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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01345-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01345-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia – Protección S.A, de acuerdo con lo referido en la parte considerativa. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01345-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

11 de mayo de 2023

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil
Rad: 11001-03-15-000-2023-01345-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-01345-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL

Tema: Tutela contra decisión que resuelve un conflicto de
competencias de carácter administrativo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra el Consejo de Estado – Sala de Consulta y
Servicio Civil

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito remitido al despacho ponente el 16 de marzo de 20231, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, actuando a través del subdirector de Defensa Judicial
Pensional2, ejerció acción de tutela contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, con el fin de que sea amparado su derecho fundamental al
debido proceso en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional.

2. La parte actora consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión de la decisión del 6 de septiembre de 2022, mediante la cual la Sala de

1
Acción de tutela presentada el 14 de marzo de 2023 en el correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
2
De los documentos adjuntos al escrito tutelar, se encuentra probado mediante la Resolución N.º
681 de 29 de julio de 2020, que el señor Javier Andrés Sosa Pérez es el subdirector de Defensa
Judicial Pensional de la entidad.

1
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil
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Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto negativo de
competencias de carácter administrativo3 entre la UGPP y el Ministerio de Salud y
Protección Social, en el sentido de indicar que la UGPP era la entidad competente
para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia,
Laboral, en el cual se condenó a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) a
pagar la suma de $778.412.31 a favor de la señora Aura Celia Niño Chaparro, por
concepto de cesantías.

3. La condena mencionada se dictó al interior de un proceso ordinario laboral
presentado por la señora Aura Celia Niño Chaparro contra Cajanal, identificado con
radicado N.º 15759-31-05-002-2001-00139-01.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE
ESTADO por el evidente detrimento del erario que se genera con la orden de realizar
un pago de acreencias laborales, sin que ello se encuentre dentro de las funciones
otorgadas por ley a esta Unidad.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a.- DEJAR sin efectos el auto del 6 de septiembre de 2022, emitido por el
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO, en
el expediente No. 11001 03 06 000 2022 00134 00, que declaró a la UGPP
como competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003,
proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de Decisión Civil
— Familia Laboral que reconoce el pago de unas cesantías a favor de la
señora AURA CELIA NIÑO CHAPARRO.

b.- Se ORDENE a la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL
CONSEJO DE ESTADO dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es,
declarando que la UGPP NO es competente para dar cumplimiento al fallo
del 9 de octubre de 2003 ya que no tiene facultades para conocer asuntos
que administraba la extinta CAJANAL en lo relativo al reconocimiento y pago
de acreencias laborales.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón al no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL DEL CONSEJO DE ESTADO en la providencia del 6 de septiembre de 2022.

3
Proceso identificado con el radicado N.º 11001-03-06-000-2022-00134-00.

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Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria
al auto del 6 de septiembre de 2022 emitido dentro del expediente No. 11001 03 06
000 2022 00134 00, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión
que se iniciaría en virtud de su orden tutelar4.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. La señora Aura Celia Niño Chaparro trabajó en la Notaría Segunda del
Círculo de Sogamoso desde el 1° de enero de 1973 al 8 de marzo de 1997.

6. La Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso le reconoció y pagó sus
cesantías definitivas del periodo comprendido entre el 1° de enero de 1985 (fecha
en la cual entró a regir la Ley 33 de 1985) hasta el 8 de marzo de 1997 (fecha del
retiro).

7. Por virtud del Decreto Ley 059 de 1957 y la Ley 1° de 1962, los notarios
estaban obligados a consignar las cesantías de sus empleados a Cajanal, pero a
partir de la Ley 33 de 1985 el pago de las cesantías quedó a cargo de los notarios.

8. En el año 1999, la señora Niño Chaparro interpuso acción de tutela contra
Cajanal con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de cesantías definitivas
por la terminación de su relación laboral.

9. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Tunja falló dicha acción
constitucional y condenó a Cajanal a reconocer y pagar las cesantías definitivas
solicitadas5.

10. En cumplimiento del mencionado fallo, mediante la Resolución N.º 000042
del 20 de agosto de 1999 Cajanal ordenó el reconocimiento y pago de las cesantías
a favor de la señora Niño Chaparro por el periodo comprendido entre el 1º de enero
de 1973 al 31 de diciembre de 1984.

11. Ante el incumplimiento de la Resolución N.º 000042 de 1999 por parte de
Cajanal, el 24 de octubre de 2001, la accionante interpuso una demanda ordinaria
laboral, con la cual pretendía: i) que se declarara su vinculación laboral con la
Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, ii) que se condenara a Cajanal a pagar
la liquidación de las cesantías desde 1973 hasta 1984. iii) que se condenara a
Cajanal al pago de indemnizaciones por perjuicios y negligencia.

4
Transcripción literal que puede contener errores.
5
No se encuentra copia de la providencia en el expediente, pero es mencionado en la Resolución
N.º 000042 del 20 de agosto de 1999.

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12. Por medio de sentencia de 20 de junio de 2003, el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Sogamoso declaró: (i) la existencia de la relación de trabajo, (ii)
probada la excepción de prescripción propuesta por Cajanal y negó las demás
pretensiones.

13. En segunda instancia, mediante fallo de 9 de octubre de 2003, el Tribunal
Superior del Distrito de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil – Familia,
Laboral condenó a Cajanal al pago de las cesantías definitivas a favor de la señora
Niño Chaparro de la siguiente forma:

PRIMERO: Confirmar el numeral PRIMERO del pronunciamiento de instancia,
emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Duitama el 20 de junio de
2003, en proceso Ordinario Laboral seguido por AURA CELICIA NIÑO CHAPARRO
contra la CAJA NAClONAL DE PREVISION SOCIAL MODIFICANDOLO en cuanto
a la vigencia de la relaciõn laboral suscitada entre los extremos de la controversia,
que se extiende del 1 de octubre de 1973 al 08 de marzo de 1997.

SEGUNDO: Revocar los restantes ordenamientos de la provìdencia irnpugnada, y
en su lugar condenar a la parte pasiva a cancelar a favor de AURA CELIA NIÑO
CHAPARRO por concepto de cesantias la suma de SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS
M/cte (778.412.31) cantidad indexada6.

14. El 27 de octubre de 2021, la actora elevó petición ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
Protección Social – UGPP, solicitando el cumplimiento de la sentencia de segunda
instancia proferida el 9 de octubre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito de
Tunja, Sala de Decisión Civil — Familia, Laboral.

15. El 8 de noviembre de 2021, mediante radicado N.º 2021180003126401 la
UGPP declaró la falta de competencia y decidió remitir la solicitud al Grupo de
Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud para que resolviera la petición.

16. No obstante, a través de oficio con radicado N.º 2022400300040612 del 11
de enero de 2022, el Grupo de Defensa Legal del Ministerio de Salud adujo no ser
el competente para conocer de la solicitud de la señora Niño Chaparro, y decidió
devolverla a la UGPP, ya que por disposición del artículo 2 del Decreto 2040 de
2011, esa autoridad había asumido todas las funciones de Cajanal.

17. Por medio de auto ADP 001497 del 4 de abril de 2022, la UGPP indicó que
no era la competente para conocer de la solicitud de la accionante y remitió el
expediente a su Subdirección Jurídica Pensional para que efectuara el trámite
respectivo con la finalidad de que se resolviera el conflicto de competencias de
carácter administrativo ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, para que se definiera cuál era la autoridad competente para dar
cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003.

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Transcripción literal que puede contener errores.

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18. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 del CPACA, la Sala
de Consulta y Servicio Civil, mediante decisión del 6 de septiembre de 2022 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR competente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el
cumplimiento del fallo judicial del 9 de octubre de 2003, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito de Tunja, Sala de Decisión Civil — Familia Laboral.

SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), al Ministerio de Salud y Protección Social, al Fondo de
Pensiones y Cesantías de Colombia Protección, al Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Sogamoso, al Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de Decisión
Civil —Familia Laboral, y a la Señora Aura Cecilia Niño Chaparro.

TERCERO: EXHORTAR a la UGPP para que de manera prioritaria y expedita dé
cumplimiento del fallo judicial del Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de
Decisión Civil — Familia Laboral del 9 de octubre de 20037.

19. Posteriormente, la señora Aura Celia Niño Chaparro formuló acción de tutela
contra la UGPP por el incumplimiento y desacato del fallo judicial del 9 de octubre
de 2003 y la decisión del 6 de septiembre de 2022. En primera instancia, el Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Sogamoso, en sentencia del 1º de marzo de 2023,
declaró la improcedencia del mecanismo por no superar el requisito de
subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial al cual podía acudir para la
defensa de sus garantías fundamentales.

20. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo – Sala Única por medio de providencia de 31 de marzo de 2023, confirmó
la decisión del a quo, tras considerar que el motivo para la interposición de la acción
era reclamar el pago de un valor determinado, razón por la cual a través de un
proceso ejecutivo podía lograrlo.

1.4. Fundamentos de la vulneración

21. La parte actora señaló que la acción constitucional revestía de relevancia
constitucional, pues con esta no solo se discutía la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino
que se evidenciaba el desconocimiento del marco jurídico que regulaba las
competencias asignadas a la UGPP y al Ministerio de Salud y Protección Social. Al
respecto, advirtió que:

(…) la UGPP asumió únicamente las competencias en materia pensional con
respecto de las extintas administradoras o entidades reconocedoras de pensiones,
así como de aquellas “prestaciones económicas” que se deriven de dichas
pensiones. Ahora, el Decreto 2196 de 2009 en su artículo 22, establece una
competencia residual, en la cual se indica que aquellas competencias que no
correspondan a la UGPP en asuntos pensionales o prestaciones económicas que
de estas se deriven, serán asumidas por el Ministerio de la Protección Social.

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Transcripción literal que puede contener errores.

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22. En consecuencia, mencionó que dicha vía de hecho tenía como
consecuencia la afectación de los recursos del sistema general de pensiones al
tener que asumir el pago de unas prestaciones sociales, aun cuando no había sido
asignada a la entidad la administración de ese tipo de prestación.

23. Además, indicó que no existía otro medio de defensa judicial que permitiera
precaver la ocurrencia del perjuicio irremediable mencionado en precedencia, dado
que en contra de la decisión del 6 de septiembre de 2022 no procedían recursos de
conformidad con el artículo 39 del CPACA.

24. Por otro lado, la entidad accionante puso de presente que la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo y violación
directa de la Constitución al desconocer la normativa específica que regula a la
UGPP y el principio de protección de recursos del sistema general de pensiones.

25. Puntualmente, explicó que se desconoció el artículo 156 de la Ley 1151 de
8
2007 , el cual dispone las funciones que asumiría y desarrollaría la UGPP, entre las
cuales se encontraba lo relacionado con los asuntos de carácter pensional “(…) cuya
competencia anteriormente estaba en cabeza de las administradoras del régimen de prima
media -RPM- del orden nacional o de las entidades nacionales que tenían a su cargo el
reconocimiento de derechos pensionales sobre las cuales se haya decretado su
liquidación”.

26. Asimismo, adujo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 ibidem,
la UGPP no asumiría los procesos judiciales y reclamaciones que no estuvieran
enmarcadas dentro de las funciones pensionales asignadas. Por el contrario, el
mencionado artículo señaló la competencia residual en cabeza del Ministerio de
Salud y Protección Social.

27. Por ende, concluyó que si bien la UGPP asumió como sucesora de la extinta
Cajanal, sólo se hizo cargo de funciones de carácter pensional, es decir, que los
demás asuntos que eran administrados por Cajanal como, por ejemplo, acreencias
laborales, no fueron trasladados a la entidad.

28. Adicionalmente, trajo a colación que debió ser estudiado el artículo 22 del
Decreto 2196 de 2009 modificado por el artículo 2º del Decreto 2040 de 2013, es
decir, que al determinarse que las cesantías son una acreencia laboral y que la
UGPP solo es conocedora de derechos pensionales, esta no era competente para
dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003.

29. Por otra parte, mencionó que el Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011
distribuyó las competencias entre Cajanal y la UGPP en el siguiente sentido:

8
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.

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A cargo de la UGPP definió que las solicitudes de derechos pensionales y
prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, serían
conocidas por la UGPP.

A cargo de CAJANAL determinó que las solicitudes de reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas, radicadas antes del 8 de noviembre de
2011, estarían a cargo de CAJANAL.

30. En consecuencia, dado que la señora Niño Chaparro presentó solicitud de
reconocimiento de las cesantías antes del 8 de noviembre de 2011, la competencia
era de Cajanal, quien tenía que responder la petición. No obstante, “[S]i bien es claro
que CAJANAL resolvió la solicitud de pago de cesantías desde el año 1999, nunca realizó
los pagos correspondientes por lo que la legislación facultaba a la señora NIÑO
CHAPARRO para hacer parte del proceso liquidatario para efectos de reclamar ante el
liquidador de CAJANAL el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Santa Rosa De Viterbo de
fecha 09 de octubre de 2003 para efectos de que fuera incluida en la masa de liquidación9”.

31. Finalmente, la parte actora refirió que la decisión del 6 de septiembre de 2022
iba en contra del principio constitucional de sostenibilidad del sistema y si bien, la
suma adeudada a la señora Niño Chaparro no era cuantiosa, sí existía un riesgo a
futuro de que se siguiera declarando competente para conocer de asuntos similares
sobre los cuales no tenía competencia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

32. La magistrada ponente, en auto del 22 de marzo de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral,
a la señora Aura Celia Niño Chaparro, al Ministerio de Salud y Protección Social y
al Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia – Protección S.A; y iv) negó la
medida provisional solicitada por la parte actora.

33. Como fundamento de la negativa de la medida, se sostuvo que “(…) no resulta
necesaria, toda vez que no se encuentra acreditada hasta este momento procesal, una
situación de vulneración grave que constituya un perjuicio irremediable para la entidad, en
la medida en que no se probó el grave detrimento al erario alegado, lo que quiere decir que
el riesgo que pretende evitarse no es inminente. En consecuencia, se descarta la necesidad
de que el juez adopte medidas urgentes e impostergables”.

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Transcripción literal que puede contener errores.

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo

34. Mediante correo electrónico enviado el 30 de marzo de 2023, la Secretaría
de la corporación indicó que el expediente solicitado había sido devuelto al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso.

1.6.2. Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia – Protección S.A

35. Por medio de documento remitido el 10 de abril de 2023, el representante
legal judicial señaló que la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad
se le atribuían exclusivamente al Consejo de Estado y la administradora de
pensiones y cesantías no tenía competencia alguna en el caso, pues desconocía
las situaciones que dieron origen a la acción de tutela. Así las cosas, alegó la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

36. A través de escrito allegado el 10 de abril de 2023, el presidente ad hoc de
la sala explicó que la UGPP no señaló en ningún momento al interior del escrito
tutelar cuál era la norma que le asigna competencia al Ministerio de Salud y
Protección Social para el pago de las cesantías de la señora Aura Celia Niño
Chaparro.

37. Sustento de ello, adujo que según la Ley 6 de 1945, Cajanal fue organizada
con la finalidad de reconocer y pagar prestaciones tales como la pensión vitalicia de
jubilación, la pensión de invalidez y, entre otras, el auxilio de cesantías de los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente. Además, relató que:

a) La distribución de competencias entre la UGPP y Cajanal, en virtud de la
liquidación de esta última, no le asigna al Ministerio de Salud y la Protección Social
competencias relativas al reconocimiento de derechos pensionales ni de
prestaciones económicas, como lo pretende hacer notar la entidad accionante; y

b) Las prestaciones económicas, distintas de las pensionales, radicadas a partir del
8 de noviembre de 2011, son de competencia de la UGPP.

38. Además, señaló que no era cierto que el Decreto 2040 de 2011 le asignara
al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia para el reconocimiento y
pago de las reclamaciones económicas a cargo de Cajanal. Así puso de presente
que:

Lo que indica el artículo 2° del Decreto 2040 de 2011, que reformó el artículo 22 del
Decreto 2196 de 2009, es que al Ministerio de Salud y Protección Social le
correspondía atender los procesos administrativos en trámite al cierre de la
liquidación de Cajanal, mas no los procesos judiciales y demás reclamaciones de
carácter laboral y contractual.

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39. En cuanto al principio de sostenibilidad financiera mencionado por la UGPP
y su lesión, indicó que no podía ni debía invocarse para limitar o impedir derechos
y garantías, máxime si eran fundamentales, como tampoco para soslayar órdenes
de autoridades judiciales.

40. Finalmente, solicitó que se denegara el amparo solicitado.

1.6.4. Aura Celia Niño Chaparro

41. Por documento remitido el 26 de abril del presente año, la señora Niño
Chaparro expuso los hechos del caso, solicitó que se declarara a la UGPP como
vulneradora de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la equidad e igualdad por el incumplimiento de la
providencia del 9 de octubre de 2003 y la decisión del 6 de septiembre de 2022.

42. De igual forma, manifestó la vulneración de los artículos 5, 6, 13, 23, 25, 29,
48, 53, 229 y, puso de presente la sentencia T-048 de 2019 de la Corte
Constitucional.

1.6.5. Ministerio de Salud y Protección Social

43. Por medio de memorial suscrito por el coordinador del Grupo de Defensa
Legal de la entidad, afirmó que según el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009,
modificado por el artículo 2º del Decreto 2040 de 2011, los procesos judiciales de
carácter no misional iniciados por o en contra de Cajanal o derivados de
reclamaciones administrativas o contractuales fueron entregados al Ministerio de
Salud y Protección Social, para que este continuara ejerciendo la defensa y velara
por la protección del patrimonio público.

44. Pese a que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de
Sogamoso, fue debidamente notificado10, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

45. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por
la UGPP, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

10
Índice 8 de SAMAI.

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2.2. Solicitud de desvinculación

46. Pese a que el Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia – Protección
S.A solicitó la desvinculación porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva, la petición será negada, en la medida en que, la vinculación al proceso
se realizó en calidad de tercero, mas no como la autoridad contra la cual se
encuentre dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que
le asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

47. Le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿La Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado en la decisión
del 6 de septiembre de 2022, desconoció la normativa que determina las
funciones que desarrolla la UGPP en relación con los asuntos pendientes de
resolución de la extinta Cajanal?

48. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) la naturaleza jurídica de los
pronunciamientos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y,
(iii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

49. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.

50. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su ejercicio
se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la activación de
los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

51. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez constitucional no puede
decidir sobre la controversia propuesta.

52. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del

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ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio el
constituyente.

2.5. Naturaleza jurídica de los pronunciamientos de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado11

53. La función relacionada con la resolución de conflictos de competencias
administrativas se cumple cuando estén involucrados, una autoridad administrativa
del orden nacional o autoridades territoriales que no se encuentren ubicadas en la
jurisdicción territorial de un solo Tribunal Administrativo.

54. El procedimiento para resolver estos conflictos de competencia
administrativa se encuentra contenido en el artículo 39 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone:

"Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de
competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona
interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la
que estime competente; sí esta también se declara incompetente, remitirá
inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo
correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o
municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y
territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se
consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la
actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades
involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de
cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones.
Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.
Contra esta decisión no procederá recurso alguno".

55. Lo anterior resulta de gran importancia, pues en el procedimiento de
resolución de conflictos de competencias administrativas la Sala de Consulta y
Servicio Civil interviene precisando las reglas, y fijando a qué entidad administrativa
corresponde conocer de determinado asunto de acuerdo a las competencias
asignadas por ley a cada autoridad administrativa y garantizando el principio de
legalidad y el debido proceso.

Por ello, cuando el ordenamiento jurídico le asigna a la Sala la función de dirimir las
discusiones competenciales entre autoridades administrativas y vincula a estas y a
los particulares a lo decidido por ella, busca garantizar, tanto la efectividad del
derecho de petición asegurando que la persona tendrá una respuesta de fondo a su
solicitud, como la vigencia del principio de legalidad y del debido proceso desde el

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Sentencia 24.05.18, Rad. 11001-03-15-000-2018-00963-00.

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punto de vista de las competencias constitucionales o legales que habilitan la
actuación de una determinada entidad en un caso concreto12.

56. En atención a lo transcrito, si bien las decisiones emitidas por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de
resolver conflicto de competencias administrativas, son de acatamiento obligatorio,
y su fuerza es vinculante, la realidad es que tales pronunciamientos no pueden
catalogarse como providencias judiciales, sino que deben ser catalogadas como
pronunciamientos que definen el elemento competencia de la decisión
administrativa13, con el fin de realizar una labor preventiva y de orientación al mejor
cumplimiento de las funciones asignadas a cada autoridad administrativa.

2.6. Caso concreto

57. La parte actora adujo que la decisión del 6 de septiembre de 2022, proferida
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado incurrió en los
defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, en razón a que desconoció
el marco jurídico que regula las funciones de la UGPP y del Ministerio de Salud y
Protección Social en lo relativo a las situaciones cesantes de la extinta Cajanal y,
por ende, vulneró el principio de sostenibilidad del sistema pensional al declarar su
competencia sobre obligaciones que no le corresponde atender.

58. De manera específica, acerca de la normativa, indicó que de acuerdo con el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, las funciones que asumiría respecto de los
asuntos de Cajanal serían únicamente de carácter pensional. Por ello, en
concordancia con el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, la competencia residual
de los demás asuntos como, por ejemplo, prestaciones económicas, serían
asumidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

59. Pese a que la entidad accionante encajó sus inconformidades en defectos
establecidos para cuestionar providencias judiciales, debe reiterarse que la decisión
cuestionada no es un fallo judicial, sino un pronunciamiento que define el elemento
competencia de la decisión administrativa. No obstante, es pertinente analizar el
contenido de la decisión del 6 de septiembre de 2022, con el fin de determinar si
vulneró los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

60. Previo al iniciar el estudio del caso, la autoridad accionada tuvo en cuenta
dentro de su análisis el siguiente marco normativo acerca de la afiliación obligatoria
de los notarios y funcionarios de las notarías a Cajanal:

• Ley 6 de 1945.
• Decreto Ley 059 de 1957.
• Ley 1 de 1962.
12
Ver decisiones de la Sala de Consulta del 24 de mayo de 2007 y del 26 de enero de 2006,
expedientes 2007-00030 y 2005-00012, respectivamente.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, Sentencia 16.03.17, Rad. 11001-03-15-000-2017-00241-00.

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• Ley 29 de 1973.
• Decreto 27 de 1974.
• Decreto 2148 de 1983.
• Ley 33 de 1985.
• Ley 86 de 1988.

61. Frente a ello, explicó que Cajanal tenía dentro de sus funciones el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que correspondían a las
entidades de previsión y a las que tenían derecho entre otros empleados, los de la
Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios y los empleados de notarías.
En esa línea, expuso que el legislador ordenó a Cajanal liquidar las prestaciones
sociales de dichos empleados y los del Fondo de Previsión Social de Notariado y
Registro hasta el momento en que empezara a funcionar dicha entidad.

62. En lo referente a la liquidación de Cajanal y la distribución de competencias
de la UGPP, manifestó que de acuerdo con el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009
“Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación pue se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
estarán a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social”.

63. Sin embargo, posteriormente el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011 modificó
la mencionada disposición, para establecer que “(…) los procesos judiciales y demás
reclamaciones en las cuales Cajanal haya sido parte y que estén en trámite al cierre de su
liquidación, los asumiría la UGPP respecto de las funciones que dicha entidad asumió, y
agregó que los demás procesos administrativos, estarían a cargo del Ministerio de la
Protección Social”.

64. Es importante anotar, tal como lo hizo la autoridad accionada en la decisión
cuestionada que, el Gobierno Nacional ordenó la suspensión y liquidación de
Cajanal mediante el Decreto 2196 de 2009, por lo que la entidad cesó sus funciones
a partir del 12 de junio de 2009 y su liquidación concluyó el 11 de junio de 2013.

65. Además, por medio del Decreto 4269 de 2011 se modificó parcialmente el
régimen de distribución de competencias de Cajanal y determinó que:

i) A cargo de Cajanal EICE en Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento
de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al
8 de noviembre de 2011.

ii) Las solicitudes posteriores al 8 de noviembre de 2011 estarían a cargo de la
UGPP.

66. Frente a ello, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
afirmó que todas las obligaciones derivadas de procesos judiciales culminados
antes de la liquidación de Cajanal, las cuales incluyen la constitución y
administración de las provisiones y el pago de las respectivas condenas que se
produjeron en su contra, quedaron radicadas en Cajanal.

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67. Así las cosas, la autoridad demandada puso de presente que, en reiteradas
oportunidades al analizar tal normativa en situaciones similares, la Sala había
ratificado que “(…) la UGPP sustituyó a Cajanal E.l.C.E. en Liquidación para la atención
de las solicitudes de carácter pensional presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011, y
de los procesos de carácter pensional que estuvieran en curso a la fecha de su liquidación”.

68. Por ello, relató que “(…) las reclamaciones económicas por cumplimiento de las
sentencias tuvieron que ser reconocidas, por Cajanal antes de entrar en liquidación, por
Cajanal E.l.C.E. en Liquidación, o por la UGPP, según la época de la reclamación y las
circunstancias de cada caso, pero dicha competencia de carácter misional nunca estuvo a
cargo del Ministerio de Salud y Protección Social”.

69. En cuanto al sucesor misional y procesal de Cajanal refirió que la UGPP
asumió de manera íntegra las competencias misionales que antes eran de Cajanal
y, por lo tanto, la reemplazó procesalmente con el fin de garantizar la defensa
técnica de los procesos y reclamaciones que estaban en trámite al momento de la
liquidación de Cajanal.

70. Lo anterior, fue sustentado por medio del artículo 22 del Decreto 2196 de
2009, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011, que dispuso que la
función de defensa de Cajanal sería transferida a la UGPP.

71. Por otra parte, la parte accionada adujo que de acuerdo al artículo 64 del
Decreto 4107 de 2011, Cajanal mantuvo a su cargo las obligaciones de
reconocimiento y pago de las pensiones y prestaciones sociales que habían sido
reconocidas o tenían fallo judicial condenatorio, hasta que estas funciones fueran
asumidas por la UGPP, no el Ministerio de Salud y Protección Social. Así manifestó
que:

Por otra parte, la UGPP a partir de la extinción de la personería jurídica de Cajanal,
declarada mediante Resolución 4911 del 11 de junio de 2013, asumió íntegramente,
por disposición legal y reglamentaria, las competencias misionales y procesales que
antes eran de Cajanal, entre ellas la defensa jurídica de la entidad liquidada, lo que
supone, también la facultad para interponer cualquier acción judicial para los mismos
efectos.

72. Así las cosas, se evidencia cómo la Sala de Consulta y Servicio Civil realizó
un análisis de acuerdo con la normativa aplicable y con el marco normativo referido
por la parte actora como desconocido, aduciendo a varias decisiones anteriores que
habían resuelto casos similares y en las cuales se había reiterado la competencia
de la UGPP frente a los asuntos misionales no resueltos de Cajanal.

2.7. Conclusión

73. Así las cosas, se negará la solicitud de amparo al no hallar razón al
desconocimiento de las normas argumentado por la UGPP, en la decisión del 6 de

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septiembre de 2022 proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Fondo de
Pensiones y Cesantías de Colombia – Protección S.A, de acuerdo con lo referido
en la parte considerativa.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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