Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01416-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01416-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01416-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
11 de mayo de 2023
Demandante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01416-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01416-00
Demandante: JUAN PABLO BARRIENTOS HOYOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Juan Pablo
Barrientos Hoyos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2023, el señor Juan Pablo
Barrientos Hoyos, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
información pública, de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la providencia de 16 de enero de 2023,1 a través de la cual la autoridad
censurada declaró la improcedencia del recurso de insistencia, ante la negativa
del Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en
1
Si bien el accionante señaló que la providencia que reprocha es de 8 de marzo de 2023, lo
cierto es que esta es la fecha en que se notificó el proveído de 16 de enero de 2023, auto
demandado en este caso.
1
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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expedir copias de unos expedientes judiciales que, a su juicio, no tienen reserva
legal.
1.2. Pretensión
«Que se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el 2023
y, que en su defecto, este lo ordene al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá que me entregue las copias de los expedientes
judiciales solicitados en mi derecho de petición pues estos no tienen reserva».2
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:
El señor Juan Pablo Barrientos Hoyos indicó que, el 10 de septiembre de 2021,
le solicitó al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, la expedición de copias «de todo el expediente
11001600025920110006300 para el ejercicio de mi quehacer periodístico».
Adujo que, mediante respuesta de 12 de octubre de 2021, el referido juzgado
le negó el acceso al expediente con fundamento en que el señor Barrientos
Hoyos no es parte en ese proceso.
Refirió que, inconforme con la contestación por carecer de argumentos
jurídicos, el 26 de enero de 2022 insistió en su petición ante el Juzgado 20 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en la cual también
requirió los procesos 11001600002820110032400,
11001600002820110032401 y 11001600002820110032402. La anterior
solicitud también la presentó en la misma fecha al Juzgado 14 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Precisó que, el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá remitió la última petición al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
dependencia que le envió al tutelante un correo electrónico de 4 de febrero de
2022 «que no respondía de fondo» lo solicitado.
Arguyó que, ante la falta de respuesta de fondo a su escrito, promovió una
acción de tutela contra los Juzgados 14 y 20 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá. Esta acción la resolvió la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de 6 de abril de 2022 en el
sentido de amparar sus derechos fundamentales de petición e información.
2 Transcripción literal con posibles errores.
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Advirtió que, el 18 de marzo de 2022, antes de que se fallara la referida tutela,
recibió respuesta del Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá en la que nuevamente se abstuvieron de resolver la
solicitud por no ser sujeto procesal.
Agregó que, el 8 de abril de 2022 recibió por parte del Juzgado 20 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, reiteradamente, otra negativa
luego de señalar que al entregar la información requerida «se pone en peligro
a las víctimas».
Puntualizó que, el 11 de abril de 2022 presentó un recurso de insistencia ante
el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el
cual fue denegado por dicha autoridad en providencia de 12 de abril de 2022,
al señalar que el mecanismo sólo procede «cuando el sujeto obligado (Juzgado)
niega la entrega o consulta de la información argumentando que la misma tiene
reserva o restricción por motivos de seguridad y defensa nacional o por
relaciones internacionales, circunstancias que no acontecieron en la decisión».
Acotó que, ante la omisión del Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá de remitir el recurso de insistencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 5 de septiembre de 2022 lo radicó ante esa
corporación por sus propios medios.
Comentó que, mediante providencia de 9 de septiembre de 2022, dicho tribunal
declaró improcedente el mencionado recurso en atención a que este debe ser
remitido por la autoridad que niega la entrega de la información, y señaló:
Como la autoridad de que se trata (Juzgado 20 de Ejecución de Penas) no ha
obrado en tal sentido, el peticionario tiene a su alcance otros medios para lograr
el cumplimiento de las funciones correspondientes por parte de ese despacho
judicial, que tiene la obligación de remitir el recurso pues la calificación sobre su
procedencia o no corresponde a esta autoridad judicial no a la que niega la
entrega de la información.3
Informó que, instauró una acción de tutela el 21 de noviembre de 2022 contra
el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá con
el fin de que se le ordenara la entrega de la documentación solicitada y, en su
defecto, que se enviara el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Explicó que, esta acción la resolvió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en fallo de 9 de diciembre de 2022, en el sentido de amparar el derecho
3 Transcripción literal con posibles errores.
3
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al debido proceso y dispuso que el juzgado censurado debía dar trámite al
mencionado mecanismo.
Indicó que, con providencia de 16 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró improcedente el
recurso de insistencia tras señalar que la solicitud elevada por el tutelante no
corresponde a los supuestos de la función administrativa señalados en los
artículos 25 y 26 (información y documentos) de la Ley 1755 de 2015, sino a
una petición de índole judicial al requerir unos expedientes penales, lo cual debe
surtirse a través del procedimiento estipulado en el artículo 165 de la Ley 906
de 2004. Al respecto, concluyó:
En el presente caso, la petición expresada a través de un memorial, dentro del
trámite de un proceso penal, fue resuelta por el juzgado a través de providencia
judicial, la misma que no puede ser revisada a través de un recurso de
insistencia.
Las providencias judiciales se controvierte[n] a través de los recursos señalados
por la ley, en este caso, lo[s] autos que niegan el acceso a un proceso judicial,
pueden ser controvertidos ante la misma autoridad, a través de los recursos
ordinarios.
La insistencia tiene como finalidad, la revisión de la invocación de reserva legal,
alegada por una autoridad – en el marco de la función administrativa y no
jurisdiccional-. (…)
Además en este caso particular a efectos de obtener las copias de un expediente
judicial de carácter penal se debe agotar el trámite contenido en el artículo 165
de la Ley 906 de 2004- Código de Procedimiento Penal.4
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. Como primera medida, la parte accionante argumentó que el caso que
puso en consideración de la Sala cumple con todos los requisitos generales y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Concretamente, señaló que este asunto es relevante constitucionalmente por
cuanto la autoridad judicial reprochada ha vulnerado sus derechos de petición,
de acceso a la información pública, de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, al declarar la improcedencia del recurso de insistencia pese
a que ha agotado todas las instancias narradas en los hechos.
Agregó que de conformidad con la sentencia C-274 de 2013, la Corte
Constitucional expuso que el acceso a la información es un derecho de gran
4
Transcripción literal con posibles errores.
4
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importancia porque permite materializar y garantizar el principio de la
democracia participativa y el ejercicio de los derechos políticos; cumple una
función instrumental en procura de la realización de otros derechos
constitucionales; y permite el ejercicio del control ciudadano respecto a la
función pública.
Expuso que, en el marco del derecho de acceso a la información, las
restricciones están definidas por la ley, y en consonancia con lo que ha
manifestado la referida alta Corte en la sentencia C-491 de 2007, si no existe
reserva legal expresa debe primar la regla general de la publicidad, razón por
la cual, las limitaciones en este contexto no pueden ser analizadas a la ligera.
Resaltó que la jurisprudencia ha destacado que la libertad de prensa se ve
limitada con la negación respecto a la entrega de la información necesaria para
que el periodista realice su trabajo, en ese orden, precisó que «es más que
relevante que por medio de esta tutela se revise la afectación de mis derechos
de petición y de acceso a la información pública».
1.4.2. Asimismo, adujo que la providencia censurada incurrió en un defecto
sustantivo,5 debido a que, contrario a la mencionada postura de la Corte
Constitucional, el tribunal demandado desestimó «la relación del derecho de
petición y el ejercicio periodístico y el trato preferencial que reciben las
peticiones de acceso a información con fines periodísticos», al declarar que su
petición debía surtirse de conformidad con el artículo 165 del Código de
Procedimiento Penal, lo que dio lugar a la declaratoria de improcedencia del
recurso de insistencia.
Manifestó que es un periodista de «Vorágine»6 y de «Caracol Radio»7; que
ejerce hace bastante tiempo su profesión y que cuenta con 2 libros de su autoría
relacionados con la materia que se abordó en los procesos penales frente a los
cuales se solicitó copias de los expedientes.
Agregó que, el análisis efectuado por la judicatura cuestionada transgredió sus
derechos fundamentales de petición, de acceso a la información y al libre
ejercicio de su profesión, lo que a su vez repercute en la materialización de la
garantía superior al debido proceso.
Finalmente, argumentó que el yerro alegado se denota al revisar que en el fallo
reprochado (16 de enero de 2023) se indicó:
5
Si bien el actor adujo que la providencia cuestionada adolece de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, lo cierto es que de los argumentos esta Sala infiere que se trata de un
defecto sustantivo por resolver el recurso de insistencia con fundamento en una norma que no
le es aplicable.
6
«Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente»
7
Cadena de radio colombiana.
5
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[…] es el juez de tutela el que debe ordenarle a la jueza 20 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que me entregue los expedientes
solicitados, cuando ya un juez de tutela le ordenó a la jueza enviar el recurso de
insistencia al Tribunal Administrativo porque, a su parecer, le corresponde a este
último ordenarle a la jueza que me entregue la información que estoy solicitando
desde hace casi dos años.8
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 27 de marzo de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite
constitucional, se dispuso la vinculación del Juzgado 20 de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, del Juzgado 14 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, del Centro de Servicios Administrativos de
los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela en la página web
del Consejo de Estado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con
las constancias visibles en el expediente digital obrante en el sistema de gestión
judicial SAMAI, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Con memorial aportado el 31 de marzo de 2023, el magistrado ponente de la
decisión cuestionada solicitó que se declare improcedente la petición de
amparo de la referencia, por cuanto, a su juicio, el actor no probó la existencia
de un perjuicio irremediable ni los requisitos generales y especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
1.6.2. Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá
Mediante memorial de 4 de abril de 2023, la titular de ese despacho, luego de
hacer un resumen de las actuaciones obrantes en el acápite de los hechos de
8
Transcripción literal con posibles errores.
6
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este proveído, indicó que al asunto objeto de atención se le aplicó el trámite
pertinente, se otorgó la debida respuesta y no se demostró la vulneración de
los derechos deprecados.
1.6.3. Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá
A través de escrito radicado el 4 de abril de 2023 en el que se hizo un breve
recuento de los hechos, la jueza solicitó que se niegue la petición de amparo
constitucional tras afirmar que ese despacho judicial no ha transgredido los
derechos del señor Juan Pablo Barrientos Hoyos, debido a que atendió a todas
las solicitudes presentadas por él, sumado a que lo decidido se encuentra
conforme a derecho.
1.6.4. Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá
En mensaje de datos enviado por el coordinador del centro de servicios, requirió
que se despachen desfavorablemente las pretensiones del escrito de tutela
respecto a esta dependencia, habida cuenta de que no ha omitido o efectuado
alguna actuación que desconozca las prerrogativas superiores del actor.
1.7. Designación de conjuez
En el presente asunto, el proyecto de fallo discutido en la sesión realizada el 20
de abril de 2023 no contó con la mayoría requerida para su aprobación, razón
por la cual se dispuso que, por Secretaría General, se efectuara el sorteo de
dos conjueces (principal y suplente) con el fin de lograr el desempate en el
asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128
de la Ley 1437 de 2011, 115 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del Reglamento
Interno del Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019.
En la diligencia que se llevó a cabo el 25 de abril de 2023, se designó al doctor
Pedro Luis Blanco Jiménez como conjuez principal y al doctor Álvaro Andrés
Motta Navas como conjuez suplente.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el
señor Juan Pablo Barrientos Hoyos contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
7
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Demandante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
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Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante
con ocasión de la providencia de 16 de enero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en el trámite
del recurso de insistencia promovido por el señor Juan Pablo Barrientos Hoyos,
por incurrir en un defecto sustantivo al declarar la improcedencia de dicho
mecanismo.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio
de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse
superados; (iii) las generalidades de los derechos de petición, de acceso a
documentos públicos y al debido proceso; (iv) nociones sobre el defecto
sustantivo; y (v) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
8
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala el caso objeto de estudio está revestido de relevancia
constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de
tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones,
la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la
protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
información pública, de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso.
En el asunto concreto se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
señalados por el tutelante, comoquiera que alegó que se incurrió en un defecto
sustantivo, al declarar la improcedencia del recurso de insistencia sin tener en
cuenta que el acceso a la información pública es un derecho de gran
importancia porque permite materializar y garantizar el principio de la
democracia participativa y el ejercicio de los derechos políticos; cumple una
función instrumental en procura de la realización de otros derechos
constitucionales; y permite el ejercicio del control ciudadano respecto a la
función pública.
En ese orden, agregó que la libertad de prensa se ve limitada con la negación
de la entrega de la información necesaria para que el periodista realice su
trabajo; aspecto que evidencia la relevancia de la tutela de la referencia por
cuanto sugiere que analice la transgresión de los derechos de petición, de
acceso a la información pública, de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso.
Tal escenario deja en evidencia la posible amenaza de las garantías del señor
Barrientos Hoyos, puntualmente, el derecho al debido proceso con ocasión de
la aplicación de una norma procesal penal a un caso de petición administrativa
ante autoridad judicial, lo que probablemente deviene de una decisión que no
se encuentra conforme a derecho.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
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2.4.2. Por otro lado, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial censurada fue proferida al desatar un recurso de insistencia.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que, la
providencia censurada fue proferida el 16 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A; se notificó
vía electrónica el 8 de marzo de 2023; y la solicitud de amparo se presentó el
21 de marzo de la misma anualidad, de manera que, sin necesidad de
establecer la fecha de ejecutoria, se evidencia que transcurrió un término que
a juicio de la Sala es razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido el
16 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, mediante el cual declaró la improcedencia del recurso
de insistencia, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede
ningún recurso ordinario.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, y la protección de derechos de terceros.
2.5. Del derecho de petición y de acceso a documentos públicos
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el
derecho de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.»
10
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Demandante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
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presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una
pronta respuesta.
Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este
derecho que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a
través de la respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización
resulta independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro
de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de
manera eficaz para su debida materialización.
Adicionalmente y al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
derecho a la información comporta la prerrogativa de solicitar a las entidades
estatales información no sujeta a reserva legal o constitucional, de manera
«completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada,
diáfana y siempre oportuna...».15
Luego, en los términos del artículo 74 de la Constitución Política 16 y en ejercicio
de los derechos fundamentales de petición y a la información, los ciudadanos
pueden solicitar el acceso a los documentos públicos, prerrogativa que
encuentra su límite en los casos de reserva legal y constitucional.
Por ello, en el evento en que se cuestione el carácter reservado o confidencial
del documento cuyo acceso solicita el administrado, la Ley 57 de 1985 y el
artículo 26 de la Ley Estatutaria No. 1755 de 2015, contemplan el recurso de
insistencia, como un procedimiento sumario, para hacer efectivo aquel derecho.
2.6. Derecho al debido proceso
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución17, del derecho fundamental al
15
Sentencia T-487 de 2011.
16
«... todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley...».
17
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.»
11
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debido proceso18 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia19.
El derecho mencionado ofrece al individuo una garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en
la ley»20.
La Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «no puede concebirse
dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un
real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su
decisión»21.
Sobre el punto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva, implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»22, y de otro lado, impone:
[…] la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar
todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares
a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que
el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven
en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas.
18
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
19
Sentencia T-006 de 1992.
20
Sentencia T-476 de 1998.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
22
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia23 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso debe velar por la rápida solución del caso con
el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
terminarlo con sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple dicho
funcionario en un Estado Social de Derecho, en el que:
[…] ha dejado de ser el frio funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley,
convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las
formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial
y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal
de la justicia material.24.
2.7. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional25, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»26.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
23
Ley 270 de 1996. «Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública
que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional».
24
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
26
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio entre otras.
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente27 o porque ha sido derogada28, es inexistente29,
inexequible30 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador31.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma32.
c) La disposición aplicada es regresiva33 o contraria a la Constitución34.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición35.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma36 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
2.8 Caso concreto
2.8.1. El señor Juan Pablo Barrientos Hoyos adujo que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, incurrió en
un defecto sustantivo en la providencia de 16 de enero de 2023 al declarar
improcedente el recurso de insistencia, respecto a la petición elevada ante el
Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
consistente en acceder y a obtener una copia de cuatro expedientes penales.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
33
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
34
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
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Ello, por cuanto el tribunal concluyó que lo peticionado correspondía a una
actuación dentro de un proceso judicial que, según el Consejo de Estado,37 por
regla general cuentan con procedimientos expresos dispuestos en la ley, lo que
deriva en que las solicitudes elevadas por las partes deben resolverse en ese
marco y no a través del derecho de petición.
En ese sentido, explicó que la expedición de copias de los expedientes penales
no está regulada por las disposiciones contenidas en la Ley 1755 de 2015, sino
que debe tramitarse de conformidad con lo estipulado en el artículo 165 de la
Ley 906 de 2004.38 Para tal efecto, indicó:
La Sala precisa que en la petición que radicó el señor Juan Pablo Barrientos
Hoyos ante el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, no solicitó información, ni documentos, tal como lo exigen los artículos
25 y 26 de la Ley 1755 de 2005 a efectos de qué proceda el recurso de
insistencia, ya que pidió únicamente copia de los expedientes N°.
11001600002820110032400, 11001600002820110032401,
11001600002820110032402 y 11001600025920110006300, solicitud que no es
de carácter administrativo, sino judicial, y por ende debe solicitarse y resolverse
según el trámite establecido en el artículo 165 de la Ley 906 de 2004- Código de
Procedimiento Penal.
2.8.2. Si bien en el proveído reprochado el tribunal efectuó algunos
señalamientos que podrían entenderse como pronunciamientos respecto al
fondo del debate, esto es, si los expedientes solicitados están o no sometidos
a reserva legal, lo cierto es que tales manifestaciones no son suficientes ni
tienen la virtualidad de dar por zanjado el recurso elevado por el señor
Barrientos Hoyos.
Pese a que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en algunos apartes dio lugar a entender que apoya la postura
del Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en torno a que
la información que contienen las diligencias es sensible y que su divulgación
puede socavar los derechos fundamentales a la vida, a la intimidad y al buen
nombre de las «víctimas»39, tal argumento tampoco fue desarrollado y
argumentado por esta última autoridad.
Es por ello que, incluso en la providencia de 16 de enero de 2023, se reconoce
que no existe una norma concreta a partir de la cual se pueda defender la
37
Citó la sentencia de 7 de abril de 2011 expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del expediente 11001-03-15-000-2011-00281-00.
38
«ARTÍCULO 165. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Las providencias judiciales solo serán
reproducidas a efectos del trámite de los recursos.
Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente donde conste un
resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un interés para ello.»
39
En este caso, sacerdotes que fallecieron.
15
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reserva de los expedientes penales, pero que, aun así, lo trató de fundamentar
con base a las apreciaciones del juzgado penal que no se esmeró en justificar,
por una parte, el sustento legal, y por otra, que los datos contenidos en los
expedientes peticionados son sensibles y la forma en cómo incidiría de manera
negativa la divulgación de estos.
En ese orden, no es admisible que el tribunal se abstenga de desatar el
mecanismo puesto en su conocimiento, al escudarse en que la valoración sobre
la gravedad o trascendencia de la información debe ser valorada por el juez
penal, cuando el Juzgado 20 Penal de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad no lo hizo en las reiteradas e inocuas respuestas negativas
expedidas al señor Juan Pablo Barrientos Hoyos y, justamente esto es lo que
hace procedente el recurso de insistencia.
Asimismo, se enerva el desacuerdo con el juicio de valor efectuado a priori por
la corporación demandada, consistente en que la publicación de la información
contenida en los expedientes penales puede llegar a afectar los derechos de
las víctimas, comoquiera que omitió que el accionante manifestó de manera
expresa que conoce de primera mano las consecuencias que acarrea el manejo
de esta información en el marco del ejercicio periodístico.
Ahora, de conformidad con lo anterior, también se advierte desatendida la
postura de la Corte Constitucional, establecida en la sentencia SU-191 de
202240, en la cual se debatió un caso similar, en el que se determinó:
Si bien la regla general es la necesidad de la autorización del titular para su
divulgación, el juez constitucional debe estudiar las particularidades del caso
para establecer el alcance de tal protección. Entre los factores que se deben
analizar se encuentra: (i) el interés público en la información, (ii) las
características de los titulares de los datos como personas con relevancia social
y comunitaria, y (iii) la calidad de periodista del peticionario. Si se presentan estas
características, se protegerá en mayor medida el derecho de acceso a la
información.
Adicionalmente, se indicó que, en los casos de delitos contra menores
cometidos por personas con relevancia social por su posición o cargo, «es aún
más claro que hay menos restricciones para acceder a información relativa a violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se reitera que esta regla no implica
desproteger el derecho al habeas data, alterar la protección constitucional de los datos
privados o sensibles, o exponer públicamente la intimidad de un sujeto con información
que sea irrelevante o tendenciosa».
40
«ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS-Derecho de petición
(información para investigación periodística), sobre supuesta violencia sexual de sacerdotes de
comunidad religiosa contra niños, niñas y adolescentes.»
16
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Así las cosas, en este punto, al no advertirse que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A hubiese efectuado una decisión
de fondo, suficiente, adecuada y contundente, en la que tenga en cuenta los
parámetros fijados por la Corte Constitucional, no se tiene por resuelto el
recurso de insistencia.
Por lo anterior, se continuará con el estudio del defecto sustantivo alegado por
la parte actora.
2.8.3. De manera preliminar, se informa que se accederá al amparo del derecho
al debido proceso del señor Juan Pablo Barrientos Hoyos. Esta decisión
encuentra fundamento en que la norma que invocó el tribunal censurado como
exigible en el sub lite, regula la expedición de copias de providencias entendidas
como autos y sentencias, o certificaciones, así:
ARTÍCULO 165. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Las providencias judiciales solo
serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos.
Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente
donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un
interés para ello.41
La disposición en cita está contenida en el Código de Procedimiento Penal,
dentro del Título V relativo a la actuación en los procesos orales de dicha
jurisdicción, y concretamente en el Capítulo VI, a través del cual se regula lo
concerniente a las providencias judiciales.
En ese orden, es evidente que, como primera medida, el señor Juan Pablo
Barrientos Hoyos no solicitó ante el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad la expedición la copia de una providencia, puesto que
requirió el acceso y copia de 4 expedientes penales para ejercer su labor
periodística, como se observa en las imágenes que se insertan a continuación:
Requerimiento de 26 de enero de 2022:
41
Ley 906 de 2004.
17
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Recurso de insistencia de 11 de abril de 2022:
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En segundo lugar, en el referido artículo se indica que las providencias solo se
reproducirán con el fin de que se puedan interponer los recursos previstos en
la ley, lo cual da lugar a entender, sin equívocos, que su contenido está dirigido
a las partes de la causa penal y que teniendo en cuenta la perentoriedad de las
etapas, deben agotar tal pedimento dentro de la oportunidad procesal
correspondiente.
De manera que, si bien la norma establece la expedición de copias de las
providencias en materia penal y que ello corresponde a una actuación judicial,
lo cierto es que debe agotarse por los extremos de la litis durante el desarrollo
del proceso con el fin de procurar su derecho de defensa y contradicción frente
a las decisiones adoptadas en cada caso.
Tal carga no es endilgable al tutelante quien, lejos de estar involucrado en las
causas de los expedientes requeridos, es un particular que presenta un interés
desde la perspectiva periodística y que no puede ejercer solicitudes o recursos
dentro de procesos judiciales en los que no interviene.
En ese orden de ideas, esta magistratura considera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en
un defecto sustantivo al declarar la improcedencia del recurso de insistencia
con fundamento en que el señor Juan Pablo Barrientos Hoyos debe agotar un
procedimiento que es propio de las partes de una causa judicial en la
jurisdicción penal.
Contrario a lo señalado por la judicatura censurada, el mencionado recurso
promovido por el accionante se enmarca en el contenido y alcance de la
garantía fundamental del derecho de petición ante autoridades judiciales, pero
de índole administrativa.
Ello, comoquiera que, tal como se explicó en líneas previas, el cometido del
señor Barrientos Hoyos, lejos de tener incidencia en algún aspecto de la esfera
jurisdiccional, lo que persigue es documentarse e informarse a partir de la
fuente directa, en desarrollo de sus labores profesionales.
Así, es claro para esta Sala que el marco jurídico aplicable en este asunto no
es la Ley 906 de 2004, sino la Ley 1755 de 2015 a través de la cual se sustituyó
el Título II de la Ley 1437 de 2011 y se reguló el derecho de petición, por cuanto
el accionante elevó una solicitud meramente administrativa ante una autoridad
judicial y, frente a las reiteradas respuestas negativas, es procedente el recurso
de insistencia.42
42
Artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.
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2.8.4. La consecuencia de comprobar que la sentencia de 16 de enero de 2023
contiene una irregularidad de tipo procesal, es más relevante de lo que podría
parecer, comoquiera que con la decisión censurada se transgredió el núcleo
esencial del derecho al debido proceso.
La Corte Constitucional en sentencia SU-174 de 2021 se ocupó de precisar la
referida garantía fundamental desde una perspectiva general, en los siguientes
términos:
22. El artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho fundamental al debido
proceso, que ha sido definido como un conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico «través de las cuales se busca la protección del individuo
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia». De ese
modo, quien asume la dirección del procedimiento tiene la obligación de
«observar, en todos sus actos, la plenitud de las formas previamente
establecidas en la Ley o en los reglamentos».
Conforme con el criterio del máximo órgano interpretativo de la Constitución
Política, el debido proceso es uno de los pilares fundamentales del sistema
jurídico en torno al cual se desarrollan un conjunto de principios y normas que
establecen un marco justo y equitativo para la toma de decisiones que preceden
a los derechos y a las obligaciones de las personas.
El núcleo esencial del derecho al debido proceso se encuentra en su objetivo
principal, que es garantizar que las prerrogativas esenciales de todas las
personas sean protegidas y respetadas en cualquier proceso legal, por tanto,
este principio se encuentra en el corazón del Estado de derecho, que es la idea
de que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera justa e igual ante
la ley.
Con este derecho se procura evitar la arbitrariedad del poder judicial; e implica
el respeto a una serie de garantías procesales fundamentales, como la
presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a un juez o tribunal imparcial,
a la prueba, a un recurso efectivo y a la tutela judicial efectiva, entre otros
aspectos.
En este contexto, advierte la Sala que el núcleo esencial del derecho al debido
proceso o a una tutela judicial efectiva, como pilar esencial del ordenamiento
jurídico en un Estado de derecho, se ha visto malogrado con la decisión del
tribunal cuestionado.
Lo anterior, habida cuenta de que, con la providencia de 16 de enero de 2023
se le cercenó al señor Juan Pablo Barrientos Hoyos la posibilidad de acceder a
la instancia judicial competente para resolver un recurso de insistencia que,
además, tiene un trámite reducido de única instancia, a través del cual pretendía
exponer sus argumentos y defender la relevancia de su derecho de acceder a
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la información pública en el ejercicio de su actividad periodística, frente a las
razones expuestas por el Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá que, a su juicio, no demuestran que exista una reserva de
orden legal para obtener las copias de expedientes penales plurimencionados.
Decisión que, se adoptó al aplicar en la resolución del caso una norma penal
que no se ajusta a la realidad jurídica del asunto analizado.
2.9. Conclusión
Por los motivos señalados, esta Sección amparará el derecho al debido
proceso del señor Juan Pablo Barrientos Hoyos al advertir la existencia de un
defecto sustantivo en la providencia reprochada, en consecuencia, dejará sin
efectos la decisión de 16 de enero de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y ordenará
que dicha judicatura expida una nueva sentencia en la que aborde el fondo del
recurso de insistencia promovido por el accionante.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso del señor Juan Pablo
Barrientos Hoyos. En consecuencia, DEJAR sin efectos la providencia de 16
de enero de 2023 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, expedir una nueva sentencia a través de la
cual resuelva de fondo el recurso de insistencia elevado por el actor, en un
término de diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
21
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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salva voto
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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