Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01436-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01436-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01436-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de agosto de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01436-01
Demandante: YENIFER PAOLA ÁLVAREZ RUIZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01436-01
Demandante: YENIFER PAOLA ÁLVAREZ RUIZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Recurso de reposición contra
la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante
la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos en el marco de la Convocatoria No. 27
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 13 de junio de 2023, dictada
por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que se
negaron las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora manifestó que se inscribió a la Convocatoria No. 27 de 2018 para el
cargo el cargo de juez administrativo y que, en el marco de la misma, presentó la
prueba de aptitudes y conocimientos.
Afirmó que los resultados de dicha prueba se publicaron por medio de la
Resolución No. CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022, obteniendo un total de
799,82 puntos, lo que resultó insuficiente para aprobar el examen.
Indicó que por encontrarse insatisfecha con la calificación asignada, el 12 de
septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el referido acto
administrativo, en el que cuestionó el erróneo cómputo de aciertos en las
preguntas de aptitudes, en tanto, indicó, tuvo un total de 33 respuestas correctas,
por lo que, según la fórmula aplicada, obtendría un total suficiente para aprobar
el examen. Además, señaló que respondió las preguntas 23 y 69 de manera
acertada, pero que las respuestas establecidas como correctas eran equivocadas.
Adujo que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, expidió la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de 2023,
“Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de
méritos para la provisión del cargo de Juez Administrativo”.
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Por último, sostuvo que dicha respuesta fue genérica y no resolvió de fondo los
planteamientos formulados por ella en el recurso de reposición, “toda vez que las
entidades se limitaron a indicar de manera general en el numeral ‘7. Solicitudes de
revisión - Lector óptico.’ que, la maquina fue debidamente calibrada y que un
equipo de trabajo revisó manual e individualmente las respuestas sin observar
inconsistencias, sin embargo, para negar mi solicitud de rectificación del puntaje
asignado, NO se pronunciaron puntualmente sobre presuntamente cual de la
cantidad de aciertos que observé en la jornada de exhibición, y que señalé una a
una, al cotejar mis respuestas con la hoja de aciertos entregada por las
accionadas, presuntamente no corresponde, para así sustentar su postura de
mantenerse en su decisión inicial”.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, petición e igualdad, los cuales considera vulnerados por la falta
de respuesta clara, congruente y de fondo a lo solicitado en el recurso de
reposición presentado contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1º de septiembre
de 2022.
En primer lugar, sostuvo que la solicitud cumple con los requisitos de
procedibilidad, de donde resaltó que se cumple con el de subsidiariedad, por
cuanto se ubica en la primera de las hipótesis señaladas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, esto es, la inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, “comoquiera que no existe mecanismo judicial que permita demandar la
protección de los derechos fundamentales acá invocados. Circunstancia por la
cual, se concluye que la presente acción de tutela supera el estadio de
subsidiariedad”.
De otra parte, sostuvo que la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de
2023, si bien atendió el recurso de reposición, no resolvió de forma clara,
congruente y de fondo cada uno de los argumentos que allí se formularon, así
como tampoco sobre los elementos probatorios que aportó y de los cuales solicitó
su decreto.
Aseguró que la mencionada resolución no se pronunció puntualmente “sobre
presuntamente cuál de la cantidad de aciertos que observé en la jornada de
exhibición y que señalé una a una, al cotejar mis respuestas con la hoja de
aciertos entregada por las accionadas, presuntamente no corresponde, para así
sustentar su postura de mantenerse en su decisión inicial”.
Finalmente, afirmó que resulta completamente vulnerador de sus derechos
fundamentales el haber impedido el día de la exhibición la toma de una fotografía
a su hoja de respuestas y a la tabla de respuestas correctas entregada por las
entidades accionadas, a efectos de tener la prueba concreta de sus argumentos.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
PETICIÓN, IGUALDAD y ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, vulnerados y/o
amenazados por las autoridades accionadas.
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SEGUNDO: Como consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA:
2.1. RESOLVER de manera CLARA, CONGRUENTE y de FONDO los argumentos
expuestos por la suscrita mediante el recurso de reposición interpuesto el 12 de
septiembre de 2022, sustentado el 15 de noviembre de 2022, contra la Resolución
CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022, procediendo a la revisión manual de mi
hoja de respuestas, cotejándola con la tabla de respuestas correctas emitida por las
mismas entidades, procediendo a convalidar los 33 aciertos que observé en la
jornada de exhibición, y que en virtud de la práctica de la prueba solicitada en el
correspondiente acápite, también convaliden los Consejeros de Estado.
2.2. En virtud de lo anterior, REPONER la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero
de 2023, corrigiendo el puntaje inicialmente asignado, por el realmente obtenido,
concluyendo que aprobé el examen de aptitudes y conocimientos, permitiéndome
continuar con las demás etapas del concurso.
2.3. En caso de resolver de forma negativa mi pretensión de convalidar los 33
aciertos que observé en la jornada de exhibición, que procedan con el
correspondiente acto administrativo a anexar imagen de mi hoja de respuestas y de
la tabla de aciertos expedida por ellos, que debe corresponder a las avizoradas en la
jornada de exhibición”.
4. Pruebas relevantes
Con la solicitud de amparo la parte actora aportó los siguientes documentos:
• Copia del recurso de reposición y de su escrito de complementación
presentado contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1 de septiembre de
2022.
• Copia de la Resolución No. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023.
• Copia del ANEXO RESOLUCIÓN CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.
5. Trámite procesal
Por auto de 11 mayo de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a las autoridades demandadas. Además, se ordenó vincular a los
aspirantes al cargo de Juez Administrativo, en el marco de la convocatoria No. 27,
con el fin de que tengan conocimiento de la existencia de este mecanismo
constitucional como terceros interesados.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
Mediante memorial de 17 de mayo de 2023, la directora de la Unidad rindió
informe en el que sostuvo que en el caso se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, dado que la actora en el recurso de reposición interpuesto y
en el escrito complementario presentó reparos y requerimientos relacionados con
la revisión de la calificación de los componentes de aptitudes y conocimientos, los
cuales fueron atendidos de forma suficiente en la Resolución No. CJR23-0045 de
16 de enero de 2023.
Indicó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los
derechos de la accionante, pues las inconformidades expresadas en el recurso de
reposición y en el escrito de adición del mismo, señaladas en el escrito de tutela
respecto de las objeciones realizadas frente a algunas preguntas, los
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cuestionamientos efectuados sobre la calificación de la prueba, tiempo otorgado
para responder el examen, consideración del puntaje de quienes presentaron las
pruebas a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos, alteración de guarismos
de la calificación por resultados de la prueba supletoria, fueron atendidas en los
puntos 7, 9, 18 y 35 de la Resolución CJR23- 0045 de 16 de enero de 2023, con
base en la información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia.
Aseguró que con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 209 de la
Constitución Política, en especial de los principios de eficiencia, celeridad y
economía, este último desarrollado en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley 1437
de 2011 -CPACA- y a lo establecido en el artículo 22 ibídem sustituido por el
artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición,
los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los
ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.
En relación con los requerimientos encaminados a realizar la recalificación del
examen y reponer el resultado obtenido, refirió que estos fueron respondidos en
los puntos 7 “Solicitud de revisión - Lector óptico” y 19 “Revocatoria de la
calificación – Dejar sin efecto la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de
2022 –- Revocar puntaje – Nulidad – Reponer el resultado o la Resolución” de la
resolución referida dentro del Anexo 1 del referido acto administrativo, tal como se
evidencia realizando la búsqueda por nombres y apellidos y/o número de cédula
del aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0045+-
+ANEXO+1+-+Juez+Administrativo.pdf/c7c5caf8-2539-4eab-b887-5acf0d858b90,
en los cuales se hizo mención acerca de los procesos de control de calidad
efectuados a la base de datos tanto de manera previa como posterior a la
aplicación de la prueba, con la realización de calibración de la máquina lectora de
las hojas de respuestas y la designación.
Sostuvo que los cuestionamientos respecto de la fórmula de calificación, valor de
cada pregunta, porcentajes determinados para cada componente, media y
desviación estándar y alteración de los resultados por la calificación de los
aspirantes que presentaron la prueba supletoria fueron atendidos con la
Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023 en el punto 9 denominado
“Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos
estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios -
Método para conocer aciertos a partir del puntaje”, así mismo, las inquietudes
relacionadas con los índices de confiabilidad, discriminación y dificultad y las
personas que intervinieron en la construcción del examen fueron respondidas en
el punto 13 denominado “Índices psicométricos de la prueba (validez,
confiabilidad, discriminación, dificultad, efectividad) - Análisis psicométrico de la
prueba”, con la respectiva marcación.
Adujo que en el punto 13 también se informó que luego de aplicadas las pruebas
se realizó un análisis psicométrico completo con fundamento en las respuestas de
los examinados, en el que se revisaron los indicadores de confiabilidad, validez y
un análisis de dificultad, concluyendo que a partir de los datos estadísticos
psicométricos observados se determinó que la calidad de la prueba fue adecuada
para la evaluación de ambos componentes, especificando que el componente de
aptitudes tuvo una dificultad media y una confiabilidad o consistencia interna alta y
el de conocimientos una dificultad media, con confiabilidad buena y adecuada para
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cada una de las pruebas desarrolladas según el cargo o conjunto de cargos
agrupados.
Indicó que las objeciones efectuadas sobre preguntas del examen por motivos de
construcción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta,
múltiples claves de respuesta, fueron atendidas en el punto 17 denominado
“Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la
prueba - Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores
en el ensamblaje y diagramación de la prueba”, en el punto 18 denominado
“Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si
fue excluido algún ítem – Recalificar” y el punto 35 denominado “Objeciones a
preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas”.
Aseveró que en el ítem 18 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas
• Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem –Recalificar” en la
fila correspondiente al aspirante, se le dio respuesta de manera particular
indicándole de una parte que, luego de haberse realizado una revisión detallada
de los ítems incluidos se determinó que no eran susceptibles de modificación,
exclusión o invalidación por no ser ambiguos, confusos, capciosos o
impertinentes, toda vez que cumplieron con los requisitos y estándares técnicos
requeridos para la elaboración de pruebas en esta clase de procesos de selección
y, de otra parte, se aclaró que para el cargo por ella aplicado, se evidenció que no
hay preguntas con varias opciones de respuesta o también denominadas
multiclave, por lo que no se encontró razón alguna para modificar la calificación.
Frente a la inquietud relacionada con el tiempo establecido para el desarrollo de la
prueba, aseguró que fue resuelto en el punto 20 denominado “Tiempo de la
prueba insuficiente”, precisando que el tiempo de 4 horas y 30 minutos otorgado
para resolver la totalidad de preguntas fue razonable y adecuado para el tipo de
población a la cual está dirigida, de acuerdo con los análisis psicométricos que
permitieron establecer que fue el correcto para conservar un adecuado nivel de
exigencia en la evaluación.
Refirió que en el numeral 35 de la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de
2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves de
respuesta correctas y la correspondiente explicación en cuanto a la pertinencia de
la totalidad de las preguntas.
En este orden de ideas, aseguró que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado dado que la pretensión de la actora se encamina a que se dé
respuesta a todos los argumentos de inconformidad presentados en el recurso de
reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba aplicada el 24
de julio de 2022, la adición del mismo y las objeciones efectuadas a las preguntas,
lo cual fue debidamente atendido mediante la Resolución CJR23-0045 de 16 de
enero de 2023.
En cualquier caso, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran
amparados por la presunción de legalidad.
6.2. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia
En escrito de 17 de mayo de 2023, el director de proyecto del Contrato 096 de
2018 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por configurarse la
carencia actual de objeto, teniendo en cuenta que, manifestó, se ha brindado
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respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y a las
solicitudes formuladas por la accionante en el recurso de reposición que presentó.
Adujo que mediante la expedición de la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de
enero de 2023, se explicó cuál era la justificación técnica de los diferentes ítems
de la prueba en sus dos componentes, su pertinencia de cara a los planteamientos
expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado y la justificación
técnico-jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta o
incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.
Sostuvo que la actora fue convocada y asistió a la jornada de exhibición del
material de la prueba el 4 de diciembre de 2022, en donde se le dio a conocer la
documentación del material de la prueba en las mismas condiciones que los
demás aspirantes que así lo solicitaron y se logró verificar cado uno de los aciertos
de cada ítem de la prueba. Agregó que fue con base en esa información que,
posteriormente, argumentó y allegó la ampliación correspondiente a su recurso de
reposición.
Aseguró que, contrario a lo afirmado por la accionante, la Resolución No. CJR23-
0045 de 16 de enero de 2023, sí resolvió de forma clara, congruente y de fondo
sus inconformidades frente a la totalidad de preguntas cuestionadas.
Expresó que en dicho acto administrativo se puede evidenciar la justificación dada
por la Universidad Nacional de Colombia sobre la pertinencia de las preguntas,
frente a las opciones de respuesta correctas e incorrectas, el proceso de
elaboración de las pruebas, las aptitudes de sus constructores, así como el
estricto proceso de elaboración, control de calidad, que ha cumplido con los
requerimientos que la actuación administrativa, basado en los principios de
legalidad, igualdad y transparencia.
Adicionalmente, manifestó que en el numeral 35 de la Resolución CJR23-0044 de
16 de enero de 2023 y el documento “Anexo 2 - Respuesta a objeciones” de ésta,
se plasmaron las claves de respuesta correctas y la correspondiente explicación
de cada opción de respuesta, como resultado de las valoraciones técnicas que
responden a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente
determinados, por lo que frente a lo señalado en los ítems en comento se indicó
pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave asignada.
Sostuvo que la acción de tutela no resulta procedente para controvertir la
Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, por cuanto para ello la
actora cuenta con otros medios de defensa judicial que deben ser agotados antes
de acudir al trámite constitucional. Además, advirtió que en el asunto bajo examen
no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que la habilite a
desplazar los mecanismos ordinarios dado que en la demanda ordinaria cuenta
con la posibilidad de que se adopten medidas de carácter inmediato como serían
las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011.
De otro lado, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
inmediatez pues fue interpuesta cuatro (4) meses después de la publicación del
acto administrativo cuestionado por la parte accionante y con el cual, a su juicio,
se le vulneran sus derechos, espacio de tiempo que rebasa el término prudente y
razonable si se considera la existencia de una presunta violación de derechos por
parte de las accionadas.
Finalmente, refirió que las entidades demandadas no han vulnerado los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso de la demandante dado que (i) el
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ejercicio del recurso de reposición no implica necesariamente que se deba
resolver a favor del recurrente y, (ii) se le garantizó el ejercicio de los recursos que
tenía a su alcance para controvertir los actos administrativos y las situaciones
surgidas en el marco de la convocatoria No. 27, sin obstáculo alguno.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 13 de
junio de 2023, negó las pretensiones de la acción, luego de considerar que no se
evidenció vulneración alguna por parte de las autoridades accionadas.
En primer lugar, aclaró que si bien la actora solicitó se decretaran como pruebas
su hoja de respuestas y la tabla de respuestas correctas emitida por las
autoridades accionadas, dichas pruebas no se eran necesarias para resolver la
presente acción de tutela, pues, sostuvo, la actora alega que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados debido a que (i) no se resolvieron la totalidad de
argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 y (ii) durante la jornada de
exhibición no se le permitió tomar fotografías a su hoja de respuestas y la tabla de
respuestas correctas.
De otra parte, adujo que, frente a la solicitud del conteo manual, en el acápite “7.
Solicitudes de revisión - Lector óptico” de la Resolución CJR23- 0045 de 16 de
enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición, la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial manifestó que sí realizó una revisión
manual e individual de las respuestas registradas por los concursantes en la hoja
de respuestas, sin embargo, al no encontrar inconsistencias, se abstuvo de
modificar los puntajes obtenidos por los recurrentes.
Indicó que frente a las preguntas que reprochó la actora en su recurso de
reposición, junto con la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023 se aportó
el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones” realizado por la Universidad Nacional de
Colombia, donde se justifica la respuesta a cada una de las preguntas que
objetaron los recurrentes, explicando por qué las otras opciones de respuesta no
eran correctas.
Afirmó que efectuada la revisión del Anexo No. 2 realizado por la Universidad
Nacional de Colombia, se evidenciaba que todas las preguntas que la actora
controvirtió fueron respondidas en debida forma y, adicionalmente, se indicó que
ninguna pregunta fue excluida y que no se recalificarían los puntajes.
Finalmente, respecto del reproche relacionado con la vulneración de derechos
fundamentales porque no se le permitió a la actora tomar fotografías a su hoja de
respuestas y la tabla de respuestas correctas durante la jornada de exhibición,
indicó que en la Resolución CJR23-0045 se dispuso que no era factible la
reproducción con uso de medios tecnológicos o digitales, o la entrega física del
material, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 164 de
la Ley 270 de 1996, y que en la resolución se dispuso que se debía garantizar la
conservación de la reserva frente a terceros, razón por la cual se debía impedir
la reproducción del contenido de los documentos; no obstante, se suministraron
hojas en blanco para que los concursantes pudieran tomar nota de los aspectos
que consideraran relevantes.
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8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara la
decisión accediendo a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
En primer lugar, sostuvo que pese a que en el escrito de tutela solicitó que en el
auto admisorio se decretara como prueba que las accionadas aportaran su hoja de
respuestas y la tabla de respuestas correctas emitida por las mismas entidades,
que coincidan con las entregadas el día de la exhibición, a efectos de cotejar
dichos documentos para convalidar los 33 aciertos que avizoró en la jornada de
exhibición, y que se dejara constancia en el fallo de los hallazgos, “la Corporación
no se pronunció en el auto que avocó conocimiento y solo en el fallo se limitó a
exponer que la misma se negaba por innecesaria, pues aseguró erradamente el
Consejero Ponente que yo alegaba la vulneración de mis derechos porque "(i) no
se resolvieron la totalidad de argumentos expuestos en el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución CJR22-035 del 1º de septiembre de 2022 y (ii)
durante la jornada de exhibición no se le permitió tomar fotografías a su hoja de
respuestas y la tabla de respuestas correctas".
Al respecto, reiteró que la vulneración de sus derechos ocurre porque las
entidades accionadas le están convalidando solo 32 respuestas acertadas en las
preguntas de aptitudes, pero en la jornada de exhibición, luego de verificar en
múltiples ocasiones, observó que cuenta con 33 aciertos, lo cual las accionadas
continúan negándose a reconocer.
Por último, manifestó que sus alegatos son de carácter objetivo, fácilmente
verificables con las documentales que ha rogado se alleguen, en consecuencia,
“ruego al ad quem que subsane los yerros cometidos en primera instancia y
proceda a decretar la prueba idónea y conducente para resolver este asunto de
manera justa, esto es, requerir mi hoja de respuestas y la tabla de respuestas
correctas y efectuar el correspondiente cotejo de estas en aras de confirmar mis
33 aciertos en las preguntas de aptitudes, máxime, teniendo en cuenta que con
esa pregunta que las accionadas continúan renuentes en reconocer, aprobaría el
examen que me permitiría continuar en el concurso aspirando a un nombramiento
como Juez Administrativo”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 13 de junio de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la
acción y, en su lugar, acceder a las mismas, en tanto las entidades accionadas
están convalidando a la actora solo 32 respuestas acertadas en las preguntas de
la prueba de aptitudes, aun cuando, sostiene, cuenta con 33 aciertos.
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Demandante: YENIFER PAOLA ÁLVAREZ RUIZ
De manera previa, corresponde a la Sala verificar si la solicitud cumple con el
requisito de subsidiariedad, necesario para su estudio de fondo, teniendo en
cuenta que los alegatos de la actora se dirigen a controvertir la legalidad de los
actos administrativos de carácter particular que resolvieron sobre el puntaje
obtenido en el concurso en el que participó, y que la excluyen del mismo.
3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de un concurso de méritos
3.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
3.2. En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los
concursos públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado
dos supuestos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
dictados en el marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con
los actos de trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial
idóneo es la acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control
judicial1. El segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando
ha sido publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-
01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp.
Nº 11001-03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019,
exp. Nº 11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de
2018, exp. Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se
expidan actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles,
es procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se
encuentre o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas
aplicables en el proceso de selección2.
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-049 de 20193
indicó que la acción de tutela es procedente en los concursos de méritos: (i) contra
los actos de trámite, es decir, aquellos que se expiden para impulsar y dar
continuidad a las convocatorias, postura que ha reforzado con jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) para resolver controversias
suscitadas en el desarrollo de un concurso de méritos, respecto de lo cual precisó
que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de
tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la
provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso”.
Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de
elegibles se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y
derechos ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en
algunos casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela
cuando se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y
eficaces (T-551 de 2017 y T-160 de 2018).
En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite. No obstante,
cuando se controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el
registro de elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la
acción de tutela es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en los que se puede hacer uso de las medidas cautelares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La accionante interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, petición e igualdad. Lo anterior, al encontrarse inconforme con
lo resuelto en la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, pues
considera que no se abordaron cada una de las inconformidades planteadas en el
recurso de reposición, lo que, a su juicio, constituye un vicio formal del acto
administrativo.
La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de
junio de 2023, negó las pretensiones de la acción, luego de considerar que no se
evidenció vulneración alguna por parte de las autoridades accionadas, por cuanto,
consideró, a través de la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023 la
Unidad de Administración de Carrera Judicial justificó la respuesta de cada una de
las preguntas que objetó la recurrente, así como el resto de reparos presentados
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-
05555-01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-
00928-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
3 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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por la accionante en el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.
La demandante formuló escrito de impugnación en el que indicó que la vulneración
de sus derechos ocurre porque las entidades accionadas le están convalidando
solo 32 respuestas acertadas en las preguntas de aptitudes, aun cuando cuenta
con 33 aciertos, y manifestó que sus alegatos son de carácter objetivo, fácilmente
verificables con las documentales que ha rogado se alleguen.
4.2. De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente se advierte
que el 12 de septiembre de 2022, la accionante presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022, mediante la
cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez
Administrativo.
El 4 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la jornada de exhibición de la prueba,
diligencia a partir de la cual la actora presentó escrito de complementación del
recurso de reposición.
El recurso fue resuelto de forma conjunta mediante la Resolución No. CJR23-0045
de 16 de enero de 2023, en el sentido de confirmar la Resolución CJR22-0351 de
1º de septiembre de 2022 y, en consecuencia, no reponer los puntajes obtenidos
por los recurrentes. Así mismo, resolvió que contra dicha decisión no procedían
recursos en sede administrativa, por lo que la decisión se encuentra en firme.
A juicio de la Sala, el debate formulado en la acción de tutela, a diferencia de lo
que concluyó el juzgador de primera instancia, no está relacionado directamente
con la vulneración del derecho fundamental de petición, sino con la forma en que
la resolución cuestionada resolvió el recurso de reposición presentado por la
accionante, el cual se trata de un acto administrativo de carácter definitivo en tanto
resolvió la situación jurídica particular de la señora Álvarez Ruiz, quien al obtener
un puntaje inferior a 800 puntos resultó excluida del concurso de méritos, por lo
que es susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, bajo
la causal de expedición irregular del acto prevista en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011.
De este modo, lo planteado por la accionante, aun cuando en apariencia esté
relacionado con el derecho fundamental de petición, en realidad se dirige a
controvertir la legalidad de los precitados actos administrativos de carácter
particular que resolvieron sobre el puntaje obtenido y que, en consecuencia, la
excluyen del concurso de méritos.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, en el marco de
los concursos de méritos se profieren dos tipos de actos administrativos: de
trámite, que se expiden para impulsar y dar continuidad a las convocatorias,
frente a los cuales el medio de defensa judicial idóneo es la acción de tutela
porque los mismos no son susceptibles de control judicial, y definitivos que de
conformidad con el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, son aquellos que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación, frente a los cuales la acción de tutela, en principio, resulta
improcedente, como sucede en este caso, en donde la actora resultó excluida del
concurso por obtener menos de 800 puntos en el examen de aptitudes y
conocimientos.
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En este sentido, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, porque los reproches formulados en realidad están
relacionados con la forma como la Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de
2023 resolvió el recurso de reposición presentado por la actora, por cuanto el
debate propuesto recae sobre la legalidad de una decisión de carácter definitivo
que produjo efectos jurídicos particulares, como quiera que mediante la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, junto con el acto que
resolvió el recurso de reposición (Resolución No. CJR23-0045 de 16 de enero de
2023), se decidió excluirla del concurso de méritos, por lo que se debe revocar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la solicitud y, en su
lugar, declarar la improcedencia de la acción por falta del requisito de
subsidiariedad.
En efecto, al no alcanzar un puntaje igual o superior a 800 puntos, la actora no
podía avanzar hacia la Fase II de la convocatoria, en tanto de conformidad con el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma regulatoria del concurso de méritos, la
Fase I tiene un carácter eliminatorio.
De este modo, lo planteado por la accionante, aun cuando en apariencia esté
relacionado con el derecho fundamental de petición, en realidad está dirigido a
controvertir la legalidad de los precitados actos administrativos que resolvieron
sobre el puntaje y que, como consecuencia, la excluyen del concurso de méritos.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha estimado que por regla general
“dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda
controvertir en sede judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para
tales fines existen en la jurisdicción contenciosa administrativa”4.
Así las cosas, la Sala observa que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea y eficaz para cuestionar la
legalidad de las Resoluciones Nos. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 y
CJR23-0045 de 16 de enero de 2023, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el cual resulta eficaz para resolver el debate
que se propone, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de
la misma normativa.
Además, teniendo en cuenta que al acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa la accionante puede reclamar la adopción de medidas cautelares en
virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, este es el
mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los derechos invocados.
Por otro lado, la Sala no advierte que con la decisión de la autoridad demandada
de confirmar el puntaje que le fue otorgado en la prueba de aptitudes y
conocimientos se ocasione un riesgo cierto y real que amenace o afecte un
derecho fundamental y que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, en los términos señalados por la Corte Constitucional.
En este sentido, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio, pues la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez de tutela y, por ende, será en el
marco del proceso ordinario en donde deberá discutir lo que ahora propone en
esta sede constitucional, a lo que se agrega que a pesar de que la accionante
manifiesta que la decisión afecta su situación, en tanto le impide continuar con las
4 Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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demás etapas del concurso, dicha circunstancia no es suficiente para concluir que
existe un perjuicio irremediable.
El anterior discernimiento, contrario a lo afirmado por la accionante, no desconoce
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, pues en
dicha sentencia se dejó sentada la subregla jurisprudencial que permite habilitar la
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el
marco de un concurso de méritos como mecanismo definitivo, únicamente cuando
el medio de control no resulte idóneo ni eficaz para controvertirlo o, como
mecanismo transitorio, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, aspectos que fueron ampliamente analizados en el asunto bajo
examen, encontrando que no se cumplen los requisitos que habiliten la
procedencia.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión objeto de impugnación,
proferida el 13 de junio de 2023, por la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, que negó las pretensiones y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la solicitud por falta del requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 13 de junio de 2023, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó las pretensiones. En su
lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Yenifer Paola Álvarez Ruiz contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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Demandante: YENIFER PAOLA ÁLVAREZ RUIZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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