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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01345-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01345-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

29 de junio de 2023

1

Radicación 11001-03-15-000-2023-01345-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01345-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil

Temas: Tutela contra decisión administrativa que decidió el conflicto de
competencias suscitado entre la UGPP y el Ministerio de Salud y la
Protección Social /no se configura la violación del derecho
fundamental al debido proceso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1.1.1.1. Principales

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, en adelante UGPP, por intermedio de apoderado, promovió
demanda en orden a que se le tutele su derecho fundamental al debido proceso en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

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Radicación 11001-03-15-000-2023-01345-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que:

i) Se deje sin efecto la decisión del 6 de septiembre de 2022 proferida por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del asunto radicado bajo el
número 11001 03 06 000 2022 00134 00, por medio de la cual declaró a la UGPP
competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil,
Familia, Laboral que, reconoce el pago de unas cesantías a favor de la señora Aura
Celia Niño Chaparro.

ii) Se ordene a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dictar nueva
«sentencia» ajustada a derecho, en la cual se declare que la UGPP no es competente
para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, ya que no tiene facultades
para conocer asuntos que administraba la extinta Caja Nacional de Previsión Social,
en adelante Cajanal, en lo relativo al reconocimiento y pago de acreencias laborales.

1.1.1.2. Subsidiarias

Se ampare transitoriamente su derecho fundamental al debido proceso en conexidad
con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional que se invocaron en
la providencia del 6 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, dentro del asunto radicado bajo el número 11001 03 06
000 2022 00134 00

Como consecuencia de lo anterior se suspenda de manera transitoria el citado auto,
hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud
de la orden tutelar.

1.1.2. Los hechos

La entidad accionante, en síntesis, narró como hechos de tutela, los siguientes:

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP

i) La señora Aura Celia Niño Chaparro inició proceso ordinario laboral contra la
extinta Cajanal, con el fin de obtener, entre otras, el pago de la liquidación de cesantías
correspondiente a los años 1973 a 1984.

ii) El 20 de junio de 2003 se emitió sentencia de primera instancia por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso que determinó, por un lado, declarar que
existió una relación de trabajo entre la demandante Aura Celia Niño Chaparro, por lo
menos a partir del 1° de febrero de 1985 hasta el 8 de marzo de 1987 y la Notaría
Segunda del Circuito de Sogamoso y, por el otro, declaró probada la excepción de
prescripción, propuesta por Cajanal, por lo que, en consecuencia, negó todas y cada
una de las pretensiones de la demanda.

iii) El 9 de octubre de 2003 se desató el recurso de apelación en decisión proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión
Civil, Familia, Laboral mediante la cual confirmó la vigencia de la relación laboral; sin
embargo, revocó los restantes pronunciamientos y, en su lugar, ordenó: a) condenar a
la parte pasiva a cancelar a favor de Aura Celia Niño Chaparro por concepto de
cesantías la suma de $778.412.31 cantidad indexada y b) declarar parcialmente
probada la excepción de cobro de lo no debido.

iv) En cumplimiento de la orden anterior, se suscitó un conflicto de competencias
negativo entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la UGPP, el cual fue resuelto
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a través de la decisión
del 6 de septiembre de 2022, por la cual se declaró competente a la UGPP para el
cumplimiento del fallo del 9 de octubre de 2003.

1.1.3. Los defectos invocados

El ente accionante indicó que se configuró en la decisión del 6 de septiembre de 2022
una vía de hecho, debido a que en esta se determina que la UGPP es la entidad
competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil,
Familia, Laboral en el cual se condena a Cajanal a pagar a favor de Aura Celia Niño

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Chaparro, por concepto de cesantías, la suma de $778.412.31, lo cual configuró los
siguientes defectos:

1.1.3.1 Material o sustantivo

i) La decisión del 6 de septiembre de 2022, dictada por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado al declarar que la UGPP es la entidad competente para
responder por la condena impuesta a Cajanal por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral, en el fallo
del 9 de octubre de 2003, desconoció la legislación vigente que no asigna a la UGPP
competencias diferentes a las pensionales en el marco del proceso de liquidación de
Cajanal.

ii) De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2196 del 2009 y el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 los procesos judiciales o demás reclamaciones
que no estuvieran enmarcadas dentro de asuntos pensionales asignados a la UGPP
no están a cargo de la UGPP y, por el contrario, la primera norma citada, establece
una competencia residual en cabeza del hoy Ministerio de Salud y Protección Social
la cual consiste en que los procesos administrativos están a cargo de ese órgano
ministerial.

iii) Es decir, el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, no
tuvo en consideración que si bien es cierto el Decreto 2196 de 2009 modificado por el
Decreto 2040 de 2013 disponía que los procesos judiciales y las demás reclamaciones
que estén en trámite serían asumidas por la UGPP, lo cierto es que dichas normas
hacen una claridad en el sentido de señalar que dichos procesos y reclamaciones sólo
los conocería la UGPP en el marco de sus funciones.

iv) En la decisión del 6 de septiembre de 2022 no se efectúo un análisis concreto de
cuáles eran las competencias legales que la UGPP debía asumir desde el momento
de su creación, es decir, se desconoció el marco trazado en el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007

1.1.3.2 Violación directa de la Constitución

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i) La decisión del 6 de septiembre de 2022, «condena» a la UGPP a dar cumplimiento
a un fallo judicial de contenido económico, lo cual contraría los postulados
constitucionales, en concreto, lo dispuesto en el artículo 48, que señala que el Estado
tiene la obligación de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y,
sucede, que se ordenó el pago las cesantías a favor de la señora Aura Celia Niño
Chaparro, con recursos que corresponden al sistema pensional.

ii) La accionada omitió dar aplicación al marco de competencias consignado en el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 que le atribuye a la UGPP el conocimiento
únicamente de derechos pensionales que estuvieron a cargo de las administradoras
del régimen de la prima media o de las entidades del orden nacional que reconocían
prestaciones pensionales.

iii) La asignación de la competencia de la UGPP para reconocer acreencias laborales
diferentes a las pensionales conlleva un grave perjuicio para el erario en tanto que se
afecta consecuentemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional la cual
corresponde ser garantizada por el Estado, de conformidad con el mandato
constitucional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48
de la carta política.

iv) El Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 1992 definió que el fraude
a la ley se consuma «al intentar el nacimiento de un derecho a través de una norma
que no es la correctamente aplicable». A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia
C-426 de 2002, señala que este ocurre cuando las normas son aplicadas con una
interpretación diferente al sentido que se desprende del ordenamiento jurídico,
situación que ocurre en el presente caso, al ordenarse por el estrado judicial, que se
realice el pago de unas acreencias laborales, bajo unas normas que no son aplicables
para la UGPP.

1.4. Actuación procesal

1.4.1. Mediante auto del 22 de marzo de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso
admitir la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión

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Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en ejercicio
de la acción de tutela, negar la medida provisional solicitada y notificar a los
magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que
intervengan en la actuación, alleguen las pruebas y rindan los informes que consideren
pertinentes.

Igualmente, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Sogamoso, al Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil,
Familia, Laboral y a la señora Aura Celia Niño Chaparro. Además, al Ministerio de
Salud y Protección Social y al Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia,
Protección.

1.5. Contestación de la demanda

1.5.1. De la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

El presidente ad hoc de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
solicitó se deniegue el amparo solicitado con fundamento en lo siguiente:

i) La Ley 6ª de 1945, señaló que Cajanal fue organizada con la finalidad de reconocer
y pagar prestaciones tales como la pensión vitalicia de jubilación, pensión de invalidez
y auxilio de cesantías de los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

ii) El Decreto 2196 de 2009, consigna la decisión del Gobierno Nacional de suprimir y
liquidar a Cajanal. A su turno, el Decreto 4269 de 2011, previó unas reglas de
distribución de competencias entre la UGPP y Cajanal. En el numeral 1º del artículo 1°
se estableció lo siguiente:

«Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas. Estarán a cargo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
— UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones
económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011».

iii) De la norma citada, se observa que: a) la distribución de competencias entre la
UGPP y Cajanal, en virtud de la liquidación de esta última, no le asigna al Ministerio
de Salud y la Protección Social competencias relativas al reconocimiento de derechos

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pensionales ni de prestaciones económicas y b) las prestaciones económicas, distintas
de las pensionales, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, son de competencia
de la UGPP.

iv) Por lo anterior, quien tiene la competencia para atender la solicitud de
reconocimiento de las cesantías de la señora Niño Chaparro, en cumplimiento de lo
ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala
de Decisión Civil, Familia, Laboral, es la UGPP, pues dicha solicitud, según obra en el
expediente, fue radicada el 27 de octubre de 2021, esto es, con posterioridad al 8 de
noviembre de 2011.

v) No es cierto, como lo señala la UGPP, que el Decreto 2040 de 2011 le asigna al
Ministerio de Salud y la Protección Social competencia para el reconocimiento y pago
de las reclamaciones económicas a cargo de Cajanal, pues lo que indica el artículo 2°
del Decreto 2040 de 2011, que reformó el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, es
que a ese ministerio le correspondía atender los procesos administrativos en trámite
al cierre de la liquidación de Cajanal, más no los judiciales y demás reclamaciones de
carácter laboral y contractual.

vi) Es importante precisar que tal como lo señala la UGPP en su escrito de tutela, el
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, en el numeral primero, establece que dicha
entidad sólo tendría competencia para el reconocimiento de los derechos pensionales
a cargo de Cajanal; no obstante, esa norma, en el inciso cuarto del numeral segundo,
prescribe que «la UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la
reglamentación que en el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el
Gobierno Nacional».

vii) En consecuencia, la Ley 1151 de 2007 fue reglamentada, entre otros, por el
Decreto 4269 de 2011, el cual le atribuye a la UGPP competencia para atender «las
solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011».

1.6. Intervenciones

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1.6.1. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. –
Protección S.A.-

El representante legal y judicial de Protección S.A., indicó que se presenta la falta de
legitimación en la causa por pasiva al no existir una conexión entre esta entidad con la
situación que da origen a la controversia suscitada, por lo que no es posible que el juez
de tutela se pronuncie frente a pretensiones respecto de las cuales la administradora
no tiene ninguna relación.

1.6.2. De la señora Aura Celia Niño Chaparro

En el escrito de intervención, la señora Aura Celia Niño Chaparro, solicitó se declare
que la UGPP vulnera sus derechos fundamentales por no haber dado cumplimiento a
la sentencia del 9 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral ni a la
decisión del 6 de septiembre de 2022 emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado.

1.6.3 Del Ministerio de Salud y Protección Social

El coordinador del Grupo de Defensa Legal del Ministerio de Salud y Protección Social
señaló que los procesos judiciales de carácter no misional iniciados en contra de
Cajanal o derivados de reclamaciones administrativas o contractuales fueron
entregados a dicho Ministerio únicamente para que éste continuara ejerciendo la
defensa y velara por la protección del patrimonio público.

1.6.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

1.7. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de mayo de 2023,
negó tanto la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por Protección S.A. como la solicitud de amparo deprecada por la
parte accionante, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:

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i) En cuanto a la solicitud de desvinculación elevada por Protección S.A., precisó que
no es posible acceder a ello, en la medida en que, la vinculación al proceso se realizó
en calidad de tercero, mas no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el
reparo señalado por la parte actora.

ii) Adujo que si bien es cierto las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de resolver conflictos de
competencias administrativas son de acatamiento obligatorio y su fuerza es vinculante
lo cierto es que tales pronunciamientos no pueden catalogarse como providencias
judiciales, sino que definen el elemento competencia con el fin de realizar una labor
preventiva y de orientación para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a
cada autoridad administrativa.

iii) Pese a que la entidad accionante encajó sus inconformidades en defectos
establecidos para cuestionar providencias judiciales y la decisión cuestionada no es
un fallo judicial, es pertinente analizar el contenido de la decisión del 6 de septiembre
de 2022, con el fin de determinar si vulneró los derechos fundamentales deprecados
por la parte actora.

iv) El Gobierno Nacional ordenó la suspensión y liquidación de Cajanal mediante el
Decreto 2196 de 2009, por lo que la entidad cesó sus funciones a partir del 12 de junio
de 2009 y su liquidación concluyó el 11 de junio de 2013.

v) El Decreto 4269 de 2011 modificó parcialmente el régimen de distribución de
competencias de Cajanal y determinó que: a) Cajanal EICE en Liquidación tendría a
su cargo las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones
económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011 y b) las solicitudes
posteriores al 8 de noviembre de 2011 estarían a cargo de la UGPP.

vi) En cuanto al sucesor misional y procesal de Cajanal, se observa que la UGPP
asumió de manera íntegra las competencias misionales que antes eran de esa entidad
y, por lo tanto, la reemplazó procesalmente con el fin de garantizar la defensa técnica
de los procesos y reclamaciones que estaban en trámite al momento de la liquidación.

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vii) Lo anterior, se sustenta en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por
el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011, que dispuso que la función de defensa de
Cajanal sería transferida a la UGPP.

viii) Se evidencia que la Sala de Consulta y Servicio Civil realizó un análisis de
acuerdo con la normativa aplicable, con el marco normativo aducido y con
antecedentes en los cuales se han resuelto asuntos similares en los cuales se reiteró
la competencia de la UGPP.

1.8. impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria,
para que, en su lugar, se declare el amparo solicitado. Como sustento de la
inconformidad reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y sobre lo
resuelto por el a quo en síntesis mencionó lo siguiente:

1.8.1. En el fallo de tutela no existen argumentos suficientes que logren desvirtuar que
la competencia de la UGPP respecto de las funciones de la extinta Cajanal es solo
respecto de temas pensionales, para lo cual es suficiente tener en consideración lo
dispuesto por el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2 del
Decreto 2040 de 2011 en consonancia con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

1.8.2 El a quo omitió valorar el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 en el aparte que
señala que «los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la
Protección Social», es decir, que aquellas reclamaciones que no guarden relación con
asuntos de carácter pensional, como lo son el pago de cesantías, estarán a cargo del
Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la decisión del a quo respecto a la no desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva de la empresa Protección S.A., que se consignó
en el ordinal primero de la sentencia del 11 de mayo de 2023 no fue objeto de reproche
en el escrito de impugnación, la Sala se referirá solamente respecto a las
inconformidades expuestas en el recurso de alzada.

2.3. Problema jurídico

El presente asunto se contrae a establecer, en primer lugar, si la naturaleza jurídica de
la decisión del 6 de septiembre de 2022, emitida por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, permite su examen en el marco de la acción de tutela bajo
las causales de procedibilidad.

En caso negativo, vale decir, si se trata de una decisión administrativa, se examinará
en segundo lugar, si contra esa decisión existen otros medios de defensa judicial, y en
caso negativo, si es pertinente examinar las inconformidades presentadas por la
accionante a la luz de los derechos fundamentales.

2.3.1. De la naturaleza jurídica de las decisiones emitidas por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado.

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De acuerdo con el artículo 112 del CPACA, la Sala de Consulta y Servicio Civil cumple
funciones separadas de las funciones jurisdiccionales y actúa en forma autónoma
como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración.

Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras: a) absolver las consultas
generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros
y Directores de Departamento Administrativo; b) preparar a petición de la Sala Plena
del Consejo de Estado o por iniciativa propia, proyectos de acto legislativo y de ley; c)
revisar a petición del Gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados
por este para efectos de su divulgación; d) emitir concepto, a petición del Gobierno
Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las
controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional,
o entre estas y entidades del orden territorial; y e) resolver los conflictos de
competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales
organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas
cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal
administrativo, etc.

Conforme a lo anterior, resulta evidente que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado no ejerce potestades propias de las autoridades judiciales ni de las
demás secciones de la citada Corporación, pues las atribuciones otorgadas por el
CPACA a dicha Sala se encaminan a ejercer como órgano consultivo del Gobierno y
resolver cuestiones de índole administrativa.

En efecto, el conflicto de competencias suscitado entre el Ministerio de Salud y
Protección Social y la UGPP es de carácter administrativo tal y como lo define el
artículo 39 del CPACA, que prevé:

«ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los
conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de
la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la
actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente,
remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal
Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental,
distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y
territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

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De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren
competentes para conocer y definir un asunto determinado.

(…)».

Así las cosas, es claro, que la decisión del 6 de septiembre de 2022 es de carácter
administrativo por lo que no son aplicables las causales de procedibilidad las cuales
fueron diseñadas por la Corte Constitucional respecto de las providencias judiciales y,
en ese orden de ideas, se examinarán las inconformidades de la entidad accionante al
rigor de los derechos fundamentales, en especial, el debido proceso.

2.3.2. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra la decisión de 6 de
septiembre de 2022, emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado

La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es una herramienta
procesal preferente, informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los
derechos fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública o particular.

Para que proceda el estudio de la solicitud de amparo, se requiere el cumplimiento de
los siguientes requisitos: a) legitimación por activa; b) legitimación por pasiva; c)
trascendencia iusfundamental del asunto; d) agotamiento de los mecanismos judiciales
disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y e) la
evidente afectación actual de un derecho fundamental (inmediatez).

En el presente asunto se advierte que se cumplen tales presupuestos de procedencia,
toda vez que:

a) La UGPP ostenta legitimación en la causa por activa, por haber sido parte
en la decisión acusada;

b) La legitimación por pasiva recae en la Sala de Consulta y Servicio Civil por
cuanto emitió la decisión cuestionada;

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c) Existe trascendencia iusfundamental dado que se alega vulneración del
debido proceso en conexidad con el principio de sostenibilidad;

d) Contra la decisión administrativa del 6 de septiembre de 2022 no procede
recurso alguno por vía administrativa o judicial de conformidad con el último inciso del
artículo 39 del CPACA, por lo que se encuentran agotados los mecanismos de defensa
judicial.

e) La afectación es actual, debido a que el pronunciamiento censurado se notificó
a través de correo electrónico a la entidad accionante el 30 de septiembre de la referida
anualidad y el presente mecanismo constitucional se radicó el 15 de marzo del año en
curso.

Así las cosas, comoquiera que la parte actora no cuenta con otro medio de defensa
administrativa o judicial para el análisis de las inconformidades señaladas en este
mecanismo de amparo, la Sala procederá a examinar si con la decisión del 6 de
septiembre de 2022, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado le
vulneró a la UGPP su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

2.3.3. De la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en conexidad
con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional con ocasión
de la decisión administrativa del 6 de septiembre de 2022.

2.3.3.1 Del derecho al debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política
y su aplicación no solo procede para los procedimientos judiciales, sino, también, para
todas las actuaciones administrativas.

Al respecto, la Corte Constitucional1 ha precisado que la extensión del debido proceso
a las actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la cobertura al ejercicio

1 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-341/14 de 4 de junio de 2014. Magistrado Ponente:

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

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de la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales,
cobijando todas sus manifestaciones, «en cuanto a la formación y ejecución de los
actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y
con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde
luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación
previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que
a través de ellas se hayan afectado sus intereses».

Ha sido definido como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia.

La jurisprudencia ha enunciado, entre las garantías propias del debido proceso
administrativo, las siguientes: i) el derecho a ser oído durante toda la actuación; ii) la
notificación oportuna y de conformidad con la ley; iii) que el procedimiento se surta sin
dilaciones injustificadas; iv) que se permita la participación en la actuación desde su
inicio hasta su culminación; v) que el procedimiento se adelante por autoridad
competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico; vi) la presunción de inocencia,vii) el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, viii) la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir pruebas, y ix) el
derecho a impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con
violación del debido proceso.

2.3.3.2. Del principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional

Al respecto, la Corte Constitucional efectuó un estudio normativo y jurisprudencial en
la sentencia C-110 de 2019,2 en la cual precisó, lo siguiente:

«72. La sostenibilidad financiera del sistema pensional se reconoce en el actual texto
del artículo 48 constitucional al establecer a cargo del Estado la obligación de
garantizarla. A su vez, dicho artículo prescribe que las leyes que en materia pensional
se expidan deben asegurarla. Son posibles dos aproximaciones interpretativas para
delimitar su alcance.

2 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-110 del 13 de marzo de 2019. Magistrado Ponente Dr.

Alejandro Linares Cantillo

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72.1. La primera de ellas indica que el respeto de la sostenibilidad financiera del
sistema pensional depende del cumplimiento de las reglas previstas en el mismo
artículo 48, que prohíben (i) la existencia de regímenes pensionales especiales o
exceptuados; (ii) el cálculo de la cuantía de la pensión a partir de factores diferentes
a los que sirvieron para calcular el valor de la cotización; (iii) el reconocimiento de
derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes; o (iv) el
otorgamiento de pensiones por un valor superior a los 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, entre otras. Esta perspectiva podría denominarse auto-referente
en tanto el propio artículo establece las condiciones que de cumplirse implican su
violación.

72.2 Otra aproximación indica que el alcance de la sostenibilidad financiera del
sistema de pensiones puede determinarse al margen de las reglas específicas que
se encuentran fijadas en el artículo 48 de la Constitución. Conforme a ello, dicha
categoría impone no solo el respeto de tales reglas sino que “exige del legislador que
cualquier regulación futura que se haga del régimen pensional debe preservar el
equilibrio financiero del sistema general de pensiones”. En esa dirección, la
sostenibilidad podría afectarse si, a pesar de respetar tales reglas, se reconocen
medidas sin que las autoridades analicen y valoren las posibilidades financieras para
su realización. Esta aproximación podría denominarse hetero-referente dado que el
desconocimiento de la sostenibilidad no guarda relación directa con ninguna de las
reglas específicas del artículo 48 constitucional.

73. El criterio de la sostenibilidad fiscal fue reconocido en el Acto Legislativo 03 de
2011. Tal reforma señaló que la intervención del Estado en la economía, a efectos
de alcanzar los propósitos del artículo 334, debe llevarse en un marco respetuoso de
la misma. A partir de ello estableció, de una parte, que el marco de sostenibilidad
fiscal (i) funge como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos
del Estado Social de Derecho y (ii) orienta a las ramas y órganos del poder público,
en un marco de colaboración armónica. Prescribió también, al modificar el artículo
339, (iii) que el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo debe especificar
los recursos requeridos para su ejecución y la de los presupuestos plurianuales en
un marco de sostenibilidad fiscal; y, en concordancia con ello, previó en el artículo
346 (iv) que el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones debe elaborarse,
presentarse y aprobarse dentro del marco de sostenibilidad fiscal.

La sentencia C-288 de 2012 precisó el significado de la reforma constitucional.
Empezó por delimitar el alcance del concepto de sostenibilidad fiscal y, apoyándose
en lo señalado por la doctrina, afirmó que “está dirigido a disciplinar las finanzas
públicas, de manera tal que la proyección hacia su desarrollo futuro reduzca el déficit
fiscal, a través de la limitación de la diferencia entre los ingresos nacionales y los
gastos públicos”. Ello exige realizar una “evaluación de esa diferencia entre los
distintos presupuestos sucesivos y de los factores endógenos y exógenos que la
aumentan o reducen”. Seguidamente indicó que la reforma no incide en la definición
de los objetivos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho de modo
que el “núcleo dogmático de la Constitución, descrito principalmente en los artículos
1º y 2º C.P., mantiene su vigencia y eficacia como criterio ordenador e identitario del
Estado”.

Igualmente sostuvo que la sostenibilidad fiscal tiene un carácter exclusivamente
instrumental y, por ello, (i) “no es un fin constitucional en sí mismo considerado, sino
apenas un medio para la consecución de los objetivos esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho”; (ii) debe comprenderse “como una previsión, adjetiva si
se quiere, que viene a integrar las diversas herramientas, procedimientos y
estrategias contenidos en la Constitución y dirigidos a la satisfacción de los fines del

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Estado”; y (iii) no puede “ponderarse con los principios constitucionales
fundamentales, habida consideración que un marco o guía para la actuación estatal
carece de la jerarquía normativa suficiente para desvirtuar la vigencia de dichos
principios, limitar su alcance o negar su protección por parte de las ramas y órganos
del Estado”. También señaló que (iv) debe ser comprendida “conforme al principio de
progresividad y a la naturaleza indivisible e interdependiente de los derechos”,
encontrándose su aplicación limitada por las cláusulas de intangibilidad de los
derechos fundamentales y del gasto público social.

75. De manera complementaria, la sentencia C-870 de 2014 precisó que la
calificación de la sostenibilidad fiscal como criterio orientador “descarta la existencia
de un carácter coactivo en la aplicación de la SF, en relación con el cumplimiento de
las funciones a cargo de las autoridades estatales”, idea que se apoya en el hecho
de que el Acto Legislativo 03 de 2011 “acoge una fórmula de empleo de la SF basada
en (i) la plena vigencia de las competencias de las autoridades que integran el poder
público, en los términos previstos en el artículo 123 de la Constitución y (ii) en la
adopción del modelo de separación de poderes, el cual admite la presencia de
controles recíprocos, en un marco que le otorga un peso fundamental al principio de
colaboración armónica, como expresiones del sistema de frenos y contrapesos”».

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que tales reglas se encaminan
a evitar los desequilibrios producidos por el otorgamiento de mesadas en cuantías
excesivas, que no correspondan a lo efectivamente cotizado, que establezcan
privilegios injustificados o que desconozcan el régimen legal bajo el que se causó el
derecho.

2.4. Hechos probados

2.4.1. La señora Aura Celia3 Niño Chaparro inició proceso ordinario contra Cajanal con
el objeto de obtener el reconocimiento de una relación laboral y las consecuentes
prestaciones sociales.

2.4.2. El 20 de junio de 2003 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso
emitió sentencia mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2.4.3. El 9 de octubre de 2003, se resolvió el recurso de apelación por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia,

3 En el auto que decidió el conflicto de competencias se indicó que el reconocimiento se había efectuado

a la señora Aura Cecilia Niño Chaparro cuando el nombre correcto de la beneficiaria es Aura Celia Niño
Chaparro.

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Laboral, 4 en audiencia pública del 9 de octubre de 2003 con ponencia de la magistrada
Cándida Rosa Araque de Navas.

2.4.4. A través de dicha sentencia se confirmó la decisión en lo que respecta a la
vigencia de la relación laboral suscitada entre los extremos de dicha controversia, que
se extendió desde el 1º de octubre de 1973 al 8 de marzo de 1997; revocó las restantes
decisiones de la providencia impugnada y, en su lugar, condenó a la parte pasiva a
pagar a favor de la demandante por concepto de cesantías la suma de $778.412.31;
declaró parcialmente probada la excepción de cobro de lo no debido y no probada la
excepción de prescripción. En cuanto a las costas de primera instancia, las ordenó a
cargo de la demandada. Dicha providencia quedó notificada en estrados.

2.4.5. El 27 de octubre de 2021, la señora Niño Chaparro elevó un derecho de petición
ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), en el que requirió el
cumplimiento de la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de octubre de 2003,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión
Civil, Familia, Laboral. En la mencionada solicitud pidió el pago de cesantías junto a
los perjuicios e indemnizaciones correspondientes.

2.4.6. El 8 de noviembre de 2021, mediante radicado núm. 2021180003126401, la
UGPP declaró la falta de competencia y decidió remitir la solicitud al Grupo de
Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud y Protección Social. Mediante radicado
2022400300040612 del 11 de enero de 2022, se emitió respuesta en la que indicó que
ese órgano ministerial no era competente para conocer esa solicitud y se decidió
devolverla a la UGPP.

2.4.7. El 1° de julio de 2022, la UGPP solicitó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil
resolver el conflicto de competencias.

4 No obstante que en el auto que decidió el conflicto de competencias se indicó que la providencia del

9 de octubre de 2003 fue expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala de
Decisión Civil, Familia, Laboral, lo cierto es que, al revisar los anexos obrantes en este expediente de
tutela, que la decisión fue proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral.

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2.4.8. Dentro del trámite surtido en la Sala de Consulta y Servicio Civil, se advirtió que
según el Acuerdo No. 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado dispuso que
las actuaciones que fuesen de competencia de dicha Sala se pueden adelantar por vía
electrónica, aun en periodos donde se encuentren suspendidos los términos judiciales,
en aras de garantizar el derecho de intervención de los interesados.

2.4.9. Una vez recibido el asunto, la accionada a través de correo electrónico les
informó a las respectivas autoridades involucradas y particulares interesados en el
asunto acerca de la existencia del procedimiento, a fin de que allegaran los alegatos
y/o consideraciones que estimaran pertinentes.

2.4.10. Dentro del término de fijación del edicto contemplado en el artículo 39 del
CPACA, el doctor Javier Andrés Sosa Pérez, en calidad de subdirector de Defensa
Judicial Pensional de UGPP, presentó escrito de intervención. Igualmente, la señora
Aura Celia Niño Chaparro radicó escrito. Las demás autoridades involucradas y
particulares interesados guardaron silencio.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Resulta evidente que el presente asunto se circunscribe a determinar si la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado vulneró el derecho al debido proceso
en conexidad con el principio de la sostenibilidad financiera de la UGPP, con ocasión
de la decisión del 6 de septiembre de 2022, por medio de la cual se declaró que dicha
entidad es la competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003,
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala
de Decisión Civil, Familia, Laboral.

Al examinar el trámite surtido al interior del procedimiento adelantado en dicha Sala,
se encuentra que se cumplieron las garantías de ley, dado que en virtud del Acuerdo
No. 062 del 21 de abril de 2020 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la
actuación se inició vía electrónica sin tener en cuenta la suspensión de términos
judiciales, ello con el fin de garantizar el derecho de intervención de los interesados.

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Igualmente, quedó debidamente acreditado que se respetó el derecho a ser oído de
las partes, pues fueron notificadas dentro de la oportunidad legal. En lo que respecta
a la entidad accionante, se vislumbra que ésta se manifestó dentro del procedimiento
a través del subdirector de Defensa Judicial Pensional de UGPP, es decir, que su
participación en la actuación se efectuó desde su inicio hasta su culminación.

No se advierte que se hayan presentado dilaciones injustificadas en el procedimiento,
sino que, por el contrario, se llevó a cabo de forma ágil, dado que la manifestación del
conflicto de competencia se allegó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado el 1° de julio de 2022 y la decisión se emitió el 6 de septiembre de la citada
anualidad.

Ahora bien, la parte actora invoca que el derecho al debido proceso se vulneró en
conexidad con el principio de la sostenibilidad financiera y, en ese orden de ideas,
resulta necesario examinar el contenido de la decisión administrativa, la cual plasmó
los siguientes aspectos:

«La Sala en reiteradas oportunidades5 al analizar la anterior normativa ha reafirmado
que la UGPP sustituyó a Cajanal E.I.C.E. en Liquidación para la atención de las
solicitudes de carácter pensional presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011, y
de los procesos de carácter pensional que estuvieran en curso a la fecha de su
liquidación.

De acuerdo con todo lo anterior, las reclamaciones económicas por cumplimiento de
las sentencias tuvieron que ser reconocidas, por Cajanal antes de entrar en
liquidación, por Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, o por la UGPP, según la época
de la reclamación y las circunstancias de cada caso, pero dicha competencia
de carácter misional nunca estuvo a cargo del Ministerio de Salud y Protección
Social.

5.3 El sucesor misional y procesal de la extinta Cajanal. Reiteración6. En cuanto a lo
relacionado con la actividad judicial, la Sala ha señalado que el sucesor procesal
de la extinta Cajanal es la UGPP, la cual está llamada a asumir la
responsabilidad por las condenas que se profieran en los procesos judiciales
que fueron adelantados contra la desaparecida entidad.

5 Consejo de Estado, Decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 11 de octubre de 2015. Rad.

No 11001030600020150015000. M.P. William Zambrano Cetina. Sala de Consulta y Servicio Civil,
Decisión del 9 de marzo de 2021, Radicado número 110010306000202000222 00. Sala de Consulta y
Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2019, Radicado número 11001030600020190000100,
Decisión del 18 de julio de 2016, Radicado número 110010306000201600040 00, Sala de Consulta y
Servicio Civil.
6 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de marzo de 2019, Radicado número

110010306000201900001 00

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La UGPP asumió íntegramente las competencias misionales que antes eran de
Cajanal y por tanto la remplazó procesalmente con el fin de garantizar la defensa
judicial, técnica y material en los procesos y reclamaciones que estaban en trámite
al cierre de la liquidación de la Caja.

Es así, por cuanto el artículo 22 del precitado Decreto 2196 de 2009, modificado por
el artículo 2° del Decreto 2040 de 2011, prescribió que la función de defensa de
Cajanal sería transferida a la UGPP desde la terminación de su liquidación, lo cual
ocurrió el día 11 de junio de 2013, fecha en la cual se suscribió el acta final de
liquidación.

Por otra parte, se debe hacer referencia a las funciones misionales del Ministerio de
Salud y Protección Social, contenidas en el Decreto 4107 de 201141, norma que
señaló lo siguiente:

ARTÍCULO 64. CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE CAJANAL EICE EN
LIQUIDACIÓN. Cajanal EICE en liquidación continuará realizando las
actividades de que trata el artículo 3o del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto
estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP.

El artículo citado, reafirma que Cajanal EICE en liquidación, hasta su cierre el 11 de
junio de 2013, mantuvo a su cargo las obligaciones de reconocimiento y pago de las
pensiones y prestaciones sociales, que habían sido reconocidas o que tenían fallo
judicial condenatorio, hasta que esas funciones fueran asumidas por la UGPP, no por
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Por otra parte, la UGPP, a partir de la extinción de la personería jurídica de Cajanal,
declarada mediante Resolución 4911 del 11 de junio de 2013, asumió íntegramente,
por disposición legal y reglamentaria, las competencias misionales y procesales que
antes eran de Cajanal, entre ellas la defensa jurídica de la entidad liquidada, lo que
supone, también la facultad para interponer cualquier acción judicial para los mismos
efectos.

(…)

En 2011, el Decreto 2040 que modificó el artículo 22 del Decreto 2196 establece
que todos los procesos judiciales donde hizo parte Cajanal, debían ser
asumidos por la UGPP. De acuerdo con lo anterior, la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de Decisión
Civil – Familia Laboral a favor de la señora Niño Chaparro, quedó a cargo de la
UGPP.

Sin embargo, con el Decreto 4269 de 2011, la norma modificó nuevamente el régimen
de distribución de las competencias, de manera que, Cajanal EICE en Liquidación
debía cumplir con todas las solicitudes de reconocimientos de las prestaciones
económicas que fueron radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011. En el
caso objeto de estudio se evidencia que la autoridad liquidada, no cumplió lo
ordenado por la sentencia judicial del Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de
Decisión Civil – Familia Laboral, puesto que no se incluyó su caso en el inventario, ni
se realizó el pago de sus cesantías definitivas.

Por último, se reitera que el sucesor procesal de la extinta Cajanal EICE en
Liquidación es la UGPP, entidad a la que se le asignó el conocimiento de las
competencias misionales y por ende debe asumir la responsabilidad por las

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condenas proferidas en los procesos judiciales donde estuvo vinculada y condenada
la autoridad liquidada (Cajanal).

En consecuencia, la Sala encuentra que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de
conformidad con el análisis normativo desarrollado quedó a cargo de conocer el fallo
judicial del Tribunal Superior del Distrito de Tunja, Sala de Decisión Civil –Familia
Laboral del 9 de octubre de 2003, que resolvió el pago de las cesantías definitivas a
favor de la señora Niño Chaparro».

En virtud de lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
luego de un análisis debidamente motivado, determinó que la UGPP es la competente
para asumir el cumplimiento del fallo emitido por la jurisdicción ordinaria con
fundamento en la normativa legal aplicable y, para llegar a esa conclusión, se aprecia
que la decisión atendió un razonamiento lógico, el cual se presenta adecuado con el
análisis interpretativo de las normas aplicables y resulta armónico con el derecho al
debido proceso y a la defensa.

En consecuencia, la decisión administrativa no conlleva la afectación irrazonable del
principio de sostenibilidad financiera dado que en un análisis que se muestra
apropiado con la atribución de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil
para decidir el conflicto, se determinó que las reclamaciones económicas por
cumplimiento de las sentencias tuvieron que ser reconocidas por Cajanal E.I.C.E. en
Liquidación, o por la UGPP, según la época de la reclamación y las circunstancias de
cada caso, pero dicha competencia de carácter misional nunca estuvo a cargo del
Ministerio de Salud y Protección Social.

En ese sentido, se estableció que el sucesor misional y procesal de la extinta Cajanal
en lo relacionado con la actividad judicial, es la UGPP, la cual está llamada a asumir
la responsabilidad por las condenas que se profieran en los procesos judiciales que
fueron adelantados contra la desaparecida entidad. Se indicó que ello es así, por
cuanto el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2° del
Decreto 2040 de 2011, prescribió que la función de defensa de Cajanal sería
transferida a la UGPP desde la terminación de su liquidación, lo cual ocurrió el día 11
de junio de 2013, fecha en la cual se suscribió el acta final de liquidación.

Se indicó que de conformidad con el Decreto 4269 de 2011, se modificó nuevamente
el régimen de distribución de las competencias, de manera que, Cajanal EICE en

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Liquidación, debía cumplir con todas las solicitudes de reconocimientos de las
prestaciones económicas que fueron radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de
2011 y que en el caso objeto de estudio, se evidencia que la autoridad liquidada, no
cumplió lo ordenado en la sentencia judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral, puesto que no
incluyó la condena en el inventario, ni se realizó el pago de las cesantías definitivas.

Por último, reiteró que el sucesor procesal de la extinta Cajanal EICE en Liquidación
es la UGPP, entidad a la que se le asignó el conocimiento de las competencias
misionales y, por ende, debía asumir la responsabilidad por las condenas proferidas
en los procesos judiciales donde estuvo vinculada y condenada la autoridad liquidada
-Cajanal-.

Así las cosas, como la decisión administrativa cuestionada no comporta afectación
alguna al debido proceso y al principio de sostenibilidad fiscal lo cual implica que no
incide en derechos fundamentales, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negó el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, se concluye, i) la solicitud de amparo
no se dirige contra una providencia judicial, sino contra una decisión de carácter
administrativo; ii) la acción de tutela cumplió los requisitos de procedencia para su
estudio; y iii) al examinar el fondo del asunto se determinó que con la decisión
cuestionada del 6 de septiembre de 2022, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado no vulneró a la UGPP el derecho al debido proceso en conexidad
con el principio de sostenibilidad financiera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

M.E.C.G

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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