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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01473-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01473-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción presentada por el señor Jeifer Rafael Dita Martínez, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jeifer Rafael Dita Martínez Demandados: Ministerio de Defensa Nacional, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01473-00 CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01473-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

11 de mayo de 2023

Demandante: Jeifer Rafael Dita Martínez
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01473-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01473-00
Demandante: JEIFER RAFAEL DITA MARTÍNEZ
Demandados: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES, CREMIL Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo – improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el señor Jeifer Rafael
Dita Martínez contra el acto administrativo que ordenó el reconocimiento y pago de
su asignación de retiro.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 21 de marzo de 2023, el señor Jeifer Rafael Dita
Martínez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Ministerio
de Defensa Nacional, Caja de Retiro de las Fuerza Militares, Cremil, Ejército
Nacional, con el fin de que le sean amparados “los derechos constitucionales
fundamentales previstos en los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 21, 25, 29, 42, 43, 44, 48, 53,
85, 86, 87, 93, 94 y 217 de la carta magna”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la Resolución 1388 del 13 de febrero de 2023 “Por la cual se ordena el
reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro al (a la) señor(a) SOLDADO
PROFESIONAL (r) DEL EJÉRCITO JEIFER RAFAEL DITA MARTÍNEZ…

3. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales mencionados y, en
consecuencia, requirió:

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Demandante: Jeifer Rafael Dita Martínez
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional,
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01473-00

“(…) PRIMERO: solicito señor juez que por medio de usted se me pague mi
mínimo vital, que por derecho tengo, al momento de informarme del acto
administrativo, teniendo conocimiento que ellos tienen un tiempo prudente para
resolver mi inconformismo y el no aceptar e interponer recursos, pero no tienen la
potestad para retener el salario, las únicas personas que pueden hacerlo es
usted o mi orden suscrita como lo establece la norma 1429 del 2010 y a la fecha
no he dado mi autorización y ellos no cuentan con su fallo, para poder retenerme
mi mínimo vital.

SEGUNDO: solicito muy amablemente que por medio de usted sea pagado mi
salario de forma inmediata puesto que mi familia y yo, no tenemos que comer, no
he podido pagar los recibos de luz, agua y gas, donde el estado es garante de
proveer que todo colombiano se le respete, aportando las pruebas pertinentes
que acreditan mis obligaciones mensuales y yo soy el único que da a mi familia
sustento, teniendo dos menores de edad vulnerándoles el derecho a la comida y
servicios vitales, porque al no pagar los servicio como agua, luz y gas, los
suspenden

CUARTO: Señor Juez solicito que por medio de usted se me ampare el mínimo
vital.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 27 de febrero de 2023, luego de 20 años, 4 meses y 18 días de servicio, el
señor Dita Martínez fue retirado de la actividad militar por tener derecho a la
asignación de retiro, con el grado de soldado profesional del ejército.

5. Por lo anterior, mediante Resolución 1388 del 13 de febrero de 2023 se ordenó el
reconocimiento y pago de su asignación de retiro, con cargo al presupuesto de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a partir del 28 de febrero de 2023, así:

• En cuantía del 70.00% del salario mensual (Decreto 2613 del 28 de Diciembre
de 2022), indicado en el numeral 13.2.1 (salario mensual más el 40%, en los
términos del inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000). -
Adicionado con un treinta y ocho, punto cinco (38,5%) de la prima de antigüedad,
de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y con
el 23% del subsidio familiar, de conformidad con lo señalado en el artículo 5º del
Decreto 1161 de 24 de junio de 2014.

(…)

ARTÍCULO 4°. Manifestar al señor(a) SOLDADO PROFESIONAL (r) DEL
EJÉRCITO JEIFER RAFAEL DITA MARTINEZ, que en virtud del artículo 19 de la
Resolución No. 8062 del 2016, los descuentos sobre su asignación de retiro,
operarán hasta el 50% del valor de la misma.

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ARTÍCULO 5°. El (La) Señor(a) SOLDADO PROFESIONAL (r) DEL EJÉRCITO
JEIFER RAFAEL DITA MARTINEZ, aportará con destino a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, el 5% del valor total de la prestación reconocida, que se
descompondrá en la siguiente forma: el 4% se destinará al pago de servicios
médico-asistenciales y el 1% para la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares e
igualmente contribuirá con el monto del aumento de su Asignación equivalente a
los 10 días siguientes a la fecha en que éste se cause, de conformidad con lo
previsto en los incisos 38.1 y 38.2 del Artículo 38 del Decreto 4433 de 2004.

(…).

6. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición el cual,
mediante Resolución 4572 del 12 de abril de 2023 se rechazó por extemporáneo de
conformidad con los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

1.3. Fundamentos de la vulneración

7. Argumentos contra el acto administrativo que reconoció la asignación de
retiro: El actor adujo que la resolución que ordenó el reconocimiento y pago de su
asignación de retiro desmejoró su situación, pues cuando estaba activo devengaba
$3´000.000. Por lo anterior, indicó se desconoció la sentencia unificación del Consejo
de Estado con radicado 85001-33-33-002-2013-0023-01 “donde profirió que se
reconocería el subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro,
sería cancelado y liquidado de la siguiente manera tendrán derecho a que se incluya
el subsidio familiar como parida computable en dicha prestación; así en el porcentaje
del 30% para quienes al momento de su retiro estén devengado el subsidio familiar
regulado en el Decreto 1794 de 2000 y en el porcentaje del 70% para el personal de
soldados profesionales que perciba tal partida, lo cual he venido reclamando”.

8. Estimó que se le está causando un perjuicio irremediable y se vulnera su mínimo
vital, ya que la entidad demandada le ha retenido durante 3 meses su salario,
“apelando que ellos deben revisar el recurso interpuesto por mí, dejándome sin mi
mínimo vital, artículo 334 constitución política de Colombia, siendo ya poseedor de
esta norma desde el momento en que me enviaron acto administrativo,
informándome mi manera de liquidación”.

9. Con ocasión a lo anterior, resaltó que se ha perjudicado su vida crediticia y el
sustento de su familia, “sin manifestar que mientras retienen mi salario porque no ha
sido consignado y manejan mi dinero porque por derecho ya tengo asignación de
retiro, dejando de pagar servicios vitales como agua, luz, gas, llamando en reiteradas

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ocasiones, informando que el salario no será consignado, preguntándome como les
daré de comer a mis hijos y pagar las obligaciones básicas”.1

10. Indicó que Cremil debió informarle por escrito que su salario había sido retenido,
como lo establece la Ley 1429 del 2010.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

11. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó su notificación al Ministerio de Defensa Nacional, a la Caja de
Retiro de las Fuerza Militares, a Cremil y al Ejército Nacional, como entidades
accionadas.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.5.1. Caja de Retiro de las Fuerza Militares, Cremil

12. En cuanto a los argumentos contra el acto administrativo que reconoció la
asignación de retiro: Solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se
acreditó el perjuicio irremediable ni se presentó la tutela como un mecanismo judicial
transitorio, sino que por el contrario, se pretende el pago de sumas de dinero,
pretensiones que son propias de otros mecanismos judiciales, “obviando el trámite
ordinario correspondiente y buscando que el juez constitucional asuma competencias
de juez ordinario, quebrantando el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.”

13. Igualmente, puso de presente que no ha vulnerado derecho fundamental alguno,
pues ha garantizado el debido proceso en la actuación administrativa, y se le han
puesto en conocimiento los argumentos de hecho y de derecho por los cuales no es
posible acceder al reajuste de la asignación de retiro, pues como bien lo advierte el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, el
reconocimiento de la partida de subsidio familiar se fundamenta en las normas
vigentes durante el tiempo de actividad del militar y es con base en éstas en que se
realizan los aportes para asignación de retiro y con los porcentajes señalados en la
norma que aplique a cada caso concreto.

1 Se transcribe con posibles errores ortográficos.

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14. Adujo que, de conformidad con las normas aplicables, para la asignación de
retiro en ninguno de los casos consagrados en la ley, se debe reconocer esta partida
computable en el 100% de lo devengado en actividad. “De esa manera, NO es
posible para esta Caja de Retiro, inaplicar la forma y porcentajes en que debe
reconocerse esta partida computable, pues ello sería igual a desconocer los
preceptos normativos que regulan ello.”

15. Agregó que tampoco es posible reconocer la partida computable prima de
antigüedad en el 58.5% dentro de la asignación de retiro del accionante, esto es en
el 100% de lo que devengaba en actividad, “pues no es posible para esta Caja de
Retiro reconocer esta prestación, desconociendo lo establecido en el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de unificación mencionada, normas que
prescribió el legislador como de aplicación obligatoria para esta entidad.”

16. Respecto del argumento consistente en que se le ha retenido el pago de su
asignación de retiro: Adujo que el señor Dita Martínez fue retirado de la actividad
militar el 30 de noviembre de 2022 por tener derecho a la pensión, en la cual se
denota que la baja efectiva fue el 27 de febrero de 2023, con el grado de soldado
profesional del ejército
Nacional.

17. Agregó que según lo regulado en el Decreto 1794 del 2000, por el cual se
establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares”, en su artículo 12 indica:

“ARTICULO 12. TRES MESES DE ALTA. El soldado profesional con derecho a
pensión, continuará dado de alta en la respectiva contaduría por tres (3) meses a
partir de la fecha del retiro para la formación del correspondiente expediente de
prestaciones sociales. Durante dicho lapso devengará la totalidad de los
haberes.”

18. Agregó que, los tres meses siguientes al retiro del militar son de alta, por lo que
la Dirección de Personal del Ejército continuó cancelando los haberes
correspondientes a su cargo, esto es, hasta el 27 de febrero del año en curso.

19. Puso de presente, que al señor soldado profesional del Ejército Nacional Jeifer
Rafael Dita Martínez se le reconoció asignación de retiro a través de Resolución
1388 del 13 de febrero de 2023, la cual fue notificada a través de oficio 2023010329
del 14 de febrero de 2023, como se observa:

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20. Indicó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha actuado conforme a la
legislación vigente, y sin desconocer ninguno de los derechos del accionante, ya que
se le ha garantizado su debido proceso y el derecho de contradicción de la
liquidación de su asignación de retiro, y no es posible desconocer los términos
legales establecidos por el CPACA en relación con la ejecución de los actos
administrativos.

21. Estimó que, verificado con el grupo de nómina de esa entidad, el señor soldado
profesional del Ejército Dita Martínez ya se encuentra incluido en nómina. Por lo que,
el pago de la mesada del mes de marzo se realizó a su cuenta del banco BBVA.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

22. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le
correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se dirige
contra el Ministerio de Defensa Nacional, Caja de Retiro de las Fuerza Militares,
Cremil, Ejército Nacional y por ello el reparto del mecanismo de protección
constitucional debería hacerse en primera instancia, a los Jueces del Circuito. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

23. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser
usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia.
Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la
administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir
este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la
resolución del asunto en sede de instancia. (Negrita y subrayado fuera del
texto).

24. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia.

25. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó
el señor Dita Martínez.

2.2. Problema jurídico

26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del escrito de tutela, la intervención de la entidad accionada y lo probado
en el proceso, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los
siguientes:
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27. ¿Se superan en el caso concreto el requisito adjetivo de la acción de tutela
referido a la subsidiariedad respecto de los cargos elevados en contra de la
resolución que ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro?

28. De superarse dicho requisito, ¿se vulneraron o no los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad como consecuencia del acto administrativo que
ordenó el reconocimiento y pago la asignación de retiro del señor Dita Martínez?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

29. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela; y
(iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

31. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

32. Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores3, el cual
se expone a continuación.

33. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10-09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21.07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01
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judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

34. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

35. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

36. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

37. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo
2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las
personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Caso concreto

38. Frente a las inconformidades frente al acto administrativo que reconoció la
asignación de retiro: La parte actora consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión a la Resolución 1388 del 13 de febrero de 2023 “Por la
cual se ordena el reconocimiento y pago de la Asignación de Retiro al (a la) señor(a)
SOLDADO PROFESIONAL (r) DEL EJÉRCITO JEIFER RAFAEL DITA
MARTÍNEZ…” Lo anterior toda vez que dicho acto administrativo fue liquidado de

4 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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manera errónea y esto ha perjudicado su vida crediticia, lo que le impide pagar sus
obligaciones básicas y llevar el sustento a su familia.

39. Del contenido de la comunicación y la decisión de la institución de reconocer la
asignación de retiro efectuada, la Sala advierte que se trata de un verdadero acto
administrativo, porque contiene la voluntad de la administración encaminada a
producir efectos en el mundo jurídico, de contenido particular y concreto y, en ese
orden, es pasible de control en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. En tal sentido, se destaca que contra la decisión adoptada por la entidad
accionada, el actor debe ejercer los medios de control previstos en la Ley 1437 de
20115, a saber nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de desvirtuar la
legalidad del acto administrativo acusado, actuación judicial en el marco del cual a
efectos de evitar la consumación o agravación del daño, puede pedir que se decreten
medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 229 a 241 6
ejusdem.

5 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

6 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
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41. En consecuencia, para la Sala es claro que, en el presente caso, el accionante
tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, sin embargo, no ha iniciado la
acción correspondiente.

42. En efecto, el señor Dita Martínez ante la posible afectación de otros derechos o la
urgencia de su protección, puede solicitar el decreto de medidas cautelares en el
curso de la acción ordinaria, dichos medios se presentan en nuestra legislación como
eficaces e idóneos para lograr una verdadera tutela judicial, tornando innecesaria la
intervención del juez de tutela para la protección transitoria de los derechos
fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir previamente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

43. En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

44. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

45. Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que “conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

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contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.7

46. Análisis del perjuicio irremediable alegado por el actor: Así, en jurisprudencia
reiterada8 la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente como mecanismo para la protección de derechos fundamentales
que puedan resultar vulnerados o amenazados por la expedición de actos
administrativos.

47. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

48. Por tanto, dicha Corte ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad
de la medida para evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la
obligación de probar que: i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se
requieren medidas urgentes e impostergables para superar el daño.

49. No obstante lo anterior, si bien el señor Dita Martínez adujo que la reliquidación
ordenada en el acto administrativo que reconoció su asignación de retiro ha
perjudicado su vida crediticia, lo que le impide pagar sus obligaciones básicas y
llevar el sustento a su familia y afecta su mínimo vital, ello no constituye una
circunstancia suficiente a efectos de otorgar el amparo deprecado, toda vez que, de
los documentos obrantes en el expediente de tutela y de lo relatado por el actor, no
se advierte la existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con inminencia y de
manera grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida
impostergable por parte de este juez constitucional para neutralizar dicha afectación.

50. Aunado a lo anterior, el señor Dita Martínez no allegó prueba alguna sobre la
afectación de su mínimo vital o una situación de vulneración o indefensión que
constituya un perjuicio irremediable, lo cual cobra especial relevancia si se tiene en
cuenta que quedó demostrado que actualmente devenga una asignación de retiro
por $ 1.554.684,00, como quedó probado de la constancia expedida el 22 de febrero

7 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
8Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del
12.11.14., M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena
de Revisión, Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057;
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas
Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del
30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-7.132.435

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de 2023 por la Dirección de Personal de Ejército, por lo que tiene garantizado su
derecho al mínimo vital.

51. Igualmente, frente al argumento consistente que se le vulnera su mínimo vital, ya
que la entidad demandada le ha retenido durante 3 meses su salario, lo que le
impide sufragar los gastos de su hogar, se tiene que de las pruebas obrantes en el
expediente la parte actora devenga una asignación de retiro por $ 2.864.887 y se le
realizan unos descuentos por un valor de $1.310.203, recibiendo el pago de su
referida asignación por un valor neto de $1.554.684,00, como quedó probado de la
constancia expedida el 22 de febrero de 2023 por la Dirección de Personal de
Ejército, la cual se adjunta nuevamente:

52. Sin embargo, esta Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que atente contra su mínimo vital, pues dichos descuentos, a saber de la
Previsorasavol, Asociación Defensoría Mílitar, Asociación Defensoría Mílitar,
PrevisoraSabub, Cooserpark, Sistema de Salud FFMM, Aporte Caja de Retiro
FFMM, fueron autorizadas por el actor en concordancia con el artículo 5º9 de la
resolución que reconoció su asiganción de retiro, aunado a un crédito que tiene con
el Banco Davivienda, como se puede corroborar del extracto bancario allegado por la
Cremil:

9 ARTÍCULO 5°. El (La) Señor(a) SOLDADO PROFESIONAL (r) DEL EJÉRCITO JEIFER
RAFAEL DITA MARTINEZ, aportará con destino a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el
5% del valor total de la prestación reconocida, que se descompondrá en la siguiente forma: el
4% se destinará al pago de servicios médico-asistenciales y el 1% para la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares e igualmente contribuirá con el monto del aumento de su Asignación
equivalente a los 10 días siguientes a la fecha en que éste se cause, de conformidad con lo
previsto en los incisos 38.1 y 38.2 del Artículo 38 del Decreto 4433 de 2004.

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53. En ese orden de ideas, no se observa que la Cremil esté reteniendo de manera
ilegal o irregular el salario del actor, como lo afirmó en su demanda, ya que como
quedó probado estos fueron autorizados en el acto administrativo que reconoció su
asignación (de conformidad con lo previsto en los incisos 38.1 y 38.2 del artículo 38
del Decreto 4433 de 2004) frente al cual se interpuso recurso de reposición de
manera extempóranea y se encuentra en firme.

54. Ahora bien, se reitera que frente al argumento del actor consistente en que se le
retuvo su salario por 3 meses y se le está vulnerando su mínimo vital, debe
destacarse que como lo explicó la Cremil, el señor Dita Martínez fue retirado de la
actividad militar el 30 de noviembre de 2022 por tener derecho de la pensión y fue
dado de baja efectiva fue el 27 de febrero de 2023, con el grado de soldado
profesional del Ejército Nacional. Por lo anterior, mediante Resolución 1388 del 13 de
febrero de 2023 se ordenó el reconocimiento y pago de su asignación de retiro, con
cargo al presupuesto de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a partir del 28 de
febrero de 2023.

55. Es así que, la Cremil dio aplicación a lo consagrado en el artículo 12 del Decreto
1794 del 200010, que indica: “El soldado profesional con derecho a pensión,
continuará dado de alta en la respectiva contaduría por tres (3) meses a partir de la
fecha del retiro para la formación del correspondiente expediente de prestaciones
sociales. Durante dicho lapso devengará la totalidad de los haberes.”

56. En ese orden de ideas, no se logró probar que la Cremil haya retenido de manera
ilegal el pago de su asignación de retiro, como lo afirmó el actor, por el contrario,
adujo que actuó conforme a la ley, porque los tres meses siguientes al retiro del

10 “por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares”

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militar son de alta y en tal sentido, la Dirección de Personal del Ejército continuó
cancelando los haberes correspondientes a su cargo, esto es, hasta el 27 de febrero
del año en curso. Aunado a que a la fecha está recibiendo el pago de su asignación
de retiro, porque se encuentra incluido en la nómina de la entidad, como quedó
evidenciado.

57. En todo caso, conforme al argumento de actor consistente en que “la liquidación
efectuada en su asignación de retiro le desmejoró su situación, pues cuando estaba
en servicio activo devengaba $3´000.000 y con la asignación de retiro la mitad”, lo
cierto es que en efecto, dicha prestación es de naturaleza económica y surge de la
relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la fuerza
pública, cuyo monto no podrá ser el mismo que devengaba cuando estaba en
servicio activo, pues su liquidación dependerá de los reajustes que deban efectuarse
en cumplimiento de la normatividad y la jurisprudencia vigente frente al tema.

58. De igual forma se le recuerda al señor Dita Martínez que, si considera que su
asignación de retiro fue incorrectamente liquidada, pues no se tuvieron en cuenta
una serie de partidas computables, como lo afirmó en su escrito de tutela, debe
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir
la legalidad de dicho acto administrativo, por los motivos expuestos anteriormente.

2.7. Conclusión

59. Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción porque no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad porque decisión de la administración es pasible de
ser controvertida en sede judicial y no resulta viable realizar un análisis de los
derechos del accionante en lo que involucra el acto administrativo que ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, aunado a que no se advierte la
configuración de un perjuicio irremediable.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción presentada por el señor Jeifer
Rafael Dita Martínez, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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