Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01209-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de septiembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01
Accionante: Bellanid Bustamante Mendosa y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01209 01
Accionantes: BELLANID BUSTAMANTE MENDOSA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 30 de junio de 2023, dictado por el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa, Alonso y Mariela
Bustamante Mendoza y Teresa Mendoza Patiño solicitaron el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y a “la reparación integral”,
que estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de
noviembre de 2019 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de
Florencia y del 7 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, que denegaron las pretensiones de la demanda
de reparación directa promovida contra el Centro de Salud del municipio de
Valparaíso (Caquetá), el Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el
Instituto Departamental de Salud de Caquetá1.
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Proceso que se identificó con la radicación 18001-33-31-002-2008-00578-01.
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Accionante: Bellanid Bustamante Mendosa y otros
1.2. Los demandantes manifiestan que presentaron demanda de reparación
directa contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso, adscrito al
Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E., el Hospital María Inmaculada de
Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, con el
fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las
intervenciones médicas que le practicaron a la señora Bellanid Bustamante
Mendosa el 24 de agosto de 2008, cuando se presentó con dolores de parto
y concluyó con un óbito fetal y se le realizó una histerectomía.
1.2.1. Señalaron que el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia,
mediante sentencia del 7 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones
de la demanda al encontrar probado que el día de los hechos, la señora
Bellanid Bustamante Mendosa inició trabajo de parto y fue atendida en el
Centro de Salud de la Inspección de Mayoyoque, corregimiento del
municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), donde estuvo por un lapso de
cuatro horas, sin que se desencadenara el parto, razón por la cual fue
remitida al Centro de Salud del municipio de Solita2 (Caquetá), donde se
le suministró una dosis inadecuada de oxitocina y se le practicó la
maniobra de Kristeller —la cual está proscrita— para originar
contracciones uterinas y lograr la expulsión del feto. De allí fue trasladada
al Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., donde le diagnosticaron
ruptura uterina y óbito fetal, razón por la cual se le practicó la
histerectomía y la salpingoforectomia bilateral.
Sin embargo, el juzgado concluyó que no se encontraba configurada la
responsabilidad: (i) del Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E., entidad
a la que se encuentra adscrito el Centro de Salud de Valparaíso, porque
el dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses no fue preciso en determinar que los daños sufridos por la
señora Bustamante Mendosa hubieran sido consecuencia del empleo de
2
Si bien la demanda de reparación directa se dirigió contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso,
este contestó la demanda y alegó que la paciente no fue atendida allí sino en Centro de Salud del municipio
de Solita. Valga señalar que, de acuerdo con la información consignada en la sentencia ordinaria de segunda
instancia, ambos se encuentran adscritos al Hospital Fabio Jaramillo Londoño E.S.E.
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la maniobra de Kristeller o de la aplicación de una dosis incorrecta de
oxitocina, pues además la paciente venía de un trabajo de parto bastante
prolongado, y que, este centro asistencial la atendió de forma primaria en
el trabajo de parto, y ante las complicaciones presentadas, la remitió en
el menor tiempo posible a un centro médico de mayor complejidad, ni
tampoco (ii) del Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E., pues, de
acuerdo con el mismo dictamen y las demás pruebas recaudadas, cuando
la paciente arribó a este centro asistencial, se le diagnosticó ruptura
uterina severa y óbito fetal intrauterino, por lo que era necesario
practicarle la histerectomía y salpingoforectomia bilateral, procedimientos
que se ajustan al protocolo médico.
1.2.2. La parte actora informó que contra la anterior providencia interpuso
el recurso de apelación y mediante fallo del 7 de septiembre de 2022, el
Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó, al considerar que no estaba
demostrada la falla en el servicio ni la relación de causalidad entre el daño
y la actividad desplegada los demandados, porque: (i) si bien el informe
pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
indicaba que en el Centro de Salud de Solita, adscrito al Hospital Fabio
Jaramillo Londoño E.S.E., se le suministró una dosis inadecuada de
oxitocina y se le practicó la maniobra de Kristeller, lo cierto es que no
quedó acreditado que los daños padecidos por la paciente hubieran sido
consecuencia de esas fallas; (ii) el trabajo de parto había iniciado cuatro
horas antes, cuando la paciente se encontraba en el corregimiento de
Mayoyoque, sin que se hubiese logrado el descenso del feto, razón por la
cual estaba justificada la inducción al parto; (iii) debido a lo prolongado
que fue el trabajo de parto, no era posible establecer con certeza en qué
momento se había presentado la ruptura uterina, que a su vez generó el
óbito fetal, máxime cuando allí el feto ya se encontraba taquicárdico, y
(iv) antes de la aplicación de la oxitocina la paciente presentaba una
actividad uterina irregular, por lo que el daño no podía asociarse a ese
medicamento.
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1.3. Los demandantes alegan en la tutela que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto fáctico porque no valoraron en
conjunto las pruebas allegas al proceso, no especificaron el método de
valoración utilizado, se limitaron a dar por ciertos los argumentos de las
entidades demandadas y trasladaron la carga de la prueba a la parte
actora.
1.3.1. En concreto, señalaron que, de acuerdo con la información que
reposaba en la historia clínica: (i) el personal médico y asistencial no tuvo
en cuenta que la paciente debía ser canalizada de forma inmediata y que
debía brindársele una adecuada hidratación, tal y como lo señala la norma
técnica para la atención del parto; (ii) el centro hospitalario —no
especificaron cuál— omitió el diligenciamiento del partograma, con el que
se pudo haber detectado cualquier situación anómala; (iii) como lo indicó
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la paciente
se le suministró una dosis inadecuada de oxitocina, la cual puede generar
efectos adversos como hiperdinamia uterina, ruptura uterina,
desprendimiento de placenta y estado fetal no tranquilizador; (iv) de
acuerdo con el anterior informe pericial, la maniobra de Kristeller que se
le practicó, está totalmente proscrita según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y (v) en el proceso sí quedó
demostrado en qué momento de la atención se presentó la ruptura
uterina, pues cuando la paciente ingresó al Centro de Salud de Solita, no
presentaba tal lesión, tanto así que la dilatación del cuello uterino se
encontraba dentro de los parámetros normales y no se observaba
sangrado notable ni ningún otro síntoma que hubiera alarmado al
personal de salud.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y el Tribunal
Administrativo de Caquetá, demandados en esta acción de tutela, y el
Centro de Salud de Valparaíso, el Hospital María Inmaculada de Florencia
E.S.E., el Instituto Departamental de Salud de Caquetá y La Previsora S.A.,
vinculados como terceros con interés, guardaron silencio.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B estudió el fondo del asunto y denegó el amparo
solicitado al evidenciar que el tribunal demandado había estudiado de
manera razonable los argumentos de la demanda y las pruebas recaudadas,
para concluir que no se había demostrado el nexo causal entre el daño
sufrido por la señora Bustamante Mendosa y la falla consistente en la
realización de la maniobra de Kristeller y en el exceso en la dosis de
oxitocina, pues no había certeza sobre el momento y lugar en el que se
presentó la ruptura uterina que generó el óbito fetal, la cual pudo producirse
por diferentes factores, entre estos, el trabajo de parto prolongado que
inició en el Centro de Salud de Mayoyoque y se extendió por cuatro horas.
De otra parte, advirtió que el tribunal omitió válidamente estudiar los
argumentos relacionados con la falta de canalización e hidratación de la
paciente y la omisión en el diligenciamiento del partograma, pues estos solo
habían sido esgrimidos en la apelación.
IV. IMPUGNACIÓN
Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia y reiteraron
los argumentos de la solicitud de amparo.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
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5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa, Alonso y Mariela
Bustamante Mendoza, Alonso Bustamante Rivera y Teresa Mendoza
Patiño interpusieron demanda de reparación directa contra el Centro de
Salud del municipio de Valparaíso, el Hospital María Inmaculada de
Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental de Salud de Caquetá, con el
fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las
intervenciones médicas que le practicaron a la señora Bellanid Bustamante
Mendosa el 24 de agosto de 2008, cuando se presentó con dolores de parto
y concluyó con un óbito fetal y se le realizó una histerectomía.
5.2.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentencia
del 7 de noviembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se había acreditado el nexo de causalidad entre el daño
y la actividad de los centros asistenciales demandados. Los demandantes
apelaron la anterior decisión y, mediante fallo del 7 de septiembre de
2022, el Tribunal Administrativo de Caquetá la confirmó, básicamente por
las mismas razones.
5.2.3. Los señores Bellanid Bustamante Mendosa, Alonso Bustamante
Mendoza, Mariela Bustamante Mendoza y Teresa Mendoza Patiño
interpusieron acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales por las anteriores providencias.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
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5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte Constitucional hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a “la reparación integral”, que
estimaron vulnerados con ocasión de las sentencias del 7 de noviembre
de 2019, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, y del
7 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caquetá, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa promovida contra el Centro de Salud del municipio de Valparaíso, el
Hospital María Inmaculada de Florencia E.S.E. y el Instituto Departamental
de Salud de Caquetá, proceso que se tramitó bajo el radicado 18001-33-
31-002-2008-00578-01.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute cumple con este requisito, para
luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 2019, el alto tribunal5 explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional
La Sala analizará inicialmente si en este asunto se cumple con el primero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales. En la
sentencia SU-573 de 2019, la Corte explicó que el elemento de la
relevancia tiene el siguiente alcance:
“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La
Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación
del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes’ […]”. [Se destaca].
De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que
el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere
significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál
es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por
los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 20217, SU-103 de 20228, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.
En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
7
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20189, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].
El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental,
evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia
constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la
9
M.P. Carlos Bernal Pulido.
11
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vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los
cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos
fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.
Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la
relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se
funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la
sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”10
y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así11:
“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para
que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin
las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por
otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula
según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella
parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los
10
Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
11
Ibidem.
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Accionante: Bellanid Bustamante Mendosa y otros
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”12.
5.3.1.4. La instancia adicional
La Sala analizará también si en este asunto se cumple con el tercero de
los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.
12
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
13
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
13
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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
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proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
5.3.2.1. Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el primer criterio de la
relevancia constitucional supone que el debate planteado gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y, en esa
medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique cuáles
son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales considera que la sentencia atacada los vulnera,
para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el
desconocimiento de su núcleo esencial o, en otras palabras, si está siendo
afectado el contenido de un derecho.
En el asunto bajo examen, la parte actora invocó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la “reparación integral”.
La Sala advierte que la reparación integral no es un derecho fundamental,
sino un principio, estipulado en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y
283 del Código General del Proceso (CGP), que sido reconocido por la
jurisprudencia como un derecho fundamental cuando se trata de asuntos
de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario14, escenario que no corresponde al objeto de
debate en el presente asunto. En consecuencia, la Sala no realizará
ningún análisis particular en relación con estos alegatos de la tutela.
Así las cosas, la Sala contraerá el análisis del asunto al contenido o el
núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso invocado por
la parte actora, dado que, de advertirse prima facie su afectación en su
faceta constitucional, se derivaría que el asunto sí es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.
14
Sentencias C-753 de 2013 y C-344 de 2017.
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Ahora bien, en la citada sentencia SU-103 de 202215, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar el requisito de relevancia en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia, explicó:
“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó la
Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer escenario,
esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una supuesta vulneración
del derecho al debido proceso en su faceta constitucional, supone un
desconocimiento de sus elementos esenciales, tales como el derecho al
juez natural, el derecho a presentar y controvertir las pruebas, el
derecho de defensa, el principio de legalidad, el derecho a la publicidad
del proceso y de la decisión judicial, el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez o el derecho de defensa. De igual forma, el
escenario en la cual la acción de tutela pretende demostrar una violación
al derecho al acceso a la administración de justicia, supone una
vulneración algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el
acceso de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas
para el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la
decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser
ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que ‘el acceso a la justicia se
integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que
su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin
que se garantice adecuadamente dicho acceso’.
113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia constitucional,
no es suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la
administración de justicia o del debido proceso con fundamento en una
simple relación de los hechos del caso con aquellos, sino que se exige
demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada
sobre alguno(s) de sus elementos. En la mencionada sentencia T-131 de
2021, la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela por, entre
otras cosas, no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Constató que la tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso del accionante en su faceta
constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente
económica, consistente en la inconformidad la actora con el laudo arbitral
emitido en su contra […]”. [Se destaca].
En un pronunciamiento anterior, específicamente la sentencia SU-128 de
2021, el alto tribunal constitucional explicó, con fundamento en el fallo
SU-573 de 2019, lo siguiente frente al derecho fundamental al debido
proceso y al requisito de relevancia constitucional:
15
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16
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“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019 esta
corporación determinó que ‘la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación
con aquel’. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para
entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional […]” [Se destaca].
De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 y SU-215 ambas de 2022, no se cumple la exigencia de
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales, sin sustentar de manera
precisa las razones por las cuales estima que la decisión judicial atacada
los afectó, pues, en criterio de la Corte, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos”16, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los
derechos al debido proceso o de acceso efectivo a la administración de
justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia atacada
en la acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
16
Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
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juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”17.
En este caso, la solicitud de amparo expone que las decisiones
controvertidas incurrieron en defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta
las pruebas que, en su parecer, acreditaban que (i) que la señora Bellanid
Bustamante Mendosa no fue canalizada ni se le suministró la hidratación
adecuada; (ii) que no se diligenció el partograma; (iii) que a la paciente
se le suministró una dosis inadecuada de oxitocina; (iv) que se le practicó
la maniobra de Kristeller, que está proscrita, y (v) en qué momento se
produjo la ruptura uterina.
Es decir que, si bien la tutela invoca el derecho fundamental al debido
proceso, en últimas se centra en reiterar la tesis sostenida en el proceso
17
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
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ordinario sobre la configuración de una falla en la prestación del servicio
médico, sin precisar cómo las autoridades judiciales demandadas habrían
infringido el núcleo esencial de dicha prerrogativa iusfundamental.
En tal sentido, más allá de señalar las conclusiones que, en su criterio, se
desprendían de las pruebas allegadas al proceso, esto es, sobre la
configuración los supuestos yerros en los que habría incurrido el personal
médico y asistencial en la atención brindada a la señora Bellanid
Bustamante Mendosa, la parte actora no planteó una nueva discusión de
índole propiamente constitucional. En otras palabras, la demanda de
tutela omite exponer la relación de los supuestos yerros en que habrían
incurrido las autoridades judiciales con la alegada vulneración del derecho
fundamental cuya protección solicitan.
De todos modos, una vez revisada la decisión judicial confutada, la Sala
no vislumbra vulneración o amenaza del núcleo esencial del derecho al
debido proceso, puesto que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se tramitó ante las autoridades judiciales
competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley, no se
pretermitió ninguna de las etapas procesales, las partes tuvieron la
oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el derecho de
contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las
providencias dictadas en el curso del proceso se fundaron en derecho.
Así las cosas, en el presente caso el requisito de relevancia constitucional
no concurre, pues la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
los motivos por los cuales las providencias que cuestiona afectan la faceta
constitucional del derecho fundamental invocado. Es decir que, si bien
alegó la vulneración del debido proceso, no propuso en torno a ello una
discusión de índole constitucional. Además, de lo expuesto no se advierte
prima facie que, en este caso, el fallo atacado comprometa o involucre el
contenido de un derecho fundamental.
En suma, el primer criterio que se estudia, consistente en restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
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que afecten los derechos fundamentales, no se cumple en este caso,
comoquiera que la tutela no involucra un debate jurídico en torno al
contenido, alcance y goce de uno de tales derechos. Y en todo caso,
tampoco se advierte prima facie la transgresión de estas prerrogativas en
su faceta constitucional, esto es, en los elementos que componen el
núcleo esencial de cada una.
5.3.2.2. En cuanto al tercer criterio de la relevancia constitucional, el cual
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces, la Sala
recuerda que las inconformidades planteadas en la tutela giran en torno
a la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales
demandadas, sobre los aspectos ya reseñados.
Así las cosas, para la Sala es evidente que los demandantes en la tutela
simplemente reiteran el debate que ya se agotó en el proceso ordinario
en relación con la imputabilidad a la administración del daño sufrido por
la señora Bellanid Bustamante Mendosa. En tal sentido, si bien alegan que
se configuró un defecto fáctico, se limitan a exponer sus inconformidades
frente a las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial demandada
frente al caso particular, razón por la cual es evidente que lo que
pretenden es que el juez constitucional analice nuevamente el asunto y
emita una nueva y distinta resolución sobre el particular. Dicho de otro
modo, solo buscan acceder a una instancia adicional.
Es pertinente advertir además que, como lo señaló el Tribunal
Administrativo de Caquetá en la sentencia del 7 de septiembre de 2022,
el argumento según el cual la paciente no fue canalizada ni se le brindó
la hidratación adecuada solo fue presentado por la actora en el recurso
de apelación contra el fallo de noviembre 7 de 2019 dictado por el Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia, razón por la cual no fue estudiado al
desatar la alzada. Siendo así, tampoco es posible estudiarlo en sede de
tutela como sustento del defecto fáctico y, por el contrario, lo que ello
demuestra es que los demandantes pretenden emplear este mecanismo
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excepcional de protección para adicionar los fundamentos con base en los
cuales buscaron que se declarara la responsabilidad de la administración
por una falla médica y obtener de esa forma un pronunciamiento nuevo y
distinto del que emitió el juez natural del asunto.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
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es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al primero y al tercer criterio señalado en relación con el derecho
fundamental cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, se declarará
la improcedencia del amparo.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el fallo impugnado,
que denegó el amparo solicitado, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto del derecho fundamental invocado por
la parte actora.
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Accionante: Bellanid Bustamante Mendosa y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de junio de 2023, dictada por
el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, que denegó las
pretensiones de la tutela. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo solicitado por falta del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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