RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-01393-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01393-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01393-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho /

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 21 de abril de 2023,1 mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, negó el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

El señor Elver Alfonso Hernández Páez a través de apoderado promueve acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad.

1 El 29 de junio de 2023, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, negó la solicitud de adición de

la sentencia elevada por el señor Elver Hernández Páez, notificada el 10 de julio de 2023.

2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS CON EL DEFECTO
SUSTANTIVO

1.1 Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo,
se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la subregla de
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS NORMAS EN LAS QUE DEBÍA FUNDARSE.

1.2 Se declare que el defecto sustantivo se estructura porque el Honorable Tribunal
Administrativo, en la sentencia cuestionada, realiza una INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del
artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

1.3 Declarare que la interpretación correcta del artículo 11 del decreto 1794 de 2000
puede darse en el siguiente sentido: EL SOLDADO PROFESIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES
QUE TENGA UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGERE TENER VIGOR ES DECIR QUE ESTÉ
EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho, ENTRE LAS FECHAS DEL 1.° DE
ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, TIENE “DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE
UN SUBSIDIO FAMILIAR EQUIVALENTE AL CUATRO POR CIENTO (4%) DE SU SALARIO BÁSICO
MENSUAL MÁS LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD”.

1.4 Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable Tribunal Administrativo,
con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL
DEL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.

2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON LA VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.

2.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo,
se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la
VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD.

2.2. Se declare que la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable Tribunal Administrativo, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al
señor DEBIS DARÍO BASTIDAS GARCÍA.

2.3. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante,
por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el
artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es estructure la causal
especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, denomina VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia aquí cuestionada
.
2.4. Se declare que la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable Tribunal Administrativo, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al
señor JHON JAIRO MAYORGA VALBUENA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

2.5. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante,
por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el
artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es estructure la causal
especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, denomina VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia aquí cuestionada.

2.6. Se declare que la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable Tribunal Administrativo, en la sentencia cuestionada, realiza un trato desigual
sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio al
señor JARLEDY MORENO SERMA.

2.7. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante,
por parte del tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el
artículo 13 de la Constitución Política, lo que conlleva a que es estructure la causal
especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, denomina VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia aquí cuestionada.

2.8. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable Tribunal
Administrativo, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD de mi poderdante.

3. TERCER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON LA VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.

3.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo,
se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente porque no
se tuvo en cuenta PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

3.2. Se declare que la VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable Tribunal Administrativo, en la sentencia cuestionada, realiza una
INTERPRETACIÓN CONTRARIA AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, principio de interpretación
conforme a la constitución.

3.3. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable Tribunal
Administrativo, con la expedición de la sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO
FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.

4. CUARTO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS, CONSECUTIVAS DE LAS ANTERIORES:

4.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente al
Honorable Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado
con el subsidio de familiar) sin efectos, la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B,
Bogotá D.C., Treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022) Magistrado
Ponente: Dr. ALBERTO ESPINOSA BOLAÑOS Referencia : 11001 33 35 029 2020 00181 01
Demandante : Elver Alfonso Hernández Páez Demandada : Nación –Ministerio de
Defensa Nacional –Ejército Nacional Asunto : Prima de actividad – Incremento 20% -
Subsidio familiar Digital.

4.2. Así mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable Tribunal
Administrativo proferir nueva sentencia en la cual se ordene declare la nulidad del acto
administrativo demandado y se ordene el restablecimiento del derecho con relación al
tema de subsidio de familia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

4.3. Así mismo le ruego Honorable Despacho que ordene al Honorable Tribunal
Administrativo que en la nueva sentencia se abstenga de aplicar la prescripción del
derecho, como quiera que “existía un impedimento legal que no permitía exigir el
reconocimiento” y “el derecho a devengarlos surgió a partir de los efectos ex tunc de la
sentencia que declaró la nulidad” del decreto 3770 de 2009. Esto con la finalidad de
evitar otro posible yerro del Honorable Tribunal y que el demandante se vea en la penosa
labor de interponer una nueva acción de tutela.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) Entre el 11 de enero de 2005 y el 24 de noviembre de 2006 prestó el servicio militar
obligatorio en el Ejército Nacional. Del 14 de septiembre al 30 de noviembre de 2007
se desempeñó como soldado alumno profesional y a partir del 1.º de diciembre
siguiente se vinculó como soldado profesional.

ii) Al convivir en unión marital de hecho2 con la señora Sandra Milena Higuera, recibió
un subsidio familiar a través de órdenes administrativas de personal 1784 y 2075 de
16 de junio y 18 de agosto de 2017, respectivamente, y 1148 de 14 de febrero de 2018,
sin embargo, dicha solicitud le fue concedida en cuantía del 25% con base en el
Decreto 1161 de 2014, y no en el Decreto 1794 de 2000, que se encontraba vigente
cuando inició su convivencia (2 de enero de 2013).

iii) Con oficio 20183111931481 del 8 de octubre de 2018, el Ejército Nacional le negó
el reajuste del subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) más el 60%, así
como la inclusión de la prima de actividad.

iv) A través de apoderado instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, con
el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
20183111931481 MDN-CGFM-COEJCSEJEC-JEMGF-COPER-DIPER -1-10 y, a título de
restablecimiento el reconocimiento y pago: i) de la diferencia salarial del 20% dejada

2 Mediante declaración suscrita el 19 de agosto de 2016 en la Notaría Tercera de Valledupar, en la que se consignó

que conviven de manera consecutiva desde el 2 de enero de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

de percibir, por el no pago, a título de salario básico mensual o asignación salarial
mensual, conforme a la Ley 131 de 1985 y al Decreto 1794 de 2000, ii) de la prima de
actividad y del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.

vi) El 20 de enero de 2022, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones formuladas.

vii) El 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la providencia proferida por el juez a
quo, al estimar que, en efecto, no tenía derecho al incremento del 20% del salario y a
la inclusión de la prima de actividad, al no encontrarse previstos en el Decreto 1794 de
2000, que rige a los soldados profesionales y revocó lo concerniente al subsidio
familiar.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

El señor Elver Alfonso Hernández Páez centró su reproche constitucional en los
siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales:

1.3.1. Defecto sustantivo

El Tribunal en la providencia objeto de reparo efectuó una interpretación errónea del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues no tuvo en cuenta que inició su convivencia
con la señora Sandra Milena Higuera en su vigencia y no en la del Decreto 1161 de
2014.

A su juicio, el haber declarado la unión marital de hecho el 19 de agosto de 2016 no
era relevante en el entendido que convivió con su pareja desde el 2 de enero de 2013,
momento en el que en nació a la vida jurídica el derecho a percibir el subsidio familiar.
Consideró que para el caso de este tipo de uniones lo relevante es el hecho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

constitutivo, esto es, el inicio de la convivencia y no así el hecho declarativo consistente
en su reconocimiento a través de escritura pública 994.

Concluyó que el Tribunal debió «[a]uscultar por si la unión marital de hecho está vigente
(DE VIGĒRE 'TENER VIGOR' es decir QUE ESTÉ EN VIGOR) dentro de las fechas
del 1.° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014, y no por si la misma está
DECLARADA, como lo hace el Despacho. Pues como se ha dicho, la unión marital de

hecho no necesita estar declarada para que la misma esté vigente ».

1.3.2. Violación directa de la Constitución

Inaplicó la excepción de inconstitucionalidad ante la desigualdad relativa del
reconocimiento de dicho emolumento a los soldados profesionales e infantes de
marina respecto de toda la fuerza pública, omisión que, a su juicio, vulnera los artículos
13 y 53 de la Constitución.

Señaló que en su caso, existe vulneración al principio de igualdad respecto de
situaciones similares con unos soldados profesionales que tenían uniones maritales
de hecho constituidas antes del 23 de junio de 2014 y fueron declaradas después, por
lo que devengan el subsidio de familiar con base en el Decreto 1161 del 2014; así
mismo, dichos sujetos pidieron el reajuste del subsidio de familia con base en el
artículo 11 del derecho 1794 del 2000, el que les fue otorgado.

Concluyó que los falladores al momento de proferir una sentencia de contenido laboral,
deben tener en cuenta como criterio de interpretación la condición más beneficiosa y
el indubio pro operario conforme fue establecido en la sentencia T-002A de 2017.

Finalmente, trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la
naturaleza del subsidio familiar y de las expectativas legítimas que durante la vigencia
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, tenían los soldados profesionales sobre los
derechos que les asistían al momento del ingreso al Ejército Nacional.

1.4. Actuación procesal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

La tutela de la referencia, admitida por auto del 23 de marzo de 2023, ordenó notificar
como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, y vinculó como tercero interesado al Ministerio de
Defensa Nacional, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho
de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B,3 Alberto Espinosa Bolaños, ponente de la providencia
objeto de litis, solicitó negar el amparo deprecado, por cuanto se hizo un correcto y
adecuado análisis de todo el contenido del plenario, se cumplieron en debida forma
todas las etapas procesales se llevó a cabo el estudio del caso en concreto tomando
la normatividad que le era aplicable, así como la jurisprudencia unificada imperante
sobre la materia.

1.5.2. El Ministerio de Defensa Nacional,4 a pesar de ser notificado del presente
trámite con el fin de que rindiera el informe correspondiente, guardó silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en providencia del 21 de abril
de 2023 negó la solicitud de amparo al evidenciar que el alegado defecto sustantivo
no se encontraba configurado en la medida en que los magistrados demandados
realizaron una interpretación adecuada de las disposiciones invocadas por el actor y
las que se avenían a su situación -Decretos 1794 de 2000 y 1161 de 2014-, y tuvieron
en cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio de
2017,5 que implicaban que las cosas volvieran a su estado anterior.

3 Expediente digital de tutela.
4 Expediente digital de tutela.
5Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, expediente radicado número 11001-03-25-000-2010-00065-

00 (0686-2010).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Aclaró que el Tribunal advirtió que el requisito estipulado en el numeral 11 del Decreto
1794 de 2000 exigía que «[…] el soldado profesional […] reportar[a] el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la
reglamentación vigente», razón por la cual al señor Elver Alfonso Hernández Páez le
fue reconocido el subsidio familiar conforme al Decreto 1161 de 2014, pues la unión
marital de hecho con la señora Sandra Milena Higuera fue declarada y puesta en
conocimiento de la Administración en el año 2016,6 aunque convivieran desde el 2013.

De lo expuesto, consideró razonable el análisis efectuado en la providencia
reprochada, puesto que el Tribunal aplicó la normativa que regula el subsidio familiar
de los soldados profesionales, en armonía con los efectos de la sentencia de 8 de junio
de 2017 dictada por la Sección Segunda de esta corporación y con el alcance de las
pruebas obrantes en el expediente, en particular, la declaración de unión marital de
hecho suscrita el 19 de agosto de 2016 por el actor y la señora Sandra Milena Higuera
en la Notaría Tercera de Valledupar, en la que se estableció que conviven de manera
consecutiva desde el 2 de enero de 2013.

Todo lo anterior permitía concluir, como lo hizo la providencia objeto de estudio, que si
bien es cierto que el señor Hernández Páez cumplía la exigencia de tener una relación
en unión marital de hecho vigente y encontrarse en servicio activo, también lo es que,
conforme al segundo de los requisitos enunciados en la norma para su otorgamiento,
esto es, «[…] reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio», en el plenario
está probado que recibe «[…] subsidio familiar bajo la égida del Decreto 1161 de 2014
a partir de septiembre de 2016 […]», pues desde esa fecha puso en conocimiento la
condición de compañeros permanentes, razón por la cual no había lugar a acceder a
la pretensión de que se le concediera dicho emolumento de acuerdo con el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000.

En relación con el cargo de violación directa de la Constitución, por la vulneración del
derecho fundamental a la igualdad, en relación con el reconocimiento que se hace del
subsidio familiar a «[…] los soldados profesionales e infantes de marina, respecto de
toda la fuerza pública […]», resulta evidente que contrario a lo afirmado por el

6 No se especificó la fecha exacta en la que el actor informó sobre su cambio de estado civil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

accionante, el subsidio familiar que le fue otorgado con base en el Decreto 1161 de
2014, no desconoce la Constitución, pues dicho cálculo por parte del Tribunal se
efectuó con respeto de las condiciones fácticas y el régimen jurídico vigente al
momento de su reconocimiento.

1.7. Impugnación

El señor Elver Hernández Páez, en el mismo escrito, impugnó la sentencia proferida
por el juez a quo de tutela y solicitó su nulidad.

1.7.1. Solicitud de nulidad

En extenso escrito invocó los artículos 55 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia,7 280 y 281 del CGP,8 29 de la Constitución y 187 del CPACA, por considerar
que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al proferir el fallo del
21 de abril de 2023 habría incurrido en una causal de nulidad, pues a su juicio no hizo
un pronunciamiento respecto de los siguientes ítems planteados en el libelo tutelar: «i)
omisión de referirse a los 21 hechos jurídicamente relevantes que sirvieron de base
para el cargo denominado “violación directa de la constitución, específicamente la
violación del derecho fundamental a la igualdad”, ii) motivación aparente y superflua
de la sentencia con relación al cargo denominado: “Defecto sustantivo,
específicamente la subregla de interpretación errónea de las normas en las que debía
fundamentarse”, iii) Motivación aparente y superflua de la sentencia en relación con el

7 Artículo 55. Elaboración de las providencias Judiciales Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los

hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.
La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras:
«Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley»
La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las
pruebas que los respaldan, que los Magistrados y Jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta
como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios.
8 RTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen

crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos
constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá
calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda,
las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus
apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

cargo denominado “violación directa de la constitución, específicamente violación del
derecho fundamental de la igualdad”, y iv) falta de resolución de las pretensiones que
se le pidieron en la acción de tutela». (transcripción literal)

Como sustento de su dicho se refirió:

-En la acción de tutela se narraron unos hechos relevantes relacionados con el trato
discriminatorio por parte del Tribunal respecto del señor Elver Hernández, en los casos
relacionados con los señores Deibis Darío Bastidas García, John Jairo Mayorga
Valbuena y Jarledy Moreno Serna, a quienes le fue reconocido el subsidio familiar
conforme al Decreto 1794 de 2000.

-No se refirió a lo que se impetró respecto del cargo relacionado con el defecto
sustancial, esto es, que el Tribunal hizo «una interpretación errática de la norma
sustancial y desconoció el contenido de la palabra VIGENTE».

-No se pronunció sobre la pretensión relacionada con que el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 al cual se le podía dar el siguiente sentido: «EL SOLDADO PROFESIONAL DE
LAS FUERZAS MILITARES, QUE TENGA UNA UNIÓN MARITAL DE HECHO VIGENTE (DE VIGÉRE

´TENER VIGOR´ ES DECIR QUE ESTÉ EN VIGOR), pese a no estar declarada por ser de hecho,
ENTRE LAS FECHAS DEL 1.° DE ENERO DE 2001 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2014, TIENE

“DERECHO AL RECONOCIMIENTO MENSUAL DE UN SUBSIDIO FAMILIAR EQUIVALENTE AL CUATRO
(4%) POR CIENTO DE SU SALARIO BÁSICO MENSUAL MÁS LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD”»

1.7.2. Impugnación

Luego de reiterar extensamente iguales argumentos a los planteados en el libelo
tutelar, sustentó:

i) A su juicio, el requisito exigido por el Tribunal de poner en conocimiento del Comando
de las Fuerzas Militares el cambio de su estado civil, no es una justificación suficiente
para que no ser beneficiario del subsidio familiar, por cuanto entre el 30 de septiembre
de 2009 -fecha en la que se publicó el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

el diario oficial 47.488- hasta el 23 de junio de 2014, fecha en la que empezó a regir el
Decreto 1161 de 2014, no existía tal obligación pues el inciso segundo del artículo 11
del decreto 1794 de 2000, en este periodo de tiempo estuvo derogado.

ii) Citó un caso de similares condiciones fácticas contenido en la sentencia del 7 de
abril de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
con radicado 11001 03 15 000 2021 07051 01, sin invocar el desconocimiento del
precedente.

iii) Estaba impedido para solicitar el reconocimiento del subsidio de familia antes del
23 de junio de 2014, pues dicha prestación social no existía en el ordenamiento jurídico
para esa fecha, y fue precisamente con la entrada en vigencia del Decreto 1161 de
2014 que se dio la posibilidad de solicitar tal prestación con base en la nueva
reglamentación.

iv) El requisito sustancial para acceder al subsidio de familiar es que el soldado sea
casado o con unión marital de hecho vigente, y el requisito formal, es reportar el cambio
de estado civil, pero al encontrarse derogado el Decreto 1794 de 2000, no le era
exigible su acatamiento, realidad que debió primar en la providencia objeto de litis.

v) Reiteró que la sentencia proferida por el Tribunal adolece de defecto sustantivo
porque contraría el contenido del artículo 11 del decreto 1794 de 2000, norma que
establece un elemento temporal, es decir, su aplicación a partir de su vigencia -entre
el 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014- dentro del cual el soldado
profesional debe tener una unión marital de hecho vigente, sin que exija que entre
dichas fechas exista una unión marital declarada.
vi) Insistió en el argumento señalado en la solicitud de nulidad relacionado con la
vulneración del principio de igualdad respecto de las situaciones fácticas -idénticas a
las suyas- de los señores Deibis Darío Bastidas García, John Jairo Mayorga Valbuena
y Jarledy Moreno Serma, que al ser desconocidas estructuran el defecto de violación
directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

En tal virtud, señaló que el «Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la
carga de la prueba ipso iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi
poderdante, y en contra de la entidad TUTELADA quien debía probar que el trato desigual
que ofrece a mi poderdante, denunciado en los hechos y fundamentos del cargo
denominado VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACIÓN DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD, está basado en un criterio objetivo y exento de

violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».

vii) Finalmente consideró desconocidas las sentencias C-022 de 1996, C-862 de 2008,
y C-536 de 201516, conforme a las cuales: «la carga argumentativa está inclinada en
favor de la igualdad».

Solicitó como pretensiones adicionales, las siguientes:

1. Se declare la nulidad de la sentencia, por ser violatoria del derecho fundamental del
debido proceso, pues no respetan las garantías de la “observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio” señaladas en el artículo 55 de la Ley Estatutaria De
Administración De Justicia; en los artículos 280 y 281 de Código General del Proceso, y
en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011, de forma especial, del principio de la
congruencia y motivación de la sentencia.

2. Pretensión subsidiara a la anterior: se proceda de acuerdo a lo señalado en el artículo
287 del Código General Del Proceso, y adicione a la sentencia de segunda instancia lo
siguiente:

2.1. Se pronuncie de forma clara y expresa sobre todos y cada uno de los 21 hechos
que fueron narrados en la demanda de la acción de tutela.

2.2. La motivación y resolución de todas y cada una de las pretensiones de la acción de
tutela.

2.3. Se pronuncie y motive, de forma completa y exhaustiva, sobre todas y cada una de
las tres causales específicas de tutela contra providencia judicial enunciadas en la
demanda, esto es: i. denomina DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la subregla de
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS NORMAS QUE DEBÍA FUNDAMENTARSE; ii. La denomina
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACIÓN DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD; iii. Y la denomina VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN,
específicamente porque no se tuvo en cuenta EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

3. En caso que ninguna de las anteriores pretensiones sea resueltas de forma favorable,
se le ruega, encarecidamente que:

3.1. Declara que en la sentencia de segunda instancia se estructura la causal especifica
de tutela contra providencia judicial denomina DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la
subregla de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS NORMAS QUE DEBÍA FUNDAMENTARSE.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

3.2. Declara que en la sentencia de segunda instancia se estructura la causal especifica
de tutela contra providencia judicial denomina VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN,
específicamente la VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD.

3.3. Declara que en la sentencia de segunda instancia se estructura la caula especifica
de tutela contra providencia judicial denomina VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
específicamente porque no se tuvo en cuenta EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.

4. Como consecuencia natural de lo anterior, se le ruega encarecidamente al Despacho
REVOQUE, por los cargos aquí analizados el numeral PRIMERO, de la sentencia que en su
tener literal dice: “Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso e igualdad, invocados por el señor Élver Alfonso Hernández Páez, por
las razones expuestas en las consideraciones”

5. Una vez accedido a lo inmediatamente anterior se proceda a amparo los derechos
fundamentales del demandante, y se accedan a la totalidad de las pretensiones
señaladas en el escrito inicial de la acción de tutela.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,9 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, quebrantó los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad, al proferir la sentencia del 31 de octubre de 2022, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 029 2020 00181

9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

00 [01], interpuesto contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional, -Ejército
Nacional.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional10 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

10 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,

T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual la tutela de la referencia reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y fueron
desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como los defectos que,
en su criterio, se configuraron en la decisión objeto de litis.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 20 de enero de 2022 por el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá, de modo que la parte accionante agotó todos los medios
ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 31 de octubre de 2022, mientras que la acción de
tutela de la referencia fue radicada el 17 de marzo de 2023,11 es decir, dentro de los 6
meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial
para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

11ttps://samai2.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202301393001100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

2.4.1. El 5 de agosto de 2020, a través de apoderado el señor Elver Alfonso Hernández
Páez radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, con el propósito de que se
declarara la nulidad del Oficio 20183111931481 del 8 de octubre de 2018 -expedido
por el Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER del Ejército Nacional- a través del
cual, negó el reconocimiento del subsidio familiar y la diferencia salarial del 20% y el
pago de la prima de actividad y, como consecuencia de ello, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%
conforme a la Ley 131 de 1985 y al Decreto 1794 de 2000 de la prima de actividad de
acuerdo a los porcentajes establecidos para los oficiales y suboficiales, y el pago del
subsidio familiar conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

2.4.2. El 22 de enero de 2022, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al efecto decidió:

PRIMERO. -DECLARAR la existencia y nulidad del acto ficto negativo surgido con ocasión
del silencio de la entidad demandada MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO
NACIONAL frente a la petición presentada por el señor Elver Alfonso Hernández Páez - el
27 de abril de 2018, con la cual pretendía el reconocimiento y pago del reajuste del 20%
del salario básico de acuerdo a lo establecido en la Ley 131 de 1985 y la prima de
Actividad, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. -DECLARAR no probada la excepción denominada “Inepta demanda por no
atacar el acto administrativo que reconoció el subsidio familiar (Preposición jurídica
incompleta)” por las razones expuestas en precedencia.

TERCERO. -DECLARAR probadas las excepciones de fondo denominadas “Excepción de
carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación demandada” –
relacionada con la pretensión encaminada a obtener el reconocimiento del incremento y
pago de la diferencia salarial del 20% del salario básico de acuerdo a lo señalado en la
Ley 131 de 1985, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

CUARTO. -DECLARAR la nulidad del Oficio No. 20183111931481 del 08 de octubre de
2018, por medio del cual el Oficial Sección Ejecución Presupuestal del Ejército Nacional,
resolvió en forma desfavorable la solicitud del reconocimiento del subsidio familiar de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000 elevada por el demandante,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia:

QUINTO. - Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJÉRCITO NACIONAL a efectuar el reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor del
señor ELVER ALFONSO HERNÁNDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

1.065.233.000, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000, a partir
del 2 de enero de 2013, fecha a través en la cual el demandante declaró Unión Marital
de Hecho con la señora Sandra Milena Higuera – según Escritura Pública No. 0994 del
19 de agosto de 2016 ante la Notaría 3 de Valledupar - Cesar, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEXTO. - Como restablecimiento del Derecho también se CONDENA a la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL a PAGAR las diferencias en dinero
que resulten del reconocimiento y pago del subsidio Familiar, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente fallo.

SÉPTIMO. - Como restablecimiento del Derecho, también se CONDENA a la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL procederá a PAGAR al señor ELVER
ALFONSO HERNÁNDEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.233.000,
sobre las diferencias canceladas por concepto de subsidio Familiar inicialmente
reconocido a través del Decreto 1161 de 2014, y continuará reconociendo y pagando al
actor el mencionado subsidio Familiar conforme al porcentaje señalado en el Decreto
1794, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO. - A la anterior condena se le dará cumplimiento dentro de los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes.

NOVENO. – DECLARAR que ha operado el fenómeno de Prescripción respecto de las
sumas adeudadas por los anteriores conceptos que se hayan causado con anterioridad
al 27 de abril de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia.

DÉCIMO. -NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

[…]

2.4.3. El 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, resolvió:

PRIMERO. -CONFIRMAR los numerales 1, 2, 3, 10 11 de la sentencia con calenda veinte
(20) de enero de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Veintinueve (29)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. - Oral - Sección Segunda, se negaron
las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. -REVOCAR los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 la sentencia con calenda veinte (20)
de enero de dos mil veintidós (2022), en lo que corresponde al reconocimiento del
subsidio familiar, para negar las pretensiones en este aspecto, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

[…]

2.5. Análisis de la Sala

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

2.5.1. Cuestión previa

Antes de pronunciarnos respecto del fondo del asunto, la Sala atenderá la solicitud de
nulidad elevada por el accionante en los siguientes términos:

La Corte Constitucional tiene establecido que «las nulidades son irregularidades que
se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su
gravedad, el legislador -y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la
consecuencia -sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su
declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las
partes el derecho constitucional al debido proceso».12 De igual forma, ha precisado
que en materia de nulidades en los procesos de tutela se aplicará en lo pertinente el
Código General del Proceso, de conformidad con la remisión que efectúa el artículo 4°
del Decreto 306 de 1992. 13

Conforme a tal remisión, el artículo 133 del CGP, establece las diferentes causales de
nulidad, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de
interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa
como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

12 T-125 de 2010 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Decreto 306 de 1992 « Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991» Artículo 4° De los principios
aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios
generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto. […].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o
cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso
o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se
corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que
dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en
este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece».

Resulta oportuno precisar que las normas que regulan las nulidades procesales se
rigen por el principio de taxatividad de las causales que las configuran, aspecto en el
cual la legislación colombiana, siguiendo a la francesa en su apego a la ley, adoptó el
precepto pas de nullité sans texte,14 según el cual «las causales de nulidad son
taxativas y no son susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas, ni de extensión
para interpretarlas».15

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, la ley ha reservado la configuración de
las nulidades exclusivamente a los eventos expresamente señalados en la norma, las
cuales, por constituir una grave afectación al debido proceso, son sancionadas con la
invalidación de lo actuado, siempre y cuando estén consagradas en una cualquiera de

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 24 de enero de 2019, expediente radicado núm. 73001-31-

03-001-2009-00001-01. M. P. Luis Alonso Rico Puerta.
15 Consejo de Estado, 18 de abril de 2016, Auto 520001-23-31-000-2011-00249-01, C.P. Jaime Orlando Santofimio

Gamboa «[e]n efecto, las causales que dan lugar a la declaratoria de nulidad se rigen por los principios de
taxatividad y/o especificidad «según el cual no hay defecto capaz de estructurarla sin la ley que expresamente la
establezca» y «son pues limitativas y por consiguiente no es posible extenderlas a informalidades diferentes»;
Sentencia T-215 de 2010 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub «significa que sólo se pueden considerar vicios
invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la
Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del debido
proceso».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

las causales taxativas establecidas,16 de manera que no queda al arbitrio del juez o de
las partes la identificación de estos vicios.

En ese orden de ideas, como se puede advertir la solicitud de nulidad se sustenta en
los artículos 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 280 y 281 del CGP,
29 de la Constitución y 187 del CPACA, preceptos que resultan a todas luces
improcedentes e inaplicables respecto de la materia impetrada, en cuanto el principio
de taxatividad de las causales de nulidad y la proscripción de la analogía resultan ser
parámetros ineludibles y, por lo mismo, vinculantes para resolver el presente caso, de
modo como es evidente que no se alegó y menos probó alguna de las causales
contenidas en el artículo 133 del CGP, es preciso declarar improcedente la petición de
nulidad elevada.

2.5.2. Caso concreto

Procede, por consiguiente, asumir la Sala el conocimiento del fondo del asunto
respecto del defecto sustantivo y la presunta violación directa de la Constitución
alegados por el accionante.

2.5.2.1. Defecto sustantivo

Se tiene aceptado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar si la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitime como tal, 17 razón
por la cual su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».18

16 Al respecto la jurisprudencia constitucional ha sostenido: «Las nulidades son irregularidades que se presentan

en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y
excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas.
A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el
derecho constitucional al debido proceso». Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Sobre el particular, el señor Elver Alfonso Hernández Páez alega que en la decisión
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en un defecto sustantivo, al no reconocerle el subsidio familiar
en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, bajo la consideración de que
como esa norma rigió hasta el 3 de junio de 2014, desconoció los efectos ex tunc de
la declaración de nulidad del Decreto 3770 de 2009, sin tener en cuenta además que
el derecho objetivo a percibir ese beneficio se consolidó el 2 de enero de 2013, esto
es, en la fecha que inició la convivencia con la señora Sandra Milena Higuera, es decir,
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014.

En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, centró el estudio del caso en el ámbito normativo 19 y jurisprudencial,20
respecto de la pretensión de reconocimiento del subsidio familiar en calidad de soldado
profesional al señor Elver Hernández Páez, y determinó, de manera argumentada, que
no le era aplicable el artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000 toda vez que así el
accionante hubiera expresado «que la convivencia se dio entre tanto entraba en vigor
lo dispuesto en el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, es evidente que aquella se
constituyó de manera posterior a la norma, por lo tanto, no se cumplió el requisito
exigido por ley para su declaratoria».

Argumentó el Tribunal que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia
con la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, en
sentencia del 8 de junio de 2017 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, norma que en su inciso segundo exige que el soldado profesional
reporte el cambio de su estado civil para el reconocimiento del subsidio familiar «a
partir de su inicio», de conformidad con la reglamentación vigente.

Sobre el particular, el Tribunal en la providencia objeto de litis, discurrió como sigue:

19 i) Ley 131 de 1985 (artículos 1.°, 2.°, 3.° 4.° y 5.°), ii) Decretos 1793 (artículos 1.°, 3.°, 4.°, 5.° y 38) y 1794 de

2000 (artículo 1.° y 2-°).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de junio de 2017, expediente radicado número 11001

03 15 000 2017 00065 00. «en la cual estimó la competencia para la expedición y efectos de la derogatoria del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que dispuso la creación de la prestación de subsidio familiar para los Soldados
e Infantes de Marina Profesionales, resolviendo declarar, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de
200».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Dentro de los hechos demostrados, se tiene la constitución de la Unión Marital de Hecho
de manera legal y formal a partir del 19 de agosto de 2016, indicando que iniciaron su
convivencia a partir del 2 de enero de 2013. La entidad accionada, dentro de su recurso
de alzada, pone de presente que la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar bajo
la égida del Decreto 1794 de 2000 se dio el 19 de agosto de 2014.

Asimismo, se observa que el demandante prestó su servicio militar por el período
comprendido entre el 11 de enero de 2005 [y el] 24 de noviembre de 2006, posterior a
un lapso de 9 meses y 18 días, se vinculó a la institución desde el 14 de septiembre de
2009 como Alumno Soldado Profesional - hasta el 30 de noviembre de 2007- y, acorde
a la certificación dada en el acápite probatorio, al 10 de diciembre de 2020 seguía
prestando sus servicios como Soldado Profesional-estatus adquirido a partir del 1º de
diciembre de 2007. Ha venido percibiendo al subsidio familiar bajo la égida del Decreto
1161 de 2014 a partir de septiembre de 2016, esto es, desde que se pone en
conocimiento la condición de compañeros permanentes.

[…]

Así las cosas, es evidente para esta Sala que como consecuencia de la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 y los efectos ex-tunc de la misma, le hubiese asistido al actor el
reconocimiento del subsidio familiar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, esto es, en el porcentaje del 4% más la prima de antigüedad, si
se hubiese constituido dentro su vigencia, lo que no fue así; en ese sentido, se ha
demostrado la percepción de la partida bajo el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, es
decir, […] desde que se puso en conocimiento de la condición y esta se reconoció acorde
la norma.

En el presente caso, el Tribunal consideró que si bien el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000, recobró vigencia debido a la declaración de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009, norma que así como el Decreto 1161 de 2014, establece el
requisito para el reconocimiento del subsidio familiar es a partir del momento en que
el soldado reclamante reporte el cambio de su estado civil, para efectos de consolidar
el derecho.

Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, está suficientemente argumentada en cuanto a lo demandado
por el señor Hernández Páez y, acató la normativa vigente a la consolidación de su
derecho, sin que, de otra parte, se hubiera acreditado un trato discriminatorio ni el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, lo que descarta la vulneración
alegada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez
natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer
las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que
resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso
no se halló probado.

2.5.2.2. Violación directa de la Constitución

Ahora bien, el accionante en el libelo tutelar alegó como vulnerado el derecho
constitucional a la igualdad, en tanto su situación fáctica, es idéntica a la de los señores
Deibis Darío Bastidas García,21 John Jairo Mayorga Valbuena22 y Jarledy Moreno
Serna,23 a los que se les reconoció el subsidio familiar conforme al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, mientras que en su caso no fue tenida en cuenta para los
mismos efectos.24

Efectuado el estudio correspondiente de cada caso, la Sala advierte que las Secciones
A, E y C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conforme al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, tuvieron en cuenta para el reconocimiento del subsidio familiar
las fechas en que cada uno inició la unión marital de hecho. Por su parte, la Sección
Segunda, Subsección B de dicha corporación en la providencia objeto de estudio, tuvo
en cuenta que si bien el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia debido
a la declaración de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, esa norma
así como el Decreto 1161 de 2014, supeditaron el reconocimiento del subsidio familiar
a partir de la fecha en la que el soldado reclamante reporta el cambio de su estado
civil, para efectos de consolidar el derecho.

En consideración a lo expuesto la Sala estima que contrario a lo planteado por el
accionante, lo resuelto en la sentencia adoptada por el Tribunal no constituye una

21 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2021,

expediente radicado número 2018-00039-01,
22 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda. Subsección E, sentencia del 18 de octubre de 2022,

expediente radicado número 1100 33 35 015 2020 00183 01.
23 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 5 de octubre de 2022,

expediente radicado número 11001 33 35 028 2020 00021 01.
24 Anexó los correspondientes fallos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

transgresión del ordenamiento jurídico ni una escogencia errónea de la norma; en
efecto, resulta evidente que el juez de instancia consideró que si bien era cierto que el
demandante cumplía la exigencia de tener una relación anterior en unión marital de
hecho y se encontraba en servicio activo, también lo es que el cumplimiento del
segundo requisito -reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio- no se probó,
razón por la cual dicho emolumento debía percibirse bajo el amparo del Decreto 1161
de 2014, esto es, ceñirse a lo dispuesto en el precepto que regía para el momento en
que se comunicó dicho hecho.

Conforme a lo señalado en líneas precedentes, se precisa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, no desconoció
ningún precepto constitucional, ni realizó una interpretación de la normatividad
contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición legal
desconociendo el precedente constitucional, supuestos que no se concretaron en el
sub lite; por el contrario, atendió el deber que le asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de la
Constitución.

En este estado de cosas, es preciso concluir que la sentencia enjuiciada sustentó con
suficiencia -conforme a la normatividad vigente y a la jurisprudencia- la pretensión
relacionada con el reconocimiento del subsidio familiar, sin que, de otra parte, se
hubiere demostrado que la actuación estuviera incursa en una causal de procedibilidad
de la acción de tutela que vulnere los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, o que el ejercicio de la autonomía e independencia judicial de las que está
investido el juez de la causa, hubiere sido desbordada.

Finalmente, se tiene que aunque el accionante trae a colación la sentencia de tutela
del 7 de abril de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
que se conoció un caso con circunstancias fácticas y jurídicas similares al presente y
se ampararon los derechos fundamentales deprecados, considera la Sala que no se
puede tener como referente para la resolución del asunto, debido a que los fallos de
tutela no constituyen precedente judicial, ya que sus efectos son inter partes, es decir,
no tienen consecuencias más allá del caso objeto de controversia, de manera que las
consideraciones allí planteadas solo sugieren un antecedente jurisprudencial que no

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

obliga al operador jurídico.25

En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada no incurrió en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
los derechos fundamentales de la parte accionante.

3. Conclusión

Con fundamento en los argumentos precedentes, se declarará que la presente acción
de tutela no superó el requisito general de relevancia constitucional y, en tal sentido,
confirmará la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación que negó el amparo de los derechos fundamentales deprecados, y negará
la solicitud de nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la solicitud de nulidad de la sentencia proferida el
21 de abril de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B elevada
por el accionante.

Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 21 de abril de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que denegó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Elver Alfonso Hernández Páez, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

25 De conformidad con el artículo 271 del CPCA “…corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de
sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán
sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las
subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según
el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean
transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01393 01
Demandante: Elver Alfonso Hernández Páez

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.