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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01367-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01367-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de mayo de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01367-00
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01367-00
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial

Temas: Tutela por omisión en resolver petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, quien actúa en nombre propio,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso administrativo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01367-00
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, que dentro de las cuarenta
y ocho (48) siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a: i) otorgar una
respuesta clara, precisa, congruente y sin ambigüedades a cada uno de los ítems
solicitados en la petición del 15 de febrero de 2023; ii) entregar los documentos
solicitados en la referida la petición; y iii) no continuar vulnerando el derecho
fundamental de petición y debido proceso de los ciudadanos que elevaron diversas
solicitudes con similar fin, dentro de la denominada «Convocatoria 27».

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante la Convocatoria 27, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el
proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

ii) Se inscribió para participar en la provisión del empleo de juez promiscuo municipal
y el 24 de julio de 2022, presentó la prueba de aptitudes, conocimientos y
psicotécnica.

iii) Por medio de Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, se publicaron
los resultados de la prueba, sin que alcanzara el mínimo aprobatorio de 800 puntos.

iv) Contra la anterior decisión presentó los recursos procedentes en sede
administrativa, sin obtener cambio en el resultado.

v) El 15 de febrero de 2023, presentó derecho de petición ante la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, en el que solicitó copia de documentos e
información respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos.

vi) Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela aún no ha obtenido
respuesta a su petición, según lo prevé el artículo 14 del CPACA.

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1.2.3. Fundamentos jurídicos

El accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:

i) El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 fijó los parámetros para el ejercicio del
derecho de petición, así: «las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no
se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales,
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

ii) Dado que la administración no resolvió la petición objeto de estudio dentro de los
diez (10) días siguientes a la radicación, la documentación e información solicitada
debe ser entregada al peticionario, al ser esta la consecuencia jurídica prevista por el
legislador en dicho evento.

iii) Ahora bien, aunque el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996
indica que «las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de
carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte
técnico de aquéllas, tienen carácter reservado», en la Sentencia C-037 de 1996, la
Corte Constitucional declaró exequible dicha norma con el condicionante de que «las
pruebas» a las que se refiere el parágrafo son únicamente aquellas relativas a los
exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso.

iv) A su turno, en la Sentencia T-180 de 2015, la Corte insistió en que la reserva no
era oponible al participante que presentó las pruebas, menos cuando se encuentra
en proceso de reclamación de los resultados obtenidos porque ello vulnera también
garantías superiores a la contradicción y defensa, como componentes del derecho
fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 Superior. Tal determinación
la reiteró en la Sentencia SU-067 de 2022, en la que se indicó: «la reserva no le
puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener

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los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones
judiciales que considere pertinentes».

v) En tal sentido, no hay ninguna duda de que la interpretación adecuada de la
norma, a la luz de la Constitución Política, es la relativa a que existe reserva
únicamente de aquellas pruebas relativas a exámenes que se vayan a practicar, de
lo que se sigue que no existe reserva sobre aquellas pruebas que se hayan realizado
para proveer cargos de carrera judicial, máxime cuando la solicitud es realizada por
la persona que presentó el examen.

vi) No puede restringirse el acceso a lo solicitado dado que lo que se está requiriendo
es información y documentación relacionada con la prueba de aptitudes y
conocimientos presentada el pasado 24 de julio de 2022, que, como se enunció,
sirve de instrumento también para ejercer sus derechos fundamentales de
contradicción y defensa, como componentes del derecho fundamental al debido
proceso, dado que son los insumos para impugnar la calificación obtenida en la
citada prueba.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 21 de marzo de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, Unidad de Carrera Judicial Cali
(Valle), como accionados, como demandados, y a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (CASUR); requirió a las referidas autoridades para que indicaran si
ya habían dado respuesta congruente y de fondo a la solicitud del 15 de febrero de
2022, presentada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas; y ordenó remitir
copia de la solicitud de tutela a los accionados para que, dentro del término de los
tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su
derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

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1.2.2. El 27 de marzo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y al Consejo Seccional de
la Judicatura de Valle del Cauca.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca

El 29 de marzo de 2022, la presidente de la corporación, magistrada Victoria Eugenia
Velásquez Marín, solicitó la desvinculación del trámite constitucional. Advirtió que la
petición de fecha 15 de febrero de 2023 fue dirigida ante la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que es esta la
autoridad llamada a responder por los hechos de tutela; y, además, que según
informe de la Secretaría de la corporación, no existía petición radicada ante la
Seccional ni trámite alguno pendiente de adelantar respecto del señor Danny Fabián
Rodríguez Vargas.

1.3.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial

El 31 de marzo de 2022, la directora de la dependencia, doctora Claudia M.
Granados R., solicitó negar el amparo solicitado, en atención a las siguientes
circunstancias:

i) El 24 de febrero de 2023, a través del Oficio CJO23-882, la corporación dio
respuesta a la petición, y se informó al accionante que, dado que en la petición se
solicitó información técnica de la prueba, se procedió a su remisión a la Universidad
Nacional de Colombia para que esta diera respuesta a lo solicitado.

ii) Así, se tiene que por medio del Oficio CONV27DP-5486 del 30 de marzo de 2023, la
Universidad Nacional, en calidad de operador técnico de la prueba, atendió de
manera clara, completa y de fondo la totalidad de las inquietudes planteadas por el
peticionario, remiendo la respuesta a la dirección suministrada por este.

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iii) Conforme con lo expuesto, la situación debe ser calificada como hecho superado
y, por ende, concluir la carencia actual de objeto que impide que se amparen los
derechos fundamentales invocados.

1.4. Otras actuaciones

1.4.1. El 18 de abril de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó
notificar del trámite constitucional a la Universidad Nacional de Colombia, en calidad
de demandada, y a remitirle copia de la solicitud de tutela para que, dentro de los
tres días siguientes a la notificación de la providencia, procediera a ejercer su
derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir el respectivo informe.

1.4.2. El 26 de abril de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Valle del Cauca y a la Universidad Nacional de Colombia.

1.5. Contestación de la demanda

La Universidad Nacional de Colombia

El 4 de mayo de 2023, el director del proyecto «Contrato 096 de 2018» de la
Universidad, señor Eduardo Aguirre Dávila, solicitó declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado. Señaló que el 30 de marzo de 2023, a través del Oficio
CONV27DP-5486 A, la institución brindó copia de los documentos relacionados con la

discusión sobre los componentes de la prueba y su variación respecto de la
Convocatoria 22, la información relacionada con los pagos a la Universidad Nacional,
atendiendo a los parámetros del contrato, y la prueba supletoria y los anexos
técnicos de las pruebas aplicadas, por lo que dio respuesta clara, completa y de
fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el peticionario.

2. Consideraciones

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2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si las accionadas vulneraron el derecho fundamental de
petición del señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, al no dar respuesta a la petición
del 15 de febrero de 2023, en el que solicitó copia de documentos e información
respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos, aplicada en la Convocatoria 27
«Concurso de jueces y magistrados».

2.3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política incorporó el derecho de petición como un
derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución».

Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante
la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sustituyendo el Título II del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al
tiempo de respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló
como término general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a
su recepción, y sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de

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información, que deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su
recepción, y, ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación las materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de
los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T-377 de 20001, la Corte Constitucional estableció diferentes
parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como
presupuestos necesarios para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de
manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa2 y acceder a la vía judicial, no
satisface el derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la
exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, en la Sentencia T-487 de 2017, la Corte reiteró que uno de los
contenidos del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la
administración de dar una respuesta clara, precisa y congruente, que resuelva de
fondo el asunto solicitado. De igual forma, amplió el alcance de dicha obligación a los
particulares y aceptó la procedencia del derecho de petición ante estos, reseñando
las reglas establecidas por la jurisprudencia y la regulación introducida en el artículo

1 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.
2 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

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32 de la Ley 1755 de 2015, que definió la viabilidad de este derecho ante
organizaciones privadas.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala de
decisión establece, lo siguiente:

2.4.1. Respecto del concurso de méritos de funcionarios de la Rama Judicial

i) El 16 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, el Consejo Superior
de la Judicatura adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

ii) El 2 de agosto del 2018, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Universidad Nacional suscribieron el Contrato de
Consultoría 096 de 2018, con el objeto de realizar el diseño, estructuración,
impresión y aplicación de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica,
para los cargos de funcionarios, así como elaborar el instructivo, realizar la lectura
óptica y el procesamiento de las hojas de respuesta, calificar las pruebas
presentadas, suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar respuesta
técnica y jurídica a derechos de petición, reclamaciones, recursos en sede
administrativa, acciones constitucionales y legales durante todas las etapas del
concurso, entre muchas otras.

iii) El 19 de junio de 2022, se publicó en la página web de la Rama Judicial el listado
de convocados a la aplicación de las pruebas escritas de la Convocatoria 27, a
realizar el 24 de julio siguiente.

iv) El 1 de septiembre de 2022, mediante la Resolución CJR22-0351, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, publicó los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondientes al concurso
de méritos para la provisión del cargo de juez promiscuo municipal.

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v) El 14 de octubre de 2022, se publicó el listado de citación como el instructivo para
la jornada de exhibición de material de la prueba.

vi) El 30 de octubre de 2022, se llevó a cabo la jornada de exhibición de la prueba,
dirigida a los aspirantes que así lo solicitaron dentro de los términos legales, y el 4 de
diciembre de 2022, fue realizada la jornada de exhibición del material de la prueba,
para los aspirantes que presentaron el examen supletorio.

vii) El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0042, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió los
recursos de reposición presentados en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022.

viii) El 2 de febrero de 2023, por medio de la Resolución CJR23-0056, se adicionó la
Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 con la que se resolvieron los
recursos de reposición.

ix) La Universidad Nacional de Colombia aportó al plenario el anexo técnico 2 de la
prueba aplicada para el cargo de juez promiscuo municipal, en el que se relacionaron
las preguntas que fueron objetadas —por los recurrentes—, indicando su pertinencia,
justificación de la clave asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas,
las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.

x) El 8 de febrero de 2023, se expidió la Resolución CJR23-0061, por medio de la cual
se decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

xi) El 21 de marzo de 2023, por medio de la Resolución CJR23-0110, se modificó la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los
aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos
presentadas.

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xii) El 30 de marzo de 2023, se publicó en la página web de la Rama Judicial el
cronograma correspondiente a la Fase III de la Etapa de Selección IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

2.4.2. Respecto del derecho de petición presentado por el accionante

i) El 15 de febrero de 2023, el señor Dany Fabián Rodríguez Vargas dirigió derecho
petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración Judicial
en el que solicitó lo siguiente:

PRIMERO: EXPEDIR copia de los documentos que den cuenta de las discusiones que
precedieron el cambio indicado en numeral 1 del capítulo de hechos: lo relacionado
con la inclusión en la Convocatoria 27 del componente de «aptitudes» de manera
separada a la de «conocimientos», frente a la cual se estableció que se calificaría de 1
a 300.

SEGUNDO: EXPEDIR copia de los documentos técnicos que se tuvieron en cuenta para
variar el componente de «prueba de conocimientos» de la Convocatoria 22 y dejarlo,
finalmente, en la Convocatoria 27 como «prueba de aptitudes y conocimientos».

TERCERO: Se informe si ya se efectuó a favor de la Unal el pago que en el contrato se
encontraba condicionado a la entrega del informe psicométrico al que se refieren los
numerales 2.2 y 2.3. del capítulo de hechos de este escrito.

CUARTO: Se informe si la Unal, en relación con la prueba practicada en julio de 2022,
entregó al Consejo Superior de la Judicatura el informe al que se refiere el número 2
del capítulo de hechos de este escrito, incluidos los 11 ítem transcritos en este
memorial, ¿en qué fecha lo hizo?

QUINTO: Se expida copia, junto con todos sus soportes y anexos, del informe
psicométrico establecido en el anexo técnico del contrato objeto de esa solicitud.

SEXTO: Se indique de qué manera el Consejo Superior de la Judicatura ha llevado a
cabo las actividades de coordinación establecidas en el anexo técnico 1, así: «El
proceso de lectura de las hojas de respuesta y la calificación de las pruebas de
conocimientos y psicotécnicas estará a cargo del Contratista bajo la coordinación de la
Unidad de Carrera Judicial, actividad de la cual se dejará constancia en Actas de
trabajo».

SÉPTIMO: En virtud de lo anterior, se solicita que el Consejo Superior de la Judicatura,
en su condición de contratante y de autoridad a cargo de los concursos de funcionarios
de la Rama Judicial, INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA en las actuaciones
desarrolladas por la Unal y adelante las acciones que estén a su alcance, para
subsanar las siguientes irregularidades:

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7.1. La Unal aplica una fórmula cuyo origen se desconoce, pues en ninguno de los
documentos de la convocatoria es posible establecer el origen del siguiente axioma:
Puntaje aptitudes: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) * 30) + 190
Puntaje conocimientos: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) * 30) + 550

7.2. La fórmula aplicada por la Unal desconoce el peso que en el concurso debe tener
la prueba de conocimientos, toda vez que en el puntaje final un acierto de aptitudes
(4.67) pesa más que uno de conocimientos (4.15). […]

7.3. Las preguntas y su calificación presentan errores evidentes que la Unal se niega a
reconocer, mientras el concurso avanza y a pesar de la afectación del concurso en
términos de transparencia, imparcialidad y mérito. Un ejemplo de lo cuestionable de
este concurso, en el caso del pliego de los jueces administrativos, corresponde a las
siguientes preguntas: [53, 56 y 53]. […]

El proceso de reclamaciones se trató de una etapa meramente formal, en la que la
Unal no adelantó un análisis serio y de fondo frente a los argumentos planteados por
los aspirantes, sino que se limitó a responder de manera genérica.

La aprobación de este concurso dependió más del descuido de quien practicó y calificó
las pruebas, que del desempeño de los participantes, lo cual, se insiste, vulnera la
moralidad administrativa, así como los principios que deben caracterizar las
actuaciones de la Administración -artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 -tales como debido
proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, transparencia, responsabilidad y eficacia-,
de ahí que resulte necesaria la intervención inmediata del Consejo Superior de la
Judicatura. En las condiciones analizadas, me permito solicitar que adelanten las
labores de interventoría del caso frente al contrato con la Unal.

ii) El 24 de febrero de 2023, a través del Oficio CJO23-882, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la petición,
en el siguiente sentido:

[C]on base en la información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia,
como operador técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 263 y 294 de
las obligaciones generales y específicas del contratista, establecidas en el Contrato
096 de 2018, me permito dar respuesta a las mismas de la siguiente forma:

«En cuanto a las inquietudes relativas a la fórmula de calificación contenidas en los puntos
primero, segundo, tercero y en los acápites de aspectos matemáticos, alcance del acuerdo
en términos de proporción entre las pruebas, calificación de las pruebas, según el grupo de
referencia, de la petición, se recuerda que la Universidad Nacional de Colombia es el
operador técnico de la prueba de aptitudes y conocimientos y tiene a su cargo el diseño,
estructuración y construcción del examen de acuerdo con las características técnicas

3 26. Proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a los derechos de petición, reclamaciones, recursos

en sede administrativa, acciones constitucionales y legales presentadas por los aspirantes o
autoridades relacionadas con el objeto y obligaciones del contrato, durante todas las etapas del
concurso, de conformidad con los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, a
través de la Unidad de Carrera Judicial. Esta obligación va hasta la liquidación del contrato se
suscriba.
4 29. Suministrar a la Unidad de Carrera Judicial, la información de carácter técnica con la oportunidad

y las condiciones y características requeridas.

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aprobadas por la Unidad de Carrera Judicial y en armonía con las obligaciones derivadas del
Contrato No. 096 de 2018.

Dando cumplimiento a sus obligaciones contractuales la Universidad Nacional de Colombia
elaboró las pruebas escritas eliminatorias del concurso en concordancia con lo establecido
en el numeral 4.1 (Fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos) del Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018 – “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial”, el cual indica que: “Los aspirantes inscritos al concurso serán citados a
presentar las pruebas, en la forma indicada en el numeral 5.1 del presente acuerdo, las
cuales evaluarán los siguientes atributos: (i) aptitudes y (ii) conocimientos. La prueba de
conocimientos se encuentra constituida por dos componentes: uno general y otro específico
relacionado con la especialidad seleccionada.”.

Tanto las pruebas escritas de conocimientos como la prueba de aptitudes fueron aprobadas
por el Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a su estructuración y su contenido. En el
Instructivo para la Presentación de las Pruebas Escritas se definieron las características y
naturaleza de cada una de estas pruebas, así como, el objetivo de su evaluación.

Estas dos pruebas corresponden a dos constructos de naturaleza conceptual y teórica
diferente, es decir, cada una de estas es independiente de la otra, por lo cual no es correcto
equiparar sus resultados. Las aptitudes evalúan las habilidades y capacidades que tiene una
persona para resolver un problema dado sin que medie un conocimiento previo, por otro
lado, las pruebas de conocimientos buscan medir los saberes (verbi gracia “el conocimiento”)
en un área, disciplina, técnica o ciencia, para el caso que nos compete en este concurso de
la Rama Judicial el conocimiento inherente a las funciones de los jueces y magistrados.

Con lo anterior es claro que ambas pruebas son independientes, ahora bien, para efectos de
la calificación, cada prueba (aptitudes y conocimientos) se califica de manera independiente,
sin que exista dependencia entre estas ni ponderación alguna de una prueba con referencia
a la otra. También se observa con la fórmula aplicada por la Universidad que no existe un
peso o ponderado previamente determinado de una prueba sobre la otra.

Para la calificación de las pruebas escritas, conocimientos y aptitudes, la normatividad del
concurso establece lo siguiente: «En esta etapa, la calificación de las pruebas de aptitudes y
conocimientos se hará a partir de una escala estándar entre 1 y 1.000 puntos. La prueba de
aptitudes se calificará entre 1 y 300 puntos y la de conocimientos entre 1 y 700 puntos. Para
aprobar se requerirá obtener un mínimo de 800 puntos, sumando los puntajes de las dos
pruebas».

De acuerdo con la normatividad del concurso no hay ni existe ponderación ni peso relativo
alguno de una prueba sobre la otra, ni se puede extraer que la prueba de aptitudes “se le dio
más peso” que a la prueba de conocimientos como pretende interpretar en su escrito.

Con respecto a la calificación, la Universidad empleó una transformación lineal de la suma
de los aciertos de los concursantes para cada una de las pruebas, es decir, los aciertos
obtenidos en la prueba de aptitudes y los aciertos de la prueba de conocimientos, y aplicó la
fórmula definida para cada una de estas pruebas obteniendo un resultado o puntaje para
cada una, ambos de manera independiente. Siguiendo lo establecido en la normatividad, el
punto de corte de 800 puntos se establece al sumar ambos resultados.

Dentro de la estimación total, se reitera que la normatividad del concurso no prevé ni
establece ponderación entre las pruebas o un peso diferencial o un valor determinado por
pregunta, por lo anterior, es importante señalar que el puntaje no es algo que se establezca
a priori, sino que se determina después de la aplicación de las pruebas escritas teniendo en
cuenta el desempeño de los concursantes, y se establece a partir del análisis del
comportamiento estadístico de las preguntas, por lo que estas se analizan tanto a nivel
psicométrico como estadístico, determinando una escala de calificación que garantiza la
igualdad para todos los concursantes y la adecuada evaluación de cada uno de ellos.

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Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

La transformación del puntaje es necesaria para establecer los puntajes en la escala definida
en la normatividad del concurso, en este caso, la prueba de conocimientos se expresa en un
rango de valores entre 1 y 700 puntos, por otra parte, la prueba de aptitudes se expresa en
un rango que va de 1 a 300 puntos. Se hizo la conversión de dicho puntaje a puntuaciones
Z, el cual muestra el rendimiento de cada aspirante en relación con los concursantes que
aspiran al mismo cargo o grupo de cargos definido en la convocatoria, por lo que es inexacto
expresar que exista un valor asignado a la prueba.

La disertación hecha por usted es incorrecta e inexacta al querer forzar una ponderación
inexistente en la normatividad del concurso siendo claramente un error: Primero porque la
normatividad expresa la calificación en dos escalas, una de 1 a 300 para la prueba de
aptitudes, y la otra de 1 a 700 para la prueba de conocimientos, sin que de ello se extraiga la
obligación de aplicar un valor ponderado sobre el resultado final. Segundo, es inocuo porque
ya de sí la normatividad distingue una prueba de la otra a través de la aplicación de estas
escalas otorgando una mayor puntuación a la prueba de conocimientos sobre la prueba de
aptitudes».

Ahora bien, frente a las solicitudes efectuadas en los numerales cuarto y quinto
relacionadas con la elaboración, revisión y adopción de las respuestas a las
reclamaciones, se informa que, las convocatorias públicas de méritos que realiza el
Consejo Superior de la Judicatura, con apoyo en la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, se adelantan siempre a través de contratación a algún ente educativo,
en este caso, la Universidad Nacional de Colombia, que como quedó plasmado en el
Contrato 096 de 2018, tiene a su cargo realizar el diseño, estructuración, impresión y
aplicación de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, así como
elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el procesamiento de las hojas de
respuesta, calificar las pruebas presentadas, suministrar información de carácter
técnico y proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a derechos de petición,
reclamaciones, recursos en sede administrativa, acciones constitucionales y legales
durante todas las etapas del concurso, entre muchas otras.

Y es pertinente la anterior precisión, porque dentro de los protocolos de transparencia
de la prueba, se incluye una cláusula de confidencialidad, según la cual la Universidad
Nacional de Colombia debe garantizar en todas las etapas del concurso de méritos el
ambiente suficiente y necesario de seguridad, custodia y almacenamiento de las
pruebas y en este sentido está obligada a disponer de un sistema integrado de
seguridad, con una empresa de amplia y reconocida experiencia, en procesos de estas
magnitudes, a lo que se aúna el hecho de que la custodia y almacenamiento del
material de la prueba, se realizará seis meses más a partir de la terminación del
contrato, que a la fecha se encuentra vigente.

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales suministra la información de
carácter técnico a la Unidad de Carrera Judicial, en la oportunidad, condiciones y
características requeridas e igualmente proyecta las respuestas técnicas y jurídicas a
las peticiones, reclamaciones, recursos en sede administrativa, acciones
constitucionales y legales presentadas por los aspirantes; lo anterior no obsta, para
que esta Unidad no cumpla con la función de expedir los actos administrativos a que
haya lugar, de manera oportuna y completa.

En ese sentido, los documentos dirigidos a responder a los diferentes requerimientos
allegados en el marco del concurso, se elaboran con base en la información técnica y a
partir del criterio jurídico de la Universidad en atención a los postulados del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018 que rigen la convocatoria, cuyo contenido es revisado por la
Unidad de Carrera Judicial en cuanto a que se atienda lo solicitado y se ajuste a las
reglas del concurso; no obstante, en asuntos técnicos no interviene, dado que, como
ya señaló, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Unidad de Administración de la

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Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

Carrera Judicial, tienen acceso a las pruebas o a las respuestas, pues desde la
diagramación de los cuadernillos, formulación de las preguntas, análisis psicométrico,
calificación a través de la máquina de lectura óptica, hasta la recepción que se haga de
éstas una vez finalice el contrato, esta entidad desconoce las preguntas formuladas así
como sus respectivas respuestas, pues para ello se contrata un operador técnico
especializado y de la mayor prestancia posible, que es quien está obligado a dar
soporte completo, oportuno, pertinente, responsable y congruente, para poder atender
de la misma manera las peticiones y recursos que se presenten dentro del curso de
esta convocatoria pública.

En relación con los interrogantes formulados en los numerales sexto, séptimo y
octavo respecto de procesos de interventoría o auditoria realizados sobre el contrato
suscrito entre la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia, es pertinente indicar que en el
Contrato 096 de 2018, se estableció que la supervisión del cumplimiento de la
obligaciones es ejercida por la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien contará con el apoyo permanente
de la División de Bienestar y Seguridad Social unidad técnica del proceso, de
conformidad con las obligaciones consagradas en la Ley 1474 de 2011 y en las normas
del Manual de Supervisión de la Entidad; por lo anterior, no se requiere una
interventoría adicional si ya se cuenta con la supervisión.

En tal virtud se precisa que, el Consejo Superior de la Judicatura a través de las
dependencias competentes ha realizado las labores correspondientes de apoyo y
acompañamiento del contrato referido, que como es de su conocimiento, dio como
resultado la corrección de la actuación administrativa mediante la Resolución CJR20-
0202 de 2020, conforme a la cual se decidió repetir, con un nuevo diseño, la aplicación
de la prueba de conocimientos, aptitudes y psicotécnica a la totalidad de los aspirantes
que se encontraban inscritos para los diferentes cargos de funcionarios, en desarrollo
de la convocatoria 27.

iii) El 1 de marzo de 2023, mediante el Oficio CONV27DP-5486, la Universidad
Nacional informó al solicitante que la petición, redireccionada por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, se atendería dentro de los siguientes 20 días
hábiles, en razón a que algunos requerimientos implicaban, entre otras operaciones,
el estudio cronológico de las actividades desarrolladas con ocasión de las
obligaciones originadas a partir del Contrato 096 de 2018, así como la revisión
detallada de actuaciones que precedieron la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018, inclusive, labores que demandaban un análisis de un
amplio volumen de información, comoquiera que algunas solicitudes recaían sobre
momentos de la convocatoria que tuvieron lugar hace aproximadamente 5 años.

iv) El 30 de marzo de 2023, por medio del Oficio CONV27DP-5486 A, la Universidad
Nacional dio contestación a la petición en los siguientes términos:

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Respecto a las solicitudes del punto primero y segundo de su escrito, es importante
recordar que el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, de conformidad con las competencias
atribuidas por la Constitución Política en los artículos 256-1 y 257-3, reguladas por la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, artículos 85 numerales 17 y 22, 162 y
164, expidió el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el
proceso de selección y convocar al concurso de méritos para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial, acto administrativo mediante el cual se fijaron las
reglas generales del concurso, se determinaron las etapas del proceso, y se estableció
como Fase I de la etapa de selección la prueba de aptitudes y conocimiento y en la
Fase II, la verificación de requisitos mínimos respecto de quienes aprobaran las
pruebas de aptitudes y conocimientos. De cara a ello, la Corporación se encuentra
facultada para reglamentar la forma, clase, contenido, alcances y demás aspectos de
los concursos de méritos, así como los procedimientos de cada una de las etapas,
hecho que permite inferir la independencia existente entre la Convocatoria 22 y la
Convocatoria 27.

Frente a su solicitud tercera referente a si ya se efectuó el pago a favor de la
Universidad Nacional, que de acuerdo con el contrato estaba condicionado a los
informes psicométricos, se precisa que frente a la nueva prueba construida y aplicada
por este Ente Educativo, como consecuencia de la corrección administrativa efectuada
mediante la Resolución CJR20-0202 de 2020, el 22 de octubre de 2020 se suscribió
entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, un acta de acuerdos en la cual se estableció, entre otros temas, que “La
repetición se realizará por parte de la Universidad Nacional de Colombia, en idénticas
condiciones técnicas a las pactadas originalmente en el contrato 096 de 2018, y a su
costo.” ; adicionalmente, le informo que el contrato continua vigente y por tanto, los
pagos están condicionados al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones allí
establecidas.

Se señala frente a petición cuarta, se indica que el informe psicométrico relativo a la
prueba practicada el 21 de julio de 2022, fue allegado a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura el día 19 de agosto de 2022,
mediante oficio de radicado CI096/CONV27-260.22.

En cuanto a su solicitud número cinco relacionada con que se allegue copia del
informe psicométrico y número seis en la que pide se le indique de qué manera el
Consejo Superior de la Judicatura ha llevado a cabo las actividades de coordinación en
el proceso de lectura y calificación establecidas en el anexo técnico 1, se informa que
el artículo 24 de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, estipula: “Artículo 24: Información y
Documentos Reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución y la Ley”.

Adicionalmente, con el objeto de proteger la confidencialidad e integridad de la prueba
y su proceso de construcción, el Legislador Estatutario en el parágrafo segundo del
artículo 164 de la Ley 270 de 1996, estableció: “Las pruebas que se apliquen en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que
constituya el soporte técnico de aquellas, tiene carácter reservado”. (Subrayado fuera
de texto)

[…] En ese orden de ideas, dada la reserva legal que recae sobre la información por
usted solicitada, no es viable hacerle entrega de la misma.

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En cuanto a las diferentes inquietudes expresadas por usted en el punto séptimo de
su escrito respecto la fórmula aplicada, metodología de calificación y el peso de los
diferentes componentes, debe reiterarse lo manifestado en el oficio de respuesta
CJO23-882 de 24 de febrero de 2023 en los siguientes términos:

[…]

De otra parte, es necesario recordar que sus inquietudes relacionadas con presuntos
errores en ítems específicos, ya fueron abordadas y resueltas tanto en la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 "Por medio de la cual se resuelven los recursos
de reposición presentados contra la Resolución CJR22- 0351 de 1° de septiembre de
2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de
Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial", como en el mencionado oficio CJO23-
882 de 24 de febrero de 2023.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El accionante, señor Dany Fabián Rodríguez Vargas, controvierte la vulneración de
su derecho fundamental de petición por parte del Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al no dar contestación a la petición de
fecha 15 de febrero de 2023, en la que a través de siete numerales requirió
documentos e información respecto de la aplicación de la prueba de aptitudes y
conocimientos presentada en la Convocatoria 27.

Pues bien, el artículo 14 del CPACA establece que toda petición debe resolverse
dentro de los (15) días siguientes a su recepción; que estarán sometidas a término
especial las solicitudes de petición de documentos, en la que las entidades tienen
(10) diez días hábiles, a partir de su recepción, para brindar respuesta, y/o de
petición mediante las cuales se eleva una consulta, en la que se da un plazo de (30)
treinta días, también desde su recepción, para su contestación; y que,
excepcionalmente, en caso de que no sea posible resolver la petición en los plazos
señalados, la entidad debe informar tal circunstancia al interesado, expresando los
motivos e indicando un plazo «razonable» para dar respuesta, sin que pueda
excederse del doble inicialmente previsto.

En el caso, se tiene que la petición objeto de análisis se presentó el 15 de febrero de
2023, y que su cometido estuvo dirigido a lograr la entrega tanto de documentos

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como de información, por lo que la autoridad a la que se dirigió la petición tenía un
plazo de 10 y 15 días hábiles, respectivamente, para su resolución, esto es, hasta el
1 de marzo de 2023, para el primer evento, y hasta el 8 de marzo siguiente, para el
segundo, siempre que la entidad no manifestara un plazo adicional para dar
respuesta de fondo a lo requerido.

Ahora bien, se advierte que el 24 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la petición
dentro de los términos estipulados por la norma, y que, en lo que no era de su
competencia, procedió conforme a lo previsto en el artículo 21 del CPACA, esto es, a
informar de la situación al libelista y a dar traslado de la petición a la Universidad
Nacional de Colombia, como operador técnico del concurso.

El artículo 21 del CPACA señala que «si la autoridad a quien se dirige la petición no es
la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción si obró por escrito»; que
«dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se
lo comunicará»; y que «los términos para decidir o responder se contarán a partir del
día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente».

Bajo dicho escenario, se encuentra que el 1 de marzo de 2023, la Universidad
Nacional informó al señor Dany Fabián Rodríguez Vargas que la petición se
atendería dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, en tanto que algunos de
los requerimientos implicaban el análisis de un amplio volumen de información; y
que, el 30 de marzo siguiente, procedió a brindar respuesta a lo peticionado,
respetando el plazo de prórroga señalado.

Es decir, que en el caso no puede colegirse la vulneración del derecho fundamental
de petición por incumplimiento de los términos previstos en la normativa, en tanto las
autoridades llamadas a resolver lo requerido procedieron a dar respuesta dentro del
plazo y excepciones establecidas por el legislador.

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Además, como bien puede apreciarse, el accionante procedió a hacer uso de la
acción de tutela el 16 de marzo de 2023, a efecto de que se ordenara a las
autoridades dar respuesta a su pedimento, sin tener en cuenta que la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial ya le había brindado respuesta a la petición, y
sin esperar a que transcurriera el término adicional señalado por la Universidad
Nacional para dar resolución, evento que, dicho sea de paso, deja en evidencia un
uso indiscriminado y reprochable del mecanismo de amparo por parte del tutelante,
pues resolvió poner en marcha a la administración de justicia sin que se hubiera
concretado una efectiva vulneración del derecho.

Ahora bien, procediendo con al análisis del núcleo esencial del derecho de petición
que implica no solo una resolución pronta y oportuna sino también eficaz, clara,
precisa y congruente con lo peticionado, la Sala procederá a analizar la respuesta
brindada tanto por la Unidad de Administración de Carrera Judicial como por la
Universidad Nacional de Colombia respecto de los pedimentos del señor Dany
Fabián Rodríguez Vargas.

Así, se advierte que la petición del 15 de febrero de 2023, está comprendida por siete
numerales y/o solicitudes, en las que se requirió documentación e información con
respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos en la Convocatoria 27; y que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través del Oficio CJO23-882 del 24 de
febrero de 2023, como la Universidad Nacional de Colombia, mediante el Oficio
CONV27DP-5486 A del 30 de marzo de 2023, emitieron efectiva respuesta a lo
peticionado, según se pasa observar:

En los numerales uno y dos el peticionario requirió: i) copia de los documentos que
dieran cuenta de las discusiones que precedieron a la inclusión del componente de
«aptitudes» de manera separada al de «conocimientos», frente a lo cual se
estableció que se calificaría de 1 a 300, en la Convocatoria 27, diferente a como se
había realizado en la Convocatoria 22, en la que no se incluyó el componente de
«aptitudes»; ii) copia de los documentos técnicos que se tuvieron en cuenta para
variar el componente de «prueba de conocimientos» de la Convocatoria 22 y dejarlo,
finalmente, como «prueba de aptitudes y conocimientos» en la Convocatoria 27.

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Al respecto, la Unidad de Administración de Carrera Judicial manifestó remitirse a lo
informado por la Universidad Nacional de Colombia, en calidad de operador técnico
de la prueba, que, en lo referente, explicó lo siguiente:

Que tanto las pruebas de conocimientos como de aptitudes fueron aprobadas por el
Consejo Superior de la Judicatura que, en ejercicio de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, se encontraba facultada para reglamentar
la forma, clase, contenido, alcances y demás aspectos de los concursos de méritos,
así como los procedimientos de cada una de las etapas, lo que permitía inferir la
independencia existente entre la Convocatoria 22 y la Convocatoria 27.

Que las pruebas escritas de conocimientos como de aptitudes corresponden a dos
constructos de naturaleza conceptual y teórica diferente, es decir, cada una de estas
es independiente de la otra, por lo cual no es correcto equiparar sus resultados. Por
un lado, las aptitudes evalúan las habilidades y capacidades que tiene una persona
para resolver un problema dado sin que medie un conocimiento previo. Por otro, las
pruebas de conocimientos buscan medir los saberes (verbi gracia «el conocimiento»)
en un área, disciplina, técnica o ciencia, para el caso que compete en este concurso
de la Rama Judicial el conocimiento inherente a las funciones de los jueces y
magistrados. Por lo que era claro que cada prueba era independiente.

Que para la calificación de las pruebas escritas de conocimientos y aptitudes, la
normativa del concurso establece lo siguiente: «en esta etapa, la calificación de las
pruebas de aptitudes y conocimientos se hará a partir de una escala estándar entre 1
y 1.000 puntos. La prueba de aptitudes se calificará entre 1 y 300 puntos y la de
conocimientos entre 1 y 700 puntos. Para aprobar se requerirá obtener un mínimo de
800 puntos, sumando los puntajes de las dos pruebas», por lo que no hay ni existe
ponderación ni peso relativo alguno de una prueba sobre la otra, ni se puede extraer
que la prueba de aptitudes «se le dio más peso» que a la prueba de conocimientos
como se pretende interpretar en su escrito.

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Que la Universidad Nacional empleó en la calificación una transformación lineal de la
suma de los aciertos de los concursantes para cada una de las pruebas, es decir, los
aciertos obtenidos en la prueba de aptitudes y los aciertos de la prueba de
conocimientos, y aplicó la fórmula definida para cada uno de estas pruebas
obteniendo un resultado o puntaje para cada una, ambos de manera independiente.
Ello, siguiendo lo establecido en la normativa, por lo que el punto de corte de 800
puntos se establece al sumar ambos resultados.

Que el puntaje no es algo que se establezca a priori, sino que se determina después
de la aplicación de las pruebas escritas teniendo en cuenta el desempeño de los
concursantes, y se establece a partir del análisis del comportamiento estadístico de
las preguntas, por lo que estas se analizan tanto a nivel psicométrico como
estadístico, determinando una escala de calificación que garantiza la igualdad para
todos los concursantes y la adecuada evaluación de cada uno de ellos.

Que la transformación del puntaje es necesaria para establecerlo en la escala
definida en las normas del concurso. En este caso, la prueba de conocimientos se
expresa en un rango de valores entre 1 y 700 puntos, y la de aptitudes, en un rango
de 1 a 300 puntos. Por tanto, se hizo la conversión de dicho puntaje a puntuaciones
Z, que muestran el rendimiento de cada aspirante en relación con los concursantes
que aspiran al mismo cargo o grupo de cargos definido en la convocatoria, de
manera que es inexacto expresar que exista un valor asignado a la prueba.

Que la disertación hecha en la petición es incorrecta e inexacta al querer forzar una
ponderación inexistente en la normatividad del concurso siendo claramente un error.
Primero porque la normatividad expresa la calificación en dos escalas, una de 1 a
300 para la prueba de aptitudes, y la otra de 1 a 700 para la prueba de
conocimientos, sin que de ello se extraiga la obligación de aplicar un valor ponderado
sobre el resultado final. Segundo, porque es inocuo, ya que la normativa distingue
una prueba de la otra a través de la aplicación de estas escalas otorgando una
mayor puntuación a la prueba de conocimientos sobre la prueba de aptitudes.

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En este contexto, bien puede evidenciarse que aunque en el asunto no se expidió la
documentación requerida por el peticionario, la entidad procedió a explicar la
independencia de que goza el Consejo Superior de la Judicatura en la estructuración
de las pruebas, dando a entender la independencia existente entre uno y otra
convocatoria; y, además, dispuso su atención en exponer, detalladamente, cuál era
el sistema de calificación utilizado entre uno y otro componente, por lo que no puede
la Sala atribuir vulneración alguna en lo referente.

En el numeral tercero, el libelista solicitó información respecto del pago efectivo
realizado a favor de la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta que
este se encontraba condicionado a la entrega del informe psicométrico.

En torno a este numeral, la Universidad Nacional refirió, de manera específica, que
con ocasión de la nueva prueba construida y aplicada por este ente educativo, como
consecuencia de la corrección administrativa efectuada mediante la Resolución
CJR20-0202 de 2020, el 22 de octubre de 2020, se suscribió entre la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional de Colombia un acta
de acuerdos en la cual se estableció, entre otros temas, que «la repetición se
realizará por parte de la Universidad Nacional de Colombia, en idénticas condiciones
técnicas a las pactadas originalmente en el Contrato 096 de 2018, y a su costo» y,
adicionalmente, que el contrato continuaba vigente y, por tanto, los pagos estaban
condicionados al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones allí establecidas; lo
cual da cuenta de la efectiva respuesta en el asunto.

Ahora bien, en los numerales cuarto y quinto, el peticionario solicitó: i) información
sobre el hecho de si Universidad Nacional de Colombia entregó al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, el informe
psicométrico de la prueba practicada el 21 de julio de 2022, con los 11 ítems5

5 A saber: 1. Realizar el análisis de ítems de cada una de las pruebas indicando el índice o nivel de

discriminación y comportamiento estadístico de cada una de las preguntas respecto a cada uno de
sus distractores; 2. Determinar y explicar las pruebas que presentaron el mayor índice de dificultad; 3.
Dependiendo del nivel de discriminación de cada pregunta realizar el análisis técnico de la misma con
sus respectivos estadísticos con el fin de establecer la existencia de más de una clave para la
respuesta o si la misma debe anularse; 4. Determinar la confiabilidad y validez de la prueba aplicada
para cada tipo de cargo; 5. Realizar el levantamiento de las posibles escalas de puntajes brutos de las
diferentes pruebas aplicadas por cargo teniendo en cuenta una distribución normal con sus

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definidos en el Contrato de Consultoría 096 del 1 de agosto de 2018; y ii) copia del
informe psicométrico establecido en el anexo técnico del contrato, junto con todos
sus soportes y anexos.

En lo referente, la Unidad de Carrera informó que la Universidad sí le hizo entrega
del informe psicométrico, pero que no era procedente su entrega puesto que dentro
de los protocolos de transparencia de la prueba se incluyó una cláusula de
confidencialidad, según la cual la Universidad debe garantizar en todas las etapas
del concurso de méritos el ambiente suficiente y necesario de seguridad, custodia y
almacenamiento de las pruebas, incluso seis meses más a partir de la terminación
del contrato y, en este sentido, estaba obligada a disponer de un sistema integrado
de seguridad con una empresa de amplia y reconocida experiencia en procesos de
tales magnitudes.

De igual forma, señaló que la entidad no tiene acceso a las pruebas o a las
respuestas, pues desde la diagramación de los cuadernillos, formulación de las
preguntas, análisis psicométrico, calificación a través de la máquina de lectura óptica,
hasta la recepción que se haga de éstas una vez finalice el contrato, se desconocen
las preguntas formuladas así como sus respectivas respuestas, pues para ello se
contrata un operador técnico especializado y de la mayor prestancia posible, que es
quien está obligado a dar soporte completo, oportuno, pertinente, responsable y
congruente, para poder atender de la misma manera las peticiones y recursos que se
presenten dentro del curso de esta convocatoria pública.

respectivas desviaciones estándar; 6. Realizar el análisis de los resultados de la prueba determinando
si se logró la medición de los diferentes procesos psicológicos, competencias, habilidades, aptitudes
y/o atributos establecidos para los diferentes cargos; 7. Establecer la consistencia de las diferentes
pruebas aplicadas; 8. Definidas las escalas de las diferentes pruebas procesar los resultados de los
diferentes aspirantes por cada tipo de cargo; 9. Entregar resultados de aspirantes en archivo
magnético por cargo, cédula y nombre, puntaje bruto y escala utilizada; 10. Entregar el análisis y
conclusiones del comportamiento psicométrico de las pruebas que fueron aplicadas teniendo en
cuenta el resultado de las mismas; 11. Entregar las tarjetas de cada pregunta con información técnica
de las características de la misma, autor, proceso, tema, competencia, aptitud, atributo o proceso
cognoscitivo o de pensamiento a evaluar, nivel de complejidad, nivel jerárquico, pregunta, opciones de
respuesta, área del derecho, fuente, clave de respuesta, justificación de la respuesta (clave), tiempo
estimado de respuesta, fecha de elaboración, nombre de la persona que elaboró la pregunta, fecha de
revisión, observaciones y aprobación final.

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Por su parte, la Universidad Nacional señaló que el informe psicométrico relativo a la
prueba practicada el 21 de julio de 2022, fue allegado a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura el día 19 de agosto de
2022, mediante oficio de radicado CI096/CONV27-260.22, y que dicho informe tenía
reserva legal, por lo que no era viable su entrega; y, además, que con el objeto de
proteger la confidencialidad e integridad de la prueba y su proceso de construcción,
en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 se estableció
claramente que: «las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos
de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte técnico
de aquellas, tiene carácter reservado».

En este punto, las autoridades fueron claras en señalar que la información de la cual
se requería copia no era posible aportarla, en tanto que, de acuerdo con los términos
del contrato, existía una cláusula de confidencialidad, a partir de la cual se debe
garantizar la seguridad, custodia y almacenamiento de las pruebas, incluso seis
meses más a partir de la terminación del contrato, el cual, aún sigue en ejecución,
por lo que no puede endilgarse vulneración al omitirse su entrega, dada,
precisamente, su reserva legal.

Sobre el particular, vale la pena resaltar la regulación concerniente al derecho de
petición ante autoridades públicas, las reglas generales, incluyendo la información y
documentos reservados, el rechazo por motivo de reserva y el recurso de insistencia,
que se encuentra prevista en los Capítulos I y II del Título II de la Parte Primera del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
contenido en la Ley 1437 de 2011.6

Así, el artículo 25 del referido estatuto señala que contra la decisión que rechace la
petición de información por motivo de reserva legal, no procede recurso alguno, pues
conforme al artículo 267 ibidem, se prevé la existencia de un procedimiento judicial,

6 Estas normas corresponden a la subrogación que se realizó mediante Ley 1755 de 2015 luego de la

declaración de inexequibilidad del texto original de los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 por la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011.
7 Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. 7Si la persona interesada insistiere en su

petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de

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especial e informal a efectos de que sea la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la que determine el acceso a lo solicitado.

En el presente caso, la negativa de las entidades accionadas en acceder a la
información y entrega de documentación elevada por el accionante está debidamente
motivada y sustentada, al ser considerada de carácter reservado, por lo que el
interesado tiene a su disposición el trámite de insistencia, en términos de lo previsto
en el artículo 26 del CPACA.

En lo referente, resulta importante traer a colación la Sentencia T-466 de 2010, en la
que la Corte Constitucional fue clara en señalar que cuando se emite una respuesta
negativa a la solicitud de información, aduciendo su carácter reservado e invocando
disposiciones constitucionales o legales pertinentes, «el recurso de insistencia es el
mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento
específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos
fundamentales en cuestión».

Por consiguiente, hasta que no exista pronunciamiento definitivo acerca del recurso
de insistencia, no puede considerarse afectado el derecho de petición, de modo que
el accionante puede hacer uso de dicho pronunciamiento, el cual, una vez surtido, le
permitirá tomar las acciones que considere pertinentes.

Ahora bien, en los numerales sexto y séptimo, el libelista solicitó i) información en
torno a la manera en que el Consejo Superior de la Judicatura ha llevado a cabo las

autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en
los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de
notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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actividades de coordinación establecidas en el anexo técnico 1, en el que se indica:
«el proceso de lectura de las hojas de respuesta y la calificación de las pruebas de
conocimientos y psicotécnicas estará a cargo del contratista bajo la coordinación de
la Unidad de Carrera Judicial, actividad de la cual se dejará constancia en actas de
trabajo»; y ii) intervención inmediata del Consejo Superior de la Judicatura —en su
condición de contratante y de autoridad a cargo de los concursos de funcionarios de
la Rama Judicial— en las actuaciones desarrolladas por la Universidad Nacional,
adelantando las acciones que estuvieran a su alcance para subsanar las
irregularidades ocurridas en torno a la aplicación de la fórmula para la calificación de
la prueba de aptitudes y de la prueba de conocimientos —puesto que en el puntaje
final un acierto de aptitudes pesa más que uno de conocimientos—, y los errores en
las preguntas y su respectiva calificación.

Sobre el particular, la Unidad de Carrera informó que en el Contrato 096 de 2018, se
estableció que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones es ejercida por la
Dirección de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el apoyo permanente de la División de Bienestar y
Seguridad Social —unidad técnica del proceso—, de conformidad con las
obligaciones previstas en la Ley 1474 de 2011 y en las normas del Manual de
Supervisión de la Entidad, por lo que si ya se cuenta con supervisión no se requiere
una interventoría adicional; que, precisamente, con ocasión de las labores
correspondientes de apoyo y acompañamiento del contrato, se dio como resultado la
corrección de la actuación administrativa mediante la Resolución CJR20-0202 de
2020, conforme a la cual se decidió repetir, con un nuevo diseño, la aplicación de la
prueba de conocimientos, aptitudes y psicotécnica a la totalidad de los aspirantes
que se encontraban inscritos para los diferentes cargos de funcionarios, en desarrollo
de la convocatoria 27.

Por su parte, la Universidad Nacional informó que las inquietudes relacionadas con
presuntos errores en ítems específicos ya fueron abordadas y resueltas tanto en la
Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron
los recursos de reposición presentados en contra de la Resolución CJR22- 0351 de 1
de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de

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aptitudes y conocimientos correspondientes al concurso de méritos para la provisión
del cargo de Juez Promiscuo Municipal; como en el Oficio CJO23-882 de 24 de
febrero de 2023, en el que la Unidad de Administración de Carrera Judicial dio
contestación respecto de la fórmula aplicada, metodología de calificación y el peso
de los diferentes componentes, entre otros aspectos. Además, se advierte que la
Universidad entregó al peticionario el anexo técnico 2 de la prueba aplicada para el
cargo de juez promiscuo municipal, en el que se relacionan las preguntas que fueron
objetadas —por los recurrentes— para el cargo de juez promiscuo municipal,
indicando su pertinencia, justificación de la clave asignada y la razón de las opciones
de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de
las preguntas.

En este contexto, se colige que las autoridades dieron respuesta tanto al numeral
sexto como séptimo, pues explicaron, diáfanamente, que existe una efectiva
supervisión de las obligaciones del Contrato 096 de 2018, por parte de la Dirección
de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el apoyo permanente de la División de Bienestar y Seguridad Social,
que es la unidad técnica del proceso, y que, en razón de ello, no era necesaria una
nueva intervención por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo, resaltaron, en cuanto a las irregularidades ocurridas en torno a la
aplicación de la fórmula para la calificación de la prueba de aptitudes y de la prueba
de conocimientos, y los supuestos errores en las preguntas y su respectiva
calificación, que tales cuestionamientos ya fueron analizados tanto en la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, que resolvió la reposición presentada en contra

de los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos, como en el Oficio
CJO23-882 de 24 de febrero de 2023, en el que se explicó ampliamente sobre el

sistema de calificación; de aquí que también se encuentre una efectiva respuesta en
torno al asunto.

Así las cosas, la Sala evidencia que las respuestas brindadas por las entidades
accionadas fueron oportunas, claras y precisas a lo peticionado, de acuerdo con su
competencia, y que de la contestación emitida se procedió a comunicar al correo

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electrónico del libelista, por lo que, en el caso, no se encuentra configurada la
vulneración endilgada.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
vulneración del derecho fundamental de petición y, en tal sentido, denegará el
amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Danny Fabián Rodríguez
Vargas, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM

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