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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01230-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01230-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01230-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de julio de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01230 01
Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01230 01
Accionantes: CARLOS ALBERTO PARRADO VELÁSQUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A, Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 20 de abril de 2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Carlos Alberto Parrado Velásquez solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de
septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y el fallo del 3 de febrero
de 2023, dictado por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
A, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación – Rama Judicial1.

1
Proceso que se identificó con la radicación 25000-23-36-000-2014-00817-01.

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Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, el demandante
relató que presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos
como consecuencia del error jurisdiccional y del defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en que, a su juicio, incurrieron el Juzgado
14 Civil de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá – Sala Civil de Descongestión, al dictar las sentencias
del 18 de mayo de 2011 y del 27 de agosto de 2012, respectivamente, que
declararon la inexistencia de título ejecutivo dentro del proceso del mismo
tipo con radicado 11001-31-03-033-2001-07089-01, que él instauró contra
la Compañía Central de Seguros S.A. para reclamar el pago del valor
asegurado por una póliza que amparaba la pérdida total por daños y hurto
de un vehículo automotor.

Dijo que en la demanda de reparación directa alegó que las autoridades
judiciales que adelantaron el proceso ejecutivo habían incurrido: (i) en
error jurisdiccional, porque cometieron un exceso ritual manifiesto y
efectuaron una valoración incompleta e irracional de las pruebas
recaudadas, y (ii) en defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, porque tardaron más de diez (10) años en agotar el trámite.

Informó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección A, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2017,
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa al
considerar, en síntesis, que en el proceso ejecutivo: (i) el asegurado no
cumplió con la totalidad de los requisitos para el cobro de la póliza y que
éstos no podían ser inaplicados por el juez bajo el argumento de la
prevalencia del derecho sustancial, por lo que la decisión que en derecho
correspondía adoptar era declarar probada la excepción de inexistencia
del título, y (ii) si bien se produjo demora en la resolución del asunto, ésta
se debió al amplio debate probatorio que se presentó contra la
reclamación del seguro, teniendo en cuenta las supuestas irregularidades
del vehículo asegurado.

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Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

Señaló que contra esa providencia interpuso el recurso de apelación y,
mediante la sentencia del 3 de febrero de 2023, el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, la confirmó, al considerar que no se había
producido el error judicial alegado y que, en todo caso, el demandante no
había cumplido con la carga argumentativa exigible para imputar
responsabilidad al Estado en estos casos, pues los alegatos expuestos
constituían en realidad la reiteración de los que planteó en la apelación
contra la sentencia que decidió el proceso ejecutivo en primera instancia,
que proponían una discrepancia frente a la valoración de las pruebas y al
análisis de los requisitos para que la póliza prestara mérito ejecutivo,
particularmente, en atención a que la reclamación no fue objetada y a que,
a su juicio, en el caso concreto no correspondía exigir la demostración de
la cuantía del siniestro, so pena de incurrir en exceso ritual manifiesto.

1.3. El demandante hizo un extenso desarrollo respecto de los siguientes
problemas, de los que, a su juicio, adolecen las decisiones cuestionadas
en sede de tutela: i) defecto procedimental absoluto, en cuanto no
analizaron el fundamento de los fallos que declararon la inexistencia del
título ejecutivo, sino que sustituyeron a los jueces de instancia en el
estudio de la controversia e impidieron al demandante el ejercicio del
derecho de defensa; ii) defecto fáctico al otorgar valor probatorio a dos
testimonios y a un informe de la compañía de seguros que no cumplían
las condiciones para ser apreciados, así como en el análisis de las pruebas
que llevaron a concluir que la tradición del vehículo no era completamente
legal; iii) exceso ritual manifiesto y violación del principio de buena fe,
al ignorar que durante el proceso de reclamación la compañía de seguros
indujo en error al asegurado y terminó beneficiándose de su propia culpa;
iv) defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 430 del Código
General del Proceso (CGP), que establece los medios válidos para debatir
sobre los requisitos formales del título ejecutivo; v) desconocimiento
del precedente respecto de la sentencia T-264 de 2009 de la Corte
Constitucional sobre exceso ritual manifiesto, una decisión de la Corte
Suprema de Justicia (sentencia SC-84562016 del 24 de junio de 2016)
sobre la posibilidad de decretar pruebas de oficio para establecer la

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Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

cuantía del daño y otra del Consejo de Estado2 (auto del 15 de agosto de
2002), sobre las consecuencias de la conducta omisiva del asegurador
durante el proceso de reclamación.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, ponente del fallo del 3 de febrero de 2023, manifestó que
el asunto no tiene relevancia constitucional porque no busca la protección
de un derecho fundamental, sino acceder a una tercera instancia del
proceso ordinario, si se tiene en cuenta que se limita a reiterar los
argumentos expuestos en la reparación directa y a presentar las
inconformidades del actor frente a la interpretación realizada por la
autoridad judicial, quien consideró que la demanda carecía de la
argumentación exigible en estos casos.

2.2. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, ponente de la sentencia del 14 de
septiembre de 2017, alegó que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional porque el actor solo busca revivir la controversia
ya agotada y acceder a una nueva instancia, pues, de hecho, se centra
en atacar las providencias que decidieron el proceso ejecutivo.

2.3. La abogada de la División Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló
que no tiene funciones jurisdiccionales, sino únicamente administrativas,
por lo que carece de competencia para pronunciarse sobre las decisiones
de los jueces, quienes además gozan de autonomía e independencia.

No obstante, adujo que en este caso no se cumple con los requisitos
generales ni específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y enfatizó que este mecanismo especial de protección no puede
convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales. Además,

2
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación: 25000-23-26-000-1999-02718-01
(18937), consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque.

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Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

señaló que el actor no demostró encontrarse frente a una situación de
perjuicio irremediable, sino que simplemente está inconforme con la
providencia que no accedió a sus pretensiones.

Por último, de acuerdo con lo expuesto, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 20 de abril de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, declaró la improcedencia del amparo por falta de relevancia
constitucional, al evidenciar que el actor simplemente reiteró los
argumentos que ya fueron debatidos en el proceso de reparación directa.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que el a
quo pasó por alto que, en las dos instancias del proceso de reparación
directa, él expuso múltiples vulneraciones de los principios constitucionales
de buena fe y confianza legítima, las cuales no fueron objeto de ningún
pronunciamiento en ese trámite, por lo que las providencias atacadas
incurrieron en falta de motivación y en vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Con base en lo anterior, argumentó que la tutela no está siendo utilizada
como una instancia adicional al proceso ordinario, justamente porque los
anteriores argumentos no fueron estudiados por las autoridades
accionadas, es decir, que no son una cuestión ya resuelta, como
equivocadamente afirmó el a quo.

Por último, reiteró los argumentos de la demanda de tutela, relacionados
con las supuestas actuaciones de mala fe en las que, a su juicio, habría
incurrido la compañía aseguradora en el trámite de la reclamación y en el
proceso ejecutivo.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01230 01
Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. El señor Carlos Alberto Parrado Velásquez presentó demanda
ejecutiva contra la Compañía Central de Seguros S.A., para reclamar el
pago del valor asegurado por una póliza que amparaba la pérdida total por
daños y hurto de un vehículo automotor3.

5.2.2. El Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil de Descongestión, en
primera y segunda instancia, respectivamente, declararon la inexistencia
de título ejecutivo.

5.2.3. El señor Carlos Alberto Parrado Velásquez presentó demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de obtener
la indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia del error
jurisdiccional y del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia en que, a su juicio, incurrieron las autoridades judiciales que
resolvieron el proceso ejecutivo.

5.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2017, denegó
las pretensiones de la demanda de reparación directa al considerar que

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Proceso que se identificó con el radicado 11001-31-03-033-2001-07089-01.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01230 01
Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

los requisitos para el cobro de la póliza no podían ser inaplicados por el
juez simplemente para dar prevalencia al derecho sustancial, y que la
demora en la resolución del asunto se debió al amplio debate probatorio
que se presentó.

5.2.5. El demandante apeló la anterior decisión y, mediante sentencia de
febrero 3 de 2023, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
la confirmó, al concluir que no se había producido el error judicial alegado
y que, además, el actor no había cumplido con la carga argumentativa
exigible para imputar responsabilidad al Estado en estos casos.

5.2.6. El señor Carlos Alberto Parrado Velásquez interpuso acción de
tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las
anteriores decisiones.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación4,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01230 01
Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 20225, la Corte Constitucional hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, el demandante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que estimó vulnerados por las sentencias del 14 de septiembre
de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, y del 3 de febrero de 2023, dictada por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, que denegaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa por error jurisdiccional
promovida contra la Nación – Rama Judicial, proceso que se tramitó bajo el
radicado 25000-23-36-000-2014-00817-01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

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M. P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Carlos Alberto Parrado Velásquez

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20196, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 7.

5.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho8:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

7
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
8
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

5.3.2. Caso concreto

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en

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la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2.1. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas en la tutela se dirigen principalmente contra las sentencias del
18 de mayo de 2011 y del 27 de agosto de 2012, por medio de las cuales
el Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil de Descongestión, declararon la
inexistencia del título en el proceso ejecutivo que el señor Carlos Alberto
Parrado Velásquez instauró contra la Compañía Central de Seguros S.A.

En efecto, el actor alegó que las referidas decisiones incurrieron en:
(i) defecto fáctico, al sostener que en el expediente no obraba prueba de
la fecha del siniestro; (ii) en violación del principio de buena fe y en exceso
ritual manifiesto, al convalidar la actuación desleal de la compañía de
seguros, al declarar la inexistencia del título ejecutivo por la falta de
acreditación de la cuantía del daño, poniendo las formas por encima del
derecho sustancial, y al no decretar pruebas de oficio para para
determinar el valor del bien; (iii) en defecto sustantivo por falta de
aplicación del inciso segundo del artículo 430 del CGP, sobre los requisitos
formales del título ejecutivo, y de los artículos 4 del CPC y 11 del CGP,
sobre la interpretación de la ley procesal; y (iv) en desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de
Justicia respecto de aspectos relevantes para las decisiones cuestionadas.

A partir de lo expuesto, es claro entonces que, en la solicitud de amparo,
el actor pretende nuevamente hacer valer los argumentos que propuso
en la demanda de reparación directa por error judicial a propósito de las
providencias judiciales que agotaron el proceso ejecutivo.

En otras palabras, y tal como lo señaló el a quo, los argumentos de la
tutela no son más que la reiteración de la controversia que el señor

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Parrado Velásquez propuso en el medio de control de reparación directa
para sustentar la solicitada declaratoria de responsabilidad de la Rama
Judicial por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en los que, a su juicio, incurrieron las
autoridades judiciales accionadas.

Lo que hace evidente que, en cuanto a dicha controversia, únicamente
pretende acceder a una instancia adicional en la que el juez de amparo
realice un nuevo análisis sobre la posible configuración de la
responsabilidad administrativa bajo los títulos de imputación previstos en
los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso y a las
normas que rigen el asunto.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad

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de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, se declarará
la improcedencia del amparo.

3.5. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, por falta del presupuesto de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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