Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01484-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01484-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01484-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01484-01
Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto que niega solicitud de
levantamiento de medidas cautelares en concurso de mérito /
Defecto sustantivo, procedimental absoluto y violación directa de
la Constitución Política
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Julián Rodolfo Bayona Segura, en
contra de la providencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Julián Rodolfo Bayona Segura promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los autos
proferidos el 14 de octubre y el 24 de noviembre de 2022 por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 54001333300920210023700/03.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) El 10 de julio de 2021, Jaime Fernando Rojas Ovalle y Roddy Hernán Estupiñán
Ramírez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1 Ver índice 2 de SAMAI expediente 11001031500020230678200. Archivo denominado
«ED_TUTELAENISCAICEDO(.pdf) Nro Actua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01484-01
Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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derecho, presentaron demanda con el fin de cuestionar la legalidad del acto
administrativo contentivo de la calificación insatisfactoria obtenida en la prueba de
conocimiento presentada en el marco del concurso de méritos para proveer los
cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de
los Distritos de Cúcuta, Pamplona, y Arauca, y Administrativos de Norte de
Santander y Arauca.
ii) El 28 de marzo de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial
de Cúcuta admitió la demanda y decretó la medida cautelar solicitada, consistente
en la suspensión provisional de la actuación administrativa relacionada con la
publicación de las sedes vacantes para el cargo de oficial mayor y sustanciador de
juzgado de circuito.
iii) Julián Rodolfo Bayona Segura, integrante de la lista de elegibles ya
publicada en el citado concurso, solicitó ser vinculado al proceso en calidad de
coadyuvante, al considerar que la suspensión provisional decretada y la
consecuente recalificación de las pruebas afecta su legítima expectativa de
ocupar un cargo.
Asimismo, solicitó el levantamiento de las medidas cautelares, lo cual fue rechazado
mediante providencia del 14 de octubre de 2022. Decisión contra la cual interpuso
recurso de apelación.
iv) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 24
noviembre de 2022 confirmó la decisión del a quo, «con base en apreciaciones
subjetivas y jurídicamente incorrectas al tenor de lo establecido en el artículo 229 y Ss. de
la ley 1437 de 2011».
v) Frente a esa decisión, la parte actora consideró que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al incurrir en defecto procedimental absoluto
y sustantivo; y en violación directa de la Constitución Política. Respecto del Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito judicial de Cúcuta, señaló que «pretermitió el
análisis exhaustivo e integral del requisito enlistado en el numeral 3 del artículo 231 de la
ley 1437 de 2011».
En cuanto a la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander refirió que
«incurrió en una indebida aplicación de los artículos 230 y 231 de la ley 1437 de 2011 en la
medida que entremezclo el contenido, alcance y requisitos establecidos por el legislador
para la adopción de una medida cautelar de suspensión de una actuación administrativa y
en ese sentido pretendió solventar el cumplimiento de los requisitos de tal medida cautelar
con la aplicación de los requisitos establecidos para la adopción de una medida de
suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, lo cual, a toda luces no
resulta de recibo pues, se itera, se tratan de medidas cautelares distintas».
1.1.2. Pretensiones
2
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Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] SEGUNDA: Se AMPAREN los derechos los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio
constitucional al mérito y el acceso a cargos públicos del suscrito accionante, de
conformidad con lo expuesto a lo largo del presente escrito introductor.
TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 14 de octubre de 2022, 24 de
noviembre de 2022 y 10 de marzo de 2023 expedidas por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, respectivamente, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente
escrito.
CUARTA: se ORDENE a las autoridades judiciales accionadas que dentro del término
de diez (10) días siguientes a la notificación del respectivo fallo que resuelva la presente
acción constitucional, se profiera nueva decisión en las cuales se respeten y atiendan
los postulados establecidos por el legislador
QUINTO: Que se adopten todas aquellas medidas complementarias que sean del caso
y que su señoría estime convenientes para salvaguardar los derechos fundamentales
del suscrito accionante. […]». (sic.)
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander2 afirmó que la decisión
acusada se adoptó con base en la normativa aplicable y el acervo probatorio
aportado al expediente. Adujo que la solicitud de tutela es improcedente ante la
ausencia de un perjuicio irremediable y en tanto no se supera el requisito de la
subsidiariedad ya que el proceso contencioso-administrativo se encuentra en curso.
1.2.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta3
señaló que el Consejo de Estado ya dio trámite a una solicitud de tutela con similares
pretensiones bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-04250-004, la cual ordenó que
se modificara la decisión sobre la vigencia de las medidas cautelares, por lo que, a
través de auto del 14 de octubre de 2022 determinó su temporalidad, más no las
suspendió con el fin de velar por la igualdad de condiciones de los demandantes del
proceso ordinario, en caso de tener una respuesta favorable a sus peticiones.
Informó que el demandante en el referido proceso de tutela tramitó incidente de
desacato ante la nueva decisión del juzgado, el cual fue desvirtuado por el Consejo
de Estado.
2 Ver índice 9 de SAMAI. actuación denominada RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONATCE(.pdf) NroActua 9
3 Ver índice 14 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEPRUEBAS_202301484ATCONT( .pdf)
NroActua 14
4 Presentada por Sergio Alejandro Fuentes Gómez, con fallo que accede a las pretensiones del
demandante, expedido por el Consejo de Estado, Sección Quinta el 6 de octubre de 2022 C.P. Luis
Alberto Álvarez Parra
3
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Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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1.2.3. Yorman Andrés Alvarado Celis5, Diego Fernando Andrade Escalante6 y
Sergio Alejandro Fuentes Gómez 7 coadyuvaron la solicitud de amparo al ser parte
de la lista de elegibles suspendida con ocasión de la medida provisional cuestionada
1.2.4. La Universidad Nacional de Colombia8 solicitó ser desvinculada del
proceso ya que su participación en la convocatoria se limitó al diseño de las pruebas,
por lo que carece de facultad para expedir, acreditar o modificar cualquier acto
jurídico y administrativo.
1.2.5. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial9, solicitó ser desvinculada del proceso por falta de legitimación por
pasiva, toda vez que no vulneró ningún derecho fundamental y carece de facultades
para emitir providencias judiciales.
1.3 Sentencia de primera instancia10
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 19
de mayo de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela al señalar que «[…] no
se advierte que las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y los
argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la controversia
decidida por los jueces naturales, […]»
1.4. El escrito de impugnación11
La parte demandante impugnó la decisión del a quo al insistir en la vulneración de
sus derechos fundamentales con fundamento en argumentos similares a los
expuestos en el escrito de tutela.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial, iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
5 Ver índice 10 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_MEMO20230148400P(.pdf) NroActua 10
6 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RESOLUCIONCSJNS202(.pdf ) NroActua 11
7 Ver índice 12 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RV_ESCRITOCOADYUVA(.zip ) NroActua 12
8 Ver índice 13 de SAMAI Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RV_B1013201810(.zip) Nr oActua 13
9 Ver índice 15 de SAMAI Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CJO232061(.pdf) NroActu a 15
10 Ver índice 25 de SAMAI Archivo denominado SENTENCIA(.docx) NroActua 25
11 Ver índice 30 de SAMAI Archivo de denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_IMPUGNACIONTUTELA2(.pdf ) NroActua 30
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01484-01
Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200012 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201913, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.15 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,16 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
12 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,18 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.19
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿La solicitud de tutela presentada por Julián Rodolfo
Bayona Segura cumple con el requisito de procedencia general de la
subsidiariedad?
De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se deberá establecer si: ¿las
autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Julián Rodolfo Bayona
Segura, con ocasión de las providencias mediante las cuales se negó su solicitud
de levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de la lista de
elegibles de la cual hace parte?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad
17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01484-01
Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia20, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
Ahora bien, en cuanto a las solicitudes de tutela presentadas para controvertir autos
interlocutorios que no ponen fin al proceso, la Corte Constitucional en sentencia T-
511 de 2020, sostuvo que el estudio de procedencia debe ser más estricto:
«[…] En este sentido, el análisis de procedencia de la acción de tutela en contra de autos
interlocutorios es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas; ii) la
persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en el
marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la posibilidad de
recurrir la decisión final[69]. Tal criterio restrictivo encuentra su justificación en que la
acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante para “controvertir una decisión
adversa a [los] intereses”[70], en el marco de un proceso judicial en el cual “no se ha
proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tiene a su
disposición “otros mecanismos de defensa judicial”[71]. También, esta Corte ha concluido
que la acción de tutela no procede en contra de autos interlocutorios cuando el
accionante: i) “no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a su
alcance (…) y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la
decisión definitiva”[72]; y ii) no “dem[uestra] la existencia de un perjuicio irremediable”[73].
[…]»
En igual sentido, debe tenerse en cuenta que el auto interlocutorio censurado impida
el acceso a la administración de justicia y amenace o vulnere el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte demandante, sin que existan medios judiciales de
defensa en el marco del respectivo proceso judicial.
2.4.2. Caso concreto
20 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
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Julián Rodolfo Bayona Segura acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto
las providencias proferidas el 14 de octubre de 2022, confirmada el 24 de noviembre
siguiente, y el 10 de marzo de 2023 por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
respectivamente, mediante las cuales se rechazó la solicitud de levantamiento de la
medida provisional decretada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 54001333300920210023700/03, mediante auto del 28 de marzo de
2022 consistente, entre otras, en:
«[…] SEXTO: Por último, y a efectos de que la anterior medida cumpla con el objeto por
el cual se decreta, ORDÉNESE al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NORTE DE SANTANDER que se SUSPENDA PROVISIONALMENTE DE FORMA
INMEDIATA, la actuación administrativa relativa a la publicación de las sedes vacantes
en el cargo de Oficial Mayor Circuito, hasta tanto LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA emiten la recalificación y los respectivos
pronunciamientos, resolviendo cada uno de los fundamentos jurídicos planteados por los
demandantes; esto con el fin de garantizar que en el evento de que en la nueva
calificación y resolución de los recursos se determine que los señores RODDY HERNEY
ESTUPIÑAN RAMÍREZ y JAIME FERNANDO ROJAS OVALLE aprobaron la prueba de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades por superar la calificación de
800 puntos, tengan la oportunidad y en las mismas condiciones de los demás
participantes, de optar y seleccionar alguna de las sedes que aún se encuentran
vacantes. […]»
Decisión modificada en cumplimiento de una sentencia de tutela proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta,21 a través de auto del 14 de octubre de 2022,
en el que, además, se negó la solicitud de levantamiento de la medida provisional
elevada por Julián Rodolfo Bayona Segura, así:
«[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de levantamiento de la medida cautelar,
solicitadas por los señores Sergio Alejandro Fuentes Gomez y Julián Rodolfo Bayona
Segura, conforme lo considerado en la parte motiva de esta providencia;
SEGUNDO: MODIFICAR la medida cautelar contenida en el numeral sexto de la parte
resolutiva del auto del 28 de marzo de 2022, y, en su lugar, ORDENAR al CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER que se mantenga la
suspensión provisional de la actuación administrativa relacionada con la publicación de
las sedes vacantes para el cargo de Oficial Mayor y/o Sustanciador de Juzgado de
Circuito, hasta que se haya tomado una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada,
en este asunto. Si la decisión adoptada en segunda instancia y debidamente
ejecutoriada, conlleva la inclusión de los demandantes en la lista de elegibles al cargo,
deberá mantenerse suspendida la actuación hasta que se encuentren debidamente
adelantadas frente a los demandantes todas las etapas del concurso que los lleve a
conformar la lista de elegibles, para quedar en igualdad de condiciones con los
integrantes de la lista; una vez obtenida la lista de elegibles definitiva con la inclusión de
los aquí demandantes, procederá el levantamiento de la suspensión aquí ordenada
como medida cautelar. […]»
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El demandante de tutela y otros, interpusieron recurso de reposición y apelación
contra la anterior decisión. El primero, desatado de manera desfavorable con auto
del 24 de noviembre de 2022, el segundo, por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander mediante providencia del 10 de marzo de 2023 con la que confirmó la
decisión del a quo, en los siguientes términos:
A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Julián Rodolfo Bayona Segura no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
54001333300920210023700/03, en el que fueron proferidas la decisiones
acusadas, se encuentra en trámite, frente a lo cual se advierte que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre
el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y
otro, como aquí se propone.
En este punto, no sobra referir que en el asunto contencioso-administrativo objeto
de litis desde el 11 de octubre de 2022 el juzgado de conocimiento profirió sentencia
a través de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, respecto de
la cual, se encuentra actualmente en trámite el recurso de apelación interpuesto por
las entidades demandadas, cuyo expediente ingresó al despacho del magistrado
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Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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ponente para emitir sentencia el 31 de enero de 202322.
Además, como quedó expuesto, recuérdese que la providencia mediante la cual se
decretó la medida provisional propiamente dicha fue objeto de amparo por el juez
de tutela en oportunidad anterior, trámite en el que el hoy demandante actuó como
coadyuvante.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no se argumentó ni se allegó prueba de
que el auto que negó el levantamiento de la medida provisional pueda afectar el
normal desarrollo del proceso o configurar un perjuicio irremediable que haga
procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio; más aún, cuando
está por decidirse el asunto en sede de segunda instancia, lo cual no va a
desconocer la inclusión del demandante en la lista de elegibles suspendida
transitoriamente.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de tutela presentada por Julián Rodolfo Bayona Segura
contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro, pero por no satisfacer
el requisito de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por Julián Rodolfo Bayona Segura en contra del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Cúcuta, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
22
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=54001333300920210
0237025400123
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01484-01
Demandante: Julián Rodolfo Bayona Segura
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
11
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