Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01250-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01250-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01250-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01250 00
Demandante: MARPICO S.A.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Sanción por
inexactitud y mora en la autoliquidación de aportes al SPS.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por MARPICO S.A. contra el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La parte accionante, por medio de apoderado judicial, promueve acción de tutela en
contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene lo siguiente:
PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, de
fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00
Demandante: MARPICO S.A.
SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, de fecha primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad de los Actos
Administrativos, Resolución No. RDC 369 del siete (07) de diciembre de dos mil
quince (2015) y Resolución No. RDO 019 del trece (13) de enero de dos mil
quince (2015), proferidos por la UGPP, conforme lo expuesto anteriormente, en lo
que deviene al cargo no estudiado por el Ad Quem, y se tenga de presente la
jurisprudencia frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la
irretroactividad de la norma en materia tributaria.
1.1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte accionante señaló los siguientes:
i) La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP, adelantó un proceso de determinación de obligaciones
contra la sociedad MARPICO S.A., por la presunta mora e inexactitud en la
presentación de las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de Protección
Social, para los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013.
ii) Como consecuencia de ese proceso, el 7 de diciembre de 2015, el Subdirector de
Determinación de Obligaciones de la UGPP expidió la Resolución RCD 369, a través
de la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente en
contra de la Liquidación Oficial 019 del 13 de enero de 2015, que estableció la
existencia de una mora en el pago de los aportes a la seguridad social durante los
períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y 2013, por la suma de $
65.573.156 y le impuso sanción por inexactitud en las autoliquidaciones de ese
período por el valor de $ 10.120.902.
iii) La accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos antes mencionados y, como consecuencia de lo anterior, se ordenara
la devolución de los valores pagados por la empresa por mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00
Demandante: MARPICO S.A.
iv) El 21 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
dispuso lo siguiente:
PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial RDO
019 del 13 de enero de 2015 y la Resolución RDC 369 del 11 de diciembre de
2015 que resolvió el recurso de reconsideración; por medio de las cuales se
profirió liquidación por mora e inexactitud en los pagos al Sistema de Protección
Social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 a la sociedad
MARPICO SA.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento:
• SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL –UGPP i) reliquidar los ajustes de los trabajadores que percibieron
viáticos permanentes, que se aceptaron como factores no salariales, teniendo en
cuenta que de superar el límite de 40% de pagos desalarizados, el excedente si
hace parte del IBC; ii) verificar y validar las Planillas – PILA que no fueron tenidas
en cuenta durante el trámite administrativo, lo anterior conforme a las
consideraciones expuestas.
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
v) El 1.° de septiembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, modificó la decisión, en el
siguiente sentido:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro.
RDO 019 del 13 de enero de 2015 y de la Resolución nro. RDC 369 del 7 de
diciembre de 2015, expedidas por la UGPP en contra la sociedad MARPICO SA,
en relación con los periodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se le
ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los
ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no
constitutivos de salario por viáticos permanentes de transporte, por no integrar la
base de aportes al sistema de seguridad social, (ii) se reliquiden los aportes de
los trabajadores que disfrutaron vacaciones y a su vez recibieron viáticos
permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se
deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se eliminen
los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a
noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan
en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección posteriores a la
liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v) se disminuya
la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.
La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la
reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el
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Demandante: MARPICO S.A.
procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos realizados por la aportante.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
1.2. Fundamentos de derecho
La parte accionante alega que con la providencia objeto de censura se incurrió en los
siguientes defectos:
1.2.1. Defecto sustantivo
La parte accionante considera que el Consejo de Estado debió pronunciarse sobre el
cargo relacionado con la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la firmeza
de las planillas PILA del año 2011, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho invocó la transgresión del derecho al debido proceso, derivado de la falta
de competencia para llevar a cabo el proceso de administrativo de fiscalización
previamente agotado; además, en la fijación del litigio se hizo referencia a la
configuración de la causal de anulación por falta de competencia de la UGPP,
argumento que remitía al análisis del Estatuto Tributario, en el que se destaca el
artículo 714 que trata de la firmeza de las declaraciones privadas, aspectos que
fueron debidamente sustentados en los alegatos de conclusión de primera instancia.
Además, sostiene que la corporación se pronunció sobre el tema de la aplicación
retroactiva de normas por parte de la UGPP en la sentencia del 10 de noviembre de
2022, expediente 2015-01557-01, a partir de la cual puede inferirse que, en el caso
concreto, se encontraba vigente el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues los
períodos fiscalizados a la empresa MARPICO S.A. corresponden a enero –
diciembre de 2011 y enero – diciembre de 2013 y, podía aplicarse parcialmente en lo
relativo a la fiscalización de la primera anualidad mencionada. Así, indica que la
entidad demandada transgredió los principios de confianza legítima, irretroactividad
de la ley y buena fe, pues no aplicó la norma que regía en los períodos fiscalizados
sino la Ley 1607 de 2012 de manera retroactiva.
Por lo anterior, sostiene que es procedente el amparo de los derechos
fundamentales invocados, pues en la decisión objeto de cuestionamiento se acogió
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una interpretación incorrecta de los artículos 338, inciso 3.° de la Constitución
Política y 156 de la Ley 1151 de 2007.
1.2.2. Desconocimiento del precedente
Explica que la corporación accionada desatendió las decisiones previas adoptadas
por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo relativas a
la prohibición de aplicar de forma retroactiva las normas tributarias. En ese sentido,
citó la sentencia del 10 de septiembre de 2014, pero no detalló el número del
expediente.
De otra parte, menciona que, en el caso concreto, es procedente revocar la decisión
objeto de litis, en relación con la firmeza de las declaraciones del período
comprendido entre enero y diciembre de 2011, puesto que la UGPP perdió la
competencia temporal para realizar el requerimiento oficial 648 del 31 de julio de
2014, al realizarlos dos años y siete meses después de que el aportante debió
declarar y siete meses después de la oportunidad legal que tenía para iniciar el
proceso de determinación de obligaciones, en los términos del artículo 714 del
Estatuto Tributario.
1.2.3. Defecto procedimental
La parte accionante aduce que la corporación accionada incurrió en esa causal, por
exceso ritual manifiesto, al no estudiar el cargo de la aplicación retroactiva de la Ley
1607 de 2012 y la consecuencia directa de la firmeza de las declaraciones
presentadas, a pesar de que invocó la violación del debido proceso y, en el recurso
de apelación, amplió los desacuerdos propuestos en la demanda. Así, a su juicio, el
juez ordinario de segunda instancia debió analizar el proceso y, en virtud de sus
facultades oficiosas, interpretar y ampliar el estudio del concepto de violación, para
darle prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.
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1.3. Actuación procesal
El 14 de marzo de 2023 se admitió la solicitud y, en consecuencia, se ordenó
notificar de ese proveído a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Cuarta, y
a los del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
como demandados, y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, como tercera con interés, a
quienes les otorgó un término de tres días, para que se pronunciaran sobre los
hechos expuestos en el escrito de tutela.
1.4. Intervenciones
1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. La magistrada Stella
Jeannette Carvajal Basto advierte que la acción de tutela de la referencia es
improcedente, debido al incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional y
el empleo del mecanismo de amparo como instancia adicional al proceso ordinario.
Además, sostiene que la parte accionante pretende revivir el debate jurídico, ya que,
a diferencia de lo expuesto en el escrito inicial, en el proceso ordinario no formuló
ningún cargo relacionado con la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la
firmeza de las planillas PILA de 2011, situación que impedía emitir un
pronunciamiento sobre el particular.
Por último, manifiesta que la decisión objeto de cuestionamiento no contiene una
interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica o
incompatible con la Constitución Política, por lo que, en caso de asumir el estudio de
fondo, debe negarse ante la inexistencia de transgresión de los derechos
fundamentales invocados.
1.3.2. Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. La subdirectora jurídica de la entidad indica
que no se configura el defecto sustantivo, ya que el caso se analizó de acuerdo con
las normas existentes sin que exista contradicción entre los fundamentos y la
decisión ni una lesión o amenaza de los derechos fundamentales invocados.
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De otra parte, solicita la desvinculación de la entidad, por cuanto no vulneró las
garantías constitucionales.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma
Corporación (sic), y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente
asunto.
2.2. Cuestión previa
Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración del derecho fundamental
invocado por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis de la
decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
al ser el órgano de cierre en el presente asunto y, por tanto, el que finalizó la
discusión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 25000 23 37 000 2016 01111 01.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 1.° de septiembre de
2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 25000 23 37 000 2016 01111 01.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
decisión se incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y el desconocimiento
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del precedente judicial y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la
posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción
de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones
injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las
cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 20052, donde la Corte
concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad
necesarias para verificar la oportunidad del amparo.
1 Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de
1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de
2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, y T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: MARPICO S.A.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un
perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante
que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la
vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el
proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía
oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso
concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ).
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
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Demandante: MARPICO S.A.
2.5. Hechos probados
2.5.1. La compañía MARPICO S.A. presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Liquidación Oficial de
Revisión RDO 019 de 13 de enero de 2015 y de la Resolución RDC 369 de 11 de
diciembre de 2015, a través de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social determinó
oficialmente los pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los
períodos de enero a diciembre de 2011 y de 2013 e impuso sanción por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos, respectivamente. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de los pagos realizados por la
decisión de la administración y el reembolso de los gastos en que incurrió en la
defensa jurídica ejercida en el proceso administrativo y la investigación.
2.5.2. El 21 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, resolvió lo siguiente: (i) declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, (ii) a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a
la entidad: a) reliquidar los ajustes de los trabajadores que recibieron viáticos
permanentes aceptados como no salariales, teniendo en cuenta el límite del 40 % y
b) verificar y validar las planillas PILA que no fueron aplicadas durante el trámite
administrativo, (iii) negó las demás pretensiones y (iv) se abstuvo de condenar en
costas a las partes.
2.5.3. El 1.° de septiembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al
resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, modificó la
decisión de primera instancia, en el siguiente sentido:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro.
RDO 019 del 13 de enero de 2015 y de la Resolución nro. RDC 369 del 7 de
diciembre de 2015, expedidas por la UGPP en contra la sociedad MARPICO SA,
en relación con los periodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se le
ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los
ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no
constitutivos de salario por viáticos permanentes de transporte, por no integrar la
base de aportes al sistema de seguridad social, (ii) se reliquiden los aportes de
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Demandante: MARPICO S.A.
los trabajadores que disfrutaron vacaciones y a su vez recibieron viáticos
permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se
deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se eliminen
los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a
noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan
en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección posteriores a la
liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v) se disminuya
la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.
La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la
reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el
procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa
verificación de los pagos realizados por la aportante.
2.6. Caso concreto.
2.6.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
2.6.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por la sociedad accionante gira en torno a la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia.
2.6.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad», en
cuanto se alega la presunta configuración de varias causales de procedibilidad en la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta que puso fin a la
discusión propuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 25000 23 37 000 2016 01111 01.
2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», ya que la decisión objeto de
reproche constitucional data del 1.° de septiembre de 2022; se notificó
electrónicamente a las partes el 9 de igual mes y año y la presente acción de tutela
se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 10 de marzo de 2023,5 es
decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
5 Índice 1, del expediente electrónico.
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Demandante: MARPICO S.A.
2.6.1.5. Dentro de la acción de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», puesto que las
decisiones que se cuestionan se profirieron dentro del trámite de un proceso de
reparación directa.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias
que habilitan el uso de la acción de tutela para controvertir la sentencia del 1.° de
septiembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.6.2. Causales de procedencia de la acción de tutela
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de
procedibilidad del amparo6 contra providencias judiciales, es decir, que la actuación
judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el
defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.
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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.
En el presente asunto, la parte accionante formula como causales de procedibilidad
el defecto sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente
jurisprudencial. En este orden de ideas y con la finalidad de determinar la
procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de los derechos
fundamentales invocados por la actora, la Sala hará un examen del marco normativo
y jurisprudencial de las causales de procedibilidad alegadas.
2.7. Marco normativo y jurisprudencial de los defectos invocados
2.7.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto
material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
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jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
3) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación
contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del
precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta
de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso.11
2.7.2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente7, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios
a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente8; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
7
Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007,
T-4Treinta y séis de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la
sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser
aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que
permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo
fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante
límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces».
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parecido al que se debe resolver con posterioridad.9
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.10
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.11 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.12
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
9
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
10
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
11
Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
12
Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».13
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe. 14
2.7.3. Defecto procedimental
Ha dicho la Corte Constitucional con respecto al defecto procedimental15, que este
puede ser de dos tipos:
De carácter absoluto. Se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del
proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado
o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el
derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales
aplicables a un caso concreto.
Por exceso ritual manifiesto. Tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa
vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta que
sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías
sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. Aquí el
juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda.
13
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
14
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-634 de
2011, entre otras.
15 Sentencia T-213 de 2012.
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2.7.4. Los defectos alegados
La sociedad MARPICO S.A. alega la vulneración de sus derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con la
expedición de la sentencia del 1.° de septiembre de 2022 por parte del Consejo de
Estado, Sección Cuarta.
Para el efecto, aquellos señalan que la autoridad judicial precitada incurrió en un
defecto sustantivo, al no pronunciarse sobre el cargo relacionado con la aplicación
retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la firmeza de las planillas PILA del año 2011;
además, desatendió el precedente jurisprudencial definido por esa misma
corporación en las sentencias del 10 de septiembre de 2014 y del 10 de noviembre
de 2022, expediente 2015-01557, en las que se analizó la prohibición de aplicar
normas de manera retroactiva en materia tributaria y, en concreto, en la segunda
decisión, un asunto relativo a la desatención por parte de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
esa prohibición, y, finalmente, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, comoquiera que no le dio prevalencia al derecho sustancia sobre el
formal y, en ese orden, se abstuvo de analizar la controversia que le fue planteada, a
pesar de que podía hacerlo en virtud de la facultad oficiosa.
Pues bien, con la finalidad de resolver los anteriores disensos, resulta necesario
analizar los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la
sentencia del 1.° de septiembre de 2022, en relación con los desacuerdos de la parte
accionante.
Sobre el particular, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada, de manera
previa, explicó que si bien la parte demandante en los alegatos de conclusión de
primera instancia y en el recurso de apelación hizo referencia a la irretroactividad de
la Ley 1607 de 2012 y a la firmeza de las planillas PILA del año 2011 y, en ese
sentido, explicó que a esas autoliquidaciones les aplica el término de dos años
previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, porque para la fecha en que se
presentaron estaba en vigor la Ley 1151 de 2007, lo cierto era que esos desacuerdos
no habían sido propuestos como cargo de nulidad en la demanda.
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Además, precisó que esa situación impidió que la entidad demandada pudiera
contradecirlo y el Tribunal a quo tuviera la oportunidad de analizarlo. Por lo anterior,
concluyó que no era posible abordar el estudio de los disensos planteados por el
recurrente, ya que, aunque, conforme con el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre todos los
argumentos planteados en la apelación, el análisis en esa instancia debe guardar
consonancia con lo expuesto en la demanda, en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción de la contraparte y atender el principio de congruencia
definido en el artículo 320 ejusdem.
A partir de lo anterior, definió que los cargos que debía resolver en segunda instancia
eran: (i) si los pagos por viáticos tienen naturaleza no salarial y, en ese contexto, si
deben conformar o no el IBC, (ii) si la entidad liquidó correctamente los aportes de
los trabajadores que disfrutaron vacaciones, (iii) si había cesado la obligación de
pagar aportes a pensiones respecto de 3 trabajadores y (iv) si es improcedente el
reconocimiento de los aportes pagados por la demandante con posterioridad a la
liquidación oficial.
Conforme lo expuesto, no es válido el argumento esgrimido por la parte accionante
para configurar los defectos invocados, puesto que el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en la sentencia objeto de litis, explicó las razones por las cuales no podía
analizar los desacuerdos propuestos por la sociedad MARPICO S.A. en la segunda
instancia del proceso ordinario. En efecto, la Sala destaca que la autoridad judicial
accionada advirtió, antes de iniciar con el análisis del caso concreto, que la
demandante, en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de
apelación, planteó, de un lado, que la entidad demandada aplicó de manera
retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y, de otro, que no atendió la firmeza de las
planillas PILA del año 2011, sin que tales desacuerdos coincidieran con lo planteado
en la demanda, de manera que, no podía abordarse su estudio, so pena de lesionar
el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y desconocer el principio de
congruencia que debe atender una decisión judicial.
De este modo, no puede entenderse que existió una interpretación indebida de las
normas tributarias que cita la parte accionante o que el Consejo de Estado, Sección
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Cuarta, desatendió su precedente sobre la prohibición de aplicar normas en materia
tributaria de manera retroactiva, pues, lo cierto es que la autoridad judicial accionada
no realizó un estudio de fondo de los desacuerdos relacionados con esos temas, al
no haber sido planteados en la etapa oportuna.
Adicionalmente, la Sala encuentra que, contrario a lo expuesto por los accionantes,
la autoridad judicial accionada no desatendió las garantías fundamentales invocadas
ni incurrió en un exceso rigorismo, sino que, precisamente, en virtud de la
prevalencia del derecho sustancial y de las formas propias del juicio, se abstuvo de
resolver unos asuntos que no fueron esbozados en la demanda y, que, por esa
razón, la parte demandada no debatió ni fueron analizados por el Tribunal de primera
instancia.
Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar que la providencia reprochada
cuenta con una sólida fundamentación que descarta la estructuración de los defectos
alegados.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctico y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que en la sentencia del 1.° de septiembre de 2022 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, no se incurrió en los defectos estudiados. En tal sentido,
la Sala procederá a denegar el amparo que solicita la sociedad MARPICO S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita la parte accionante, conforme a la parte
considerativa que antecede.
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Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LYGR
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