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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01253-00

Fecha
13 de junio de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01253-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvincualción por falta de legitimación pasiva en la causa, formulada por el Ejercito Nacional, de conformidad con los argumentos expuestos. 14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00 Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional _____________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Álvaro Arturo Gamboa Rojas contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitudes contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01253-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

13 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 13 de junio de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Sentencia de Segunda
Instancia proferida en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho/
Reconocimiento del subsidio familiar a soldados profesionales previsto en el Decreto 1794
de 2000/ Defecto sustantivo/ Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela/
Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjució las decisiones por medio de las cuales se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que solicitó el reconocimiento y pago del subsidio
familiar a soldados profesionales previsto en el Decreto 1794 de 2000.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Álvaro Arturo
Gamboa Rojas contra el Tribunal Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 10 de marzo de 2023, Álvaro Arturo Gamboa Rojas presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del
derecho sustancial y “respeto a los derechos adquiridos”, así como de los
principios de seguridad jurídica, inescindibilidad de la norma y proscripción
de regresividad de los derechos de contenido prestacional, con ocasión
de la Sentencia 1 de septiembre de 2022, proferida por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 68001-33-33-011-2019-00201-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
_____________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo de Santander, al proferir sentencia
de fecha 1 de septiembre de 2022, puesto que no tuvo en cuenta el
parágrafo 3° del artículo 1° del decreto 1161 del 2014.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y se
ordene a la entidad accionada que profiera nueva sentencia en la que se
disponga reajustar el subsidio familiar desde el 17 de julio de 2014 hasta la
fecha de retiro de la institución 29 de marzo de 2018 con fundamento en lo
establecido en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.

3. Que se advierte a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Álvaro Arturo Gamboa Rojas ingresó al Ejército Nacional a prestar
el servicio militar el 8 de enero de 1997. Dos años después se incorporó
como soldado voluntario y, posteriormente, el 1 de noviembre de 2003, se
hizo oficial su vinculación como soldado profesional del Ejército Nacional,
condición en la que permaneció hasta el 30 de marzo de 2018, cuando
fue retirado del servicio activo al adquirir su derecho pensional.

5. 2) Mediante el artículo 11 del Decreto 1794 de 20002 se estableció el
subsidio familiar para los soldados profesionales casados o con unión
marital de hecho vigente, sin embargo, dicha normatividad fue derogada
en su totalidad a través del Decreto 3770 de 2009.

6. 3) El 4 de agosto de 2010, el señor Gamboa Rojas contrajo
matrimonio con Florangela Sandoval Buitrago, fecha para la cual ya se
encontraba vigente el Decreto 3770 de 2009. Fruto de esa unión surgieron 2
hijos: David y Linda Gamboa Sandoval.

7. 4) El 24 de junio de 2014, mediante Decreto 1161 de 2014, se
reconoció nuevamente un subsidio familiar a favor de los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales, pero en una cuantía
inferior a la prevista en el Decreto 1794 de 2000, es decir, se reconoce el
20% de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente;
más, por concepto del primer hijo, el 3%; por el segundo hijo, el 2% y el 1%
por el tercer hijo sobre la asignación básica.

2 Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las

Fuerzas Militares.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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8. 5) Dada su composición familiar, así como la “reactivación del
reconocimiento” del subsidio familiar para los soldados profesionales,
Álvaro Arturo Gamboa Rojas solicitó el reconocimiento de dicho
emolumento ante el Ministerio de Defensa Nacional, el cual le fue
reconocido el 17 de julio de 2014, bajo los términos del Decreto 1161 de
2014.

9. 6) Mediante Sentencia de 8 de junio de 20173, la Subsección B de
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
3770 de 2009 con efectos “ex tunc”. Ello significó que el Decreto 1794 de
2000 había regresado a la vida jurídica y sus efectos volvían a surgir desde
el momento en que fue derogado. En otras palabras, su validez se contaba
desde el momento de su expedición (14 de septiembre de 2000) hasta el 1
de julio de 2014, cuando entró en vigencia el Decreto 1161 de 2014.

10. 7) Tras considerar que al accionante le eran aplicables los efectos de
la Sentencia aludida, el 14 de enero de 2019, solicitó ante el Ejército
Nacional el reconocimiento y reajuste de subsidio familiar desde la fecha
en que contrajo matrimonio (4 de agosto de 2010). El Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, a través de Oficio No. 20193110104551MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1-10 de 22 de enero de 2019, se
despachó de manera desfavorable la aludida petición.

11. 8) Una vez agotado el requisito de procedibilidad, a través de
apoderada judicial, el señor Gamboa Rojas interpuso demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional. En ella pretendió que se declarara (a) la
nulidad del Oficio No. 20193110104551 de 22 de enero de 2019, mediante
el cual se negó el reajuste del subsidio familiar en un 25% del salario básico,
junto con la incidencia prestacional y cualquier otra acreencia laboral
devengada, (b) el reconocimiento y pago del subsidio familiar al que tenía
derecho a partir del 4 de agosto de 2010 de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1794 de 2000 y (c) el reajuste del subsidio familiar
que debió reconocérsele en un 62.5% con fundamento en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.

12. 9) Mediante Sentencia de 3 de diciembre de 2019, el Juzgado 11
Administrativo de Bucaramanga resolvió negar las pretensiones de la
demanda, tras considerar que (a) el porcentaje correspondiente al
subsidio familiar que le fue concedido al actor en virtud del Decreto 1161
de 2014 estaba ajustado a derecho, porque el señor Gamboa Rojas no
contaba con las condiciones requeridas para ser beneficiario del subsidio

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado No. 11001-0325-000-2010-00065-00 (0686-2010).

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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familiar en cuanto a su estado civil y cuando cumplió dichos requisitos no
informó a tiempo, pues solicitó su reconocimiento cuando el Decreto 1794
de 2000 había perdido vigencia, encontrándose en aplicación el Decreto
1161 de 2014, y (b) no le asistía razón al demandante en alegar violación
de su derecho a la igualdad al aplicarse el Decreto 1161 de 2014 en lugar
del Decreto 1794 de 2000.

13. 10) Inconforme con la decisión, la apoderada del demandante
presentó recurso de apelación contra la decisión de primer grado con
fundamento en que al señor Gamboa Rojas no le era aplicable término
prescripción alguno sobre el factor reclamado, en consideración a que a
los soldados profesionales que, desde el 1 de enero de 2001, demostraran
su cambio de estado civil, eran acreedores del subsidio familiar con una
base de liquidación del 4% del salario básico incrementado en el 100% de
lo devengado por prima de antigüedad.

14. 11) El 1 de septiembre de 20224, el Tribunal Administrativo de
Santander, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La autoridad
judicial declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a
título de restablecimiento de derecho, reconoció el subsidio familiar según
lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, entre el 4 de agosto
de 2010 (día en que el demandante contrajo matrimonio) y el 17 de julio
de 2014 (fecha en que se le reconoció el subsidio familiar en aplicación del
Decreto 1161 de 2014). Como consecuencia, reconoció los periodos
referenciados y negó el reajuste del subsidio familiar desde el 17 de julio de
2014 hasta el 29 de marzo de 2018, fecha en la cual el actor fue retirado
del servicio activo.

15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que, a
su juicio, la autoridad accionada incurrió en el defecto sustantivo porque
desconoció lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161
de 2014, el cual excluye taxativamente la aplicación del Decreto, en el
momento en el que el subsidio familiar se reconoce bajo los términos del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Esta última norma que resulta
aplicable al señor Gamboa Rojas dada la fecha en que adquirió el
derecho (4 de agosto de 2010).

16. Finalmente, alegó que se vulneró su derecho a la igualdad respecto
de los demás soldados profesionales a quienes si se les ha reconocido el
subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y
hasta la fecha de su retiro.

4 Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envió el 16 de septiembre de 2022. Ver índice No.

14 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-33-33-011-2019-00201-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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1.2. Posición de la parte demandada y terceros5

17. El Tribunal Administrativo de Santander indicó que no desconoció los
derechos fundamentales de Álvaro Arturo Gamboa Rojas, sino que, por el
contrario, dicha autoridad profirió la providencia enjuiciada conforme con
la ley y la jurispurdencia, en ejercicio de la autonomía interpretativa que le
asiste dentro de sus competencias. En ese orden, se ordenó el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de
2000, sin incurrir en defecto alguno.

18. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se negara el amparo
solicitado comoquiera que no cumplió con los requsitos generales de
procedencia. Adujo que el Tribunal Administrativo de Santander cambió su
posición para reconocer el subsidio familiar, en consideración de la
sentencia de tutela porferida en el proceso No. 11001-03-15-000-2022-
01201-01, en el que se dejó sin efectos una providencia del mismo Tribunal
en la que se negó el reconocimiento del subsidio familiar. En dicha orden
de tutela, se ordenó proferir nueva decisión en la que se accediera a las
pretensiones de la demanda ordinaria, tras considerar que no era
necesario pedir la prueba que una vez cambio el soldado profesional su
estado civil debía reportarlo a la entidad como lo exigía el articulo 11 del
Decreto 1794 de 2000.

19. De igual manera, manifestó su desacuerdo con el reconocimiento
del subsidio familiar al amparo del Decreto 1794 de 2000, pues según con
lo establecido en su artículo 11, aquel estaba supeditado a que el
beneficiario reportara ante el Comando de la Fuerza el correspondiente
cambio de su estado civil, requisito que a todas luces, el accionante no
cumplió.

20. El Ejercito Nacional indicó que no vulneró derecho fundamental
alguno, en razón a que no existió un nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de los derechos alegados y las actuaciones de esa autoridad.
Agregó que tampoco era competente para emitir un pronunciamiento de
fondo sobre las pretensiones que el accionante invocaba y, en esa
medida, solicitó que se declarará su falta de legitimación pasiva en la
causa.

21. El Juzgado 11 Administrativo de Bucaramanga guardó silencio.

5 Mediante Auto de 14 de marzo de 2023, el despacho resolvió: (1) admitir la presente acción de tutela,(2)tener

como demandado al Tribunal Administrativo de Santander y,(3) vincular como tercero interesado en el asunto al
Juzgado 11 Administrativo de Buscaramanga, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1 Cuestiones previas. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusiones.

2.1. Cuestiones previas

22. 1) Pese a que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos fundamentales, esta Sala detendrá su estudio en
el derecho al debido proceso, comoquiera que la presunta vulneración de
garantías constitucionales se produjo en el marco de una actuación
judicial y, en tal sentido, cobra relevancia estudiar si fue, o
no, lesionado este derecho durante el desarrollo del trámite judicial
ordinario. Aunado a ello, la afectación de los demás derechos invocados,
fue presentada como consecuencia de la afrenta al derecho al debido
proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar lesionado este
derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo solicitado.

23. 2) El Ejercito Nacional solicitó la desvinculación del proceso de la
referencia por carecer, en su criterio, de legitimación pasiva en la causa.
Sin embargo, la Sala negará dicha solicitud porque la vinculación de la
referida autoridad se hizo en calidad de tercero interesado, en atención a
que hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del
que se cuestiona la decisión judicial adoptada en segunda instancia. En
esa medida, se advierte que tiene interés en lo que se resuelva en el
presente asunto.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6

24. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues se
advirtió que la parte actora no desplegó la carga argumentativa que
justificara la intervención del juez de tutela

25. Al respecto debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la
Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrase en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”7.

6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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26. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” .

27. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales8.

28. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20149, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela10 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia11; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad12.

29. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre la
reliquidación del subsidio familiar. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como
una instancia adicional.

8 Ibidem.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de

tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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30. En ese orden, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en
varios defectos, la Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que
expuso en el proceso ordinario, concretamente, en el recurso de
apelación13 interpuesto contra la Sentencia de 1 de septiembre de 2022,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 68001-
33-33-011-2019-00201-01.

31. Tales argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Santander, el cual revocó la sentencia apelada, tras
concluir que (se trascribe):

“(…)Teniendo en cuenta que no es necesario exigirle al accionante haber
probado que reportó a la entidad su cambio de estado civil, es claro que el
demandante adquirió el derecho a percibir como componente salarial el
subsidio familiar a partir de la fecha en que contrajo matrimonio, esto es, el 04
de agosto de 2010. Ahora bien, debe la Sala entrar a estudiar cual es el
periodo que se debe reconocer el subsidio familiar, teniendo en cuenta la
fecha de su matrimonio y el momento en que se volvió a reconocer dicho
emolumento.

El señor Álvaro Arturo Gamboa Rojas contrajo matrimonio con la señora
Florangela Sandoval Buitrago el 04 de agosto de 2010 y el 17 de julio de 2014
se reconoció el subsidio familiar en aplicación del Decreto 1161 de 2014, con
el cual se dispuso nuevamente el reconocimiento de dicho emolumento en
favor de los soldados profesionales. En tal sentido, se indica que el
demandante tiene derecho a que se reconozca el pago del subsidio familiar
en los periodos atrás referenciados del 04 de agosto de 2010 al 17 de julio de
2014.

En consecuencia, se colige que es posible acceder a tal reconocimiento en
sede judicial, dado el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en consecuencia, resultaba procedente
conceder las súplicas de la demanda, y en tal sentido revocar la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga de fecha 03 de diciembre de 2019.

(…)

Establecer que el señor Álvaro Arturo Gamboa Rojas tiene derecho que la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional reconozca y
pague el emolumento denominado subsidio familiar que resulten de la
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, donde se contempla el
“equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la
prima de antigüedad.”, del periodo comprendido del 04 de agosto de 2010 al
17 de julio de 2014.

En tal sentido, las diferencias resultantes se ajustarán en su valor aplicando
para ello la fórmula9 establecida por el H. Consejo de Estado y de
conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A. Por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, empezando por

13 (…)Es importante indicar, que sobre el reajuste solicitado no se puede imponer ningún término prescriptivo

pues el demandante nunca dejo de reclamar sus derechos, sino que, por una decisión del gobierno nacional, la
partida denominada subsidio familiar fue suprimida para todo el personal de soldados profesionales,
cercenando radicalmente la posibilidad de que aquellos casados durante y después del año 2009 devengaran
subsidio familiar, por lo que negar el reconocimiento solicitado o aplicar término de prescripción desconocería
el contenido de la sentencia y desencadenaría obviamente en un desconocimiento de los derechos de los
soldados profesionales en general, pues entonces ningún Soldado que fue afectado con la expedición del
Decreto 3770 de 2009 tendría derecho a solicitar el reconocimiento del subsidio familiar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
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la primera asignación básica que se dejó de cancelar en debida forma,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada una de ellas.”.

32. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre los reparos que
formuló la parte actora contra la sentencia apelada. En ese orden, se
reitera que lo pretendido por el accionante fue reabrir el debate jurídico y
someterlo a una instancia adicional, pese a que el juez natural dejó claro
que el accionante se encontraba cobijado por el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000.

33. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional14.

2.3. Conclusiones

34. En ese orden de ideas, la Sala considera que lo alegado no reviste
relevancia constitucional. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y el fondo del asunto y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvincualción por falta de legitimación
pasiva en la causa, formulada por el Ejercito Nacional, de conformidad
con los argumentos expuestos.

14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01253-00
Demandante: Álvaro Arturo Gamboa Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente – relevancia constitucional
_____________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Álvaro Arturo Gamboa Rojas contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitudes contra la misma deberán dirigirlos, dentro del
término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General
para tal fin15.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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