Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01311-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01311-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01311-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de mayo de 2023
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 31 1- 0 0
Ac c i o na nt e : L ey d er V erú V erú
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01311-00
Accionante: Leyder Verú Verú
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela para lograr el pago de los beneficios de que trata el
Decreto 899 de 2017 a exintegrante de las FARC-EP a la que se le concedió la
amnistía de iure. Configuración de la cosa juzgada constitucional.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Amnistía de iure y beneficios económicos del Decreto 899 de 2017
El 12 de abril de 2019 la señora Leyder Verú Verú solicitó ante la Jurisdicción
Especial para la Paz los beneficios de la Ley 1820 de 2016, al haber sido
condenada por los delitos de rebelión y fabricación, tráfico o porte de armas de
fuego o municiones, cuando actuaba como miembro de las FARC-EP, en el marco
del conflicto armado que vivió Colombia.
Efectuado el procedimiento respectivo, el 19 de agosto de 2020 la Sala de
Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción precitada le concedió a la señora Leyder
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Verú Verú la amnistía de iure. El 22 de enero de 2021 aquella suscribió el régimen
de condicionalidades y el acta de compromiso de, primero, no utilizar nuevamente
armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente y, segundo,
responsabilidad con la finalidad y metas del acuerdo final suscrito entre las FARC-
EP y el Gobierno Nacional.
La señora Leyder Verú Verú afirmó que en varias oportunidades ha solicitado a la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización (ARN) se le reconozcan los beneficios a que tiene derecho por la
amnistía de iure, sin que se le hayan otorgado.
b) Inconformidad
La accionante consideró que la Presidencia de la República, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
vulneraron sus derechos fundamentales a la paz, a la tranquilidad y a la igualdad y
los principios de favorabilidad y legalidad, dado que no le han pagado la suma de
$ 62.400.000, a la cual tiene derecho de forma retroactiva por haberle sido
concedida la amnistía iure.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó, a través de esta acción, la cual utiliza como
mecanismo transitorio, la protección de los derechos fundamentales previamente
señalados y, como consecuencia, requirió que el Gobierno Nacional, a través de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, le reconozca el pago de la suma $ 62.400.000 correspondientes a
los $ 1.200.000, que debieron serle entregados mensualmente desde el 1 de
enero de 2017 hasta abril de 2022, esto es, durante 52 meses, como exintegrante
de las FARC-EP que se sometió al proceso de paz, dejó las armas y cumplió con
la verdad, justicia, reparación y no repetición.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Francisco Julio Taborda Ocampo, luego de
hacer un recuento de la solicitud de amparo constitucional, informó que, una vez
consultado el Sistema de Información para la Reintegración y la Reincorporación,
encontró que la señora Leyder Verú Verú se encuentra en estado activo como
exintegrante de las FARC-EP y el 10 de febrero de 2022 ingresó al proceso de
reincorporación que implementa la ARN, de conformidad con la Resolución 002
expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fecha desde la cual ha
accedido a los beneficios sociales y económicos de que trata el Decreto 899 de
2017.
Al respecto, expuso que desde la acreditación de la accionante como exmiembro
de las FARC-EP y hasta la actualidad se le ha desembolsado la suma de $
12.188.000, por concepto de renta básica y asignación única de normalización. Así
mismo, explicó que se han realizado 11 pagos y quedan pendientes 13, que se
consignarán mensualmente.
Adicionalmente, comunicó que la señora Leyder Verú Verú ha presentado varias
peticiones, las cuales le han sido debidamente resueltas mediante los oficios
OFI21-00013077 de 27 de enero, OFI21-00016802 de 3 de febrero, OFI21-
00072542, OFI21-00074773, OFI21-00074796, OFI21-001176 y OFI21-00074811,
e, igualmente, ha formulado más de seis acciones de tutela con hechos y
pretensiones similares a las presentadas en el proceso de la referencia, las que
han sido decididas por autoridad judicial, por lo que consideró que aquella actuó
con temeridad.
De otra parte, expuso quienes son los destinatarios de los beneficios
socioeconómicos en el marco del Acuerdo Final y aclaró que la actuación de la
ARN empieza cuando recibe la información sobre la persona acreditada por la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y, en esa medida, a partir de ese
momento se reconocen los beneficios económicos, sin que sea factible
reclamarlos de manera retroactiva.
En ese entendido, indicó que la ARN no ha vulnerado los derechos fundamentales
reclamados en protección, pues no era posible efectuar desembolsos sin el
cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa vigente, y señaló que la
acción de tutela no es procedente para la salvaguarda de derechos de tipo
económico.
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Por consiguiente, deprecó declarar la improcedencia de la acción de tutela
instaurada por la señora Leyder Verú Verú y compulsar copias para que se
adelante el trámite sancionatorio por temeridad en contra de la accionante o sus
apoderados, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Oficina del
Alto Comisionado para la Paz
La apoderada judicial Sandra Patricia Bohórquez Cortés, después de referenciar
los hechos que dieron lugar a la instauración de la presente acción y de manifestar
las razones por las cuales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República le corresponde asumir la contestación en nombre de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, afirmó que esta última ha resuelto, de manera clara y en
el marco de sus competencias, las peticiones elevadas por la accionante, en las
cuales le ha dejado en claro que no está dentro de sus funciones la de hacer
pagos de las ayudas destinadas a los firmantes del Acuerdo Final que reclama. En
esa medida, estimó que su representada no ha transgredido los derechos
fundamentales alegados como vulnerados.
Por otro lado, mencionó que la accionante ha sido reiterativa al instaurar acciones
de tutela con base en los mismos hechos y pretensiones, lo que puede conllevar
una posible temeridad. En vista de lo expuesto, requirió desvincular a su
poderdante, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva, y, de forma
subsidiaria, negar las pretensiones.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
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«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las
actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno
nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas
con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en
primera instancia , al Consejo de Estado […]».
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:
1. ¿Se encuentra configurada la cosa juzgada constitucional, en la medida
en que, primero, existe identidad de objeto, causa y partes entre la
presente solicitud de amparo y la acción de tutela instaurada
anteriormente con el número de radicado 15008-89-74-2022-00000-01
y, segundo, la sentencia expedida en este último proceso fue excluida
de revisión por la Corte Constitucional?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: I)
cosa juzgada y temeridad y II) análisis de la configuración de la cosa juzgada y la
temeridad en el presente asunto. Veamos:
I. Cosa juzgada y temeridad
La institución jurídica procesal de la cosa juzgada busca otorgar a las sentencias
un carácter definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a los jueces decidir
sobre una discusión que ya ha sido resuelta en sede judicial. Con lo anterior, se
pretende dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, así como a las
partes (sentencias inter partes) o a la comunidad en general (fallos con efectos
erga omnes). En lo relativo a ello, en el artículo 303 del Código General del
Proceso se definió que los elementos para la configuración de la cosa juzgada
son: la identidad de objeto, de causa y de partes, lo cual ha sido reiterado en sede
de tutela por la Corte Constitucional2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que
cuando se presenten hechos nuevos se realizará un nuevo análisis del fondo del
asunto, pero únicamente frente a esas situaciones fácticas.
2Ver entre otras sentencias: C-774/01.
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Ahora bien, la presentación de varias acciones de tutela con fundamento en
iguales hechos y pretensiones por parte del mismo accionante no implica de facto
la configuración de una actuación temeraria, pues es necesario verificar los
motivos por los cuales se radicaron las solicitudes de amparo y si esa situación
está suficientemente justificada. En efecto, si el juez de tutela al realizar el análisis
de las razones que llevaron al solicitante a interponer dos o más acciones
determina que actuó de forma excesivamente imprudente, que su finalidad era
lograr una decisión diversa a la anterior a sabiendas que no le asiste el derecho y
que sobre la misma existe cosa juzgada, así deberá declararlo en la parte
resolutiva. De lo contrario, podrá solamente declarar la configuración de la cosa
juzgada o determinar que ninguno de los dos fenómenos aconteció, según el caso.
II. Análisis de la configuración de la cosa juzgada y la temeridad en el
presente asunto
Las autoridades accionadas en esta sede constitucional afirmaron, en los informes
que rindieron en el proceso, que la señora Leyder Verú Verú ha instaurado
numerosas acciones de tutela, con fundamento en los mismos supuestos fácticos
y jurídicos que aquí plantea. En esa medida, esta Subsección considera necesario
analizar si se configura la cosa juzgada constitucional en atención a las decisiones
judiciales previamente adoptadas por los distintos jueces de la República.
Sobre el particular, esta Sala denota que la accionante, conforme a las pruebas
obrantes en el plenario, ha formulado, además de la presente acción, las
siguientes tutelas relacionadas con su condición de exintegrante de las FARC-EP,
a las cuales le fueron asignadas los radicados: 1) 00000-10-04-2021-000-00-00 ,
2) 00000-07-49-2021-00000-00, 3) 00000-11-86-2021-00000-00, 4) 00000-27-40-
2021-00000-00, 5) 15000-82-14-2021-00000-00, 6) 15003-99-12-2021-00000-00,
7) 11001-03-15-000-2021-01566-00, 8) 86001-33-33-002-2022-00109-00 y 9)
15008-89-74-2022-00000-00 [01], las cuales han sido conocidas por la
Jurisdicción Especial para la Paz, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Moca y la Sección Primera del Consejo de Estado.
Así mismo, se advierte que el último de los procesos previamente identificados
tiene identidad de partes, causa y objeto con la tutela de la referencia, como se
verá a continuación. Ciertamente, se observa que, en ambas tutelas, en primer
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lugar, la accionante es la señora Leyder Verú Verú y los accionados son la
Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización; en segundo lugar, se
pretendió el pago de los beneficios económicos de que trata el Decreto 899 de
2017 de forma retroactiva; y, en tercer lugar, se alegó la conculcación de los
derechos fundamentales a la paz, a la tranquilidad y a la igualdad y de los
principios de favorabilidad y legalidad.
Al respecto, esta Subsección considera necesario precisar que, si bien en la
acción de tutela primigenia (15008-89-74-2022-00000-00 [01]) la parte actora,
además de lo expuesto, también alegó la transgresión ius fundamental por no
haberse dado cumplimiento a las decisiones de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI)
de la Jurisdicción Especial para la Paz y, en ese entendido, deprecó que se
efectuara su integración en los listados de los exmiembros de las FARC-EP, por lo
cual se vinculó a la Sala precitada y su Secretaría Judicial, lo cierto es que, como
se indicó, aquella allí también solicitó lo aquí pretendido relacionado con el pago
de los beneficios económicos. Por consiguiente, en lo atinente a esa pretensión, la
cual, valga mencionar, es la única planteada en esta acción, se presenta la
identidad de causa.
Adicionalmente, se evidencia que la solicitud de amparo 15008-89-74-2022-
00000-00 [01] fue resuelta, en segunda instancia, por el Tribunal para la Paz,
Sección de Apelación, en la sentencia del 10 de agosto de 2022, en la que aquel
sostuvo, en lo que aquí interesa, que la acción de tutela es improcedente para
discutir las prestaciones económicas reclamadas y que, en todo caso, la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización negaron expresamente esas solicitudes, la primera por carecer de
competencia y la segunda por la improcedencia de lo peticionado.
Igualmente, se avizora que la anterior sentencia fue excluida para revisión por la
Sala de Selección de Tutelas Número Once de la Corte Constitucional el 29 de
noviembre de 2022, requisito para entender configurada la cosa juzgada
constitucional.
En ese orden de ideas, la Subsección aprecia que en este asunto se presenta
dicha institución jurídico procesal, al existir identidad de partes, causa y objeto con
la acción de tutela 15008-89-74-2022-00000-00 [01] en cuanto al reconocimiento
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de los beneficios económicos del Decreto 899 de 2017, y al no haber sido
seleccionada la decisión allí adoptada para revisión por el máximo tribunal de la
jurisdicción constitucional.
Aclarado lo anterior, la Sala considera que si bien se presenta la cosa juzgada
constitucional, la accionante no actuó de forma temeraria, dado que, si bien
instauró dos acciones de tutela contra las mismas autoridades, en la que solicitó la
protección de iguales derechos fundamentales con ocasión del no pago de los
referidos beneficios, lo cierto es que no se denota que aquella haya actuado con
mala fe, sino motivada por la necesidad de proteger las garantías que estimó
vulneradas, máxime cuando en las dos acciones de tutela actuó directamente en
su condición de excombatiente de las FARC-EP, sin asesoramiento jurídico y,
adicionalmente, cuando formuló la de la referencia ya había sido incluida en los
listados de exintegrantes de aquellas, lo cual aun cuando no constituye un hecho
nuevo que varíe la situación frente al reconocimiento de los beneficios
mencionados, sí pudo haber ocasionado la creencia errónea de que resultaba
procedente instaurar otra acción.
En ese orden de ideas, se rechazará por improcedente la acción de tutela
formulada por la señora Leyder Verú Verú en contra de la Presidencia de la
República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización, ante la configuración de la cosa juzgada
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela formulada por la señora
Leyder Verú Verú en contra de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización,
ante la configuración de la cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
PCL
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