Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01217-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01217-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01217-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01217-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
27 de abril de 2023
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Demandante: MARÍA CLAUDIA CAÑIZARES ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTRO
Tema: Tutela contra acto administrativo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
María Claudia Cañizares Rojas, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
–, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del numeral 2.º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora María Claudia Cañizares Rojas, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social, al
debido proceso y a la protección especial a las personas en situación de
discapacidad.
1 La demanda se presentó el 7 de febrero de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la decisión de la entidad demandada de no en reconocer y pagar la
pensión de sobreviviente a la señora Cañizares Rojas en atención a su condición
de discapacidad, invalidez y dependencia económica de su padre, el señor Hugo
Cañizares Berbeo.
En consecuencia, la demandante pretende:
“Con base en lo anterior, respetuosamente solicito a su Señoría, tutelar los
derechos fundamentales a la dignidad humana (art. 1 CP), a la salud (art. 49
CP), a la vida (art. 11 CP) al mínimo vital (at. 53 CP), a los derechos de las
personas en situación de discapacidad (art. 47 CP), a la seguridad social (art.
48 CP) y al debido proceso administrativo (art. 29 CP), de María Claudia
Cañizares Rojas y, como consecuencia de ello, se ordene a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
social -UGPP- reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a que tiene
derecho, así como el retroactivo pensional causado desde el momento en que
debió reconocérsele el derecho a tal prestación. Es decir, todas las mesadas
que no hubiesen prescrito.” 2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Explicó que actualmente tiene 57 años y desde el 18 de marzo de 2005 fue
calificada con una pérdida de capacidad laboral del 65,05% certificado por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, debido a que
sufre de una enfermedad autoinmune denominada “miastenia gravis severa clase
funcional IV con compromiso neuromuscular bulbar y respiratorio”, la cual padece
hace más de 20 años y que ha ocasionado un deterioro continuo y progresivo de
su salud física y mental.
Sostuvo que, con ocasión a la enfermedad que padece sufre de hipoplasia medular
y enfermedad pulmonar intersticial, por lo que es oxígeno dependiente, requiere
de transfusiones sanguíneas constantes y utiliza permanentemente un dispositivo
neuro estimulador de las raíces sacras ya que no controla esfínteres.
Mencionó que actualmente se encuentra postrada en cama y su atención y cuidado
depende de terceros.
Aclaró que, si bien estuvo casada con el señor Camilo Gómez Bernal desde el 22
de marzo de 1991, este vínculo cesó el 28 de abril de 2000, fecha en la cual el
2 Se transcribe literalmente.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Juzgado 21 de Familia del Circuito Judicial de Bogotá decretó la cesación de los
efectos civiles del matrimonio católico.
Alegó que con la terminación de su matrimonio y después del diagnóstico de la
enfermedad autoinmune que padece, no era posible que garantizara, por ella
misma, su mínimo vital y, por tanto, desde el año 2002 regresó a vivir con sus
padres y dependía completamente de su progenitor, el señor Hugo Cañizares
Berbeo, quien se encargaba de suplir todas sus necesidades físicas, médicas y
económicas.
Señaló que en abril de 2008 el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir reconoció
a su favor una pensión de invalidez por valor de un salario mínimo legal mensual
vigente, ingreso que se destina exclusivamente a pagar su salud, tanto la EPS
como la medicina prepagada, y continuó bajo el amparo del señor Cañizares
Berbeo.
Adujo que su padre falleció el 8 de junio de 2019 y hasta ese momento dependía
económicamente de él.
Aclaró que, si bien su lugar de habitación era la ciudad de Bogotá, por instrucciones
médicas ella y su padre se trasladaron a la ciudad de Santa Marta donde
arrendaron un apartamento, canon que, desde la muerte de su padre, no ha podido
cancelar y ya le fue solicitado que haga entrega del inmueble.
Añadió que la muerte de su padre la ha dejado sola y desprotegida por lo que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, entidad que negó su reconocimiento con fundamento
en el vínculo matrimonial que sostuvo con el señor Gómez Bernal y que este le
debe alimentos, pese a que su relación terminó antes de que fuera diagnosticada
y perdiera su capacidad laboral.
Sostuvo que, después de presentar los recursos correspondientes ante la UGPP y
que la entidad confirmara la decisión de negar la sustitución pensional, interpuso
demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales y el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, así como el pago retroactivo correspondiente.
Precisó que el proceso lo adelantó el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial
de Santa Marta, autoridad que, el 20 de febrero de 2020, negó por improcedente
la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de la subsidiariedad ya que
contaba con otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus
garantías constitucionales, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Santa Marta con sentencia del 30 de marzo de 2020.
Señaló que, a través de apoderada judicial, el 19 de agosto de 2020, interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto administrativo que negó la sustitución pensional, demanda
que fue remitida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con providencia del 9
de junio de 20213.
Mencionó que, pese a haberse interpuesto el medio control su estado de salud se
ha agravado y su situación no puede esperar a que se resuelva de manera
definitiva.
Añadió que actualmente sobrevive de recursos donados o prestados por amigos,
lo que le causa empobrecimiento y endeudamiento al punto de que su
alimentación, vivienda, movilidad depende de la caridad de terceros, lo que hace
su vida indigna y torna más gravosa su situación de salud.
3. Sustento de la vulneración
Señaló que, en principio, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución
que negó la sustitución pensional, pero se acude a esta acción para evitar que
continúe presentándose un perjuicio irremediable ante la falta de idoneidad del
mismo, toda vez que no es posible asegurar la protección apremiante, inmediata y
urgente de los derechos fundamentales con la decisión de negar la pensión de
sobreviviente.
Expuso que, tal y como se advirtió en los hechos, sufre de una enfermedad ruinosa,
grave, crónica, degenerativa y autoinmune y que se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta que empeora con el paso del tiempo y que le impide seguir
esperando las resultas del proceso contencioso administrativo, el cual lleva más
de dos años y aún no se ha dictado sentencia de primera instancia.
Añadió que dada la inminencia y la urgencia de la protección es claro que en el
caso en estudio se presenta un perjuicio irremediable, el cual se demuestra con
una amenaza cierta, directa, evidente y grave de sus derechos fundamentales
porque su estado de salud es muy delicado, tal y como se desprende del certificado
médico expedido por su doctor donde consta el diagnóstico y la fase avanzada en
la que se encuentra.
3
El número de radicado asignada a la demanda en trámite ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca es 2500023420002021005050
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Precisó que su situación es irremediable porque no cuenta con condiciones de vida
a acorde a sus necesidades y a su deterioro constante.
Sostuvo que, igualmente, es inminente la protección de los derechos
fundamentales toda vez que su vida se encuentra en riesgo y en cualquier
momento podría fallecer como consecuencia de sus condiciones económicas
desfavorables, las cuales le impiden solventar sus necesidades mínimas vitales.
Señaló que la intervención del juez constitucional es necesaria porque el medio de
control con el que cuenta no es eficaz e idóneo, esto demostrado en que han
pasado más de un año sin que avance el trámite judicial.
Reiteró que la acción de tutela es procedente de manera directa y definitiva porque
el mecanismo judicial ordinario no es idóneo, se encuentra en un estado de
indefensión inminente y no es capaz de resistir la situación de riesgo en la que se
encuentra, de tal forma que pueda satisfacer sus necesidades básicas hasta tanto
se agote la vía judicial contencioso administrativa.
Manifestó que de su situación particular se puede inferir razonablemente que
carece de la posibilidad de resistir la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que
se encuentra y, por tanto, la acción de tutela es procedente, además, porque se
trata de una persona con discapacidad, sujeto de especial protección por sus
condiciones de salud como consecuencia de sus padecimientos.
Añadió que en el caso en estudio no se presenta la figura de la temeridad pues si
bien en el año 2020 se interpuso una acción de tutela por los mismos supuestos
fácticos y con identidad de partes, existen dos hechos nuevos que justifican la
presentación de este mecanismo constitucional, puesto que se inició el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho pero este lleva más de 2 años en
curso y no se ha dictado sentencia de primera instancia y que su situación de salud
se ha agravado.
Indicó que los presupuestos de la ley para ser beneficiario de la pensión de
sobreviviente se encuentran cumplidos y demostrados puesto que está acreditado
que es hija del pensionado, inválida y que dependía económicamente de este.
Precisó que la pensión de sobreviviente y de invalidez sí son compatibles toda vez
que se trata de eventos diversos y de aportes al sistema general de seguridad
social provenientes de objetos distintos.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Inicialmente, el trámite le correspondió al Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Judicial de Bogotá, despacho que negó las pretensiones de la demanda mediante
sentencia el 17 de febrero de 2023.
Una vez se interpuso la impugnación, el proceso fue remitido al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que declaró la nulidad de todo lo
actuado con providencia del 7 de marzo de 2023 al considerar que era necesaria
la vinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, esto sin perjuicio de las pruebas practicadas.
En atención a esta decisión, el juzgado de primera instancia ordenó la remisión del
proceso al Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 333
de 2021.
Una vez realizado el correspondiente reparto, se asignó el expediente al despacho
sustanciador y, mediante auto del 15 de marzo de 2023, se admitió la solicitud de
tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y al representante legal de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
Además, se ordenó la vinculación de la señora Rosa Gabriela Perea Toro, ya que
en el informe rendido por la UGPP se explicó que dentro del trámite que se
adelanta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se evidenció un conflicto
entre otra posible beneficiaria de la pensión de sobreviviente, esto es, la señora
Perea Toro.
5. Argumentos de defensa e intervenciones
5.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP rindió el informe solicitado
en los siguientes términos:
Manifestó que mediante la Resolución 7960 de 1996 se reconoció la pensión de
vejez al señor Hugo Cañizares Berbeo y con acto administrativo 29941 del 4 de
octubre de 2019 se resolvió negar la pensión de sobreviviente a la señora
Cañizares Rojas, decisión que fue confirmada con las Resoluciones 34140 del 14
de noviembre de 2019 y 37230 del 9 de diciembre del mismo año.
Añadió que la demandante ya había interpuesto dos demandas en ejercicio de la
acción de tutela por los mismos hechos expuestos en este proceso, la primera
identificada con el radicado 2020-00021, la cual fue negada por improcedente con
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y, la segunda,
con número de expediente 11001 -03-15-000-2021-02295-00, la cual fue negada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En atención a
lo expuesto, se presenta la figura de la temeridad.
Señaló que no ha causado vulneración alguna de los derechos fundamentales y
que lo pretendido por la parte actora es sustituir una decisión judicial ejecutoriada
debidamente proferida por otros jueces de tutela.
Advirtió que, actualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F adelanta el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto por la señora Cañizares Rojas conta la
UGPP con el fin de que se declare la nulidad de los actos con los cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente y con la demanda iniciada
en ejercicio de la acción de tutela busca desconocer el proceso ordinario en el que
se está dirimiendo, no solo el derecho que posiblemente ostenta sino un conflicto
que existe con otra posible beneficiaria de dicha prestación, esto es, la señora
Rosa Gabriela Perea Toro.
Explicó que, bajo ese contexto, no puede usarse la acción de tutela para otorgar
un derecho pensional a la demandante, cuando para declarar su procedencia
existe un proceso judicial en trámite y con desconocimiento de los derechos de
terceros.
Alegó que, al descender al caso en concreto, existen dos circunstancias que
impiden que la señora Cañizares Rojas sea reconocida la pensión de
sobreviviente, esto es, que es beneficiaria de una pensión de invalidez con lo cual
se demuestra que no era dependiente económicamente del señor Hugo Cañizares
Berbeo y debido a un matrimonio que tuvo la demandante por lo que claramente
se acredita que está legalmente emancipada y podría acudir a su excónyuge para
exigir alimentos.
Precisó que la actora se encuentra afiliada al régimen contributivo como cotizante
en la EPS Sanitas y con esto se presume que sus demás necesidades básicas se
encuentran satisfechas.
Sostuvo que no se demostró el perjuicio irremediable el cual permita establecer la
procedencia de la acción de tutela y el mecanismo se torna improcedente y solicitó
que así se declare.
Manifestó que el medio de protección de derecho fundamentales no es la vía
adecuada para reclamar prestaciones económicas y menos cuando ya se ha hecho
uso de los medios judiciales ordinarios previstos por el legislador para analizar y
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
decidir sobre este tipo de pretensiones.
5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
El magistrado ponente del proceso radicado por la señora Cañizares Rojas en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rindió el
informe solicitado en los siguientes términos:
Expuso que la demanda fue radicada inicialmente ante el Tribunal Administrativo
del Magdalena, autoridad judicial que mediante auto del 20 de noviembre de 2020
admitió la demanda y al resolver las excepciones propuestas por la UGPP encontró
que no era competente por factor territorial y ordenó remitir el proceso al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Añadió que el expediente fue asignado a su despacho el 13 de julio de 2021 y el 8
de noviembre de esa anualidad se admitió y se ordenó notificar a la UGPP, al
Ministerio Público y a la señora Rosa Gabriela Perea Toro.
Aclaró que el 15 de marzo de 2023 se fijó fecha y hora para la realización de la
audiencia inicial que se programó para el 29 del mismo mes y año.
Sostuvo que se ha cumplido a cabalidad con el orden y prelación de turnos para
adoptar decisiones judiciales y que el despacho tiene a su cargo múltiples procesos
en los que fungen como demandantes personas en las mismas condiciones que la
actora, esto es, en los que se deben asuntos de sustitución pensional y de
invalidez.
Indicó que el proceso ordinario se ha adelantado con la celeridad necesaria y de
acuerdo con las condiciones particulares, sin embargo, no es posible desconocer
la situación particular de la notificación de la señora Rosa Gabriela Perea Toro para
su correcta comparecencia al trámite judicial.
Señaló que en el caso en estudio no ha existido mora judicial en el desarrollo del
proceso contencioso administrativo.
5.3. Rosa Gabriela Perea Toro
Pese a haber sido debidamente notificada guardó silencio4.
4 Notificación que se pueden verificar en el índice 13 del siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150
00202301217001100103
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19915 y el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20156, modificado por el Decreto 333 del
6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar, inicialmente, si en el
caso en estudio se presenta el fenómeno de la temeridad. Si la Sala concluye que
no existen elementos para declararla, deberá estudiarse si hay lugar a amparar los
derechos fundamentales invocados con ocasión de la decisión de la UGPP de
negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) cosa juzgada
constitucional y temeridad, ii) generalidades de la acción de tutela; iii) el fondo del
asunto.
3. Temeridad
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad
en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes”.
La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así:
“1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser
diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud.”7.
El alto tribunal constitucional también ha sostenido que el juez de tutela al realizar
este estudio debe trascender el juicio meramente formal, pues no basta con que
concurran los elementos mencionados, sino que debe desvirtuarse la presunción
de buena fe en favor de la parte actora.
Por lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-027 de
2021, además, consideró:
“2.1.5. Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar
los elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela
para concluir que hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su
improcedencia. Si no que, de acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las
circunstancias actuales que rodean el caso específico.
Bajo esta línea, la Corte ha establecido algunas excepciones a los supuestos
mencionados, aun cuando se llegaren a configurar todos los elementos de la
triple identidad. Estos son:
(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe.
(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho.
(iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante.
(iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción
7Sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo
Schlesinger.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.”
Esta Sala de Decisión8 ha precisado que la actuación temeraria tiene una relación
directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de
la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra temerariamente se vulnera
este principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor
instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y como
la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia
mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos
y de los derechos en que éstas se fundan9.
En el caso en estudio, la UGPP indicó que la demandante interpuso la presente
acción de tutela de manera temeraria, puesto que ya había presentado dos
acciones constitucionales con el mismo propósito, las cuales fueron radicadas con
los números 47001315300220200002100 y 11001-03-15-000-2021-02295-00.
La Sala considera necesario determinar si en el caso en estudio se presentan los
fenómenos de cosa juzgada y de temeridad, previo a decidir sobre el fondo del
asunto.
a. Respecto de la acción de tutela con radicado 47001315300220200002100/01
adelantada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de Santa Marta
y el Tribunal Superior de Santa Marta:
Si bien, aparentemente, existe identidad de partes, hechos y pretensiones entre la
tutela 2020-00021 y la que es objeto de este pronunciamiento, para la Sala no se
configura el fenómeno de la temeridad porque la demandante puso en
conocimiento de la existencia del otro trámite judicial y alegó la ocurrencia de dos
hechos nuevos que sustentan la interposición de la nueva demanda, esto es, que
ya inició el trámite judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa para
obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente y que su salud, con el paso del tiempo ha
empeorado.
En consecuencia, para este juez constitucional lo expuesto por la señora Cañizares
Rojas se enmarca en las excepciones a la actuación temeraria desarrolladas en
reiterada jurisprudencia constitucional, en particular, la que se refiere a la
existencia de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición
8 Sentencia del 23 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00813-00, con ponencia
de la Dra. Rocío Araújo Oñate.
9 Posición que ha sido adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308
y T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
de la primera demanda.
b. Frente a la acción de tutela con radicado número
11001031500020210229500 adelantada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado:
Al revisar la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se pudo constatar que la demanda estaba encaminada a que
se verificara la existencia de una mora judicial dentro del trámite adelantado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y que, de manera transitoria, se reconociera
la sustitución pensional del señor Cañizares Berbeo.
Por lo anterior, la Sala no encuentra que entre la acción de tutela interpuesta y la
demanda presentada en el proceso de la referencia exista identidad de partes,
causa petendi y objeto, por lo que tampoco se configura la temeridad.
4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º del Decreto 2591 de 199110, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y cuando
las circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.
5. Improcedencia de la acción de tutela cuando la demandante cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial
La acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política''.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está supeditada
a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procede, entre otros, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales.
La norma en cita consagra textualmente:
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante.
(…)”
6. Fondo del asunto
En este caso, la Sala considera que la demandante, para lograr el amparo de sus
derechos fundamentales y el posible reconocimiento y pago transitoriamente de la
prestación periódica a su favor, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
para proteger los derechos fundamentales invocados, ya que puede solicitar,
dentro del proceso que se adelanta ante la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el decreto de las medidas cautelares
consagradas en los artículos 229 a 241 del C.P.A.C.A. para, así, evitar la
consumación o agravación del daño.
La Corte Constitucional11 ha precisado que “el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que prevé el C.P.A.C.A. es un mecanismo de control
principal y definitivo, de naturaleza subjetiva e individual, por medio del cual las
personas pueden solicitar la nulidad de los actos administrativos por su
inconstitucionalidad o ilegalidad y, como consecuencia de ello, el restablecimiento
de sus derechos. Por lo tanto, la persona que estime que un acto administrativo de
carácter particular y concreto afecta sus derechos fundamentales no está, en
principio, facultada para cuestionarlo ante los jueces de tutela, ya que ese asunto
le corresponde por ley a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
11 Sentencia T-393 del 16 de noviembre de 2021 con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
También ha explicado que la idoneidad y eficacia de este mecanismo de defensa
judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se refuerza
con la posibilidad que tiene la demandante de solicitar, desde la formulación de la
demanda y en cualquier estado del proceso, la adopción de medidas cautelares,
entre las cuales está la posibilidad de ordenar la suspensión de un acto,
procedimiento o actuación administrativa que se demande, las cuales son el
mecanismo idóneo para lograr la protección frente a daños irreparables,
situaciones de gravedad o de urgencia.
Con fundamento en los argumentos descritos, tanto para el Alto Tribunal
Constitucional como para esta Sección, la regla general es que la acción de tutela
es improcedente para controvertir actos administrativo de carácter particular y
concreto, en atención al carácter subsidiario del mecanismo constitucional, lo que
impide que este suplante la competencia del juez contencioso administrativo para
determinar la constitucionalidad o legalidad de la voluntad de la administración y,
con ello, la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la regla general de improcedencia puede ser superada en
circunstancias excepcionales y debidamente probadas, esto es, la existencia de un
perjuicio irremediable.
Por lo anterior, al momento de analizar si en un caso particular se está ante un
perjuicio irremediable que justifique el superar el requisito de la subsidiariedad,
deben evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los cuales han sido
definidos de forma reiterativa bajo los siguientes términos12:
i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté por
existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien moral
o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición de
amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.
Además, es necesario que este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual,
y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables.
12 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de 2014, entre
otras.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron
delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con
ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, postura reiterada y reconocida
posteriormente por la Sala Plena de esa corporación en la sentencia C-531 de
1993, en el sentido de indicar:
“… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B) Las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C) No basta cualquier perjuicio,
se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D) La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social”.
Al descender al caso concreto, la Sala encuentra demostrado que la señora María
Claudia Cañizares Rojas padece de miastenia gravis con evolución de más de 20
años, con compromiso severo y progresivo de su enfermedad, con hipoplasia
medular que requieren transfusiones, oxígeno dependiente y desnutrición,
padecimientos que la tienen postrada parcialmente y con limitaciones funcionales
por lo que requiere asistencia permanente.
Para la Sala, la situación de la demandante es delicada y no se desconoce que se
encuentra en una condición especial. Sin embargo, de conformidad con las
pruebas que obran en el plenario, se observa que la demandante actualmente es
beneficiaria de una pensión de invalidez, hecho que fue afirmado por la señora
Cañizares, con la cual debería suplir sus necesidades básicas, circunstancia que
permite concluir que su mínimo vital no se encuentra amenazado.
Es del caso reiterar que la actora cuenta con la posibilidad de interponer medidas
cautelares dentro del trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho,
recurso que no ha utilizado para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales y que puede ser presentado en cualquier momento del proceso.
Así las cosas, en atención a los argumentos señalados, resulta evidente que en el
caso en estudio no procede la intervención del juez constitucional y, en
consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela pues no es
posible estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales al no
haberse demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que no pueda ser
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: María Claudia Cañizares Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-01217-00
alegado a través de las medidas cautelares, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se adelanta ante la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
María Claudia Cañizares Rojas, mediante apoderado judicial, por las razones
analizadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.