República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01458-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C. trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01458 00
Demandante: Humberto Quintero Castro
Demandados: Presidencia de la República, la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat de Cali y otros
Tema: Derecho de petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
El señor Humberto Quintero Castro promueve acción de tutela contra la Presidencia
de la República, el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la
Unidad de Restitución de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Asamblea Departamental de Valle del Cauca, la Gobernación de Valle del Cauca, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali, las
Secretarias de Hacienda, de Planeación, de Vivienda y Hábitat de Cali, la Sociedad de
Activos Especiales (SAE), la Inspección de Policía Urbana Categoría Especial de Turno
–Siloe, permanente número 3 de la Casa de Justicia y Paz del Barrio Siloé, la
Inspección de Policía -Categoría Especial- del Barrio Meléndez de Cali, la Fundación
Fe y Alegría, el Club Campestre de Cali, la Personería de Cali, la Defensoría del Pueblo
de Cali, la Secretaria de Justicia y Seguridad de Cali, la Secretaria de Bienes
Inmuebles del Municipio de Cali, el Consejo municipal de Cali, a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali, la Oficina de Catastro del municipio de Cali, las
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01458 00
Demandante: Humberto Quintero Castro
Notarías 1.ª, 2.ª, 4.ª y 11 de Cali, la Fiscalía 61 Local Unidad de Delitos Querellables
de Cali, la Fiscalía 50 de Extinción de Dominio de Bogotá, el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, la Universidad
Javeriana, la Empresa Celsia Colombia S.A. ESP y los señores Edgar Javier Navia
Estrada y Jaime Rodrigo Escobar López y la empresa Navia Estrada Abogados, por
estimar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vivienda y vida
en condiciones dignas y de acceso a la información.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PETICION RESPETUOSA:
1) QUE SE TITELE (SIC) EL DERECHO DE IGUALDAD, EL DERECHO A LA VIDA EN
CONDCIONES (SIC) DIGANAS (SIC) EN CONEXIDAD CON LA VIVIENDA EL DERECHO DE
IGUALDAD, EN CONEXIDAD CON LA LEGALIZACION DE MI PREDIO POR PARTE DE LA
SECRETAID E (SIC) VIVIENDA, Y EL DERECHO A QUE ME ENTREGUEN EL SUBSIDIO DE
VIVIENDA, Y EL DERECHO A NO SER REHUBICADO.PORQUE TENGO CONSTRUCION
CONSOLIDADA, ACORDE AL ACUERDO 0411 DE 2017. DEL POT DE CALI. Y EL DERECHO
AL ACCESO DEL SERVICIO ESENCIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y EL DERECHO
A LA INFORMACION EXACTA, REAL, Y FACTICA.
2) QUE EN CONSECUENCIA SE ORDENE A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
CALI, QUE LE HABRA (SIC) UN PROCESO ADMINISTRATIVO A LOS SIGUIENTE FOLIOS:
A) LOS FOLIOS: 370-254418, AL FOLIO 370-253074 ACTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALI, QUE
DICEN SER LOS PROPIETARIOS DEL LOTE LOMAS ALTAS DE MELENDEZ, EL CHRRO,
(SIC) LOS CHORROS, LA CASCADA, LA PEDREGOSA.
B) AL FOLIO: 370-55138 DE LA ASOCIACION FE YA ELGRIA (SIC) QUE DICE SER
PROPIETARIO DEL LOTE LOMAS ALTAS DE MELENDEZ, EL CHORRO, LA CASCADA LA
PEDREGOSA YA QUE DICHO TITULO NACE EN LA COMPLEMTACION (SIC) DEL FOLIOS:
370-55138 ACTIVO CON LAS ESCRITURAS: 1770, 1771,1772, 1773, 1774, DE 22 DE ABRIL
DE 1974 DE LA NOTARIA CUARRO (SIC) DE CALI
C) A LOS FOLIOS. 370- 73498 CERRADO, 370-467175 ACTIVO, 370.467176 ACTIVO, Y EL
370-467183 ACTIVO.:QUE DICE SER PROPIETARIO DEL LOTE LAMAS ALTAS DE
MELENDEZ, LA CASCADA, LA PEDREGOSDA, EL CHRRO, LOS CHROROS, (SIC) LA MINAY
(SIC) LA CAMPANA Y QUE SE ORDENE QUE DICHO ESTUDIO JURIDICO DEL DIRECTOR
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTUEMENTOS (SIC) PUBLICOS DE CALI, Y LE ABRA
ACTO ADMINISTRATIVO DE LEGLAIDAD, (SIC) ORDENANDO LA SUPENSION TEMPORAS
(SIC) DE DICHOS TITULOS, HASTA LAS RESULTA DEL PROCESO DE CALIFICACION, ES
CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 1579 DE 2012 EN LOS ARTICULOS: 3, DE
LEGITIMACION, 8,16,20,29,45,48,50,55,57,59,61,63,65,66 DE DICHA LEY.Y EN
CONCORDANCIA CON LA INSTRUCCIÓN 11 DE 2015 DE LA SUPER NOTARIADO Y
REGISTRO . PARA PODER YO ENTENDER Y SABER ACIENCIA (SIC) CIERTA CUAL DE LOS
SITE (SIC) PROPIETARIOS DE LOS SIETE DUEÑOS, E S (SIC) EL VERDADERO, EL QUE ME
VA LEGALIZAR, MI POSESION, Y OARA (SIC) SABER SI ES EL DEL LOTE EL PROPIETARIO
DEL LOTE DEL MUNICIPION (SIC) DE CALI, QUE TIENE E (SIC) DOBLE FOLIO DE
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Demandante: Humberto Quintero Castro
MATRICULA INMIBILIAIRIA (SIC): 370- 254418, Y EL 370253074 ACTIVOS. O SI EL
PROPIETASRIO ES LA SOCIACION (SIC) FE Y ALEGRIA CON EL FOLIO: 370. 55138 ACTIVO,
O SI LOS OTROS PROPIETARIOS SON LOS DE LOS FOLIOS: 370-467175, ACTIVO, EL 370-
73498 CERRADO, EL 370-467176 ACTIVO, O EL 370-46467183ACTIVO DEL HEREDERO DEL
SEÑOR: JAIME ESCOBAR EHCEVERRY (SIC) (QUIEN EN VIDA FUE DEL CALN (SIC)
HERREERA DE LA CARTEL DE CALI.) EL SEÑOR: JAIME RODRIGO ESCOBAR ECHEVERRY
. 255
3) QUE POR EL DERECHO DE IGUALDAD SE LES ORDENE AL ALCALDE DE CALI, Y A AL
SECRERIA (SIC) DEVIVIENDA (SIC), QUE DEJE DE HACER NEGOCIOS CON EL ACUERDO
0411 DE 2017,Y CUMPLA A CABALIDAD Y QUE EL CONSEJO DE CALI, LO LLAME A
CONTROL DISCIPLIANRIO (SIC) AL ALACALDE,YU (SIC) AL SECRETYAIO (SIC) DE
VIVIENDA, PARA QUE LE CUENTA A LA CIUDADA (SIC) COMO ES EL NECICIO (SIC) CON
EL CLUB CAMPESTRE, DE CALI, Y LA ASOCIACION FE Y ALEGIRA (SIC), CUIAL (SIC) ES
EL CONVENIO O PROYECTO , Y QUE ES ,DE QUE SE TRATA, POR QUE ES MUY EXTRAÑO
QUE DE TOTODA (SIC) LA CIUDAD , DESDE EL AÑO 2017. A LA FECHA SOLO HAN
IMPLEMENTADO EL ACUERDO 0411 DE 2017, DEN (SIC) LACOMUNA (SIC) 13 DE CALI ,Y
NADA MAS, YU (SIC) DICEN LAS COMUNAS: 1.18.19.20 NO ESTAN PRIORIZADAS, Y LAS
CONDICONES (SIC) DE , TENER UNA CASA VIS, UN CIERRE FIANCIERO (SIC),Y UNA
CUNETA (SIC) BANCARIA ES MUY EXTRAÑO PARA NOSOTROS LOS INVASORES , QUE
ESTAMOS EN TERRENOS AJENOS ,PEROQUE (SIC) LE DDAMIS (SIC) VIENDA (SIC) A
NUESTRAS FAMILIAS,
4) QUE LA PROCURADURIA, LA FISCALIA, LA CONTRALORIA, LA PERSORIA (SIC), LE
ABRAN UN PROCEOS (SIC) DE INVESTIGACION A ESOS FOLIOS EXTRAÑOS , SON SIETE
PROPIETARISO (SIC) DE UN MISMO LOTE, LOMAS ALTAS DE MELENDEZ,EL (SIC)
CHORRO, LA CASCADA, LA PEDREGOSA, Y ES MUYB (SIC) EXTRAÑO QUE CON DICHO
LOTE DE SIETE PROPIETARIOS VALLAN HACER EL PROYECTO : UN PULMOS (SIC) DE
CALI , PARA EL MUNIDO (SIC)
5) QUE SE LE OERDENE (SIC) A L (SIC) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA
DISCIPIARIA (SIC) IMPULSAR PROCESO CONTRA LOS ABOGADOS DEL HEREDERO DEL
SEÑOR; JAIME ESCOBAR ECHEVERRY, PUESETO (SIC) QUE HA UTILIZADO EN SUS
DEFESNSAS (SIC) LOS FOLIOS: 370- 73498 CERRADO, Y EL FOLIO: 370.467175 ACTIVO,
QUE CONTIENE LAS ESCRITURAS ESPUERIAS (SIC), CON INFORMACION FALSA
6) QUE SE ORDENE A LA UNIDAD DE TIERRAS QUE REVISE LAS RESOLCUIIONES (SIC)
QUE SE CITARON, Y SE CALIFIQUE EL PRESUNTO DELIRTO (SIC) DE FRAUDE PROCESAL,
Y SE NULITEN (SIC) DICHAS RESOLUCIONES PARA QUE SE LLEVE AL ESTRADO JUDICIAL
AL FUCNIOARIOS (SIC) QUE LAS FIRMO.
7) QUE SE LE ORDENE A LA SAE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES, ,QUE REVISE EL
PREDIO QUE LA FISCALIA 28, Y 50 DE EXTINCIONDE (SIC) DOPMINIO (SIC) DE BOGOTA
D.C. LE ADJUDICO, PUESTO QUE SEGÚN DICHOS FOLIOS:370-73498 CERRADO, Y EL
FOLIO: 370.467175 ACTIVO,TIENEN VICIOS DE FORMA Y DE FONDO QUE VIOLA LA LEY
1579 DE 2012, EN LOS ARITUCULOS (SIC): : 3, DELEGITIMACION (SIC), 8,
16,20,29,45,48,50,55,57,59,61,63,65,66 DE DICHA LEY.Y (SIC) EN CONCORDANCIA CON LA
INSTRUCCIÓN 11 DE 2015 DE LA SUPER NOTARIADO Y REGISTRO
8) QUE EL DIRECTOR NACIONAL DE LA OFICINA DE NOTARIADO Y REGIOSRTRO (SIC),
ORDNE (SIC) AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE NOTARIADO Y REGISRTRO (SIC) DE CALI,
UE (SIC) REALICE EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS SIETE FOLIOS.
9) QUE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO TOME CARTAS EN EL ASUNTO YA UE (SIC) VAN A
REHUBICAR (SIC) A MAS DE 10.000 PERSONAS, DE MAS DE 5000 CASAS, RANCHOS
EDIFICOS (SIC) QUE EXITEN (SIC) EN EL LOTE: LOAMAS (SIC) ALTAS DE MLENDEZ (SIC),
EL CHORRO, LA PEDREFOSA (SIC), LA CASCADA. (Transcripción literal)
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Demandante: Humberto Quintero Castro
1.2. Hechos de la solicitud
En un escrito confuso y farragoso, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El señor Humberto Quintero Castro -actuando como habitante del asentamiento
regular Las Palmas de la ciudad de Cali-, manifiesta que funcionarios de la Secretaría
de Vivienda de la Ciudad de Cali en reunión de fecha 13 de marzo de 2023, señalaron
que algunas comunas no serían priorizadas para acceder a la legalización de sus
viviendas; además refiere la calidad de poseedor de un inmueble en dicho
asentamiento.
ii) En audiencia del 13 de marzo de 2023, los funcionarios de la Secretaría de Vivienda
y Hábitat de Cali, les manifestaron a los habitantes de las comunas 1, 18 19 y 20 que
hacen parte del lote de terreno del sector Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, Los
Chorros, La Cascada y la Pedregosa que venían a legalizar dichos asentamientos,
para después indicarles que no estaban programados ni priorizados para la
reubicación.
iii) La Secretaría de Vivienda y Hábitat le ha negado el derecho a que le entreguen un
subsidio de vivienda y a ser reubicado porque tiene una construcción conforme al
Acuerdo 0411 de 2001 -POT de Cali-.
iv) La Secretaría de Vivienda de Cali en la audiencia del 13 de marzo de 2023 no le
informó donde quedaría legalizado «si dentro del predio de la Secretaría de Vivienda,
el predio de folio 370-254418 activo, dentro del predio del folio 370-253074 activo, del
predio con folio 370-73498 cerrado de la empresa Chidral Ltda, dentro del predio del
folio 370-467175 activo y le pertenece a la Sociedad de Activos Especiales de la
entrega efectuada por la Fiscalía 28 de Extinción de Domino de Bogotá, dentro del
predio 370-467176 activo, dentro del predio 370-467183 activo predio del señor Jaime
Escobar Echeverry o dentro del predio 370-55136 de Fe y Alegría», todos los títulos
de las anteriores matrículas inmobiliarias corresponden al mismo predio, pero son siete
los propietarios del mismo lote de terreno: Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, Los
Chorros, La Cascada y la Pedregosa.
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v) El municipio de Cali adjudicó a cinco comuneros un área de 60.982 m2, escrituras
1770,1771,1772,1773,1774 del 22 de abril de 1974 de la Notaría Primera, razón por la
cual no tiene conocimiento donde será legalizado su predio, pues es un terreno que
pertenece a la Fundación Fe y Alegría.
vi) Si según la escritura 466 de 26 de junio de 1912 se establece que el área es de
ocho fanegadas, es decir, más de 3.50 m2 la alcaldía de Cali no tendría tierras que
entregar.
vii) Contrario a lo sostenido por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Cali «su
legalización está aprobada por el Acuerdo 0411 de 2017 que establece que mi
asentamiento humano de las Palmas si está apto para la legalización y es prioritario,
sin embargo, dicen que no es prioritario la comuna 1, 18, 19 y 20 para estas
legalizaciones y subsidios».
viii) La Secretaría de Vivienda faltó a la verdad al afirmar que desde el año 2014 en el
POT existe un estudio de geología de los cuatro asentamientos humanos, el que dio
como resultado que era zona de alto riesgo mitigable con movimientos de tierra y
masa, por lo que no entiende porque la administración va a legalizar las construcciones
de Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, La Cascada y la Pedregosa, si están en zona
de alto riesgo.
ix) La Secretaría de Vivienda en la convocatoria para mejoramiento de vivienda les
informó que no estaban incluidas las comunas 1, 18, 19 y 20, y exigió que las viviendas
debían contar con registro VIS o de interés prioritario, requisitos que no cumple porque
en la curaduría le informaron que no le expedían la licencia por que no era dueño del
lote y no tenía título dado que el lote estaba en la zona de reserva forestal protectora
del río Meléndez.
x) Está probado que el señor Vicente García Bejarano, una vez recupera su hijuela de
la escritura 466 del 26 de junio de 2012 de la Notaría Tercera de Cali, vende a sus
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familiares el lote de terreno Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, La Cascada y la
Pedregosa, hecho probado en el folio 370-40630.1
xi) Está probado que según la escritura pública 466 del 26 de junio de 1912 «está
sacado del mercado pues se cerró con la escritura 209 del 16 de marzo de 1934 de la
Notaría Primera de Cali», por lo que a su juicio se deben investigar los folios de la
matrícula inmobiliaria 370-254418, activo, el folio 370- 253074, activo del municipio de
Cali y el folio 370-55138, activo de Fe y Alegría, lo que comprobaría que los accionados
no tienen terrenos legales.2
xii) Que según pruebas existen falsos propietarios, pues según los lotes de terreno que
nacieron de la escritura 466 del 26 de junio de 1912 de la Notaría Primera de Cali y el
folio de matrícula 370-73498 está cerrado, por lo que no debían tener propietarios ni
estar activos los folios 370-467175, 37O-467176, 370-467183 pertenecientes al
parecer a los herederos del señor Jaime Escobar Echeverry,3 hechos que se deben
investigar.
xiii) Que la empresa Celsia S.A. ESP niega que ellos tuvieron inmuebles con los folios
referenciados y que Chidral Ltda, le haya vendido al señor Jaime Escobar Echeverry
el lote de Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, La Cascada y la Pedregosa, hecho que
le «preocupa puesto que necesito saber que la autoridad me diga donde es que quedo
realmente ubicado en mi legalización de mi lote de terreno que tengo posesión». 4
xiv) Que adiciona pruebas del presunto fraude procesal ante la Unidad de Restitución
de Tierras de los folios 370.467175 y 370-73498, pues «con éxito obtuvieron los
predios por la Unidad de tierras con documentos falsos y con información falsa».5
xv) Está probado que el lote Lomas Altas de Meléndez, El Chorro, La Cascada y la
Pedregosa, lo pretenden volver zona de reserva forestal por un convenio entre el Club
1 Adiciona prueba, folios 19 a 25 y 29 a 40 escrito de tutela.
2 Anexa fotos vistas a folios 42 a 47.
3 Adiciona pruebas del pago de los impuestos prediales y fotos satelitales folios 65 a 72, folios 74 a 124, folios 141
a 148
4 Folios 156 a 159 escrito de tutela.
5 Folios 160 a 221 escrito de tutela.
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Campestre de Cali, la Asociación Fe y Alegría y la alcaldía de Cali,6 lo que su juicio le
permite suponer que «me van a sacar y no me van a legalizar mi posesión como
ordena el Acuerdo 0411 de 2011 por medio de la cual se resuelve un proceso
administrativo sancionatorio».
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
i) Alegó como desconocido el derecho a la igualdad por parte de la Secretaría de
Vivienda y Hábitat de Cali pues no ha querido priorizar ni legalizar los más de 160
asentamientos humanos ubicados en las comunas 18, 19 y 20 de la ciudad de Cali,
incumpliendo el POT de Cali.
ii) Solicitó se aclare en que predio y cual terreno se va a legalizar su asentamiento
pues a su juicio la alcaldía de Cali «está esperando es que el Ministerio de Ambiente
y Parque Nacionales Naturales los declare zona de reserva forestal que el lote de
Lomas Altas de Meléndez, el Chorro, La Pedregosa, La Cascada , para poder hacer
negocio que tienen montado entre el Club Campestre de Cali, la Asociación Fe y
Alegría y el señor Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, y así dejar sin vivienda a más de
10.000 personas que habitamos la zona».
iii) Se ha violado el derecho de acceso a la información en tanto no le han comunicado
«en cual folio de matrícula inmobiliaria queda legalizado mi asentamiento humano».
iv) Al parecer detrás de los desalojos existe un presunto negocio entre el Club
Campestre de Cali, la Asociación Fe y Alegría y la alcaldía de esa ciudad a través de
la Secretaría de Vivienda y Hábitat, y por eso los quieren reubicar.
1.4. Actuación procesal
i) Al analizar el libelo tutelar se constató que el señor Humberto Quintero no precisó de
manera clara las acciones y omisiones en las que presuntamente incurrieron las
autoridades y particulares demandados, lo que impidió establecer los hechos
6 Folios 248 a 250 escrito de tutela.
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generadores de la violación de los derechos fundamentales reclamados, en virtud de
lo cual, por auto del 28 de marzo de 2023, se inadmitió la acción de tutela y se ordenó:
«a) Indicar a que autoridad judicial se refiere, cuando señala en su escrito de tutela,
que esta acción está elevada en contra de la «H. SALA DISCIPLINARIA DEL VALLE
DEL CAUCA PROCESO:76001110200020210095600. Secretaria Sala Disciplinaria
Consejo - Valle del Cauca - Seccional Cssdisvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co » y
manifieste cuales fueron las acciones u omisiones en las que incurrió dicha autoridad
y que vulneran sus derechos fundamentales. b) De acuerdo con el literal anterior,
suministre, adicionalmente, el consecutivo de radicación correcto y completo, tipo de
proceso y partes intervinientes, relacionado con la vulneración alegada por parte de la
denominada como «H. SALA DISCIPLINARIA DEL VALLE DEL CAUCA», y una copia de la
providencia atacada, de ser el caso. c) Exponga cuales fueron las acciones u
omisiones en las que incurrieron, tanto la Presidencia de la República, como las demás
autoridades y particulares accionados dentro de este proceso, y que violan los
derechos fundamentales reclamados y d) En caso de haber presentado derechos de
petición ante las autoridades tuteladas en este proceso, deberá allegar la copia simple
digital de dichas solicitudes, así como la fecha y numero de radicación y manifestará
si fueron contestadas de manera congruente y de fondo.
ii) Vencido el término otorgado el accionante desatendió el requerimiento, no obstante
lo cual, en protección a su derecho de acceso a la administración de justicia, el 23 de
mayo de 2023 se admitió la presente acción de tutela y se tuvo como accionadas a
las autoridades que de acuerdo con la información aportada por la parte actora, podían
potencialmente responder por las presuntas violaciones alegadas.
iii) El 21 de junio de 2023, se profirió auto por medio del cual se requirió por segunda
vez a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali con el fin de que rindiera
informe, el que fue atendido a través de oficio del 28 de junio de igual anualidad.
1.5. Intervenciones
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1.5.1. La Coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Jurídica de la
Presidencia de la República,7 Carolina Jiménez Bellicia, señaló que esa entidad no
tiene competencia para referirse a la legalización de los terrenos ocupados a los que
hace mención el accionante, que de acuerdo a las pretensiones del libelo tutelar van
dirigidas a la alcaldía de Cali y a la Gobernación del Valle del Cauca.
Aclaró que como el señor Quintero no reclama o cuestiona alguna acción u omisión
por parte de la presidencia, solicita su desvinculación por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
1.5.2. El apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,8 Iván
Alberto Escobar Escobar, manifestó que esa cartera ministerial no ha tenido injerencia
en los hechos narrados por el accionante, de manera directa o indirecto o por acción
u omisión, en cuanto no están dentro de la órbita de su competencial funcional.
Señaló que las apreciaciones realizadas se enfocan en la disconformidad con el actuar
de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de Cali, en razón a la no priorización del
predio del cual es poseedor en el programa de legalización de inmuebles, situación
que afecta sus derechos a la vida en condiciones dignas, así como a la igualdad en
conexidad con la legalización de inmuebles.
Por lo expuesto, a su juicio carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.3. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales
Naturales de Colombia, Neil Armstrong Lozano Falla, luego de un recuento normativo
de las facultades asignadas a esa entidad, señaló que el señor Humberto Quintero no
acredita que hubiese radicado petición alguna y que, dentro de sus competencias, no
tiene la de revisar folios de matrícula inmobiliaria o hacer pronunciamiento alguno
respecto del otorgamiento de subsidios para vivienda.
7 Expediente digital de tutela.
8 Expediente digital de tutela.
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Por lo anterior, solicitó declarar a su favor la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1.5.4. El Defensor del Pueblo -Regional Valle del Cauca, Gerson Alejandro Vergara
Trujillo, adujo que el accionante no aportó constancia de haber enviado solicitud
relacionada con los hechos de la demanda, como se constató luego de realizada una
búsqueda en el sistema documental ORFEO que no arrojó resultados relacionados con
el señor Humberto Quintero. Así, al no constarle lo expuesto en la acción de tutela, se
abstuvo de emitir pronunciamiento alguno y se atiene a lo que resulte probado en el
proceso.
Concluyó que al no estar la entidad llamada a materializar las solicitudes de la tutela
ni a adelantar los trámites administrativos y disciplinarios solicitados como tampoco
para emitir concepto respecto a si la construcción del accionante se ajusta o no al POT,
le asiste el derecho a que de declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.5. El secretario de seguridad y justicia de la Alcaldía de Cali, Jimmy Dranguet
Rodríguez, consideró que conforme a las funciones encomendadas por el Decreto
Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, no le corresponde dirimir los conflictos de la
Inspección 18 de Policía Categoría Especial de Cali, tampoco para emitir
pronunciamiento alguno respecto de las supuestas inconsistencias en la titulación de
unos lotes de terreno ubicados en la parte de alta de Meléndez de Cali.
Aclaró que en contestación emitida por la Inspectora 18 de Policía, se le hizo saber
que: «no adelanto ni fue convocado a la audiencia pública celebrada el 13 de marzo
de 2023, en Lomas Altas de Meléndez, adelantada por la secretaria de vivienda de
Santiago de Cali, manifestando que el accionante, señor HUMBERTO QUINTERO CASTRO
no tiene ninguna clase de querella radicada ante este despacho ni por este ni por otro
particular (…)” (SIC)».
En tal virtud, solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional ante la
inexistencia de vulneración de los derechos alegados y la falta de legitimación por
pasiva.
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1.5.6. La fiscal 50 adscrita a la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción
del Derecho de Dominio, Mery Elizabeth Arce Navarrete, indicó que le fue reasignado
el proceso con radicado 8816 E.D., avocando conocimiento el 10 de febrero de 2017.
Revisado el expediente evidenció que a folios 162 a 185 del c.o.p. número 2, el 12 de
marzo de 2012 la Fiscalía 28 Especializada de conocimiento de ese momento, profirió
resolución de inicio de acción de extinción de dominio sobre 44 bienes [sin especificar
cuáles] que figuran como propiedad del señor Jaime Escobar Echeverry ( Q.E.P.D.),
disponiendo el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dichos
bienes, al predicarse la posible ocurrencia de las causales 1.ª y 2.ª del artículo 2.° de
la Ley 793 de 2002, esto es, incremento patrimonial injustificado, sin que se haya
explicado su origen lícito.
A folio 85 del c.o.p. número 4 obra decisión del 26 de marzo de 2016, mediante la cual
se adicionan a la resolución de inicio 8 bienes más, entre otros, el identificado con
matrícula inmobiliaria 370-467175 de propiedad del señor Escobar Echeverry. El 29
de marzo de igual anualidad, se llevó a cabo diligencia de secuestro de los bienes
identificados con matrícula inmobiliaria 370- 467180, 370-467175 y 370-467179, globo
conocido como Lomas Altas de Meléndez, en la cual se procedió a declarar legalmente
secuestrado el bien y se designó a la Dirección Nacional de Estupefacientes como
secuestre en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002. Aclaró
que desde esa fecha los inmuebles se encuentran bajo la administración de la
Sociedad de Activos Especiales -SAE.
Añadió que el 5 de agosto de 2022, se abrió el periodo probatorio de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 6.° del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, y actualmente se
encuentra pendiente de evacuar las pruebas ordenadas y solicitadas por los afectados
y las decretadas de oficio por la Fiscalía.
Consideró que las pretensiones del accionante que se le amparen sus derechos a la
igualdad, vivienda y vida en condiciones dignas respecto de la matrícula inmobiliaria
370-467175, hace parte del globo de terreno Lomas de Altas de Meléndez y que en
este momento ese bien es objeto de secuestro y está a disposición de la SAE, por lo
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Demandante: Humberto Quintero Castro
que el señor Humberto Quintero Castro no figura como titular del derecho de dominio
en cuestión, aunado a que en el trámite extintivo adelantado por ese despacho no
reposa documentación alguna que indique que el accionante haya presentado
oposición frente al bien afectado o señalado que le asista algún interés jurídico para
hacerse parte en dicho proceso.
1.5.7. La apoderada de la Sociedad de Activos Especiales -SAE, Angi Sharlyn Marín
Camargo, reseñó la normativa relacionada con las funciones de esa entidad como
administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el
Crimen Organizado -FRISCO, al efecto manifestó que administra los bienes
secuestrados y que de acuerdo con el artículo 2276 del Código Civil función que -al
constituirse por orden de autoridad investida de facultades jurisdiccionales- solo cesará
por orden judicial según lo dispuesto por el artículo 2280 del Código Civil, razón por la
cual, mientras se mantenga tal estatus, esa Sociedad deberá cumplir las funciones que
la Ley 1708 de 2014, el Decreto 1068 de 2015 y el Código Civil le imponen en calidad
de secuestre.
Informó que el inmueble con matrícula inmobiliaria 370-467175 corresponde al lote
rural Lote 3 La Luisa el cual se encuentra bajo su administración. En este sentido, en
consulta realizada en el VUR –en el Certificado de Tradición y Libertad del referido
inmueble se logra observar -en la anotación No. 9 del 12 de marzo de 2014- que la
Fiscalía General de la Nación registró las medidas cautelares de embargo, secuestro
y suspensión del poder dispositivo por estar el inmueble inmerso en un proceso de
extinción de dominio.
Indicó que de acuerdo con la última visita de inspección cargada en el aplicativo SIGMA
2.0, el inmueble fue reportado como desocupado. Mencionó que los actuales
ocupantes no cuentan con un justo título emanado por esa entidad que legitime su
permanencia y explotación sobre el FMI370-467175. Por tal motivo, mientras el
inmueble cuente con las medidas cautelares vigentes y no se haya definido su
situación jurídica, esa entidad deberá continuar su administración mediante los
diferentes mecanismos previstos en la ley.
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Demandante: Humberto Quintero Castro
Concluyó que respecto a los hechos que expone el accionante en el escrito de tutela,
esa entidad no tiene ninguna injerencia frente los procedimientos o actuaciones que
este adelantando la alcaldía de Cali. En tal virtud, solicitó denegar el amparo
reclamado.
1.5.8. La apoderada de la Gobernación del Valle del Cauca, Ingrid Carolina
Rodríguez Ocampo, señaló que las pretensiones del accionante se tornan
improcedentes respecto de ese ente y son la alcaldía de Cali y la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat las llamadas a resolver las solicitudes expuestas en la acción
de tutela. En tal virtud, solicitó declarar la falta de legitimación por pasiva.
1.5.9. El titular del Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes de Cali, Hansel Jesús
González Rangel, informó que una vez verificados los registros de las actuaciones que
reposan en el programa Justicia XXI, el control interno de demandas de tutela y el one
drive de ese despacho, no encontró proceso alguno promovido por el señor Humberto
Quintero Castro. Lo mismo afirmó el Centro de Servicios de los Juzgados Penales para
Adolescentes de esa ciudad, previa revisión en el correo institucional, el de recepción
e información de rinfcerjpadocali, y el registro de actuaciones.
El único hallazgo fue una demanda de tutela con radicación 76001 31 18 004 2020
00027, interpuesta el 17 de septiembre de 2020 por los señores Nieves Ramírez de
Rizo y William Cárdenas Giraldo, personas que aparecen nombradas en el folio 239
de esta solicitud de amparo.
1.5.10. El jefe de la Oficina de la Unidad de Apoyo a la Gestión del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital de la alcaldía de Cali, Claudia Posso
Gómez, luego de enunciar las funciones a su cargo conforme al decreto extraordinario
411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, manifestó -sin más argumentación- que
no vulneró los derechos invocados por el accionante. En tal virtud solicitó su
desvinculación por carecer de legitimación por pasiva.
1.5.11. La Coordinadora del Grupo Jurídico para la Representación y Defensa
Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional el
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Valle del Cauca, María Fernanda Osorio Angulo, señaló que las pretensiones del
accionante acerca de lograr un subsidio de vivienda y ser reubicado no le competen,
razón por la cual carece de legitimación al respecto. Además, anotó que la acción de
tutela se torna improcedente pues no es el medio para presentar quejas, denuncias,
pretender que se efectúen investigaciones o que se inicien procesos, o que entes
públicos cumplan sus funciones. En este sentido, solicitó declarar la improcedencia del
amparo por incumplir el requisito de su subsidiariedad.
1.5.12. La apoderada de Celsia Colombia S.A. ESP., Lina María Guisao Garzón,
manifestó que como no es parte otorgante de las escrituras públicas citadas en la
acción de tutela, identificadas como «No. 650 de abril de 1994 de la Notaría Once de
Cali y la escritura de aclaración No. 976 del 16 de julio de 1980 de la Notaría Primera
de Cali», no hace manifestación alguna sobre el contenido de dichos instrumentos
públicos.
Adujo que desconoce las situaciones relacionadas con los inmuebles identificados con
los folios de matrícula inmobiliaria 370-467175 y 370-73498 ocurridas entre 1961 y
1971, o sea, con 30 años de anterioridad a la fusión por absorción de Chidral S.A. ESP,
de conformidad con la escritura pública No. 1490 del 30 de noviembre de 2000 de la
Notaría Única de Candelaria.
Anotó que en múltiples acciones de tutela relacionadas con los inmuebles como el
expuesto en el libelo tutelar, esa empresa ha manifestado que no ha sido titular del
derecho de dominio sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias
370- 467175 y 370-73498, ni de los inmuebles segregados de este último, identificados
con las matrículas inmobiliarias 370-353073 y 370-427177, y desconoce cualquier
negociación o situación vinculada a los activos de Chidral S.A. ESP o de la Central
Hidroeléctrica del Río Anchicayá Limitada, que no fueron objeto de la operación de
fusión.
Resaltó que los referidos inmuebles citados han sido objeto de análisis judicial en sede
de tutela, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Extinción
de Dominio radicado 11001 22 20 000 2021 00092 00, el Juzgado Cuarto Penal del
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Demandante: Humberto Quintero Castro
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Santiago de Cali,
radicado 76001 31 18 004 2020 00027 00, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali –Sala Penal, radicado 76001 22 40 000 2021 00237 00, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali –Sala de Decisión Penal, radicado 76 001 22 04 000 2021
00826 00 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali –Sala Laboral, radicado 76
001 22 05 000 2022 00161 00.
Señaló que en lo referente a la única manifestación del accionante relacionada con
esa empresa -página 157 del escrito de tutela-, se trata de la copia de la contestación
que sustentó dentro del trámite de la acción de tutela identificada con el radicado 76
001 22 05 000 2022 00161 00, situación que no amerita pronunciamiento alguno.
Finalmente, consideró que carece de legitimación por pasiva.
1.5.13. El director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Bienes y Servicios del Distrito de Cali, Miguel Francisco Prado Gil, informó que los
presuntos reasentamientos de la comuna 18 no son del ámbito de su competencia, y
sobre el presunto fraude procesal relacionado con unos folios de matrícula, señaló que
no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para dilucidarlo, hecho que el accionante
debe ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes.
1.5.14. La apoderada del Club Campestre de Cali, Ana Mercedes Villa Palmeth,
anotó que una vez revisado el escrito de tutela, verificó que el accionante mencionó
dicho club sin aportar prueba sumaria de los contratos o convenios que supuestamente
tiene con las autoridades accionadas. Aclaró que no ha sostenido reuniones ni con el
señor Humberto Quintero ni ha acudido a reuniones con la comunidad o con algún
ente gubernamental. En su criterio, se está frente al caso de la falta de legitimación en
la causa por pasiva.
1.5.15. El jefe de la Unidad de Apoyo y Gestión del Departamento Administrativo
de Gestión de Medio Ambiente de la alcaldía de Cali, Diego Carvajal Trujillo,
consideró que ninguno de los hechos de la acción de tutela es imputable a ese ente.
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Solicitó que al no ser el llamado a responder por las pretensiones elevadas por el señor
Humberto Quintero, se declare la falta de legitimación por pasiva.
1.5.16. El subdirector de catastro distrital del Departamento Administrativo de
Hacienda de Cali, Edwin Alberto Perea Serrano, respecto de la pretensión segunda
de la acción de tutela,9 manifestó que revisado el sistema de gestión documental y los
archivos catastrales de tal dependencia, verificó no encontró derecho de petición o
trámite catastral pendiente por atender por parte de esa subdirección a nombre del
accionante.
Así consideró que está impedido para conocer del asunto, ya que no existe tramite o
petición alguna por atender, razón por la cual ese despacho no ha vulnerado derecho
fundamental alguno, toda vez que lo pedido por el accionante no tiene relación con el
marco de competencias de ese organismo, las cuales se encuentran reguladas por la
Resolución 1149 de 2021 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como
máxima autoridad catastral a nivel Nacional, norma que rige el ejercicio de su actividad.
Conforme lo expuesto, solicitó abstenerse de amparar los derechos fundamentales
invocados y desvincular la entidad del trámite tutelar.
1.5.17. La directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
de la alcaldía de Cali, María del Pilar Cano Sterling, anotó respecto de las presuntas
irregularidades señaladas por el accionante en relación con los folios de matrícula 370-
254418, 370-253074, 370-73498, 370-467175, 370-467176, 370-467183 y 370-55136
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Cali, existe una
denuncia activa bajo radicado SPOA 760016099165202163346 por el Delito de Invasión
9 QUE SE TITELE EL DERECHO DE IGUALDAD, EL DERECHO A LA VIDA EN CONDCIONES DIGANAS EN
CONEXIDAD CON LA VIVIENDA EL DERECHO DE IGUALDAD, EN CONEXIDAD CON LA LEGALIZACION DE
MI PREDIO ,POR PARTE DE LA SECRETAID E VIVIENDA, Y EL DERECHO A QUE ME ENTREGUEN EL
SUBSIDIO DE VIVIENDA, Y EL DERECHO A NO SER MEHUBICADO.PORQUE TENGO ,CONSTRUCION
CONSOLIDADA.,ACORDE AL ACUERDO 0411 DE 2017. DEL POT DE CALI. Y EL DERECHO AL ACCESO DEL
SERVICIO ESENCIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y EL DERECHO A LA INFORMACION EXACTA,
REAL, Y FACTICA, PROA 2) QUE EN CONSECUENCIA SE ORDENE A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE CALI, QUE LE HABRA UN PROCESO ADMINISTRATIVO A LOS SIGUIENTE FOLIOS: A) LOS
FOLIOS: 370-254418, AL FOLIO 370-253074 ACTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALI, QUE DICEN SER LOS
PROPIETARIOS DEL LOTE LOMAS ALTAS DE MELENDEZ, , EL CHRRO, LOS CHORROS, LA CASCADA, LA
PEDREGOSA. B) AL FOLIO : 370-55138 DE LA ASOCIACION FE YA ELGRIA QUE DICE SER PROPIETARIO
DEL LOTE LOMAS ALTAS DE MELENDEZ, EL CHORRO, LA CASCADA LA PEDREGOSA YA QUE DICHO
TITULO NACE EN LA COMPLEMTACION DEL FOLIOS: 370-55138 ACTIVO CON LAS ESCRITURAS: 1770,
1771,1772, 1773, 1774, DE 22 DE ABRIL DE 1974 DE LA NOTARIA CUARRO DE CALI. (sic a todo el escrito)
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Demandante: Humberto Quintero Castro
de Tierras y otros, que cursa en la Fiscalía 61 Local de la Dirección Seccional de Cali,
de la cual tuvo conocimiento la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, y en razón a
ella, dicho organismo a través del oficio con radicado No. 202341470400003641 de
fecha 15 de marzo de 2023, solicitó a ese ente fiscal, copia simple o acceso al link del
expediente, teniendo en cuenta la adición de pruebas y ampliación de denuncia
puestas en su conocimiento.
Respecto a la legalización del predio que ocupa el señor Humberto Quintero Castro
por parte de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, no se observa dentro de las
pruebas aportadas que haya elevado derecho de petición al efecto ante dicho
organismo, acompañado de los documentos requeridos, donde se especifique la
ubicación del predio que está siendo ocupado, a efecto de verificar si es propiedad del
Distrito Especial de Santiago de Cali, y que no se encuentre en zona de alto riesgo
conforme al Certificado expedido por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital.
Añadió que no obstante mencionarse en el escrito de tutela que no se obtuvo respuesta
por parte de los funcionarios de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat, ante la
pregunta, donde quedaría legalizado su predio teniendo en cuenta los 7 predios
identificados con matrículas inmobiliarias 370-254418, 370-253074, 370-73498, 370-
467175, 370-467176, 370-67183 y 370-55136 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del Círculo de Cali las cuales son objeto de investigación que
adelanta la Fiscalía 61 Local de la Dirección Seccional de Cali, no existe prueba que
permita identificarlo, pues para dar una respuesta a la inquietud planteada por el
accionante, se precisó en reunión del 13 de marzo de 2023 que al efecto se requiere
ordenar una inspección técnica al terreno que supuestamente ocupa, para verificar con
la base de datos catastral y los archivos de bienes inmuebles de esa secretaría, que
la titularidad del pleno dominio del inmueble esté a nombre del Distrito Especial de
Santiago de Cali, para posteriormente considerar si el mismo puede ser objeto de
legalización o más claramente de titulación a la parte accionante, siempre que cumpla
los requisitos publicados en la página https://www.cali.gov.co.
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Concluyó que el señor Quintero debe elevar la respectiva petición ante la Secretaría
de Vivienda Social y Hábitat con el propósito que esa entidad, una vez efectuada la
inspección técnica del terreno y el estudio jurídico de tradición del inmueble, establezca
en cabeza de quien se encuentra la propiedad del terreno que supuestamente viene
siendo por él ocupado, pues lo contrario constituiría un ejercicio inadecuado de la tutela
ya que se le permitiría al accionante pretermitir trámites y procedimientos necesarios,
máxime cuando no hay evidencia de que se le haya negado algún tipo de derecho. Por
lo expuesto, solicitó negar el amparo.
1.5.18. La inspectora permanente de Policía de Siloé Turno No. 3, adscrita a la
Subsecretaría de Servicios de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad
y Justicia del Municipio de Cali, Elizabeth Bastidas Rivera, reseñó que le fue
asignado por reparto el radicado No. 202241730100277722 de 22 de febrero de 2022,
contentivo del despacho comisorio número 016 del 09 de diciembre de 2021, emitido
por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali, dentro
del proceso con número 2021-00098, interpuesto por el señor Alfonso Jiménez
Santiago contra la Fundación ONG Caminos de amor y fe, por medio del cual se
comisionó a la alcaldía de Cali para que llevara a cabo una diligencia de entrega del
bien inmueble ubicado en la calle 4 Oeste No. 82 D-21 Barrio Altos de Nápoles,
despacho comisorio que se encuentra en trámite de ejecución.
En lo referente a la Fundación para las empresas de la Paz -FUNDAEMPAZ, relacionada
en la acción de tutela, se tiene que por parte de su representante legal se han
interpuesto dos acciones de tutela en contra de esa Inspección de Policía y del
Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiples de Cali,
argumentando que el bien inmueble objeto de la entrega comisionada es de su
propiedad según obra en el folio de matrícula inmobiliaria No. 370-28005. Adicional a
ello, esa fundación ha solicitado que se ordene a quien corresponda se emita un acto
administrativo de calificación judicial y de control de legalidad sobre los folios de
matrícula 370-254418, 370-253074, 370-55138, solicitando investigación a los siete
folios correspondientes a los terrenos del sector denominado Lomas Altas de
Meléndez, La Cascada y el Chorro.
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Que las dos acciones constitucionales referidas fueron negadas por improcedencia en
primera y segunda instancia, según obra en las providencias de fecha 31 de agosto de
2022 emitida por el Juzgado 11 Civil del Circuito y del 6 de octubre de 2022 del Tribunal
Superior de Cali, y del 4 de abril de 2023 proferidas por el Juzgado 8.º Civil del Circuito
de Cali y del 19 de mayo de 2023 del Tribunal ya mencionado dentro de las acciones
de tutela interpuestas por la señora Yesenia Natalie García Torres representante legal
de la Fundación Caminos de Amor y Fe, y William Cárdenas Giraldo, representante
legal de FUNDAEMPAZ.
Concluyó que esa inspección no ha vulnerado los derechos invocados por el
accionante, por lo que solicitó declarar su improcedencia.
1.5.19. El apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Iván
Albeiro Escobar Escobar, adujo que esa cartera ministerial no ha tenido injerencia
alguna en los hechos narrados por el accionante, y no se refleja de manera alguna su
intervención directa o indirecta, ya sea por acción u omisión. Así solicitó declarar la
falta de legitimación en la causa por activa dado que es un órgano de gestión
encargado de fijar las políticas ambientales a nivel nacional, para que estas sean
ejecutadas por las autoridades ambientales de acuerdo con el área de jurisdicción,
razón por la cual no está llamada a satisfacer las pretensiones del accionante.
1.5.20. El notario primero del círculo de Cali (e), Miguel Cabrera Nates, señaló que
mediante oficio N1-641-2022 del 26 de abril de 2022, la doctora Elizabeth Vargas
Bermúdez titular de ese despacho, emitió respuesta al derecho de petición presentado
por el accionante relacionado con el certificado número 976 del 16 de julio de 1980
que aparece inscrito en la anotación 006 del folio de matrícula inmobiliaria número 370-
735458.
Así mismo, a través de oficio N1302-2022 del 16 de mayo de 2022, esa notaría impartió
respuesta a la acción de tutela formulada por el señor William Cárdenas Giraldo y
Nieves ante el Tribunal Superior de Cali -Sala Laboral con radicación 76001 22 05 000
2022 00161 00, igualmente relacionado con el certificado mencionado.
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Demandante: Humberto Quintero Castro
El 8 de febrero de 2022 por oficio N1065-2022 remitió certificado al Registrador de
Instrumentos Públicos de Cali informándole acerca de la inexistencia del certificado
976 de 1980 que aparece inscrito en el folio de matrícula 370-735458.
Relató que lo que aparece en la anotación 006 del folio de matrícula, el certificado 976
de 1980 fue expedido por el notario de la época para hacer aclaración en cuanto al
número de la escritura que es 5231 y no 5230, de lo que se desprende que al momento
de numerar la escritura se cometió un error que posteriormente se procedió a corregir.
Aclaró que esa notaría ha atendido oportunamente en cumplimiento del marco legal
del ejercicio de la función notarial, todos los requerimientos formulados por los
interesados y por entidades como la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cali relacionados con el certificado 976 de 1980.
1.5.21. El notario once del circuito de Cali, Alfonso Ruíz Ramírez, manifestó que
respecto a la manifestación del accionante de que «la escritura: 650 de 1.° de marzo
de 1994 en la notaría once de Cali, que dice falsamente que Chidrla Ltda le vendió
más de 235.778.482 mt2 al señor Jaime Escobar Echeverry del Clan Herrera del Cartel
de Cali» no le constan dichas afirmaciones que hace sobre presuntas comisiones de
hechos punibles de las que deberán pronunciarse las autoridades competentes. Aclaró
que la escritura pública 65010 fue otorgada en cumplimiento de los requisitos formales
establecidos en el Decreto 960 de 1970 escritura que fue posteriormente aclarada por
la escritura 2349 del 13 de julio de 1994,11 tal como consta en las anotaciones 4, 5 y 6
del folio de matrícula inmobiliaria 370-467175 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali.
10 Según señala el informe del notario 11 respecto de dicha escritura pública: «Escritura pública No. 650 de. 1.° de
marzo de 1994 corrrida en la Notaría 11 de Cali se trata de una venta por CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL RIO ANCHICAYÁ
LTDA CHIDRAL a favor del señor JAIME ESCOBAR ECHEVERRY por medio de dicha Escritura el comprador señor JAIME
ESCOBAR ECHEVERRY constituye hipoteca en favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL RIO ANCHICAYÁ LTDA CHIDRAL tal
como consta en las anotaciones 4 y 5 del folio de matrícula inmobiliaria 370-467175».
11
Según señala el informe del notario 11 respecto de dicha escritura pública «Escritura pública No. 2349 del 13 de
julio de 1994 corrida en la Notaría 11 de Cali se trata de una ACLARACIÓN de la Escritura Pública No. 650 del 1.° de
marzo de 1994 corrida en la Notaría 11 de Cali tal como consta en la anotación 6 del folio de matrícula inmobiliaria
370-467175».
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1.5.22. El personero distrital de Cali, Edisson Julián Urrea Sánchez, indicó que una
vez revisadas las bases de datos de control de correspondencia con que cuenta esa
entidad, incluido el sistema ORFEO con los datos de identificación suministrados por el
accionante, verificó que no ha recibido derecho de petición por medio del cual diera a
conocer su situación o la vulneración de algún derecho fundamental, ni copia para
seguimiento de algún escrito elevada ante alguna autoridad.
Respecto de las pretensiones del señor Quintero referentes a la legalización de predios
y reubicación resaltó que dentro de sus funciones no se encuentran la de realizar
dichos procedimientos, sino que recae en cabeza de la administración municipal, por
lo que la acción de tutela se torna improcedente respecto a ese ente de control.
1.5.23. La directora jurídica de restitución de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Paula Andrea Villa Vélez,
mencionó que no le consta nada respecto a las pretensiones de la acción de tutela
invocadas por el señor Quintero en relación con el subsidio de vivienda y el pago de
las mejoras realizadas en el asentamiento regular Las Palmas, Lote 18, ubicado en la
Calle 4 Oeste Palmas de la ciudad de Cali; sin embargo, sobre los hechos descritos
en la acción de tutela contenida en los folios 159 a 222 del escrito, con relación al
trámite administrativo que adelantaron los señores Nieves Ramírez de Rizo y William
Cárdenas ante la Dirección Territorial Valle-Eje Cafetero de la UAEGRTD respecto de la
inscripción de las solicitudes ID1072470 y 1072161, conforme lo establece la Ley 1448
de 2011 modificada por la Ley 2078 de 2021, señaló:
i) Respecto de la ID 1072470, solicitante William Cárdenas Giraldo, se puntualizó: a)
la solicitud fue presentada el 12 de febrero de 2021, b) dentro del trámite se recabaron
pruebas como: ITC, declaraciones de terceros, ampliaciones de hechos e información
institucional, c) por Resolución RV 03146 del 30 de septiembre de 2021, se dispuso la
no inscripción en el RTDAF de la solicitud por el no cumplimiento de los requisitos de
calidad jurídica, calidad de víctima y por no haber sido víctima de abandono/despojo,
d) interpuesto el recurso de reposición, fue decidido a través de Resolución RV 00721
del 17 de mayo de 2022, confirmando la no inclusión.
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ii) En relación con la ID 1072162, solicitante Nieves Ramírez de Rizo, precisó: a) la
solicitud fue presentada el 29 de enero de 2021, b) dentro del trámite se recabaron
pruebas como: ITC, declaraciones de terceros, ampliaciones de hechos e información
institucional, c) a través de Resolución RV 03147 del 30 de septiembre de 2021 se
dispuso la no inscripción en el RTDAF12 de la solicitud por el no cumplimiento del
requisito de temporalidad y no ostentar la calidad jurídica, d) interpuesto el recurso de
reposición, fue decidido a través de Resolución RV 00720 del 17 de mayo de 2022,
confirmando la no inclusión.
De conformidad con lo consignado, señaló que no se evidencia que el señor Humberto
Quintero Castro haya tenido relación con dichos trámites adelantados por esa unidad,
por cuanto no aparece como tercero interviniente ni como parte de la comunidad que
participó de la prueba social adelantada.
Manifestó que esa Unidad ha obrado conforme a la ley especial de restitución de
tierras, sus decretos reglamentarios y acuerdos internos, por lo tanto, no hay lugar a
que el tutelante ataque por este medio los actos administrativos que decidieron de
fondo los trámites referidos por cuanto no es sujeto legitimado para ello y dicha
actuación debió realizarse por los medios judiciales idóneos. Así en consonancia con
lo expuesto solicitó declarar improcedente el amparo y declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva.
1.5.24. El abogado de la Procuraduría General de la Nación, Camilo Ernesto
Montes Cruz, indicó que revisados los archivos de la Procuraduría Provincial de
Instrucción de Cali en su sistema SGIDEA y SIM, no encontró solicitud o queja alguna de
intervención o vigilancia en el supuesto proceso de desalojo mencionado por el
accionante.
Además, en el análisis probatorio de la acción impetrada tampoco se encuentra
soporte alguno de una solicitud radicada ante esa dependencia del Ministerio Público.
Con base en lo anterior dedujo que no existió ninguna actuación por este despacho en
12
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF
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razón a que no se radicó solicitud alguna para la correspondiente vigilancia, función
preventiva o proceso disciplinario.
Adujo que las decisiones y trámites administrativos como los que se demandan en el
caso objeto de estudio no le son dables a la Procuraduría Provincial de Instrucción de
Cali, por lo que respecto de ella debe declararse la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
1.5.25. La secretaria de vivienda social y hábitat de Cali, Martha Liliana Hernández
Galvis, señaló que de conformidad con el Acuerdo 0411 de 2007, por medio del cual
se adoptó la política pública de mejoramiento integral del hábitat de los asentamientos
humanos precarios de Cali -MI HÁBITAT, así como en la Resolución 4147.010.21.121 del
9 de mayo de 2022, donde se incorporaron nuevos asentamientos humanos al mapa
número uno del acuerdo en mención, se localizan solamente los pertenecientes a la
Comuna 18 al sur occidente de esa ciudad.
Así, los sectores conocidos como Lomas Altas de Meléndez -La Pedregosa-, El Chorro
y la Cascada no son reconocidos como asentamientos humanos de desarrollo
incompleto, razón por la cual la Comuna 18 es territorio priorizado para objeto de
intervención por la alcaldía municipal, manifestó que en año 2020 esa secretaría
adelantó un estudio técnico urbanístico de diagnóstico para 39 asentamientos
humanos precarios, visita que permitió evidenciar el grado de consolidación de esa
comunica, así como las posibles infraestructuras y espacios potenciales para
desarrollar su mejoramiento.
Aclaró que la audiencia pública supuestamente cumplida el 13 de marzo de 2023, a la
que hace mención el accionante, se llevó a cabo el 11 de marzo de 2023 -y no fue una
audiencia pública sino una reunión-, previa convocatoria que hiciera la Secretaría de
Gestión de Riesgo de Emergencia, en la cual se informó a los asistentes que en razón
a la priorización respecto de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de
la Comuna 18, los habitantes de Las Palmas I y Las Palmas II -sector en el que habita
el accionante y que están ubicados en el ejido Lomas de Meléndez o Pampas de la
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Pedregosa-,13 debían esperar a contar con el recurso presupuestal para dar inicio a la
legalización urbanística y posteriormente legalizar el predio.
Señaló que el equipo psicosocial y técnico: i) socializó a los asistentes sobre la política
pública -MI HÁBITAT (Decreto 0411 de 2017, ii) informó acerca de las condiciones y
requisitos para acceder a los subsidios para compra de vivienda de interés social (VIS),
de interés prioritario (VIP) y subsidio de mejoramiento de vivienda y iii) realizó un
recorrido por la zona.14
Finalmente, en relación con el estudio de las matrículas inmobiliarias correspondientes
a los sectores que el accionante denominó como Lomas Altas de Meléndez, El Chorro,
La Pedregosa y la Cascada no es la competente para determinar la titularidad de
dichos terrenos.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo previsto
en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, que prevé que «[l]as acciones de tutela dirigidas
contra las actuaciones del Presidente de la República [...] serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado».
2.2. Cuestión previa
Resulta oportuno precisar que si bien el accionante aduce la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la vivienda y a la vida en condiciones dignas
y de acceso a la información, tal y como se puede advertir en el libelo tutelar el reparo
constitucional concierne a la presunta vulneración del derecho de petición, por lo que
13 Tal y como puede confirmarse en sentencia de marzo 8 de 1.907 proferida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali, misma en la que se declaró que dicho ejido corresponde a un bien de uso público propiedad del
Distrito de Santiago de Cali, bajo la administración de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
14 Registrados a través de acta 4147.040.14.18.27.
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la Sala centrará en este su estudio y determinará si de forma conexa se desconocieron
las garantías alegadas.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si los accionados vulneraron al señor Humberto
Quintero Castro los derechos fundamentales invocados y si previamente radicó
solicitud respecto de las pretensiones del libelo tutelar.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el artículo 6.º numeral 1.° del Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional15 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
15 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas.
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como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.5. Hechos probados
Se relacionan los elementos de prueba aportados por el accionante:
2.5.1. Copia del folio de matrícula inmobiliaria 370-0375945 del lote Loma de
Meléndez.16
2.5.2. Foto del Plano de Loma de Meléndez de Cali.17
2.5.3. Foto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil -
sin fecha- publicado en la gaceta judicial relacionada con el juicio de división del globo
de terreno denominado Loma de Meléndez.18
2.5.4. Foto de la copia del certificado de tradición del bien identificado con matrícula
inmobiliaria 370-40630.19
2.5.5. Foto de la copia de la respuesta a una petición de información elevada por el
señor Víctor Manuel Ceballos Santacruz, relacionada con el predio Lomas Altas de
Meléndez.20.
2.5.6. Foto del certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 370-
55138.21
2.5.7. Foto del certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 370-
16 Folios 15 y 16 escrito de tutela.
17 Folio 17 escrito de tutela.
18 Folios 19 a 22 escrito de tutela.
19
Folios 23 a 26 escrito de tutela.
20 Folios 42 a 47 escrito de tutela.
21 Folios 49 a 51 escrito de tutela.
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254418.22
2.5.8. Foto del certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 370-
253074.23
2.5.9. Copia del documento de cobro de impuesto predial del año 2022 del predio
ubicado en el corregimiento la Buitrera, vereda la Buitrera de la Cascada a nombre del
señor Jaime Escobar Echeverry.24
2.5.10. Foto de la copia del certificado de tradición del inmueble con matrícula
inmobiliaria 370-467176.25
2.5.11. Foto del plano satelital del lote de terreno de la Cascada que hace parte del
lote de Lomas Altas de Meléndez.26
2.5.12. Foto del certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 370-
73498.27
2.5.13. Foto del contrato de compraventa del 1.° de marzo de 1994, siendo vendedora
la Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá Ltda -Chidral, y comprador Jaime Escobar
Echeverry.28
2.5.14. Foto de la copia del certificado de tradición del inmueble con matrícula
inmobiliaria 370-467175.29
2.5.15. Foto de la respuesta dada el 16 de mayo de 2022 por el titular de la Notaría
Primera de Cali en la acción de tutela 76001 22 05 000 2022 00161 00 interpuesta por
los señores William Cárdenas Giraldo y Nieves Ramírez de Rizo.30
22 Folios 53 a 56 escrito de tutela.
23 Folios 58 a 63 escrito de tutela.
24 Folio 6 escrito de tutela.
25 Folios 66 a 69 escrito de tutela.
26 Folios 70 y 72 escrito de tutela.
27 Folios 79 a 86 escrito de tutela.
28
Folios 88 a 90 escrito de tutela.
29 Folios 92 a 102 escrito de tutela.
30 Folios 125 a 130 escrito de tutela.
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2.5.16. Foto del Oficio 3702021EE07647 del 21 de octubre de 2021 suscrito por el
registrador principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali quien
da respuesta a un derecho de petición elevado por los señores William Cárdenas
Giraldo y Nieves Ramírez de Rizo.31
2.5.17. Foto de la copia del certificado de tradición del inmueble con matrícula
inmobiliaria 370-467183.32
2.5.18. Foto de la contestación hecha por los señores Edgar Javier Navia Estrada,
Javier de Jesús Ocampo Sánchez y Germán Alonso Bedoya a la acción de tutela
interpuesta por los señores William Cárdenas Giraldo y Nieves Ramírez de Rizo contra
la Fiscalía 19 de Cali, la Inspección de Policía de Siloe y otros.33
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Sobre el derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política, incorporó el derecho petición como un
derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución».
Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante
la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de
respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término
general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y
sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que
deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción, y ii) las peticiones
31
Folios 132 a 137 escrito de tutela.
32 Folios 141 a 148 escrito de tutela.
33 Folios 240 a 246 escrito de tutela.
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mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación las materias
a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.
En la sentencia T-377 de 200034, la Corte Constitucional estableció diferentes
parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como
presupuestos necesarios para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe producirse
dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos
a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un
mecanismo para agotar la vía gubernativa35 y acceder a la vía judicial, no satisface el
derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.
2.6.2. Caso concreto
El señor Humberto Quintero Castro acude a la acción de tutela, pues a su juicio
algunos funcionarios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali en reunión
efectuada el 11 de marzo de 2023, les informaron a los habitantes de Las Palmas que
sus asentamientos no iban a ser priorizados para su reubicación.
En tal virtud, solicitó que por este medio se le aclare en qué predio se va a legalizar su
asentamiento y en qué terreno, que se le otorgue el subsidio de vivienda y se concrete
34 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.
35 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
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su expectativa de ser reubicado porque tiene un derecho de posesión conforme al
Acuerdo 0411 de 2001 -POT de Cali-, y, además, que se le informe en cual folio de
matrícula inmobiliaria quedaría legalizado su terreno.
Ahora bien, la Sala considera conveniente resaltar que la Corte Constitucional en
numerosas decisiones,36 al precisar los alcances del derecho de petición consagrado
en la Constitución, destaca que las respuestas a los peticionarios deben ser oportunas
y resolver de fondo las solicitudes presentadas, sin que ello implique, de manera
necesaria, una decisión favorable a sus intereses.
Para la efectividad del derecho se requiere que la petición elevada sea hecha en
debida forma, esto es, no sólo con el cumplimiento y respeto que se debe hacia las
diferentes entidades sino también que se interponga ante la autoridad que
corresponde, esto es la competente, y que, por consiguiente, sea la que está en plena
capacidad para resolver de fondo sobre la petición en cuestión, a través de los correos
electrónicos idóneos dispuestos para tal fin.
Revisado el material probatorio y conforme está relacionado en el acápite de hechos
probados, se constata que ninguna de las autoridades accionadas vulneró los
derechos invocados, pues el señor Humberto Quintero Castro no ha elevado petición
alguna en tal sentido, simplemente se limitó a exponer sus criterios y una
disconformidad con el actuar de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali en
razón a la no priorización y legalización de su predio.
La directora general del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de
la alcaldía de Cali respecto a la legalización de predio que ocupa el señor Quintero
Castro, fue enfática en afirmar que debe radicar solicitud, acompañada de las pruebas
pertinentes en la que especifique la ubicación del predio que está siendo ocupado, a
efecto de verificar si es de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, y que
no se encuentre en zona de alto riesgo, conforme al certificado expedido por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
36 Sentencias T-209 de 1998, T-1296 de 2000, T-841 de 2001, T-1078 de 2001 entre otras.
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Así que con el fin de dar una respuesta a los interrogantes del accionante, se requiere
que se ordene una inspección técnica al terreno que supuestamente ocupa, para
verificar con la base de datos catastral y los archivos de bienes inmuebles de la
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, de modo que, una vez comprobado que la
titularidad del pleno dominio del inmueble está a nombre del Distrito Especial de
Santiago de Cali, proceder a considerar si éste puede ser objeto de legalización o más
claramente de titulación a favor de la parte accionante, siempre que cumpla los
requisitos publicados en la página https://www.cali.gov.co.
En tal sentido, la secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali, aclaró que en la
reunión efectuada el 11 de marzo de 2023 se les informó a sus asistentes que en razón
a la priorización respecto de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de
la Comuna 18, los habitantes de Las Palmas I y Las Palmas II -sector en el que habita
el accionante y que están ubicados en el ejido Lomas de Meléndez o Pampas de la
Pedregosa-,37 debían esperar a contar con el recurso presupuestal para dar inicio a la
legalización urbanística y posteriormente proceder a la legalización predial.
Es preciso aclarar que mientras no exista decisión previa de las autoridades no se
puede juzgar su actuar por falta de petición del interesado, pues en el presente asunto,
no se acredita en el expediente que el interesado haya formulado petición a las
entidades accionadas, circunstancia que imposibilita en esta sede decidir frente a lo
pedido en el libelo tutelar.
Así las cosas, se tiene que lo pretendido mediante el mecanismo de amparo es, so
pretexto de la vulneración de derechos fundamentales, que se imparta una orden sin
implementar el indispensable desarrollo administrativo ante las instancias
competentes, en ejercicio del derecho de petición, elevando la solicitud pertinente
acompañada de las respectivas pruebas, a fin de garantizar la materialización de los
derechos invocados como vulnerados.
37
Tal y como puede confirmarse en sentencia de marzo 8 de 1.907 proferida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali, misma en la que se declaró que dicho ejido corresponde a un bien de uso público propiedad del
Distrito de Santiago de Cali, bajo la administración de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
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Finalmente, en relación la pretensión de abrir un proceso administrativo contra unos
folios de matrícula referenciados por el accionante, resulta pertinente insistir en que
este no es el mecanismo idóneo para emitir pronunciamiento alguno respecto de las
presuntas inconsistencias en la titulación de unos lotes de terreno ubicados en la
ciudad de Cali.
Por último, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas por la Presidencia
de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el gerente
de Parques Nacional Naturales, la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, el
secretario de seguridad y justicia de la alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del
Cauca, el jefe de la Unidad de Apoyo de Gestión del Departamento Administrativo de
Planeación de Cali, el gerente del Club Campestre de Cali, la Unidad de Apoyo y
Gestión del Departamento Administrativa de Gestión del Medio Ambiente de Cali, el
subdirector de catastro del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y la
Procuraduría General de la Nación, se efectuó para garantizar el ejercicio del derecho
de defensa de las partes que puedan verse afectadas por las resultas del proceso, en
consideración a que su vinculación a este proceso se hizo en su calidad de
demandados, y, además, porque su participación resultaba de importancia para
recaudar las pruebas que tuvieran en su poder.
3. Conclusión
Con fundamento en los argumentos precedentes, se concluye que no le fueron
vulnerados los derechos fundamentales invocados por el señor Humberto Quintero
Castro, razón por la cual se denegará el amparo reclamado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Demandante: Humberto Quintero Castro
Falla:
Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales impetrados por el señor
Humberto Quintero Castro, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de esta decisión.
Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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