Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01213-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01213-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01213-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
27 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01213-00
Demandante: Claudia Patricia Ochoa Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01213-00
Demandante: CLAUDIA PATRICIA OCHOA DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA
DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Carga mínima de argumentación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Claudia Patricia Ochoa Díaz contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 8 de marzo de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, Claudia Patricia Ochoa
Díaz solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
la seguridad social y a la igualdad que estimó vulnerados por la sentencia del 22 de
febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión.
1.2. La demandante no formuló pretensiones concretas. Sin embargo, del escrito de la
acción de tutela, se entiende que el objeto de la acción de tutela es que se deje sin
efectos la sentencia del 22 de febrero de 2023 y que se ordene a la autoridad judicial
demandada dictar una sentencia de reemplazo.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Entre el 2 de agosto de 2010 y el 11 de diciembre de 2015, la señora Claudia
Patricia Ochoa Díaz suscribió y ejecutó contratos con el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- para la prestación de servicios como formador profesional y
tecnológico en distintas áreas del saber en la regional Antioquia, Centro Multisectorial
Urabá.
2.2. El SENA, Regional Antioquia, Centro Multisectorial Urabá, mediante Oficio No. 2-
2017000592 del 8 de agosto de 2017, denegó a la señora Claudia Patricia Ochoa Diaz
el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de acreencias
laborales.
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Claudia Patricia Ochoa Díaz
2.3. La señora Claudia Patricia Ochoa Díaz presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el SENA, con el objeto de obtener la nulidad del
Oficio No. 2-2017000592 del 8 de agosto de 2017. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se reconociera la existencia de una verdadera relación de trabajo
y que se condenara a la entidad demandada al reconocimiento y pago de los
emolumentos y prestaciones laborales causados por el periodo comprendido entre el
2 de agosto de 2010 y el 11 de diciembre de 2015.
2.4. La demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Turbo, que, por
sentencia del 24 de julio de 2020, declaró la prescripción de los derechos
prestacionales derivados de los contratos comprendidos entre el 2 de agosto de 2010
y el 12 de diciembre de 2013; declaró la existencia de una relación de trabajo en el
periodo comprendido entre el 22 de enero de 2014 y el 11 de diciembre de 2015,
porque encontró probados los elementos de una relación de trabajo (prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación), y ordenó al SENA reconocer y
pagar en favor de la demandante los mismos emolumentos y prestaciones laborales
que la entidad reconoce a los empleados de planta.
2.5. Inconforme con la decisión, el SENA interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por sentencia del 22 de febrero de 2023 (notificada en la
misma fecha), la revocó y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
2.5.1. El tribunal encontró acreditados los elementos de prestación personal del
servicio, remuneración y el carácter permanente de la contratación. Sin embargo, no
ocurrió lo mismo con el requisito de subordinación, pues, según el tribunal, la
presentación de informes durante la ejecución de contratos no podía, por sí solo,
considerarse como un elemento de la subordinación, habida cuenta de que hacen
parte del contrato de prestación de servicios. Que, además, no estaba acreditada la
imposición de un horario de trabajo o la imposición de una jornada laboral, que
tampoco existía prueba de requerimientos, llamados de atención o directrices que
sobrepasaran la coordinación propia de los contratos de prestación de servicios.
2.6. Uno de los magistrados que integró la sala de decisión salvó voto. Precisó que
difería de la posición mayoritaria adoptada en la sentencia, porque, a su juicio, se
encontraba acreditada la subordinación, en la medida en que el hecho de desarrollar
actividades como instructora denota sujeción y dependencia de quien desarrolla esa
labor y, por lo tanto, se presume la subordinación.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora empezó por hacer un resumen de contenido de las sentencias de
primera y segunda instancia dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 05837333300120170099200. También resumió el salvamento
de voto de la decisión de segunda instancia y manifestó que coincidía con los
argumentos ahí expuestos.
3.2. Luego, dijo que “Con todo lo anterior, considero vulnerados mis derechos pues el
despacho desvirtúo lo probado y pasó por alto las condiciones laborales en las que me
desempeñé.
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3.3. Seguidamente, citó y transcribió los artículos 86 y 13 de la Constitución Política,
pero no explicó de qué manera la autoridad judicial demandada afectó el derecho a la
igualdad.
3.4. Finalmente, explicó la diferencia entre un contrato de prestación de servicios y un
contrato de trabajo; citó la sentencia del 13 de mayo de 2015, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso 68001-23-31-000-2009-00636-01, y
concluyó que “es claro que, en este caso en particular, en la realidad se dio un verdadero
contrato de trabajo, por ende, es procedente todas las pretensiones de la demanda”.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 13 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
Adicionalmente, vinculó como tercero con interés, al director del Servicio Nacional de
Aprendizaje.
4.1.1. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 29 de marzo
de 20232.
5. Intervenciones
5.1. El director encargado del SENA, Regional Antioquia, pidió que se denegara la
solicitud de amparo. Expuso que la providencia del 22 de febrero de 2023, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, no vulneró los derechos fundamentales de la
demandante. Que, de hecho, la decisión cuestionada fue razonable y estuvo
debidamente motivada.
5.2. El Juzgado Primero Administrativo de Turbo se limitó a remitir el expediente
digital del proceso de reparación directa, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunciaron,
pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República3. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar,
están los requisitos generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por
lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos
2 Índice 7 de Samai
3 Sentencia C-543 de 1992.
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requisitos fueron fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia
constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir
directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione
un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico4, defecto sustantivo5,
procedimental6, fáctico7, error inducido8, decisión sin motivación9, desconocimiento del
precedente judicial10 o violación directa de la Constitución11.
1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los
requisitos específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin
efectos una decisión judicial.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera preliminar y previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto,
la Sala verificará si la tutela cumple el requisito de carga mínima de argumentación.
De encontrarse cumplido ese requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los
términos propuestos en la demanda de tutela.
Sobre la carga mínima de argumentación en materia de tutela
2.2. El artículo 1° del Decreto 2591 de 199112 establece que el procedimiento de la
acción de tutela es preferente y sumario. Es decir, la acción de tutela se rige por el
principio de informalidad, en cuanto busca que no existan rigurosas formalidades que
suspendan o paralicen el procedimiento. Se trata, entonces, de un procedimiento
especial con reglas de interpretación y aplicación diferentes a las establecidas para los
procedimientos comunes u ordinarios.
2.2.1. Justamente por la informalidad que caracteriza a la tutela, el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la solicitud de amparo únicamente debe contener
i) la explicación, con la mayor claridad posible, de la acción o la omisión que motiva la
acción de tutela; ii) el derecho fundamental que se considera amenazado o vulnerado;
iii) el nombre de la autoridad u órgano autor del agravio, y iv) la descripción de las
demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También establece que «no
será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine
claramente el derecho violado o amenazado».
4 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de
2018, SU-041 de 2018.
5 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de
2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
6 Sentencia SU-061 de 2018.
7 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
8 Sentencia SU-261 de 2021.
9 Sentencia SU-489 de 2016.
10 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
11 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
12 Artículo 1º-Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela (…).
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2.2.2. En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la
solicitud de amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y
sustentar alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que
ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas
por el Consejo de Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es
que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considere que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
2.2.3. La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el
interesado tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que
tal exigencia «es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente,
sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos».
2.2.4. Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en
que el interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de
diligencia que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación
de hecho que motivó la solicitud de protección»13.
2.2.5. En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó
que «es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los
hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de
argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional».
2.2.6. Incluso, esta Sala es de la tesis de que el asunto carece de relevancia
constitucional cuando el interesado no cumple con la carga mínima de argumentación
que permita conocer las razones por las que se presenta la acción de tutela 14. Lo
anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para
ilustrar al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así
poder tomar decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.
Análisis de la carga mínima de argumentación en el caso concreto
2.3. Como se expuso en el acápite de argumentos de la acción de tutela, la parte actora
se limitó a hacer un recuento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e
hizo alusión a los elementos de la relación de trabajo. Seguidamente, concluyó que en
su caso en realidad existió un contrato de trabajo y se debió acceder a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3.1. Por resultar relevante, la Sala se permite transcribir, in extenso, lo expuesto en
la demanda de tutela:
13 Sentencia C-483 de 2008.
14 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias del 11 de febrero de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2020-05131-00, y recientemente, sentenciasl del 16 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00027-
00 y del 16 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-00514-00.
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5. Con todo lo anterior, considero vulnerados mis derechos pues el despacho desvirtuó lo
probado y pasó por alto las condiciones laborales en las que me desempeñé́ , olvidando además
lo ya establecido en la ley y los pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional.
Para dar sustento a mi petición, relacionaré algunos sustentos normativos que considero deben
ser tomados en cuenta para decidir, en virtud de los derechos fundamentales y acogiéndome a
la realidad tanto personal como normativa, prevaleciendo entonces la realidad sobre las formas
en el caso discutido en tribunales.
1. En virtud a lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, “Toda
persona tendrá́ acción y tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la emisión de cualquier autoridad pública”.
2. El artículo 13 constitucional señala que en Colombia todas las personas son iguales ante la
ley y por lo tanto debenrecibir el mismo trato y las mismas garantías por parte de las autoridades
sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. Sobre el particular la Corte Constitucional ha sostenido que
el principio de igualdad es un límite a todas las decisiones que adoptan las autoridades, y por lo
general los tratos desiguales se encuentran prohibidos.
No obstante, lo anterior, cuando se trata de personas que se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta darles un trato diferencial y positivo, es no solo válido sino una obligación
del Estado, pues este no debe escatimar esfuerzos en ayudarlas a superar las barreras que
encuentran al desenvolverse en sociedad, mediante la implementación de un enfoque diferencial
que disminuya sus dificultades. Bajo este supuesto, ese trato desigual no solo es admisible sino
necesario para realizar los fines de un Estado Social de Derecho.
Por otro lado, un trato diferente otorgado a dos personas que en principio se encuentran en
igualdad de condiciones puede ser también válido si (i) persigue un objetivo razonable, (ii) no es
producto de un acto arbitrario o discriminatorio, y (iii) se trata de una medida proporcional que no
afecta otros derechos fundamentales.
3. Sobre la existencia de un contrato laboral
En la respuesta a la petición, la entidad demandada, trata de desvirtuar la relación laboral,
señalando que las partes estuvieron unidas mediante contrato de Prestación de servicios y nunca
se dio relación laboral alguna. El numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala:
“... Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así́ como los que, a título enunciativo, se definen a
continuación
(...)
4. Contrato de prestación de servicios
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta
o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable.”
De la lectura de lo anterior, queda claro que el contrato de prestación de servicios es válido,
siempre y cuando sean celebrados con personas naturales cuando la actividad contratada no
pueda celebrarse con personal de planta, o requieran conocimiento especializado; sin que ello
implique que se dejen de lado los elementos constitutivos del contrato de trabajo establecidos en
el artículo 23 del CST, ellos son, la subordinación, la prestación personal del servicio y la
remuneración, pues en caso de que se acredite la existencia de uno de estos elementos, entraría
a desconfigurarse el contrato de prestación de servicios con base en el principio constitucional
de la primacía de la realidad sobre las formas, tal y como lo señaló́ la Corte Constitucional en
sentencia C154 de 1997, al señalar:
“... Desde luego que si se demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal
subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón de la función desarrollada, lo que da
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lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al derecho al pago
de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante...”.
Y sobre el contrato realidad y su naturaleza, en Sentencia, del 13 de mayo de 2015. Con ponencia
de la H. Consejera DRA. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, el H Consejo de estado SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B ( REF:
EXPEDIENTE No. 680012331000200900636 01), señaló́ :
“...Contrato realidad y desarrollo jurisprudencial. -
El tema del contrato realidad ha generado importantes debates judiciales. Uno de ellos se dio con ocasión
del examen de exequibilidad que realizó la Corte Constitucional al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, que establece la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del
sector público. Después de realizar precisiones constitucionales en materia de contratación estatal, de
definir las características del contrato de prestación de servicios y de establecer las diferencias con el
contrato de trabajo, la Corte estableció́ que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, salvo
que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada1.
De otro lado, esta Corporación, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres
elementos propios de una relación de trabajo, como son i) la prestación personal del servicio, ii) la
remuneración y en especial, iii) la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador; para
que pueda reconocerse el vínculo laboral entre las partes, desvirtuando así́ la existencia de un contrato
realidad2.3
Así́ las cosas, se concluye que, para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los
tres elementos referidos, pero especialmente, que el contratista desempeñó una función en las mismas
condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando
de esta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria
relación de coordinación entre las partes contractuales.
Por el contrario, existirá́ una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993, cuando: a) se pacte la
prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública; b) el
contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; c) se le paguen honorarios por los
servicios prestados; y, d) la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran
conocimientos especializados. Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de
servicios, vale la pena indicar que debe ser entendida a aquellos casos en los que la entidad pública
contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente
exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se
contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas
funciones que, de manera permanente, se asignan a los demás servidores públicos.
Así́ las cosas, es claro que, en este caso en particular, en la realidad se dio un verdadero contrato
de trabajo, por ende, es procedente todas las pretensiones de la demanda.
2.3.2. Como se ve, la demandante hizo afirmaciones generales sobre el contrato
realidad y los elementos que lo configuran, pero no expuso las razones por las que
considera que la providencia del 22 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, vulneró los derechos
fundamentales invocados, cuando concluyó que no se demostró el elemento de la
subordinación. No puso de presente algún error ni la falta de razonabilidad de la
decisión de denegar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho frente a los postulados básicos constitucionales.
2.3.3. Tampoco es posible identificar o inferir los motivos concretos por los que la
decisión de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho resulte irrazonable o contraria a los derechos fundamentales de la actora. Si
bien la actora alude al salvamento de voto de la decisión de segunda instancia, lo cierto
es que no puede tenerse en cuenta para analizar de fondo el asunto. Las aclaraciones
y los salvamentos son un derecho de los magistrados que discrepan de la decisión. Se
trata de documentos en los que se exponen las posiciones jurídicas de los magistrados
disidentes, pero que no pueden utilizarse para refutarse las decisiones de la
mayoritaria.
2.3.4. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre lo pretendido por la parte demandante. Por tanto, la
Sala declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por Claudia Patricia
Ochoa Díaz.
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Demandante: Claudia Patricia Ochoa Díaz
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Claudia
Patricia Ochoa Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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