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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01403-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01403-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa solicitado por el señor Richard Padilla Cantillo, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00 TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01403-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

27 de abril de 2023

Demandante: Richard Padilla Cantillo
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01403-00
Demandante: RICHARD PADILLA CANTILLO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial por indebida
notificación - niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el
señor Richard Padilla Cantillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 17 de marzo de 2023 al buzón web de recepción de
tutelas y habeas corpus1, el señor Richard Padilla Cantillo, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la defensa.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante la cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial resolvió el grado de consulta en relación con el fallo
disciplinario del 23 de marzo de 2018, proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que lo declaró
responsable por la incursión, a título de dolo, de la falta descrita en el artículo 34
numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con la suspensión en el ejercicio
de la profesión por el término de 12 meses y multa de 12 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto a este despacho el expediente del vocativo

de la referencia el 22 de marzo de 2023.

1

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Demandante: Richard Padilla Cantillo
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

3. Lo anterior, al interior del proceso disciplinario con radicado 13001-11-02-
000-2015-00407-01.

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“2. Por lo anteriormente expuesto solicito de manera muy comedida se decrete la
nulidad del citado proceso disciplinario adelantado en mi contra desde la audiencia
prueba y calificación programada para el día 19 de octubre de 2015, para efectos de
que se me garantice mi derecho al debido proceso y derecho a la defensa material.
3. Dejar sin efectos la sentencia de tutela proferida el día 22 de febrero de 2023
proferida por la comisión nacional de disciplina judicial, con ponencia del magistrado
ponente CARLOS ARTURO RAMIREZ VASQUEZ, mediante la cual confirmó en
grado de consulta la providencia sancionatoria de fecha 23 de marzo de 2018.
4. Dejar sin efecto el fallo de fecha 23 de marzo de 2018, proferida por la sala
jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bolívar5. Se me
notifiqué de la citada audiencia en debida forma al correo
drricharpadilla01@hotmail.com.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Juan Delmiro Ayola Iriarte otorgó poder el 22 de julio de 2013 al
abogado Richard Padilla Cantillo para gestionar el incremento de su asignación de
retiro conforme al IPC ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

6. El 18 de diciembre de 2013 se llegó a un acuerdo conciliatorio por
$4.917.841, suma que fue pagada al señor Padilla Cantillo, en virtud de la facultad
de recibir, estipulada en el mandato otorgado por su poderdante.

7. El 30 de junio de 2015 el señor Juan Delmiro Ayola Iriarte presentó una queja,
al advertir que su abogado no le había entregado los dineros recaudados.

8. Como consecuencia, el 31 de agosto de 2015 la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar ordenó la apertura
del proceso disciplinario.

9. Debido a que el abogado Richard Padilla Cantillo no concurrió a la audiencia
de pruebas y calificación provisional que se había programado para el 19 de octubre
de 2015, la autoridad aplicó el artículo 104 del Código Disciplinario del Abogado
(CDA) y el 5 de febrero de 2016 lo declaró persona ausente y le designó un defensor
de oficio.

10. El magistrado instructor del proceso calificó jurídicamente la actuación y
profirió cargos por la presunta inobservancia del deber establecido en el numeral 8

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del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, esto es, obrar con honradez y lealtad en sus
relaciones profesionales, lo que conllevó a la presunta incursión de las faltas
establecidas en el literal c del artículo 34 y numeral 4 del artículo 35 ejusdem, en la
modalidad dolosa.

11. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar mediante fallo del 23 de marzo de 2018 absolvió al abogado Richard Padilla
Cantillo de la falta descrita en el literal c del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en
tanto que consideró que se subsumía en el ilícito del numeral 4 del artículo 35
ibidem, por el cual lo responsabilizó, ya que conforme a los medios de convicción
se constató que el poder conferido por el quejoso, recibió y retuvo la suma de
$4.917.841 pagada como resultado de un acuerdo conciliatorio con Casur, sin que
a la fecha de la sentencia se hubiere restituido a su cliente.

12. Igualmente comprobó el desconocimiento injustificado del deber consagrado
en el numeral 8 del artículo 28 del CDA, esto es, el obrar con honradez.

13. La sanción correspondió a 12 meses de suspensión en el ejercicio profesional
y 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa.

14. Dicha decisión se notificó personalmente al investigado y a la defensora de
oficio el 13 de abril de 2018. Al no haber sido apelada, el expediente fue remitido en
consulta a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Con posterioridad, entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y le correspondió por reparto al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez
el 8 de febrero de 2021.

15. En providencia del 22 de febrero de 2023 se resolvió el grado de consulta, en
el sentido de confirmar la sentencia del 23 de marzo de 2018. Lo anterior al advertir
que, de las pruebas obrantes en el expediente resultaba claro que el
comportamiento del abogado se subsumía en la falta descrita en el numeral 4 del
artículo 35 de la Ley 1133 de 2007, pues en efecto, el 30 de diciembre de 2014
recibió mediante una consignación la suma de $4.917.841 por concepto del reajuste
a la asignación de retiro del señor Ayola Iriarte por factor del IPC, y a pesar de que
obtuvo ese dinero, en virtud de la gestión encomendada, no lo reintegró.

16. Dicha decisión se notificó el 8 de marzo de 20232.

1.3. Sustento de la vulneración

17. La parte actora aseguró que, en la providencia del 22 de febrero de 2023 se
indicó que “el día 15 de agosto se dio apertura al proceso disciplinario y como el suscrito
no concurrió, el Ad-quo el día 19 de octubre del mismo año dio aplicación al artículo 104
del CDA, y 05 de febrero de 2016. Me declaró persona ausente. (…) Por último se esgrime

2 En el escrito de tutela el actor manifestó que el 8 de marzo de 2023 recibió, en su correo personal una

notificación del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, en la que se notificaba de una sanción disciplinaria
impuesta.

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que la sentencia sancionatoria, se notificó personalmente al suscrito a mi defensora de
oficio, el día 13 de abril de 2018, que como no fue apelada por mi defensa técnica ni
material, la misma fue enviada para en grado de consulta al consejo superior de la
judicatura, hoy Comisión nacional de disciplina judicial.”3

18. Teniendo en cuenta lo anterior, el tutelante alegó que se vulneraron sus
derecho al debido proceso y de defensa, en atención a que “arguye el ad-quo como
el ad-quem, que el suscrito fue notificado a las direcciones que suministró el registro
nacional de abogados y auxiliares de la justicia en el edificio concasa séptimo piso oficina
706 y en la esperanza carrera 27 a # 41-56 de Cartagena, pero por mi incompetencia se
fijó edicto de rigor y me declararon persona ausente.”4

19. En ese sentido, puso de presente que nunca fue notificado de las actuaciones
realizadas al interior del proceso disciplinario que se adelantó en su contra. Afirmó
que no tiene oficina en el edificio Casona de Cartagena, ni en la dirección de
Cartagena, a las cuales el despacho judicial remitió las notificaciones de las
decisiones proferidas al interior del trámite mencionado, como se indicó en la
sentencia cuestionada.

20. Por lo anterior, consideró que se incurrió en un defecto procedimental, de
conformidad con la Corte Constitucional5, por la indebida notificación de las
decisiones proferidas al interior del trámite disciplinario, lo cual se traduce una
vulneración de sus garantías al debido proceso y de defensa.

21. Indicó que el quejoso conocía su dirección de notificación y que no la puso
en conocimiento de la autoridad judicial, pero que, en todo caso, en el expediente
del trámite de conciliación que adelantó, se encontraba su número de celular. Sin
embargo, no fue contactado a través de ese medio.

22. A su juicio, las providencias debían notificarse por el medio más expedito. No
obstante, él no recibió un correo electrónico y tampoco comunicación en la que se
le informara sobre la apertura del proceso y demás actuaciones surtidas.

23. Arguyó que las direcciones a las que se remitieron las notificaciones, no
corresponden con su domicilio y que actualmente se encuentra fuera del territorio
nacional “por combatir corrupción al interior de la rama judicial y fiscalía general de
la nación (sic) exponiendo mi vida y la de mi familia.”

24. Manifestó que la falta de notificación de la decisión de primera instancia, le
impidió apelarla y que su defensora de oficio tampoco lo hizo. Además, expuso:

“Yerran el ad-quo y el ad-quen al afirmar que recibí notificación personalmente de la
decisión de primera instancia de fecha 23 de marzo de 2018, y que la misma no fue
apelada por el suscrito, tampoco fue apelada por la abogada de oficio asignada, lo
que demuestra que tampoco realizó una defensa activa como lo expresan los

3 Transcrito del original incluyendo posibles errores
4 Transcripción fiel al original.
5 Citó las sentencias C-670 de 2004, C-783 de 2004 y T081 de 2009.

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falladores de primera y segunda instancia, porque entre otras cosas, no se evidencian
los elementos de pruebas que solicitó para mi defensa, el hecho de realizar alegatos
conclusivos no demuestran a actividad de la defensa técnica.”6

25. Finalmente, puso de presente que no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, por lo que, la
acción de tutela resulta procedente.

1.4. Trámite de la acción de tutela

26. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 31 de marzo de 2023, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación
a la parte actora, así como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en calidad
de autoridades accionadas.

27. Igualmente, vinculó como tercero con interés, de conformidad con el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar, al ser la autoridad judicial a quien se le remitió el expediente, luego de
surtido el trámite de consulta, por ser la autoridad que administraba el sistema de
información en el que se registran las sanciones impuestas a los abogados y expide
los certificados de antecedentes disciplinarios.

1.5. Intervenciones

28. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Comisión Nacional Disciplina Judicial

29. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de abril de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente que
resolvió el grado de consulta, indicó que realizó una valoración juiciosa de las
garantías al debido proceso.

30. Encontró que la autoridad de primera instancia fue ampliamente garantista
del debido proceso y el derecho de defensa que cobijan a los destinatarios de la Ley
1123 de 2007, no solo porque remitió las comunicaciones físicas para notificación
personal a las direcciones que el abogado informó al Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (Art. 104 CDA.), mismas que de ninguna
manera tenía la posibilidad de establecer que no correspondían a aquellas donde
residía y laboraba el implicado en razón a su supuesta vinculación como agente en
cubierto de la fiscalía, sino que además designó a una profesional del derecho para
que defendiera sus intereses, por lo que, concluyó que no se ha vulnerado de forma
alguna prerrogativa de protección constitucional.

6 Transcrito del original incluyendo posibles errores

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31. Adicionalmente, manifestó que, tampoco resulta desconocedor de las
garantías del tutelante, el hecho de que la seccional de origen no tomara contacto
con él vía telefónica al número que en ejercicio de su labor consignó en la petición
de reajuste pensional dirigida a Casur, pues se agotó el procedimiento dispuesto en
el artículo 104 del CDA y se acudió a la fuente formal de información que de los
abogados ostenta la judicatura, esto es precisamente, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados.

32. Por otro lado, respecto a las manifestaciones del accionante relativas a que
el quejoso optó por no informar en la noticia disciplinaria su verdadera dirección de
residencia, la cual aduce conocía en virtud a una supuesta convivencia que sostenía
con su hija, indicó que dicho aspecto salía completamente del dominio de la
entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, prever que el denunciante conocía cercanamente la ubicación del
implicado, pues nunca puso de presente algún tipo de parentesco o inclusive
relación filial que los vinculara.

33. En cuanto a la censura por vía de amparo constitucional de violar su derecho
a la defensa técnica por falta de apelación de la decisión sancionatoria, concluyó
que no existió tal desconocimiento, en primera medida, porque la abogada de oficio
elevó solicitudes probatorias y expuso argumentos defensivos dirigidos a desvirtuar
la responsabilidad, y en segunda medida, porque resultaría del todo improcedente
exigir a una profesional presentar un recurso de apelación cuando el ordenamiento
jurídico no le exige tal actuación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Richard Padilla Cantillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333
de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.3. Problemas jurídicos

35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela?

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36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa del señor Richard Padilla Cantillo, con ocasión
de la decisión del 22 de febrero de 2023 que confirmó la providencia del 23
de marzo de 2018, mediante la cual se le sancionó con suspensión en el
ejercicio de la profesión por 12 meses y multa de 12 salarios mínimos legales
mensuales vigentes en el proceso disciplinario con radicado N° 13001-11-
02-000-2015-00407-00/01?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado; iv) debido proceso en actuaciones
judiciales y; v) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
7
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 8 y declaró su
procedencia.9

39. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional10

42. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto, la parte actora cuestiona la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante
la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el grado de consulta en
relación con el fallo disciplinario del 23 de marzo de 2018, proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que
lo declaró responsable por la incursión, a título de dolo, de la falta descrita en el
artículo 34 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con la suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 12 meses y multa de 12 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, pues en su sentir, en dichas providencias se indicó, de
manera errada, que había sido notificado de las actuaciones surtidas por el juez de
instancia a las direcciones reportadas en el registro correspondiente, sin en tener
en cuenta que no tiene oficinas ni residencia en aquellas. Igualmente, por cuanto se
vulneró su derecho a la defensa técnica.

43. Aunado a lo anterior, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías constitucionales por
cuanto la autoridad judicial accionada no le notificó en debida forma de las
decisiones adoptadas al interior del proceso, vulnerando sus derechos al debido
proceso y de defensa.

44. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.

2.4.2. Tutela contra sentencia de tutela

45. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza11, pues las providencias

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.

Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia
13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-
00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;

8

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Demandante: Richard Padilla Cantillo
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

cuestionadas fueron proferidas en el trámite del proceso de disciplinario identificado
con el radicado 13001-11-02-000-2015-00407-01.

2.4.3. Inmediatez

46. En relación con el acatamiento del referido requisito12, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la última providencia dictada en el proceso fue la del 22
de febrero de 2023. Así, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se
advierte que la acción de tutela se presentó en un término razonable (17 de marzo
de 2023) a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

47. Respecto de este requisito, se advierte que no existe otro medio de defensa
judicial idóneo para que el tutelante pueda defender sus derechos fundamentales,
comoquiera que el proceso disciplinario culminó con la providencia que resolvió la
consulta, es decir, la sentencia del 22 de febrero de 2023 y, por ello, no es
procedente que se promueva un incidente de nulidad.

Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término

razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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48. En efecto, el artículo 206 de la Ley 1952 de 201915, aplicable a los procesos
disciplinarios que se adelantan contra los profesionales del derecho por la remisión
dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1123 de 200716, establece:

“Artículo 206. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá
formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión y deberá
indicar en forma concreta la causal o causales respectivas, así como expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.” (Negrita y subrayado fuera
del texto)

49. Desde ese panorama normativo, se evidencia que la acción de tutela se erige
como el mecanismo judicial para debatir la presunta transgresión de garantías
superiores que indicó el señor Richard Padilla Cantillo.

2.5. Defecto procedimental

50. De acuerdo con la Corte Constitucional17, este defecto se configura cuando
el juez vulnera derechos fundamentales al desconocer un derecho sustancial, bien
sea por inaplicar la norma procesal debida o en los casos en que excede la
aplicación de formalidades procesales lo cual impide la efectividad de un derecho.
En estos casos, el procedimiento deviene en un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial, lo que implica una denegación de la justicia causada por: i) la
aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de derechos
fundamentales; ii) la exigencia irreflexiva de requisitos formales; iii) un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.

51. Su formulación parte del presupuesto de que el derecho al debido proceso y
la prevalencia del derecho sustancial son mandatos complementarios que implican
que “las formalidades procesales son un medio para la realización de los derechos
sustantivos y no fines en sí mismos”18.

52. En relación con la caracterización del defecto procedimental por la violación
del derecho a la defensa técnica, la Corte Constitucional estableció “… el concepto
de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su propio defensor y, de no
ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado, quien a su
vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica”19. Puso de presente que solo

15 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”
16 “Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario

prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en
este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados,
y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en
lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.”
17 Ver: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes

Cuartas.
18 Ibidem.
19 Sentencia T- 561 de 2014. En esta providencia, se pudo constatarse que el curador no intervino para ejercer

el derecho de contradicción y defensa de su representada. No solicitó pruebas ni las presentó, tampoco aportó
memorial alguno, y tampoco apeló la sentencia que le resultó desfavorable

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se entenderá violado el núcleo esencial de la aludida garantía, cuando concurran
los siguientes elementos:

i) Debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente
de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica.

ii) Que la falta de defensa material o técnica revista tal trascendencia y magnitud
que sea determinante de la decisión judicial; de manera tal, que pueda afirmarse
que se configura una vía de hecho judicial por uno de los «cinco» defectos
sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental o por consecuencia.

iii) Que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria
de los derechos fundamentales del procesado.

2.6. Debido proceso en actuaciones judiciales

53. El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.

54. A pesar del conjunto de eventualidades previstas por el texto constitucional
transcrito, esta es una norma con estructura de cláusula abierta. En ese sentido, fija
un listado de hipótesis netamente enumerativas que dan lugar a que se incluyan
otros posibles eventos plenamente encuadrables dentro del contenido de su
concepto. Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho fundamental al debido
proceso no se agota en el enunciado del artículo 29 superior, toda vez que su
protección concreta ha revestido un gran número de casos diferentes que han sido
abordados por la jurisdicción en general.20

55. Dentro de la estructura en comento, lo primero que debe resaltarse del
derecho fundamental al debido proceso es su ámbito de aplicación: “toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas” (negrilla fuera del texto). Esta

20 Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 31.05.1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-1219 del
21.11.2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-159 del 06.03.2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-058 del 02.02.2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

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característica indica que no hay ninguna actuación judicial o administrativa que se
escape del mandato constitucional de observar estrictamente el debido proceso.

56. En consecuencia, toda interpretación que resulte de la anterior singularidad
del derecho fundamental no puede encasillarse a la resolución de los casos
específicos que eventualmente se presenten. Todo lo contrario, los criterios de
interpretación de la transcrita cláusula universal se aplican a todos los casos que
sucedan y sean puestos a consideración de la autoridad competente. En específico,
debe recalcarse que el debido proceso comprende una garantía en la correcta
aplicación de las normas jurídicas por parte de los jueces.

57. De conformidad con lo expuesto, el derecho fundamental en comento se
aplica a toda actuación que se lleve a cabo dentro del trámite de un proceso judicial.
Ello implica observar estrictamente el contenido de las normas procesales, las
cuales, por su importancia social y por lo que tiene que ver con el artículo transcrito,
son de orden público y de cumplimiento obligatorio para los jueces y las partes. Si
lo anterior no sucede de esa manera, se compromete la legitimidad del proceso, de
tal manera que este puede llegar, incluso, a quedar viciado de nulidad o a afectar
otros derechos fundamentales de los que sean titulares las personas.

58. Así, el examen que debe hacer el juez de tutela en el momento en que es
puesta a su consideración una situación que comprometa el estudio del debido
proceso dentro del trámite de una actuación judicial gira alrededor de verificar que,
en todas sus etapas, se haya cumplido con las garantías propias del mencionado
derecho fundamental.21

2.7. Caso concreto

59. El señor Richard Padilla Cantillo aseguró que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con
ocasión de la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante la cual se resolvió el
grado de consulta en relación con el fallo disciplinario del 23 de marzo de 2018, que
lo declaró responsable por la incursión, a título de dolo, de la falta descrita en el
artículo 34 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con la suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 12 meses y multa de 12 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

60. Lo anterior, por cuanto no fue notificado en debida forma de dichas
decisiones, así como tampoco de las actuaciones realizadas al interior del proceso
identificado con el radicado 13001-11-02-000-2015-00407-01 y, por ello, no pudo
ejercer su derecho de defensa. Adicionalmente, por cuanto su abogada de oficio,
no ejerció en debida forma su defensa. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
advierte que el actor alega la configuración del defecto procedimental absoluto y por
violación del derecho a la defensa técnica.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-718 del 17.09.2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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61. Ahora, la Sala anticipa que negará el amparo solicitado, comoquiera que no
existieron irregularidades en el trámite del proceso disciplinario que transgredieran
alguno de los derechos fundamentales que invocó la parte actora, por lo que, en
concreto, no se configuró el defecto procedimental absoluto y por violación del
derecho a la defensa técnica.

62. En efecto, en relación con el defecto procedimental absoluto, se tiene que el
proceso disciplinario inició con la queja que presentó el señor Juan Delmiro Ayola
el 30 de junio de 2015 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria.

63. En auto del 31 de agosto de 2015, la autoridad judicial indicó:

“Acreditada como está la calidad de abogado del doctor RICHARD PADILLA
CANTILLO y sus antecedentes disciplinarios, así como su última dirección registrada
en la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia. De conformidad con
lo establecido en los artículos 104 y 111 de la Ley 1123 de 2007, se ordena la
APERTURA DEL PROCESO DISCIPLINARIO (…)”

64. Dicha decisión se notificó en la oficina 706 piso 7 del edificio Concasa y a La
Esperanza cr. 27 a No. 41-56, al ser estas las direcciones obrantes en la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia:

65. Igualmente, se fijó el siguiente edicto:

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66. La audiencia programada para el 19 de octubre de 2015 no se pudo realizar
por la “no comparecencia de los sujetos procesales, razón por la cual se ordenó fijar
edicto emplazatorio.

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67. El 5 de febrero de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar indicó que “el pasado 19 de octubre del año 2015,
debió practicarse la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional dentro de la presente
actuación, en la que se hacen señalamientos disciplinarios contra del doctor RICHARD
PADILLA CANTILLO, diligencia que no se llevó a cabo por la inasistencia de los togados,
sin que mediara justificación alguna; por ello, en procura de salvaguardar su derecho de
defensa y contradicción, en aplicación de lo normado en el artículo 104 del Código
Disciplinario del Abogado; y la imposibilidad de suspender la actuación por tiempo indefinido
y para los fines pretendidos por el procedimiento oral consagrados en la misma, se declara
persona ausente al disciplinable y se le designa como su defensor a la doctora LISETH
ÁVILA THERÁN (…)”

68. Finalmente, la primera instancia del proceso disciplinario culminó con la
sentencia del 23 de marzo de 2018, que resolvió:

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69. Esta decisión fue notificada al señor Richard Padilla Cantillo a la dirección
indicada en el correspondiente registro y a la defensora de oficio a las direcciones
por ella indicadas.

70. La sentencia no fue apelada y se surtió el grado jurisdiccional de consulta22
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, mediante fallo del 22 de
febrero de 2023, la confirmó y ordenó el registró de la sanción, de conformidad con
el artículo 4723 de la Ley 1123 de 2007.

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esa decisión se
le notificó al señor Richard Padilla Cantillo al correo drricharpadilla01@hotmail.com
y a su defensora de oficio igualmente a través de medios electrónicos.

72. Así las cosas, resulta claro que, en el trámite de la decisión de primera
instancia, se intentó ubicar al señor Richard Padilla Cantillo con los medios que se
tenían al alcance, para notificarlo del proceso disciplinario que se adelantó en su
contra, pero no fue posible, lo que llevó a la autoridad judicial a dar aplicación al
artículo 104 del CDA.

73. Ahora, el hecho de que no hubiera podido conocer del trámite, no es
consecuencia de una acción u omisión de las autoridades accionadas, sino del
propio accionante.

22 De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.
23 “Artículo 47. Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de

Registro Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la fecha de
registro.
Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
luego de la referida notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina de registro.”

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74. En efecto, el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, establece:

“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

15. Tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el
Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le
encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del
mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional.”

75. El tutelante registraba dos direcciones a las cuales le fueron enviadas las
notificaciones correspondientes, sumado al hecho de que fue declarado persona
ausente y se le otorgó un defensor de oficio.

76. Además, el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 precisa
que cuando no se conozca el paradero del disciplinado se “enviará la comunicación a
las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados”.

77. Así las cosas, las notificaciones que se realizaron en el proceso disciplinario,
esto es, de los autos proferidos por la autoridad judicial de primera instancia y de la
respectiva sentencia, fueron adecuadas de conformidad con el procedimiento
establecido para tal fin y, por ello, no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, lo que implica que no se configura el defecto procedimental absoluto.

78. Ahora, en relación con la sentencia que resolvió el grado de consulta, la Sala
observa que la misma fue remitida al correo electrónico informado por el tutelante
para tal fin el 8 de marzo de 2023, de conformidad con las constancias visibles en
el expediente.

79. Por otra parte, se advierte que se siguió el procedimiento establecido para
declarar a un abogado como persona ausente y poderlo juzgar, razón por la cual
tampoco se transgredieron las garantías constitucionales invocadas.

80. Al respecto, el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, determina lo siguiente:

“Artículo 104. Trámite preliminar. Efectuado el reparto, dentro de los cinco (5) días
siguientes se acreditará la condición de disciplinable del denunciado por el medio
más expedito; verificado este requisito de procedibilidad, se dictará auto de trámite
de apertura de proceso disciplinario, señalando fecha y hora para la audiencia de
pruebas y calificación de lo cual se enterará al Ministerio Público; dicha diligencia se
celebrará dentro del término perentorio de quince (15) días. La citación se realizará
a través del medio más eficaz. En caso de no conocerse su paradero, se enviará la
comunicación a las direcciones anotadas en el Registro Nacional de Abogados
fijándose además edicto emplazatorio en la Secretaría de la Sala por el término de
tres (3) días.

Si en la fecha prevista el disciplinable comparece, la actuación se desarrollará
conforme al artículo siguiente.

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Si el disciplinable no comparece, se fijará edicto emplazatorio por tres (3) días, acto
seguido se declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio con
quien se proseguirá la actuación.

La citación también deberá efectuarse al quejoso en todos los eventos. De la
realización de las audiencias se enterará al Ministerio Público.

PARÁGRAFO. Será obligatoria la presencia del disciplinado o su defensor a las
audiencias de que tratan los artículos siguientes. Si tales intervinientes no
comparecieren o se ausentasen sin causa justificada, se suspenderá la audiencia,
por el término de tres días para que se justifique la causa. Vencido este término el
juez evaluará la causa y si persistiere la incomparecencia procederá de
inmediato a designar un defensor de oficio con quien se proseguirá la
actuación.” (Negrita y subrayado fuera del texto)

81. De conformidad con la norma expuesta y el trámite que se impartió en el
proceso disciplinario, se evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar actuaron de manera
adecuada ante la falta de comparecencia del señor Richard Padilla Cantillo y no
vulneraron sus derechos fundamentales, por ello, se negará el amparo solicitado.

82. Finalmente, en relación con el defecto procedimental por violación a la
defensa técnica, la Sala manifiesta que, contrario a lo afirmado por la parte actora,
en el trámite del proceso disciplinario se le designó una abogada de oficio quien
elevó solicitudes probatorias y expuso argumentos dirigidos a cuestionar y
desvirtuar su responsabilidad, sumado al hecho de que el no interponer el recurso
de apelación, no implica per se una vulneración de sus garantías.

83. Es decir, para que se advierta una afectación a esta garantía, se debe
argumentar y acreditar que la falta de presentación del recurso obedezca a que la
actuación de la abogada fue meramente formal y carente de cualquier vinculación
a una estrategia procesal o jurídica y que, además, la falta de defensa material o
técnica revistió tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión
judicial, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la defensa solicitado por el señor Richard Padilla Cantillo, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

19

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