Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01372-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR NO ALLEGÓ PRUEBA QUE
DEMOSTRARA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA DISCIPLINARIA
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. PRINCIPIO DE
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE TUTELA. LA CARGA DE
LA PRUEBA CORRESPONDE A AQUEL QUE INSTAURA ESTE
MECANISMO SEGÚN JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 12 de mayo de 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-01372-01
Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, estima vulnerados
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA por omitir dar
trámite a la queja disciplinaria formulada contra el profesional del
derecho MANUEL JIMÉNEZ MORA.
I.2.- Hechos
Indicó que presentó queja disciplinaria contra el abogado MANUEL
JIMÉNEZ MORA comoquiera que, a su juicio, el profesional del
derecho ejerció indebidamente su profesión dentro del proceso de
pertenencia en el cual fungió como apoderado judicial de su señora
madre MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.
Resaltó que el citado proceso le correspondió al Juzgado 50 Civil del
Circuito de Bogotá, el cual el abogado MANUEL JIMÉNEZ MORA
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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
dejó en estado de abandono, por lo que permaneció archivado por
un buen tiempo, dando información errada respecto de las
actuaciones surtidas.
Añadió que por las indebidas actuaciones en su profesión de abogado
del señor MANUEL JIMÉNEZ MORA, presentó queja ante el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA la cual a la fecha no se
le ha dado el respectivo trámite.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ha
vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia al “retrasar” una queja interpuesta en
contra del señor MANUEL JIMÉNEZ MORA por indebida defensa
técnica dentro del proceso de pertenencia iniciado por su señora
madre MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende que se
ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar respuesta
a la mayor brevedad posible, así como celeridad a la queja
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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
interpuesta contra el abogado MANUEL JIMÉNEZ MORA.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA informó que
es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la encargada de
investigar las conductas disciplinarias derivadas de la actividad
judicial, por lo que considera que no está llamado a responder o
acatar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
Así las cosas, solicitó su desvinculación
del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
I.5.2.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA informó que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial no ha emitido a esa unidad sentencia ni
constancia secretarial en la que se solicite registro de sanción al
señor MANUEL JIMÉNEZ MORA relacionada con algún proceso
disciplinario que se adelante contra el mencionado profesional del
derecho.
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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
Por lo anterior, destacó que la tarjeta profesional de abogado del
señor MANUEL JIMÉNEZ MORA se encuentra en estado vigente a
la fecha.
Finalmente, advirtió que la competencia de esa unidad es el registro
de la sanción, por lo que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno del actor.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
12 de mayo de 2023, denegó el amparo solicitado al estimar que no
era dable endilgar a la entidad accionada haber incurrido en una
omisión, toda vez que no existe prueba de la queja interpuesta por
el actor en contra del profesional del derecho MANUEL JIMÉNEZ
MORA.
Para el efecto, resaltó que el actor no adosó con la solicitud de
amparo la queja disciplinaria que aduce haber formulado ante el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por lo que a través de
proveído de 26 de abril de la presente anualidad lo requirió a fin de
que adjuntara el referido documento, para lo cual el señor DURÁN
LEGUÍZAMO si bien lo allegó, este no contenía ni la fecha ni las
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respectivas constancias de recepción ante la accionada.
El a quo explicó que no basta con que el demandante asevere que
sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados o
amenazados, pues resulta necesario que respalde su argumento con
elementos de juicio que así lo acrediten, de modo que quien indica
formular una solicitud y no obtener respuesta, deberá allegar copia
del respectivo escrito con la constancia de radicación o envío a la
autoridad destinataria.
Finalmente, denegó el amparo deprecado, por considerar que no
obran elementos de juicio en el expediente que permitan concluir que
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA trasgredió los
derechos fundamentales invocados por el actor.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia
indicando que el a quo no realizó un estudio riguroso de las pruebas
allegadas al escrito de tutela.
Comentó que corresponde a la entidad accionada remitir la
información respecto de la queja en cuestión, por lo que se debió
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requerir al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que
esta allegara los documentos que echó de menos la primera
instancia.
Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y que se
oficie nuevamente al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
para que este de respuesta sobre el estado de la queja promovida
contra el señor MANUEL JIMÉNEZ MORA.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida a
demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la omisión en el trámite de la queja disciplinaria presuntamente
interpuesta por el actor ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, le asiste interés en las resultas de la acción de tutela
de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se
ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar trámite a
la queja disciplinaria formulada contra el abogado MANUEL
JIMÉNEZ MORA, por ejercer indebidamente la profesión y realizar
una mala defensa técnica dentro del proceso de pertenencia iniciado
por su progenitora, la señora MARÍA HERMINIA LEGUÍZAMO.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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El disenso del actor radica en que, desde el momento de interposición
de la queja hasta la presentación de la acción de tutela de la
referencia, no se le ha impartido trámite a la misma, lo que vulnera
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 12 de mayo de
2023, denegó el amparo solicitado al considerad que no obraban
elementos de juicio que permitieran concluir que el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA trasgredió los derechos
fundamentales invocados.
El actor impugnó la anterior decisión argumentando, en esencia, que
correspondía a la accionada allegar los documentos que daban
cuenta de la queja interpuesta ante esa entidad, por lo que se debía
requerir al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con el fin de
que remitiera la información respecto de la mencionada querella.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, determinar si el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
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vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia al omitir darle trámite a la queja
interpuesta por el actor contra el señor MANUEL JIMÉNEZ MORA.
La Sala advierte que la solicitud de amparo cumple con el requisito
de inmediatez, porque fue promovida dentro de un término
razonable, en la medida en que de los hechos comentados por el
actor se advierte que es una vulneración actual. Asimismo, en lo que
concierne a la subsidiariedad, la Sala advierte que el actor no cuenta
con otros medios de defensa judiciales para hacer exigible la
protección de sus derechos fundamentales invocados.
Visto que la presente acción de tutela es procedente para el estudio
del fondo del asunto, la Sala procederá a determinar si la autoridad
accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del actor.
En el caso bajo examen el actor pretende que se ordene al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA dar trámite a la queja
disciplinaria formulada contra el abogado MANUEL JIMÉNEZ
MORA, comoquiera que, a su juicio, desde el momento de
interposición de la queja hasta la presentación de la acción de tutela
de la referencia, no se le ha impartido trámite a la misma, lo que
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vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.
Ahora, revisado el expediente se advierte que el actor no allegó
prueba de la presentación de la queja disciplinaria a la que alude, por
lo que el a quo mediante proveído de 26 de abril de 2023 lo requirió
con el fin de que adjuntara dicho documento, junto con la constancia
de radicación o envío, sin que el señor DURÁN LEGUÍZAMO haya
presentado las respectivas pruebas de la presentación de la querella.
En efecto, aun cuando el actor mediante memorial de 2 de mayo de
2023, allegó el escrito de la queja disciplinaria, en dicho documento
no se observa constancia de radicación o envío de la misma ante el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Ahora, de conformidad con los planteamientos expuestos por el actor
en el escrito de impugnación, según los cuales corresponde a la
accionada allegar prueba de la presunta queja disciplinaria
interpuesta ante esa entidad, la Sala realizará las siguientes
precisiones.
En cuanto al principio de la carga de la prueba en la acción de tutela,
el Alto Tribunal Constitucional ha precisado que aquel que promueve
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el mencionado mecanismo de defensa judicial para la protección de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, tiene la carga
procesal de probar sus afirmaciones, sin perjuicio de que la misma
se invierta en caso de existir un estado de indefensión o imposibilidad
fáctica o jurídica para probar los hechos que se alegan.
En efecto, en la sentencia C-131 de 20073 la Corte Constitucional se
pronunció sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela,
afirmando que, con fundamento en el principio onus probandi
incumbit actori, dicha carga corresponde a la parte actora, con el fin
de que la determinación del juez obedezca a la certeza y convicción
de que se ha vulnerado el derecho que se invoca. En la citada
providencia se expuso lo siguiente:
“[…] 3. El principio “onus probandi incumbit actori” en
materia de tutela.
En diversas ocasiones la Corte ha examinado el tema de la carga
de la prueba en sede de tutela. Así, en sentencia T-298 de 1993
esta Corporación, con ocasión de una petición de amparo
instaurada por un padre, quien pretendía que su hijo fuese
desvinculado de las filas del Ejército Nacional, negó la protección
judicial demandada con base en las siguientes consideraciones:
“El artículo 22 del mencionado decreto, "el juez, tan pronto llegue
al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir
el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas". Pero
esta disposición no puede entenderse como una autorización legal
para que el juez resuelva sin que los hechos alegados o relevantes
para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando
menos en forma sumaria dadas las características de este
3
Corte Constitución, sentencia T-131 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
procedimiento. Su determinación no puede ser adoptada con base
en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de
obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está
amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si
en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión
únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los
hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el
derecho de defensa de las partes".
Siguiendo con esa misma línea jurisprudencial, la Corte en
sentencia T-835 de 2000, en el caso de un trabajador, quien
alegaba ser víctima de una discriminación en materia salarial en
relación con sus compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto
“Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental
debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su
pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien
conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las
consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la
amenaza de afectación”.
Así mismo, en diferentes providencias el Tribunal Constitucional ha
estimado que, si bien se pueden amparar transitoriamente los
derechos de la mujer embarazada cuando el despido amenace su
derecho al mínimo vital o el de su hijo que está por nacer, “la
prueba de la vulneración del mínimo vital se convierte en un
elemento indispensable para que el juez constitucional adquiera
competencia para decidir un asunto como el que ahora se estudia,
pues sin esta condición la jurisdicción competente seguirá siendo
la ordinaria4”. En igual sentido, en sentencia T-237 de 2001, la
Corte señaló lo siguiente:
“el directo afectado debe demostrar la afectación de su mínimo
vital, señalando qué necesidades básicas están quedando
insatisfechas, para lograr la protección y garantía por vía de tutela,
pues de no ser así, derechos de mayor entidad, como la vida y la
dignidad humana se pueden ver afectados de manera irreparable.
“En este punto, es necesario enfatizar el hecho de que, no basta
hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo
vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de
pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le
permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación.”
Ahora bien, en situaciones muy particulares de especial
indefensión, la Corte ha considerado que se invierte la carga de la
prueba a favor del peticionario, es decir, que basta con que éste
realice una afirmación, teniendo la autoridad pública accionada, o
el particular en su caso, el deber de desvirtuarla. En otras palabras
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Sentencias T-653 de 1999, T-879 de 1999, T-904 de 1999, entre otras.
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se presumen ciertos los hechos alegados por el accionante. Así por
ejemplo, en casos de personas víctimas de desplazamiento
forzado, esta Corporación en sentencia T- 327 de 2001 estimó lo
siguiente:
“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por
ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la
persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto,
es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde
probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la
ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es
prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable
dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En
muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y
casi imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de
este delito. Frente a este tipo de situaciones es inminente la
necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar
protección al desplazado.
Otro tanto ha sucedido en materia de salud en lo atinente a la
capacidad de pago de quien demanda, por ejemplo, el suministro
de un medicamento excluido del POS. Al respecto, la Corte en
sentencia T-1066 de 2006, en una labor de sistematización de las
líneas jurisprudenciales existentes en la materia, consideró lo
siguiente:
En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la
carga procesal de probar sus afirmaciones; tan sólo en casos
excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensión en
que se encuentra el peticionario, se ha invertido
jurisprudencialmente la carga de la prueba a favor de aquél.”[…]
(Subrayado fuera de texto)
Revisado el caso concreto la Sala advierte que, tal como lo consideró
el juez de primera instancia, no obra prueba en el expediente que
permita concluir que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
vulneró los derechos fundamentales invocados, en la medida en que
no está demostrado que la queja a la que alude el actor haya sido en
efecto formulada o presentada ante la accionada.
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Así las cosas, y siguiendo los parámetros dispuestos por la
jurisprudencia constitucional expuesta en líneas anteriores, la Sala
advierte que no le asiste razón al actor, toda vez que la carga de la
prueba corresponde a aquel que pretenda demostrar la vulneración
y los supuestos fácticos en los que se sustenta el amparo solicitado.
En ese orden de ideas, comoquiera que los argumentos de la
impugnación no tienen vocación de prosperar, la sentencia proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA será confirmada, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
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Actor: MARIO EDUARDO DURÁN LEGUÍZAMO
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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