Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01485-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01485-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-01485-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: Reymina Isabel Daza Cárdenas
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO
SOLICITADO. PENSIÓN GRACIA. EL TRIBUNAL DEBIÓ ANALIZAR EL
CONTENIDO DEL ACTO DE NOMBRAMIENTO Y EL ACTA DE
POSESIÓN DE LA DOCENTE PARA DE TERMINAR EL CARÁCTER DEL
VÍNCULO LABORAL. DEFECTOS FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones presentadas por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL –UGPP1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
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En adelante la UGPP.
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Actora: Reymina Isabel Daza Cárdenas
ATLÁNTICO2 contra la sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida
en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN
“A”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, que accedió al amparo solicitado.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora REYMINA ISABEL DAZA CÁRDENAS, actuando a través
de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA4 y el TRIBUNAL al proferir las sentencias de
28 de mayo de 2021 y 16 de diciembre de 2022, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080013333007 2018
00216 01.
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
4
En adelante el JUZGADO.
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I.2.- Hechos
Indicó que prestó durante más de 20 años sus servicios como
docente al Departamento del Atlántico y al Distrito de Cartagena,
entre 1979 y 2018, razón por la cual solicitó a la UGPP el
reconocimiento de su pensión gracia.
Sostuvo que la UGPP negó el reconocimiento de la referida
prestación, razón por la cual en el año 2018 promovió un medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de
discutir la legalidad de los respectivos actos administrativos.
Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 080013333007-2018-00216-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia
de 28 de mayo de 2021, denegó las pretensiones de la demanda.
Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 16 de diciembre de 2022,
confirmó la decisión recurrida al estimar que en el período
comprendido entre el 6 de marzo de 1997 y el 26 de abril de 2018,
conforme con los certificados allegados por el FONDO NACIONAL
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DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG5 y el
MINISTERIO DE HACIENDA tuvo una vinculación de carácter
nacional, por lo que esos tiempos no podían tenerse en cuenta para
el reconocimiento de la pensión gracia que requiere 20 años de
servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que al proferir la sentencia de segunda instancia el
TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta que
conforme con el acto administrativo de nombramiento de 25 de
febrero de 1997, expedido por la Secretaría de Educación del Distrito
de Barranquilla, su nombramiento en propiedad se efectuó como
docente en Básica Primaria en el Distrito de Barranquilla.
Comentó que la misma información consta en el acta de posesión
núm. 1596 de 6 de marzo de 1997, conforme con la cual se advierte
que tomó posesión del cargo de docente como consecuencia del
concurso de 630 plazas en el Centro de Educación Básica núm. 146
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En adelante FOMAG.
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en el Distrito de Barranquilla.
Explicó que el TRIBUNAL desconoció las sentencias de unificación
CE-SUJ-SII-11-2018 y SUJ-030-CE-S2-2021 proferidas por la
SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de Estado, conforme con las
cuales, en su sentir “[...] los períodos en que al docente le pagan sus
salarios con cargo al situado fiscal también son válidos para obtener
la pensión gracia, ya que corresponden a recursos que se incorporan
a los presupuestos locales, por ende, las entidades territoriales son
sus propietarios […]”.
Precisó que de igual forma, conforme con las referidas providencias
para determinar la calidad del docente “[…] se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales […]”.
Manifestó que la imprecisión de la certificación de FOMAG, con base
en la que el TRIBUNAL fundamentó su decisión, se podía aclarar con
el acto de nombramiento y la posesión que permitían “[…] concluir
que ocupó plazas docentes territorial y fue asignada como educadora
por autoridad de ese orden para desempeñarse como docente de
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primaria […]”.
Agregó que además el TRIBUNAL accionado inaplicó las leyes 114
de 4 de diciembre 19136, 116 de 22 de noviembre 19287 y 91 de 29
de diciembre 19898, que conforman el marco legal de la pensión
gracia.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] Con fundamento en los anteriores argumentos fácticos y
jurídicos, y en beneficio de los derechos fundamentales
vulnerados, respetuosamente, solicito a Ustedes H. Magistrados,
amparar los derechos fundamentales de defensa, debido
proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala B, al momento de
resolver un recurso de apelación en segunda instancia en el
proceso 08001-33-33-007-2018-00216-01 y negar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia de la tutelante, por
errónea valoración de las pruebas y de no aplicación de Ley y la
jurisprudencia.
En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala B, Magistrado Luis Eduardo Cerra Jiménez, que
se pronuncie y resuelva de forma correcta el recurso de
apelación presentado en el proceso con radicación 08001- 33-
33-007-2018-00216-01, en cuanto al reconocimiento y pago de
la pensión gracia de mi prohijada, teniendo en cuenta los últimos
pronunciamientos que sobre la materia ha realizado el Alto
Tribunal de lo Contencioso Administrativo […]”.
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“Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.”
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“POR LA CUAL SE ACLARAN Y REFORMAN VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 102 DE 1927.”
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“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL expuso que, previo a proferir la sentencia
cuestionada, dictó los autos de 10 de marzo, 8 de junio, 27 de
octubre y 2 de diciembre de 2022, tendientes a que se incorporaran
al proceso ordinario la certificación de tiempo efectivo de servicio, los
diferentes actos de nombramiento y actas de posesión de la actora,
así como una certificación en la cual se indicara si la plaza ocupada
durante los años 1997 a 2018, fue de carácter nacional, territorial o
nacionalizada y si se encontraba a cargo del presupuesto del Distrito
de Barranquilla o era financiada con recursos de la Nación.
Anotó que de las pruebas recaudadas encontró que: i) la actora
laboró como docente y se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980;
ii) para la fecha de presentación de la solicitud de pensión contaba
con más de 20 años de servicio; iii) laboró como directora de una
institución educativa departamental desde el 1o. de febrero de 1979
y hasta el 1o. de abril del año 1979 y; iv) su vinculación fue de tipo
nacional durante el tiempo transcurrido entre el 6 de marzo de 1997
y el 26 de abril de 2018, conforme con los certificados expedidos por
el FOMAG y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.
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Indicó que, en ese orden de ideas, no era cierto que hubiera
desconocido las reglas contenidas en las sentencias de unificación
invocadas por la actora, dado que con base en estas “[…] fue que se
logró establecer que la accionante no cumplió con el requisito de
prestar sus servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales, por un término de 20 años, para acceder a
la pensión gracia […]”.
I.5.2.- El JUZGADO señaló que la acción de tutela es improcedente,
dado que la actora cuenta con el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia previsto en el artículo 256 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, en la medida en que alega el desconocimiento de unas
sentencias de unificación del Consejo de Estado.
I.5.3.- La UGPP afirmó que la presente acción de tutela es
improcedente, dado que lo pretendido por la actora es sustituir una
decisión judicial ejecutoriada, por cuanto fue contraria a sus
intereses.
Comentó que, en todo caso, no hay ninguna vulneración a los
derechos deprecados, porque el TRIBUNAL indicó de forma precisa
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y acertada las razones por las cuales la actora no podía ser titular de
la prestación reclamada.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
4 de mayo de 2023, luego de advertir que la presente acción de tutela
cumplía con los requisitos generales de procedibilidad, efectuó un
análisis del fondo del asunto en el que concluyó que había lugar a
conceder el amparo de los derechos deprecados y, en consecuencia,
ordenó al TRIBUNAL proferir dentro de los 20 días siguientes una
nueva providencia, así:
“[…] Primero: Revocar la sentencia del 16 de diciembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección B, mediante la cual negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por los motivos
señalados en la parte considerativa de este fallo.
Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocados en
protección por la señora Reymina Isabel Daza Cárdenas.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B que, en un término no superior a los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las
consideraciones jurídicas expuestas en este fallo.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión […]”.
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Para tal efecto, indicó que si bien el tribunal en la providencia objeto
de discusión enlistó como pruebas obrantes en el expediente el
Decreto núm. 0685 de 25 de febrero de 1997, en el que la actora fue
nombrada como docente en básica primaria en el Distrito de
Barranquilla, así como el acta de posesión respectiva, lo cierto es que
dichas pruebas no fueron analizadas ni valoradas, por lo que se
configuró el defecto fáctico.
Sostuvo que, el TRIBUNAL sí hizo un análisis y aplicación de las
normas citadas como desconocidas por lo que no fue configurado el
defecto sustantivo, no obstante, reiteró que sí hubo un defecto en la
omisión de las pruebas referidas “[…] a efectos de determinar si con
el tiempo laborado por la accionante entre el 6 de marzo de 1997 y
el 26 de abril de 2018 se cumplía con los requisitos para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia […]”.
Agregó que, en la sentencia de unificación de 2018 citada por la
actora como desconocida, se estableció “[…] que la calidad de
docente territorial se acredita i) a través de la copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo y que la plaza a ocupar fue
prevista por el legislador como territorial o ii) certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta que el tipo de vinculación al
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cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]”
Expuso que, por su parte, en la sentencia de unificación de 2022
también citada en el escrito introductorio se “[…] mantuvo el criterio
unificador que se tuvo en cuenta en la providencia antes mencionada
frente a la forma en que debe acreditarse la plaza de docente
territorial o nacionalizada, para el cómputo del tiempo de servicios
para acceder a la pensión gracia […]”.
Destacó que el TRIBUNAL desconoció las sentencias de unificación
aludidas, “[…] toda vez que, por un lado, no hizo referencia a la regla
que existe frente a la forma de acreditar la calidad de docente
territorial y, por otro lado, sin explicación alguna se apartó del criterio
de la corporación y valoró la calidad de docente territorial con base
en los formularios únicos para la expedición de certificación laboral
allegados por FOMAG y el oficio que emitió el Ministerio de Hacienda,
es decir, sin tener en cuenta los actos administrativos que
demuestran el vínculo y la plaza a ocupar o la certificación emitida
por la autoridad nominadora […]”.
Anotó que, en ese orden de ideas, se encontraban estructurados los
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defectos fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, por lo
que el TRIBUNAL debía proferir una nueva sentencia.
Precisó que “[…] el amparo concedido no implica que el Tribunal deba
indefectiblemente acceder a las pretensiones de la demanda, pues el
amparo se dirige a que aquel valore el Decreto núm. 0685 de 25 de
febrero de 1997 y el Acta de Posesión 1596 del 06 de marzo de la
misma anualidad, pruebas enlistadas en la providencia objeto de
discusión, pero no analizadas […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES
III.1- El TRIBUNAL solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia y, en su lugar, denegar el amparo solicitado.
Indicó que aun cuando en el texto de la sentencia de 16 de diciembre
de 2022 no hizo un pronunciamiento extenso del Decreto 0685 de 25
de febrero de 1997, con el cual se nombró a la actora en propiedad
para ejercer el cargo de docente de básica primaria en el Distrito de
Barranquilla, así como del acta de posesión respectiva, ello “[…] no
es fundamento para sostener en el fallo de tutela que ahora se
impugna, que este tribunal no valoró conforme a la sana crítica las
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mencionadas pruebas […]”.
Precisó que si bien de esos documentos se evidencia que el
nombramiento y posesión para ejercer el cargo de docente de la
actora fue realizado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla a través
de la Secretaría de Educación Distrital, lo cierto es que los Formatos
Únicos para la expedición de certificado de historia laboral obrantes
en el expediente dan cuenta de forma clara y precisa que la
vinculación de la señora DAZA CÁRDENAS era de tipo nacional.
Sostuvo que de igual forma “[…] mediante certificación expedida por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se hace constar que la
vinculación de la señora Daza Cárdenas corresponde a la “categoría
de docente nacional” […]”.
Destacó que el Formato Único para la expedición de Certificado
laboral expedido por el FOMAG, así como el certificado expedido por
el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, son
documentos que gozan de validez, porque no fueron tachados de
falsos por alguna de las partes dentro del proceso ordinario.
Expuso que, con base en lo anterior, era posible concluir que la
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vinculación de la actora como docente desde el 6 de marzo de 1997
hasta el 26 de abril de 2018, fue de carácter nacional y, por ende,
los tiempos laborados en tal condición no pueden tenerse en cuenta
para efectos de reconocer la pensión gracia.
Anotó que los precedentes citados como desconocidos también
permiten que el tipo de vinculación se acredite con la certificación de
la autoridad nominadora, por lo cual los documentos que tuvo en
cuenta para tal efecto eran idóneos, porque el “[…] Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio señaló de forma clara y
precisa que la vinculación de la docente Reymina Daza Cárdenas era
NACIONAL. Así mismo, en documentación remitida el 20 de abril de
2022 por la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, se
dejó constancia de lo siguiente: “docente de vinculación NACIONAL
[…]”.
Por último, adujo que, en la medida en que la actora alegaba el
desconocimiento de precedentes contenidos en sentencias de
unificación, era procedente el recurso de unificación de
jurisprudencia, previsto en el artículo 256 del CPACA.
III.2.- La UGPP indicó que la sentencia proferida en primera
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instancia desconoce la competencia y autonomía del juez natural de
la causa, el principio de cosa juzgada y el hecho de que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia alterna al recurso
extraordinario de revisión con el que cuenta la actora para cuestionar
la providencia origen de la controversia.
Arguyó que en razón a que ni el Decreto número 0685 de 25 de
febrero de 1997 y ni el acta de posesión respectiva indican
expresamente el tipo de vinculación de la accionante, el TRIBUNAL
se remitió a verificar la certificación de FOMAG y lo expresado por el
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Anotó que no es procedente el reconocimiento de una pensión gracia
con vinculación nacional conforme con la normatividad aplicable, por
lo que la actora no es beneficiaria de dicha prestación conforme con
las certificaciones que tuvo en cuenta el TRIBUNAL para tal efecto.
Expuso que la acción de tutela es improcedente, dado que no se
configura ninguno de los presupuestos especiales para tal efecto, por
lo que debe darse alcance a los principios de cosa juzgada, autonomía
del juez natural y sostenibilidad financiera del sistema pensional.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
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que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 16 de diciembre de 2022, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080013333007-2018-
00216-01, a través de la cual el TRIBUNAL confirmó la decisión de
primera instancia que negó el reconocimiento de una pensión gracia.
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El disenso de la actora subyace del hecho de que, en su sentir, en la
sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, en particular,
porque no valoró los actos de nombramiento y posesión que
fundamentaron su vinculación como docente territorial al haber
prestado sus servicios en un colegio distrital de Barranquilla.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación estudió el fondo del asunto y concluyó que fueron
configurados los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
judicial, comoquiera que el TRIBUNAL no analizó el acto de
nombramiento y el acta de posesión aludidas por la actora para
determinar la naturaleza de su vínculo laboral.
En sus impugnaciones el TRIBUNAL y la UGPP indicaron, por una
parte, que la acción de tutela era improcedente y, por otra, que si
bien no se hizo un análisis extenso a las pruebas referidas, en el
expediente habían certificaciones sobre el tipo de vinculación de la
actora como docente nacional, esto último que no daba lugar al
reconocimiento de la pensión gracia.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados,
e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente
judicial al haber proferido la sentencia de 16 de diciembre de 2022,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080013333007-2018-
00216-01.
La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
configuraron los defectos alegados; contra la decisión cuestionada
no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable9, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Visto que el presente asunto cumple con los requisitos de
procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados, así como a algunas generalidades sobre el régimen de la
pensión gracia, para enseguida efectuar el estudio del fondo del
asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201310, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
10
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
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con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente11 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
11
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
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la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial12.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)13.
De la pensión gracia
Esta prestación inicialmente fue creada en la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de escuelas primarias que hubiesen servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años. Posteriormente a
través de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 fue extendida a los
12
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
13
Ver sentencia T-292 de 2006.
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empleados y profesores de las Escuelas Normales, de Enseñanza
Secundaria y a los Inspectores de Instrucción Pública.
La pensión gracia tuvo como objeto equilibrar los ingresos de los
maestros de primaria del sector oficial que eran menores en relación
con aquellos educadores cuyas prestaciones estaban a cargo de la
Nación.
Respecto de los antecedentes históricos de la pensión gracia, la
finalidad del legislador al crear dicha prestación y los requisitos para
su reconocimiento, en sentencia de 11 de mayo de 202314, la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación indicó:
“[…] La Ley 114 de 1913, creó la pensión gracia, como un
reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad
educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros
requisitos, 20 años de servicio en establecimientos educativos
oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o
recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de
edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la
docencia con honradez, consagración y que observara buena
conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta
Corporación8 , señaló que «(…) el propósito de esta pensión fue
compensar los bajos niveles salariales que percibían los
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”,
sentencia de 11 de mayo de 2023, CP Juan Enrique Bedoya Escobar, número único de radicación 15001-
23-33-000-2019-00354-01.
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profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados
directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en
virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba
en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la
secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, en sus
artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia
a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de
instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida
por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos
relevantes sobre la pensión, así:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de
la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras
cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra
pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte
de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de
1913). Despréndase de la precisión anterior, de manera
inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a
favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que
no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los
únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales.»
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación
que instituyó la Ley 43 de 197512 y en línea de lo dispuesto por
el artículo 15 de la Ley 91 de 198913, en la referida providencia
de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe reconocerse
a los docentes nacionalizados, con el fin de «(…) colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980».
[…]
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que
permite obtener el beneficio pensional en comento, en este
punto, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en
sentencia de unificación del 21 de junio de 201817, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la
Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía
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la Nación a las entidades territoriales para atender al
sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma
exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada
por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto
de vinculación del docente haya intervenido el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de
las rentas de la respectiva localidad, o de las - situado fiscal-
cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en
los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar
con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial »
[…]
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben
acreditar: (i) una experiencia docente antes del 31 de diciembre
de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada,
(ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial o
nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su
desempeño como docente. No se puede exigir haber completado
los requisitos ni encontrarse vinculado en la fecha señalada,
teniendo en cuenta que pueden ser computados los tiempos
laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de
servicio sea continuo […]”.
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De conformidad con lo expuesto, para que proceda el reconocimiento
de la pensión gracia en las condiciones normativas actuales, el
solicitante debe cumplir cinco claros requisitos: 1) que tenga más de
50 años de edad; 2) que haya laborado al menos 20 años como
docente territorial o nacionalizado; 3) que tenga una vinculación de
carácter territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980; 4) que haya tenido una buena conducta durante
el desempeño de sus labores como docente y; 5) que no esté
recibiendo otra pensión de carácter nacional.
Caso concreto
La divergencia en el presente asunto deviene del hecho de que el
TRIBUNAL determinó que la actora no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que no cumplió con el
requisito de haber prestado sus servicios como docente territorial o
nacionalizado durante 20 años, comoquiera que, en su sentir, en el
tiempo transcurrido entre el 6 de marzo de 1997 y el 26 de abril de
2018 el vínculo fue de carácter nacional, conforme con el siguiente
análisis:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, se pasa a evaluar las
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siguientes pruebas que reposan en el expediente:
• Resolución No. RDP038521 de 9 de octubre de 2017, expedida
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a través de
la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación gracia solicitada por la señora Reymina Isabel Daza
Cárdenas.
• Resolución No. RDP 047838 de 22 de diciembre de 2017 del
Director de Pensiones de la UGPP, por la cual se confirma en
todas sus partes la Resolución No.038521 de 9 de octubre de
2017.
• Certificación fechada 19 de abril de 2017, suscrita por la
Subsecretaría de Talento Humano del Departamento del
Atlántico, a través de la cual se hace constar que la señora
Reymina Isabel Daza Cárdenas, identificada con cédula No.
32.626.496, prestó sus servicios al Departamento del Atlántico
“Nombrada en el cargo de Directora Interina por el término de
sesenta (60) días contados del 1 de febrero, hasta el día 1 de
abril del año 1979, en la Escuela No. 1 de Niñas de Soledad,
mediante Resolución No. 015 del 17 de enero de 1979,
posesionada el día 30 de enero 1979”.
• Formato Único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 26 de abril de 2018, por Yulid Ruiz Ossio,
Jefe Oficina Gestión Administrativa Docente - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en el cual se señalan las
siguientes novedades: Tipo de vinculación: Nacional. Tipo de
nombramiento: Propiedad. Establecimiento educativo actual o
último del que fue retirado: Colegio Distrital Alfonso López.
Grado de escalafón: 14.
• Decreto 0685 de 25 de febrero de 1997, expedido por el Alcalde
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Distrital de Barranquilla, por el cual se nombró en propiedad
para ejercer el cargo de básica primaria en el Distrito de
Barranquilla a la señora Reymina Isabel Daza Cárdenas.
• Acta de Posesión No. 1596 de 6 de marzo de 1997, suscrita
por el Secretario Distrital de Educación de Barranquilla y la
señora Reymina Isabel Daza Cárdenas. “con el objeto de tomar
posesión del cargo de: docente concurso 630 plazas. EN: Centro
de Educación Básica No. 146”.
• Formato Único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 31 de marzo de 2022, por Gianny Warff
Samper, Jefe Oficina Gestión Administrativa Docente- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que
consta lo siguiente:
• Oficio No. 2-2022-049259 de 25 de octubre de 2022, suscrito
por el Director General de Regulación Económica de la Seguridad
Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del
cual certifica:
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En el caso que nos ocupa, las pruebas obrantes dentro del
expediente acreditan que la señora Reymina Isabel Daza
Cárdenas laboró como docente y cumple con el requisito de
haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.
Igualmente, se observa que a la fecha en que elevó la solicitud
para que le reconocieran la pensión gracia ante la UGPP (23 de
junio de 2017), contaba con más de 20 años de servicio.
Ahora, teniendo en cuenta los Formatos Únicos para la
expedición de Certificado Laboral allegados al expediente se
tiene que la señora Reymina Isabel Daza Cárdenas laboró como
directora de una institución educativa departamental desde el 1
de febrero de 1979 hasta el 1 de abril del año 1979.
Del mismo formato se concluye que el periodo de tiempo
transcurrido entre el 6 de marzo de 1997 hasta el 26 de 2018,
fue por vinculación de “TIPO: NACIONAL”. Lo anterior se
confirma con lo indicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en el que se sostiene que la vinculación de la señora
Daza Cárdenas corresponde a la “categoría de docente
nacional”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene en el sub-lite que la
vinculación de la señora Reymina Isabel Daza Cárdenas en el
periodo comprendido entre el 6 de marzo de 1997, cargo que
desempeñó hasta el 25 de abril de 2018, fue de carácter nacional
y por ende los tiempos laborados en tal condición no pueden
tenerse en cuenta para efectos de reconocer la pensión gracia.
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Al respecto el Consejo de estado en sentencia de 1 de marzo de
2018, señaló:
[…]
Se agrega que si bien la señora Reymina Isabel Daza Cárdenas,
prestó sus servicios al Departamento del Atlántico como
directora de una institución educativa, con ese periodo no
alcanzaría a cumplir el requisito de haber prestado sus servicios
como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por el término de veinte (20) años […]”.
De la transcripción en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL
concluyó que durante el tiempo transcurrido entre el 6 de marzo de
1997 y el 26 de abril de 2018, la vinculación de la actora fue de
carácter nacional, con base en la información que constaba en el
Formato Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral,
expedido el 31 de marzo de 2022 por FOMAG, así como en el Oficio
núm. 2-2022-049259 de 25 de octubre de 2022, suscrito por el
Director General de Regulación Económica de la Seguridad Social del
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Asimismo, en la relación de pruebas de la providencia cuestionada, el
TRIBUNAL enlistó el Decreto 0685 de 25 de febrero de 1997,
expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, por el cual se nombró
a la actora en propiedad para ejercer el cargo de docente de básica
primaria en el Distrito de Barranquilla, así como la respectiva acta de
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posesión.
Ahora bien, frente a la prueba idónea para demostrar la calidad de
vinculación laboral de los docentes interesados en que se les
reconozca la pensión gracia, la SECCIÓN SEGUNDA del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 21 de junio de 201815, señaló
lo siguiente:
“[…]
3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
[…]
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 21 de junio
de 2018, CP Carmelo Perdomo Cuéter, número único de radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014).
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directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado
fiscal, hoy sistema general de participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada
cualquier decisión que en sentido disímil haya adoptado alguna
de las salas de subsección en el pretérito […]”
La anterior regla de unificación permite determinar que para
establecer la calidad de vinculación laboral del interesado, las
pruebas que se deben tener en cuenta son los actos
administrativos por medio de los cuales se acredite con suficiente
claridad la plaza ocupada por la docente o, en su defecto (expresión
que denota exclusión, es decir, que de dos opciones solo puede ser
una y no las dos a la vez), se debe valorar la certificación
correspondiente expedida por la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca el tipo de vinculación16.
En el presente caso, pese a que dentro del expediente obraba el acto
de nombramiento y el acta de posesión que soportaban los servicios
16
Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
febrero de 2020, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04032-01(AC)
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que la actora prestó desde el 6 de marzo de 1997, el TRIBUNAL se
limitó a enlistar dichos documentos, pero no hizo ningún análisis de
su contenido para determinar el carácter del vínculo, sino que optó
por dar alcance indiscutible a las certificaciones que sobre ese
aspecto fueron allegados por el FOMAG y el MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, sin explicar las razones por las
cuales descartaba lo evidenciado en aquellos elementos de juicio de
cara a una posible imprecisión.
En efecto, respecto de las imprecisiones entre las certificaciones
emitidas por el FOMAG y el contenido de los actos de nombramiento
en relación con la naturaleza del vínculo laboral, en la sentencia de
unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, La
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación17 señaló:
“[…] La certificación suscrita el 21 de enero de 2016 por el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio contiene una imprecisión
en el sentido de indicar que la vinculación de la accionante es
«nacional» y «municipal»; sin embargo, la aparente
contradicción quedó aclarada por las demás pruebas aportadas
al plenario, especialmente los actos de nombramiento, los cuales
permiten concluir que la actora ocupó plazas docentes
nacionalizadas y territoriales y fue designada como educadora
por autoridades de ese orden.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de
agosto de 2022, CP Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación 15001-23-33-000-
2016-00278-01.
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122. La anterior conclusión es respetuosa del criterio establecido
en la aludida providencia de unificación del 21 de junio de 2018
en la cual se determinó que «lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».
123. A su vez, en dicha sentencia se explicó que para
demostrar la calidad de docente territorial «se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter
territorial»[…]”(Destacado dentro del texto)
De igual forma en sentencia de 2 de diciembre de 202118, la
SECCIÓN SEGUNDA respecto del tema en discusión indicó:
“[…] Ahora bien, de una revisión integral del acervo probatorio
se tiene que la última certificación allegada por la entidad
accionante en la que sostiene que el causante era del orden
nacional, no resulta ser suficiente para desvirtuar la naturaleza
del vínculo laboral del señor villar sierra y mucho menos para
anular el acto acusado, comoquiera que los elementos de juicio
aportados al plenario demostraron fehacientemente el vínculo
territorial que tuvo el pensionado, los cuales deben leerse a la
luz de la sentencia de unificación en cita […]”.
Corolario a lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, el
TRIBUNAL desconoció las sentencias de unificación aludidas e
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia
de 2 de diciembre de 2021, CP
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incurrió en el defecto fáctico, comoquiera que no hizo un análisis del
acto de nombramiento que soportó los servicios que la actora prestó
desde el 6 de marzo de 1997, así como el acta de posesión
respectiva, con la finalidad de determinar el carácter del vínculo
laboral.
La Sala precisa que, tal y como lo indicó el a quo, lo anterior “[…] no
implica que el Tribunal deba indefectiblemente acceder a las
pretensiones de la demanda, pues el amparo se dirige a que aquel
valore el Decreto núm. 0685 de 25 de febrero de 1997 y el Acta de
Posesión 1596 del 06 de marzo de la misma anualidad, pruebas
enlistadas en la providencia objeto de discusión, pero no analizadas
[…]”, en particular, para que descarte o dirima sobre una posible
contradicción respecto de las pruebas que tuvo en cuenta para
determinar el carácter del vínculo laboral.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión impugnada que
concedió el amparo deprecado por la actora, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala, de conformidad con lo previsto
en el artículo 120 del Código General del Proceso19, modificará el
numeral tercero de la sentencia impugnada por cuanto le dio un
término de 20 días a la autoridad judicial accionada para proferir la
nueva decisión y, en su lugar, se le ordenará al Tribunal
Administrativo del Atlántico que dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una
nueva sentencia conforme a las directrices aquí señaladas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
“[…] ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES
POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los
jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las
sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para
tal fin […]”.
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SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia
impugnada, el cual quedará así:
“[…] Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico
que, en el término de cuarenta (40) días siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, profiera una nueva providencia en
la que tenga en cuenta las consideraciones jurídicas expuestas
en este fallo […]”.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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