Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01412-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y
restablecimiento del derecho / Reliquidación de pensión
de jubilación / Transitoriedad de la Ley 33 de 1985 /
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Andrés Avelino Manjarres Bravo y
Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena Manjarres Hernández, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333
de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Andrés Avelino Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem
Marena Manjarres Hernández promovieron solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, a la vida y al mínimo vital, los cuales
consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 13 de julio
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho 47001333300620150005401.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.), en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
1Ver índice 2 de SAMAI, archivo denominado «ED_TUTELACONTRAPROVID(.pdf) Nr
oActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
Contribuciones Parafiscales de la Protección2, con el fin de cuestionar la
legalidad del acto administrativo a través del cual se le negó la reliquidación
de la pensión de jubilación conforme al régimen de transición de la Ley 33
de 1985.
ii) El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta,
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones
de la demanda. En contra de esta decisión la parte actora interpuso recurso
de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de sentencia del 13 de
julio de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, si bien la
demandante es beneficiaria de la transición del parágrafo 2 del artículo 1 de
la Ley 33 de 1985, el IBL se liquida con fundamento en los factores descritos
en el artículo 3 ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985.
iv) En relación con esa decisión, la parte tutelante considera que la
corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente al
pasar por alto que «para liquidar el monto de la pensión debía aplicarse el
contenido de la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el
Decreto 1045 de 1978».
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY,
DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de los
señores Andrés Avelino Manjarres Bravo, Beatriz Helena Manjarres Hernández,
Harlem Marena Manjarres Hernández y Andrés José Manjarres Hernández en
calidad de sucesores procesales de la señora Sonia María Hernández Fuentes
(Q.E.P.D)
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena, en amparo a los
derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 13 de junio de 2022, que
CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia por la cual se negó las
pretensiones de la señora Sonia María Hernández Fuentes (Q.E.P.D) y sus
sucesores procesales y, en consecuencia se ordene a reliquidar la pensión
teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
2 En adelante UGPP
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
1.2.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena3 solicitó que se niegue la
pretensión de amparo toda vez que el asunto fue decidió a la luz de la tesis
jurisprudencial vigente4, la cual determina que «el régimen de transición
previsto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 solo atiende a la edad,
no al monto ni ingreso base de liquidación de normas pensiones anteriores, puesto
que estos últimos aspectos se rigen por las reglas de la misma Ley 33 de 1985»;
por lo que en el caso cuestionado, si bien Sonia Hernández Fuentes (q.e.p.d)
era beneficiaria de la referida transición, lo cierto es que, «el ingreso base de
liquidación y factores de salario están regidos por las Leyes 33 y 62 de 1985.»
1.2.2. El Juzgado Sexto del Circuito Judicial de Santa Marta5 solicitó que se
niegue el amparo constitucional toda vez que los argumentos expuestos
carecen de relevancia constitucional, los cuales fueron desatados por el juez
ordinario. Además, señaló que no se vulneró ningún derecho fundamental
que, contrario a ello, el proceso se adelantó bajo las garantías procesales
correspondientes.
1.2.3. La UGPP6 solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo ya que
la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena i) no se
encuentra incursa en ningún requisito de precedencia de la tutela contra
providencia judicial, ii) no vulnera los derechos fundamentales invocados, iii)
se ajustó al ordenamiento y a los criterios fijados por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, iv) la solicitud de tutela no procede para reclamar
pretensiones de carácter económico y v) no satisface el requisito de la
inmediatez.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) determinación del
problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
3 Ver índice 16 de SAMAI, archivo denominado
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_202301412ANDRESAV(.pdf)
NroActua 16
4 Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez,
radicación número: 25000-23-42- 000-2013-03453-01(3290-18)
5 Ver índice 15 de SAMAI, archivo denominado
«RECIBEPRUEBAS_CONTESTACIONTUTE LA(.pdf) NroActua 15»
6 Ver índice 14 de SAMAI, archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_RADDELAACCION(.zip)
NroActua 14
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política
y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7 esta Sala es
competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en
cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en
consideración a las distintas posturas que en su interior se habían
desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el
de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no
lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto
paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la
Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta
el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,10 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud
se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069
de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de
reparto de la acción de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-
000-2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i)
que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se
ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma
subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno
de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos,12 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que
incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese
escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo
siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados
por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.13
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se
intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia
correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida y al mínimo vital de los demandantes con ocasión de la
sentencia del 13 de julio de 2022, a través de la cual confirmó la decisión de
negar la reliquidación de la pensión de vejez a Sonia María Hernández
Fuentes (q.e.p.d.), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo
y desconocimiento del precedente por inaplicar la transitoriedad integral de
la Ley 33 de 1985?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto
de 2004 y C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional14 ha definido el precedente judicial como la sentencia
o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por
las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma
línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente
responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y
salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes
acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter
vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya
función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de
fuente de derecho aplicable al caso concreto».
En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular,
a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y
concreta que se puede presentar al interior de una sociedad, es que surge
la necesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente
judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical
resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en
estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la
creación de las denominadas reglas de origen judicial15. Es desde esa
realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de
derecho16 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma
de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica
y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.
Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido
que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley», debe
hacerse bajo el entendido que el operador judicial también se encuentra
sometido al precedente judicial, en tanto, a través de este es que se
determina el contenido y alcance normativo de la ley17. De acuerdo con lo
14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas,
merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas
representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos
los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario
y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho,
a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el
legislador.»
16 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011
17 Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011.
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
anterior, el concepto «ley» del referido artículo 230, debe ser entendido como
el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la interpretación
que de estas hacen las autoridades judiciales. Es decir, el carácter vinculante
del precedente judicial es un claro desarrollo del principio de legalidad que
debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el
Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso-administrativo
tiene el deber de unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal
manera que las decisiones emitidas por este órgano se constituyen en
precedente de obligatorio cumplimiento. Lo anterior cobra especial
relevancia, al tratarse de un desarrollo del derecho a la igualdad, que se hace
efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con aplicación de
criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos análogos,
dicho en otras palabras, el derecho a la igualdad se materializa cuando
asuntos con situaciones fácticas y problemas jurídicos similares se definen
con base en la misma interpretación.
De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general
es la obligatoriedad del precedente proferido por los órganos de cierre de la
respectiva jurisdicción, sin embargo, existen ciertos eventos en los que el
juez puede separarse de dicha interpretación, para lo cual la jurisprudencia
constitucional18 ha establecido como requisitos: i) el de la transparencia: para
lo cual, el juez debe referirse de manera expresa al precedente conforme al
cual se han resuelto casos análogos y del cual estima pertinente apartarse
y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador judicial exponer razones
suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el precedente, para lo que
deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el órgano de cierre para
resolver casos con situaciones jurídicas y fácticas similares « ha perdido
vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por la
simple transformación social». En consonancia con lo anterior, es claro que, si
una autoridad judicial se aparta del precedente sin acreditar el cumplimiento
de los mencionados requisitos, la consecuencia es la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, así como, de los
principios de confianza legítima y seguridad jurídica.
2.4.3. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto19. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho
18 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y SU-113 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para
interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta 20, para
lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico
preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se
fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía
judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está
dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o
perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente
errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance
de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o
contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de
la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener
tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia,
que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales 21.
2.4.3. Sobre el caso concreto
Los demandantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la
sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena que confirmó la decisión del a quo de negar la reliquidación de la
pensión de vejez de Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.).
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo22 y desconocimiento del precedente al pasar por alto que «para
liquidar el monto de la pensión debía aplicarse el contenido de la Ley 6 de 1945, los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978», es decir, la
transitoriedad integral de la Ley 33 de 1985.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por los
demandantes, se observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena en
su decisión reconoció a Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.) como
20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
22 Si bien la demandante también alegó un defecto fáctico, la motivación expuesta al
respecto coincide con el presunto desconocimiento de las mismas normas invocadas en el
defecto sustantivo, razón por la cual, el análisis se realizará respecto de este último.
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 198523, que en su
artículo 1 dispone:
«[…] Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.
[…]
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente ley. […]» [ Subrayado por la Sala]
De acuerdo con la normativa que antecede, se observa que el beneficio del
régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, conlleva a que se
preserve la edad para adquirir el derecho, de acuerdo con el régimen anterior
que resultare aplicable. Al respecto, en sentencia del 11 de mayo de 2020,
expediente contencioso 250002342000201602800 (012454-2018)24, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, explicó:
«[…] Régimen pensional aplicable a los empleados públicos con
anterioridad a la Ley 33 de 1985
[…]
36. Ahora bien, sobre la norma anterior que resulta oponible por virtud del
régimen de transición, se considera que la lectura desprevenida del parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, supone que solo sea para efectos de
determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por mucho tiempo
defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral e inescindible de
la norma pensional, será el que acogerá esta Sala, porque apunta a la real
intención del legislador al distinguir expresamente los aspectos que protegía,
sustentado en su libertad de configuración, y porque resulta ser la interpretación
que de mejor forma se acopla a los principios constitucionales, y con el resultado
de la evolución jurisprudencial que a partir de ellos hoy día rige para las
situaciones pensionales que se consolidan en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tal como pasará a explicarse. […]». (Resaltado por la Sala)
De acuerdo con la trascripción que antecede, la lectura otorgada al parágrafo
2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es que se preservará, únicamente, el
requisito de la edad del régimen anterior a aquellos beneficiarios de la
transición. Tesis acogida por la autoridad judicial demandada al decidir
acerca de la reliquidación pensional pretendida por Sonia María Hernández
Fuentes (q.e.p.d.), así:
23 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público.
24 CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Actor: Maryland Carrillo Turriago, C/. Colpensiones.
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Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
«[…] Si tomamos los periodos relacionados entre el 1 de marzo de 1969 a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, se tiene que aquella para
ese momento había laborado como servidora pública un tiempo de 15 años, 10
meses y 26 días, tiempo que le permite, como en efecto lo sostiene en el recurso
de apelación, beneficiarse del régimen de transición a que refiere el parágrafo
segundo del artículo 1 de aquella ley, es decir, como lo sostiene el Consejo de
Estado, solo determina que se pensiona con la edad del régimen anterior, pues
los factores de salarios son los prescritos taxativamente en el artículo 3 de dicha
ley modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
En ese orden de ideas, es claro que la señora Hernández Fuentes le asiste el
derecho a que su pensión se reconozca conforme al señalado parágrafo, esto
es, 50 años de edad, 20 años de servicios, 75 del promedio de los salarios del
último año, atendiendo los factores de salarios de la señalada ley.
[…]
Ahora bien, atendiendo al antecedente jurisprudencial al que se hizo alusión
precedentemente, se tiene que solo es posible liquidar la pensión de jubilación
con Radicación: 47-001-3333-006-2015-00054-01 20 Demandante: Sonia María
Hernández Fuentes Demandada: UGPP los factores de salarios taxativamente
enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de 198510, de manera que al contrastar
unos y otros, se aprecia que de los percibidos por la señora Hernández Fuentes,
solo es admisible para efectos de su régimen pensional tener en cuenta la
asignación básica, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario,
retribuciones que fueron las mismas que la Ugpp tuvo en cuenta para liquidar la
prestación pensional de la parte actora, de tal suerte que no hay lugar a tener en
cuenta ningún otro puesto que solo caben los de la citada ley, por lo tanto, a la
señora Hernández Fuentes no le asiste derecho a que su pensión se reliquide
con los factores de salarios del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 porque el
régimen de transición a que refiere el parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley
33 de 1985 determina como aplicable del régimen anterior la edad de jubilación,
que para el caso es de 50 años, ningún otro aspecto se puede retrotraer, de ahí
que necesariamente deba confirmarse la decisión de primera instancia que negó
la reliquidación de la pensión, pero no por las razones expuestas en aquella
providencia, sino por los argumentos que se explican en este proveído, puesto
que no tiene razón el a quo en señalar que la parte actora le era aplicable la
sentencia unificatoria de 28 de agosto de 2018 y el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, cuando es claro y está probado que la señora Hernández Fuentes causó
su derecho con anterioridad a la vigencia de esta normativa, cosa distinta es la
reliquidación que se dio como consecuencia del retiro del servicio, pero ello no
comportaba aplicar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. […]»
Por otra parte, se observa que las decisiones judiciales25 identificadas por
los demandantes como desconocidas no constituyen precedente, pues de
trata de sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otra en una solicitud de tutela con efectos inter-partes, lo
25Sentencia de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 31 de Enero de 2019. Radicado:
410012331000201200101 01 (1145-2016). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de junio de 2019.
Radicado: 11001031500020190166200. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 5 de
mayo de 2019, exp. 25000-23-42-000-2012-02011-01 (0298-14) actor: Ninfa Benavides
Beltrán.
10
Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
cual deja ver que en su momento (año 2019), existía disparidad de criterios
en la corporación al respecto, tal como se advirtió en pronunciamiento de
tutela del 24 de agosto de 202126, en un asunto de contornos similares:
«[…] Como se observa, la lectura e interpretación otorgada al inciso 1° y al
parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, ha sido diferente por parte de
las autoridades judiciales contenciosas, inclusive por parte de las subsecciones
A y B de la sección segunda del Consejo de Estado, en el sentido de definir
acerca de los efectos de la transitoriedad de la citada ley, esto es, si es integral
o solo se refiere a la edad; dicho ello, se advierte que no le es posible al [j]uez
de tutela determinar cuál es la posición aceptable en los términos del artículo
1027 y 10228 de la Ley 1437 de 2011, pues la misma sección no ha definido tal
divergencia a través de una sentencia de unificación que resulte exigible de
manera uniforme para todos los operadores judiciales contenciosos. […]»
Así, contrario a lo señalado por los tutelantes, no se evidencia que el Tribunal
Administrativo del Magdalena haya incurrido en defecto sustantivo ni
desconocimiento del precedente en su labor de la búsqueda de la verdad;
distinto es, que de acuerdo con la lectura del parágrafo 2 del artículo 1 de la
Ley 33 de 1985, concluyera que la transición solo recae para efectos de
determinar la edad.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las
decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que
resulte palmaria la vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el
presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad
judicial demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en
una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el
26 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 11001031500020210291901
27 ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA
JURISPRUDENCIA. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a
situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al
adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen
dichas normas.
28 ARTÍCULO 102. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
A TERCEROS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES.
[…]
Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación
jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un
derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
11
Expediente: 110010315000-2023-01412-00
Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros
amparo de los derechos fundamentales invocados por Andrés Avelino
Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena
Manjarres Hernández, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Magdalena.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Andrés Avelino
Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena Manjarres
Hernández, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Magdalena, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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