Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01377-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
11 de mayo de 2023
Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00
Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01377-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS VELA CRUZ
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Petición de información.
Núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Deber de
remisión al competente cuando se cumplen los supuestos del
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Carlos Andrés Vela Cruz, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales de petición,
a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las libertades de prensa,
de información y de opinión, los cuales considera vulnerados por la falta de
respuesta de fondo a la petición de información presentada el 5 de marzo de 2023.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante sostuvo que el 5 de marzo de 2023 elevó una solicitud ante la
Presidencia de la República con el asunto “Queja y denuncia contra Winner Group
S.A.”, a la cual se le asignó el radicado No. EXT23-00040075.
Indicó que el 13 de marzo de 2023, la entidad demandada emitió el Oficio No.
OFI23-00046985 / GFPU 13150000, mediante el cual atendió su solicitud. Sin
embargo, manifestó que la misma no resuelve de fondo la petición, en particular el
punto 7 de la misma.
2. Fundamentos de la acción
El actor presentó acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de petición, a la honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y
a las libertades de prensa, de información y de opinión, por lo que solicita al juez
constitucional que se ordene proferir respuesta de fondo a la solicitud formulada el
5 de marzo de 2023 (radicado No. EXT23-00040075).
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Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el demandante formuló la siguiente:
“Que el Señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego identificado
con la cédula de ciudadanía número (…) me responda el Derecho de Petición de fondo
dando debida observancia a mis derechos humanos y a la Constitución Política de
Colombia radicado el 5 de Marzo de 2023”.
4. Pruebas relevantes
Con la solicitud de amparo, el actor aportó los siguientes documentos:
• Copia de la petición de 5 de marzo de 2023, radicada con el No. EXT23-
00040075.
• Copia del oficio de respuesta No. EXT23-00040075 de 13 de marzo de
2023, suscrito por el jefe (E) de la Oficina de Relacionamiento con el
Ciudadano.
5. Trámite procesal
El 13 de marzo de 2023, la acción de tutela se repartió al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C., que en atención a las
reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 1, resolvió,
por auto de 14 de marzo de 2023, remitir la solicitud de amparo al Consejo de
Estado para lo de su cargo.
Por auto de 24 de marzo de 2023, la Magistrada Sustanciadora dispuso la
admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la
entidad demandada, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
27188 a 27190 de 27 de marzo de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión2.
6. Oposición
Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
Mediante escrito de 31 de marzo de 2023, la apoderada judicial del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que se configuró la falta de
legitimación en la causa por pasiva. De forma subsidiaria, pidió que se nieguen las
pretensiones del actor pues no se vulneró ningún derecho fundamental.
1 La citada disposición normativa establece lo siguiente: “12. Las acciones de tutela dirigidas contra
las actuaciones del Presidente de la República , incluyendo las relacionadas con seguridad
nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del
Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la
erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , al
Consejo de Estado”.
2 Las partes demandante y demandada, así como fueron notificadas a las siguientes direcciones
de correo electrónico: induvela@gmail.com; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
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Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
Manifestó que mediante oficio de 13 de marzo de 2023 se dio respuesta de fondo
a la petición presentada por el actor, en el sentido de señalarle que no está en la
capacidad de tomar acciones por los presuntos actos de discriminación de los que
fue víctima y le indicó cuáles eran los canales mediante los cuales podía
interponer las respectivas denuncias penales, por lo que considera que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental. Es más, sostuvo que cualquier
pronunciamiento al respecto resultaría inocuo porque con la respuesta las
pretensiones de la acción de tutela se encuentran satisfechas.
Por otro lado, aseguró que se configuró la falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que las inconformidades del solicitante se relacionan con la
infracción de normas por parte de los casinos pertenecientes a Winner Group S.A
y el abuso de su derecho a reservarse la admisión de determinadas personas,
cuestión que no es del resorte de la entidad sino de Coljuegos y de la Fiscalía
General de la Nación.
En primer lugar, para hacer referencia a la competencia que asiste a
COLJUEGOS, señaló que de acuerdo con el Decreto 4142 del 2011 y el Decreto
1451 del 2015, esta es la institución encargada de autorizar y vigilar el
funcionamiento de las empresas o personas que explotan económicamente los
juegos de azar como los casinos.
Refirió que cualquier persona que considere que alguna de las empresas que
explotan los casinos ha incumplido con las normas de funcionamiento de
COLJUEGOS, puede acceder a la página web e interponer una queja, para que
esta sea analizada y tramitada por dicha entidad, que de encontrar responsable a
la denunciada podrá imponer multas e incluso tomar correctivos para que dicha
situación no se vuelva a repetir. Este mecanismo puede ser verificado en el
siguiente enlace: https://pqrsd.coljuegos.gov.co:8081/pqr/radicar.php.
Por último, destacó que si los actos de discriminación a los que se refiere el actor
en la petición se encuentran probados pueden incluso a ser constitutivos del delito
contemplado en el artículo 134A del Código Penal3, para lo cual deberá acudir a la
Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, siendo dicha entidad
quien podrá iniciar las investigaciones solicitadas y, de ser el caso, imponer las
sanciones correspondientes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
3 “Artículo 134A. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el
pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u
orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce
(12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República vulneró los derechos fundamentales de petición, a la
honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las libertades de prensa, de
información y de opinión del accionante al no emitir respuesta de fondo a la
solicitud de información radicada el 5 de marzo de 2023, en particular al punto No.
7 dirigido a dicha entidad.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20014, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
4 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”5 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,6 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;7
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado8”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud
y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”9. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
5 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
6 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de
2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la
obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la
cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que
la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo
expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el
derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su
deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con
el artículo 209 de la Constitución…”.
8 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
9 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”10.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El accionante presentó acción de tutela porque considera que la autoridad
administrativa accionada vulneró los derechos fundamentales de petición, a la
honra, al buen nombre, a la personalidad jurídica y a las libertades de prensa, de
información y de opinión, al considerar que a pesar de que la entidad demandada
respondió su petición de 5 de marzo de 2023, pasó por alto referirse al punto No. 7
de la misma.
4.2. Al respecto, la Sala de conformidad con las pruebas que reposan en el
expediente de tutela, inicia por señalar que el señor Carlos Andrés Vela Cruz,
mediante apoderado, formuló petición dirigida a varias entidades, entre las cuales
se encontraba la Presidencia de la República, en los siguientes términos:
“[sic a toda la cita] RV: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop
S.A
Remitente:
CARLOS ANDRES VELA CRUZ
10 Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).
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Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00
Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
Destinatarios:
Con copia a:
Fecha de Recibido:
06/03/2023 09:12:51 AM
Correo Peticionario: Contacto(contacto@presidencia.gov.co)
De (Remitente): CARLOS ANDRES VELA CRUZ
(hseq.integrada@gmail.com;induvela@gmail.com)
Enviado el: 6/03/2023 9:12:51 a.m.
Para: contactoocho@presidencia.gov.co
Asunto: RV: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A
De: Carlos Andrés Vela Cruz
Enviado el: domingo, 5 de marzo de 2023 4:12 p. m.
Para: Servicio al Cliente (CO) Servicio al Cliente ICONTEC
procurador@procuraduria.gov.co; ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co; Contáctenos
Coljuegos; lnortizm@winnergroelup.com; (carlos.vela-c@ mail.escuelaing.edu.co)
QHSE; relacionciudadano@minhacienda.gov.co; david.racero@camara.gov.co;
roy.barreras.montealegre@senado.gov.co; Contacto
Asunto: Derecho de Petición: Queja y Denuncia contra Winner Gruop S.A
Bogotá, 05 de Marzo de 2023
Señores
John Jairo Flórez Vargas
Gerente de Casino - Winner Group S.A. - CIRSA Colombia
Doctor Gustavo Petro Urrego
Presidente de la Republica
Roberto Enrique Montoya Villa Yo Carlos Andrés Vela Cruz identificado con C.C
80094579 de Bogotá amparado en el Art 23 de Constitución Política de Colombia y
Ley 1755 de 2015, elevó queja y denuncia penal contra todos los colaboradores y
Gerente General de los Casinos Cirsa Winner Group con número de contrato N°
C1817 en las siguientes ubicaciones BROADWAY 1 CASINO PLAZA DE LAS
AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1801-1803.BROADWAY 2 PLAZA DE LAS
AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1919, 1921, 1923.
Toda vez que me fue negado el acceso el día 05 de Marzo de 2023 aproximadamente
sobre la franja horaria de 11 am a 12: 45 pm en los dos casinos lo cual están en su
derecho de reserva de admisión sin embargo, mi queja y denuncia puntual está en la
forma como realizaron la inadmisión, primero discriminándome por mi aspecto
personal y mi personalidad la cual busca la excelencia en las empresas que se
certifiquen en NTC-ISO 9001:2015 con groserías con reacciones de temeridad, sin dar
mayores explicaciones esta misma reacción la tuvieron el pasado 13 de Enero de
2023 yo les reitere la respuesta de Servicio al Cliente lo cual no era congruente con la
realidad la cual puede ser verificada por el CCTV de los casinos anteriormente
referenciados, el cual es de conocimiento por el Proceso de Servicio al Cliente. En
vista de lo sucedido solicité acompañamiento policivo el cual se gestionó por parte de
Mi Policía Nacional llegando a sitio BROADWAY 1 CASINO PLAZA DE LAS
AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC 1801-1803.
Los Patrulleros entendieron que se trataba de un caso particular de discriminación por
parte de los colaboradores del Casino lo cual me indicaron elevar la denuncia penal y
si lo consideraba necesario la demanda civil por los daños y perjuicios ya que el daño
emocional generado por los colaboradores vulneran evidentemente, mis derechos
humanos
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja
7
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Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00
Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación Y por lo visto es
aprobado por el Señor John Jairo Flórez Vargas - Gerente de Casino - Winner Group
S.A. - CIRSA Colombia ese trato tan desobligante contra mi persona.
Por lo anterior solicito comedidamente
1. Abrir Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la Nación contra John Jairo Flórez
Vargas - Gerente de Casino - Winner Group S.A. y sus colaboradores de los casinos
BROADWAY 1 CASINO PLAZA DE LAS AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC
1801-1803 BROADWAY 2 PLAZA DE LAS AMERICAS TV 71 D NO. 6 - 94 SUR LC
1919, 1921, 1923.
Para la fecha y hora de los hechos 03 de Marzo de 2023; aproximadamente sobre la
franja horaria de 11 am a 12: 45 pm, por Discriminación y por realizar afirmaciones
nocivas contra mi Honra y mi Buen Nombre.
1ª. Solicito con efecto inmediato la suspensión del certificado de calidad NTC-ISO
9001:2015 por parte de ICONTEC ya que si una empresa no cumple la Declaración
Universal de derechos Humanos no amerita mantener el certificado de Calidad de
Tercera parte.
2. Solito comedidamente a la Procuraduría se apertura investigación por la no
respuesta de mi derecho de petición del 21 de enero de 2023 a Icontec y la ONAC de
la suspensión del Certificado de Tercera Parte por parte de ICONTEC del Sistema de
Gestión de Calidad NTC-ISO 9001:2015, la cual a la fecha de hoy está en estado
vigente a la fecha del 05 de Marzo de 2023 toda vez que no me ha sido contestado y
se presume un silencio positivo a mi favor por parte de ONAC e ICONTEC. Se
invocará el Art 86 de la Constitución Política de Colombia.
3. Se solicita comedidamente a Coljuegos y al Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico una respuesta de fondo de sus posiciones frente a este hecho de vulneración
de Derechos Humanos por parte de Afiliados a Coljuegos y que este último no realice
la inspección, control y vigilancia frente a los Afiliados y más cuando en mi caso
particular he manifestado hallazgos relevantes frente a Winner Group S.A el
cumplimiento de los Derechos Humanos es la norma Superior que debe ser cumplida
por parte de Coljuegos, elevo nuevamente queja contra Coljuegos ante la
Procuraduría General de la Nación que más actúa como defensor de sus Afiliados que
de garante de cumplimiento de Derechos Humanos y Constitucionales. No voy admitir
que se me indique mentiroso nuevamente como lo reflejan sus repuestas
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
4. Solicito a la Procuraduría General de la Nación la Supervigilancia a este Derecho de
Peticiona si como elevar queja contra Coljuegos.
5. Solicito el estado final de la investigación tributaria a ser realizada por la DIAN.
6. Solicito comedidamente a los Presidentes del Senado y la Cámara de
Representantes según el Art 21 de la Ley 1755 de 2015, dar correspondiente traslado
solicitud de moción de censura contra el Director de Coljuegos y el Ministerio de
Hacienda a los Presidentes de los Partidos Políticos declarados en Oposición al
Gobierno del Señor Presidente Gustavo Petro Urrego 2022-2026. En base que es muy
sospechoso que uno de los Casinos más grandes del País admita el ingreso a un
ciudadano común y corriente porque hace reclamos válidos y más de índole tributario.
6a. Solicito las Revistas Semana, Revista Cambio, amerita una investigación
periodística.
7. Solicito a Presidencia de la República una respuesta de fondo si este es el
Gobierno del Cambio que prometió proteger mis Derechos Humanos y la Constitución
Política de Colombia, teniendo en cuenta lo acá expuesto CARLOS ANDRES VELA
CRUZ Padre de mis menores hijos Juan Camilo Vela Estupiñán y Karen Juliana Vela”.
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Radicado: .11001-03-15-000-2023-01377-00
Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
La petición fue resuelta por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República mediante oficio No. OFI23-00046985 / GFPU 13150000 de 13 de marzo
2023, en los siguientes términos:
“OFI23-00046985 / GFPU 13150000(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN
Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Señor
CARLOS ANDRES VELA CRUZ
induvela@gmail.com
OFI23-00046985 / GFPU 13150000
Clave: LLTq5Xg6IV
Asunto: EXT23-00040075.
Respetado señor Vela:
Hemos recibido su comunicación dirigida a la Presidencia de la República. Ante lo
expuesto de esta forma, en virtud del artículo 6 de la Constitución Política los
servidores públicos tenemos prohibida cualquier tipo de extralimitación de estas
funciones. Por lo anterior le reiteramos que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República es la entidad encargada de brindar el soporte
administrativo al Primer Mandatario en cumplimiento con el Decreto 2647 del 30 de
diciembre de 2022 el cual pueden consultar en el siguiente link:
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202647%20DEL%2
030 %20DE%20DICIEMBRE%20DE%202022.pd.pdf
Corolario, esta entidad no cuenta con facultades para investigar o sancionar. Dicha
facultad reposa en los entes de control disciplinario de las entidades públicas y sus
funcionarios en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.
Referente a los posibles hechos de discriminación le solicitamos respetuosamente que
si se siguen presentando acuda ante el Ministerio del Trabajo mediante sus canales
de atención https://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/centro-de-
orientacion-y-atencionlaboral.
Cordialmente,
JAVIER SANABRIA SALAZAR
Jefe (E) OFICINA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO”.
La entidad demandada aportó la siguiente relación de las actuaciones que se
desplegaron para emitir la respuesta y efectuar la notificación correspondiente:
4.3. Como cuestión inicial, valga indicar que de conformidad con el artículo 13 de
la Ley 1437 de 2011, el derecho de petición puede ejercerse con el fin de pedir
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Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
Por lo anterior, es claro que en la solicitud elevada por el accionante constituye
una expresión misma del derecho fundamental de petición. Sin embargo, en
cuanto a la inconformidad del actor frente la respuesta del punto No. 7 de la
solicitud, se advierte que, en este caso en concreto, la falta de respuesta expresa
frente a la misma obedeció a que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República es el encargado de brindar soporte administrativo al
Presidente de la República y no cuenta con las facultades para investigar y
sancionar, las cuales serían necesarias para tomar las medidas solicitadas por el
actor.
Ahora bien, como quiera que la entidad no es la competente para tramitar las
quejas presentadas, estaba en el deber de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, de remitirlas a las respectivas autoridades, lo
cual no ocurrió. No obstante, la Sala evidencia que el peticionario envió la petición
a la Fiscalía General de la Nación (ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co);
COLJUEGOS (Contáctenos Coljuegos) y a la Procuraduría General de la Nación
(procurador@procuraduria.gov.co), por lo que no se advierte alguna situación que
amerite la intervención del juez constitucional.
En cualquier caso, la Sala reitera que la entidad demandada estaba en el deber
constitucional de remitir la petición a las respectivas autoridades, dada la
manifestación de incompetencia, pues de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional la falta de competencia de una autoridad para desatar un
asunto no sirve de sustento para desatender el derecho fundamental de petición,
dado que en esos eventos, la administración tiene el deber de “fundamentar la
carencia de competencia, remitir a la entidad que tiene la potestad para tramitar el
asunto e informar de esa decisión al peticionario. Con el cumplimiento de esas
condiciones, la autoridad satisface el derecho de petición: “Para la Corte, la simple
respuesta de incompetencia constituye una evasiva a la solicitud, con lo cual la
administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de
eficacia que inspira la función administrativa”11.
Así las cosas, la Sala negará las pretensiones formuladas por el accionante
porque él había dirigido la petición a las entidades competentes. Sin embargo, la
Sala en uso de las facultades establecidas en el artículo 24 del Decreto 2591 de
199112, prevendrá al Departamento Administrativo de la Presidencia para que, en
el futuro, dé estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, en lo relativo a la remisión de las peticiones frente a las cuales carece de
competencia.
11 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (E).
12
La citada disposición establece: ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al
concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera
consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere
de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente
de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.
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Demandante: Carlos Andrés Vela Cruz
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Andrés Vela Cruz, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- PREVÉNGASE al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República para que, en el futuro, dé estricto cumplimiento a lo previsto en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, en lo relativo a la remisión de las peticiones
frente a las cuales carece de competencia.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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