Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01326-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01326-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01326-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
19 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01326-01
Demandante: Saúl Martínez Salas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01326-01
Demandante: SAÚL MARTÍNEZ SALAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Recurso de reposición contra
la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la
cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la
provisión del cargo de magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el actor, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 14
de abril de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 para el cargo
de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y que, en el marco
de la misma, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos.
Aseguró que los resultados de dicha prueba se publicaron por medio de la
Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, obteniendo 198,73 puntos
para la prueba de aptitudes y 595,02 puntos en la prueba de conocimientos para
un total de 793,75 puntos, lo que resultó insuficiente para aprobar el examen.
Afirmó que, por encontrarse insatisfecho con la calificación asignada, el 20 de
septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el referido acto
administrativo en el que cuestionó las siguientes falencias: “(i) a) preguntas con dos
opciones de respuestas correctas; b) preguntas en las que la respuesta correcta no
estaba en las opciones de respuestas; c) preguntas formuladas en forma ambigua,
imprecisa o con insuficiencia de información; d) preguntas con enunciados y/o opciones
de respuestas mal redactadas; e) preguntas con enunciados y/o opciones de respuesta
con errores jurídicos; y f) preguntas ajenas a los ejes temáticos objeto de evaluación”.
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Indicó que el 15 de noviembre de 2022, luego de que se exhibiera el examen,
presentó ampliación del recurso de reposición. Adujo que por medio de la
Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura confirmó el puntaje inicial, a lo que agregó que se apoyó en un
documento elaborado por la Unidad de Apoyo a la Gestión de Proyectos de la
Facultad de Ciencias Humanas de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de
Colombia.
Por último, señaló que el 7 de febrero de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura por Resolución CJR23-0060, adicionó la Resolución CJR23-0046 de 16
de enero de 2023 y en dicho acto administrativo reiteró el puntaje inicial.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de acceso a cargos públicos, los cuales considera
vulnerados con las falencias que se presentaron en las siguientes preguntas:
• Pregunta 53: Pregunta con dos respuestas correctas: C y D (clave)
• Pregunta 59: Pregunta mal redactada. No tiene respuesta correcta
• Pregunta 62: La pregunta tiene respuesta correcta (B). Clave errada (C)
• Pregunta 63: La pregunta tiene respuesta correcta (B). Clave errada (C)
• Pregunta 64: Clave errada (A). Todas las opciones son incorrectas
• Pregunta 65: Clave errada (D). Todas las opciones son incorrectas
• Pregunta 69: Clave errada (B). Respuesta correcta: A
• Pregunta 70: Doble opción de respuesta correcta
• Pregunta 84: Doble opción de respuesta correcta: A y D
• Pregunta 87: Clave errada (C) Todas las opciones son incorrectas
• Pregunta 92: Clave errada (B). Todas las opciones son incorrectas
• Pregunta 93: Clave errada (A). B o ninguna opción es correcta
• Pregunta 95: Clave errada (C). D o ninguna opción es correcta
• Pregunta 97: B (clave) y A (sobre todo ésta) son correcta
• Pregunta 102: A (clave) y C son correctas
• Pregunta 104: A (sobre todo esta) y B (clave) son correcta
• Pregunta 112: Clave errada (C). Ninguna opción es correcta
• Pregunta 119: Pregunta ajena al objeto de la evaluación
• Pregunta 123: Pregunta ajena al objeto de la evaluación
• Pregunta 126: Pregunta ajena al objeto de la evaluación
• Pregunta 129: Pregunta ajena al objeto de la evaluación
• Pregunta 130: Pregunta ajena al objeto de la evaluación
Para efectos de fundamentar ese reproche constitucional desarrolló el alcance y
naturaleza de los derechos fundamentales invocados.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a cargos públicos que están siendo vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura y por la Universidad Nacional de Colombia, entidades que han tenido
como válidas: a) preguntas con dos opciones de respuestas correctas (aunque solo
se acepta una de ellas); b) preguntas en las que la respuesta correcta no estaba en
las opciones de respuestas; c) preguntas formuladas en forma ambigua, imprecisa o
con insuficiencia de información; d) preguntas con enunciados y/o opciones de
respuestas mal redactadas; e) preguntas con enunciados y/o opciones de respuesta
con errores jurídicos; f) preguntas ajenas a los ejes temáticos objeto de evaluación; y
g) sobre todo, preguntas con interpretaciones literales de la ley disciplinaria,
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desconociendo la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia constitucional.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, proceda a expedir un nuevo acto administrativo de trámite con el fin
de corregir la actuación administrativa vulnerante de mis derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos y, en consecuencia, proceda a
publicar el nuevo resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos de la
convocatoria 27, incluyendo, por supuesto, los resultados obtenidos por los aspirantes
al cargo de magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para lo cual
deberá excluirse y/o eliminarse las siguientes preguntas con falencias, cuyos
cuestionamientos consignó en el archivo anexo denominado LOS ERRORES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS:
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0351 de 1
de septiembre de 2022 y el escrito de ampliación del mismo.
• Copia de la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023, “Por medio de la
cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al
concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o
quien haga sus veces de la Rama Judicial”.
• Copia de la Resolución CJR23-0060 de 7 de febrero de 2023, “Por medio de la
cual se adiciona la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 con la que se
resolvieron los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados
de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de
méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional
Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus
veces de la Rama Judicial”.
De igual modo, solicitó que se oficiara al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Universidad Nacional de Colombia para que se allegara el cuadernillo de la prueba
de conocimientos para el cargo de magistrado de Comisión Seccional de
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Disciplina Judicial, las claves (opciones que se consideran correctas), al igual que
las respuestas marcadas por el suscrito.
5. Trámite procesal
Por auto de 16 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las
autoridades administrativas, así como terceros interesados en el resultado del
proceso, a las demás personas que se inscribieron y hacen parte del proceso de
selección dentro del concurso de méritos adelantado en virtud de la Convocatoria
No. 27, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
Del mismo modo, se negó la medida provisional solicitada en la demanda dirigida
a que se ordenara al Consejo Superior de la Judicatura que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación resuelva de fondo los
cuestionamientos expresados en el recurso de reposición antes de que se expida
el acto administrativo con el listado de admitidos al curso de formación judicial.
Ello, al encontrar que esa orden haría incurrir en un prejuzgamiento.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor.
En ese sentido, manifestó que las objeciones presentadas por el actor en el
recurso de reposición formulado contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los puntajes de la prueba de
aptitudes y conocimientos en desarrollo del concurso público de méritos para la
provisión de cargo de magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional,
Comisión Seccional de Disciplina Judicial, se resolvieron a través de la
Resoluciones CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 y CJR23-0060 de 7 de febrero
de 2023, por lo tanto, se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
De igual modo, afirmó que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor y no se ha evidenciado alguna inconsistencia en el proceso
de calificación de su prueba, razón por la cual se confirmó el puntaje publicado en
la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
En ese orden, refirió que con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo
209 de la Constitución Política, en especial de los principios de eficiencia,
celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 de
la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y a lo establecido en el artículo 22 ibídem sustituido
por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de
petición, los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los
ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.
También afirmó que los cuestionamientos efectuados por la tutelante en el recurso
de reposición sobre preguntas del examen por motivos de construcción, redacción,
formulación en su enunciado y opciones de respuesta, múltiples claves de
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respuesta en el marco del recurso de reposición interpuesto contra los resultados
obtenidos fueron respondidos con la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de
2023 en el punto 17 denominado “Proceso de construcción de la prueba - Controles de
calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems -
Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba”, el punto 18
denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas -
Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar” y el punto 35 denominado “Objeciones a
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas”, con la respectiva
marcación dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se
evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula
de la aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0046+
+ANEXO+1++Magistrado+de+Sala+Jurisdiccional+Disciplinaria+Seccional%2C%2
0Comisi%C3%B3n+Seccional+de+Disciplina+Judicial+o+quien+haga+sus+veces.
pdf/3484a965-2150-42daa7a4-32cf3080f781.
Aseguró que en el punto 17 se señaló que las pruebas aplicadas permitieron
identificar y medir los atributos relacionados con las funciones de los cargos
convocados en sus diferentes especialidades y, en ese sentido, posibilitaron la
clasificación de los candidatos en relación con las calidades requeridas para el
desempeño satisfactorio de las funciones, adaptándose en su contenido a los
criterios psicométricos definidos, y por ende fueron adecuadas para evaluar las
aptitudes, habilidades, capacidades y conocimientos requeridos para el ejercicio
del cargo al que se aspira.
Refirió que al haberse realizado la marcación en el punto 18 “Preguntas capciosas,
ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem –
Recalificar” en la fila del Anexo 1 correspondiente a la concursante, se le dio
respuesta de manera particular, indicándole de una parte que, luego de haberse
realizado una revisión detallada de los ítems incluidos se determinó que no eran
susceptibles de modificación, exclusión o invalidación por no ser ambiguos,
confusos, capciosos o impertinentes, toda vez que cumplieron con los requisitos y
estándares técnicos requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de
procesos de selección y, de otra parte, se aclaró que para el cargo aplicado se
evidenció que no hay preguntas con varias opciones de respuesta o también
denominadas multiclave, por lo que no se encontró razón alguna para modificar la
calificación.
En cualquier caso, sostuvo que en el numeral 35 de la Resolución CJR23-0046 de
16 de enero de 2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer
las claves de respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado
de las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e
imparcialidad con parámetros previamente determinados. Es así que, frente a lo
señalado en los ítems 53, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 84, 87, 92, 93, 95, 97, 102,
104, 102,104, 112, 119, 123, 126, 129 y 130 se indicó la pertinencia del enunciado
de la pregunta y la clave asignada, así como la justificación de las opciones de la
respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de
las preguntas. Sobre el particular, efectuó una transcripción in extenso de lo
señalado en ese documento.
En ese marco, evidenció que se dio respuesta clara, completa y de fondo sobre
los estándares técnicos que se tuvieron en cuenta para la construcción de la
prueba de conocimientos y aptitudes cuestionada por el actor en el recurso de
reposición y se explicó la justificación de las claves de respuesta correctas.
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De igual modo, informó que el actor formuló una acción de tutela contra la entidad
dirigida a que se amparara el derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, se ordenara “al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con
fundamento en el insumo que suministre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de dicho fallo,
proceda RESOLVER DE FONDO cada uno de los cuestionamientos que presenté en
contra de la RESOLUCIÓN CJR22-0351 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, por medio de
la cual se publicó, entre otros, el resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos para
acceder al cargo de MAGISTRADO DE COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL (convocatoria 27)”. Agregó que la misma fue decidida por el Consejo de
Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2023-00405-00, que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Por último, adujo que el actor tiene a su disposición el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos
cuestionados, por lo que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad.
6.2. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia
El director de proyecto del Contrato 096 de 2018 solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda en lo pertinente al plantel universitario, en tanto no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.
Al respecto, señaló que se configuró carencia actual de objeto por hecho
superado, porque mediante la expedición de la Resolución No. CJR23-0046 de 16
de enero de 2023, se resolvieron los recursos de reposición formulados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 mediante la cual se
publicaron los puntajes de la prueba de aptitudes y conocimientos en desarrollo
del concurso público de méritos para la provisión del cargo de magistrado de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina
Judicial o quien haga sus veces de la Rama Judicial, adicionada por la Resolución
CJR23-0060 de 2023.
Señaló que el Anexo 1 de la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023,
establece que “los cuestionamientos elevados por el señor Martínez Salas fueron
resueltos al desarrollar temas relativos al - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de
las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de la
prueba, Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si
fue excluido algún ítem – Recalificar, Aplicar los aspectos favorables concedidos a otros
participantes en virtud de los recursos presentados y Objeciones a preguntas de aptitudes
y conocimientos generales y específicas entre otras”.
Asimismo, indicó que en el Anexo 2 se resolvieron los cuestionamientos frente a
las preguntas 53, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 84, 87, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 112,
119, 123, 126, 129 y 130 cuestionadas por el accionante en el recurso de
reposición, a partir de una justificación técnico-jurídica se explicó su pertinencia y
se desarrolló la opción de respuesta establecida como correcta e incorrecta. En
ese sentido, aseveró que ello “atiende a estándares técnicos internacionalmente
aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards for
Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational Research
Association -AERA-, American Psychological Association – APA- y National Council on
Measurement in Education - MNCE –edición del año 2014”.
Sobre las preguntas de la prueba indicó que las mismas fueron elaboradas
atendiendo las particularidades de cada uno de los cargos que no desconoce la
ley y responden al conocimiento profundo de aspectos básicos, nociones y
conceptos que hacen parte de la órbita de unas áreas del conocimiento del
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derecho y del cual fueron previamente informados los aspirantes, pues la
estructuración de la prueba sigue los lineamientos expresados al definir las áreas
a evaluar. Adicional a ello, indicó “que la razón del examen desde la órbita aptitudinal
conlleva la evaluación de la capacidad para solucionar inconvenientes de diversa
naturaleza y dificultad, “para los cuales es necesaria la aplicación de habilidades
cognitivas para el procesamiento de la información que se presenta; capacidades que a
todas luces deben tener los aspirantes indistintamente del cargo al cual estén aplicando”.
De igual modo, explicó que se realizó una nueva revisión manual a la prueba y no
se encontraron inconsistencias, tanto en el proceso de construcción, contenido,
actualización, pertinencia y estructura de las preguntas, así como tampoco en el
proceso de calificación.
Asimismo, manifestó que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad toda
vez que el actor dispone de otros mecanismos de defensa judicial ordinarios para
controvertir los actos administrativos que son objeto de tutela, como es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, indicó que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la acción de tutela
de manera excepcional a lo que agregó que, en todo caso, dentro del proceso
ordinario se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a mitigar
la amenaza de que se produzca el mismo.
Por último, señaló que debe tenerse en cuenta que la participación en el concurso
públicos de méritos constituye una mera expectativa que se concreta hasta que se
finalice todas las etapas del mismo.
7. Intervenciones
7.1. El señor Dominick Cybulkiewicz Acuña, quien manifestó tener interés en el
resultado del proceso por cuanto superó las etapas del concurso de méritos de la
convocatoria 27 de jueces y magistrados y tiene la calidad de aprobado y
admitido, manifestó que coadyuva la demanda.
Al respecto, indicó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia no han analizados de manera concreta los
reclamos presentados a través de los recursos de reposición, en contraste,
expidieron un documento genérico que justifica la respuesta de cada pregunta. Sin
embargo, no resulta suficiente para resolver los reclamos de manera integral y
concreta.
En ese sentido, señaló que, por ejemplo, en la pregunta 69 se cuestionó la
descontextualización “la que a pesar de contener un tema que hace parte de la
teoría general del proceso, incluido en el instructivo, su desarrollo no es igual en
todas las especialidades (civil-familia, laboral, contencioso administrativo) y, de
hecho, ni siquiera existe en penal”, empero, las demandadas tienen como
respuesta válida aquella que se define en el área de derecho civil.
Reprochó que en otros casos que fueron de conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia se hubiese declarado improcedente la acción de tutela bajo el argumento
de que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad “cuando es claro que el
debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata, tal como lo
concibe el artículo 85 de la Constitución Política de 1991. Incluso, esa misma
corporación se contradice en su propia jurisprudencia bajo la excusa oculta de no
interferir en el desarrollo de la convocatoria 27”.
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Sobre el particular, se refirió al deber de motivar los actos administrativos y las
finalidades que persigue el establecimiento en el ordenamiento jurídico de esa
obligación, principalmente la de evitar arbitrariedad o abuso de autoridad y
garantizar al destinatario de la decisión administrativa las condiciones necesarias
para ejercer el derecho de defensa y contradicción.
7.2. El señor Francisco Javier Carvajal Trujillo, señaló que interviene en el trámite
constitucional, como tercero interesado, y en ese marco solicitó que se tengan en
cuenta los reproches formulados en el recurso de reposición formulado contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, el cual adjuntó con el
escrito presentado.
8. Escrito del accionante frente a la respuesta de la Universidad Nacional de
Colombia y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura
8.1. Indicó que el plantel universitario incurre en error al señalar que se configuró
el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado porque ya se
resolvió el recurso de reposición, en tanto lo que pretende con la solicitud de
amparo es que “una autoridad imparcial confronte los argumentos expuestos por mí y
por la Universidad Nacional de Colombia, y, luego, determine a quién le asiste la razón.
Es decir, (…) teniendo en cuenta la vulneración de mis derechos fundamentales, el juez
constitucional realice un análisis de fondo de las preguntas cuestionadas”. En esa
medida, adujo que la intervención del juez constitucional es necesaria y urgente.
En ese orden, sostuvo que no procede el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la Resolución CJR23-0046 de 2022 es un
acto de trámite, por lo que no puede demandarse en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, insistió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
en razón a que las autoridades demandadas no reconocen que las preguntas
presentan errores, además afirmó que el no poder acceder a la siguiente etapa del
concurso constituye un perjuicio irremediable.
8.2. Sobre la respuesta dada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, indicó que presenta una confusión al
señalar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados porque
mediante la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 y en la Resolución
CJR23-0060 de 7 de febrero de 2023, se atendieron de manera clara, completa y
de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso presentado, en tanto
no está pidiendo el amparo del derecho fundamental de petición sino el debido
proceso, de acceso a cargos públicos e igualdad por los errores en las preguntas
realizadas en la prueba de conocimientos y aptitudes.
De igual forma, reprochó que la entidad demandada adujera que no se cumple el
presupuesto de la subsidiariedad por existir otro mecanismo de defensa judicial
ordinario como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues este no procede contra actos de trámite.
9. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 14 de abril de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
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Demandante: Saúl Martínez Salas
Al respecto, evidenció que el actor pretende que a través de la presente acción de
tutela se resuelva sobre la legalidad de los actos administrativos que establecieron
el puntaje obtenido en la prueba de aptitudes y conocimientos y aquel que resolvió
el recurso de reposición contra esa decisión, atendiendo a los reproches que
formuló en su recurso en relación con cada una de las preguntas que cuestionó de
dicho examen.
En ese orden, se refirió a la sentencia SU-067 de 2022 para explicar que la Corte
Constitucional ha manifestado que la acción de tutela resulta improcedente contra
los actos administrativos expedidos en el desarrollo de concursos de méritos, en
tanto en los mismos sí se definen situaciones de contenido particular y concreto,
por lo que son controvertibles a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el trámite del mismo podrá pedir que se
decreten medidas cautelares como la suspensión provisional de los actos
administrativos cuando se advierta una situación apremiante que requiera la
adopción de medidas urgentes.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor
impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y que se acceda
a las pretensiones de la solicitud de amparo. Concretamente expresó lo siguiente:
En primer lugar, solicitó que se declare la nulidad de lo actuado desde el auto
admisorio de la demanda, por cuanto, a su juicio, se configuró la causal
contemplada en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, en
tanto no se practicó en forma legal la notificación del auto admisorio de la
demanda porque no se remitió con la demanda el documento anexo denominado
“errores de la facultad de ciencias humanas (los cuestionamientos a 22 preguntas
del examen de conocimiento)”.
Del mismo modo, pidió la nulidad de lo actuado por ausencia de pronunciamiento
sobre una prueba fundamental solicitada (numeral 5°, artículo 133 del Código
General del Proceso), pues en la demanda pidió que se decretara como prueba
oficiar al Consejo Superior de la Judicatura para que allegara el cuadernillo de la
prueba de conocimientos, sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre esa
petición.
De manera subsidiaria, en caso de que se negara la solicitud de nulidad, pidió que
se revocara la decisión de primera instancia y, para tal efecto, expresó los
argumentos en los cuales sustenta la impugnación contra el fallo de primera
instancia.
En ese sentido, adujo que sí se cumple el presupuesto de subsidiariedad en tanto
los actos por medio de los cuales se publicaron los resultados no son actos
definitivos sino de trámite, por lo que no pueden ser cuestionados por el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, a lo que agregó que en el marco
de un concurso público de méritos los únicos actos que son susceptibles del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho son los que conforman
las listas de elegibles.
Señaló que por Resolución CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial corrigió la actuación administrativa ejecutada
en el concurso público de méritos -Convocatoria No. 27, desde la citación a
pruebas y dejó sin efectos los primeros resultados del examen de conocimientos y
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aptitudes al considerar que no se desconocían derechos adquiridos lo que fue
respaldado por la Corte Constitucional, de ahí, en su criterio, resulta claro que
desde ese momento la tesis fue que el acto administrativo que publicó los puntajes
era de trámite.
A su juicio, el hecho de que no se requiriera a la Administración para que remitiera
el expediente administrativo impidió al juez de primera instancia advertir que la
siguiente etapa es la del curso de formación judicial inicial, y superada esta etapa
se expiden los actos administrativos que sí son cuestionables ante la jurisdicción
contencioso administrativa, lo que ocurrirá solo hasta el año 2025. Afirmó que a
partir de ahí se evidencia el perjuicio irremediable.
Finalmente, reiteró las pretensiones de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Cuestión previa
En el escrito de impugnación, el actor solicitó que se declare la nulidad de lo
actuado desde la notificación del auto admisorio de la demanda, para lo cual alegó
las causales contenidas en los numerales 5 y 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso.
En relación con la causal de nulidad contenida en el numeral 5 del artículo 133 del
Código General del Proceso, el actor adujo que la misma se configura porque no
se decretaron las pruebas solicitadas en la demanda. En efecto, en la solicitud de
amparo el actor incluyó la siguiente pretensión en el acápite de pruebas:
“Solicito que se decrete como prueba que el Consejo Superior de la Judicatura y/o la
Universidad Nacional de Colombia allegue(n) al expediente de tutela el cuadernillo de
la prueba de conocimientos para el cargo de magistrado de Comisión Seccional de
Disciplina Judicial, las claves (opciones que se consideran correctas), al igual que las
respuestas marcadas por el suscrito”.
Al respecto, la Sala considera que no se configura esta causal principalmente
porque el escenario en el que se origina exige acreditar la omisión de la práctica
de pruebas que de acuerdo con la ley sea obligatoria, lo que el legislador no
estableció para el proceso de tutela.
En efecto, el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que “[e]l juez, tan
pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el
fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala negará la solicitud de nulidad en lo
pertinente a esta causal.
De otra parte, en relación con la causal consagrada en el numeral 8 del artículo
133 del Código General del Proceso, el actor estima que la misma se configuró
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porque al notificar el auto admisorio de la demanda no se remitió un anexo de la
demanda denominado “LOS ERRORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS”.
En ese sentido, expresó lo siguiente:
“La admisión de la acción de tutela fue publicada sin la inclusión del archivo anexo
denominado LOS ERRORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, lo que
vulnera los derechos de las demás personas que se inscribieron y hacen parte
del proceso de selección dentro del concurso de méritos adelantado en virtud de la
Convocatoria número 27, quienes no tuvieron elementos suficientes para realizar
su intervención”.
La Sala observa que el actor carece de legitimación para proponer la nulidad con
fundamento en esta causal, en tanto no es la persona afectada con la supuesta
configuración de la misma, pues en caso de concretarse serían las entidades
demandadas y los terceros con interés a los que les corresponde alegarla. En
efecto, en la petición formulada el actor refiere que las circunstancias que
originaron la nulidad impidieron que “las demás personas que se inscribieron y
hacen parte del proceso de selección”, tuvieran los elementos de juicio suficientes
para intervenir en el proceso.
De conformidad con el artículo 135 del Código General del Proceso, la parte que
alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, razón suficiente
para denegar la solicitud de nulidad en lo relativo a esta causal.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 14 de abril de 2023, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, y si las autoridades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
de acceso a cargos públicos del actor por no abordar de forma puntual y suficiente
los planteamientos formulados en el recurso de reposición formulado contra la
Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, “Por medio de la cual se
publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial”, en torno a que se están teniendo como válidas preguntas que presentan
errores en su formulación y en la respuesta que se tiene como correcta.
4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de un concurso de méritos
4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
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eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
4.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial1. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección2.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20193
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la
provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.
Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
1
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-04643-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-03787-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
sentencia de 14 de junio de 2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-01, C.P.
Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto (E).
3
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
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elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).
En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva, la acción de tutela es improcedente,
porque existen otros medios de defensa judicial, como los medios de control ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los que se puede hacer uso de
las medidas cautelares.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El actor interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a cargos públicos. Lo anterior, al encontrarse
inconforme con lo resuelto en las Resoluciones CJR22-0351 de 1° de septiembre
de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023,
dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria No. 27,
pues considera que no se abordaron cada una de las inconformidades planteadas
en el recurso de reposición relacionadas con las preguntas 53, 59, 62, 63, 64, 65,
69, 70, 84, 87, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 112, 119, 123, 126, 129 y 130.
La Sala observa que el recurso fue resuelto de forma conjunta mediante la
Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023, en el sentido de confirmar la
Resolución CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022 y, en consecuencia, no
reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes. Así mismo, resolvió que contra
dicha decisión no procedían recursos en sede administrativa, por lo que la
decisión se encuentra en firme.
A juicio de la Sala, dicho acto administrativo tiene carácter definitivo en tanto
resolvió la situación jurídica particular del actor, quien al obtener un puntaje inferior
a 793.75 puntos resultó excluido del concurso de méritos, por lo que es
susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, en el marco de
los concursos de méritos se profieren dos tipos de actos administrativos: de
trámite, que se expiden para impulsar y dar continuidad a las convocatorias,
frente a los cuales el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela
porque los mismos no son susceptibles de control judicial, y definitivos que de
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, son aquellos que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación, frente a los cuales la acción de tutela resulta improcedente, como
sucede en este caso, en donde el actor resultó excluido del concurso por obtener
menos de 800 puntos en el examen de aptitudes y conocimientos.
5.2. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala encuentra que la acción de
tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en cuanto a los reproches
formulados contra la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023, por cuanto
el debate propuesto por el actor recae sobre la legalidad de una decisión de
carácter definitivo que produjo efectos jurídicos particulares, como quiera que
mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, junto con el acto
13
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que resolvió el recurso de reposición (Resolución No. CJR23-0046 de 16 de enero
de 2023), se decidió excluirla del concurso de méritos.
En efecto, al no alcanzar un puntaje igual o superior a 800 puntos, no podía
avanzar hacia la Fase II de la convocatoria, en tanto de conformidad con el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma regulatoria del concurso de méritos, la
Fase I tiene un carácter eliminatorio.
De este modo, lo planteado por el actor en cuanto a que se modifique su
calificación resulta improcedente, pues conllevaría efectuar el análisis de legalidad
de los precitados actos administrativos que resolvieron sobre el puntaje y que
como consecuencia la excluye del concurso de méritos. Además, es claro que con
ocasión a la jornada de exhibición y al recurso de insistencia, el accionante tuvo
acceso al cuadernillo de examen, a la hoja de respuesta, a la hoja con las claves
de respuestas correctas, los datos del grupo de referencia y a la fórmula de
calificación, a partir de los cuales presentó la complementación del recurso de
reposición.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general
“dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda
controvertir en sede judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que
para tales fines existen en la jurisdicción contenciosa administrativa”4.
La Sala advierte que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, como es
el de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 y CJR23-0046 de 16 de enero de 2023,
de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
cual resulta eficaz para resolver el debate que propone, a partir de las causales de
nulidad previstas en el artículo 137 de la misma normativa, esto es, por haber sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.
Además, teniendo en cuenta que al acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa el accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en
virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Por otro lado, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, pues el actor no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
cumpla con los requisitos de inminencia, gravedad y urgencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se comprobó
que la decisión de excluirlo del concurso de méritos por no superar el puntaje
mínimo en la prueba de conocimientos y aptitudes genera una situación de
afectación a sus derechos fundamentales que hiciera necesaria e impostergable la
intervención del juez constitucional.
Por el contrario, la Sala no advierte que con la decisión de la autoridad
demandada de confirmar el puntaje que le fue otorgado en la prueba de aptitudes
y conocimientos se ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un
derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, en los términos señalados por la Corte Constitucional5.
4
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
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Demandante: Saúl Martínez Salas
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 14 de abril de 2023,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente
la acción de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las solicitudes de nulidad presentadas por el accionante.
Segundo.- CONFÍRMASE la sentencia de 14 de abril de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
15
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