Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01356-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01356-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01356-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01356-00
Accionante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Tema: Tutela contra providencia judicial / derechos
fundamentales al debido proceso, administración de
justicia, libertad de partidos / movimientos políticos/
medio de control de nulidad electoral / defecto fáctico
/ defecto sustantivo / desconocimiento del
precedente / decisión sin motivación / violación
directa de la Constitución requisitos para ser
representante a la Cámara / doble militancia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Carlos Leonardo Hernández, quien actúa en nombre propio, en contra
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración
de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia del 9 de febrero de 2023 proferida dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-
00082-00.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Carlos Leonardo Hernández
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, administración de justicia, libertad de partidos y movimientos
políticos se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de nulidad electoral en
contra el acto que declaró la elección del señor Cristian Danilo
Avendaño Fino como representante a la Cámara por el departamento
de Santander para el período 2022-2026, por el Partido Alianza Verde.
El proceso correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que,
a través de sentencia del 9 de febrero de 2023 negó las pretensiones
de la demanda, al concluir que el señor Cristian Danilo Avendaño Fino
cumplió con el requisito de tramitar la solicitud de aval conforme a los
lineamientos del Partido Alianza Verde y al no encontrar acreditado que
el demandado incurrió en doble militancia.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante sostiene que con la decisión proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico
por omitir las pruebas allegadas al proceso que demostraban que el
señor Cristian Danilo Avendaño no cumplió con los requisitos
estatutarios necesarios para obtener su aval en el Partido Alianza
Verde.
Asimismo, indica que la providencia atacada adolece de un defecto
sustantivo al desconocer lo establecido en la Ley 1475 de 2011 y pasar
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por alto los estatutos de los partidos políticos por lo que le quita validez
y fuerza legal a los mismos, al reconocer el aval de un candidato sin
este cumplir con los requisitos mínimos que prescriben dentro de su
ordenamiento.
Adicionalmente, alega la configuración de un desconocimiento del
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-490
de 2011, C-332 de 2020 y SU-316 de 2021, en las cuales se estableció
el carácter vinculante que tienen los estatutos de los partidos políticos
a todos sus miembros y que estos mismos deben encontrarse en
consonancia con los principios democráticos y participativos de la
Constitución.
Finalmente, el accionante señala que existe una decisión sin
motivación puesto que la providencia expedida por la Sección Quinta
de esta corporación, en su entender, fue el resultado de un grave déficit
de argumentación que termina deslegitimando la sentencia.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicita lo siguiente:
« 1. TUTELAR, mis derechos fundamentales al Debido Proceso y a la Correcta
Administración de Justicia en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
2. DECLARAR, que la Providencia del 09 de febrero de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin efectos jurídicos.
3. REVOCAR, que la Providencia del 09 de febrero de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin efectos jurídicos.
4. ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado que adopte una nueva
decisión que acoja los criterios constitucionales y jurisprudenciales expuestos.». (sic
en toda la cita).
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4. INFORMES
Mediante auto de 21 de marzo de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la
Sección Quinta del Consejo de Estado como accionada y a la Cámara
de Representantes, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría
General de la Nación, al Partido Alianza Verde y al representante a la
Cámara Cristian Camilo Avendaño como terceros interesados en las
resultas del proceso.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
4.1. El Consejo Nacional Electoral, a través de la profesional
universitaria adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa
Judicial, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
4.2. El Consejo de Estado – Sección Quinta, por conducto del
consejero ponente de, sostuvo que resulta evidente que lo pretendido
por los demandantes es reabrir el debate jurídico que ya fue zanjado
por la sala electoral y con el cual no se encuentran de acuerdo.
Insistió en que la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2017
enfatizó que la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado es más restrictiva. Por lo tanto, estableció que además de
cumplir con los requisitos generales, es necesario demostrar la
configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.
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Asimismo, precisó que en la providencia acusada no se observa ninguno
de los defectos alegados por el accionante, sino tan solo un desacuerdo
con lo decidido por el sentido desfavorable a sus intereses litigiosos,
toda vez que la sentencia de 9 de febrero de 2023 fue proferida por «i)
funcionario competente, ii) con acatamiento al procedimiento
establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto
legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo
probatorio allegado al expediente, iv) sin que se presente contradicción
entre los fundamentos de la decisión y la sentencia misma, v) no se
está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente
motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no se presentó
desconocimiento de precedente alguno, sino al contrario, se aplicó la
línea jurisprudencial vigente.»
4.3. La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la
asesora de la oficina jurídica, instó porque no se endilgue ningún tipo
de responsabilidad a la entidad frente al objeto principal de la acción
de tutela, dado que existe una falta de legitimación en la causa por
pasiva.
4.4. El representante a la Cámara, Cristian Danilo Avendaño Fino se
opone a la prosperidad de la presente acción constitucional y solicitó
que se declare la improcedencia de la misma ya que el accionante no
logra acreditar el requisito general de relevancia constitucional.
Igualmente, en caso de conocer de fondo rogó que se nieguen las
pretensiones de la demanda, dado que la providencia acusada no
vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados.
4.5. El Partido Alianza Verde, por conducto de su secretario general
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que el accionante acusa a la Sección Quinta del Consejo de Estado por
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la vulneración de sus derechos fundamentales.
4.6. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?
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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿La Sección Quinta del Consejo de Estado, con la expedición de
la sentencia de 9 de febrero de 2023 que resolvió el medio de
control de nulidad electoral radicado núm. 11001-03-28-000-
2022-00082-00, incurrió en un defecto fáctico, un defecto
sustantivo, un desconocimiento del precedente, una decisión sin
motivación y una violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, administración de justicia, libertad de partidos y
movimientos políticos de la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) el defecto
sustantivo, iv) el desconocimiento del precedente, v)la decisión sin
motivación, vi) la violación directa de la Constitución y vii) el caso
concreto.
3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-
15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.
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poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
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claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un
lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia
cuestionada se dictó el 9 de febrero de 2023 y la acción de tutela se
presentó el 15 de marzo del año en curso.
3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en
la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico, un defecto
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sustantivo, un desconocimiento del precedente, una decisión sin
motivación y una violación directa de la Constitución en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.
3.2. Del defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar.
3
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»6.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.3. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional7, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales8, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.
7
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-
567 de 2015, entre otras.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»9.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»10.
Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente11.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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3.4. Desconocimiento del precedente
En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma12. En ese sentido, el
precedente judicial13 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho14.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido15. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
12
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006,
T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
13
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
14
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
15
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”16.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales17, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial18.
3.5. De la decisión sin motivación
La jurisprudencia Constitucional19 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión, incumplió su obligación de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, lo
16
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
18
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19
Sentencia C-590 de 2005
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cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.
En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional20 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio de
autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá cuando
la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y “se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez,
es decir en una arbitrariedad21”.
Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional22 que cuando se estipule
que una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el juez
constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no sustente
las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial
que ostentan los administradores de justicia, situación que además
conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.
3.6. De la violación directa de la Constitución
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
20
Sentencia T-233 de 2007
21
Sentencia T-709 de 2010
22
Sentencia T-041 de 2018
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el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»23.
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»24.
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Carlos Leonardo Hernández en contra de la Sección Quinta del
23
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
24
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
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Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, administración de justicia, libertad
de partidos y movimientos políticos, con ocasión de la providencia del
9 de febrero de 2023 proferida dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00082-00.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. La parte accionante sostiene que la sentencia acusada incurrió en
un defecto fáctico porque la autoridad judicial accionada realizó una
valoración indebida del material probatorio allegado al proceso del
medio de control de nulidad electoral, particularmente sobre el
elemento denominado “Sello Verde” que para la Sección Quinta
reemplaza los requisitos estatutarios necesarios para ser avalado por
el Partido Alianza Verde.
Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
se encuentra que la Sección Quinta del Consejo de Estado al momento
de entrar el caso concreto tuvo en cuenta lo siguiente:
«(…)Por otra parte, el demandante censura que el señor Cristian Avendaño no se
haya inscrito, en forma previa a su postulación, en la página web del partido
Alianza Verde, tal como lo impone el artículo 5º de la Resolución 003 de 12 de
noviembrede 2021 que mas adelante se analizará. Frente a esto, se observa en el
expediente que, la parte actora, a través de petición radicada el 5 de mayo de 2022
ante el partido Alianza Verde, solicitó se le certificara “si el día 20 de diciembre
de 2021, el señor CRISTIAN DANILO AVENDAÑO FINO identificado con cédula
1.020.786.403 había realizado, solicitado y cumplido todos y cada uno de los
procedimientos y requisitos establecidos en los Estatutos del Partido Alianza
Verde en especial en lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 para ser inscrito
como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de
Santander.”25.
Ante este interrogante, el secretario general del partido Alianza Verde, mediante
oficio del 25 de mayo de 2022 precisó que: “No se encontró registro en nuestra
base de datos pero es pertinente informarle que para el día 20 de diciembre y
mediante acta de la comisión nacional de avales se encargó a dirección
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departamental de Santander para la modificación e inscripción de listas a la
cámara de representante en el departamento.”
Para zanjar esta censura, resulta necesario reconocer que existen normas
estatutarias cuyo carácter determinante frente a la concesión del aval resulta
innegable, pues, es el mismo partido Alianza Verde quien ha sujetado el
otorgamiento de este a unas precisas formalidades. Es así como el artículo 58 delos
estatutos, transcrito en líneas anteriores y que alude a los “Requisitos mínimos
previos para otorgar el aval de la Alianza Verde”, prescribe que una de estas
exigencias es “Tramitar la solicitud de aval conforme con los lineamientos
dispuestos por el Partido.”.
En concordancia con el precepto anteriormente referido, la Resolución 003 de 12
de noviembre de 2021 que estableció los criterios, requisitos y procedimientos para
definir las candidaturas del Partido Alianza Verde, dispone en el artículo 5º lo
siguiente:
ARTÍCULO 5. INSCRIPCIÓN Y POSTULACIONES. Cualquier militante
delPartido Alianza Verde podrá inscribirse, para que se estudié la solicitud de
aval, en el marco de las directrices adoptadas por la Dirección Nacional, en
especial las consagradas en la Ley y los Estatutos.
Todos los ciudadanos interesados en ser candidatos o candidatas por el Partido
Alianza Verde, para cualquiera de los cargos a elegirse en las elecciones del
próximo 13 de marzo de 2022, deberán inscribirse obligatoriamente en la página
web del partido www.alianzaverde.org.co. (Subrayas de la Sala)
Leída la norma trascrita, no hay duda que: i) aquellas personas interesadas en ser
candidatos por el partido Alianza Verde tenían la obligación de inscribirse en la
página web que allí se señala, imperativo que además tiene sustento en la norma
estatutaria que así lo autoriza (Art. 58 estatutario); ii) no existe elemento probatorio
alguno que demuestre que el demandado cumplió con dicha carga oportunamente.
No obstante, si bien existe un desconocimiento de la norma estatutaria ello no
puede conllevar la nulidad de la elección demandada, pues, en últimas, se observa
que la finalidad de ese precepto se colmó. En efecto, el primer inciso del artículo
5º permite vislumbrar que el propósito de esa inscripción no es otro que posibilitar
que la respectiva instancia de la colectividad “estudié la solicitud de aval”
conforme a la documentación que se allega por el interesado a través del citado
medio electrónico, lo que en últimas se materializó con la expedición del aval al
demandado que supone ese análisis previo, independientemente que tal labor se
haya hecho a través de otro medio (verificación documental física, remisión de
correo electrónico etc.).
Da cuenta de lo anterior, el documento contentivo del aval en el que se dice que
tal concesión otorgada al demandando “es consecuencia del “Sello Verde” como
garantía que los candidatos(as) están comprometidos(as) con la ética y la
legalidad, así como su idoneidad para desempeñar el cargo al que aspira,
igualmente se expresa que una vez verificados los soportes, los avalados(as) no se
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encuentran incursos(as) en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad,
no han sido condenados(as) antes de su solicitud, ni llegarán a serlo durante el
periodo para el cual se inscribirán, por delitos cometidos antes de su inscripción
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del
narcotráfico, contra los mecanismos de participación ciudadana o de lesa
humanidad.”(…)»
En ese sentido, la Sección Quinta encontró acreditado que: i) existen
normas estatutarias que establecen los requisitos necesarios para las
personas interesadas en obtener el aval del Partido Alianza Verde, como
la obligación de inscribirse en la página web www.alianzaverde.org.co;
ii) no evidencia elemento probatorio alguno que demuestre que el
demandado cumplió con dicha carga.
Por lo anterior, concluyó que a pesar de existir un desconocimiento de
la norma estatutaria la misma no resulta en la nulidad de la elección
demandada, toda vez que la finalidad del primer inciso del artículo 5.º
de la Resolución 003 de 2021 que estableció los requisitos y
procedimientos para definir las candidaturas del Partido Alianza Verde,
no es otra que permitir el estudio de la solicitud de aval del militante,
lo que finalmente resultó materializado con el otorgamiento del aval
que emitió el partido.
En ese orden de ideas, no se advierte que se haya configurado un
defecto fáctico, sino que la parte accionante se encuentra inconforme
con la interpretación efectuada por el juez de lo contencioso
administrativo, situación que, dada la finalidad prevista para la tutela,
sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
Adicionalmente, la Sala considera que la censura interpuesta por el
accionante deviene de una lectura errónea de la providencia acusada,
dado que de un análisis integral de la misma no se evidencia que la
autoridad judicial accionada concluya que el elemento «sello verde»
reemplace los requisitos establecidos en los estatutos del Partido
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Alianza Verde. Al contrario, señaló que el demandado no cumplió con
el requisito de inscripción en la página web designada, sin embargo, de
una interpretación teleológica de la norma infirió que la finalidad de ese
requerimiento se cumplió con el otorgamiento del aval por parte del
partido mediante el sello verde.
4.2. Por otra parte, en relación con el defecto sustantivo, el accionante
insiste que la decisión acusada desnaturaliza la validez y fuerza legal
de las previsiones estatutarias relacionadas con los requisitos de sus
candidatos, en cuanto permite que al demandado se le reconozca el
aval sin haber cumplido con los requerimientos mínimos para su
otorgamiento.
En este punto, la Sala de Subsección no encuentra acreditada su
configuración, toda vez que al decidir el asunto la Sección Quinta
observó la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso sobre el
carácter vinculante de las disposiciones estatutarias de los partidos
políticos conforme se observa a continuación:
«(…)No en vano, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en virtud de la autonomía
que se le ha reconocido a los partidos políticos para regular ciertos aspectos de su
organización y funcionamiento, posibilita que los candidatos de esas colectividades
sean escogidos “mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus
estatutos.” (Subraya de la Sala). Esto se traduce en la facultad que tienen las
organizaciones políticas de establecer por vía estatutaria normas jurídicas a través
de las cuales se materializa el principio democrático con miras a dos fines: i) llevar
a cabo procesos participativos en el que todos los adeptos, simpatizantes o militantes
intervengan en esa decisión, bien sea como electores o candidatos o como directivos;
ii) garantizar la igualdad de quienes se interesen por ser una opción política, de
manera que la decisión final tenga como punto de partida unas condiciones comunes
a todos los postulados de la correspondiente agremiación.
Justamente, esta potestad normativa constituye el fundamento de los diversos
desarrollos estatutarios emanados de los partidos políticos en torno a estructurar
requisitos formales y sustanciales frente a los diferentes procedimientos que se
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encausan al interior de estos. Ejemplo de ello, lo evidenciamos en el trámite de
otorgamiento del aval, ante el cual, las colectividades tienen un amplio margen de
autonomía en punto a su trámite y exigencias al existir pocos parámetros al
respecto25; de igual forma acontece en relación con las consultas internas, en cuanto
sus formalidades pueden variar conforme a las particularidades que cada
organización le imprima26.
Acorde con lo precedente, esta Sección ha sido enfática en afirmar que el aval está
dotado de un “carácter adjetivo o instrumental, se ha reiterado que el aval
constituye un requisito ad substantiam actus de la inscripción de los candidatos
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”27. Por
consiguiente, “en caso de estar afectado por alguna irregularidad comprobada, su
vicio tiene la capacidad de nulitar la elección porque se ha constituido en un
requisito de elegibilidad indispensable en la relación de postulación electoral que
surge entre el candidato y el partido o movimiento político con personería
jurídica.”28.
Pese a lo anterior, la jurisprudencia emanada de esta Sección, ha sido cautelosaen
relación con esa potestad normativa en cabeza de los partidos políticos, bajo el
entendido en que no toda previsión estatutaria puede tener efectos vinculantesy de
contera desvirtuar la legalidad de un acto de elección. Ello se ha dejado claroen
aquellos casos en que el ejercicio de tal facultad, prácticamente, resultó
subrogando al legislador y al constituyente en su labor, por ejemplo, cuando una
disposición interna crea una inhabilidad; en esos eventos, se ha dicho que, si biense
reconoce que los estatutos son una “declaración programática vinculante parael
colegiado (…) no por ello, tienen la virtud de convertirse en fuentes de mandatos
generales de obligatoria observancia para el conglomerado ni para la
administración pública y menos pasibles de determinar eventos o conductas
constitutivas de inhabilidad conocibles por el juez de la nulidad electoral.”29.
En suma, es dable concluir que la elegibilidad de quien aspira a ser representantea
25
Entre estos pocos, encontramos el artículo 108 Superior que prescribe, en cuanto a la
legitimidad para expedir el aval, que la inscripción “deberá ser avalada para los mismos efectos
por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.”.
26
Frente a este último supuesto, existe norma expresa en la Ley 1475 de 2011: Artículo 6°.
Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen
para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los
partidos y movimientos que las convoquen.
27
Consejo de Estado, Sentencia del 18 de noviembre de 2021, MP Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 76001-23-33-000-2019-01223-01.
28
Consejo de Estado, Sentencia del 29 de abril de 2021, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Rad. 20001-23-33-000-2020-00001-01.
29
Consejo de Estado, Sentencia del 8 de agosto de 2019, MP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2018-00124-00.
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la Cámara debe enmarcarse inexorablemente en los requisitos constitucionalesy
legales estudiados en este acápite, desde luego, sin perder de vista que los partidos
políticos, por vía estatutaria, pueden erigir ciertas calidades especiales que deben
cumplir sus candidatos, cuyo carácter vinculante frente a la validez del acto de
elección deberá ser analizado en cada caso particular de cara a la Constitución,
la Ley y el principio de autonomía que ostenta estas colectividades, así como a la
incidencia que conlleve el desconocimiento de los estatutos.»
La anterior transcripción permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura un
defecto sustantivo, toda vez que, a partir de la valoración integral del
material probatorio obrante en el proceso y las normas aplicables al
asunto y vigentes de acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores,
la Sección Quinta estableció que si bien la parte demandada no cumplió
con la formalidad de inscripción dispuesta en los estatutos para obtener
su aval, la finalidad de dicha imposición sí se materializó al Partido
Alianza Verde otorgarle el sello verde como candidato.
4.3. Por otro lado, el accionante manifiesta que la providencia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció diversos
precedentes de la Corte Constitucional donde se establecieron
subreglas jurisprudenciales sobre la obligatoriedad de los estatutos de
los partidos políticos para sus miembros, la fuerza de ley que tienen
estos y las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones.
No obstante, dicho argumento no es de recibo para esta Sala, toda vez
que, como se ha venido explicando, la Sección Quinta sí introdujo en la
sentencia cuestionada una carga argumentativa suficiente para
reconocer la fuerza normativa y consecuente eficacia de las normas de
origen estatutario, siempre y cuando se encuentren en armonía con las
disposiciones constitucionales y legales referentes al asunto, razón por
la cual no es dable atribuirle a la autoridad judicial accionada un manejo
inadecuado del precedente.
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Teniendo en cuenta, entonces, que la posición jurídica asumida por el
por la Sección Quinta del Consejo de Estado está suficientemente
sustentada y, por tanto, debe ser respetada en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial,
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar
las solicitudes de la demandante no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda.
Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Carlos Leonardo Hernández en
contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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