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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01387-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01387-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2023-01387-00 Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01387-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de abril de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01387-00
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01387-00
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Temas: Derecho de petición. Carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Ciro Andrés Casadiego Ortiz contra el
Consejo Superior de la Judicatura.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
Ciro Andrés Casadiego Ortiz actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en
orden a que se proteja su derecho fundamental de petición.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca dar
respuesta a petición elevada el 27 de enero de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01387-00
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hecho de tutela, el siguiente:

El 27 de enero de 2023, presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura y
el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander y Arauca, en aras de
obtener información sobre la supresión del cargo de citador grado 3 en los juzgados
civiles del circuito y municipales de Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales Neiva y
Pereira y la creación del cargo de asistente judicial grado 6.

1.2. Actuación Procesal

Mediante auto del 23 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar de ese proveído al Consejo Superior de la Judicatura y
al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, a quienes les
otorgó un término de tres (3) días, para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos
en el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1 Consejo Superior de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca

El 31 de marzo de 2023, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca rindió informe, por medio del cual solicitó se le desvincule de la
presente acción por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la petición
elevada por el accionante no le compete resolverla a este, sino que es competencia del
Consejo Superior de la Judicatura, situación que fue puesta en conocimiento del señor
Ciro Andrés Casadiego Ortiz mediante el Oficio CSJNSO23-881 del 6 del mismo mes y
año, el cual se notificó ese mismo día al correo electrónico indicado
cirocasadiego06@gmail.com.

1.3.2. Consejo Superior de la Judicatura

El 10 de abril de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura rindió informe, a través del cual señaló que no
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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

procede el amparo constitucional por carencia actual de objeto por hecho superado, con
base en lo siguiente:

• El 28 de marzo de 2023, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico remitió al
correo electrónico cirocasadiego06@gmail.com el Oficio UDAEO23-831, por el cual se
le informó al accionante bajo que fundamento se dio la creación del cargo de asistente
judicial grado 6.

• El 30 de marzo de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial dio
respuesta a la petición elevada por el accionante respecto a la homologación del cargo
de citador grado 3 con el de asistente judicial 6.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, le vulneraron al accionante
el derecho fundamental de petición, al no dar respuesta a la solicitud realizada el 27 de
enero de 2023.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos elementos dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio de
amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del carácter subsidiario
y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos
medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho
que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no
atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción
de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.

2.3.2. Derecho de petición

En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para que
puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta; adicionalmente, este derecho
comprende no sólo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que las solicitudes se
resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna2.

En efecto, la jurisprudencia constitucional3 ha indicado que la respuesta a las solicitudes

1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-

074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.
2 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-481 de 1992, M.P.: Jaime Sanín Greiffenstein.
3
Ver entre otras sentencias: T-095 de 2015.
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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir los siguientes
requisitos: ser oportuna, resuelta de fondo, clara, precisa y congruente con lo pedido, así
como ser puesta en conocimiento del titular; además, ha precisado que la respuesta no
significa que se acceda a lo solicitado.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con el
término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar
el término en el cual se dará la contestación. Asimismo, en el evento en que la petición
se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá remitirla al que sí lo es, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 20154.

De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de petición con
respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones de los particulares.
En efecto, la omisión o el silencio de la administración en relación con las solicitudes de
los ciudadanos van en contra del cumplimiento de los deberes de los funcionarios
públicos de resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente de tutela la Sala puede
establecer lo siguiente:

i) El 27 de enero de 2023, el accionante presentó derecho de petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander
y Arauca, donde requirió la siguiente información:

[…]
1. Sírvase informar cuál fue el fundamento legal por el cual en el Acuerdo No. PCSJA22-
12028 de 2022, se decidió que para los Juzgados Laborales del Circuito, Juzgados
Administrativos, Juzgados de Familia, Juzgados Penales del Circuito y Juzgados Civiles
de Restitución a Tierras creados, ya no existiera en la planta de personal el cargo de
Citador Grado 3 y en su lugar se creara el de Asistente Judicial Grado 6.
2. Se sirva informar la razón (a su vez esta es una petición) del por qué no se homologaron

4 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

los dos cargos (Citador Grado 3 y Asistente Judicial Grado 6) teniendo en cuenta que
los dos tienen exactamente los mismos requisitos (la razón principal de haber escogido
al momento de postularme el cargo de CITADOR GRADO 3 fue la cantidad de Juzgados
que tenían este en su planta de personal).
3. Así como existe el Acuerdo No. 2130 de 2003 “Por el cual se suprimen y se crean unos
cargos en los Juzgados Civiles del Circuito y Municipales de Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Manizales Neiva y Pereira” que determinó que el cargo de Citador Grado 3 dejaba de
existir creando el cargo de Asistente Grado 6 y también ordenó “Los citadores que al
momento de entrar en vigencia el presente Acuerdo se encuentren escalafonados,
serán homologados al cargo de Asistente Judicial grado 6, creado por el artículo
Segundo de este Acuerdo “, se sirva informar mediante cual acuerdo o decisión se tomó
la disposición de suprimir el cargo de Citador Grado 3 de los Juzgados Laborales del
Circuito, Juzgados Administrativos, Juzgados de Familia, Juzgados Penales del Circuito
y Juzgados Civiles de Restitución a Tierras creados mediante No. PCSJA22-12028 de
2022.
4. Se sirva informar el por qué en el Acuerdo No. PCSJA22-11976 de 2022 que para la
ciudad de Cúcuta creó “Un juzgado administrativo en Cúcuta, Distrito Judicial
Administrativo de Norte de Santander, conformado por un cargo de juez, un cargo de
secretario, un cargo de profesional universitario grado 16, dos (2) cargos de
sustanciador y un cargo de citador grado 03, el cual se denominará Juzgado 011
Administrativo de Cúcuta”. Se decidió que la planta de este (como en los de todo el país)
tuviera de Citador Grado 3 y no el de Asistente Judicial Grado 6. […]

ii) A través del Oficio CSJNSO23-881 del 6 de marzo de 2023, el Consejo Superior
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca dio respuesta a la petición elevada por
el accionante, donde le señala que la solicitud de información efectuada no es
competencia de dicha Corporación, por lo tanto, procede a remitirla al Consejo Superior
de la Judicatura para lo pertinente.

iii) Mediante el Oficio UDAEO23-722 del 21 de marzo de 2023, la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico le remitió a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial el requerimiento efectuado por el señor Ciro Andrés Casadiego Ortiz, para que
esta diera respuesta a la pregunta núm. 2 antes citada.

iv) En Oficio UDAEO23-831 del 27 de marzo de 2023, la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta a las preguntas
1, 3 y 4 realizadas por el accionante.

v) El 30 de marzo de 2023, mediante el Oficio CJO23-1911 la Unidad de
Administración de Carrera Judicial brindó respuesta a la pregunta 2 de la solicitud.

2.5. Análisis del caso concreto

El señor Ciro Andrés Casadiego Ortiz solicitó la protección de su derecho fundamental
de petición, cuya vulneración atribuye al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo
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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca ante la falta de contestación
a la petición elevada el 27 de enero de 2023.

El numeral 1 del artículo 14.º de la Ley 1755 de 2015, consagra que «[l]as peticiones de
documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su recepción».

En el sub lite, se tiene que, en efecto, el accionante envió su solicitud de información el
27 de enero de 2023, por lo que, los 10 días que tenían las accionadas para dar
respuesta de manera clara y precisa a la petición elevada vencieron el 10 de febrero de
la misma anualidad, sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela,
17 de marzo de 2023, solamente se había pronunciado el Consejo Superior de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca, mediante el Oficio CSJNSO23-881 del 6 de
marzo de 2023, donde señaló que no era el competente para atender la solicitud de
información realizada por el accionante, ya que por directrices impartidas en el Acuerdo
PCSJA22-12028 dicha facultad solo recae en el Consejo Superior de la Judicatura, por
lo tanto, procedió a remitirlo.

No obstante, se tiene que, en el trámite de la acción de tutela, el 27 de marzo de 2023,
la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura contestó la solicitud presentada por el accionante en los siguientes términos:

Frente a la pregunta núm. 1 sobre «cuál fue el fundamento legal por el cual en el Acuerdo
No. PCSJA22-12028 de 2022, se decidió que, para los Juzgados Laborales del Circuito,
Juzgados Administrativos, Juzgados de Familia, Juzgados Penales del Circuito y
Juzgados Civiles de Restitución a Tierras creados, ya no existiera en la planta de
personal el cargo de Citador Grado 3 y en su lugar se creara el de Asistente Judicial
Grado 6.».

La Corporación señaló que la creación del cargo se basó en el estudio técnico y
concepto previo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de conformidad
con el numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, donde se consideró la necesidad
de garantizar en los despachos judiciales un perfil moderno que ayude con la
transformación digital y la implementación del PETD en la Rama Judicial.

En cuanto a la pregunta núm. 3 sobre «por qué en el Acuerdo No. PCSJA22-11976 de

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2022, que para la ciudad de Cúcuta creó “Un juzgado administrativo en Cúcuta, Distrito
Judicial Administrativo de Norte de Santander, conformado por un cargo de juez, un
cargo de secretario, un cargo de profesional universitario grado 16, dos (2) cargos de
sustanciador y un cargo de citador grado 03, el cual se denominará Juzgado 011
Administrativo de Cúcuta”. Se decidió que la planta de este (como en los de todo el país)
tuviera de Citador Grado 3 y no el de Asistente Judicial Grado 6».

La unidad manifestó que las medidas adoptadas en el Acuerdo PCSJA22-11976 de
2022 frente a la planta del Juzgado Once Administrativo de Cúcuta se tomaron con base
en la necesidad y el contexto que se estaba viviendo para esa época, de ahí que, para
ese momento no se había creado el cargo de asistente judicial grado 6 porque no se
contaba con los objetivos estratégicos del plan sectorial de desarrollo de la Rama
Judicial, los cuales se adoptaron en diciembre de 2022.

Con relación a la pregunta núm. 4 sobre «informar mediante cual acuerdo o decisión se
tomó la disposición de suprimir el cargo de Citador Grado 3 de los Juzgados Laborales
del Circuito, Juzgados Administrativos, Juzgados de Familia, Juzgados Penales del
Circuito y Juzgados Civiles de Restitución a Tierras». La unidad precisó que con la
creación del cargo de asistente judicial grado 06 no se suprimieron los puestos
existentes de citador grado 03 en los despachos antes citados.

Ahora bien, la petición de información sobre ¿por qué no se homologaron los cargos de
citador grado 3 y asistente judicial 6? se remitió a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, la cual el 30 de marzo de 2023 dio respuesta mediante el Oficio CJO23-
1911, donde manifestó que no procede la homologación de dichos puestos, comoquiera
que no se cumple con el presupuesto del artículo 1.° del Acuerdo PSAA07-4156 de
2007, toda vez que, el cargo de citador grado 3 no ha sido suprimido, trasladado,
reubicado o redistribuido ni por orden judicial ni por decisión del Consejo Superior de la
Judicatura, sino que por el contrario, existe en todos los distritos judiciales del país y
tiene registro de elegibles en firme; asimismo, aduce que la inexistencia de vacantes de
este cargo no es causal de homologación, pues se tiene la posibilidad de acceder al
mismo durante los 4 años de vigencia del registro de elegibles.

En este contexto, se advierte que como las pretensiones formuladas en tutela se
dirigieron a obtener información sobre i) ¿cuál fue el fundamento jurídico para que a
través del Acuerdo núm. PCSJA22-12028 de 2022 se creara el cargo de asistente

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Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

judicial grado 6 para los juzgados laborales del circuito, administrativos, de familia,
penales del circuito y civiles de restitución de tierras?; ii) ¿por qué no se homologaron
los cargos de citador grado 3 y asistente judicial 6, si tienen las mismas funciones?; iii)
¿cuál acuerdo o decisión suprimió el cargo de citador grado 3 de los juzgados antes
citados? y iv) ¿por qué el Acuerdo núm. PCSJA22-11976 de 2022 que creó el Juzgado
Once Administrativo de Cúcuta dispuso en la planta de este el cargo de citador grado 3
y no el de asistente judicial 6?, lo cual, como quedó expuesto, ya ocurrió, en la medida
que:

• El 27 de marzo de 2023, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta a las peticiones realizadas, para
lo cual manifestó que el fundamento que motivó la creación del cargo de asistente
judicial grado 6 fue la necesidad de garantizar la transformación digital en los
despachos judiciales, tal y como lo establece el estudio técnico y concepto previo
de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de conformidad con el
numeral 3 del artículo 97 de la Ley 270 de 1996, estrategias que se implementaron
desde diciembre de 2022 con el plan sectorial de desarrollo Rama Judicial 2023-
2026.

• El 30 de marzo de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial dijo que
no era procedente la homologación de los cargos de citador grado 3 y asistente
judicial grado 6, porque no se cumple con el requisito del artículo 1.° del Acuerdo
PSAA07-4156 de 2007.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 cuando la situación fáctica
que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica, en el sentido
de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría generar la vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, «la solicitud de amparo pierde eficacia
en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual
decisión del juez de tutela»6.

Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser como

5 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del fenómeno de la

carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo pretendido en la demanda de
amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el
hecho superado o el daño consumado.
6
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01387-00
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que puede adoptar
el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en contra del objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción7.

Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvieron las
cuestiones fundamentales planteadas y que, en este sentido, se encuentran satisfechas
las pretensiones que dieron lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo que
deja sin objeto cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye,
que debe declararse la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, las unidades de Desarrollo y Análisis Estadístico y
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dieron
respuesta a las preguntas formuladas por el accionante en la petición efectuada el 27
de enero de 2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

7
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01387-00
Demandante: Ciro Andrés Casadiego Ortiz.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

HAPC

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