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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01217-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01217-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2023 mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela que interpuso María Claudia Cañizares Rojas contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F para que, una vez concluida la etapa de alegatos, y en la medida que las posibilidades lo permitan, priorice el trámite del proceso aludido, teniendo en cuenta la situación de salud que padece la accionante. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01217-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01217-01
Accionante: MARÍA CLAUDIA CAÑIZARES ROJAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTRO

Tema: Reconocimiento pensional / pensión de sobrevivientes
/ pensión de invalidez / rechaza por improcedente

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la señora María Claudia
Cañizares Rojas contra la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual rechazó
por improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La parte actora, actuando a través de apoderado judicial1, solicitó la
protección de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a
la seguridad social, al debido proceso y a la protección especial a las
personas en situación de discapacidad, con fundamento en los
siguientes:

1 Juan Antonio Barrero Berardinelli

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01217-01
Accionante: María Claudia Cañizares Rojas

1. HECHOS

1.1. Manifestó la accionante que mantuvo un vínculo matrimonial con
el señor Camilo Gómez Bernal desde el 22 de marzo de 1991 hasta el
28 de abril de 2000 cuando el Juzgado Veintiuno de Familia de Bogotá
decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico.

1.2. A partir del 2002 al ser diagnosticada con una enfermedad de
etiología autoinmune denominada miastenia gravis severa clase
funcional IV con compromiso neuromuscular bulbar y respiratorio,
acudió a su padre, quien la acogió y se encargó de cubrir todas sus
necesidades tanto físicas como económicas.

1.3. Con posterioridad, esto es, el 18 de marzo de 2005, fue
diagnosticada con una pérdida de capacidad laboral del 65,05 % debido
a la enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada.

1.4. En abril de 2008, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
reconoció a favor de la accionante pensión de invalidez por valor de un
salario mínimo, monto que era destinado para el pago de la EPS y de la
medicina prepagada, razón por la que continúo dependiendo
económicamente de su padre hasta el 8 de junio de 2019, fecha en que
falleció.

1.5. Por otra parte, aclaró que, si bien su lugar de habitación era la
ciudad de Bogotá, por instrucciones médicas, ella y su padre se habían
trasladado a la ciudad de Santa Marta donde arrendaron un
apartamento, canon que, desde la muerte de su padre, no ha podido
cancelar y ya le fue solicitada la entrega del inmueble.

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Accionante: María Claudia Cañizares Rojas

1.6. Por lo anterior, requirió a la UGPP el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional de su padre, petición que fue negada el 4 de
octubre de 2019, decisión que luego fue confirmada por la entidad.

1.7. En febrero de 2020 presentó acción de tutela a fin de que se
hiciera la sustitución pensional y se le pagara el retroactivo con ocasión
del fallecimiento de su padre, proceso que por reparto correspondió al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial
que rechazó el mecanismo constitucional por improcedente, al
considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad, habida
cuenta de la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa que
le permitirían reclamar los derechos que alegó vulnerados, decisión que
fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

1.8. Así las cosas, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó los actos administrativos
mediante los cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

1.9. Mediante auto del 20 de noviembre de 2020, el Tribunal
Administrativo del Magdalena admitió la demanda; no obstante, con
posterioridad, esto es, el 9 de junio de 2021 remitió por competencia el
referido proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que a
la fecha de presentación de la acción de tutela se hubiera surtido alguna
otra actuación.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

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«Con base en lo anterior, respetuosamente solicito a su Señoría, tutelar los derechos
fundamentales a la dignidad humana (art. 1 CP), a la salud (art. 49 CP), a la vida (art.
11 CP) al mínimo vital (art. 53 CP), a los derechos de las personas en situación de
discapacidad (art. 47 CP), a la seguridad social (art. 48 CP) y al debido proceso
administrativo (art. 29. CP), de María Claudia Cañizares Rojas y, como consecuencia
de ello, se ordene la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- reconozca y pague la pensión de
sobrevivientes a que tiene derecho, así como el retroactivo pensional causado desde
el momento en que debió reconocérsele el derecho a tal prestación. Es decir, todas
las mesadas que no hubiesen prescrito.»

3. INFORMES

Mediante auto del 15 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP como
accionados y a la señora Rosa Gabriela Perea Toro como tercero
interesado en las resultas del proceso.

3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, por conducto del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, informó que el proceso ordinario correspondió
inicialmente al Tribunal Administrativo del Magdalena quien mediante
auto del 9 de junio de 2021 declaró probada la excepción de falta de
competencia por factor territorial, razón por la que, una vez hecho el
reparto, el 8 de noviembre de la misma anualidad admitió la demanda
y corrió traslado a la parte demandada para contestar.

Con posterioridad, esto es, el 15 de marzo de 2023 dispuso fecha para
llevar a cabo la audiencia inicial la cual fue programada para el 29 de
marzo de 2023 a las 9:30 am.

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Manifestó que se ha dado celeridad al trámite del proceso teniendo en
cuenta las condiciones de salud de la actora; sin embargo, tal situación
no permitía pretermitir etapas procesales como es el caso de la correcta
notificación de los sujetos que hacen parte de la litis, situación que se
advirtió en el momento de notificar a la señora Rosa Gabriela Perea
Toro.

Por otra parte, señaló que si bien las pretensiones de la acción
constitucional se encaminan al reconocimiento en forma transitoria de
la sustitución pensional como hija en condición de invalidez del causante
con el fin de evitar la posible afectación que en su salud pueda generar
el paso del tiempo en el transcurso de un proceso ordinario, lo cierto es
que no se encuentra demostrada ninguna actuación del despacho
tendiente a vulnerar los derechos fundamentales cuyo amparo pretende
la accionante.

3.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, informó que
mediante Resolución n.° 7960 del 22 de julio de 1996, se reconoció una
pensión de vejez a favor del señor Hugo Cañizares Berbeo, en cuantía
de $ 4.976.457.23 M/cte., efectiva a partir del 1.° de julio de 1996,
condicionada a demostrar retiro definitivo del servicio.

Luego, con ocasión del fallecimiento del causante, a través de la
Resolución n.° 29941 del 4 de octubre de 2019, la UGPP negó una
pensión de sobrevivientes a la accionante, decisión que fue confirmada
mediante las Resoluciones n.° RDP 34140 del 14 de noviembre de 2019
y la n.° RDP 037230 del 9 de diciembre de 2019.

Indicó que la parte actora ha solicitado el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes mediante acción de tutela en dos oportunidades, la

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primera identificada con el radicado 47-001-31-53-002-2020-00021-
00, fue rechazada por improcedente mediante sentencia proferida por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y, la segunda, con
número de expediente 11001 -03-15-000-2021-02295-00, la cual fue
negada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo que torna en una actuación temeraria de la demandante.

Igualmente, que en la actualidad cursa un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado n.° 47001-23-33-000-2020
00577-00 en el que la demandante está solicitando el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes y fue vinculada al proceso
mediante auto del 6 de julio de 2022 la señora Rosa Gabriela Perea Toro.

Por su parte, señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales
de la accionante ni se demostró un perjuicio irremediable en cuanto su
actuar ha sido en cumplimiento del ordenamiento jurídico.

3.3. No se rindieron más informes.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 27 de abril de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió rechazar por improcedente la acción de
tutela, al considerar que si bien se demostró que la señora María Claudia
Cañizares Rojas padece de miastenia gravis con evolución de más de 20
años, lo cierto es que, de conformidad con las pruebas obrantes en el
plenario, la demandante actualmente es beneficiaria de una pensión de
invalidez, hecho que fue afirmado por la accionante en la demanda de
tutela, lo que le permitió inferir que su mínimo vital no se encuentra
amenazado, en tanto cuenta con un ingreso que le permite suplir sus
necesidades básicas.

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Adicionalmente, porque la actora cuenta con la posibilidad de interponer
medidas cautelares dentro del trámite judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho, recurso que no fue utilizado para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales y que podía ser
presentado en cualquier momento del proceso.

5. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual señaló
que las medidas cautelares contempladas en el artículo 230 de la Ley
1437 de 2011 no tienen la idoneidad para lograr la protección que se
reclama, a través de este mecanismo constitucional, porque aún no le
ha sido reconocida la sustitución pensional, de modo que la suspensión
de los actos administrativos mediante los cuales se negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevientes no constituye una forma
de protección de los derechos fundamentales invocados en el escrito de
tutela.

Ahora bien, aunque es titular y acreedora de una pensión de invalidez,
reiteró que dicha prestación fue reconocida por valor de un salario
mínimo legal mensual vigente, valor que a todas luces resulta
insuficiente frente a los altos costos que acarrea el sostenimiento de la
enfermedad que padece, máxime cuando existe compatibilidad entre la
mesada pensional reconocida y la pensión de sobrevivientes.

En el presente asunto se encuentra acreditado que la accionante por su
condición de salud requiere de manera urgente la protección inmediata
de los derechos fundamentales previamente indicados.

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Así pues, no se le puede atribuir la carga de esperar las resultas de un
proceso contencioso administrativo, ya que la enfermedad que padece
es grave, autoinmune, degenerativa y ruinosa, lo que implica una
disminución en las condiciones de salud y el riesgo latente de sufrir una
lesión mayor.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si se
deben amparar los derechos fundamentales invocados por la señora
María Claudia Cañizares Rojas con ocasión de la decisión de la UGPP de
negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que
considera le asiste el derecho.

2. Fundamentos de decisión. Generalidades de la acción de
tutela

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier entidad pública o de los particulares, cuya
conducta afecte grave o directamente derechos subjetivos
fundamentales.

En este orden, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las
causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como

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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en aras de respetar la división de competencias que la misma carta ha
delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto,
desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces que
recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias en
una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional2, destacando que no basta con
la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar
la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso concreto, sin que ello
implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.

Así, con miras a obtener la protección de sus derechos, los ciudadanos
se encuentran obligados a acudir en primer lugar y de manera
preferente a los mecanismos ordinarios, cuando ellos se presenten como
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional, y sólo en
caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o eficacia, es que
procedería la acción de tutela para su protección. En este sentido, se ha
dicho que “[p]ara determinar la concurrencia de estas dos

2 Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.

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características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada
caso y establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de defensa
judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se
lograría a través de la acción de tutela (ii) si es posible hallar
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance (iii) si la
persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración”3.

Una segunda excepción a la regla de subsidiariedad que rige la acción
de tutela es que se presente un perjuicio irremediable que afecte los
derechos fundamentales de quien invoca su protección, y que por lo
mismo se haga necesario que el juez constitucional actúe de manera
inmediata, caso en el cual la tutela deberá concederse como mecanismo
transitorio4. Frente a la ocurrencia del perjuicio irremediable y su
relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

«Entratándose del amparo constitucional como mecanismo transitorio, el perjuicio
irremediable exigido se refiere a “un grave e inminente detrimento de un derecho
fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata
e impostergables” que neutralicen, cuando ello sea posible, la violación del derecho. En
caso de darse un perjuicio de tal naturaleza, es razonable la protección excepcional por
vía de tutela de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, por lo que aún
ante la existencia de mecanismos de defensa alternativos, la acción de tutela resulta ser
impostergable, con el fin de asegurar su preeminencia constitucional y la eficacia de los
derechos fundamentales. Las características propias del perjuicio irremediable, ha sido
descritas así:

3 Sentencia T-1054 de 2010.
4 Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación en sentencia T-972 de 2005 y en la Sentencia T-229 de

2006, entre muchas otras.

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1. Inminencia en la amenaza, deben existir evidencias fácticas de la amenaza real en un
corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y
no una mera conjetura hipotética.

2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, existe una relación directa entre la inminencia y la respectiva actuación: si la
primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude
a su respuesta proporcionada en la prontitud.

3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. No
se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien
de gran significación para la persona, objetivamente, es decir, la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente.

Se puede concluir que la acción de tutela procede cuando de continuar las circunstancias
de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave
de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio»5.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho
referencia al tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos
administrativos, destacando como regla general que no es la sede
adecuada para controvertirlos, puesto que son los procedimientos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios naturales
para la discusión sobre ellos6.

De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir
asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo
objeto se encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
le otorga la potestad de conocer “además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos

5 Sentencia T-227 de 2010.
6 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de
caducidad dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora solicita el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes, así como el retroactivo pensional
causado desde el momento en que debió reconocérsele el derecho a tal
prestación, la cual le fue negada por la UGPP.

Por su parte, la Sección Quinta de esta corporación rechazó por
improcedente el mecanismo constitucional, al considerar que si bien se
demostró que la señora María Claudia Cañizares Rojas padece de
miastenia gravis con evolución de más de 20 años, lo cierto es que, de

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conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, la demandante
actualmente es beneficiaria de una pensión de invalidez, hecho que fue
afirmado por la accionante en la demanda de tutela, lo que le permitió
inferir que su mínimo vital no se encontraba amenazado, en tanto
cuenta con un ingreso que le permite suplir sus necesidades básicas.

Adicionalmente, porque la actora cuenta con la posibilidad de interponer
medidas cautelares dentro del trámite judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho, recurso que no fue utilizado para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales y que podía ser
presentado en cualquier momento del proceso.

En el escrito de impugnación, la parte actora sostiene que las medidas
cautelares contempladas en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 no
tienen la idoneidad para lograr la protección que se reclama a través del
presente mecanismo constitucional, porque aún no le ha sido reconocida
la sustitución pensional, de modo que la suspensión de los actos
administrativos mediante los cuales se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes no constituye una forma de protección de los
derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela.

Además, porque a pesar de ser titular y acreedora de una pensión de
invalidez, dicha prestación fue reconocida por valor de un salario mínimo
legal mensual vigente, valor que a todas luces resulta insuficiente frente
a los altos costos que acarrea el sostenimiento de la enfermedad que
padece, máxime cuando existe compatibilidad entre la mesada
pensional reconocida con la sustitución pensional.

Al respecto, esta Sala considera, como lo hizo la primera instancia, que
la presente acción de tutela es improcedente, teniendo en cuenta que
actualmente cursa un proceso ante la jurisdicción contencioso

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administrativo en el que se discute la legalidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, el cual, vale decir, se encuentra en una etapa avanzada,
si se tiene en cuenta que ya se corrió traslado para alegar de conclusión.

Así las cosas, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento
obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que
cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

Frente a esto, si bien la Corte Constitucional7 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede proceder
de forma excepcional si se acredita un perjuicio irremediable, para lo
cual deben confluir los siguientes presupuestos:

i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.

De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un
perjuicio irremediable, pues se itera que aunque la Sala no desconoce

7 Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.

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la situación de salud que padece la actora no resulta procedente un
estudio de fondo porque en la actualidad le fue reconocida una pensión
de invalidez y además cursa un proceso ordinario en el que se discute
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que aquí se cuestiona,
la presente acción de tutela es improcedente.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción, pues, se reitera, dentro de las
facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela
se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo
que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales.

Finalmente, aunque es claro que en el presente proceso no ha sido
cuestionada ninguna actuación surtida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y que, por tanto, no
puede siquiera predicarse algún tipo de vulneración de derechos
fundamentales, esta Sala considera pertinente exhortarlo para que, una
vez concluida la etapa de alegatos, y en la medida que las posibilidades
lo permitan, priorice el trámite del proceso aludido, teniendo en cuenta
la situación de salud que padece la accionante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01217-01
Accionante: María Claudia Cañizares Rojas

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de abril de 2023
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado,
resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela que
interpuso María Claudia Cañizares Rojas contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F para que, una vez
concluida la etapa de alegatos, y en la medida que las
posibilidades lo permitan, priorice el trámite del proceso
aludido, teniendo en cuenta la situación de salud que
padece la accionante.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintinueve (29) junio de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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