Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01487-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Desconocimiento del precedente: no se configura en este caso porque la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01487-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01487-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
8 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., mayo ocho (08) de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202301487 00
Accionante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura en este caso porque la
autoridad judicial accionada expuso las razones por las que se apartó de la postura del
Consejo de Estado.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM-1, de conformidad con
el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 22 de marzo de 2023, EPM, por conducto de apoderado judicial, instauró
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y el
principio de seguridad jurídica.
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Que ingresó para fallo el 13 de abril de 2023.
Radicación número: 110010315000202301487 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, EPM
demandó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -se vinculó a la
sociedad Fabricato S.A. como tercero interviniente-, con el fin de que se declarara
la nulidad de la Resolución SSPD201558300000615 del 30 de enero de 2015,
“mediante la cual se dispuso la reliquidación de la factura del período comprendido
entre el 12 de abril y el 13 de mayo de 2014 y la factura del mes de junio de 2014,
correspondientes a la suscripción del contrato 4529601 del predio ubicado en la
carrera 50 38-201 del municipio de Bello”.
A título de restablecimiento del derecho, se solicitó que se le ordenara a la
Superintendencia reconocer y pagar a la demandante la suma de $65’480.029,44
-valores pagados a la compañía Fabricato S.A.-, debidamente indexada y los
intereses legales, comerciales y moratorios causados sobre dicha suma.
Mediante sentencia del 5 de junio de 2017, el Juzgado 1° Administrativo de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda.
Contra esa decisión, la parte demandada y la tercera interviniente interpusieron
sendos recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el que,
por medio de proveído del 22 de septiembre de 2022 -con salvamento de voto de
uno de los integrantes de la Sala-, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
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Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La entidad accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente, porque se apartó de los precedentes judiciales
-horizontales y verticales- “sobre el tema de vertimientos de grandes clientes y la
facturación de los mismos”, sin exponer las razones de su decisión.
Agregó que se configuró este defecto, porque se desconocieron los siguientes
pronunciamientos:
● Sentencia de 28 de septiembre de 2017 (radicación 2010-000115-01), en la que
la Sección Primera del Consejo de Estado refirió que “el cobro del consumo de
alcantarillado no se liquida a partir de la medición individual de los vertimentos
realizados por el usuario…”, toda vez que la Resolución CRA 287 de 2004
estableció la metodología para regular el cálculo de los costos de prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado; además, dispuso que “el cobro del
servicio de alcantarillado se factura con base en el consumo de acueducto y
fuentes alternas, correspondiente al año base”.
● Sentencia del 22 de septiembre de 2016 (radicación 2013-00423), a través de la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado indicó que para el cobro del
servicio de alcantarillado “se debe tener como parámetro de medición el
consumo del servicio de acueducto y que no es viable aplicar un parámetro
distinto a éste en el cual el cobro del consumo de alcantarillado se realice a
partir de la medición directa del volumen de vertimentos, dado que no existe
una regulación específica expedida por la CRA para efectos de realizar por
razones técnicas y económicas… ”.
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Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
● Sentencia del 19 de marzo de 2015 (radicación 2013-0016), mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció en los mismos términos
de la decisión anterior.
● Sentencia del 16 de octubre de 2014 (sin radicado), en la que la Sección
Primera del Consejo de Estado fijó la medición del consumo de servicio público
de alcantarillado.
● Sentencia del 15 de mayo de 2014 (radicación 2005-01399-01), por medio de la
cual el Consejo de Estado indicó que “para la facturación del servicio de
alcantarillado, no puede ser tenido en cuenta un parámetro distinto al
establecido por la CRA en la Resolución 151 de 2001, esto es, tener el
consumo del servicio de acueducto como base de liquidación para el cobro del
servicio de alcantarillado”.
Explicó que la decisión cuestionada se apartó de la postura del Consejo de Estado
al afirmar que la incorporación de la categoría de “gran consumidor no residencial”
reviste especial relevancia debido a que “no todos los usuarios del servicio de
alcantarillado se encuentran en las mismas condiciones, en tanto existen algunos
que poseen fuentes adicionales de agua que descargan parcialmente en el
sistema de alcantarillado. Por esta razón, a esta clase de usuarios no resulta
procedente aplicarles la previsión contenida en el parágrafo único del artículo
3.2.3.6 de la Resolución CRA 151 de 2003”.
Dijo que la corporación judicial accionada no precisó cuál es la decisión de la que
se aparta y menos aún puede establecerse la motivación que tuvo para ello, bajo
el entendido de que citó un decisión dictada el 22 de noviembre de 2012 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, pero después afirma que “la misma
sentencia de la cual me aparto cita una sentencia proferida… el 19 de marzo de
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2015, que a su turno, cita otra de 15 de mayo de 2014…lo que no tienen ninguna
lógica en cuanto las fechas”.
Añadió que la autoridad judicial accionada no cumplió con la carga argumentativa
que se le exige para apartarse de un precedente -horizontal o vertical-, pues “de la
motivación de la sentencia no se encuentra que exista un estudio juicioso que
justifique la posición adoptada”.
Adujo que, de acuerdo al precedente judicial, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios no tiene competencia para regular el tema tarifario y el
método que se debe aplicar para determinar los consumos de alcantarillado para
grandes clientes, por lo que se le estarían reconociendo facultades por fuera de
las constitucional y legalmente establecidas.
Sostuvo que la decisión cuestionada se fundamentó en una sentencia proferida el
15 de julio de 2019 por la Sección Primera del Consejo de Estado “… que versa
sobre la regulación del servicio de energía y que ninguno de los supuestos
planteados tiene similitud con el tema tratado”.
Refirió que aun cuando entre las partes se hubiese suscrito un acuerdo especial
para la medición del servicio de alcantarillado, la voluntad para definir esas
condiciones se encontraba limitada porque la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico es la única entidad competente para definir la
metodología tarifaria y establecer los parámetros de estimación del consumo, por
ser una actividad denominada por la ley como regulada.
Señaló que “otro aspecto relevante a tener en cuenta, al momento de definir el
carácter vinculante del precedente, guarda relación con la conformación de las
salas del Tribunal Administrativo de Antioquia; las que han sido integradas en
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orden alfabético de acuerdo con el apellido de los magistrados”; sin embargo, por
la creación de dos despachos en esa corporación -a partir del 1° de agosto de
2022- se alteró dicho orden “lo que explica que el magistrado Daniel Montero
Betancur, en compañía del Dr. Jorge León Arango Franco (Susana Nelly Acosta
Prada salvó el voto), como integrantes de la Sala Quinta de Oralidad, se apartaran
del precedente horizontal y vertical para proferir la sentencia del 22 de septiembre
de 2022, la cual modificó la posición imperante en este tribunal”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia del 28 de marzo de 2023, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como
terceros con interés, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a
la sociedad Fabricato S.A.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia hizo un recuento de los argumentos en
los que fundamentó la decisión de revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda; concluyó que el análisis del caso
se efectuó a la luz de los principios que consagran la ley de servicios públicos y de
las normas regulatorias expedidas por la CRA.
Refirió que en la providencia cuestionada se consignaron las razones por las que
se consideró que, en este caso específico, era posible cobrar el servicio de
alcantarillado con base en el aforo individual del servicio y no con base en el aforo
del servicio de acueducto, según la regla general a la que alude el Consejo de
Estado en varios pronunciamientos.
Mencionó que debía tenerse en cuenta que la Sección Primera del Consejo de
Estado, en varios de sus pronunciamientos -incluso citados como desconocidos
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por la tutelante-, ha sostenido que cuando se instalan instrumentos de medición
técnica individual avalados por la CRA, es viable facturar el valor del servicio de
alcantarillado de forma individual y no con base en el aforo del acueducto, lo que
sucedió en el caso resuelto por la corporación.
Refirió que la discrepancia de la entidad accionante es con la postura jurídica de la
sala y el alcance jurídico que se le dio a las normas analizadas, al punto de que se
afirma que la Sala se apartó del precedente “pero no se hace un análisis jurídico y
no expone las razones por las cuales estima equivocada la posición de la Sala a la
luz de las normas legales y reglamentarias que regulan la materia”.
Dijo que ello evidencia que se pretende emplear la acción de tutela como una
tercera instancia para reabrir el debate jurídico definido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sin tener en cuenta que, el hecho de que la decisión
no le sea favorable, no significa que se configure alguna de las causales que
hacen procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
Afirmó que “la decisión estuvo suficiente y debidamente razonada y de ello da
cuenta la misma sentencia acusada”.
Finalmente, expuso que no se cumple con el requisito de la inmediatez, porque la
sentencia atacada se notificó el 22 de septiembre de 2022 y la demanda de tutela
se radicó el 23 de marzo de 2023.
4.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque el Tribunal
Administrativo de Antioquia dictó la decisión que se cuestiona y, en ese sentido, no
existe “coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el
sujeto frente a quien dicha conducta se reclama”.
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Con todo, afirmó que no se cumple con el requisito de la inmediatez, porque “la
accionante discute aspectos con varios meses trascurridos, con lo que se
demuestra con total claridad la no afectación de ningún derecho fundamental…”
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 22 de septiembre de 2022, tras considerar que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, porque desatendió los parámetros fijados por el Consejo de Estado a
través de diferentes pronunciamientos respecto a la facturación del servicio
público de alcantarillado.
Se ha establecido que este defecto se configura cuando una autoridad judicial se
aparta del precedente, sin exponer, de manera suficiente y proporcionada, las
razones de su decisión2.
En la decisión cuestionada el Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo
(transcripción de forma literal):
3.- De la facturación del servicio público de alcantarillado.
Uno de los aspectos medulares de la Constitución Política de 1991 es el
atinente a la prestación de los servicios públicos, los cuales según lo previsto
en el artículo 365 ‘son inherentes a la finalidad social del Estado’, por lo cual
es deber de este ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional’.
A su vez, por voluntad del constituyente, en la misma norma se dispuso que
los servicios públicos estarían sometidos al régimen jurídico fijado en la ley,
podrían ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; pero, en todo caso, el Estado
mantendría la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
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Sentencia SU–631 de 2017.
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Respecto a los servicios públicos domiciliarios, su regulación se encuentra
contenida en la ley 142 de 1994, la cual, de conformidad con lo previsto en su
artículo 1, se aplica a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, distribución de gas combustible y alcantarillado. Este último fue
definido en el artículo 14.23 de la ley, como ‘la recolección municipal de
residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos’. A su
vez, la citada ley regula de manera detallada lo concerniente a los principios
generales que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios, sus
prestadores, el régimen de sus actos y contratos, el ejercicio de la regulación,
control y vigilancia por parte del Estado, el régimen tarifario, las características
del contrato de servicios públicos, entre otros aspectos.
Entre los temas que reviste mayor trascendencia en materia de servicios
públicos domiciliarios se encuentra el referente al cálculo de las tarifas y el
cobro del precio del servicio. Se trata de un asunto álgido y de suma
complejidad, como quiera que comprende de manera simultánea la necesidad
de garantizar la suficiencia financiera y los derechos de los consumidores y
usuarios de los servicios; además, en lo que tiene con el régimen tarifario del
servicio de alcantarillado, la dificultad se presenta porque no todos los
usuarios se encuentran en la misma situación.
En todo caso, tanto la ley 142 de 1994, como sus decretos reglamentarios y
las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico han desarrollado una normatividad encaminada a
procurar que el consumo sea efectivamente medido y que ese factor sea el
criterio determinante para fijar el precio del servicio, tal como lo ordena la
citada ley 142.
Es así como, el artículo 9 ibídem consagra en su numeral 9.1, el derecho de
los consumidores de ‘obtener de las empresas [prestadoras] la medición de
sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro
de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora, con
atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías
de los municipios establecida por la ley’. Esta previsión guarda consonancia
con lo dispuesto en el artículo 146 de la misma ley, que para mayor claridad y
por su importancia, se transcribe en sus apartes pertinentes para el caso sub
judice: (…)
De conformidad con las disposiciones citadas en precedencia, se tiene que,
tanto la empresa prestadora, como los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios – entre los cuales se encuentra el de alcantarillado- tienen
derecho a que los consumos se midan mediante los instrumentos tecnológicos
apropiados e igualmente, a que el consumo sea el elemento principal del
precio que se cobra al usuario. De igual forma, se advierte que el inciso sexto
del artículo 146 de la ley 142 de 1994, señaló que los parámetros para
determinar el consumo del servicio de alcantarillado serían fijados por la
comisión de regulación correspondiente, que para el caso es la Comisión de
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Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA-, creada mediante
el artículo 69.1 de la citada ley.
A su turno, el artículo 73 de la ley 142 de 1994, que contempla las funciones
de las comisiones de regulación y señala lo siguiente en sus numerales 73.11
y 73.11: (…)
Además de estas disposiciones, debe tenerse en cuenta que el gobierno
nacional reglamentó la ley 142 de 1994 en materia de prestación del servicio
público de acueducto y alcantarillado mediante el decreto 302 de 2000, el cual
en su artículo 17 ordenó la instalación de medidores para grandes
consumidores, en los siguientes términos: (…)
La disposición citada constituye una materialización del derecho de los
usuarios y específicamente de los ‘grandes consumidores’ a que el consumo
sea medido y a que sea el factor determinante para fijar el precio del servicio.
Siguiendo esta misma teleología, la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico profirió las resoluciones CRA 151 de 2 de marzo de
2001, CRA 271 de 17 de diciembre de 2003 y CRA 287 de 25 de mayo de
2004. La primera de ellas, consagró en su artículo 1.2.1.1 la definición de
‘gran consumidor no residencial’, en los siguientes términos: (…)
La incorporación de la categoría de ‘gran consumidor no residencial’ reviste
especial relevancia, pues como ya se señaló, no todos los usuarios del
servicio de alcantarillado se encuentran en las mismas condiciones, en tanto
existen algunos que poseen fuentes adicionales de agua que descargan
parcialmente en el sistema de alcantarillado. Por esta razón, a esta clase de
usuarios no resulta procedente aplicarles la previsión contenida en el
parágrafo único del artículo 3.2.3.6 de la resolución CRA 151 de 2003, según
el cual ‘la cuenta de alcantarillado de los usuarios que no lo sean del servicio
de acueducto o que siéndolo posean fuentes adicionales de agua que
descarguen en el sistema de alcantarillado, se liquidará con base en el aforo
del total de agua consumida’. Se afirma que no es procedente aplicarles esta
previsión, pues, al no verter a las redes de alcantarillado la misma cantidad de
agua que consumen, el consumo del servicio y el cobro de la tarifa de
alcantarillado no puede derivarse directamente del consumo del servicio de
acueducto. De lo contrario, la empresa de servicios públicos se estaría
enriqueciendo de forma injusta, pues si el agua vertida al sistema de
alcantarillado es menor al ingreso registrado en el acueducto, incluyendo las
fuentes propias, alternas o adicionales, el cobro no guarda correspondencia
con el servicio utilizado.
El artículo 1.2.1.1 de la resolución CRA 151 de 2001 fue modificado por la
resolución CRA 271 de 2003, por lo cual la definición de ‘gran consumidor’ fue
establecida en los siguientes términos: (…)
Finalmente, mediante la resolución 287 de 2004, la CRA estableció la
metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los
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servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, en su artículo 13, la
siguiente fórmula para calcular el costo del servicio de alcantarillado y precisó
que el factor AVal es igual a ‘la sumatoria de vertimientos facturados por el
prestador, asociados al consumo de acueducto y fuentes alternas,
correspondiente al consumo base’; no obstante, la resolución CRA 287 no
modificó ni derogó las disposiciones de la resolución CRA 271 de 2003 sobre
los grandes consumidores no residenciales (artículo 1.2.1.1.).
De conformidad con las disposiciones que se acaban de analizar, se concluye
lo siguiente: i) Los usuarios del servicio público de alcantarillado tienen
derecho a que el consumo sea medido y a que sea esa la base para
determinar el precio del servicio. ii) Una de las manifestaciones de este
derecho, es la existencia de la categoría de ‘grandes consumidores’, quienes
por las circunstancias especiales en las que hacen uso del servicio, tienen
derecho a que el consumo sea medido con base en el aforo de los
vertimientos que efectivamente realizan a la red de alcantarillado, para lo cual
pueden hacer uso de los instrumentos de medición idóneos, como lo prevé el
artículo 17 del decreto 302 de 2000 y la resolución CRA 271 de 2003. La
interpretación que aquí se señala se ciñe a la lógica, comoquiera que, si
según el artículo 14.23 de la ley 142 de 1994, el servicio público de
alcantarillado es ‘la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos,
por medio de tuberías y conductos’, carecería de sentido que a los grandes
consumidores se les cobrara más de lo que efectivamente han vertido en la
red.
No tendría sentido, por ejemplo, que una empresa embotelladora de líquidos
deba pagar por concepto de alcantarillado el mismo aforo registrado por
concepto de acueducto, pues, como es obvio, la mayor parte del agua aforada
es utilizada en la producción de sus bebidas y, por ende, no salen por los
alcantarillados de la prestadora del servicio público.
Ahora, podría pensarse, en principio, que al margen de que el agua que se
utiliza en la transformación de elementos para elaborar un producto no sea
vertida por las redes de alcantarillado de la empresa prestadora del servicio
público, como sucede, por ejemplo, en una empresa embotelladora de
líquidos, sí lo sea en cuando el producto sea consumido por el usuario final,
de modo que podría hablarse de la responsabilidad extendida del productor y,
por consiguiente, se justificaría cobrar el aforo del alcantarillado en igual
proporción que el aforo de acueducto; pero tal argumento resulta débil, porque
si el producto final es exportado del país o vertido en lugar distinto al lugar de
cobertura de la empresa prestadora del servicio público de acueducto y
alcantarillado ¿se justificaría que la empresa cobrara por un vertimiento que
jamás se realizó en su redes?. ¿no habría un claro enriquecimiento sin causa
por parte de la empresa prestadora del servicio público?.
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La Sección Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre el tema en
sentencia de 22 de noviembre de 20023, en la cual señaló que ‘la tarifa para el
cobro del servicio de alcantarillado debe determinarse con base en el aforo de
los vertimientos, cuando el usuario no residencial ha solicitado su medición’ y
además, que ‘no hay razón válida para sostener que existen impedimentos
técnicos que impiden aforar los vertimientos de grandes consumidores no
residenciales, máxime cuando la normativa que en desarrollo de la Ley 142 ha
expedido la CRA contempla para estos el derecho de solicitar su medición’.
Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios tienen derecho ‘a no ser afectados con cobros
que no corresponden a los consumos de servicios’4.
Paradójicamente, la misma sentencia de la cual me aparto cita una sentencia
proferida la Sección Primera del H. Consejo de Estado el 19 de marzo de
2015 (exp. 2013-00416) que, a su turno, cita otra de 15 de mayo de 2014
(exp. 2005-01399-01), en la cual se llega a la conclusión opuesta a la que
sostiene la Sala mayoritaria, pues en dicha sentencia se dijo que:
‘… el suscriptor del servicio y la empresa tienen el derecho y el deber a que se
midan los consumos y (sic) que se empleen para ello instrumentos de medida
técnicamente diseñados para el efecto, a fin que el consumo sea el elemento
principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario. Sin embargo, la citada
ley estipula la posibilidad del cobro del servicio a partir de parámetros que
estimen la producción de residuos (líquidos para el alcantarillado y sólidos para
el servicio de aseo), señalando para el efecto: ‘En cuanto a los servicios de
saneamiento básico y aquellos que por razones de tipo técnico, de seguridad o
de interés social, no exista medición individual, la comisión de regulación
respectiva definirá los parámetros adecuados para estimar el consumo’.
En tal virtud, la CRA por razones técnicas y económicas estableció, a través
de la normas técnicas de regulación, el criterio general de que el consumo del
servicio público domiciliario de acueducto es el parámetro que se debe utilizar
para el cobro del consumo del alcantarillado; pero debe tenerse en cuenta que
esa es una regla general, pero no una obligación, ni la única posibilidad que
plantea el ordenamiento jurídico, como equivocadamente lo entiende la Sala
mayoritaria en la sentencia de la cual me aparto.
Pero, al margen de todo lo anterior, dicha discusión quedó zanjada con la
expedición de la resolución CRA 800 de 2017, pues en dicho acto de
regulación, la comisión, atendiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de los diferentes tribunales administrativos del país, adoptó el procedimiento
para viabilizar la medición de vertimientos de alcantarillado a través de
instrumentos de medición técnica como pilar fundamental para facturar el
servicio de alcantarillado, atendiendo a que clientes industriales que usan el
3
Cita del Original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 22 de noviembre de 2002, expediente 6572, C.P. Camilo Arciniegas Andrade”.
4
Cita del Original: “Corte Constitucional, sentencia SU-1010 de 16 de octubre de 2008, C.P.
Rodrigo Escobar Gil”.
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Radicación número: 110010315000202301487 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
agua de distintas fuentes, como insumo de sus productos finales, se hallan en
situaciones particulares que ameritan un tratamiento diferenciado respecto de
los demás usuarios, en torno al cobro del servicio de alcantarillado, todo lo
cual concreta el derecho del usuario a que se cobre únicamente el consumo
real del servicio prestado; no obstante, el hecho de que a través de la citada
resolución se haya concretado de una forma más precisa el mandato legal
contenido en los artículos 9.1 y 146 de la ley 142 de 1994 no significa que
antes no hubiera sido posible aplicar dichas normas legales, pues,
precisamente, por esa razón la misma ley 142 autorizó a las empresas
prestadoras de servicios públicos para que pactaran, de consuno con el
usuario, en los contratos de servicios públicos, algunas condiciones
particulares o específicas atendiendo a situaciones que escapan del marco de
las condiciones uniformes de la generalidad de los usuarios y, en tal virtud,
esa posibilidad se hallaba contemplada en la resolución CRA 151 de 2001 y
más específicamente en la resolución CRA 271 de 2003 (artículo 1.2.1.1.),
como se dijo anteriormente.
Cosa distinta es que existiera discusión en cuanto a la fórmula tarifaria que se
debía adoptar en esos casos particulares en los cuales se factura con base en
la medición técnica del vertimiento, pero esa no es una situación que, por una
parte, deba trasladarse al usuario final del servicio y, por otra parte, tal
supuesto se hallaba regulado desde la resolución CRA 151 de 2001,
contentiva de la ‘Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo’, modificada parcialmente por la resolución CRA 271 de
2003, pues así lo reafirmó la comisión en la citada resolución CRA 800 de
2017.
4.- De lo probado en el proceso.-
(…)
5.- Del asunto sub examine.-
El a quo declaró la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución
SSPD 20158300000615, de 30 de enero de 2015 expedida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por medio de la cual se
dispuso reajustar el consumo facturado para el período de ‘12 de abril y el 13
de mayo de 2014 y, la factura del mes de junio de 2014’, a favor de Fabricato
S.A.
Para arribar a tal decisión, consideró que la posibilidad de cobrar el servicio de
alcantarillado con base en la medición de los vertimientos efectivamente
realizados cuando se trate de grandes consumidores se encuentra sujeta a la
instalación de equipos de medición de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la CRA, según lo previsto en el decreto 302 de 2000;
además, señaló que si bien se autoriza la instalación de equipos de medición
para quienes son considerados grandes consumidores, ello se hace con base
en los lineamientos que expida la CRA.
13
Radicación número: 110010315000202301487 00
Accionante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por su parte, Fabricato S.A. señaló en el recurso de apelación que Empresas
Públicas de Medellín ha acogido, por más de 6 años, la metodología de cobro
para empresas calificadas como grandes consumidores, con base en su real
vertimiento a la red de alcantarillado, teniendo en cuenta que en su proceso
industrial, el consumo de agua no es el mismo que se vierte al sistema de
alcantarillado; además, indicó que se acordó con Empresas Públicas de
Medellín que el cobro del uso del alcantarillado se realizaría con base en el
promedio que arrojaron los estudios que conjuntamente llevaron a cabo las
partes, situación ésta que no puede ser desconocida por la juez de primera
instancia.
La Sala no comparte el razonamiento expuesto por el juez de primera
instancia, que, por cierto, es idéntico al que esbozó la parte demandante para
deprecar la nulidad del acto administrativo cuestionado, según el cual, la razón
por la que el cobro del servicio de alcantarillado se debe realizar con base en
el aforo de acueducto proveniente de la prestadora de servicios públicos y de
sus fuentes adicionales -en el caso de los grandes consumidores- es por el
hecho de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico no ha ejercido la facultad de regulación respecto del cobro del
alcantarillado de este tipo de usuarios y no es de recibo ese argumento por
tres razones fundamentales: en primer lugar, porque no es cierto que no haya
desarrollo regulatorio en tal sentido, como quedó visto en precedencia, en
segundo lugar, porque una solución como la propuesta por la parte
demandante desconoce abiertamente los derechos de los usuarios
consagrados en la ley 142 de 1994 y, en tercer lugar, porque bajo el mismo
razonamiento podría decirse que si no existiera regulación por parte de la
comisión de regulación respectiva no se podría cobrar el servicio, lo cual es
incorrecto, como incorrecto es afirmar que pueda cobrarse el servicio con igual
rasero para los usuarios residenciales como para los grandes consumidores,
pese a las diferencias existentes entre el consumo de agua y de alcantarillado
por parte de estos últimos.
La solución al problema que se presenta debe darse a la luz de los principios
que consagra la ley de servicios públicos y a la normatividad regulatoria
expedida por la CRA.
En efecto, de conformidad con el análisis normativo expuesto en el acápite
precedente, en virtud de lo dispuesto expresamente en los artículos 9.1. y 146
de la ley 142 de 1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios
tienen derecho a que sus consumos sean medidos con los instrumentos
apropiados y a que el consumo sea el factor determinante para establecer el
cobro del servicio. Ha sido precisamente esta previsión que se constituye en
un principio, la que ha llevado a reconocer la existencia de categorías como la
de ‘grandes consumidores’, a quienes, según lo previsto en el artículo 17 del
decreto 302 de 2000 se les reconoce, también de manera expresa, el derecho
a instalar medidores.
14
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Ahora bien, como ya se expuso, la categoría de ‘grandes consumidores no
residenciales’ fue definida en la resolución CRA 151 de 2001, que fue
modificada por la resolución CRA 271 de 2003. Posteriormente, la CRA
expidió la resolución CRA 287 de 2004, por la cual estableció la metodología
tarifaria para regular el costo de los servicios de acueducto y alcantarillado; si
bien, dicha regulación no se hizo alusión a los ‘grandes consumidores’ de esa
circunstancia no puede inferirse que dicha categoría dejó de existir y que el
precio del servicio de alcantarillado deba calcularse de la misma manera en
todos los casos. A esta conclusión se arriba, por cuanto la resolución 287 en
parte alguna derogó el artículo 1° de la resolución 271 de 2003, que consagra
la definición ‘gran consumidor no residencial del Servicio de Alcantarillado’ y,
además, porque el artículo 17 del decreto 302 de 2000, que consagró el
derecho a instalar medidores para los grandes consumidores, también
continúa vigente.
En el anterior orden de ideas, el hecho de que en la resolución 287 de 2004
no se haya establecido de manera explícita una metodología o fórmula para
calcular el cobro del servicio en el caso de los grandes consumidores, no es
un impedimento para que el consumo se mida con base en el aforo de los
vertimientos efectivamente realizados, pues las reglas son claras: los grandes
consumidores tienen derecho a instalar medidores para medir el consumo del
servicio de alcantarillado –art. 17 del decreto 302 de 2000- y el usuario tiene
derecho a que el consumo se mida y esa sea la base para determinar el
precio del servicio – arts. 9.1 y 146 de la ley 142 de 1994.
De lo anterior, se sigue como conclusión, que, al expedir la resolución SSPD
20158300000615, de 30 de enero de 2015, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios no actuó por fuera de sus competencias, ni modificó los
parámetros para estimar el consumo del servicio de alcantarillado, sino que
simplemente aplicó lo previsto en las normas que se acaban de referir,
especialmente, los mandatos contenidos en la ley 142 de 1994 y las
disposiciones particulares del contrato de servicios públicos celebrado entre
las partes.
Además de lo anterior, en el caso sub judice se acreditó que para el año 2007
Fabricato S.A. instaló un sistema de aforo para medir el volumen de los
vertimientos al sistema de alcantarillado, el cual fue avalado por EPM, como
se infiere de las pruebas relacionadas en los numerales 4.1. y 4.2. Esto quiere
decir, que si bien, la relación entre EPM y la usuaria se regía por un contrato
de condiciones uniformes, las partes acordaron una serie de condiciones
especiales o particulares para medir el consumo del servicio de alcantarillado
y cobrar dicho servicio, acuerdo que es válido, de conformidad con lo previsto
en los artículos 128 y 132 de la ley 142 de 1994, que, en su orden, prescriben
lo siguiente: (…)
Según las disposiciones en comento, las partes pueden celebrar acuerdos
especiales sobre algunas estipulaciones del contrato de servicios públicos, de
tal forma que, estas estipulaciones particulares rigen el contrato junto con las
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Radicación número: 110010315000202301487 00
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condiciones uniformes y la ley. Es tal la importancia que esta última les asigna
a las condiciones especiales, que señala expresamente que ‘cuando haya
conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se
preferirán éstas’5.
Por consiguiente, E.P.M. no podía desconocer el acuerdo al que había llegado
con Fabricato S.A., y menos aún de forma unilateral, como acá lo hizo,
máxime cuando el mismo se ajustaba a lo previsto en la ley 142 de 1994, a las
condiciones especiales de contrato de prestación de servicios públicos, al
decreto 302 de 2000 y a las resoluciones CRA 151 de 2001, 271 de 2003 y
287 de 2004 sobre los derechos de los usuarios, particularmente de los
grandes consumidores. Tal proceder constituye un desconocimiento de los
actos propios y de los principios de buena fe y confianza legítima, en virtud de
los cuales, las autoridades públicas tienen prohibido ‘contravenir sus
actuaciones precedentes y [d]efraudar las expectativas que generan en los
demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a
conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los
compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las
situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas
propias del tráfico jurídico’6.
Lo anteriormente señalado no quiere decir que, las condiciones especiales
pactadas entre las empresas prestadoras de servicios públicos y los usuarios
deben permanecer incólumes bajo cualquier circunstancia; sin embargo,
cuando dichas estipulaciones especiales se ajustan a lo dispuesto en la ley,
como ocurre en el caso sub judice, el prestador del servicio no puede
desconocerlas de manera intempestiva y unilateral.
En consecuencia, habida consideración de lo expuesto, la Sala concluye que
les asiste la razón a las apelantes, Fabricato S.A. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, pues en la calidad de gran consumidora de
Fabricato S.A., ésta tiene derecho a que el consumo del servicio de
alcantarillado se determine con base en el aforo de los vertimientos; por
consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda (subraya y negrilla del original).
5
Cita del original: “En sentencia del 5 de julio de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado,
reiteró que, ‘la relación estatutaria y contractual que dispone el citado artículo 132 atribuye una
regla hermenéutica tendiente a la armonización jerárquica de esta ley con las condiciones
especiales que se pacten con los usuarios, con las condiciones uniformes que señalen las
empresas de servicios públicos y con las normas de los códigos de comercio y civil, poniéndose de
relieve el carácter mixto o, si se quiere, especial del contrato de servicios públicos, de suyo
uniforme, consensual, de tracto sucesivo, oneroso, de adhesión y típico, dado que cuenta con una
regulación sustancial en la ley’ (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado
08001-23-31-000-2003-01881-01)”.
6
Cita del original: “Corte Constitucional, sentencia T-248 de 2008, citada en: Corte Constitucional,
sentencia T-675 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa”.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
La Sala considera que no se incurrió en el defecto propuesto, toda vez que el
Tribunal accionado cumplió los dos requisitos exigidos por la Corte Constitucional
para apartarse de lo decidido en anteriores oportunidades por el Consejo de
Estado.
Al respecto, se ha considerado que “el deber de aplicación del precedente no es
absoluto”, bajo el entendido de que, en observancia de los principios de
independencia y autonomía judicial, el funcionario judicial puede apartarse
válidamente de una regla anterior cuando cumpla dos requisitos. El primero, que
haga referencia expresa al precedente que va a dejar de aplicar y, el segundo, que
explique los motivos por los cuales considera que debe apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía7.
A juicio de la Subsección, la autoridad judicial accionada reconoció que la Sección
Primera del Consejo de Estado ha establecido que “la tarifa para el cobro del
servicio de alcantarillado debe determinarse con base en el aforo de los
vertimientos, cuando el usuario no residencial ha solicitado su medición” y, a su
vez, explicó que esa era una regla general pero no una obligación “ni la única
posibilidad que plantea el ordenamiento jurídico”.
En ese contexto, el tribunal hizo referencia a los pronunciamientos que, incluso, se
alegan como desconocidos y advirtió que en ello se aclaró que el suscriptor y la
empresa tienen el deber y el derecho a que se midan los consumos, con los
instrumentos técnicamente diseñados para ello, con el fin de que “el consumo sea
el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario”. Lo que,
según la interpretación -razonada- de la autoridad judicial accionada implica que
es viable facturar el servicio de alcantarillado de forma individual y no con base en
el aforo del acueducto.
7
Sentencia SU–631 de 2017.
17
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Observa la Sala que, para arribar a esa conclusión, la autoridad judicial accionada
efectuó un análisis suficiente respecto de la facturación de los servicios públicos,
el que definió como “un asunto álgido y de suma complejidad”, porque se
involucra, de un lado, la necesidad de garantizar la suficiencia financiera y, del
otro, los derechos de los consumidores y usuarios del servicio.
En desarrollo de dicho análisis el tribunal afirmó que, para el caso puntual de los
servicios de alcantarillado, la dificultad en el cobro se presenta porque “no todos
los usuarios se encuentran en la misma situación”, por lo que la Ley 142 de 1994,
sus decretos reglamentarios y en las resoluciones de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento básico, han procurado que el consumo sea
efectivamente medido y que ese factor sea el criterio determinante para el cobro
del servicio.
Según la postura de la autoridad accionada, a los usuarios catalogados como
“grandes consumidores no residenciales” no podía aplicárseles la resolución CRA
151 de 2003, que prevé que el servicio de alcantarillado “se liquidará con base en
el aforo del total del agua consumida”, toda vez que ello implicaría que el cobro de
la tarifa no sea directamente proporcional al consumo del servicio de acueducto,
“al no verter a las redes de alcantarillado la misma cantidad de agua que
consumen”.
En ese contexto, se consideró que aceptar lo contrario sería validar que la
empresa de servicios públicos se enriquezca de forma injusta, porque “si el agua
vertida al sistema de alcantarillado es menor al ingreso registrado en el acueducto,
incluyendo las fuentes propias, alternas o adicionales, el cobro no guarda
correspondencia con el servicio utilizado”.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Conviene mencionar que, es cierto que en la providencia que se cuestiona, se hizo
referencia a la resolución CRA 800 de 2017, pese a que ella se expidió con
posterioridad a que se profirieron los actos demandados; sin embargo, a juicio de
la Sala, ello no es suficiente para considerar que se incurrió en un defecto, bajo el
entendido de que la autoridad accionada solo se refirió a ella para ilustrar que el
cobro del servicio de alcantarillado debía hacerse únicamente sobre el consumo
real del servicio y para determinar que debían emplearse los respectivos
instrumentos de medición -como lo interpretó el tribunal-, mas no porque sea la
resolución que sirvió de fundamento a la decisión.
En definitiva, a juicio de la Sala, el Tribunal accionado cumplió con los
presupuestos necesarios para apartarse de la postura que pretendía la empresa
tutelante se acogiera -que se debe cobrar el servicio de alcantarillado según el
aforo del alcantarillado-, pues, se reitera, reconoció expresamente la existencia de
esa postura y, además, en ejercicio de su autonomía funcional, expuso las
razones, de índole además interpretativo de las normas que regulan la materia
-cuestión que debe respetar el juez constitucional- por las que no la acató sino que
consideró que, si el servicio de acueducto es la “recolección municipal de
residuos, principalmente líquidos por medio de tuberías y ductos”, no sería
adecuado que a los grandes consumidores se les cobrara más de lo que
efectivamente han vertido en la red.
La Subsección estima que el hecho de que el Tribunal Administrativo de Antioquia
no resuelva el caso puesto a su consideración en los términos de las sentencias
que se alegan como desconocidas, no impone la procedencia excepcional de la
acción de tutela, habida consideración del respeto de la autonomía judicial en
cuanto a la interpretación razonable del ordenamiento jurídico, tan es así que la
Corte Constitucional ha sostenido que “el carácter vinculante del precedente no se
erige como un mandato absoluto, en desmedro de la independencia y la
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
autonomía judicial”8, amén de señalar que no es completamente claro que en las
decisiones que se mencionan como desconocidas, se pueda edificar y menos
tener por consolidada, una línea jurisprudencial que se catalogue como
precedente judicial.
Así las cosas, la Sala concluye que no se incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. y, por ende, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
8
Sentencia SU–631 de 2017.
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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