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás
entidades a las cuales se integren; y

9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se
adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la

5
Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
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participación de los representantes de las respectivas
comunidades. (Se resalta)

De igual manera, el mecanismo de la consulta previa hace parte del bloque
de constitucionalidad en virtud del Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Ley 21 de 1991.

En este instrumento internacional, se establece el deber de los gobiernos de
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art.
6), así como el derecho de las comunidades a “decidir sus propias prioridades
en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural” (art. 7).

En criterio de la Corte Constitucional, esta garantía implica un ejercicio de
diálogo que debe responder a las necesidades de las comunidades
interactuantes, bajo el entendido de que materialmente no se encuentran en
las mismas condiciones, así que el Estado debe compensar las diferencias
para generar un encuentro digno en igualdad de condiciones y
oportunidades6.

Por eso, el alto tribunal ha considerado que el derecho fundamental a la
consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales en
la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido, por lo que se
erige como un modelo de gobernanza en el que la participación es un
presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses
de las comunidades, específicamente aquellas relacionadas con la integridad
cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales,
lo cual hace que tenga un carácter irrenunciable7.

Ahora bien, la Corte Constitucional definió una serie de principios que rigen
la realización de la consulta, entre otras, en las sentencias -129 de 2011, C-
389 de 2016, SU-133 de 2017, SU-217 de 2017, T-298 de 2017, T-103 de
2018 y SU-123 de 2018.

En ellas se estableció que el objetivo de la consulta es lograr un acuerdo con
las comunidades étnicas sobre medidas que las afecten directamente, que el
proceso debe estar guiado por el principio de buena fe y que se debe
asegurar una participación activa y efectiva de los pueblos interesados, ya
que no basta la simple notificación o a la celebración de reuniones
informativas.

Adicionalmente, determinó que este mecanismo debía ser (i) flexible con el
fin de que se adapte a las necesidades de cada asunto, (ii) informada para

6
Corte Constitucional, sentencia T-154 de 2021.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
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que no se trate de un mero trámite formal sino de un esfuerzo genuino por
conocer la perspectiva de la población afectada y (iii) basada en el respeto
por la diversidad étnica y cultural para lograr la satisfacción de ambas partes.

Por último, planteó el concepto de “afectación directa” bajo el entendido de
que solo deben consultarse aquellas medidas legislativas o administrativas
que tengan la susceptibilidad de impactar directamente a las comunidades
étnicas.

En ese sentido, en la sentencia SU-123 de 2018 se explicó que ese impacto
puede ser positivo o negativo al recaer sobre las condiciones sociales,
económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión
social de ese tipo de población.

De manera concreta, la Corte explicó que puede existir afectación directa a
las minorías étnicas cuando:

i) [S]e perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de
sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se
imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se
produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su
territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también
procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi)
cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT;
(vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una
comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición
jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la
identidad o cultura del pueblo concernido. 8

En cuanto a las leyes o medidas de orden general, el alto tribunal ha
señalado que la consulta previa procede si éstas afectan con especial
intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicos.

Por ejemplo, en la sentencia C-075 de 2009, resaltó que el carácter general y
abstracto de las leyes impiden que haya una afectación directa de sus
destinatarios, por lo que en principio no procedería la consulta previa, pero
que este mecanismo sí sería necesario si la norma contiene disposiciones
susceptibles de dar lugar a una afectación directa a sus destinatarios.

Por lo tanto, aunque en principio las medidas legislativas de carácter general
no tendrían por qué someterse al proceso consultivo, si se llegara a acreditar
la “afectación directa” a una comunidad étnica con alguna de sus
disposiciones, se entendería que sí están sujetas al deber de consulta.

Así lo estableció la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, entre
los que se destacan las sentencias C-030 de 2008, C-069 de 2010, C-366 de
2011, C-621 de 2012, C-313 de 2014, C-369 de 2019, C-040 de 2020, C-032
de 2021, C-282 de 2021 y C-413 de 2022.

8
Corte Constitucional, sentencia SU-123 de 2018.
18

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En síntesis, en dichas providencias se advirtió que no existía necesidad
alguna de adelantar la consulta previa respecto de las leyes allí
cuestionadas, por cuanto no contenían medidas susceptibles de afectar
específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, sino
que estaban previstas de manera uniforme para la generalidad de los
colombianos.

6. Caso concreto

Los señores Jaime Luis Olivella Márquez, Alfredo Peña Franco, Adolfo
Enrique Garcerant, Emilio Ovalle Martínez, Alirio Ovalle Reyes y Andrés
Vence Villar, en su condición de gobernadores de los seis resguardos
indígenas que conforman la comunidad indígena Yukpa de la Serranía del
Perijá en el departamento del Cesar, interpusieron acción de tutela contra la
Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Salud y
Protección Social, el Senado de la República y la Cámara de
Representantes, con el objeto de que se protegieran sus derechos
fundamentales a “la participación y la consulta previa”.

Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales debido a que el
Proyecto de Ley 399 de 2023, correspondiente a la reforma al sistema de
salud, fue radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la
República sin adelantar el mecanismo de consulta previa ante las
comunidades indígenas.

En síntesis, la inconformidad de los accionantes radica en que algunas de las
disposiciones planteadas en la reforma pueden afectar de forma negativa a
su grupo étnico, principalmente con la posible eliminación de la empresa
promotora de salud DUSAWAKI EPSI, la cual presta los servicios de salud a
los pueblos indígenas que conforman la comunidad.

Lo anterior, en concepto de los actores, hacía procedente el agotamiento del
mecanismo de consulta previa para poder plantear las diversas
problemáticas que aquejan al Pueblo Indígena Yukpa en materia de salud.

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, ya que estaba dirigida contra un acto
general, impersonal y abstracto.

Además, consideró que no estaba demostrada la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que permitiera realizar el estudio de fondo correspondiente.

Sin embargo, esta Sala de Decisión no comparte la posición adoptada por el
a quo sobre el particular.

En este caso, más que cuestionar de forma específica el contenido de un
acto general, impersonal y abstracto como puede llegar a ser el Proyecto de

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Ley 339 de 2023, lo cierto es que el reparo principal de la parte actora tiene
que ver con el hecho de que ese documento se haya radicado ante el
Congreso de la República sin que se agotara el mecanismo de consulta
previa ante las comunidades indígenas.

Como quedó establecido en el acápite anterior, la consulta previa constituye
un derecho fundamental de carácter irrenunciable, el cual además hace parte
del bloque de constitucionalidad en virtud de la adopción del Convenio 169
de 1989 de la OIT que consagra esa garantía para los grupos étnicos.

Por ende, es evidente que la acción de tutela sí constituye el mecanismo
adecuado para procurar la protección de esta prerrogativa de carácter
superior, máxime si se tiene en cuenta que fue promovida por miembros de
un grupo que goza de especial protección constitucional como lo es la
comunidad indígena.

De manera similar lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-
097 de 2017, en la que hizo énfasis en la procedencia de la acción de tutela
para la protección del derecho fundamental a la consulta previa de los
pueblos indígenas, en virtud de la especial protección constitucional que los
cobija y a la obligación del Estado de revertir los procesos históricos en que
la sociedad mayoritaria ha amenazado sus modos de vida e incluso ha
provocado la extinción de algunas de sus comunidades.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción y procederá al estudio de fondo respectivo.

Precisado lo anterior, se recuerda que la inconformidad de los accionantes
radica en la omisión por parte del Gobierno Nacional en llevar a cabo la
consulta previa con las comunidades indígenas respecto del proyecto de
reforma a la salud.

Según los postulados jurisprudenciales citados en líneas anteriores, el
aspecto central a dilucidar en este tipo de asuntos es si el Estado estaba en
la obligación o no de agotar este mecanismo respecto de la medida
legislativa o administrativa respectiva.

Para ello, el concepto a tener en cuenta es el de la “afectación directa”, ya
que a partir de allí nace el deber de concertación previo con la población
étnica sobre la cual puede llegar a impactar de forma positiva o negativa las
disposiciones normativas correspondientes.

No obstante, la Sala considera que los hechos que rodean el caso concreto
hacen que sea innecesario proceder a realizar un estudio específico sobre la
procedencia o no de la consulta previa en el trámite de la reforma a la salud.

Lo anterior, debido a que de las pruebas aportadas tanto por los accionantes
como por los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, es
posible advertir que este mecanismo ya se encuentra en curso de forma

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paralela al trámite legislativo del proyecto de ley ante el Congreso de la
República.

Según se tiene, el 21 y 22 de marzo de 2023 se reunió la Mesa Permanente
de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas creada por el
Decreto 1297 de 1996, con representantes del Gobierno Nacional, la
Defensoría del Pueblo, varios congresistas y delegados de otras
organizaciones y mesas indígenas, para tratar los siguientes temas:

• Concertación de la modificación del artículo 145 del proyecto de ley
ordinaria No. 339 de 2023 Cámara de Representantes - Reforma a la salud.

• Avance en el proceso de concertación de la ruta para la consulta previa,
libre e informada del proyecto de ley ordinaria No 339 de 2023 Cámara de
Representantes - Reforma a la salud.

• Protocolización de ruta metodológica de consulta previa de la política
pública de turismo indígena.

En dicha oportunidad se aprobó una modificación al texto del artículo 145 del
proyecto de ley y se trazó una ruta metodológica para una “consulta previa,
libre e informada” del texto de la reforma a la salud.

Para el efecto, según el acta de las sesiones de la Mesa Permanente de
Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas creada con el
Decreto 1297 de 1996, llevadas a cabo el 21 y 22 de marzo de 2023,
aportada por la parte actora el 28 de marzo del presente año y que se
encuentra en el índice 31 del expediente electrónico de primera instancia en
SAMAI, las partes acordaron las siguientes etapas9:

Igualmente, se pactaron las siguientes actividades para cada una de ellas:

9 Información extraída del acta de las sesiones de la Mesa Permanente de Concertación de

los Pueblos y Organizaciones Indígenas creada con el Decreto 1297 de 1996, llevadas a
cabo el 21 y 22 de marzo de 2023, visibles a f
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Así mismo, se llegó a los siguientes acuerdos:

2.2. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y
Protección Social, garantizará los recursos humanos, técnicos y
financieros para la implementación de esta ruta y sus etapas.

2.3 El Ministerio de Salud y Protección Social se compromete a impulsar
y sustentar el Artículo 145 concertado en sesión de MPC, en todo el
trámite legislativo del proyecto de Ley Ordinaria No. 339 de 2023-
Reforma a la salud.

2.4 Las Organizaciones Indígenas que participan en la MPC entregarán
sus propuestas técnicas y financieras particulares de manera alineada
con la ruta metodológica general protocolizada en la presente acta.
Estas propuestas deberán ser radicadas en el Ministerio de Salud y
Protección Social a más tardar el 24 de marzo de 2023.

2.5 El Ministerio de Salud y Protección Social una vez reciba las
propuestas técnicas y financieras de las Organizaciones Indígenas
convocará a reunión a cada una de las organizaciones para la revisión,
concertación y viabilización de las mismas, a más tardar el 31 de marzo
de 2023.

2.6 El Ministerio de Salud y Protección Social garantizará la realización
del Congreso Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas para lo cual
coordinará con la Secretaría Técnica de la MPC el lugar, fecha, cantidad
de participantes y otros aspectos necesarios para su desarrollo. El
Congreso tendrá por objeto la socialización, retroalimentación y
ratificación de la propuesta unificada de los Pueblos Indígenas.
Posteriormente, se radicará el documento unificado ante el Gobierno
Nacional, luego se adelantará la concertación técnica y la
protocolización de los acuerdos en una sesión ampliada de la MPC de
conformidad con la ruta metodológica protocolizada.

2.7 Respecto al convenio que se está adelantando para el
fortalecimiento de la Subcomisión Nacional de Salud las actividades
estarán relacionadas con la agenda propia de este espacio. Los asuntos
relacionados con la ruta metodológica del proceso de consulta previa de
la reforma a la salud serán adelantados en el marco de lo contenido en
los acuerdos de la presente acta desde la MPC.

2.8 La ruta metodológica de la consulta sobre el sistema de salud
protocolizada en la presente acta acoge a todos los Pueblos

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Indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1397 de
1996. (Se resalta)

En vista de lo anterior, es evidente que cualquier análisis por parte del juez
de tutela sobre la procedencia de la consulta previa del Proyecto de Ley 399
de 2023 relativo a la reforma a la salud, resulta totalmente innecesario por la
simple y llana razón de que ya se acordó la necesidad de su realización, al
punto de tener un cronograma por etapas y unas actividades para cada una
de ellas.

De hecho, según la programación acordada el 22 de marzo de 2023, el
desarrollo de la etapa consultiva se fijó entre el 2 de mayo y el 30 de
septiembre del presente año, por lo que la garantía constitucional sí se ha
hecho efectiva en el caso concreto.

Ahora bien, el tema que ocupa entonces a la Sala en sede de impugnación
tiene que ver con la inconformidad planteada por los accionantes en cuanto a
su participación en esas reuniones.

Concretamente, los tutelantes afirman que el proceso de consulta se está
llevando a cabo sin su comparecencia, ya que solo ha intervenido la Mesa
Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas
creada por el Decreto 1297 de 1996, a la cual no pertenece la comunidad
que representan.

Al respecto, precisaron que su grupo étnico pertenece a la Mesa de Diálogo
y Concertación para el Pueblo Indígena Yukpa de la Serranía del Perijá,
MPC Yukpa, que fue creada por el Ministerio del Interior mediante la
Resolución 1039 del 7 de julio de 2021, en cumplimiento de la sentencia T-
713 de 2017 de la Corte Constitucional.

Así mismo, mencionaron que su comunidad es respetuosa de los acuerdos a
los que llegue la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas, pero eso no implica que esté de acuerdo o en
desacuerdo con ellos, ni mucho menos que se les haya garantizado el
derecho a la consulta previa, precisamente porque no han participado de las
reuniones que se han llevado a cabo sobre el tema al no haber sido
convocados a las sesiones.

Frente al punto, resulta del caso precisar que, contrario a lo indicado por la
parte actora, actualmente no se está restringiendo su derecho a participar en
estas sesiones.

De acuerdo con lo establecido en primera instancia, el Ministerio de Salud y
Protección Social, en respuesta a la petición que radicaron los actores el 22
de noviembre de 2022, les informó de la realización de las sesiones que se
llevaron a cabo 21 y 22 de marzo de 2023, haciéndole extensiva la invitación
a la siguiente reunión que se efectuaría el 28 de marzo siguiente y que
tendría por objeto garantizar el derecho fundamental a la consulta previa.

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De manera específica, mediante oficio con radicado 202316000566531 del
23 de marzo de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social se dirigió a
la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, a los afiliados de
DUSAKAWI EPSI y a la Mesa Permanente de Concertación del Pueblo
Indígena Yukpa, en los siguientes términos:

Así las cosas, el día viernes 17 de marzo de 2023 desde el Ministerio de
Salud y Protección Social se solicitó a la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior que se convoque a
la mesa permanente de concertación y otros pueblos, para concertar la
ruta metodológica de la consulta previa libre e informada del proyecto
de reforma a la salud.

En dicha línea y por convocatoria realizada por Ministerio del Interior el
miércoles 22 de marzo de 2023, en el marco de la Mesa Permanente de
Concertación se concertó la modificación del artículo 145 de la Ley
ordinaria No. 339 de 2023, con el objetivo de garantizar el derecho a la
consulta previa libre e informada, para trazar la Ruta y los tiempos
requeridos para este proceso de consulta de proyecto de Ley de salud.

Cabe resaltar que, en el marco de dicha convocatoria se hace
extensiva la invitación a la Asociación de cabildos Indígenas del
Cesar y la Guajira.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento que la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del
Interior, ha propuesto realizar la primera reunión de acercamiento
con sus instancias representativas el próximo martes 28 de marzo
de 2023, a las 10:00 am en las oficinas de este Ministerio, cuyo
objetivo primordial será garantizar el derecho fundamental a la
consulta previa. (Énfasis de la Sala)

En principio, podría establecerse que los actores sí estaban al tanto del inicio
del proceso consultivo y que fueron invitados a participar de las
deliberaciones que se estarían llevando a cabo de forma paralela al trámite
del proyecto de ley en el Congreso de la República, por lo que no sería de
recibo el argumento de los actores relacionado con la restricción de su
participación en los debates correspondientes.

Lo anterior, sumado al hecho de que, según el acta de la sesión del 22 de
marzo de 2023, también asistieron organizaciones indígenas invitadas que
no hacen parte de la comunidad demandante como lo son el Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC, el movimiento de Autoridades Indígenas
del Sur Occidente, AISO, junto con las mesas indígenas Wayuu y del Chocó.

Sin embargo, no existe prueba fehaciente de que los actores hayan recibido
efectivamente la invitación realizada por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante oficio con radicado 202316000566531 del 23 de marzo de
2023, ya que fue enviado al correo electrónico
serraniaresguardosokorpa@gmail.com, que no corresponde con el informado
por la parte actora en su petición y no guarda relación alguna con el Pueblo
Indígena Yukpa.

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Con todo, de acuerdo con el memorial radicado por los accionantes el 11 de
agosto de 2023 y que se encuentra visible en el índice 16 del expediente
electrónico de segunda instancia en SAMAI, esa posible irregularidad se
subsanó con una nueva citación a iniciar el proceso consultivo específico con
la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Indígena Yukpa de la
Serranía del Perijá, MPC Yukpa, que fue creada por el Ministerio del Interior
mediante la Resolución 1039 del 7 de julio de 2021.

Según se tiene, a través de oficios del 9 y 16 de julio de 2023, el director de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior convocó a las
autoridades del Pueblo Indígena Yukpa a instalar la mesa de diálogo
correspondiente los días 17, 18 y 19 del mismo mes y año, para iniciar la
preconsulta y apertura de la consulta previa, libre e informada del proyecto
de reforma a la salud.

En cumplimiento de lo anterior, el 18 de julio de 2023 se reunieron los
representantes indígenas con los delegados de la Defensoría del Pueblo y de
los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, en sesión en la que
se dejó constancia que antes de esa fecha no habían sido partícipes de las
sesiones deliberativas del Proyecto de Ley 399 de 2023 y, se pactó, entre
otros puntos, delimitar la consulta a los siguientes aspectos:

“1. Del Proyecto de Ley 399 “Por medio de la cual se transforma el
Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones”,
2. Del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI del
Pueblo Indígena Yukpa.
3. De la norma que posibilite la asignación de recursos a los
resguardos del pueblo Yukpa o estructuras propias de salud, sus
instituciones de salud, para darle cumplimiento a la adquisición del
lote, diseño, construcción y dotaci´no de una clínica de mediana y alta
complejidad de los pueblos indígenas en la ciudad de Valledupar, tal
como está acordado en la protocolización de la consulta previa del
Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida,
suscrita con el Pueblo Yukpa el día 29 de enero de 2023”.

Además, se propusieron las siguientes etapas para el proceso de consulta:

“- Etapa de concertación y protocolización de la ruta en MPC YUKPA:
18 de julio presentación de ruta propuesta por MSPS – Remisión de
propuesta de ruta propia con pueblo yukpa.

• Etapa de preconsulta (fecha por definir): Alistamiento – concertación
operativa, financiera y suscripción de proceso administrativo – revisión
de los contenidos del proyecto de ley (conjunto MSPS-MPC Yukpa) –
definición metodológica y pedagógica autónoma.

• Etapa de consulta (fecha por definir): Instalación de la consulta previa
en MPC Yukpa – despliegue territorial – análisis y seguimiento al trámite
legislativo – unificación autónoma de los insumos recolectados en el
proceso de consulta – protocolización de la consulta previa en la MPC
Yukpa.

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Al presentarse la ruta metodológica expuesta, el Pueblo Yukpa
manifiesta estar de acuerdo con la ruta, sin embargo solicita que el
proceso de consulta previa se realice sobre la totalidad del proyecto de
Ley 399 – 2023 y no solamente lo precisado en el art. 150 de éste. Así
mismo, solicita que sea suspendido el trámite legislativo hasta tanto no
se consulte previamente.

El Ministerio de Salud manifiesta al Pueblo Yukpa que no puede retirar
un proyecto de ley debido a que las facultades pertenecen a la rama
legislativa y al Presidente de la República, de igual forma, por ser de
carácter universal, general y rige para todas y todos los colombianos.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se ratifica el compromiso
para avanzar en la construcción conjunta del modelo de salud propio e
intercultural del Pueblo Yukpa”.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que en la actualidad no se está
desconociendo el derecho a la consulta previa de los accionantes, ya que
fueron citados de forma específica a las reuniones que se llevan a cabo para
la deliberación sobre los aspectos que les conciernen respecto al proyecto de
reforma a la salud, por lo cual pudieron participar de forma activa y llegar a
los acuerdos antes mencionados, dejando las constancias respectivas sobre
las decisiones que se han adoptado en dichas sesiones.

Por lo tanto, comoquiera que los accionantes fueron convocados a la
realización de la consulta previa, junto con el derecho fundamental e
irrenunciable que les asiste a participar en las sesiones correspondientes, es
evidente que están en plena capacidad de participar en las distintas
reuniones que se adelanten en cumplimiento de las etapas de la ruta
metodológica antes reseñada.

Así las cosas, la Sala no encuentra acreditado que se hayan desconocido las
garantías superiores a la participación y a la consulta previa de la parte
actora, por lo que se revocará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por las 280
autoridades tradicionales del pueblo indígena Wayuu relacionadas en el
índice 4 del expediente electrónico de segunda instancia en SAMAI.

SEGUNDO: Revócase la sentencia del 18 de mayo de 2023, a través de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la

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acción y, en su lugar, deniégase la solicitud de tutela presentada por la parte
actora.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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