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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01 Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR NO ALLEGÓ PRUEBA QUE
DEMOSTRARA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA DISCIPLINARIA
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. PRINCIPIO DE
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE TUTELA. LA CARGA DE
LA PRUEBA CORRESPONDE A AQUEL QUE INSTAURA ESTE
MECANISMO SEGÚN JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 12 de mayo de 2023, proferida en primera instancia por

la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01
Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, estima vulnerados

por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA por omitir dar

trámite a la queja disciplinaria formulada contra el profesional del

derecho MANUEL JIMÉNEZ MORA.

I.2.- Hechos

Indicó que presentó queja disciplinaria contra el abogado MANUEL

JIMÉNEZ MORA comoquiera que, a su juicio, el profesional del

derecho ejerció indebidamente su profesión dentro del proceso de

pertenencia en el cual fungió como apoderado judicial de su señora

madre MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.

Resaltó que el citado proceso le correspondió al Juzgado 50 Civil del

Circuito de Bogotá, el cual el abogado MANUEL JIMÉNEZ MORA

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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO

dejó en estado de abandono, por lo que permaneció archivado por

un buen tiempo, dando información errada respecto de las

actuaciones surtidas.

Añadió que por las indebidas actuaciones en su profesión de abogado

del señor MANUEL JIMÉNEZ MORA, presentó queja ante el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA la cual a la fecha no se

le ha dado el respectivo trámite.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ha

vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia al “retrasar” una queja interpuesta en

contra del señor MANUEL JIMÉNEZ MORA por indebida defensa

técnica dentro del proceso de pertenencia iniciado por su señora

madre MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende que se

ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar respuesta

a la mayor brevedad posible, así como celeridad a la queja

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interpuesta contra el abogado MANUEL JIMÉNEZ MORA.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA informó que

es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la encargada de

investigar las conductas disciplinarias derivadas de la actividad

judicial, por lo que considera que no está llamado a responder o

acatar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Así las cosas, solicitó su desvinculación

del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

I.5.2.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA informó que la Comisión Nacional

de Disciplina Judicial no ha emitido a esa unidad sentencia ni

constancia secretarial en la que se solicite registro de sanción al

señor MANUEL JIMÉNEZ MORA relacionada con algún proceso

disciplinario que se adelante contra el mencionado profesional del

derecho.

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Por lo anterior, destacó que la tarjeta profesional de abogado del

señor MANUEL JIMÉNEZ MORA se encuentra en estado vigente a

la fecha.

Finalmente, advirtió que la competencia de esa unidad es el registro

de la sanción, por lo que no ha vulnerado derecho fundamental

alguno del actor.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de

12 de mayo de 2023, denegó el amparo solicitado al estimar que no

era dable endilgar a la entidad accionada haber incurrido en una

omisión, toda vez que no existe prueba de la queja interpuesta por

el actor en contra del profesional del derecho MANUEL JIMÉNEZ

MORA.

Para el efecto, resaltó que el actor no adosó con la solicitud de

amparo la queja disciplinaria que aduce haber formulado ante el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por lo que a través de

proveído de 26 de abril de la presente anualidad lo requirió a fin de

que adjuntara el referido documento, para lo cual el señor DURÁN

LEGUÍZAMO si bien lo allegó, este no contenía ni la fecha ni las

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respectivas constancias de recepción ante la accionada.

El a quo explicó que no basta con que el demandante asevere que

sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados o

amenazados, pues resulta necesario que respalde su argumento con

elementos de juicio que así lo acrediten, de modo que quien indica

formular una solicitud y no obtener respuesta, deberá allegar copia

del respectivo escrito con la constancia de radicación o envío a la

autoridad destinataria.

Finalmente, denegó el amparo deprecado, por considerar que no

obran elementos de juicio en el expediente que permitan concluir que

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA trasgredió los

derechos fundamentales invocados por el actor.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando que el a quo no realizó un estudio riguroso de las pruebas

allegadas al escrito de tutela.

Comentó que corresponde a la entidad accionada remitir la

información respecto de la queja en cuestión, por lo que se debió

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requerir al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que

esta allegara los documentos que echó de menos la primera

instancia.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y que se

oficie nuevamente al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

para que este de respuesta sobre el estado de la queja promovida

contra el señor MANUEL JIMÉNEZ MORA.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida a

demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados

por la omisión en el trámite de la queja disciplinaria presuntamente

interpuesta por el actor ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, le asiste interés en las resultas de la acción de tutela

de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se

ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar trámite a

la queja disciplinaria formulada contra el abogado MANUEL

JIMÉNEZ MORA, por ejercer indebidamente la profesión y realizar

una mala defensa técnica dentro del proceso de pertenencia iniciado

por su progenitora, la señora MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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El disenso del actor radica en que, desde el momento de interposición

de la queja hasta la presentación de la acción de tutela de la

referencia, no se le ha impartido trámite a la misma, lo que vulnera

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 12 de mayo de

2023, denegó el amparo solicitado al considerad que no obraban

elementos de juicio que permitieran concluir que el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA trasgredió los derechos

fundamentales invocados.

El actor impugnó la anterior decisión argumentando, en esencia, que

correspondía a la accionada allegar los documentos que daban

cuenta de la queja interpuesta ante esa entidad, por lo que se debía

requerir al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con el fin de

que remitiera la información respecto de la mencionada querella.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, determinar si el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia al omitir darle trámite a la queja

interpuesta por el actor contra el señor MANUEL JIMÉNEZ MORA.

La Sala advierte que la solicitud de amparo cumple con el requisito

de inmediatez, porque fue promovida dentro de un término

razonable, en la medida en que de los hechos comentados por el

actor se advierte que es una vulneración actual. Asimismo, en lo que

concierne a la subsidiariedad, la Sala advierte que el actor no cuenta

con otros medios de defensa judiciales para hacer exigible la

protección de sus derechos fundamentales invocados.

Visto que la presente acción de tutela es procedente para el estudio

del fondo del asunto, la Sala procederá a determinar si la autoridad

accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia del actor.

En el caso bajo examen el actor pretende que se ordene al

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar trámite a la queja

disciplinaria formulada contra el abogado MANUEL JIMÉNEZ

MORA, comoquiera que, a su juicio, desde el momento de

interposición de la queja hasta la presentación de la acción de tutela

de la referencia, no se le ha impartido trámite a la misma, lo que

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vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia.

Ahora, revisado el expediente se advierte que el actor no allegó

prueba de la presentación de la queja disciplinaria a la que alude, por

lo que el a quo mediante proveído de 26 de abril de 2023 lo requirió

con el fin de que adjuntara dicho documento, junto con la constancia

de radicación o envío, sin que el señor DURÁN LEGUÍZAMO haya

presentado las respectivas pruebas de la presentación de la querella.

En efecto, aun cuando el actor mediante memorial de 2 de mayo de

2023, allegó el escrito de la queja disciplinaria, en dicho documento

no se observa constancia de radicación o envío de la misma ante el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Ahora, de conformidad con los planteamientos expuestos por el actor

en el escrito de impugnación, según los cuales corresponde a la

accionada allegar prueba de la presunta queja disciplinaria

interpuesta ante esa entidad, la Sala realizará las siguientes

precisiones.

En cuanto al principio de la carga de la prueba en la acción de tutela,

el Alto Tribunal Constitucional ha precisado que aquel que promueve

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el mencionado mecanismo de defensa judicial para la protección de

los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, tiene la carga

procesal de probar sus afirmaciones, sin perjuicio de que la misma

se invierta en caso de existir un estado de indefensión o imposibilidad

fáctica o jurídica para probar los hechos que se alegan.

En efecto, en la sentencia C-131 de 20073 la Corte Constitucional se

pronunció sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela,

afirmando que, con fundamento en el principio onus probandi

incumbit actori, dicha carga corresponde a la parte actora, con el fin

de que la determinación del juez obedezca a la certeza y convicción

de que se ha vulnerado el derecho que se invoca. En la citada

providencia se expuso lo siguiente:

“[…] 3. El principio “onus probandi incumbit actori” en
materia de tutela.

En diversas ocasiones la Corte ha examinado el tema de la carga
de la prueba en sede de tutela. Así, en sentencia T-298 de 1993
esta Corporación, con ocasión de una petición de amparo
instaurada por un padre, quien pretendía que su hijo fuese
desvinculado de las filas del Ejército Nacional, negó la protección
judicial demandada con base en las siguientes consideraciones:

“El artículo 22 del mencionado decreto, "el juez, tan pronto llegue
al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir
el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas". Pero
esta disposición no puede entenderse como una autorización legal
para que el juez resuelva sin que los hechos alegados o relevantes
para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando
menos en forma sumaria dadas las características de este

3
Corte Constitución, sentencia T-131 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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procedimiento. Su determinación no puede ser adoptada con base
en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de
obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está
amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si
en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión
únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los
hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el
derecho de defensa de las partes".

Siguiendo con esa misma línea jurisprudencial, la Corte en
sentencia T-835 de 2000, en el caso de un trabajador, quien
alegaba ser víctima de una discriminación en materia salarial en
relación con sus compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto
“Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental
debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su
pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien
conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las
consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la
amenaza de afectación”.

Así mismo, en diferentes providencias el Tribunal Constitucional ha
estimado que, si bien se pueden amparar transitoriamente los
derechos de la mujer embarazada cuando el despido amenace su
derecho al mínimo vital o el de su hijo que está por nacer, “la
prueba de la vulneración del mínimo vital se convierte en un
elemento indispensable para que el juez constitucional adquiera
competencia para decidir un asunto como el que ahora se estudia,
pues sin esta condición la jurisdicción competente seguirá siendo
la ordinaria4”. En igual sentido, en sentencia T-237 de 2001, la
Corte señaló lo siguiente:

“el directo afectado debe demostrar la afectación de su mínimo
vital, señalando qué necesidades básicas están quedando
insatisfechas, para lograr la protección y garantía por vía de tutela,
pues de no ser así, derechos de mayor entidad, como la vida y la
dignidad humana se pueden ver afectados de manera irreparable.

“En este punto, es necesario enfatizar el hecho de que, no basta
hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo
vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de
pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le
permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación.”

Ahora bien, en situaciones muy particulares de especial
indefensión, la Corte ha considerado que se invierte la carga de la
prueba a favor del peticionario, es decir, que basta con que éste
realice una afirmación, teniendo la autoridad pública accionada, o
el particular en su caso, el deber de desvirtuarla. En otras palabras

4
Sentencias T-653 de 1999, T-879 de 1999, T-904 de 1999, entre otras.

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se presumen ciertos los hechos alegados por el accionante. Así por
ejemplo, en casos de personas víctimas de desplazamiento
forzado, esta Corporación en sentencia T- 327 de 2001 estimó lo
siguiente:

“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por
ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la
persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto,
es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde
probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es
prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable
dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En
muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y
casi imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de
este delito. Frente a este tipo de situaciones es inminente la
necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar
protección al desplazado.

Otro tanto ha sucedido en materia de salud en lo atinente a la
capacidad de pago de quien demanda, por ejemplo, el suministro
de un medicamento excluido del POS. Al respecto, la Corte en
sentencia T-1066 de 2006, en una labor de sistematización de las
líneas jurisprudenciales existentes en la materia, consideró lo
siguiente:

En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la
carga procesal de probar sus afirmaciones; tan sólo en casos
excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensión en
que se encuentra el peticionario, se ha invertido
jurisprudencialmente la carga de la prueba a favor de aquél.”[…]
(Subrayado fuera de texto)

Revisado el caso concreto la Sala advierte que, tal como lo consideró

el juez de primera instancia, no obra prueba en el expediente que

permita concluir que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

vulneró los derechos fundamentales invocados, en la medida en que

no está demostrado que la queja a la que alude el actor haya sido en

efecto formulada o presentada ante la accionada.

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Así las cosas, y siguiendo los parámetros dispuestos por la

jurisprudencia constitucional expuesta en líneas anteriores, la Sala

advierte que no le asiste razón al actor, toda vez que la carga de la

prueba corresponde a aquel que pretenda demostrar la vulneración

y los supuestos fácticos en los que se sustenta el amparo solicitado.

En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos de la

impugnación no tienen vocación de prosperar, la sentencia proferida

por la SECCIÓN SEGUNDA será confirmada, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

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Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01
Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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