Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01300-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01300-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01300-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01
Demandante: Maritza Orobio Cundumí
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01300-01
Demandante MARITZA OROBIO CUNDUMÍ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La inmediatez, la relevancia constitucional
y la subsidiariedad. Defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento
del precedente, y por violación directa de la Constitución. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Declaratoria de vacancia por
abandono de cargo de docente. Desplazamiento forzado.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Maritza Orobio Cundumí
contra la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Maritza Orobio Cundumí
contra el Tribunal Administrativo de Nariño.”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de marzo de 20231, mediante apoderada judicial, la señora Maritza Orobio
Cundumí interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital con ocasión de la
sentencia proferida el 31 de julio de 2019, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nro. 52001-33-33-001-2014-00259-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Tutelar a la señora MARITZA OROBIO CUNDUMI, el derecho fundamental al
debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de la dignidad humana,
al mínimo vital, vulnerados por la providencia emanada el treinta y uno (31) de julio de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño presentado con motivo de defecto sustantivo,
defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución.
SEGUNDO: ORDENAR, como consecuencia de la declaratoria de tutela al derecho
fundamental al debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de la
dignidad humana, al mínimo vital, se aplique la cláusula de favorabilidad en la interpretación
de los derechos humanos contenida en el artículo 4º del Protocolo de San Salvador y tratada
en Sentencia C-291 del 2007.
TERCERO: ORDENAR, como consecuencia de aplicación de la cláusula de favorabilidad,
revocar la sentencia el treinta y uno (31) de julio de 2019 proferida por el Tribunal
1 Índice 2 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01
Demandante: Maritza Orobio Cundumí
Administrativo de Nariño, por conculcar derechos fundamentales de la señora MARITZA
OROBIO CUNDUMI al debido proceso, al derecho al trabajo, a la igualdad, al respeto de
la dignidad humana, al mínimo vital y consecuentemente se ordene a las accionadas o a
quien haga sus veces proferir un nuevo fallo de fondo en los términos y condiciones decididos
de acuerdo al referente jurisprudencial, conforme a la Constitución y la Ley».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes
2.1. En el año 2001, la señora Maritza Orobio Cundumí fue nombrada como
docente de la Escuela Rural Mixta las Cejas, en el municipio de Santa Bárbara
(Nariño).
La accionante aseguró que se vio obligada a no continuar sus funciones, pues
tuvo constantes amenazas por parte de grupos armados de la región.
2.2. Mediante Decreto 172 de 11 de marzo de 2010, la Gobernación de Nariño
declaró la vacancia del cargo ocupado por la tutelante, por abandono de este.
Hechos relativos a las acciones de tutela interpuestas y Sentencia T-342 de
2012
2.3. En noviembre de 2011, la señora Orobio Cundumí presentó acción de tutela
contra la entonces denominada Agencia Presidencial para la Acción Social, a
fin de que se ordenara a tal entidad inscribirla en el Registro Único de
Población Desplazada (RUPD) por haberse visto obligada a salir del municipio
de Santa Bárbara debido a las amenazas de las que fue víctima.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali conoció en primera
instancia del asunto, bajo el radicado Nro. 76001-33-31-001-2010-00419-00.
Mediante providencia del 29 de noviembre de 2010, tal autoridad judicial negó
el amparo.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia del 28 de enero de 2011, mediante la cual se concedió el amparo y
se ordenó a Acción Social inscribir a la accionante y a su familia en el entonces
Registro Único de Población Desplazada. Para el tribunal la decisión de excluir
a la tutelante del registro por haber transcurrido más de un año entre la
ocurrencia de los hechos del desplazamiento y la declaración de dicha
situación no era admisible, porque la norma (Decreto 2569 de 2000, artículo 11,
numeral tercero2) que permitía la exclusión del registro por tal causal fue
declarada nula por el Consejo de Estado en fallo de 12 de junio de 2008.
2.4. Posteriormente, la señora Orobio Cundumí presentó una segunda acción de
tutela, en esta oportunidad, contra la Secretaría de Educación Departamental
de Nariño y la Gobernación de Nariño, en la cual solicitó su reintegro laboral,
el pago de salarios dejados de percibir desde su destitución y su reubicación
a un lugar en donde su vida no corriera peligro (Radicado Nro. 2011-00096).
En sentencia de 31 de octubre de 2011, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Palmira dispuso que la acción interpuesta era improcedente.
2 Decreto 2569 de 2000, artículo 11: «Artículo 11. De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado
la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los
siguientes casos: (…) 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro
después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.»
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01300-01
Demandante: Maritza Orobio Cundumí
En sede de revisión, la Corte Constitucional profirió Sentencia T-342 de 2012,
en la cual revocó la anterior decisión.
En primer lugar, la Corte Constitucional se refirió a los requisitos de inmediatez
y subsidiariedad cuando la acción de tutela es presentada por una persona
víctima de desplazamiento forzado. Frente al primero, explicó que en ese
escenario dicho requisito de procedibilidad se flexibiliza, en razón a que «la
población desplazada es objeto de múltiples amenazas a sus derechos fundamentales,
las cuales ocurren en distintos momentos, situación que, en muchas ocasiones,
imposibilita establecer con precisión el instante desde cuando se inició la violación de los
mismos». Y con relación a la subsidiariedad, aseguró que la tutela es el
mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población
desplazada pues la urgencia de la protección que ellos requieren «sólo puede
ser provista de manera eficaz a través del amparo constitucional».
En segundo lugar, tras considerar que en el caso se cumplían dichos
requisitos, la Corte Constitucional consideró que el fundamento del Decreto
Nro. 172 de 11 de marzo de 2010 desapareció, pues con posterioridad a su
expedición se profirió sentencia de tutela (Radicado Nro. 2010-00419-00) en la
cual se reconoció la calidad de desplazada de la señora Maritza Orobio
Cundumí y se ordenó su inclusión en el entonces Registro Único de Población
Desplazada. Así lo explicó la Corte:
«(...) es preciso señalar que uno de los hechos que motivó la decisión mencionada radica en
que, cuando la Gobernación consultó a Acción Social para determinar si la demandante tenía
la calidad de desplazada, se informó que la misma no se encontraba inscrita en el Registro
Único de la Población Desplazada.
No obstante, con posterioridad a la expedición del acto administrativo, a través de sentencia
de tutela de segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
decidió proteger los derechos fundamentales de la accionante a la vida digna y al debido
proceso. Lo anterior por cuanto, estando probado que la señora Orobio Cundumí había
migrado de su lugar de origen en abril del año 2005 por amenazas provenientes del grupo
guerrillero ELN, Acción Social se negaba a inscribirla en el RUPD.
Por consiguiente, al observarse que con posterioridad al acto administrativo controvertido, una
sentencia de tutela reconoció a la accionante como desplazada, y por tanto como sujeto de
especial protección constitucional, el argumento que sirvió de sustento para expedir la
decisión, ha perdido sentido. (…)
Ahora bien, teniendo en cuenta que con posterioridad al decreto que declaró la destitución se
profirió una sentencia de tutela en la que se reconoció a la accionante como desplazada, y
que el mencionado decreto basó su argumentación en considerar que la accionante no
figuraba como desplazada en el Registro Único de la Población Desplazada, en este caso la
tutela procederá para ordenar a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño proferir
un nuevo acto administrativo, por ser la accionante un sujeto de especial protección
constitucional.
En este sentido, la entidad accionada deberá valorar nuevamente las pruebas obtenidas
en el procedimiento administrativo dentro del cual se decidió declarar la destitución de
la accionante por abandono del cargo, y tomar una nueva decisión, teniendo en cuenta
la sentencia de tutela proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca» (Negrillas propias).
En consecuencia, dispuso conceder la tutela de los derechos fundamentales
al trabajo y a la vida y ordenó «a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, tome una nueva
decisión sobre la vinculación, desvinculación o traslado de la señora Maritza Orobio Cundumí,
teniendo en cuenta la sentencia de tutela proferida el 28 de octubre de 2011 por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual la accionante fue reconocida
como desplazada».
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Demandante: Maritza Orobio Cundumí
Nuevo acto administrativo sobre abandono de cargo
2.5. A fin de cumplir con la Sentencia T-342 de 2012, la Gobernación de Nariño
expidió el Decreto 1021 del 24 de septiembre de 2013, mediante el cual
declaró que el Decreto 172 de 11 de marzo de 2010, en el que originalmente
se declaró la de vacancia por abandono del cargo, se profirió conforme al
debido proceso y al ordenamiento jurídico.
Tal autoridad aseguró que en el expediente administrativo existían elementos
que demostraban que la señora Maritza Orobio Cundumí abandonó su cargo
previo a su desplazamiento forzado, es decir antes de abril de 2005. Así se
expresó en el referido acto administrativo:
(sic para toda la cita) «Definido, como está, la circunstancia de hecho que motivó el
desplazamiento de la Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI, en el mes de Abril de 2005,
según el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca traído a colación por la H.
Corte Constitucional, es posible observar que los elementos probatorios que descansan en el
expediente administrativo que rebosa en la historia laboral de la citada ciudadana, demuestran
que efectivamente se presentó de su parte una ausencia laboral injustificada por más de tres
(3) dias con anterioridad al periodo descrito, que al tenor de lo establecido en el Numeral 2 del
Artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, constituye abandono del cargo. (…)
De conformidad con el documento enunciado con anterioridad, la ausencia laboral de la
Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI se habria gestado desde el año 2004, esto es, un
periodo notablemente anterior al presunto hecho generador del desplazamiento de la
citada ciudadana (Abril de 2005), el cual si bien es cierto no es preciso y determinado, ello
obedece como lo indica el Alcalde del Municipio de Santa Bárbara, a la ausencia total de
conocimiento de la citada ciudadana por parte de la comunidad en la territorialidad enunciada
(…).
Como puede observarse, la ausencia laboral de la Señora MARITZA OROBIO CUNDUMI,
se encuentra claramente comprobada mucho tiempo antes de que se gestara la causa
del desplazamiento (Abril de 2005) que le fue reconocido por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual, se impone declarar, una vez valorados
nuevamente los elementos probatorios obrantes en el expediente administrativo en
cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional, que los Decretos 172 de 11 de
Marzo de 2010, 198 de 23 de Marzo de 2010 y 492 de 5 de Mayo de 2010, se profirieron
acatando el debido proceso, el orden juridico vigente y fundamentados en la ausencia laboral
injustificada de la Señora MARTIZA OROBIO CUNDUMI, que ameritò la declaratoria de
vacancia del cargo por abandono del mismo» (Negrillas propias).
Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
2.6. En el año 2014, la señora Maritza Orobio Cundumí presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Gobernación de Nariño con el
fin de que se declarará la nulidad del Decreto 1021 del 24 de septiembre de
2013.
2.7. En primera instancia le correspondió conocer al Juzgado Primero
Administrativo de Pasto, bajo radicado Nro. 52001-33-33-001-2014-00259-00.
Autoridad que en sentencia de 11 de mayo de 2018 declaró la nulidad del
Decreto 1021 del 24 de septiembre de 2013 y ordenó el reintegro laboral de la
señora Maritza Orobio Cundumí, pero en un lugar diferente al municipio de
Santa Bárbara (Nariño), dado su desplazamiento forzado.
La anterior decisión fue apelada por la Gobernación de Nariño.
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Demandante: Maritza Orobio Cundumí
2.8. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 31 de julio de 2019, en
la cual revocó la sentencia del 11 de mayo de 2018 y como consecuencia de
esto negó las pretensiones de la demanda.
Fundamentó su decisión en que, en el año 2007 el Comité de Docentes
Amenazados y Desplazados de la Secretaría de Educación de Nariño dispuso
no recomendar el traslado laboral de la tutelante, porque no se cumplían los
requisitos del Decreto 3222 de 2003 (Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la
Ley 715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los
establecimientos educativos estatales).
A su vez, el mencionado tribunal sostuvo que «indudablemente, que previo a solicitar
al Comité respectivo, que se emitiera concepto favorable a su traslado, transcurrieron al menos
veinticinco (25) dias, durante los cuales, sin poner en conocimiento de su nominador ninguna
circunstancia como aquellas que ahora se alegan, la señora Maritza Orobio Cundumí dejó de
concurrir a su trabajo, es decir que su conducta se enmarcaba desde entonces en la conducta
que describe el ordinal 2° del articulo 126 del Decreto 1950 de 2003» (sic para toda la cita).
3. Fundamentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora señaló que la tutela es procedente, puesto que se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad. Aseguró que el asunto es de relevancia
constitucional por tratarse de un sujeto de especial protección, dado que fue
víctima de desplazamiento forzado.
Manifestó que también se cumple con el requisito de inmediatez por cuanto el
tiempo entre la providencia de segunda instancia del medio de control y la
presentación de la acción de tutela es razonable y proporcional. Añadió que
después de muchos años pudo acceder a documentos que se encontraban en
poder de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Nariño, arriesgando su
vida al encontrarse en el territorio en el cual recibió las amenazas, que
actualmente subsisten. En esa medida sostuvo que la tutela «se presenta a partir
del momento en el cual se tiene acceso a los nuevos elementos probatorios, que sirven
de fundamento para una decisión distinta a la tomada por el Tribunal Administrativo de
Nariño».
Además, precisó haber agotado todos los recursos ordinarios para la
protección de sus derechos.
3.2. Por otro lado, argumentó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en
defecto fáctico, desconocimiento del precedente, violación directa de la
Constitución y defecto sustantivo.
Defecto fáctico: la accionante sostuvo que este defecto se configuró al
presentarse una incongruencia entre lo probado y lo fallado, pues la decisión
se adoptó en contravía de la evidencia probatoria. Puntualmente, aseveró que
la autoridad judicial no tuvo en cuenta su solicitud del 25 de mayo de 2005
dirigida al Comité de Docentes Amenazados y Desplazados de la Secretaría
de Educación de Nariño, en la cual pidió su reubicación como docente en el
municipio de Palmira.
Aseguró que la autoridad judicial tampoco consideró otras pruebas que
acreditan que en el curso del procedimiento administrativo sí se detalló en qué
consistieron las amenazas y el modo y tiempo de estas. Entre dichos
elementos probatorios se encuentran los testimonios de los señores Baudilia
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Demandante: Maritza Orobio Cundumí
Cundumí, Luis Alfredo Orobio Cundumí y Francisca Orobio Cundumí. En su
criterio, estas pruebas desvirtúan la afirmación del tribunal accionado referente
a que en el curso del proceso administrativo no se acreditó en qué consistieron
las amenazas y cuándo y cómo ocurrieron.
De otra parte, afirmó que la autoridad judicial basó su decisión en una prueba
no decretada en el procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia
por abandono del cargo, que ni siquiera fue relacionada en el primer acto
administrativo mediante el cual se declaró el abandono de cargo. Tal prueba
fue la Resolución Nro. 0024 de 19 de enero de 2005, que suspendió el pago
de salarios de la ahora tutelante por el periodo comprendido entre el 1 de abril
al 23 de septiembre de 2004; situación por la cual no pudo controvertir dicho
acto administrativo en el curso del procedimiento administrativo en su contra.
Por otro lado, manifestó que en su caso existe un hecho sobreviniente de suma
importancia, el cual es que recientemente tuvo acceso a documentación
relevante que se encontraba en manos de la Oficina de Control Interno
Disciplinario de Nariño. Esto demuestra que previo a su desplazamiento sí
acudió a varias autoridades a fin de poner en conocimiento las amenazas
contra su vida y las condiciones de su estado de embarazo riesgoso. Precisó
que en su momento no tuvo acceso a dichas pruebas debido a la urgencia de
dejar su territorio, por las amenazas en su contra.
Entre las pruebas que adquirió hace poco se encuentran la solicitud de 25 de
mayo de 2005 interpuesta ante la Fiscalía Regional del Valle Santiago de Cali,
en la cual informó de las amenazas en su contra, el modo cómo estas
ocurrieron y de su situación como madre gestante de alto riesgo; el derecho
de petición de 3 de julio del año 2009 dirigido a la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño, en la que informa sobre las amenazas y las
condiciones de su embarazo en el año 2004 y solicita se sirva a tomar medidas
en pro de la protección a su vida e integridad como el traslado a una zona en
la cual se garanticen sus derechos fundamentales y los de su familia; y
derecho de petición de 29 de abril del año 2004, en el cual la accionante solicitó
su traslado por su embarazo de alto riesgo.
Finalmente, indicó que la autoridad judicial accionada no le dio valor probatorio
a la sentencia de tutela de 28 de octubre de 2011 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca ni a la Sentencia T-342 del 2012 de la Corte
Constitucional, en las cuales se reconoció su calidad de víctima de
desplazamiento forzado. Agregó que, en la sentencia proferida por la Corte
Constitucional, se indicó que su caso debía analizarse no solo a la luz de su
situación de desplazamiento, sino con base en las pruebas obrantes en el
procedimiento administrativo primigenio.
Desconocimiento del precedente: la accionante consideró que se presentó
una errónea interpretación e inaplicación del precedente del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, en cuanto su desvinculación, su reintegro
y su condición de desplazada. Se refirió a las Sentencias T-733 de 1998, T-
028 de 2000, T-258 de 2001, T-787 de 2003, T-1132 de 2004 y T-342 de 2012
(pronunciamiento sobre la calidad de víctima de la tutelante), que versaron sobre
casos de docentes víctimas de desplazamiento forzado
Violación directa de la Constitución: alegó que no se le protegieron sus
derechos fundamentales como sujeto de especial protección dado el
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Demandante: Maritza Orobio Cundumí
desplazamiento de que fue víctima y su condición de madre cabeza de familia;
y que tampoco primó la dignidad humana.
Defecto sustantivo: manifestó que se configuró ese defecto al interpretarse
erróneamente la norma aplicable al caso y por desconocer la orden impartida
en la Sentencia T-342 de 2012 consistente en expedir un acto administrativo
distinto al emanado inicialmente sobre el abandono del cargo.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela presentada por la señora Maritza Orobio Cundumí contra
el Tribunal Administrativo de Nariño; se ordenó vincular en calidad de terceros
al Departamento de Nariño, a Leslies Yurany y Maiker Daniel Cundumí Orobio,
Baudilia Cundumí Cundumí, Luis Alfredo y Francisca Orobio Cundumí y
Valentino y Jennifer Andrea Araujo Orobio Cundumí (quienes inicialmente
fungieron como demandantes en el medio de control); y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Primero Administrativo de Pasto allegó copia digital del
expediente del proceso ordinario.
4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño se opuso al amparo de la tutela y
realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario.
Asimismo, señaló que la tutela es improcedente por no cumplir con el requisito
de inmediatez.
Sostuvo, que la decisión se tomó con base en lo probado en el proceso
ordinario y que los demandantes no allegaron material probatorio que indicara
las amenazas que alegaban en el escrito de la demanda ni en el recurso de
apelación. En esa medida consideró que no era posible anular el acto acusado
y ordenar el restablecimiento del derecho a favor de quien ahora tutela, pues
en su criterio el Departamento de Nariño acertó al concluir, con base en las
pruebas, que la señora Orobio Cundumí no asistió a su lugar de trabajo
durante un extenso lapso de tiempo «y no puso en conocimiento de la administración
que fueran circunstancias ajenas a su voluntad, como el desplazamiento forzado o las
amenazas, sobre las cuales no presentó documentos que las corroboraran, los motivos
que la alejaron del lugar».
En consecuencia, no era posible acceder a la pretensión de reintegro, pues
aun reconociendo su situación de desplazamiento, lo cierto es que «el término
de abandono fue prolongado, y sin que de él se hiciera conocer a quien podría
reemplazarla en procura de no afectar los derechos de los menores educativamente a su
cargo».
Concluyó que la decisión del Departamento fue acertada, pues esta respondió
al comportamiento displicente de la docente en relación con sus alumnos,
menores que tenían derecho a que, si realmente existían las amenazas, se les
designara otro docente que se hiciera cargo de su educación.
4.4. Los terceros con interés guardaron silencio en el curso de la tutela.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 12 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C declaró improcedente la acción de tutela, pues consideró que en el
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caso no se cumple el requisito de inmediatez, porque encontró que la tutela se
presentó luego del lapso de los 6 meses de proferida la decisión controvertida.
Precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño dictó tal providencia el 31 de julio
de 2019 y que esta se notificó por correo electrónico el 2 de agosto de 2019. De
manera que los seis meses del plazo de inmediatez vencieron el 9 de febrero de
2020. En esa medida, como la solicitud de tutela se interpuso el 13 de marzo de
2023, concluyó que el amparo no cumple el requisito de inmediatez y que la tutela
es improcedente.
A su vez, desestimó las razones aducidas por la accionante para justificar la
presentación tardía de la tutela, consistentes en su condición de desplazada por la
violencia y en el hecho de no contar con recursos económicos suficientes.
Así lo explicó:
«esas razones no son suficientes para se entienda satisfecho el requisito de inmediatez , pues su
situación de desplazamiento fue discutida en la actuación administrativa y durante el trámite del
proceso ordinario; además, como la acción de tutela es de carácter informal y no requiere de un
abogado para su presentación, la señora Orobio Cundumí pudo interponerla en nombre propio o
acudir al defensor del pueblo o al personero municipal para que la presentaran en su nombre.
Asimismo, manifestó que hasta hace poco pudo acceder a los documentos del proceso disciplinario
que se inició en su contra y que fue archivado por encontrarse demostrada una circunstancia de
fuerza mayor por su situación de desplazamiento, no obstante, la solicitante no mencionó desde
cuándo tiene conocimiento de esos documentos y tampoco señala por qué no pudo acceder a tales
con anterioridad, a pesar de que eran necesarios para su situación laboral, pues pudo delegar a un
abogado o al personero municipal para revisar las resultas del proceso, por ello no se satisfizo el
requisito de la inmediatez».
6. Impugnación y actuaciones posteriores
6.1. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia.
Consideró, en primer lugar, que el perjuicio causado continúa vigente en la
actualidad, en razón a que no fue reintegrada al cargo de docente, a pesar de
que (i) justificó su inasistencia por ser víctima de desplazamiento forzado,
reconocida en sentencia de la Corte Constitucional; y i(i) fue absuelta en
proceso disciplinario.
En segundo lugar, tras referirse a jurisprudencia constitucional3, manifestó que
«no se comparte los argumentos indicados por la sala de amparo constitucional de primera
instancia, en razón que la situación de la señora MARITZA OROBIO CUNDUMÍ indica que no
cuenta con recursos económicos ni tan siquiera para cubrir sus necesidades básicas, por
tanto, esa imposibilidad económica le restringe el acceso a los servicios que indica la sala de
amparo. En razón a que se encontraba en una condición de debilidad manifiesta dado su
situación de víctima de desplazamiento forzado.»
Resaltó que su calidad de víctima de desplazamiento forzado no se ha
modificado, pese al tiempo transcurrido; de hecho, aseguró que su situación
se ha agravado.
6.2. En auto de 11 de septiembre de 2023, se ordenó notificar al Departamento de
Nariño el auto admisorio y la sentencia de tutela de primera instancia, mediante
su dirección de notificaciones judiciales publicada en la página web de dicha
entidad. Lo anterior en atención a que en primera instancia los correos
3 Corte Constitucional. Sentencia T-293 de 2017.
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electrónicos remitidos a tal entidad para efectos de notificación se enviaron a
otra dirección electrónica distinta al buzón de notificaciones judiciales.
6.3. Surtida la respectiva notificación, el Departamento de Nariño guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar
si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar improcedente la
4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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presente acción por no encontrar acreditado el requisito de procedencia de la
inmediatez.
En caso de superar el anterior estudio, la Sala determinará si al proferir la
providencia del 31 de julio de 2019, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la radicación Nro. 52001-33-33-001-2014-00259-
00/01, el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución Política y
sustantivo, propuestos por la señora Maritza Orobio Cundumí.
4. Requisito de la inmediatez y su análisis en el caso
4.1. Uno de los requisitos generales para que la tutela contra providencias
judiciales proceda es que se acredite que la acción se interpuso en un plazo
razonable. Este requisito se conoce como inmediatez.
La Corte Constitucional7 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe
existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la
demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no
sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías
constitucionales de una persona, sino también con el respeto de la seguridad
jurídica y de los derechos de los terceros afectados8.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca
que la acción se presente en un término razonable contado desde el momento
en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales y no un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es
un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere
que se ejerza en un tiempo prudencial.
4.2. Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado9 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un término
de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial
enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional10.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho
a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad»11.
7 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en
los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede
mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”.
9 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
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Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar
las excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta
el término de seis meses, se debe analizar también: «(…) (i) si existe un motivo válido para
la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria
de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición». (Negrillas fuera de texto).
Sobre este punto, en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional
aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la
luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término
razonable»12.
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario; ii) si la
vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la
naturaleza de la vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y
v) los efectos de la tutela.
Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la Sentencia SU-391 de 2016 como
en la providencia del Consejo de Estado son válidas para estudiar el
presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez,
además de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demás
criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, que
caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus
particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo
para efectuar ese estudio.
4.3. La Sala advierte que, en efecto, en el caso examinado transcurrieron más de
seis meses desde la notificación de la sentencia controvertida proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño y hasta la interposición de la acción de tutela.
La prueba de esta afirmación consiste en que la sentencia cuestionada se
profirió el 31 de julio de 2019 y se notificó mediante remisión de mensaje al
buzón electrónico el 2 de agosto de 2019. Sin embargo, la acción de tutela se
presentó el 13 de marzo de 2023. Lo anterior implica que entre la notificación
de la providencia cuestionada y la interposición del amparo constitucional
transcurrió un lapso mayor a los 3 años y 7 meses. Situación que supera el
plazo razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta Corte.
No obstante lo anterior, como se indicó previamente, se resalta que en
diversos pronunciamientos13 la Corte Constitucional ha expuesto que al
analizar el presupuesto de la inmediatez deben examinarse las circunstancias
específicas del asunto, para lo cual es preciso tener en cuenta los siguientes
aspectos: (i) la existencia de razones válidas para justificar la inactividad de la
parte accionante; (ii) la permanencia en el tiempo de la amenaza o la
vulneración, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo; y iii) si la carga
de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del peticionario de
la salvaguarda.
12 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación SU-391 de 2016.
13 Al respecto, ver entre otras, la Sentencias SU-961 de 1999 y T-691 de 2009.
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Al respecto se tiene que, en la Sentencia T-619 de 2019, la Corte
Constitucional estimó que «el juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este
requisito por estar en riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo
determinado (6 meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para
su fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto» (Negrillas propias).
Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional ha sostenido14 que es posible
flexibilizar el requisito referido cuando el solicitante del amparo sea un sujeto
de especial protección constitucional, en atención al artículo 13 de la
Constitución Política, como lo son, entre otros: los adultos mayores, las
víctimas del conflicto armado, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y
padres cabeza de familia y las personas en condición de discapacidad.
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde verificar, además
del transcurso del tiempo, si existe alguna de las circunstancias definidas
jurisprudencialmente que permita determinar que la acción de tutela fue
presentada en un término razonable o si existe alguna situación que permita
la flexibilización del estudio de la inmediatez, a pesar de que la solicitud no
haya sido presentada dentro del término de los seis meses.
Así las cosas, la Sala considera que en este caso, por tratarse de una mujer
en situación de desplazamiento, el requisito de la inmediatez debe ser visto de
forma distinta. Resulta desproporcionado exigirle a la accionante que tardara
menos tiempo para presentar la acción de tutela, precisamente, en virtud del
desplazamiento del cual fue víctima, que permea integralmente los ámbitos de
la vida e impide actuar con la diligencia que se espera del resto de la
ciudadanía.
Es de resaltar, como se indicó en los antecedentes de esta providencia, que
la accionante fue reconocida como víctima de desplazamiento forzado, en
virtud del fallo de tutela de 28 de enero de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se le ordenó a Acción
Social inscribir a la accionante y a su familia en el entonces Registro Único de
Población Desplazada.
De conformidad con el artículo 4 del Decreto 2569 de 2000, tal registro
constituía una herramienta técnica, que buscaba identificar a la población
afectada por el desplazamiento y cuya finalidad era mantener información
actualizada de tal población atendida y realizar el seguimiento de los servicios
que el Estado prestaba a la población desplazada por la violencia. Años
después, en virtud a la Ley 1448 de 2011, tal registro fue reemplazado por el
Registro Único de Víctimas.
En consecuencia, no queda duda de la calidad de víctima de la tutelante. Por
ende, la Sala se aparta de la aseveración del juez de primera instancia, según
la cual «su situación de desplazamiento fue discutida en la actuación administrativa y
durante el trámite del proceso ordinario», pues que su condición de víctima del
conflicto por desplazamiento haya sido una circunstancia debatida en el
procedimiento administrativo no desdibuja su calidad de víctima reconocida
judicialmente.
14 Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias T-678 de 2016, T-518 de 2017 y T-375 de 2018.
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De hecho, la decisión inicial de Acción Social de negar su inclusión en el
Registro Único de Población Desplazada (bajo el argumento de que la declaración
de los hechos constitutivos de desplazamiento se efectuó en un lapso superior a un
año) fue lo que justamente motivó a la señora Orobio Cundumí a acudir ante el
juez de tutela en el año 2010. Oportunidad en la cual, se reitera, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en segunda instancia de tutela ordenó la
inclusión de la señora Orobio en el registro mencionado.
A lo cual se suma el hecho de que aseguró no contar con recursos económicos
que le permitieran sufragar los gastos de un abogado, lo cual denota que su
estado de vulnerabilidad continúa en el tiempo. Circunstancia que la Sala
encuentra válida, en tanto que aquella pertenece al subgrupo B7 del Sisbén,
que corresponde a la categoría de pobreza moderada, es decir los hogares
pobres que cuentan con mayor capacidad de generar ingresos en
comparación con los del grupo A correspondientes a la población en pobreza
extrema. Tal situación de vulnerabilidad se corrobora con la siguiente imagen
del Sisbén:
Así las cosas, las circunstancias descritas justifican la presentación de la tutela
fuera del término jurisprudencial entendido como razonable.
Por consiguiente, una vez analizadas las particularidades del caso, la Sala
tendrá como superado el requisito de inmediatez, ya que la accionante goza
de una especial protección, debido a su condición de víctima del conflicto
armado y de sus condiciones de pobreza. Por ende, revocará la sentencia de
primera instancia, al considerar que había lugar a flexibilizar el requisito de
inmediatez, dadas las circunstancias especiales de este caso.
5. Análisis de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
5.1. De otro lado, la Sala considera que ciertos de los cargos expuestos en el
escrito de tutela no cumplen con algunos de los requisitos generales de
procedibilidad.
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Así, la accionante aseguró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta pruebas
que acreditaban su embarazo de alto riesgo que la obligaba a estar en un
municipio con buena infraestructura hospitalaria. Sin embargo, la revisión de
la demanda y de su corrección (la parte actora no presentó alegatos de conclusión
en ninguna de las instancias) permitieron evidenciar que tal cargo jamás fue
expuesto ante el juez de lo contencioso administrativo. Por el contrario, el
argumento principal consistió en que la señora Orobio Cundumí tuvo que
apartarse de su cargo por las amenazas contra su vida que la obligaron a
desplazarse del municipio de Santa Bárbara (Nariño).
Así se desprende del siguiente aparte de la demanda:
(sic para toda la cita) «Como se ha manifestado reiteradamente, los actos administrativos
demandados, transgreden estas dos normas, porque se fundan en razones que conforme a la
ley, no son suficientes para que se desvincule a mi poderdante de su cargo, pues como ya se
ha afirmado, mi mandante tuvo una justa causa para ausentarse de sus labores, pues su vida
y la de sus hijos, corrían peligro en el Municipio de Santa Bárbara Iscuandé, situación que fue
reconocida por el Tribunal Administrativo del Valle a través de trámite de Tutela que concluyó
con la orden de inscribir a mi poderdante en el RUPD.
De lo anterior se evidencia que la Secretaría de Educación Departamental, fundamentó los
actos administrativos demandados en razones que no eran aplicables en derecho a mi
poderdante, pues en primer lugar, en ninguno de ellos, se atendió a las razones de fuerza
mayor que impedían a mi poderdante laboral en el sitio en el que fue nombrada,
posteriormente se hizo caso omiso al hecho que por orden judicial, mi poderdante fue inscrita
en el RUPD desde el año 2005, situación que acreditaba que la falta endilgada a mi poderdante
estuviera debidamente justificada y hacía obligatorio la revocatoria del acto, de igual manera,
se desatendió la decisión impartida por la H. Corte Constitución que ordenó a la Secretaría de
Educación de Nariño, analizar nuevamente la situación de mi poderdante con la prueba
sobreviniente de inscripción en el Registro de Población Desplazada, pues simplemente se
motivó falsamente el Decreto 1021 de 2013 y se desvió las atribuciones propias de quienes
los profirieron, al expedir un acto administrativo que disfrazado de legalidad, pretendió dar
cumplimiento al Fallo del Máximo Tribunal Constitucional, profiriendo un nuevo acto
administrativo basado en los mismo (sic) argumentos del primero, ya desechados en via
constitucional.
(…) existe falsa motivación del acto y desviación de las atribuciones propias de quienes los
profirieron (desviación de poder), toda vez que no se tuvo en cuenta la condición de
desplazada de mi poderdante para proferir los actos de vacancia del cargo y desvinculación,
haber motivado el último acto administrativo en causales nuevas que no fueron objeto de
debate en los actos administrativos anteriores; disfrazando de esta manera el acto
administrativo de legalidad para vulnerar los derechos laborales de la docente Maritza Orobio
Cundumí».
En esa medida, no se cumple el requisito de relevancia constitucional, pues
este supone, entre otras finalidades, que la tutela no se emplee para adicionar,
completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de
la causa. Por consiguiente, el juez de tutela debe verificar que la parte actora
no introduzca cargos nuevos no expuestos ante el fallador natural. Condición
que no se satisface, en tanto que el argumento sobre el estado de embarazo
de alto riesgo como justificante para abandonar el cargo de docente no se le
planteó al juez de lo contencioso administrativo, motivo por el cual, no tuvo la
oportunidad de pronunciarse frente a este argumento.
De hecho, en la audiencia inicial celebrada el 9 de noviembre de 2016, el juez
de primera instancia dispuso «NEGAR el decreto de la prueba documental solicitada por
la parte demandante, consistente en oficiar a las entidades de salud para que alleguen con
destino al expediente copia de la historia clínica de la actora, en la medida que no se ha
señalado el objeto de dicha prueba documental y la misma no guarda relación con los
hechos narrados en la corrección de la demanda». Esto corrobora que ni en la
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demanda ni en su corrección siquiera se mencionó el presunto estado de
embarazo de alto riesgo como causal de justificación para abandonar el cargo
de docente.
5.2. Asimismo, la accionante aseguró que cuenta con nuevas pruebas que no
pudieron ser valoradas en el medio de control, pues tuvo acceso a estas luego
de finalizado el debate judicial, dado que las amenazas contra su vida la
obligaron a huir del municipio de Santa Bárbara (Nariño), sin poder realizar los
trámites administrativos para obtener la documentación relevante.
Entre esas pruebas se encuentran: (i) la solicitud 25 de mayo de 2005
interpuesta ante la Fiscalía Regional del Valle Santiago de Cali, en la cual
informó de las amenazas en su contra, el modo cómo estas ocurrieron y de su
situación como madre gestante de alto riesgo; (ii) el derecho de petición de 3
de julio del año 2009 dirigido a la Secretaría de Educación Departamental de
Nariño, en la que informa sobre las amenazas y las condiciones de su
embarazo en el año 2004; y (iii) el derecho de petición de 29 de abril de 2004,
en el cual la accionante solicitó su traslado por su embarazo de alto riesgo.
Con relación a estas, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto que para analizar las pruebas obtenidas con
posterioridad a la finalización del medio de control, la accionante pudo acudir
al recurso extraordinario de revisión, que justamente consagra como causal
«1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria».
Con excepción de los dos cargos mencionados, es decir lo relativo al estado
de embarazo como justificante del abandono de cargo y las nuevas pruebas
obtenidas, la Sala considera que se cumplen los demás requisitos generales
de procedibilidad, pues se expusieron los hechos y las razones que
fundamentan la acción; la providencia atacada no fue proferida en sede de
tutela; y no se trata de una reiteración de los argumentos debatidos en el medio
de control y no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela (salvo el mencionado
previamente).
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en
lo que respecta a los dos argumentos referenciados. Sin embargo, procederá
al estudio de fondo de los demás cargos expuestos en el escrito de tutela.
6. Defecto fáctico y su análisis en el caso
6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se
ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en
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que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso15.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios de la sana crítica16, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
En lo relativo al defecto fáctico, la Corte Constitucional17 reconoce dos
dimensiones. Por una parte, la dimensión negativa se produce por omisiones
del juez, por ejemplo, i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso18; ii) por decidir
sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; o iii) por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo19.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones del juez, tales
como i) valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia20.
6.2. Explicado el alcance del defecto fáctico, la Sala encuentra que la
inconformidad principal de la accionante radica en que el Tribunal
Administrativo de Nariño no valoró varias pruebas que acreditan su condición
de víctima por desplazamiento forzado.
Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Nariño no
incurrió en defecto fáctico, pues en el expediente del medio de control obran
pruebas que acreditan que la accionante abandonó el cargo un año antes de
su desplazamiento forzado, el cual ocurrió en abril de 2005.
Frente a lo anterior, se encuentra que en la sentencia de tutela de 28 de enero
de 2011, en la cual se ordenó la inclusión de la tutelante en el Registro Único
de Población Desplazada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
aseguró que «La actora migro (sic) de su lugar de origen en abril de 2005 y realizo (sic)
su versión pasado más de un año» (Negrillas propias). En el mismo sentido, la
accionante aseguró en la demanda del medio de control que «desde el mes de
diciembre de 2004, empezó a recibir amenazas de muerte por parte de grupos al margen
de la ley, específicamente el ELN y que por tal motivo debió abandonar su lugar de
residencia y desplazarse al Municipio de Palmira Valle, en el mes de abril de 2005»
(Negrillas propias).
A su vez, de la solicitud de 25 de mayo de 2005 que la tutelante presentó al
Comité de Docentes Amenazados y Desplazados de la Secretaría de
15 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
16
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Educación de Nariño también se desprende que desde diciembre de 2004
empezó a recibir amenazas contra su vida y que dejó de laborar desde abril
de 2004. Así se desprende del siguiente fragmento:
(sic para toda la cita)
«2. En los primeros días del mes de Diciembre de 2004, recibi serias amenazas contra mi
vida. Las mismas se profirieron de la siguiente manera:, bajo la calidad de directora en la
escuela rural mixta La Ceja del municipio de Santa Barbara Iscuande-Nariño estuve laborando
en el lugar ya antes mencionado durante dos (2) años en las cuales tuve 'muchas dificultades
en la comunidad, ya que ellos pensaban que una mujer como yo no deberia estar allá, porque
mi papá es minero y tiene una tienda, argumentando que yo debería dejar mi puesto a otra
persona, a lo que les respondí que así mi papa tuviera lo que tuviera yo tenia que trabajar por
que necesitaba hacerlo porque yo era una mujer independiente y con familia.
Cuando llegue al lugar no existía la casa del maestro entonces me dirigí a la alcaldia municipal
y ellos le entregaron el contrato a un padre de familia para que hiciera la casa el hizo una pieza
donde yo me quedaba en compañía de algunos estudiantes, esa pieza se mojaba cuando
llovía, picaban los murciélagos entre otra, pero sin embargo yo seguía allí por que necesitaba
el trabajo, cuando yo salía de la comunidad a vacaciones a mi casa pasaba hacer casa de
otras personas con permiso de los padres de familia porque ellos decían que cuando yo saliera
de la comunidad ellos eran los que mandaban y lo poco o mucho que yo tenia allí lo encontraba
dañado, tenían relaciones sexuales en "mi casa" dañaban los adornos que yo con esfuerzo
había hecho para la decoración de la escuela Y sin poder reclamar porque eso a ellos no les
gustaba solo tenia que aguantarme callada pero yo soy una persona que con buenas palabras,
de buena manera y con respecto dice lo que piensa. Fueron tantas cosas que pasaron que un
día no aguante mas y me dirigí donde la directora de núcleo LIDY STELLA ESTUPIÑAN y la
puse al tanto de todo lo que pasaba y ella viendo que mi vida y la demi hija estaban riesgo
permuto y me mando a trabajar a la Escuela Rural Mixta El Guabal donde estuve laborando
un año y el 27 de febrero de 2004 me mando una carta en la cual me decía que tenia que
regresar al lugar donde había sido nombrada y de nuevo volví a la comunidad de la Ceja alli
estuve hasta 2 de abril de 2004 y entramos a las vacaciones de Semana Santa, luego de
eso no pude regresar pues se me diagnostico que tenia amenaza de aborto y presentaba
un embarazo de alto riesgo por ser una gestante RH Negativo».
De lo anterior, se advierte que aun aceptando que la accionante es víctima del
conflicto armado por desplazamiento forzado, lo cierto es que en el expediente
del medio de control existen pruebas que dan cuenta de que el desplazamiento
no fue la razón por la cual la tutelante abandonó su cargo, pues la ausencia a
su trabajo ocurrió antes del mencionado hecho victimizante. Y es que la propia
tutelante en la solicitud de 25 de mayo de 2005 transcrita aseguró que
abandonó su cargo por razones de salud el desde abril de 2004 y en la
demanda del medio de control se expresó que el desplazamiento ocurrió en
abril de 2005, es decir un año después.
Bajo ese orden de ideas, si el desplazamiento hubiera sido concomitante o
cercano al abandono de cargo estaría más que justificada la ausencia a su
trabajo. Sin embargo, la misma accionante le informó al Comité de Docentes
Amenazados y Desplazados que abandonó su cargo desde abril de 2004, un
año antes del desplazamiento.
A su vez, se resalta que, aunque las razones de salud relacionadas con el
embarazo habrían podido ser valoradas por el juez natural como justificación
para la ausencia, tal argumento no le fue expuesto al juez de la causa; por lo
cual no podría reprocharse al tribunal la conclusión a la cual arribó.
En consecuencia, se considera que la autoridad judicial accionada no incurrió
en defecto fáctico, pues al medio de control se aportaron elementos
probatorios que soportan la decisión del tribunal, consistente en que el
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abandono de cargo se produjo mucho antes del desplazamiento forzado. Tesis
que conllevó a la autoridad judicial a no anular el Decreto 1021 del 24 de
septiembre de 2013, proferido en cumplimiento de la Sentencia T-342 de 2012,
cuya orden se circunscribió únicamente a: «valorar nuevamente las pruebas
obtenidas en el procedimiento administrativo dentro del cual se decidió declarar la destitución
de la accionante por abandono del cargo, y tomar una nueva decisión».
En suma, no podría concluirse que el Tribunal Administrativo de Nariño
resolvió el asunto sin fundamento probatorio o que las pruebas conducían a
una conclusión totalmente diferente.
7. Desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución,
defecto sustantivo y su análisis del caso
7.1. Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos
para apartarse válidamente del mismo, la Corte Constitucional ha precisado
que deben cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud
de los cuales, el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la
decisión judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los
que decide apartarse del precedente existente; evento en el cual, es
insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues
además se debe demostrar, con argumentos sólidos, que el precedente
vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso sometido a
decisión.
Por su parte, el defecto por violación directa de la Constitución se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque ii) aplica la ley al margen de los dictados de la
Constitución21.
Y el defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
7.2. Como se plasmó en los antecedentes de esta providencia, adicional al defecto
fáctico, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió
en desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y
defecto sustantivo. Fundamentó tales cargos en que i) se desconocieron las
Sentencias T-733 de 1998, T-028 de 2000, T-258 de 2001, T-787 de 2003 y
T-1132 de 2004 que versaron sobre casos de docentes víctimas de
desplazamiento forzado; ii) no se le protegieron sus derechos fundamentales
como sujeto de especial protección; y iii) no se tuvo en cuenta la orden
impartida en la Sentencia T-342 de 2012, (que versó sobre la situación de la
tutelante).
21 Al respecto se puede consultar la Sentencia SU-198 de 2013.
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La Sala desestima estos argumentos, primero, porque el objeto de debate en
el medio de control era eminentemente probatorio. De manera que las reglas
jurisprudenciales fijadas en las sentencias aludidas no fungían como
protagonistas del debate judicial, ya que el punto del asunto era determinar si
el desplazamiento forzado ocurrido en abril de 2005 justificaba el abandono de
cargo en el año 2004. Frente a lo cual el Tribunal Administrativo de Nariño
concluyó, se reitera, que tal circunstancia no justificaba el abandono de cargo,
ya que el desplazamiento ocurrió después de que la accionante se apartó de
su cargo como docente.
En segundo lugar, no se considera que se configure violación directa de la
Constitución por la violación de derechos fundamentales, pues la Sala
encontró que la decisión del tribunal accionado no obedeció más que al acervo
probatorio del expediente.
Por último, tampoco se considera que el Tribunal Administrativo de Nariño
haya desconocido la Sentencia T-342 de 2012, pues lo allí ordenado se limitó
a que se estudiara de nuevo el caso de la accionante teniendo en cuenta su
condición de víctima por desplazamiento forzado. Ejercicio que la autoridad
judicial, efectivamente, realizó concluyendo, como se ha insistido a lo largo de
esta providencia, que el desplazamiento no fue la razón del abandono, ya que
existe un lapso temporal importante entre los dos eventos analizados.
Estas razones le permiten a la Sala concluir que el Tribunal Administrativo de
Nariño tampoco incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente ,
violación directa de la Constitución y defecto sustantivo, mencionados en el
escrito de tutela.
8. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, por
considerar que, dadas las circunstancias fácticas del asunto, había lugar a la
flexibilización del requisito de inmediatez. En su lugar, declarará la improcedencia
de la acción de tutela en lo que respecta a los cargos sobre el estado de embarazo
como justificante del abandono de cargo y las nuevas pruebas obtenidas con
posterioridad a la finalización del medio de control.
Por último, se negarán las pretensiones frente a los demás cargos expuestos, por
encontrar que no se configuraron los defectos alegados por la parte actora y,
consecuentemente, que no se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada proferida el 12 de mayo de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos expuestos
en la parte motiva de esta providencia.
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2. En su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela en lo que
respecta a los cargos sobre el estado de embarazo como justificante del
abandono de cargo y las pruebas obtenidas con posterioridad a la finalización
del medio de control, por las razones expuestas en la motivación procedente.
3. Negar las pretensiones frente a los demás cargos expuestos, formuladas por
la señora Maritza Orobio Cundumí, dadas las razones expuestas en esta
providencia.
4. Notificar la presente decisión a las partes, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salvó el voto
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