Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01324-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01324-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
Demandado: Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Temas: Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas
jurídicas/alcance
La causal de violación directa de la Constitución/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor y por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la sentencia
de tutela de 8 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 23 de agosto de 2022, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
radicación 110001-33-35-030-2021-00077-01, vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Afirmó que fue incorporado en el Ejército Nacional como soldado profesional, en
donde a través del oficio núm. CXX52AP39D del 7 de septiembre de 2018, solicitó
el reconocimiento y pago de la i) diferencia salarial del 20%, ii) prima de actividad;
y iii) reajuste del subsidio familiar.
4. Expresó que mediante acto administrativo núm. 20183111778281: MDN-CGFM-
COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 18 de septiembre de 2018, la
entidad demandada negó el reajuste del subsidio familiar; y frente a la diferencia
salarial del 20% y la prima de actividad, no realizó ningún pronunciamiento.
5. El actor presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm.
20183111778281: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del
18 de septiembre de 2018 y del “[…] Acto ficto resultante del silencio administrativo
con ocasión de la respuesta presunta negativa a la petición con radicado núm.
CXX52AP39D […]”.
6. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia el 23 de septiembre de 2021, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
7. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 23 de agosto de 2022,
resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- REVÓCASE los numerales primero a sexto de la sentencia
proferida el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por el Juzgado
treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Jose Daniel
Cháux Suárez contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar
NIÉGASE la pretensión de reconocimiento del subsidio familiar en los términos del
Decreto 1794 de 2000.
SEGUNDO.- CONFÍRMASE en lo demás.
TERCERO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia […]”.
8. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
[…] Subsidio familiar:
No desconoce esta Instancia Judicial los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio
de 2017, sin embargo los alcances de dicho pronunciamiento se ocuparon de
proteger a aquel personal uniformado que en virtud de la derogatoria que trajo
consigo el Decreto 3770 de 2009, no reclamó el reconocimiento del subsidio familiar
en el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014,
como quiera que se itera, tal partida no se encontraba prevista en la normatividad
vigente para tal periodo, situación está que varió con la sentencia de 2017 que cobró
ejecutoria en el año 2018.
Sin embargo, es necesario diferenciar en este punto del análisis, la más que
entendible imposibilidad predicable de los soldados profesionales de solicitar el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 para
los años 2009 a 2014, de la ausencia de acreditación del requisito sine qua non para
ser merecedor de dicha partida, que no es otro que la demostración del matrimonio
o de la unión marital de hecho.
En otras palabras, si bien es cierto el actor no podía solicitar el reconocimiento del
subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 ante la
derogatoria de ese emolumento que trajo consigo el Decreto 3770 de 2009, no lo
estaba para declarar la existencia de su unión marital de hecho, situación que sólo
se configuró a través de escritura pública núm, 1412 del 30 de julio de 2014, fecha
para la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto 1794 del 2000. Es decir, en el
presente caso no nos encontramos en el ámbito de protección que el H. Consejo de
Estado brindó por vía de tutela al precisar la forma en que los soldados profesionales
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
pueden acceder al subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000, por cuanto la no
concesión de la prestación en esos términos no se debió a la imposibilidad de
requerirla en el término de vigencia del Decreto 3770 de 2009, sino a que la nueva
condición familiar del demandante apenas se modificó y se informó a la demandada
ya en vigencia del Decreto 1161 […].
[…]
[…] En el caso que nos ocupa, no nos encontramos frente a un patrón de igualdad,
pues no estamos frente a sujetos de la misma naturaleza, pues recuérdese que la
Fuerza Pública tiene un sistema jerarquizado, y en este sentido los criterios de
diferenciación obedecen a factores razonables que el mismo legislador ha
establecido en la norma legal, los cuales se encuentran en las reglas que se aplican
para el ingreso y ascenso a los distintos grados de la institución es decir que “Los
requisitos de ingreso al servicio de las Fuerzas Militares no son los mismos para un
Suboficial que para un Soldado.”
Lo anterior demuestra que el criterio de diferenciación entre los miembros de la
Fuerza Pública no resulta arbitrario ni caprichoso, pues en tratándose de grados
diferentes para los cuales se exigen calidades y requisitos acordes con las
exigencias de la carrera oficial o suboficial, se justifica la distinción salarial.
Y es esa, por ejemplo, fue la consideración que tuvo en cuenta la H. Corte
Constitucional en la sentencia C-057 de 2010, cuando analizó la naturaleza de los
grados de oficiales adscritos a la Fuerza Pública, y la diferencia funcional que les
compete, respecto de los demás rangos que integran la Fuerza Pública […]”.
[…]
“[…] En estas condiciones, ningún reproche merece el hecho de que el Gobierno
Nacional opte por fijar un régimen salarial y prestacional distinto para los Soldados
Profesionales frente a los Oficiales y Suboficiales, que si bien, tienen en común el
hecho de pertenecer a las Fuerzas Militares, lo cierto es que no se encuentran en
la misma situación de igualdad, pues pertenecen a diferentes grados y sus
responsabilidades son completamente distintas, luego no pueden ser tratados como
sujetos con la misma naturaleza.
En tales condiciones, no es procedente el reconocimiento y pago de la prima de
actividad frente a los Soldados Profesionales al no ser su situación equiparable a la
de los Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional.
3.6.3. Incremento salarial del 20%.
Al respecto, la Sala se advierte que, el actor ingresó a las Fuerzas Militares para
prestar su servicio militar el 6 de julio del 2000 y a partir del 19 de febrero del 2002,
se incorporó como soldado profesional, sin ser soldado voluntario.
Entonces, es dable concluir que el demandante quedó cobijado por los Decretos
1793 y 1794 de 2000, en virtud de los cuales, los soldados profesionales que se
vincularan a las Fuerzas Militares devengarían un salario mensual equivalente al
salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% del salario. Por lo anterior,
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
no le asiste el derecho de incrementar el salario que percibió en actividad en un
20%.
De otra parte, frente a los reparos efectuados por la parte demandante en contra de
la sentencia de primera instancia, la Sala dirá que, en la adición y aclaración a la
misma, el A-quo explicó con suficiencia las razones por las cuales el señor Giraldo
Hernández Cano no tiene derecho al incremento del 20% de su asignación básica,
así como tampoco, al reconocimiento y pago de la prima de actividad. Lo anterior,
lo fundamentó en que existe norma que regula la materia.
En cuanto al postulado de trabajo igual salario igual presuntamente infringido por la
entidad y desconocido en la sentencia de primera instancia, considera la Sala que,
conforme con los argumentos antes referidos no existe fundamento jurídico para
reconocer el incremento del 20% frente a quienes se incorporaron como soldados
profesionales, pues, su situación dista de aquellos que fueron incorporados como
soldados voluntarios y que se vieron desmejorados en su salario al pasar a
soldados profesionales. Esa es la razón que justifica que su salario se tase con el
60% del SMMLV, tal como lo advirtió el juez de primera instancia se trata de un
derecho adquirido que no puede ser desconocido, situación distinta a lo que
acontece con el otro grupo de soldados profesionales.
Por lo antes expuesto, no se vislumbra la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad o de convencionalidad, debido a que, no se encontró causal de
nulidad del acto ficto demandado y no se encuentra causal alguna de inaplicación
de las normas que regulan la materia, más aún, por cuanto existe sentencia de
unificación que regula el tema de forma específica y que fue uno de los fundamentos
de la sentencia objeto de la alzada […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente
al Honorable Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo
relacionado con el subsidio de familia) sin efectos, SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN F, de fecha de 23 de
agosto de 2022, dentro del MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, radicado bajo el número
11001333503020210007701
4.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad
y se ordene el restablecimiento del derecho con relación al tema de subsidio de
familia.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
4.3. Así mismo le ruego Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO que en la nueva sentencia se abstenga de aplicar la prescripción
del derecho, como quiera que “existía un impedimento legal que no permitía exigir
el reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc
de la sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009. Esto con la
finalidad de evitar otro posible yerro del Honorable Tribunal y que el demandante se
vea en la penosa labor de interponer una nueva acción de tutela […]”.
10. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un i) defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la
ii) causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
11. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 28 de abril de 2023; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito de Bogotá, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que:
“[…] En el presente asunto, el accionante ha insistido en que se presentó defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por omisión en la
aplicación del Decreto 1794 de 2000, frente a lo cual debemos indicar que tal
afirmación no encuentra sustento, todas vez que en el presente asunto no se
desatendió la evolución normativa y jurisprudencial del subsidio familiar previsto
para los soldados profesionales, en tanto se estableció que de manera general, el
subsidio familiar debe reconocerse en los términos, porcentaje y cuantía previstos
en la norma que se encontraba vigente al momento en que el militar causó tal
prerrogativa […]”.
[…]
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
“[…] De acuerdo con lo expuesto, encontramos que al igual que en el evento
analizado en la providencia en cita, la sentencia expedida por esta Corporación
mediante que revocó la decisión de primera instancia para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda, se emitió con respeto de las normas legales y
constitucionales, atendiendo al material probatorio allegado, y sobre todo, no
desconoció el precedente judicial del Honorable Consejo de Estado y los efectos ex
tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017, lo que permite concluir sin atisbo de
duda que, contrario a lo argüido por el accionante, no existió defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente […]”.
13. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y el Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
La sentencia impugnada
14. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 8 de junio de
2023, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor José Daniel Chaux Suárez. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia del 23 de agosto de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, para que, dentro
de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado n.° 11001-33-35-030-2021-00077-01, en la cual atienda los
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia […]”.
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:
“[…] En el caso concreto se encontró probado que el señor José Daniel Chaux
Suárez el 30 de julio del 2014 reconoció que tenía una unión marital de hecho con
la señora Diana Jimena Córdoba Delgado desde el 21 de julio de 2005. Por lo que
al haber sido removido del ordenamiento jurídico el Decreto 3770 de 30 de
septiembre 2009; se encontraba en la hipótesis que estableció el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, lo cual, lo hacía acreedor de la prestación de marras a partir
del 21 de julio de 2005, aunque hubiera elevado la solicitud de reajuste hasta el 7
de septiembre de 2018, una vez cobró ejecutoria la sentencia del 8 de junio de 2017.
53. Se observa, que si el actor reconoció la unión marital el 30 de julio 2014, se
explica porque solo en ese entonces se emitió un nuevo decreto autorizando el pago
del subsidio familiar, pues no se puede olvidar que antes regía la derogatoria del
beneficio, que luego cobró vigencia gracias a los efectos ex tunc del fallo del Consejo
de Estado.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
54. Por esa circunstancia, es razonable que el demandante no hubiera protocolizado
con anterioridad su vínculo y la institución castrense le reconociera el subsidio
familiar conforme al Decreto 1161 de 2014, mediante orden administrativa de
personal 2374 del 30 de noviembre de 2014.
55. Sobre el mismo tema, esta Sala resolvió un asunto en el que amparó los
derechos fundamentales de un soldado profesional y ordenó dictar una sentencia
de reemplazo en similares términos, bajo los siguientes argumentos:
Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de la
situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no pudiera
acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado Decreto 1794
de 2000, por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado civil- tal norma
había sido derogada.
Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de
septiembre 2009 con efectos retroactivos, aquella recobró su vigencia, por lo que,
resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del matrimonio -20 de marzo de 2013- y la expedición del Decreto 1161
de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar tal prestación.
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual se
indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de
2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se dio con
antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es, el 20 de marzo
de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de nulidad de la norma que lo
había derogado.
56. De ese modo, para la Sala es razonable que esta situación se pusiera de
presente solo hasta el año 2014, fecha en la que se creó nuevamente el subsidio
familiar para soldados profesionales por el Decreto 1161 de 2014. En consecuencia,
el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el defecto sustantivo propuesto,
porque realizó una indebida interpretación de la norma cuya reviviscencia fue
declarada por la Sección Segunda Subsección B de esta corporación. Lo anterior al
exigir una condición no prevista en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
57. En suma, los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente invocados
por la parte accionante se configuran desde dos puntos de vista; por un lado, por
cuanto para la resolución del caso, la autoridad judicial accionada empleó normas
que no tenían cabida, dado que su análisis se circunscribió a referir que la persona
ya recibía la prestación en virtud del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014 sin
estudiar que su unión marital de hecho estaba vigente desde el 21 de julio de 2005
y que fue elevada a escritura pública el 30 de julio de 2014. Razón por la que la
entidad le reconoció el subsidio de familia en cuantía del 25% con base en lo
señalado en el decreto 1161 de 2014.
58. Por otro lado, como consecuencia de la anterior situación, omitió aplicar las
normas que efectivamente eran las llamadas a resolver el conflicto, en consonancia
con lo resuelto en el fallo pluricitado, por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado […]”.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
La impugnación
16. El actor1 y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca impugnaron la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
17. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Al observar los argumentos expuestos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en primera medida se tiene que en el estudio del caso concreto no se tuvo
en cuenta el límite temporal de protección que la Sección Segunda de la misma
Corporación fijó en sentencia del 8 de junio de 2017 para proteger a aquel personal
uniformado que en virtud de la derogatoria que trajo consigo el Decreto 3770 de
2009 no reclamó el reconocimiento del subsidio familiar. En este sentido, no se
comparten las conclusiones expuestas, toda vez que la sentencia contra la cual se
instauró la presente acción constitucional siguió los lineamientos allí contenidos
como se expone a continuación:
• La sentencia proferida por esta subsección el 23 de agosto de 2022 fue clara al
señalar que no se desconocían los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
2017 y los alcances del referido pronunciamiento frente a la protección de aquellos
uniformados que no reclamaron el reconocimiento del subsidio familiar en el lapso
comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014.
• En la referida providencia, esta Sala de Subsección diferenció dos eventos que
deben estudiarse para determinar el derecho al reconocimiento del subsidio familiar
así : i.) la imposibilidad predicable de los soldados profesionales de solicitar el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 para
el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014 y
ii.) “la ausencia de acreditación del requisito sine qua non para ser merecedor de
dicha partida, que no es otro que la demostración del matrimonio o de la unión
marital de hecho.”
1
La Sala evidencia que si bien es cierto el a - quo frente al escrito de impugnación presentado por el actor, no
hizo mención alguna respecto a concederlo, al revisar el expediente se acredita que dicha impugnación fue
presentada dentro del término legal; por lo que esta Sala con fundamento en los principios de informalidad de
la acción de tutela, prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales y economía procesal
estudiará y analizará el respecto escrito de impugnación presentado por el actor contra la sentencia de primera
instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 8 de junio de 2023, sin que se advierta de
lo anterior, la afectación del derecho fundamental al debido proceso de las partes.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
• Como puede observarse, el caso objeto de estudio, se enmarca específicamente
en el segundo supuesto, es decir la fecha en que el demandante acreditó su unión
marital de hecho para reclamar el subsidio familiar, pues de acuerdo con las
conclusiones a las que llegó este Tribunal, a pesar de su imposibilidad para solicitar
este beneficio para el periodo comprendido entre 30 de septiembre de 2009 al 30
de junio de 2014, es claro que no se encontraba impedido para declarar la existencia
de dicho vínculo, mientras que esta circunstancia solo ocurrió hasta la suscripción
de la escritura pública No. 1412 del 30 de julio de 2014, es decir fuera del periodo
atrás señalado y en vigencia de una nueva reglamentación, por lo que la conclusión
no puede ser diferente a la expuesta en la sentencia accionada que dispuso:
“Es decir, en el presente caso no nos encontramos en el ámbito de protección que
el H. Consejo de Estado brindó por vía de tutela al precisar la forma en que los
soldados profesionales pueden acceder al subsidio familiar del Decreto 1794 de
2000, por cuanto la no concesión de la prestación en esos términos no se debió a
la imposibilidad de requerirla en el término de vigencia del Decreto 3770 de 2009,
sino a que la nueva condición familiar del demandante apenas se modificó y se
informó a la demandada ya en vigencia del Decreto 1161.” (negrillas del Despacho)
• Debe advertirse que la Sección Quinta del Consejo de Estado fundamentó su
decisión en un caso que a su juicio resulta de similares contornos al proceso de la
referencia y que transcribió en los siguientes términos:
“Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de
la situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no
pudiera acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado Decreto
1794 de 2000, por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado civil- tal
norma había sido derogada. Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos retroactivos,
aquella recobró su vigencia, por lo que, resultaba necesario verificar si en el periodo
comprendido entre la fecha de celebración del matrimonio -20 de marzo de 2013- y
la expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar
tal prestación. A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en
virtud del cual se indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del
Decreto 1161 de 2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la
partida se dio con antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto
es, el 20 de marzo de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de
nulidad de la norma que lo había derogado”. (Negrillas del Despacho)
Al respecto se advierte que en la jurisprudencia estudiada el uniformado cambió su
estado civil en el año 2013 es decir en el término durante el cual se encontraba
derogada la norma bajo estudio y con anterioridad a la expedición del Decreto 1161
del 24 de junio de 2014, lo cual llevó a que se configurara su derecho, situación que
no es equiparable al caso del señor José Daniel Chaux Suárez pues para el caso
concreto su cambio de estado civil se dio solo hasta el 30 de julio de 2014, es decir
en un momento posterior al estudiado y en plena vigencia del referido Decreto […]”.
18. Por su parte, el actor en su escrito de impugnación afirmó que:
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
[…] En la acción de tutela se le presentó y se le narró al Despacho uno hechos que
son relevantes para el la denuncia de trata discriminatorio por parte del Honorable
Tribunal Administrativo a mi poderdante. Hechos que fueron totalmente omitidos y de
los que no se hizo el menor análisis. El Despacho debió verificar la existencia del
criterio objetivo que justifique la diferencia de trato que el Tribunal le dio a DEBIS
DARIO BASTIDAS GARCÍA, JOHN JAIRO MAYORGA VALBUENA, JARLEDY
MORENO SERMA, con el trato desigual que le ofreció a mi poderdante el señor ELVER
ALFONSO HERNÁNDEZ PAEZ. Son 21 hechos de la acción de tutela, todos
totalmente ignorados en la sentencia de primera instancia […]”.
[…]
“[…] 3. CARGO SEGUNDO: Falta de pronunciamiento con relación al cargo
denominado: VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la
VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD.
La falta de pronunciamiento de sobre los anteriores 21 hechos que fueron reseñados
en la parte de arriba del presente escrito, guarda relación con la falta de
pronunciamiento con relación a las pretensiones de la acción de tutela, y los
fundamentos de derecho invocados. No solo no se pronunció sobre los hechos de la
tutela, sino que las pretensiones que fueron formuladas con base en esos hechos,
resultaron totalmente ignoradas, así se tiene que se le pidió al Despacho: […]”.
[…]
“[…] Debía el Despacho de primera instancia hacer un estudio exhaustivo de cada una
de estas pretensiones. Determinar si había lugar o no a declarar que el Tribunal incurrió
en trato discriminatorio de mi poderdante, frente al trato que le dio a DEBIS DARIO
BASTIDAS GARCÍA, JOHN JAIRO MAYORGA VALBUENA, JARLEDY MORENO
SERMA. Para resolver de manera exhaustiva estas pretensiones, el Despacho de
primera instancia debió abrir el proceso a un test de igualdad para determinar la
existencia y adecuación de cada unos de los tópicos jurídicos allí establecidos. En los
fundamentos jurídicos que se le presentaron al Despacho sobre el presente cargo, se
le especificó de forma gráfica, la situación de discriminación a la que fue sometido mi
poderdante, y se le demostró el trato discriminatorio […]”.
[…]
“[…]
TERCER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON
LA VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
2.8. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela
contra providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente porque no se tuvo en cuenta EL PRINCIPIO DE
INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.
2.9. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura
porque el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada,
realiza una INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD,
principio de interpretación conforme a la constitución.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
2.10. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.
Pese a que fue debidamente pedida, en la sentencia de primera instancia no se dijo
absolutamente nada con relación a tal pretensión. No se motivó sobre la “VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente porque no se tuvo en cuenta EL
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.”
Ha dicho la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado, que en el evento en
que no se resuelva las pretensiones que fueron rogadas, en aras del derecho de
motivación y de la congruencia de las sentencias judiciales, el Fallador debe explicar
la razones por las cuales se abstiene pronunciarse sobre el particular.
El Honorable Despacho en esta oportunidad no hizo ni lo uno ni lo otro, ni se pronunció
sobre las pretensiones con el fundamento jurídico que fue debidamente presentado, ni
manifestó razón alguna por la cual se abstenía de realizar tal pronunciamiento. Esta
omisión constituye una clara violación al derecho del demandante del debido proceso,
de tener una decisión motivada y un fallo congruente.
5. CARGO CUARTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
CARGO: Acuso a la Sentencia de desconocer que, en la sentencia de segunda
instancia del Honorable Tribunal Administrativo, si se estructuró la causal especifica de
tutela contra providencia judicial, y que fue debidamente invocada, y denominada
“VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD”
DEMOSTRACIÓN:
Para hacerle sencillo, práctico y notorio, le presentamos al Honorable Despacho, el
siguiente cuadro que permite evidenciar los supuestos fácticos y jurídicos que comparten
los sujetos a comparar.
Criterio de SUJETOS
comparación COMPARADOS
SUJETO 13 SUJETO 2 TUTELANTE
Institución Ejército nacional Ejército nacional Ejército nacional
empleadora.
Calidad Soldado Soldado Soldado
profesional profesional profesional
Tipo de familia. Unión marital de Unión marital de Unión marital de
hecho hecho hecho
Fecha de ANTES del 23 de ANTES del 23 de ANTES del 23 de
CONSTITUCIÓN de junio de 2014 junio de 2014 junio de 2014
la unión.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
Fecha de DESPUES del 23 de DESPUES del 23 de DESPUES del 23 de
DECLARACION de junio de 2014 junio de 2014 junio de 2014
la unión
Tiene subsidio de Si. Si. Si.
familia.
Norma con baseen Decreto 1161 del Decreto 1161 del Decreto 1161 del
la cual tienen el 2014. 2014. 2014.
derecho.
Demandaron el
reconocimiento con
base en el Si. Si. Si.
artículo 11 del
derecho 1794 del
2000.
Se le reconoció el ¡¡¡¡NO!!!!
derecho de la SI. SI. ¡¡¡¡NO!!!!
reliquidación. ¡¡¡¡NO!!!!
Del anterior cuadro, evidencia el Honorable Despacho la similitud fáctica y jurídica que
tienen los tres sujetos comparados. Son soldados profesionales, tienen unionesmaritales
de hecho que fueron constituidas ANTES del 23 de junio de 2014 y que fueron declaradas
DESPUÉS del 23 de junio de 2014; devengan el subsidio de familiacon base en el Decreto
1161 del 2014; los tres sujetos pidieron el reajuste del subsidio de familia con base en el
artículo 11 del derecho 1794 del 2000. Hasta ahí, todos tres, tienen los mismos supuesto
de facticos y jurídicos.
La situación se torna diferente cuando se revisa el resultado que obtuvieron con relación
a la petición del reajuste del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho
1794 del 2000, y cuando se habla de la petición se utiliza el contenido especifico del
derecho de acción, es decir, del medio de control incoado por los tres. Pues, hecha la
salvedad, mientras que para los dos primeros sujetos: SUJETO 1 y SUJETO 2, hubo
sentencia favorable a sus pretensiones, es decir, hubo reconcomiendo del subsidio de
familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del 2000, mientras que para ellos sí,
para el tutelante, no hubo tal reconcomiendo.
Ese trato jurídicamente desigual en el plano formal dado por el Honorable Tribunal
Administrativo, viola el mandato el artículo 11 de la Constitución, pues no existe uncriterio
objetivo que justifique el trato diferenciado, para los SUJETO 1 y SUJETO 2 con el
tutelante […]”.
[…]
“[…] CARGO: El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la
prueba ipso iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y
en contra de la entidad TUTELADA quien debía probar que el trato desigual que ofrece
a mi poderdante, denunciado en los hechos y fundamentos del cargo denominado
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD, está basado en un criterio objetivo y
exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza del demandante.
DEMOSTRACIÓN:
La jurisprudencia de nuestra H. Corte Constitucional, acogiendo los avances probatorios
del derecho europeo, de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, y de otras
latitudes, reconoce la situación de hecho en que se encuentra la victima de discriminación
a la hora de probar la misma. No solo la reconoció, sino que le creo una situación jurídica
especial para su prueba, pues estableció que la carga de la prueba de la justificación del
tratamiento desigual estaba en cabeza del demandado, esto es, quien es acusado de
realizar el trato desigual […]”.
[…]
“[…] 7. CARGO SEXTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CARGO:
El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias
en la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la
carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad” […]”.
[…]
“[…] 8. CARGO SÉPTIMO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
CARGO: Acuso a la Sentencia de desconocer que, en la sentencia de segunda instancia
del Honorable Tribunal Administrativo, si se estructuró la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE
LA IGUALDAD.
DEMOSTRACIÓN:
Como lo acabamos de observar en los dos cargos anteriores, la carga argumentativa de
la cual debió partir el despacho en primera instancia debió ser en favor del derecho
fundamental de la igualdad y no en contra el derecho fundamental de la igualdad, C-
022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16. Es decir que una vez analizados los
hechos objetivos que fueron presentados y debidamente acreditados en la tutela, el punto
de partida del cual debió iniciar el despacho en la primera instancia, era argumentar que
existía violación del derecho fundamental de la igualdad tal cual como fue invocado en la
demanda […]”.
[…]
“[…] 9. CARGO OCTAVO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Cargo: El Despacho desconoce que en la sentencia del Honorable Tribunal
Administrativo se estructura la causal especifica de tutela contra providencia judicial
rogada en la acción de tutela en los siguientes términos: “VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente porque no se tuvo en cuenta EL PRINCIPIO DE
INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN. Demostración: Realmente no
se puede controvertir argumento alguno del Despacho de primera instancia, porque no
dijo absolutamente nada, con relación a lo que se le pidió en este cargo. Parece mentira,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
pero no lo es, es una pesadilla que causa frustración, que el ordenamiento jurídico exija
requisitos específicos para la acción de tutela contra providencia judicial, y quien deba
determinar la existencia de los mismo, no se tome la molestia de estudiar a fondo lo que
realmente se pide.
Razón por la cual, le pedimos al Despacho de segunda instancia que proceda a verificar
el contenido del cargo planteado en la demanda y lo resuelva, a pesar que dicha acción
imposibilita la controversia en segunda instancia […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la sentencia de 23 de agosto de 2022, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110001-33-35-030-2021-00077-01, incurrió en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de violación directa de
la Constitución, lo que trajo como consecuencia que negara el reconocimiento del
subsidio familiar.
22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas; v) la causal de violación directa de la
Constitución; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad, viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
24. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
26. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
6Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
27. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.
29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
32. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:
32.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al i) debido proceso y a la ii) igualdad.
32.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales indicados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de violación directa de
la Constitución.
32.3. Cumplió con el requisito general de inmediatez9.
32.4. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados supra;
32.5. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
9 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 23 de
agosto de 2022 proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
32.6. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
32.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica
33. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía
de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada,
o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica. 10
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente11 o porque ha sido derogada12, es inexistente13,
inexequible14 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador15.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma16.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes17.
d. La disposición aplicada es regresiva18 o contraria a la Constitución19.
10 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
11Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
12Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
13Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
14Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
15Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9
de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
18Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición20.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma21.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente[…]”.
34. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede incurrir
un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al caso
concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.
35. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la Corte
Constitucional ha dicho:
“ […] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco del
Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias indebidas
en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su conocimiento
a partir de la interpretación que estimen más ajustada al ordenamiento jurídico y a
los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad, la jurisprudencia, la doctrina
y los principios generales del derecho.22
La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que
tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación
del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma
jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que
se derivan de ella.23
20Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
22 Constitución Política, Artículo 230.
23 La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de
su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas24. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores25 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra la
Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al
ordenamiento jurídico.26
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos
circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance
que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo
por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente
una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar
contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
24 Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
26 Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica
de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir.
Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior)
del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que
ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales;
en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales,
puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la
disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad. Sin embargo,
el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia dogmática respecto
de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino, solamente, cuando
la misma es manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación
notoria del derecho. En palabras de la Corte, las fallas originadas en el proceso
hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley
se le ha otorgado un sentido contraevidente”.27[…]”28
La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
36. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica
cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la
omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad
judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”29.
37. En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.
27 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
29 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
30
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
40.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
30 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
41.Atendiendo a que la Corte Constitucional31 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso en concreto
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
31 Corte Constitucional, Sentencia C -178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
44.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección F de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 23 de agosto
de 2022.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por interpretación irrazonable del
artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de septiembre de 200032
45. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] La sentencia enjuiciada adolece de defecto sustantivo porque contraría el
contenido del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, es lo que se pretende demostrar
en el siguiente acápite: Para ello diremos que:
a. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 1794 DE 2000
Literalidad de la norma:
“Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
32 “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares”.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad […]”.
[…]
“[…] Bien, se tiene que está demostrado en el proceso que el demandante es soldado
profesional de las fuerzas militares de Colombia, así lo determina la entidad en el
certificado de tiempo expedido y que reposa en el expediente. En lo que tiene que ver
con los elementos hipotéticos de la norma, el demandante demostró y acredito en
debida forma, el segundo elemento, esto es LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
VIGENTE, dentro del elemento temporal de la norma, esto es “A partir de la vigencia
del presente Decreto”. En el proceso quedó acreditado que el demandante por medio
de la escritura pública número 1412 del 30 de julio del 2014 de la Notaría Primera del
círculo de Neiva, DECLARÓ con la señora Diana Jimena Córdoba Delgado
identificada con cédula 36.348.162, que tiene Unión Marital de Hecho desde el 21 de
julio de 2005, y que al momento de proferir la sentencia la misma se encontraba
vigente, pues no había sido disuelta.
c. SOBRE EL ELEMENTO TEMPORAL DE LA NORMA
La norma exige, como elemento temporal “A partir de la vigencia del presente
Decreto” que entre las fechas del 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014,
el soldado profesional tenga UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE, y no exige que
entre las fechas del 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014 tenga UNIÓN
MARITAL DE HECHO DECLARADA […]”.
[…]
“[…] e. EL YERRO DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SOBRE LA
INTERPRETACIÓN DEL INGREDIENTE NORMATIVO “VIGENTE” DEL ARTÍCULO
11 DE DECRETO 1794.
Desde el punto de vista conceptual y analítico, el Despacho confunde tres situaciones
jurídicas de marcada diferencia y tesitura, y debido a dicha confusión le asigna una
errática hermenéutica a la disposición jurídica invocada.
La confusión se presenta entre, de un lado, entre el hecho constitutivo de una
situación jurídica; el hecho declarativo de una situación jurídica; y el hecho extintivo
de una situación jurídica […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, el yerro hermenéutico del TRIBUNAL se presenta en el momento
en que le asigna la misma connotación jurídica al HECHO CONSTITUTIVO de la
unión marital de hecho que al HECHO DECLARATIVO. Pues entiende que HECHO
CONSTITUTIVO de la unión marital de hecho surge a partir del HECHO
DECLARATIVO.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
Para el caso concreto de la unión marital de hecho, muchas veces, como en el
presente caso, el HECHO CONSTITUTIVO no necesariamente coincide con el
HECHO DECLARATIVO, pues, una unión marital de hecho que nació hace 20 años
y hoy se declara su existencia, la misma no nace a la vida jurídica en la fecha de la
declaración, sino en la fecha en que empezó a existir. Es más, en el caso particular
de las uniones maritales de hecho, puede ocurrir primero el HECHO CONSTITUTIVO,
después puede ocurrir el HECHO EXTINTIVO, y finalmente el HECHO
DECLARATIVO, como sería el caso de la muerte de un compañero permanente y el
compañero supérstite pide a un juez su declaración dentro del termino legal para ello.
Así las cosas, las afirmaciones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO: “Declara la
existencia de su unión marital de hecho, situación que solo se configuro a través de
la escritura pública (...) fecha para la cual ya se encontraba en vigencia el decreto
1794 del 2000” (asumimos que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO incurrió en un error
de digitación, y entendemos que quiso decir ya se encontraba en vigencia el
decreto1161 de 2014 ) “La nueva condición familiar del demandante apenas se
modificó y se informó a la demandada ya en vigencia del decreto 1161” resultan ser
erráticas, por lo siguiente:
Para el caso concreto, tenemos que: EL HECHO CONSTITUTIVO, ocurrió el 21 de
julio de 2005; EL HECHO DECLARATIVO, ocurrió el 30 de julio de 2014, en la Notaría
Primera del círculo de Neiva, por medio de la escritura pública número 1412 del 30
de julio del 2014; EL HECHO EXTINTIVO, no ha ocurrido porque la relación jurídica
creada por la unión marital de hecho sigue vigente […]”.
[…]
“[…] Del anterior cuadro, evidencia el Honorable Despacho la similitud fáctica y
jurídica que tienen los tres sujetos comparados. Son soldados profesionales, tienen
uniones maritales de hecho que fueron constituidas ANTES del 23 de junio de 2014
y que fueron declaradas DESPUÉS del 23 de junio de 2014; devengan el subsidio de
familia con base en el Decreto 1161 del 2014; los tres sujetos pidieron el reajuste del
subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794 del 2000. Hasta ahí,
todos tres, tienen los mismos supuesto de facticos y jurídicos.
La situación se torna diferente cuando se revisa el resultado que obtuvieron con
relación a la petición del reajuste del subsidio de familia con base en el artículo 11 del
derecho 1794 del 2000, y cuando se habla de la petición se utiliza el contenido
especifico del derecho de acción, es decir, del medio de control incoado por los tres.
Pues, hecha la salvedad, mientras que para los dos primeros sujetos: SUJETO 1 y
SUJETO 2, hubo sentencia favorable a sus pretensiones, es decir, hubo
reconcomiendo del subsidio de familia con base en el artículo 11 del derecho 1794
del 2000, mientras que para ellos sí, para el tutelante, no hubo tal reconcomiendo.
Ese trato jurídicamente desigual en el plano formal dado por el Honorable Tribunal
Administrativo, viola el mandato el artículo 11 de la Constitución, pues no existe un
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
criterio objetivo que justifique el trato diferenciado, para los SUJETO 1 y SUJETO 2
con el tutelante.
Dicho lo anterior, corresponde al suscrito en la presente oportunidad, “averiguar si la
diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones
objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución” para lo
cual debemos empezar por determinar la Finalidad constitucional del subsidio de
familia […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, si la finalidad constitucional del Subsidio de Familia es ayudar “A
LOS SECTORES MÁS POBRES DE LA POBLACIÓN, ESTABLECIENDO UN
SISTEMA DE COMPENSACIÓN ENTRE LOS SALARIOS BAJOS Y LOS ALTOS”
con el objetivo de lograr la “SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL
GRUPO FAMILIAR” entonces debemos determinar si excluir al tutelante del
reconcomiendo del subsidio de familia, ayuda a que dichos objetivos constitucionales
y legales se cumplan mejor, es decir o lo que es lo mismo, si las situaciones objeto
de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.
La respuesta debe decirse desde ya, no hay una justificación constitucional que
amerite el trato diferente que recibe mi poderdante por parte del Honorable Tribunal
Administrativo, máxime si se tiene en cuenta, que dentro de los expedientes no está
acreditada la capacidad económica de los demandantes que les impida a unos la
“SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL GRUPO FAMILIAR” y por
tal razón tengan la necesidad de recibir el subsidio de familia; mientras que a mi
poderdante, dicha capacidad económica, le permita la “SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES BÁSICAS DEL GRUPO FAMILIAR” sin el emolumento que contiene
el subsidio de familia.
Por el contrario, es dicha necesidad la que lo llevo a demandar la entidad empleadora
para que le reconociera y pagara el subsidio de familia con base en el artículo 11 del
derecho 1794 del 2000, pues su capacidad económica es la misma que la de los otros
demandantes, esto es: capacidad económica limitada, tienen el mismo salario, lo que
les impide a todos lograr una correcta “SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES
BÁSICAS DEL GRUPO FAMILIAR”.
Así las cosas, el trato desigual que le brinda el Honorable Tribunal Administrativo a
mi poderdante, no tiene un criterio objetivo que lo justifique lo que lo torna en un trato
discriminatorio; ni tampoco tiene un criterio constitucional que justifique el trato
diferenciado. Por lo anterior, dicho trato está en contra del contenido de la
constitución, específicamente el contenido del artículo 13, lo que implica que con la
sentencia incurre en una VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN,
ESPECÍFICAMENTE LA VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA
IGUALDAD, razón suficiente para que el Juez constitucional intervenga, pues se
configura así la causal de tutela contra providencia judicial […]”.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
[…]
“[…] D. Desconocimiento del principio por parte del Honorable Despacho.
Si el despacho hubiera reconocido la aplicación del principio de la condición más
beneficiosa, otra hubiera sido la sentencia. Incluso acudiendo a la tesis restrictiva de
la subrogación del artículo 11 de decreto 1794 de 2000, observando que el
demandante se encuentra incurso en una expectativa legítima durante la vigencia del
artículo 11 tiene el reconocimiento al derecho objetivo, sin que hubiera alcanzado al
expreso reconocimiento al derecho subjetivo. El Honorable Tribunal, omitió tener
presente en la sentencia este principio con relación al tránsito normativo que sufrió el
subsidio de familia, como prestación, de los soldados profesionales. En tal transito
debió interpretar y no olvidar que la norma del artículo 11 de decreto 1794 de 2000
estuvo vigente entre las fechas del 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014.
Y que entra tales fechar el actor, tenía vigente una unión marital de hecho, pues EL
HECHO CONSTITUTIVO, ocurrió el 21 de julio de 2005, y a la presente no ha ocurrido
EL HECHO EXTINTIVO [...]”.
46. Ahora bien, para la Sala, la autoridad judicial accionada no desconoció los
derechos fundamentales del actor, toda vez que diferenció dos eventos para efectos
de determinar el derecho al reconocimiento del subsidio familiar: i) imposibilidad
predicable de los soldados profesionales de solicitar el reconocimiento del subsidio
familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 para el periodo comprendido entre
el 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014; y ii) la ausencia de acreditación
del requisito sine qua non para ser acreedor de dicha partida, esto es, la
demostración del matrimonio o de la unión marital de hecho.
47. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada expresó lo siguiente:
“[…] No desconoce esta Instancia Judicial los efectos ex tunc de la sentencia de 8
de junio de 2017, sin embargo los alcances de dicho pronunciamiento se ocuparon
de proteger a aquel personal uniformado que en virtud de la derogatoria que trajo
consigo el Decreto 3770 de 2009, no reclamó el reconocimiento del subsidio familiar
en el lapso comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014,
como quiera que se itera, tal partida no se encontraba prevista en la normatividad
vigente para tal periodo, situación está que varió con la sentencia de 2017 que cobró
ejecutoria en el año 2018.
Sin embargo, es necesario diferenciar en este punto del análisis, la más que
entendible imposibilidad predicable de los soldados profesionales de solicitar el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000 para
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01324-01
Actor: José Daniel Chaux Suárez
los años 2009 a 2014, de la ausencia de acreditación del requisito sine qua non para
ser merecedor de dicha partida, que no es otro que la demostración del matrimonio
o de la unión marital de hecho.
En otras palabras, si bien es cierto el actor no podía solicitar el reconocimiento del
subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 ante la
derogatoria de ese emolumento que trajo consigo el Decreto 3770 de 2009, no lo
estaba para declarar la existencia de su unión marital de hecho, situación que sólo
se configuró a través de escritura pública núm, 1412 del 30 de julio de 2014, fecha
para la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto 1794 del 2000. Es decir, en el
presente caso no nos encontramos en el ámbito de protección que el H. Consejo de
Estado brindó por vía de tutela al precisar la forma en que los soldados profesionales
pueden acceder al subsidio familiar del Decreto 1794 de 2000, por cuanto la no
concesión de la prestación en esos términos no se debió a la imposibilidad de
requerirla en el término de vigencia del Decreto 3770 de 2009, sino a que la nueva
condición familiar del demandante apenas se modificó y se informó a la demandada
ya en vigencia del Decreto 1161 […]”.
48. En ese orden de ideas, el caso sub examine, se enmarca específicamente en el
segundo supuesto, es decir, la fecha en que el actor acreditó su unión marital de
hecho para reclamar el subsidio familiar, toda vez que, a pesar de su imposibilidad
para solicitar este beneficio para el periodo comprendido entre 30 de septiembre de
2009 al 30 de junio de 2014, es evidente que no se encontraba impedido para
declarar la existencia de dicho vínculo, mientras que este evento solo se llevó a
cabo hasta la suscripción de la escritura pública núm. 1412 del 30 de julio de 2014,
es decir fuera del periodo atrás señalado.
49. Además, la Sala comparte plenamente lo expuesto por la autoridad judicial
accionada que en su escrito de impugnación consideró lo siguiente:
“[…] Debe advertirse que la Sección Quinta del Consejo de Estado fundamentó su
decisión en un caso que a su juicio resulta de similares contornos al proceso de la
referencia y que transcribió en los siguientes términos:
“Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de la
situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no pudiera
acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado Decreto 1794
de 2000, por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado civil- tal norma
había sido derogada. Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos retroactivos, aquella recobró
su vigencia, por lo que, resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido
entre la fecha de celebración del matrimonio -20 de marzo de 2013- y la expedición
del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar tal prestación.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual se
indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de
2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se dio con
antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es, el 20 de marzo
de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de nulidad de la norma que lo
había derogado”. (Negrillas del Despacho)
Al respecto se advierte que en la jurisprudencia estudiada el uniformado cambió su
estado civil en el año 2013 es decir en el término durante el cual se encontraba
derogada la norma bajo estudio y con anterioridad a la expedición del Decreto 1161
del 24 de junio de 2014, lo cual llevó a que se configurara su derecho, situación que
no es equiparable al caso del señor José Daniel Chaux Suárez pues para el caso
concreto su cambio de estado civil se dio solo hasta el 30 de julio de 2014, es decir
en un momento posterior al estudiado y en plena vigencia del referido Decreto.
De acuerdo con lo expuesto se resalta que no se pueden confundir los límites
temporales establecidos jurisprudencialmente por el Consejo de Estado para
proteger a los uniformados que se vieron impedidos para solicitar el subsidio familiar
en el periodo comprendido entre 30 de septiembre de 2009 al 30 de junio de 2014 y
extender esta interpretación a aquellos que no configuraron su vínculo marital o
unión marital de hecho con anterioridad a dicha fecha, pues claramente son
situaciones distintas y en consecuencia esta última es una carga que sí tenía la
posibilidad de demostrar el actor en el periodo señalado y que no puede endilgarse
a la institución demandada en el proceso ordinario, ya que esta nunca tuvo
conocimiento del cambio en el estado civil del uniformado, pues en realidad su
declaratoria tuvo lugar en una fecha posterior […]”.
50. En ese orden de ideas, para la Sala, la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un defecto sustantivo,
toda vez que al resolver el caso concreto aplicó e interpretó de manera razonable el
artículo 11 del Decreto 1794 de 14 de septiembre de 2000, ni tampoco incurrió en
la causal de violación directa de la Constitución, toda vez no hubo un trato
discriminatorio frente al actor por lo que no se le vulneró su derecho fundamental a
la igualdad.
51. La Sala considera que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 es aplicable a
militares que hubiesen adquirido el derecho antes del 1° de julio de 2014, en ese
orden de ideas, en el caso sub examine, el actor se vinculó como Soldado
Profesional desde el 7 de septiembre de 2001; y declaró la existencia de su unión
marital de hecho el 30 de julio de 2014 en la Notaría Primera de Neiva según consta
en la escritura pública núm. 1412, por lo que el cambio de estado civil como la
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
respectiva comunicación al Ejército de dicha situación se consolidaron en vigencia
del Decreto 1161 de 2014, por lo que la autoridad judicial accionada no incurrió en
un defecto sustantivo, ni mucho menos en la causal de violación directa de la
Constitución por desconocimiento del derecho fundamental a la igualdad.
Conclusiones de la Sala
52.Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 8 de
junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 8 de junio de 2023 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, y en su lugar, NEGAR las pretensiones del
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Actor: José Daniel Chaux Suárez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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