Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01342-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01342-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01342-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
28 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01
Demandante: Katherin Medina Castro y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01342-01 (Acumulados 11001-03-15-000-
2023-01335-00, 11001-03-15-000-2023-01341-00, 11001-03-15-000-
2023-01346-00, 11001-03-15-000-2023-01336-00 y 11001-03-15-
000-2023-01334-00)
Demandante KATHERIN MEDINA CASTRO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Nivelación salarial Secretaría de
Educación Municipal de Ibagué. Defectos por desconocimiento del
precedente, fáctico, sustantivo y por violación directa de la
Constitución Política.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Katherine Medina Castro,
Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo Carvajal Reina, Wilmer Obdulio
Rodríguez Leal, Lorena Constanza Tovar Grisales y Alix Mendoza Gómez contra la
sentencia de 22 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que dispuso:
“[…] Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Katherin Medina Castro,
Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo Carvajal Reina, Wilmer Obdulio Rodríguez
Leal, Lorena Constanza Tovar Grisales y Alix Mendoza Gómez, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de marzo de 20231, la señora Katherine Medina Castro interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la igualdad, al trabajo y a la seguridad jurídica con la sentencia del 20 de octubre
de 2022 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 73001-33-33-753-2015-00190-00. Se precisa que en idénticos términos se
formularon las pretensiones de las demás acciones de tutela que fueron
acumuladas al proceso de la referencia.2
En consecuencia, los tutelantes formularon las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en los hechos y argumentos relacionados, solicito (sic) disponer y ordenar
a la parte accionada y a favor mío, lo siguiente.
1 Samai, índice 2.
2 Procesos acumulados: 11001-03-15-000-2023-01335-00, 11001-03-15-000-2023-01341-00, 11001-03-15-
000- 2023-01346-00, 11001-03-15-000-2023-01336-00 y 11001-03-15-000-2023-01334-00.
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Demandante: Katherin Medina Castro y otros
PRIMERA: Decrétese el amparo de los derechos fundamentales al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO,
A LA SEGURIDAD JURIDICA, VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN ART. 53.
SEGUNDA: Declarar que el fallo del día 20 de octubre de 2022, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, Magistrado ponente Doctor LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de YAQUELINE LOERO
OVIEDO y otros contra el Municipio de Ibagué. Rad: 730013333753201500190001, constituye
una vía de hecho violatoria de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO,
A LA SEGURIDAD JURIDICA, VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN ART 53.
TERCERA: Se deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo Del Tolima,
emitida el 20 de octubre de 2022, por el Magistrado Ponente LUÍS EDUARDO COLLAZOS
OLAYA.
CUARTA: se ordene AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente
Doctor LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, a que profiera sentencia en el sentido de valorar
correctamente la prueba aportada y recaudada dentro de la actuación procesal; lo anterior
teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales que sobre el tema ha tenido este mismo
órgano y la H. Corte Constitucional, y que propenda por la prevalencia de los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, y al debido proceso, por la configuración del defecto
sustancial, y por consiguiente, se accede a las pretensiones de la demanda y se de aplicación
al principio de la favorabilidad.
QUINTA: Que se prevenga al accionado, Tribunal Administrativo del Tolima, que en lo
sucesivo y en similares situaciones jurídicas, no vuelva a incurrir en las acciones, decisiones
u omisiones que dieron mérito para presentación de la tutela y que, si procediere de modo
contrario, será sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del decreto 2591
de 1991 que dice: SANCIONES PENALES : “El que incumpla el fallo de tutela o el Juez que
incumpla las funciones que le son propias de conformidad con éste decreto, incurrirá, según
el caso, en fraude a resolución judicial, prevarica por omisión o en las sanciones penales a
que hubiere lugar.
También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la
omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya
sido parte.” (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Katherin Medina Castro y otros3, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho demandaron al Municipio de Ibagué,
Secretaría de Educación, con el propósito de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos que negaron a los demandantes el reconocimiento y
pago de la diferencia salarial y prestacional, en razón a la solicitud de
homologación y nivelación salarial pretendida entre el cargo de técnico
operativo, código 314, grado 04 (planta de cargos del municipio de Ibagué -
Secretaría de Educación), respecto del técnico operativo, código 314, grado
09 (planta de cargos de las Instituciones educativas del municipio de Ibagué),
desde la fecha de vinculación y posesión en los cargos de los cuales son
titulares.
3 Demandantes del proceso ordinario: Yaqueline Lotero Oviedo, Juan Camilo Carvajal Reina, Ana María
Pinzón Lozano, Juan Carlos Rueda Bermúdez, Lorena Constanza Tovar Grisales, Alix Mendoza Gómez,
Adriana Cifuentes González, Yenny Carolina Echeverry Herrada, Sixto Páez Rodríguez y Wilmer Obdulio
Rodríguez Leal.
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Demandante: Katherin Medina Castro y otros
2.2. Del proceso ordinario4, conoció en primera instancia el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué, autoridad que a través de sentencia del 8 de mayo
de 2020 accedió a las pretensiones de los demandantes y condenó al
municipio de Ibagué a reconocer y pagar en favor de los demandantes la
diferencia salarial y prestacional generada entre el cargo de técnico operativo
grado 04 y el cargo de técnico operativo grado 09 homologado, a partir de la
fecha de vinculación.
2.3. Contra la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, correspondiéndole conocer en segunda instancia al Tribunal
Administrativo del Tolima que, mediante sentencia del 20 de octubre de 2022
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
La anterior decisión se fundamentó en que, cuando se adoptó la nueva planta
de personal en la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué, se
homologó y niveló salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de
Educación y de los establecimientos educativos del Municipio de Ibagué,
financiados con recursos del Sistema General de Participación (SGP), de
manera que cuando el personal fue trasladado en virtud de proceso de la
descentralización administrativa de la educación continuaron gozando de un
mayor salario, porque: (i) tenían un derecho adquirido; (ii) la entidad territorial
no podía desmejorar sus condiciones laborales, y (iii) así lo había avalado el
Ministerio de Educación, quien basándose en un concepto proferido por el
Consejo de Estado, emitió una directriz ordenando la preservación de las
nivelaciones ejecutadas en cumplimiento de órdenes judiciales como una
medida especial y transitoria, mientras dichas personas permanecieran en sus
cargos.
En ese sentido, dijo que conforme la constancia de talento humano de la
Secretaría de Educación de Ibagué, el cargo de Técnico Operativo, Código
314, Grado 04, ocupado por los demandantes, se había dado por el proceso
de modernización llevado a cabo por el Ministerio de Educación y que ese era
un proceso distinto al proceso de descentralización sobre el que fue dado el
cargo de Técnico Operativo, Código 314, Grado 09 homologado, de manera
que para el tribunal, el régimen salarial aplicable a los demandantes era el que
en virtud de su autonomía fijó la entidad demandada, y que no eran acreedores
del que se fijó conforme al proceso de homologación y nivelación salarial.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que, con la decisión del 20 de octubre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, se incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico, y por violación directa de la
Constitución Política. Los argumentos que presentó fueron los siguientes:
3.1. Desconocimiento del precedente: Por omitir la aplicación de precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional5
4 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nro. 73001-33-33-753-2015-00190-00
/01.
5 Sentencias T-601 de 1999, T-1048 de 2008, T-369 de 2016 de la Corte Constitucional; y, las sentencias del
13 de febrero de 2014, radicado Nro. 05001-23-31-000-2006-02895-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, y
del 9 de diciembre de 2019, C.P. William Hernández Gómez (no mencionó radicado) de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
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Demandante: Katherin Medina Castro y otros
relacionados con el reconocimiento de diferencias salariales respecto de
personal que hizo parte del proceso de descentralización de la educación, en
los cuáles solo se analizó la violación al principio de “a trabajo igual, salario
igual”, sin tener en cuenta el origen de su vinculación.
3.2. Defecto sustantivo: Al aplicar de manera equivocada la normatividad que
reglamenta el empleo público y la descentralización del servicio de educación
para garantizar su prestación.
3.3. Defecto fáctico: Por la indebida valoración de las pruebas incorporadas al
expediente en las que se acredita su derecho al reconocimiento de la
diferencia salarial y prestacional solicitada, de acuerdo con la cantidad de
funciones asignadas, que comparadas con las del cargo con el cual se
pretende el reconocimiento mencionado, no solo difieren en cantidad, sino en
calidad.
3.4. Violación directa de la Constitución Política: Al no aplicar el principio de
favorabilidad contenido en el artículo 53 de la norma fundamental y
desconocer el principio de “a trabajo igual salario igual”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 17 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Katherine Medina Castro contra el Tribunal
Administrativo del Tolima; se ordenó vincular en calidad de terceros al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al municipio de Ibagué y
a los señores Juan Camillo Carvajal Reina, Ana María Pinzón Lozano, Wilmer
Obdulio Rodríguez Leal, Yenny Carolina Echeverry Herrada, Adriana Liuliette
Cifuentes González, Yaqueline Lotero Oviedo, Alix Mendoza Gómez, Juan
Carlos Rueda Bermúdez, Lorena Constanza Tovar Grisales y Sixto Páez
Rodríguez; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El municipio de Ibagué6 rindió informe en el que manifestó que no se cumplía
con el requisito de inmediatez, en la medida que la decisión era del 20 de
octubre de 2022, notificada el 31 de octubre de 2022 a las partes, de manera
que había transcurrido un término más que considerable para la interposición
de la tutela. También señaló que lo pretendido por la parte actora era reabrir
el debate y convertir la tutela en instancia adicional, cuando se habían agotado
las etapas procesales respectivas, estando la decisión en firme.
Asimismo, manifestó que no se cumplen a cabalidad los requisitos específicos
de la tutela contra providencia judicial consagrados en la Sentencia C-590 de
2005. A su vez, consideró que de concederse lo perseguido con la tutela de la
referencia se desconocen los principios constitucionales de cosa juzgada y de
seguridad jurídica del ente municipal.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la presente
acción constitucional.
4.3. Los terceros con interés en el resultado del proceso7 manifestaron que
coadyuvan las pretensiones y los amparos solicitados, en la medida en que
6 Samai, índice 12, 33 y 35.
7 Samai, expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-01342-00, archivos obrantes en los índices 14, 16, 18, 21,
23, 25, 27, 29, 31. Personas que solicitaron la coadyuvancia: Wilmer Obdulio Rodríguez, Adriana Cifuentes,
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hacen parte del grupo demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra el municipio de Ibagué para obtener el
reconocimiento de la diferencia salarial.
Asimismo, señalaron que cada uno, en nombre propio ha solicitado el amparo
de los derechos fundamentales para que el Tribunal Administrativo del Tolima
emita un nuevo pronunciamiento en el que se valore en debida forma el
material probatorio.
4.4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué8 y el
Tribunal Administrativo del Tolima9, allegaron copia y enlace de acceso al
expediente ordinario, pero guardaron silencio respecto de las pretensiones de
la parte actora.
5. Providencia impugnada
En sentencia de 22 de junio de 202310, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, negó el amparo de los derechos invocados. La autoridad judicial
explicó que en el caso no se incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del
precedente ni en violación directa de la Constitución Política, toda vez que el
Tribunal Administrativo del Tolima fijó “como marco normativo y jurisprudencial aplicable
todos aquellos convenios internacionales sobre trabajo que forman parte del bloque de
constitucionalidad, las normas de carácter fundamental preceptuadas en la Constitución Política, así
como los diferentes pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
para delimitar el concepto y alcance del principio de “a trabajo igual, salario igual”, para descender
al estudio de la evolución normativa que ha implicado la descentralización administrativa de la
educación para garantizar su prestación.”
Respecto del defecto fáctico alegado, precisó que en la providencia cuestionada el
Tribunal Administrativo realizó una valoración probatoria profunda y acorde con los
lineamientos en que se adelantó el proceso de descentralización administrativa de
la educación, la creación de cargos administrativos financiados por el Sistema
General de Participaciones (SGP) en virtud del proceso de modernización del
Ministerio de Educación.
Concluyó que lo que existe en el caso en estudio es una inconformidad con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
toda vez que “aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada cuenta
con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no
puede convertirse en una tercera instancia.”
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia.
Reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de
amparo, e indicó que el Juez de tutela de primera instancia erró al considerar que
lo pretendido es la aplicación de los decretos que rigieron y conllevaron el proceso
de Homologación y Nivelación Salarial en la planta de personal de la Secretaría de
Juan Carlos Rueda Bermúdez, Yaqueline Lotero Oviedo, Lorena Constanza Tovar Grisales, Juan Camilo
Carvajal Reina, Sixto Páez Rodríguez, Alix Mendoza Gómez, Yenny Carolina Echeverry Herrada.
8 Samai, índice 9.
9 Samai, índice 11.
10 Samai, índice 46.
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Educación de Ibagué, y que se buscaba que se aplicara el mismo régimen salarial.
Aclaró que lo pretendido es que se analice si los aquí tutelantes, han sido víctimas
de una diferencia salarial injustificada por parte del Municipio de Ibagué a la luz del
artículo 53 de la Constitución Política.
Consideró que la Subsección B, de la Sección Segunda de esta corporación no
realizó un análisis adecuado del defecto fáctico, pues no se verificó que los
accionantes tienen a su cargo mayor cantidad de funciones.
Insistió en que la sentencia del 20 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, incurrió en defecto fáctico y violación directa de la
Constitución por las mismas razones ya expuestas en los antecedentes de la
sentencia. Sin embargo, nada dijo sobre el cargo de desconocimiento del
precedente que fue alegado en la demanda de tutela y denegado por el a quo.
Finalmente, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su
lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al juez de tutela de primera
instancia al concluir que el Tribunal Administrativo del Tolima no incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución
Política, respecto de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-753-2015-00190-
00/01, de acuerdo con los fundamentos del escrito de impugnación presentado por
los accionantes.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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generales12 y especiales13 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional14 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
4. Defecto fáctico. La providencia cuestionada no incurrió en este defecto.
4.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,
se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
La Corte Constitucional15 reconoce dos dimensiones de este defecto: la
dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i)
por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso16;(ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo17.
12
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
13 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
15 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
16 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
17 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
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Y la dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión18;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia19.
El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”20
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.
4.2. Advierte la Sala que, los accionantes plantean su desacuerdo con la valoración
de las pruebas por parte del juez natural; sin embargo, una vez revisada la
decisión, se evidencia que la sentencia que se cuestiona partió de un acápite
de hechos probados en el expediente y de allí, derivó su estudio de fondo,
acorde con los argumentos presentados por la parte apelante, que en el caso
fue la entidad territorial demandada.
En la providencia cuestionada se citan algunos de los hechos probados, que
permiten advertir que el juez natural realizó un estudio y análisis probatorio del
caso:
[…] “A través del Decreto 0372 del 31 de marzo de 2015, el alcalde del Municipio de
Ibagué adoptó la estructura de la Secretaría de Educación, de acuerdo con convenio de
cooperación y asistencia técnica del año 2003, suscrito entre la entidad y el Ministerio
de Educación para desarrollar el proyecto de modernización de la Secretaría (fls. 230 a
240 del documento Cuaderno 4-Expediente Administrativo del expediente digital), por
lo que por medio del Decreto No- 1-0373 del 31 de marzo de 2011, el alcalde de Ibagué,
creo unos cargos financiados con recursos del Sistema General de Participación, entre
ellos 17 técnicos operativos, código 314, grado 04 asignados a la planta central del
Municipio de Ibagué-Secretaría de Educación. (fls. 5 a 9 del documento Cuaderno 3-
Tomo I-Pruebas de Oficio del expediente digital).
Mediante los Decretos No. 1-1160, 1-1158, 1-1154, 1-1161, 1-1152, 1-1127, 1-1139, 1-
1137, 1-1135, 1-1122 del 22 de diciembre de 2011, el alcalde del Municipio de Ibagué,
dentro del marco de modernización del Ministerio de Educación, y con autorización de
la Comisión Nacional del Servicio Civil (fls. 9 a 10 del documento Cuaderno 3-Tomo II-
Pruebas de Oficio del expediente digital), efectuó 10 nombramientos en provisionalidad
para proveer algunos cargos creados para el personal administrativo de la Secretaría
18 Ibidem. Óp. Cit. 10.
19 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU - 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: Katherin Medina Castro y otros
de Educación Municipal a través del Decreto No. 1-0373 del 31 de marzo de 2011, entre
ellos, 17 empleos de técnico operativo, código 314, grado 04, por un término no mayor
a seis meses, siendo nombrados los demandantes, Sixto Páez Rodríguez, Juan Carlos
Rueda Bermúdez, Alix Mendoza Gómez, Yaqueline Lotero Oviedo, Adriana Liuliette
Cifuentes González, Yenny Carolina Echeverry Herrada, Wilmer Obdulio Rodríguez
Leal, Katherine Medina Castro, Juan Camilo Carvajal Reina y Ana María Pinzón Lozano,
respectivamente, y posesionados el 29 de diciembre de 2011. (fls. 26 a 29, 62 a 64, 77
a 80, 93 a 96, 109 a 112, 122 a 125, 137 a 140, 150 a 152, 165 a 167 y 180 a 183 del
documento 003_Cuaderno Principal-Tomo I del expediente digital).
[…] Por otro lado, de acuerdo con el Decreto 011-0774 del 4 de diciembre de 2008,
manual especifico de funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Ibagué, se
distingue el empleo de técnico operativo, código 314, grado 04, cargo que ocupan los
demandantes, el propósito del empleo es “Apoyar a los funcionarios de la dependencia
en todas las labores administrativas y operativas que por su naturaleza requieran de
trabajo en equipo para su desarrollo, así como de la realización de acciones
relacionadas con el cumplimiento de las metas en coordinación con el jefe inmediato”,
teniendo que cumplir 27 funciones, y exige como requisitos diploma de bachiller y algún
estudio técnico en las áreas administrativa, sistemas, contable, criminalística,
comerciales y sociales, además de una experiencia relacionada de 12 meses. (fls. 201
a 206 del documento 003_Cuaderno Principal-Tomo I del expediente digital).
[…] Mediante constancia del 22 de junio de 2018, la Líder de Talento Humano de la
Secretaría de Educación de Ibagué, constató que el empleo del nivel técnico cargo
técnico operativo, código 314, grado 09, se encuentra adscrito a la planta de cargos de
las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del Municipio, en virtud del
proceso de descentralización de la Educación ordenada en la Ley 715 de 2011, el cargo
fue incorporado a la planta de cargos del Municipio. Mientras que el empleo del nivel
técnico, técnico operativo, código 314, grado 04, se encuentra adscrito a la planta de
cargos del Municipio de Ibagué, toda vez que fue creado en virtud del proyecto de
modernización del Ministerio de Educación en el año 2011, a través del Decreto 1-0373
del 31 de marzo del mismo año (fl. 4 del documento 004_Cuaderno Principal-Tomo II
del expediente digital). […]”
Se precisa que la valoración de esos elementos probatorios y los demás a los
que hizo referencia el juez de segunda instancia fueron el fundamento de la
decisión adoptada, a su vez, la autoridad judicial concluyó que los
demandantes no tenían derecho a la nivelación salarial reclamada, primero,
porque existían razones objetivas para la desigualdad y, segundo, porque no
habían cumplido con la carga de probar los supuestos de hecho que daban
lugar a la nivelación.
Por esta razón, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal es razonable,
dado que no se separó de los hechos debidamente probados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ni se trata de una decisión que vaya en
contravía de la evidencia probatoria obrante en el expediente.
Adicionalmente, la Sala encuentra que el análisis de las pruebas se hizo a la
luz de la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional (T-369 de 2016) y
del Consejo de Estado21. Precisamente a partir de los requisitos fijados en esta
última providencia, el Tribunal analizó las pruebas obrantes en el expediente y
concluyó que no se cumplían los requisitos para acceder a la nivelación salarial
reclamada. Por las razones que han quedado expuestas, la Sala concluye que
no se incurrió en el defecto fáctico invocado.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de noviembre de 2020, Exp. 25000-
23-42-000-2013-01884-01(3804-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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5. Defecto por violación directa de la Constitución Política
5.1 El defecto por violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque
(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución22.
En el primer supuesto, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: (i) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.
En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4º de la Carta Política, la
Constitución es norma de normas. Por lo tanto, en todo caso en el que
encuentre o deduzca que una norma es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
5.2. Finalmente, la Sala advierte que los accionantes manifiestan su inconformidad,
por no dar aplicación a los principios de favorabilidad en materia laboral y de
“a trabajo igual, salario igual”, sustentados en el artículo 53 de la Constitución
Política. Al respecto, de la revisión hecha a la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, permite advertir que se realizó un estudio dentro del
“marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso” como se tituló en la
providencia, haciendo precisamente un preámbulo en relación con el artículo
53 de la Constitución Política y a los principios allí contenidos.
En el mencionado acápite, se señaló que el artículo 53 de la Constitución
expresaba que los convenios internacionales sobre el trabajo ratificados por el
Estado formaban parte de la legislación interna, en razón al bloque de
constitucionalidad. En este sentido añadió, que la OIT desarrolló el principio
de “salario igual por un trabajo de igual valor” en el artículo 2 del Convenio 111,
según el cual los miembros de ese convenio se obligan a formular políticas
nacionales direccionados a promover igualdad de oportunidades, en materia
de empleo y ocupación.
Adicionalmente, citó un aparte de la sentencia T-369 e 2016 proferida por la
Corte Constitucional, en donde se había pronunciado sobre el tema y añadió
que es obligación del empleador de proporcionar a los trabajadores una
remuneración acorde con las condiciones reales del trabajo, de tal modo que,
quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan las mismas funciones y
demuestran tener las mismas competencias o habilidades para cumplir con la
tarea encomendada, perciban la misma remuneración.
Igualmente citó la sentencia del 12 de noviembre de 202023, dictada por la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar
que el empleado público que busque la nivelación salarial debe acreditar el
22 Al respecto se puede consultar la sentencia SU-198 de 2013, por mencionar una de tantas.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Expediente Nro. 25000-23-42-000-2013-01884-01.
C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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cumplimiento de las funciones asignadas del empleo del cual reclama el
salario, que tiene idénticas responsabilidades, categoría del empleo y que
reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Se cita a continuación parte
del análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia
cuestionada:
“Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
Del principio “a trabajo igual salario igual”.
El artículo 53 constitucional, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque de
constitucionalidad laboral).
En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT; a través del principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la misma organización, en cuya virtud «todo miembro para el cual este
Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que
promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad
de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto». Dicho Convenio es fuente de derecho y su
aplicación es directa en el ordenamiento jurídico interno, según lo establece el mismo artículo
53 y el 93 de la Constitución.
Frente a este principio laboral, la Corte Constitucional 24 indicó que:
“El principio “a trabajo igual, salario igual” corresponde a la obligación para el empleador de
proporcionarles a sus trabajadores una remuneración acorde con las condiciones reales del
trabajo. Es decir, una que provenga de la observación de elementos objetivos y no de
consideraciones subjetivas, caprichosas o arbitrarias. Así pues, quienes ocupan el mismo
cargo, desarrollan las mismas funciones y demuestran tener las mismas competencias o
habilidades para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben percibir la misma
remuneración, toda vez que no existen, en principio, razones válidas para tratarlos de forma
distinta”.
Por su parte, el Consejo de Estado 25, señaló que cuando un empleado vulnera o desconoce
de manera caprichosa tales prerrogativas, al reconocer a un trabajador una mejor
remuneración que a otro que se encuentra en idénticas condiciones, este puede reclamar, por
vía judicial la compensación económica -nivelación salarial- que esa situación reprochable le
pudo causar, así lo expresó:
“[…] A su vez, esta Sala en la jurisprudencia citada, ha señalado que el empleado público que pretenda
el reconocimiento de la nivelación salarial debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas
al cargo del cual reclama el salario, que tiene idénticas responsabilidades y categoría del empleo y,
además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible
aplicar el principio denominado «a trabajo igual, salario igual» previsto en el Artículo 53 de la Constitución
Política de 1991. […]” (Subrayado fuera del texto).
Más adelante, luego de analizado el caso desde el punto de vista de las
normas y la situación concreta por la que pasó la Secretaría de Educación
Municipal de Ibagué, destacó lo siguiente:
“Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anteriormente considerado, se precisa que quien
pretenda por vía judicial obtener un reconocimiento salarial igualitario en aplicación del
precepto constitucional de “a trabajo igual salario igual”, debe cumplir con la carga procesal
que el legislador impuso consistente en la obligación de presentar pruebas demostrativas de
24 Sentencia T-369-16. Referencia: Expediente T-5422885, Acción de tutela de Martha Lucía Cardona Patiño
contra la Secretaría de Educación Municipal de Cartago -Valle del Cauca, Magistrada ponente: María
Victoria Calle Correa; Sentencia del 12 de julio de 2016, Asunto: Derecho a la igualdad y del principio a
trabajo igual salario igual -Procedencia de la tutela frente a la violación.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, consejero
ponente: Gabriel Valbuena Hernández; Sentencia del 12 de noviembre de 2020, Radicación número: 25000-
23-42-000-2013-01884-01(3804-16), Demandante: Orlando Alarcón Silva, Demandado: Nación- Ministerio
de Defensa Nacional, Tema: Improcedencia de nivelación salarial.
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los hechos señalados en la demanda y sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial. En
consecuencia, para efectos de acceder a unas pretensiones como las que en estos momentos
ocupa la atención de la Sala, le corresponde al interesado, conforme lo ha señalado la
jurisprudencia citada anteriormente, acreditar una serie de requisitos, tales como: i)
desarrollan la misma labor; ii) demostrar que tienen la misma categoría; iii) acreditar que
cuentan con la misma preparación; iv) coinciden en el horario; y, v) que las responsabilidades
a cumplir que fueran iguales, criterio que han sido plenamente acogido por este Tribunal, y
que no fueron debidamente probados en el sub examine.
Por todo lo anterior, para esta Corporación es claro que el Municipio de Ibagué, no ha
vulnerado el principio “a trabajo igual salario igual” de los demandantes, como quiera que
existen unos derechos laborales propios que traía el personal homologado y nivelado y que
no ostenta el personal de planta de la entidad territorial vinculados directamente, como lo es
el presente caso, que genera la diferencia salarial aducida por el demandante, sin que esto se
tenga como ilegal e inconstitucional, sino como un criterio objetivo y razonable por cuando fue
el resultado de un procedimiento previamente establecido por el Ministerio de Educación
Nacional como una medida especial y transitoria mientras tales personas permanecen en sus
cargos”.
Reiterando lo decidido por esta Sala en similar situación26, se considera que
el Tribunal Administrativo del Tolima no encontró acreditado los supuestos
para la aplicación de la nivelación, razón por la que negó las pretensiones, sin
que por esa razón pueda entenderse que se configuró una violación al artículo
53 de la Constitución Política.
De manera que para la Sala no puede alegarse el desconocimiento del
precepto constitucional sobre el que fundamenta la presunta configuración de
este defecto, pues, en efecto, el juez natural abordó el estudio del caso, incluso
desde la perspectiva constitucional y del bloque de constitucionalidad.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala desestima la existencia de defecto fáctico y
violación directa de la constitución. Por lo que, se encuentra de acuerdo con la
decisión de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales
de Katherine Medina Castro, Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo
Carvajal Reina, Wilmer Obdulio Rodríguez Leal, Lorena Constanza Tovar Grisales
y Alix Mendoza Gómez. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada proferida el 22 de junio de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente Nro. 11001-03-15-
000-2023-01344-01. C.P. Wilson Ramos Girón.
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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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