Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01236-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01236-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01236-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01236-00
Accionante: CÉSAR AUGUSTO RUIZ GAITÁN
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
proceso disciplinario / defecto fáctico
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor César
Augusto Ruiz Gaitán en contra de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
La parte accionante, actuando en nombre propio, invoca la
protección de los derechos fundamentales de igualdad, acceso a la
administración de justicia, debido proceso y defensa, con
fundamento en los siguientes:
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1. Hechos
1.1. El 19 de febrero de 2018 el señor César Augusto Ruiz Gaitán
formuló ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
queja disciplinaria en contra de los abogados Iván Darío Daza
Ortegón y Nelly Carolina Ojeda Artunduaga, seguida bajo el radicado
n.° 2019-047732 con ocasión a lo acontecido en la audiencia de
conciliación instalada el 8 de junio de 2017.
1.2. El 9 de agosto de 2022, en la audiencia de pruebas y
calificación provisional el despacho sustanciador declaró probada la
prescripción de la acción disciplinaria respecto del abogado Iván
Darío Daza Ortegón, decisión que fue confirmada el 7 de diciembre
de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
2. Fundamentos de la acción
El accionante sostiene que en la providencia cuestionada se incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
pues en sentir de la parte actora al momento de decidir la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial hizo una simple relación de las fechas
sin tener en cuenta lo acontecido en el curso del proceso, es decir,
las veces en que se suspendieron las audiencias.
En esa medida, considera inconcebible que el investigado, al aplazar
las audiencias, lograra la prescripción de la acción disciplinaria, pese
a que la conducta por la cual se le investigó se encontraba
debidamente demostrada.
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3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«(…)
Primero: Ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocar su
providencia del 7 de diciembre de 2022, mediante la cual confirmo la decisión
de primera instancia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
que declara terminada la investigación por prescripción de la acción del Estado.
Segundo: Ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial declare el
desarchivo de la investigación y ordene al Magistrado Jorge Eliecer Gaitán de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, valorar todas las pruebas
practicadas dentro de la investigación y con sustento en ellas, declare las
sanciones de suspensión definitiva de la tarjeta profesional del abogado IVAN
DARIO DAZA ORTEGON
Tercero: Que respecto de la conciliadora de la Camara (Sic) de Comercio de
Bogotá, se compulse copias del fallo, a su juez natural para que se tomen las
decisiones correspondientes por su conducta.»
4. Intervenciones
Mediante auto del 14 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial como accionados y al señor Iván Darío Daza Ortegón como
tercero interesado en las resultas del proceso.
4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá,
por conducto del magistrado ponente de la decisión, solicitó se
declare improcedente la acción de tutela, toda vez que no se cumple
con el requisito de inmediatez, además porque la sentencia objeto
de censura guarda armonía con los preceptos normativos que rigen
el derecho disciplinario.
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4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió declarar
improcedente el presente mecanismo constitucional, argumentando
que al demandante no se le quebrantaron los derechos
fundamentales invocados en la demanda de tutela.
Al respecto, hizo énfasis en que el abogado investigado tiene derecho
a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, de modo que debe
resolvérsele su situación jurídica en un término razonable, y que, de
no ser así, en virtud de lo preceptuado en la Ley 1123 de 2007, se
declarará la prescripción de la acción disciplinaria.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial al proferir la
providencia del 7 de diciembre de 20221 mediante la cual
confirmó la decisión de declarar la prescripción de la acción
disciplinaria, incurrió en el defecto fáctico?
1
La Sala debe aclarar que aunque se cuestiona, también, la providencia proferida por la 9 de
agosto de 2022, el análisis se centrará sobre la sentencia de segunda instancia por ser la que
puso fin al proceso.
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2. Legitimación en la causa por activa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
la tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o
de los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente
derechos subjetivos fundamentales.
El artículo 10.º del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción
de tutela indica que esta acción constitucional podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, «por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes
se presumirán auténticos. También se podrán agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud (…)».
3. Sujetos procesales en los procesos disciplinarios
Como lo ha dicho la Sala en oportunidades anteriores, la finalidad
del proceso disciplinario es garantizar que la función pública se
ajuste a los principios que le son propios y a la ley, para lo cual los
titulares de la acción disciplinaria pueden iniciar investigaciones
cuando adviertan de oficio, por queja o por información de servidor
público o de otro medio que tenga credibilidad, la posible comisión
de una falta disciplinaria por parte de los servidores públicos y los
particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos
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estatales, ejerzan funciones públicas, presten servicios públicos a
cargo del Estado y administren recursos de aquel.
De igual forma, ha precisado que si bien es cierto todas las personas
pueden presentar quejas por la comisión de una falta disciplinaria,
también lo es que el objetivo de la acción disciplinaria que se
adelanta no es el amparo de los derechos del quejoso, sino la
protección de la función pública.
Así lo ha señalado esta Subsección:
“Así las cosas, no puede perderse de vista que si bien es cierto todas las personas pueden
presentar quejas por la comisión de una falta disciplinaria, también lo es que el objetivo
de la acción disciplinaria que se adelanta no es el amparo de los derechos del quejoso,
sino la protección de la función pública. Al respecto, el artículo 89 de la citada ley
dispone que los sujetos procesales en la actuación disciplinaria son el investigado, su
defensor y el Ministerio Público, cuando la actuación sea adelantada por el Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República. Adicionalmente,
el artículo 90 ibidem establece las facultades de los sujetos procesales y en su parágrafo
determina que la intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la
queja, a aportar pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el
fallo absolutorio.
En cuanto a la participación del quejoso, es relevante mencionar que la Corte
Constitucional en la sentencia C-014 de 2004, al analizar la constitucionalidad de
algunos apartes de los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, reiteró que el quejoso
no actúa como sujeto procesal, ya que el proceso disciplinario se fundamenta en la
infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de terceros.
Igualmente, aclaró que el único caso en el que actúan como verdaderos sujetos
procesales es cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del
derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario,
las cuales según el análisis de la Corte son las contempladas como gravísimas en los
numerales 5 a 11 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
En ese orden de ideas, se colige que un quejoso no tiene la calidad de sujeto procesal
dentro del proceso disciplinario, debido a la finalidad de este tipo de acciones, por lo
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cual su intervención en el proceso se limita a realizar las actuaciones antes mencionadas,
salvo en los casos antes descritos”2.
Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C-014 de
2004, señaló:
«(…) en los procesos disciplinarios puede intervenir el quejoso, más no como sujeto
procesal sino como un interviniente con atribuciones limitadas e interesado en la
defensa del ordenamiento jurídico y no en la prosperidad de una pretensión particular
y específica. Se ha concluido, además, que cuando una falta disciplinaria involucra la
violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, pueden existir víctimas o perjudicados.»
De lo anterior se infiere que el quejoso no es sujeto procesal dentro
de la actuación disciplinaria, en tanto la finalidad de dicho proceso
radica en la protección de la función pública y no en el amparo de
sus derechos.
5. Caso concreto
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 7
de diciembre de 2022 por medio de la cual la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en sede de apelación, confirmó la decisión de
primera instancia que declaró la prescripción de la acción
disciplinaria respecto del abogado Iván Darío Daza Ortegón.
Sostiene, en síntesis, que la sentencia objeto de censura adolece de
defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio, pues,
en su sentir, el ad quem al momento de impartir la decisión, hizo
una simple relación de las fechas sin tener en cuenta lo acontecido
2
Sentencia del 28 de mayo de 2020. Radicado: 11001-03-15-000-2019-05072-01;
demandante: Edgar Emilio Ávila Doria; demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria y otro.
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en el curso del proceso, es decir, las veces en que se suspendieron
las audiencias.
Analizado el acervo probatorio, se advierte que el accionante
compareció al proceso disciplinario en calidad de quejoso, razón por
la que no es sujeto procesal dentro del proceso disciplinario, en
tanto, la finalidad de este consiste en proteger la función pública.
En ese sentido, es claro que carece de legitimación en la causa por
activa pues la situación planteada tampoco encuadra dentro de las
excepciones planteadas por la Corte Constitucional en la sentencia
C-014 de 2004 para ser tenido como sujeto procesal, puesto que la
falta disciplinaria por la cual se inició la investigación no está dentro
de las indicadas en los numerales 5 a 11 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, las cuales fueron específicamente señaladas por el
máximo tribunal constitucional como violatorias del derecho
internacional de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario.
Así las cosas, la Sala procederá a declarar la falta de legitimación en
la causa por activa, en tanto el señor César Augusto Ruiz Gaitán no
demostró tener interés legítimo en el presente asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA dentro de la acción de tutela
interpuesta por el señor César Augusto Ruiz Gaitán en
contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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