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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01302-00

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01302-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por William Felipe Parga Fonseca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01302-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de mayo de 2023

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandantes: WILLIAM FELIPE PARGA FONSECA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación
directa. Falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por William Felipe Parga Fonseca contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, el señor William Felipe Parga Fonseca pidió la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 22 de
septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 31
Administrativo de Bogotá, que, a su vez, había denegado las pretensiones de la
demanda de reparación directa que presentó por la privación injusta de la libertad.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se me amparen los derechos constitucionales fundamentales, al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, que fueron y están siendo vulnerados
con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 22 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección
A – Magistrada Ponente Bertha Lucy Ceballos Posada, dentro de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la nación – Rama Judicial - Fiscalía General
de la Nación, radicada con el No. 110013336031-2019-00241-01; al confirmar la decisión
de primera instancia proferida por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo Oral de
Bogotá – Sección Segunda de fecha 19 de julio de 2021, que había negado las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda
instancia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Tercera – Subsección A – Magistrada Ponente Bertha Lucy
Ceballos Posada, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la nación – rama judicial - Fiscalía General de la Nación, radicada con el No.
110013336031-2019-00241-01; disponiendo una nueva decisión amparando los
derechos fundamentales invocados.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

TERCERO. Que se emita la orden para que en un término de 30 días el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera– Subsección A, Magistrada Ponente
Bertha Lucy Ceballos Posada, dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, radicada
con el No. 110013336031-2019-00241-01; dicte nueva sentencia.

CUARTA. Sírvase emitir cualquier otra orden adicional que considere necesaria para la
protección de los derechos fundamentales de mi cliente.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Proceso penal

El 6 de abril de 2016, el señor William Felipe Parga Fonseca fue detenido en el
municipio de San Martín – Meta, por los delitos de extorsión agravada y utilización
ilícita de redes de comunicación. La detención se produjo porque su expareja lo
denunció por haberle pedido dinero a cambio de no hacer públicos unos videos
íntimos.

El 19 de agosto de 2016, encontrándose el proceso para surtir la audiencia
preparatoria, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación
por atipicidad subjetiva del hecho investigado.

El 26 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martin
decretó la preclusión de la investigación. Decisión que fue objeto de apelación.

El 12 de junio de junio de 2017, Juzgado Promiscuo del Circuito de San Martin confirmó
la decisión de primera instancia.

Con base en lo anterior, el actor señaló que en total estuvo privado de la libertad 1 año
y 20 días.

3.2. Proceso de reparación directa

En ejercicio del medio de control de reparación directa, el actor demandó a la Fiscalía
General de la Nación y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que
fueran declaradas patrimonialmente responsables de los perjuicios causados por la
privación injusta de la libertad.

Mediante sentencia del 19 de julio de 2021, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá
estudió el asunto bajo el régimen de imputación subjetivo de falla en el servicio y
denegó las pretensiones de la demanda. Inconforme con lo anterior, el actor presentó
recurso de apelación.

En sentencia del 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la decisión de primera
instancia y, para el efecto, también resolvió el asunto bajo la falla del servicio.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora adujo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico.
Como sustento de lo anterior, comenzó por explicar que el Juzgado 31 Administrativo
de Bogotá decidió el asunto conforme al régimen de imputación subjetivo de falla en
el servicio.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

Que contra esa decisión interpuso recurso de apelación, pero que el tribunal
demandado nada dijo respecto a los argumentos del recurso de apelación en la
medida que no se abordaron los reparos expuestos frente al régimen de imputación
al cual acudió el juzgado de conocimiento para resolver el asunto, hecho que, a su
juicio, “contraviene el principio de congruencia”.

Manifestó que el tribunal acusado no valoró las pruebas en las que se sustentó la
medida de aseguramiento, pues, a su juicio, de haberlo hecho, la autoridad judicial
hubiese encontrado que aquélla fue decretada sin el lleno de los requisitos que prevé
la norma.

5. Trámite procesal

Por auto del 17 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en calidad de demandados, y al Juez
31 Administrativo de Bogotá, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y a los
demandantes en el proceso de reparación directa con radicado
11001333603120190024100 en calidad de terceros con interés.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones respectivas
mediante correos electrónicos del 24 de marzo y del 19 de abril, en este último se
notificó a quienes obraron como demandantes en el proceso ordinario, previo a que el
ahora actor suministrara la dirección electrónica para efectos de la notificación.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a
través la magistrada ponente de la providencia acusada, señaló que las pretensiones
de la tutela no tienen vocación de prosperidad, en la medida en que no cumplen con
los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En ese sentido, señaló que con la demanda de tutela se busca una tercera instancia
al proceso ordinario.

Señaló que, en todo caso, la providencia acusada fue proferida bajo una valoración
justa y crítica del material probatorio, por lo que, a su juicio, no omitió referirse a
ninguno de los puntos de la apelación como lo asegura el actor.

El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, fuera desvinculada de la presente acción en el
entendido de que las funciones de la Dirección son administrativas y no
jurisdiccionales.

Señaló que el fallo acusado fue proferido en ejercicio de la autonomía judicial y que,
en todo caso, con la demanda de tutela se busca una instancia adicional al proceso
ordinario.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela, porque no cumple el requisito de subsidiariedad habida cuenta de que la actora
contaba con otros medios para poner de presente las inconformidades de que adolece
la providencia acusada (no explicó cuáles).
Así mismo, señaló que, en todo caso, la demanda de tutela no sustentó el defecto
fáctico alegado.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

Las demás personas vinculadas en calidad de terceros con interés, a pesar de ser
debidamente notificados, guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la tutela presentada por William
Felipe Parga Fonseca, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por
la sentencia del 22 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por haber incurrido en defecto fáctico,
cumple el requisito de relevancia constitucional.

De encontrarse cumplido ese requisito y los demás señalados por la jurisprudencia, la
Sala procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la acción
de tutela.

La Sala anticipa que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito de
relevancia constitucional, por lo que procederá a declarar improcedente el amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) a la relevancia constitucional como requisito general de
procedibilidad y (ii) analizará del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. Sobre la relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir
directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la
amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin

motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

En cuanto al cuarto criterio, se refiere a que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias
judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.

4. Análisis del caso concreto

Revisado el expediente digital4 No. 11001-33-36-031-2019-00241-00, la Sala observa
que, en la sentencia del 19 de julio de 2021, el Juzgado 31 Administrativo de Bogotá
señaló, con base en jurisprudencia del Consejo de Estado, que independientemente
de que un proceso penal concluya con sentencia absolutoria o con resolución de
preclusión, ello no implica, per se, que se deba condenar a la Nación, pues en todo
caso debe analizarse si la medida restrictiva de la libertad fue injusta. Por lo tanto, el
juzgado analizó el asunto bajo el régimen de imputación subjetivo de falla en el servicio
y concluyó que, pese a que se precluyó la investigación en contra del señor William
Felipe Parga por atipicidad del hecho investigado, la medida no fue desproporcionada.

Contra esa decisión, el demandante presentó recurso de apelación y, básicamente,
alegó que el juzgado aplicó un régimen de imputación que no corresponde, pues, a
juicio del actor, debió aplicarse el régimen objetivo. En lo pertinente, el recurso de
apelación dice:

(…)
Igualmente, la jurisprudencia ha reconocido el carácter de fundamental del derecho a la
libertad, por lo cual, en aras de efectivizar dicha garantía Constitucional, ha señalado
que el régimen de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad es objetivo,
siempre y cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1. El hecho investigado no ocurrió.
2. El hecho investigado no constituye una conducta punible.
3. El investigado no cometió la conducta que se le endilga.
4. El investigado sea absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo.
(…)
Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la
libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en
situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.
(…)
Así las cosas, de verificarse que el demandante recobró la libertad por la configuración
de alguno de los anteriores supuestos, el régimen de responsabilidad bajo el cual debe
analizarse el asunto es el objetivo, en el cual basta con demostrar el daño antijurídico y
el nexo de causalidad, esto es, que sea imputable a las entidades judiciales
demandadas, para declarar administrativamente responsable al Estado, sin que sea
necesario evaluar la conducta subjetiva del órgano jurisdiccional, es decir, el eventual
funcionamiento irregular, defectuoso o tardío en el curso del proceso penal, o que
eventualmente haya incurrido en un error jurisdiccional.

En contraste, en la acción de tutela de la referencia, el señor William Felipe Parga
Fonseca alegó que la autoridad judicial demandada debió analizar el asunto bajo el
régimen subjetivo de la falla del servicio. Así lo alegó:

(…) el recurso de apelación [fue interpuesto] en el sentido de controvertir esa postura y
en la cual se indicaba que era procedente responsabilizar a la Fiscalía General de la
Nación bajo el régimen subjetivo de falla en el servicio, como quiera que las mismas
pruebas así lo indicaban.

4 Remitido a esta Corporación a través de correo electrónico enviado el 27 de marzo de 2023, por el Juzgado Treinta

y uno (31) Administrativo de Bogotá y obrante a índice 11 de Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

Ahora bien, observemos que la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 22 de
septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…) en
nada se compadece con los argumentos expuestos en el recurso de apelación vs fallo
de primera instancia; como quiera que no despeja los planteamientos expuestos tanto
en la decisión de fondo como en el recurso de apelación, ya que no se mencionó nada
del régimen de imputación abordado por el A quo como fue la responsabilidad subjetiva
denominada “falla en el servicio”, lo que sin lugar a dudas contraviene el principio de
congruencia que las decisiones judiciales deben tener, so pena de contravenir el debido
proceso.

Observemos como el A quem sin mayores argumentos frente a los expuestos en el
recurso de apelación sostiene: “(…) Lo anterior es importante porque el Consejo de
Estado ha precisado que la atipicidad subjetiva no fue contemplada como uno de los
eventos en los que resulta obligatorio analizar la responsabilidad del Estado por medio
del régimen objetivo (…) cuando la responsabilidad que se debió haber analizado fue la
subjetiva por falla del servicio propuesta por el Aquo y en ese sentido controvertida en el
recurso de apelación.

(…) para la defensa no cabe duda de que en este caso las actuaciones de la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial resultaron desproporcionadas e injustificadas
en relación con los deberes que legalmente le fueron asignados, debido a que
incumplieron con su deber de investigación integral y valoraron subjetivamente las
pruebas, circunstancias que llevaron a adoptar una medida de aseguramiento de
detención preventiva en contra de mi cliente, sin el cumplimiento de los requisitos legales
para ello.
(…)
En conclusión, existe suficiente material probatorio con el cual se sustentó en debida
forma la privación injusta e ilegal que tuvo que soportar el señor Patrullero WILLIAM
FELIPE PARGA FONSECA por parte de las entidades demandadas; y que fue
desconocido por la entidad accionada en su decisión de fondo, en consecuencia, las
mismas tienen que responder patrimonialmente por los daños causados a él y sus
familiares, al probarse una falla en el servicio, por las irregularidades cometidas en el
procedimiento efectuado por los Policías del GAULA de la Policía Nacional y que fue
convalidado sin que se corroborara y verificara; resulta lógico concluir que aquellas están
llamadas a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes (por falla del
servicio), ya que en ella estaban la obligación de haber solicitado la captura ilegal de mi
cliente y ordenar su libertad desde la audiencia de legalidad de la captura y no contribuir
y permitir su privación de la libertad por un año; por lo que se configura una violación al
debido proceso y por ende con la decisión objeto de la presente Acción de Tutela la
garantía efectiva del acceso a la administración de justicia.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que con la demanda de tutela se está
cambiando el debate del proceso ordinario, pues mientras en el recurso de apelación
los argumentos estaban dirigidos a señalar que el asunto debía decidirse bajo el
régimen objetivo de imputación, en sede de tutela el actor considera que el asunto
debió decidirse bajo el régimen de falla del servicio y cuestiona que el tribunal acusado
no señaló las razones por las cuales la medida de aseguramiento estuvo debidamente
soportada a la luz del estudio de necesidad y proporcionalidad.

En todo caso, de la revisión de la sentencia objeto de tutela, la Sala encuentra que se
resolvió el cargo sobre el régimen jurídico de imputación y también analizó si la medida
de aseguramiento fue necesaria y proporcional a la luz de los medios probatorios con
que contaba la Fiscalía al momento de decretar la medida de aseguramiento. En ese
sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
al desatar el recurso de apelación, mediante sentencia del 22 de septiembre de 2022,
señaló lo siguiente:

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En efecto. La absolución penal por cualquier causa no genera automáticamente una
condena contra el Estado, pues la naturaleza y fuente de la responsabilidad, en un caso
y otro, son diferentes
(…)
Precisamente ese aspecto [la tipicidad subjetiva] no concurrió en el caso del aquí
demandante, porque su actuar no abarcó un elemento doloso, sino que, tal y como se
definió en el proceso penal, se debió a una negociación entre excónyuges con el fin de
terminar los trámites de la separación de mutuo acuerdo

Lo anterior es importante porque el Consejo de Estado ha precisado que la atipicidad
subjetiva no fue contemplada como uno de los eventos en los que resulta obligatorio
analizar la responsabilidad del Estado por medio del régimen objetivo5.

De manera que, el cargo de la censura atinente a la ausencia de responsabilidad penal
por atipicidad de la conducta no desemboca, por si misma, en la configuración del daño
antijurídico, ni en la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
(…)
De tal forma que, la decisión de privar de la libertad al demandante no resultó antijurídica
– injusta – en tanto que (i) se solicitó y adoptó con base en las inferencias razonables
que el material probatorio para ese momento ofrecía y (ii) la solicitud de preclusión del
delito fue producto no de un error o de una omisión por parte de la Fiscalía General de
la Nación sino por el análisis probatorio adecuado adelantado, situación que fue valorada
en la etapa que correspondía conforme a las reglas del procedimiento penal, por parte
del Juez de conocimiento.

En conclusión, después de realizar una apreciación de las pruebas aludidas para fundar
la responsabilidad del Estado, la sala no encuentra que las razones o pruebas de la
Fiscalía y las razones de los jueces penales, para la eventual medida de aseguramiento
hubiesen sido irrazonables, injustificadas, o que se hubiera configurado la privación
injusta de la libertad del demandante, por lo que no hay lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

Así pues, se observa como a través de la acción de tutela el actor intenta: (i) hacer ver
que la sentencia acusada dejó de analizar parte de los argumentos del recurso de
apelación, cuando lo cierto es que éstos sí fueron estudiados y (ii) pretende que a
través de la acción de la referencia se estudie la necesidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento, partiendo de la base que el régimen de imputación
aplicable es el subjetivo de falla en el servicio, aun cuando los argumentos de la
apelación estuvieron dirigidos a demostrar que en el presente asunto se debía analizar
la responsabilidad de las entidades demandadas desde el régimen objetivo.

Con base en lo anterior y como ya se anticipó, se declarará improcedente la acción
de tutela, toda vez que carece del requisito de relevancia constitucional por traer a la
discusión argumentos nuevos que no fueron puestos de presente en el trámite del
proceso ordinario.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

5 ‘Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de

febrero de 2021, Rad: 11001-03-15-000-2020-03003-01. M.P. María Adriana Marín, donde refiere: “Precisa esta
Sala que la absolución o preclusión por atipicidad subjetiva no fue contemplada, ni por la Corte Constitucional ni
por el Consejo de Estado, como uno de los eventos en los que es factible ―que no obligatorio, se insiste― aplicar
el régimen objetivo de responsabilidad. De modo que bien podía el Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía
e independencia, abordar el análisis de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor
[L.R.P.], a la luz del régimen subjetivo de responsabilidad de falla del servicio, como en efecto ocurrió”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01302-00
Demandante: William Felipe Parga Fonseca

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por William Felipe Parga
Fonseca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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