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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01317-01

Fecha
7 de julio de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01317-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 18 de abril de 2023, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar disponer los siguiente: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia respecto de la solicitud de revocatoria de los actos administrativos expedidos por las entidades accionadas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de la vulneración del derecho fundamental de petición, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01 Accionante: Manuela Cardona Vega CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01317-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

7 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: MANUELA CARDONA VEGA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE
CARÁCTER PARTICULAR – PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
CONSTITUCIONAL COMO MECANISMO PARA CONTROVERTIR
ACTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A TRASLADOS DE
PERSONAL – Se revoca el fallo impugnado que denegó el
mecanismo de amparo para, en su lugar, declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, en tanto la actora dispone de otro
medio de defensa judicial

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante, en contra de la
sentencia de 18 de abril de 2023, proferida por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Manuela Cardona Vega, quien actúa en nombre y causa propia,
presentó acción de tutela1 con miras a obtener el amparo de sus derechos
constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso, a la igualdad y a la vida en
condiciones dignas […]», cuya vulneración le atribuyó al Oficio N° 110 de 22 de
noviembre de 2022 y a la Resolución CJR23-0087 de 1° de marzo de 2023,
proferidos, respectivamente, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca y por Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial, y mediante los cuales se emitió concepto desfavorable a la
solicitud de traslado formulada por la accionante.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente2:

1
El 14 de marzo de 2023.
2
Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

2.1. Relató que el 1° de marzo de 2022 ingresó a trabajar en la Rama Judicial y se
posesionó en propiedad en el cargo de citadora III en el Juzgado Primero
Administrativo Mixto de Buenaventura.

2.2. Manifestó que solicitó licencia no remunerada, a partir del 1° de agosto de 2022,
para ocupar el cargo citadora III en el Juzgado Laboral del Circuito de Cartago -
Valle del Cauca.

2.3. Adujo que, con fecha 1° de noviembre de 2022, presentó solicitud de traslado
para el Juzgado Laboral del Circuito de Cartago, con sustento en lo previsto por el
artículo 1° de la Ley 771 de 2002, numeral 3°, norma que modificó el artículo 134
de la Ley 270 de 1996.

2.4. Señaló que solicitó el traslado en comento, con ocasión de los quebrantos de
salud de su progenitora, para lo cual acudió a lo previsto en el artículo 7° del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017.

2.5. Puso de presente que, no obstante lo anterior, mediante Oficio núm. 110 de 22
de noviembre de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca
profirió concepto desfavorable de traslado como servidora de carrera y que dicho
acto administrativo fue confirmado por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, por medio de la Resolución CJR23-0087 de 1° de marzo de 2023, a través
de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto.

2.6. Indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca y la
Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la vida en
condiciones dignas, «[…] al expedir concepto desfavorable de la solicitud de
traslado formulada, exigiendo un requisito no establecido en la ley como lo es la
calificación integral y sin realización un análisis constitucional de mi situación
especial familiar […]». (subrayas por fuera del texto)

2.7. Expuso que cumplió con los requisitos estipulados en el Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022 del Consejo
Superior de la Judicatura y la Ley 270 de 1996; sin embargo: «[…] la Sala
Administrativa impuso otros requisitos no contemplados en el numeral 3° del artículo
1° de la Ley 771 de 2002 como lo es presentar evaluación en firme respecto del
cargo y despacho desde el cual se solicitó el traslado […]».

2.8. Expuso que presentó calificación de servicios del periodo comprendido entre el
1° de marzo de 2022 -fecha en la que tomó posesión del cargo en propiedad en
Buenaventura- y el 31 de julio de 2022 -fecha en la que se desvinculó del cargo-;
ello teniendo en cuenta que, con posterioridad, la calificación correspondía a su jefe
inmediato, esto es, el Juez Laboral de Cartago, donde se desempeñó en
provisionalidad.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

2.9. Destacó que no era posible presentar calificación correspondiente al año
anterior, por cuanto se vinculó a la Rama Judicial desde el 1° de marzo de 2022;
hecho que, a su juicio, amerita que se aplique la excepción de inconstitucionalidad
y se excluya para el presente caso, no solo la calificación superior a 80 puntos, sino
la calificación en firme por un periodo anterior de un año, «[…] porque es imposible
de cumplir con esta exigencia, y el Estado debe ponderar los derechos
fundamentales que se encuentran en conflicto y tomar la decisión que más beneficie
a los ciudadanos, máxime que lo pedido no representa una merma en la calidad del
servicio de administrar justicia que está en cabeza del Estado […]».

2.10. Consideró que las decisiones proferidas por las autoridades accionadas no
fueron suficientemente motivadas; máxime cuando sustentó, de manera detallada,
la necesidad de estar cerca de su progenitora la señora Lyda Victoria Vega Osorio,
quien requiere asistencia urgente y apremiante en sus actividades cotidianas.

2.11. Por último, argumentó que la petición elevada no se resolvió de fondo, por
cuanto la accionada: i) hizo una tímida mención de la existencia de requisitos
taxativos para optar exitosamente al traslado por razones de salud cuando esta
afecta la del empleado o de su núcleo familiar; ii) no le solicitó soporte de la
manifestación sobre la afectación de la salud de su madre ni la afectación personal,
y, finalmente, iii) no resolvió conforme al artículo 1° de la Ley 771 de 2002, que
modifica el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, numerales 3° y 4°.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRINCIPALES:

PRIMERA: se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, vida en condiciones dignas y petición.

SEGUNDA: Que se revoque el concepto desfavorable de traslado como
servidor de carrera emitido mediante Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de
2022 y la RESOLUCIÓN CJR23-0087 (01 de marzo de 2023) Por medio de la
cual resolvieron un recurso de apelación por haber cumplido los requisitos
exigidos por la Ley previa aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de
que trata e artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, para que se
excluya en mi caso la aplicación del Acuerdo que establece que es requisito
para el traslado aportar la calificación en firme por un periodo anterior de un
año, del 01 de enero a 31 de diciembre porque las personas no somos un medio
para que el Estado alcance sus fines y como garantía del derecho a la igualdad
frente a un asunto idéntico expuesto en la parte motiva.

SUBSIDIARIAS:

PRIMERA: Se ordene a las accionadas que profieran la decisión de fondo, de
forma coherente con el problema jurídico principal planteado desde el inicio de
la actuación, como lo es traslado por motivo de salud, así mismo, se ordene que
en un caso de esta naturaleza que afecta un núcleo familiar, cumplan el deber

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Accionante: Manuela Cardona Vega

de solicitar –complementar la petición- si es del caso, como lo ordena el artículo
15 de la Ley 755 de 2015.

SEGUNDA: Se ordene a la accionada resolver la petición atendiendo la norma
que mejor se adapte al caso expuesto, ya que no existe norma aplicable al caso
concreto, en especial que se le exija decisión sustentada como traslado por
motivos de salud, como se solicitó, o por las razones de que trata el artículo 1
de la Ley 771 de 2002, que modifica el Artículo 134 de la Ley 270 de 1996
numerales 3 y 4.

TERCERA: En caso de no considerarse de recibo ninguno de los argumentos
planteados para tomar una decisión definitiva, solicito se conceda de manera
transitoria la presente acción a fin de acudir dentro del término legal ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 17 de marzo de
2023, admitió la acción de tutela de la referencia.

5. En la misma providencia, se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en su calidad de entidades
accionadas dentro de la presente causa constitucional.

V. INTERVENCIONES

6. El apoderado judicial de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
rindió informe en el que argumentó que la acción de tutela es improcedente por la
existencia de otro mecanismo judicial y no acreditación del perjuicio irremediable,
en el caso sub judice.

7. Discurrió que la acción de amparo no es el mecanismo idóneo para atacar actos
administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el
principio de legalidad y, por tanto, son susceptibles de ser demandados con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

8. En cuanto al amparo solicitado, afirmó que la calificación aportada del periodo del
1° de marzo de 2022 al 31 de julio de 2022, no cumple con lo establecido en el
artículo 4° del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, «[…] el cual señala como período
de calificación para empleados, el comprendido entre el 1° de enero y 31 de
diciembre del respectivo año, que para el caso en cuestión correspondería al tiempo
laborado entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2022 […]».

9. Afirmó, por último, que no se vulneró el debido proceso administrativo, toda vez
que la decisión adoptada fue debidamente motivada y fue notificada en debida

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

forma a la peticionaria, quien, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción,
interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron decididos y
notificados oportunamente, por lo que el concepto emitido se encuentra en firme.

10. El apoderado judicial del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca, a su turno, solicitó su desvinculación del proceso y pidió que se declare la
improcedencia general de la acción constitución con fundamento en lo siguiente:

11. Destacó que la solicitud de traslado presentada por la actora fue bajo la
modalidad de servidor de carrera, por lo cual dicha solicitud debía cumplir con los
requisitos previstos en los artículos 12, 13 y 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017, consistentes en «[…] que el cargo al cual se solicita el traslado se encuentre
vacante en forma definitiva, [que] tenga funciones afines, [que] sea de la misma
categoría (…); [y] además [la solicitante de allegar] la última evaluación de servicios
en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado […]».

12. Precisó que el requisito de la última evaluación de servicios en firme se encuentra
establecido en el acuerdo reglamentario expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura -artículo 13- y, en ese sentido, debe ser exigido al momento de valorar
el cumplimiento de requisitos para resolver las solicitudes de traslados bajo la
modalidad de “servidor de carrera”.

13. Explicó que la peticionaria presentó calificación de servicios del período
comprendido entre el 1° de marzo de 2022, fecha en la que tomó posesión del cargo
y el 31 de julio de 2022; actuación con la cual demuestra su conocimiento sobre el
requisito que debía acreditar para los traslados como servidor de carrera, sin que
para ese momento fuera cuestionado de su parte.

14. Finalmente, señaló lo siguiente:

«[…] el concepto inicial de traslado desfavorable tuvo como fundamento
que la calificación aportada a la solicitud, no cumplió con los requisitos
expuestos, toda vez que no evalúa la anualidad y careció de motivación
alguna; puesto que, si bien la calificación anticipada es viable, esta
procede por razones del servicio debidamente justificadas y no para
traslados de carrera o recíprocos, para la cual se debe acreditar la
calificación integral de servicios que para el caso de empleados debe realizarse
anualmente, sin desconocerse que dicha evaluación debe hacerse desde la
fecha en que el empleado judicial se vinculó en el cargo en propiedad.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

15. Mediante fallo de tutela del 18 de abril de 2023, la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado denegó las pretensiones del mecanismo de
amparo constitucional instaurado por la parte actora.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

16. Como fundamento de la negatoria de la solicitud de amparo, el juez de primera
instancia sostuvo lo siguiente:

[…] la Sala advierte que las decisiones adoptadas por el Consejo Seccional de
la Judicatura del Valle del Cauca y la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través de los actos
administrativos que emitieron concepto desfavorable a la solicitud de traslado,
SE FUNDAMENTARON EN CRITERIOS OBJETIVOS, CONCRETOS Y
RAZONABLES, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS NORMATIVOS Y
JURISPRUDENCIALES QUE REGULAN EL TEMA DE LOS TRASLADOS DE
LOS SERVIDORES JUDICIALES, POR LO QUE NO SE OBSERVA
VULNERACIÓN ALGUNA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
ACCIONANTE.
En efecto, tal y como lo indicó la entidad demandada, la accionante con la
solicitud de traslado del 1° de noviembre de 2022, se limitó a allegar un formato
de calificación de servicios del periodo comprendido entre el 1° de marzo de
2022 y el 31 de julio de 2022, POR LO QUE NO CUMPLE CON LA EXIGENCIA
DE CALIFICACIÓN ANUAL. PUES SI BIEN, MENCIONÓ QUE EL
TRASLADO TENÍA COMO FINALIDAD ESTAR CERCA DE SU
PROGENITORA, QUIEN PADECIÓ UN ACCIDENTE, LO CIERTO ES QUE
NO SE APORTÓ PRUEBA ALGUNA DE LA CONDICIÓN DE SALUD DE
ESTA.
Al respecto, cabe resaltar que el artículo 4 del Acuerdo No. PSAA16-10618 del
7 de diciembre de 2016, señala que la calificación integral de servicios de los
empleados es anual y el periodo de calificación estará comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre del respectivo año. De igual manera, precisa que,
“la consolidación de todos los factores que la integran se hará a más tardar el
último día hábil del mes de agosto del año siguiente a la finalización del período
anual” y que el evaluador podrá anticipar la calificación por razones del servicio
debidamente sustentadas, sin que el lapso de desempeño pueda ser inferior a
3 meses dentro del respectivo período.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que la calificación de servicios del
tutelante es anual y tendría que estar consolidada a más tardar el último
día hábil del mes de agosto del año siguiente a la finalización del
respectivo periodo […]
[…]
Así pues, como quiera que para el momento en que la señora Manuela Cardona
Vega presentó su solicitud de traslado, el 1° de noviembre de 2022, es evidente
que la calificación integral NO estaba consolidada, pues no ha completado
el tiempo de periodicidad.
Lo anterior no significa que la exigencia de aportar “la última evaluación de
servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el
traslado”, constituya una carga injustificada para la accionante, pues el
interesado, podía haber acreditado la afectación grave de un derecho
fundamental con la decisión del traslado.
En este orden de ideas, resulta evidente que la solicitud de traslado del
actor al no cumplir con los presupuestos formales de procedibilidad,
impidió que la unidad de administración de la carrera judicial analizara de
fondo la petición, lo que incluía examinar la ruptura del núcleo familiar, la
integridad del servidor o su familia, supuesto que en todo caso no
resultan evidentes, por lo que no se puede inferir que la accionada
desconoció la afectación del integridad del demandante, como se alega
en el escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

[…]
Así las cosas, la Sala considera que las decisiones adoptadas por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura NO vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la actora.
Igualmente, la Sala no pasa por alto que, para la fecha, la aquí tutelante puede
radicar nuevamente la solicitud del traslado, en debida forma, aportando la
calificación correspondiente al año anterior, en consonancia con los requisitos
exigidos en el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 […].
(negrillas por fuera del texto original)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

17. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que,
además de reiterar los supuestos fácticos y argumentos expuestos en el escrito
inicial de la tutela incoada, agregó los siguientes planteamientos:

[…] [E]n mi petición solicité el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, derecho a la igualdad y a la vida en condiciones dignas,
que NO se tuvieron en cuenta a la hora de desarrollar el problema jurídico,
pues la decisión se basó en respaldar los argumentos que habían
brindado los accionados, aun sin estudiar de fondo el meollo del asunto
[…].

[…] Si bien es cierto, no me opongo al yerro evidente de haber
mencionado en la referencia de mi solicitud: “REF: SOLICITUD DE
TRASLADO DE SERVIDOR DE CARRERA VACANTE JUZGADO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CARTAGO (CITADOR CIRCUITO GRADO III)”, así
mismo no considero que sea excusa que el accionado de haber recibido
mi petición podría haber solicitado la documentación faltante o que
complementara mi petición, aun cuando en el cuerpo de la petición
mencioné que mi progenitora había padecido un desafortunado
accidente, pero, contrario a esto, se encaminó la petición a un requisito
que si bien mencionan lo regula una resolución, es adicional a lo que
impone la Ley; (…)

Lo anterior con base en el artículo 17 del Acuerdo No. PCSJA17-107541 del 18
de septiembre de 2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 del
17.06.2022, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, Ley 771 de
2002, que modificó los Artículos 134 y 152.6 de la Ley 270 de 1996,
reglamentados por Acuerdo PCSJA17-107542 del 18 de septiembre de 2017,
modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 del 17.06.2022, del Consejo
Superior de la Judicatura, prevé que el traslado de servidores judiciales exige,
por regla general, la acreditación de los siguientes requisitos:
[…]
Es así como todos estos requisitos los cumplí, así como el adicional que
exige solicitud presentada antes de la conformación de las listas de
candidatos o de elegibles. (Artículo 134-3 de la Ley 270 de 1996).

Para concluir, aun sabiendo que la Constitución es norma de normas y
avizorando vulneración a mis derechos, prevalece una resolución,
cuando aún me encuentro en una crisis familiar que podría mejorarse si
se estudiará [sic] de fondo el caso, no de manera formal como se resolvió

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad por la que me
encuentro, sin recibir el apoyo por parte de mi superior […]. (se destaca)

18. Así mismo, insistió que en el caso de marras sí se vulneraron sus garantías
referentes a la igualdad y a la vida en condiciones dignas, y en tal sentido señaló lo
siguiente:

[…] [E]n el distrito especial de Buenaventura en una decisión de la misma
Sala accionada la ciudadana relacionada en el siguiente pantallazo
solicitó el traslado y llevaba 3 meses en propiedad (como se evidencia,
firmó posesión el 30 de septiembre de 2021) le fueron calificados tres
meses de servicio, y antes del año con idénticos requisitos a los que
demostré, le concedieron traslado.
[…]
Ahora bien, cuando acepté mi posesión en Buenaventura lo hice con
pleno conocimiento de causa, aceptando la distancia y desempeñando
mis labores de la mejor manera, es por esto que quiero que no se
considere como caprichosa mi solicitud, solo quiero hacer saber que fue
un evento desafortunado del que nadie está exonerado, del cual fui
directamente afectada.

Por todas las razones expuestas he debido frecuentar psicólogos para
lograr entender los sucesos inesperados, controlar la ansiedad que
emerge de la preocupación de saber con quién estará mi madre al
momento de tener que volver a Buenaventura, esta situación tampoco fue
objeto de estudio en la acción constitucional instaurada […] (negrillas por
fuera de texto original)

19. Finalmente, indicó lo siguiente:

[…] Para finalizar, en todas las instancias me han manifestado que ya puedo
radicar nuevamente la solicitud del traslado, en debida forma, aportando la
calificación correspondiente al año anterior, en consonancia con los requisitos
exigidos en el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016, pero como
expuse en la acción constitucional y como es evidente en las publicación de
vacantes de los meses ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL, NO existen
otras vacantes en Cartago Valle del Cauca, para el mismo cargo, situación
que tampoco fue objeto de estudio.
(…)
Finalmente, una solicitud de traslado, es una petición, que en este caso se
presenta ante el Estado, y ello obliga a que los accionados resuelvan sobre
todos los puntos elevados por el ciudadano en su derecho de petición, lo que
conlleva a que, si ese funcionario no resuelve de manera motivada sobre cada
aspecto de la solicitud, deba ser compelido a hacerlo. En este asunto el Juez
de tutela a quo, obvió analizar de manera motivada si la solicitud de
traslado que presenté fue resuelta de manera completa y motivada, como
era su obligación como administrador de justicia obligado a emitir
decisiones en las que realmente interprete el ordenamiento positivo,
mediante la confrontación de la realidad expuesta desde el inicio.

Es por lo anterior, que solicito a su honorable despacho, con el debido respeto,
que estudie a fondo mi petición y tome una decisión acorde a la protección de
los derechos fundamentales incoados […]. (Destaca la Sala)

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía
con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución de negocios
al interior de las Secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Cuestión previa

21. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación
en la causa por pasiva, a efectos de resolver la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

22. Para efectos de resolver la presente solicitud de desvinculación, la Sala pone de
presente que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1005 y 1016 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura
administra la carrera judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura; lleva el control del rendimiento y
gestión de los despachos judiciales mediante los mecanismos e índices
correspondientes, y ejecuta las demás atribuciones que señale la ley o el
reglamento, o que le delegue a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.

3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
«ARTÍCULO 100. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LOS CONSEJOS SECCIONALES. Las Salas Plenas de los
Consejos Seccionales tendrán las siguientes funciones: 1. Elegir, para períodos de un año, el Presidente del Consejo, quien
tendrá la representación frente a las demás Ramas y autoridades del Poder Público, así como frente a los particulares, y al
Vicepresidente, quien reemplazará al Presidente en sus faltas temporales y accidentales. 2. Promover la imagen de la Rama
Judicial en todos sus órdenes frente a la Comunidad. 3. Designar y remover libremente a los empleados del Consejo
Seccional, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada Magistrado, y aquéllos cuyo nombramiento
corresponda a otra Sala o al Director Ejecutivo Seccional; y, 4. Las demás que señalen la ley o el Consejo Superior de la
Judicatura».
6
«ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LA SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES. Las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones: 1. Administrar la Carrera
Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. 2. Llevar el control
del rendimiento y gestión de los despachos judiciales mediante los mecanismos e índices correspondientes. 3. Practicar visita
general a todos los juzgados de su territorio por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra
el despacho de los asuntos a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten. 4. Elaborar y
presentar a los Tribunales las listas de candidatos para la designación de Jueces en todos los cargos en que deba ser provista
una vacante definitiva, conforme a las normas de carrera judicial y conceder o negar las licencias solicitadas por los jueces.
5. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y bienestar personal de la Rama Judicial conforme a
las políticas del Consejo Superior. 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y
cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama. 7. Poner en conocimiento de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria por intermedio de su presidente o de sus miembros, las situaciones y conductas que puedan
constituir faltas disciplinarias, así como a las autoridades penales, las que puedan configurar delitos. 8. Realizar la calificación
integral de servicios de los jueces en el área de su competencia. 9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos
de inversión para el desarrollo armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos judiciales. 10. Elegir a sus
dignatarios para períodos de un año. 11. Vigilar que los Magistrados y jueces residan en el lugar que les corresponde pudiendo
autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos justificados, dando cuenta a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura; y, 12. Las demás que le señale la ley o el reglamento, o que le delegue a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

23. En lo que atañe al caso objeto de estudio, la aludida entidad, por medio de la
funcionaria Claudia María Granados Rodríguez, emitió el Oficio N° 110 de 22 de
noviembre de 2022, que negó la solicitud de traslado efectuada por la señora
Cardona Vega, acto administrativo que es objeto de cuestionamiento en el caso
sub examine, motivo por el cual se negará la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el apoderado judicial del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca.

VIII.3. Problema jurídico

24. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular. Y,
si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la Corporación accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, con ocasión de la expedición del concepto No. 110
de 22 de noviembre de 2022 y de la Resolución CJR23-0087 por la cual se
resolvió un recurso de apelación, mediante las cuales se dispuso emitir
concepto no favorable para su traslado.

25. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos de contenido particular; procediendo posteriormente a
ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de contenido particular

26. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla general,
no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su
defecto, la acción de nulidad.

27. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de
derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo anterior, exista

7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionante: Manuela Cardona Vega

peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo
procedería como mecanismo transitorio.

28. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional precisó:

[…] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la
acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de
1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo […]. (Se destaca)

29. Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable,
la acción de tutela puede incluso proceder, excepcionalmente, como mecanismo
definitivo.

30. Así las cosas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en riesgo la
vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.

VIII.5. El caso concreto

31. La ciudadana Manuela Cardona Vega, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela8 con miras a obtener el amparo de sus derechos constitucionales
fundamentales «[…] al debido proceso, a la igualdad y a la vida en condiciones
dignas […]», cuya vulneración le atribuyó al Oficio N° 110 de 22 de noviembre de
2022 y a la Resolución CJR23-0087 de 1° de marzo de 2023, proferidos,
respectivamente, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
y por Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, actuaciones administrativas mediante las cuales se emitió concepto
desfavorable a la solicitud de traslado formulada por la accionante.

32. Valga destacar que la parte accionante pretende que se revoque, vía tutela, el
Oficio N° 110 de 22 de noviembre de 2022 y la Resolución CJR23-0087 de 1° de
marzo de 2023 y, en su lugar, se acceda a la solicitud de traslado. Además, y en
forma subsidiaria, la accionante solicitó que se ordenara a las entidades accionadas
emitir una respuesta de fondo y completa a la petición de traslado efectuada por la
actora.

8
El 14 de marzo de 2023.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

33. La misma accionante aduce que la petición que elevó ante las entidades
enjuiciadas no se resolvió de fondo en tanto que «[…] la accionada: i) hizo una
tímida mención de la existencia de requisitos taxativos para optar exitosamente al
traslado por razones de salud cuando esta afecta la del empleado o de su núcleo
familiar, ii) no le solicitó soporte de la manifestación sobre la afectación de la salud
de su madre ni la afectación personal, y, finalmente, iii) no resolvió conforme al
artículo 1° de la Ley 771 de 2002, que modifica el artículo 134 de la Ley 270 de
1996, numerales 3° y 4° […]».

VIII.5.1. Improcedencia de la acción de tutela por desconocer el requisito de la
subsidiariedad

34. Descendiendo al caso de la referencia, se advierte que la parte actora aduce que
las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de
la expedición del Oficio núm. 110 de 22 de noviembre de 2022, elaborado por la
funcionaria Claudia María Granados Rodríguez, proferido por Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca, y de la Resolución CJR23-0087 1° de marzo
de 2023, proferida por Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial. Mediante los actos administrativos citados
con antelación, las accionadas emitieron concepto desfavorable a la solicitud de
traslado elevada por la señora Cardona Vega.

35. En los actos administrativos aquí enjuiciados, se puso de presente que no era
posible emitir concepto favorable de la solicitud de traslado elevada teniendo en
cuenta que el ahora accionante no allegó la última calificación de servicios del cargo
y despacho del que solicita el traslado, tal como lo exige el artículo 13 del Acuerdo
PCSJA17- 10754 de 2017.

36. Precisado lo anterior, y tal como se explicó en el acápite VIII.3. de esta
providencia, la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente cuando
pretenda controvertir la legalidad de los actos administrativos de contenido
particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de defensa
ordinario como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la suspensión
de los actos de la administración que lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a
esto, afectan derechos fundamentales.

37. Cabe mencionar que en este mismo sentido ya se ha pronunciado esta Sala de
Decisión, tal y como ocurrió en recientes decisiones de fecha 12 de mayo de 20229,
del 21 de octubre de 202210 y del 20 de enero de 202311; en donde se planteó que

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2022, exp. No.
50001-23-33-000-2022-00067-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de octubre de 2022, exp. No.
11001-03-15-000-2022-04279-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de enero de 2023, exp. No.
11001-03-15-000-2022-05408-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

los actos administrativos de carácter particular que emiten concepto desfavorable a
la solicitud de traslado son susceptibles de demandarse y/o cuestionarse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, vía medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

38. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de los actos administrativos
en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas cautelares.

39. Siguiendo esa misma línea argumentativa, debe resaltarse que la jurisprudencia
tanto de esta Corporación12 como de la Corte Constitucional13 han sido enfáticas en
sostener que las medidas cautelares previstas en los artículos 229 y s.s. de la Ley
1437 de 2011 resultan ser un medio de defensa idóneo y eficaz para obtener la
suspensión provisional de los actos administrativos que se cuestionen ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que ya no es de recibo el
argumento según el cual los medios de control no son eficaces ni oportunos para
la salvaguarda de las garantías fundamentales.

40. Adicionalmente, debe resaltarse que en el presente caso no se observa la
vulneración de los derechos fundamentales del extremo actor, porque el concepto
desfavorable de la solicitud de traslado estuvo fundamentado en que no se aportó
el formato de calificación. A ello se agrega que dicha exigencia se encuentra
prevista en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 201714, disposición que
se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad, porque no ha sido
declarada nula ni suspendida provisionalmente por esta jurisdicción15.

41. Deallí que la decisión de la entidad accionada no se aprecia arbitraria ni
caprichosa y, por tanto, no se evidencia por parte del juez constitucional la
afectación de las garantías que se aducen transgredidas.

42. En conclusión, la Sala considera que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios que se encuentran consagrados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de revisar la

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2014, expediente número
25000-23-42-000-2013-06871-01(AC), C.P. Alfonso Vargas Rincón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth
García González.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-355 de 11 de junio de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
“Evaluación y concepto. Presentada la solicitud, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional
de la Judicatura, según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del solicitante, teniendo en cuenta entre
otros criterios la última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el
traslado”.
15
Sobre este asunto ver la sentencia de 4 de febrero de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
expediente número 11001-03-15-000-2020-05062-00, en la que se precisó, entre otros asuntos, lo siguiente: “Para la Sala, la
anterior interpretación es razonable y no vulnera derechos fundamentales, más aún si se tiene en cuenta que en la sentencia
del 24 de abril de 2020 se precisó que el requisito de un puntaje mínimo en la calificación de servicios desbordaba lo previsto
en el artículo 134 de la Ley 270 de 1992. Es decir, el reproche recayó específicamente respecto del puntaje que se
exigió en los Acuerdos reglamentarios, mas no de la evaluación misma, como se desprende de la parte resolutiva de la
decisión, en la que respecto del artículo 19 del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, únicamente se declaró la nulidad del aparte
referente a “que deberá ser igual o superior a 80 puntos”, no así de lo relativo a que “el servidor deberá aportar la última
calificación de servicios en firme”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

legalidad de los actos administrativos objeto de cuestionamiento; por tanto, se
revocará el fallo impugnado que denegó la solicitud de amparo de la referencia para,
en su lugar, declarar improcedente el mecanismo constitucional incoado por
incumplimiento del requisito de la subsidiariedad; máxime cuando de la revisión del
escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, con el
fin de que se habilitara la intervención del juez constitucional como mecanismo
transitorio.

VIII.5.2. De la supuesta transgresión al derecho fundamental de petición de la
parte actora, en el caso sub examine

43. Frente a este aspecto de la controversia, se observa que la parte actora refirió en
su escrito de amparo que «[…] la petición elevada NO [fue respondida] de fondo,
por cuanto la accionada: i) hizo una tímida mención de la existencia de requisitos
taxativos para optar exitosamente al traslado por razones de salud cuando esta
afecta la del empleado o de su núcleo familiar, ii) no le solicitó soporte de la
manifestación sobre la afectación de la salud de su madre ni la afectación personal,
y, finalmente, iii) no resolvió conforme al artículo 1° de la Ley 771 de 2002, que
modifica el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, numerales 3° y 4° […]».

44. Sea lo primero señalar que, en criterio de esta Sala, no es cierto que la entidad
accionada hubiese emitido brindar una respuesta de fondo y completa a las distintas
solicitudes elevadas por la accionante.

45. En primera medida, se destaca que la petición 1° de noviembre de 2022 estaba
dirigida a que las entidades accionadas rindieran concepto favorable sobre la
solicitud de traslado que efectuó la señora Cardona Vega.

46. En ese sentido, para la Sala la respuesta brindada al derecho de petición,
mediante el Oficio N° 110 de 22 de noviembre de 2022 y la Resolución CJR23-0087
de 1° de marzo de 2023, sí fue de fondo porque se emitió un concepto desfavorable
de la solicitud de traslado; lo cual demuestra que no responde a la verdad el afirmar
que las entidades accionadas se abstuvieron de dar respuesta la solicitud de
trasladado de la actora.

47. En este aspecto, aclara la Sala que, si bien en los actos administrativos proferidos
por las entidades accionadas no existió un pronunciamiento expreso sobre la
presunta ruptura del núcleo familiar de la accionante y la integridad personal y
familiar de la servidora judicial, ello es consecuencia de que la solicitud de traslado
de la accionante no reunió los presupuestos formales, en tanto que la señora
Cardona Vega omitió allegar «la última evaluación de servicios en firme respecto
del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado».

48. Así las cosas, la Sala comparte el razonamiento efectuado por el juez de tutela
de primera instancia, según el cual «la solicitud de traslado del actor al no cumplir

15

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Accionante: Manuela Cardona Vega

con los presupuestos formales de procedibilidad, impidió que la unidad de
administración de la carrera judicial analizara de fondo la petición, lo que incluía
examinar la ruptura del núcleo familiar, la integridad del servidor o su familia,
supuesto que en todo caso no resultan evidentes, por lo que no se puede inferir que
la accionada desconoció la afectación del integridad del demandante, como se
alega en el escrito de tutela».

49. En conclusión, la Sala de Decisión estima que, en el caso que nos ocupa, las
decisiones adoptadas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
y la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no vulneraron
el derecho fundamental de petición invocado por el extremo accionante.

50. Por los anteriores razonamientos, la Sala considera que debe modificarse el fallo
impugnado del 18 de abril de 2023, proferido por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que denegó el amparo deprecado. En su lugar,
declarará improcedente la acción de tutela de la referencia respecto de la solicitud
de revocatoria de los actos administrativos que negaron la solicitud de traslado de
la señora Cardona Vega, y denegará la pretensión asociada a que se declare la
vulneración del derecho fundamental de petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 18 de abril de 2023, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar
disponer los siguiente:

DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia respecto de
la solicitud de revocatoria de los actos administrativos expedidos por las
entidades accionadas, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de la
vulneración del derecho fundamental de petición, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01317-01
Accionante: Manuela Cardona Vega

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(20)

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