República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01511-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01511 01
Demandante: Janneth del Pilar Peña Plazas
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Temas: Tutela contra providencias proferidas en trámite de incidente de
desacato /Carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 2 de junio de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. La acción de tutela
La señora Janneth del Pilar Peñas Plazas promueve acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado 18 Administrativo de Cali por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
1.1. Pretensiones
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01511 01
Demandante: Janneth del Pilar Peña Plazas
En protección de los derechos reclamados solicita:
PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia de la suscrita ex Representante Legal de ATEB SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S. en calidad de MANDATARIA de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN (
Hoy Liquidada) y en consecuencia se REVOQUEN los autos proferidos el 13 de diciembre
del 2022, 14 de febrero del 2023 por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y el
proveído del 19 de enero del 2023, emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela No 2021-00165 promovida por BLANCA
NUBIA TORRES GUIRAL contra la hoy extinta CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS, la sanción impuesta a la
suscrita en condición de ex representante legal de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES
S.A.S en calidad de MANDATARIA de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN (Hoy Liquidada)
dentro de la acción de tutela.
TERCERO: Que se CONMINE a las autoridades judiciales acá accionadas, que se
abstengan de impartir órdenes tendientes a modificar las cláusulas contractuales
pactadas legalmente entre el ex Liquidador de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN y ATEB
SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. en el contrato de mandato con representación CBL-
026-2022.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes la parte accionante señaló los siguientes:
i) La Superintendencia de Salud a través de Resolución 008939 del 7 de octubre de
2019 ordenó la intervención forzosa administrativa con el fin de liquidar Cruz Blanca
EPS, proceso liquidatorio que en principio terminaría el 7 de octubre de 2021, sin
embargo, fue prorrogado por seis meses más, es decir hasta el 7 de abril de 2022.
ii) El 15 de octubre de 2019, la extinta Cruz Blanca emplazó a todas las personas
naturales o jurídicas de carácter público o privado con el propósito de que radicaran
solicitudes de cualquier índole, así como hacerse parte del proceso liquidatorio.
iii) La señora Blanca Nubia Torres Guairal se acogió al proceso liquidatorio de manera
oportuna para reclamar el pago de las siguientes incapacidades: «número 3395861
del 19/07/2018 al 02/08/2018; 462468 del 11/12/2018 al 30 de diciembre de 2018;
número 3476266 del 06/11/2018 al 10/11/2018; número 3476273 del 31/12/2018 al
29/01/2019; número 3482212 del 11/02/2019 al 02/03/2019; número 3495016 del
03/03/2019 al 01/04/2019; número 3499804 del 02/04/2019 al 01/05/2019; número
3509384 del 02/05/2019 al 31/05/2019 (bajo la reclamación con radicado D08-
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 01511 01
Demandante: Janneth del Pilar Peña Plazas
001248), todo por un valor de $4.830.155. No obstante, mediante Resolución
RES001436 del 1° de junio de 2020, la EPS resolvió excluir de la masa de la liquidación
la acreencia presentada por Blanca Nubia Torres Guiral, por la «ausencia de
documentos legales que convaliden el derecho a la licencia o incapacidad registro civil
de nacimiento, original o copia certificado, acta de adopción», decisión notificada por
aviso y contra la cual no se interpuso recurso alguno.
iv) La señora Blanca Torres a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra
Sura EPS, Colpensiones y Cruz Blanca EPS en liquidación, con el fin de que se
protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, la seguridad social y el
mínimo vital y móvil y, en consecuencia, solicitó el pago de las incapacidades
otorgadas entre el 21 de diciembre de 2014 hasta el 27 de diciembre de 2019.
v) En sentencia del 9 de febrero de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali amparó
los derechos fundamentales invocados por la señora Torres Guiral.
vi) El 11 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó el
fallo proferido por el juez a quo, en el sentido de ordenar a los representantes legales
de la EPS Cruz Blanca en liquidación, la EPS Suramericana S.A. y Colpensiones, que en
el término de 8 días adelantaran las gestiones necesarias y procedieran a materializar
el pago de las incapacidades médicas a la señora Blanca Nubia Torres Guiral durante
el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2014 y el 27 de diciembre de 2019,
así: del 21 al 22 de diciembre de 2014 el pago debe ser asumido por el empleador, del
23 de diciembre de 2014 al 5 de junio de 2015 por la EPS Cruz Blanca, del 6 de junio
de 2015 al 16 de diciembre de 2016 por Colpensiones, del 17 de diciembre de 2016 al
31 de octubre de 2019 por EPS Cruz Blanca en liquidación, y del 1 de noviembre de
2019 en adelante por EPS Sura.
vii) El 6 de abril de 2022, el liquidador de Cruz Blanca EPS en liquidación suscribió con
la empresa ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. el contrato de mandato con
representación CBL-026-2022, en virtud del cual ésta última se obligó a administrar los
recursos entregados al cierre del proceso liquidatorio y con ellos realizar el pago de
las obligaciones contractuales y legales de la EPS liquidada, así como asumir su
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representación en las actividades encomendadas. Finalmente, mediante Resolución
3094 de 7 de abril de 2022, se declaró la terminación de la existencia legal de Cruz
Blanca EPS.
viii) La señora Blanca Nubia Torres, por escrito enviado el 5 de julio de 2021, solicitó
iniciar trámite incidental, toda vez que las entidades accionadas no habían dado
cumplimiento al fallo de tutela. En razón a ello, el Juzgado 18 Administrativo de Cali,
mediante auto del 18 de abril del 2022, entre otras cosas, requirió al ex liquidador de
Cruz Blanca EPS, a fin de que informara lo correspondiente al cumplimiento de la orden
de tutela proferida a favor de la señora Blanca Nubia Torres; solicitud que fue atendida
mediante oficio TU-CBL -2022- 00002 del 18 de abril del 2022. En virtud de lo anterior,
a través de proveído del 6 de septiembre del 2022, se dispuso abrir formalmente
incidente de desacato en contra de Felipe Negret Mosquera, como liquidador de la
extinta Cruz Blanca EPS en liquidación.
ix) Luego de que el señor Negret Mosquera ejerciera su defensa, el Juzgado 18
Administrativo de Cali profirió auto del 24 de octubre del 2022, a través del cual se
abstuvo de continuar incidente de desacato en su contra y resolvió vincular al trámite
incidental a la señora Janneth del Pilar Peña Plazas, en calidad de representante legal
de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., por ser la mandataria de Cruz Blanca EPS.
x) La anterior vinculación al trámite incidental se atendió a través del oficio TU-CBL -
2022-00334 del 26 de octubre del 2022; no obstante, el Juzgado 18 Administrativo de
Cali, mediante auto de 25 de noviembre del 2022, resolvió abrir incidente de desacato
en contra de la señora Janneth del Pilar Peña Plazas, en su condición de representante
legal de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., por el presunto incumplimiento del fallo
de tutela dictado dentro del expediente 76001 33 33 018 2021 00165 00 01.
xi) Mediante Oficio 2022-00340 del 2 de diciembre del 2022, ATEB Soluciones
Empresariales S.A.S., solicitó ante el juzgado se abstuviera de continuar el incidente de
desacato ya que la señora Janneth del Pilar Peña Plazas no ostentaba la calidad de
representante legal de la mencionada sociedad. Adicionalmente, reiteró ante el
despacho los argumentos legales que soportan la imposibilidad para el mandatario de
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realizar pagos a acreedores que no fueron reconocidos por el liquidador de Cruz
Blanca EPS., de conformidad a las obligaciones que le asisten, las cuales se
encuentran descritas en el contrato de mandato.
xii) Por auto de 13 de diciembre de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali resolvió
declarar que la señora Janneth del Pilar Peña Plazas, como representante legal de
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., en calidad de mandataria de Cruz Blanca EPS
hoy liquidada, incumplió la orden impartida en la sentencia de 9 de febrero de 2022 y,
por ende, le impuso como sanción la multa equivalente a dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Según se indicó en la providencia la referida señora no aportó
prueba de que sus funciones como representante legal habían cesado.
xiii) En razón a lo anterior, mediante Oficio 2023-00348 del 17 de enero del 2023, ATEB
Soluciones Empresariales S.A.S., solicitó ante el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la revocatoria de la sanción impuesta, en la medida en que, para la fecha en
que se emitieron los fallos de tutela, el pago se había ordenado a la EPS en liquidación
y no a la empresa que representaba, aunado a que no ostenta ninguna calidad para
cumplirlo, toda vez que el contrato de mandato se firmó hasta el 6 de abril del 2022.
Además, argumentó que las obligaciones que le asisten a esa sociedad estaban
especificadas en el mencionado contrato. Por último, sostuvo que la señora Janneth
del Pilar Peña Plazas ya no era representante de la empresa.
xiv) Por auto del 19 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
modificó la decisión del juez a quo, en el sentido de disminuir la multa a un salario
mínimo mensual legal vigente. Indicó que conforme a lo establecido en el artículo
9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010, Cruz Blanca sí debía responder, porque se
trataba de acreencias laborales causadas con anterioridad a su proceso liquidatario y,
aunque el litigio sea posterior a la toma de posesión con fines de liquidación forzosa,
debían constituirse las reservas pertinentes por ser un litigio en curso. Además,
manifestó que, si bien la entidad aduce que la señora Janneth del Pilar Peña Plazas
ya no actuaba como representante legal de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., lo
cierto era que su labor duró hasta el mes de noviembre de 2022, razón por la que
concluyó que al momento de impartirse la orden de tutela y durante el inicio del trámite
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incidental por desacato, ostentaba la calidad de representante legal de la entidad y por
ende se encontraba a cargo del cumplimiento.
xv) En desacuerdo con lo anterior, ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. solicitó
inaplicar la sanción impuesta a la señora Janneth del Pilar Peña Plazas, indicando que
si bien la señora Blanca Nubia Torres no ostentaba la calidad de beneficiaria de los
pagos que debe realizar como mandatario, de conformidad a las obligaciones que le
fueron impuestas al momento de celebrar el contrato de mandato, en razón a la referida
sanción y en consideración al perjuicio que se le generó a la señora Peña Plazas en
calidad de ex representante legal del mandatario, el 1.° de febrero del 2023, procedió
a realizar un pago a su favor por valor de $4.830.155, el cual corresponde a las
incapacidades por ella reclamadas dentro del proceso liquidatario de la EPS Cruz
Blanca.
xvi) Por auto del 14 de febrero del 2023, el Juzgado 18 Administrativo de Cali, dispuso
obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
providencia del 19 de enero del 2023, y requirió a ATEB Soluciones Empresariales
S.A.S., para que pagara a la señora Blanca Nubia Torres el saldo de $24.280.714, pues
el valor por concepto de incapacidades ascendía a $29´765.151.
1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante
Consideró que la decisión adoptada por la autoridad judicial había incurrido en los
siguientes defectos:
1.3.1. Defecto fáctico
i) Al ignorar las cláusulas contractuales contenidas en el contrato de mandato CBL-026-
2022 suscrito entre la EPS Cruz Blanca en liquidación y ATEB Soluciones Empresariales
S.A.S. Dicho contrato se puso en conocimiento de las autoridades judiciales, pues allí
se encuentra especificado el objeto y las obligaciones del mandatario, dentro de las
cuales no está la de realizar pagos a acreedores que no fueron reconocidos en el
proceso liquidatario de la extinta EPS, lo cual además tiene sustento en el anexo 1 del
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referido contrato, en el que el liquidador identificó claramente cada uno de los
acreedores a quienes les asistía el derecho al pago y dentro de los cuales no se
encontraba la señora Blanca Nubia Torres, por cuanto pese a que se hizo parte del
proceso liquidatario, su reclamación fue rechazada y aunque tuvo la oportunidad
administrativa de subsanar la glosa de rechazo, no interpuso el respectivo recurso.
ii) La «actuación caprichosa» de las autoridades judiciales accionadas, afecta
drásticamente la ejecución del mandato que le fue encomendado a ATEB Soluciones
Empresariales S.A.S. como mandataria de la extinta EPS Cruz Blanca, puesto que los
recursos que le fueron entregados deben ser destinados para el pago de los
acreedores reconocidos en el proceso liquidatario.
iii) Dentro de las obligaciones que le asisten al mandatario no se encuentra
contemplada la de dar cumplimiento a los fallos de tutela que fueron proferidos en su
oportunidad en contra de la EPS Cruz Blanca.
iv) Ignoraron el contenido del contrato de mandato y los límites allí impuestos, pues en
los autos cuestionados no se realizó ninguna manifestación sobre tal material
probatorio, y por el contrario le impusieron al mandatario una obligación que no le
corresponde, en contravía de lo establecido en el artículo 2157 del Código Civil.
1.3.2. Defecto sustantivo del auto del 19 de enero de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por motivación manifiestamente
irrazonable
i) Alegó que no era cierto que ATEB Soluciones Empresariales S.A.S ostenta la calidad
de agente liquidador de Cruz Blanca EPS en liquidación; en la medida que en virtud de
la celebración del ya referido Contrato de Mandato CBL-026-2022, la sociedad fue
designada como mandataria de la hoy extinta entidad, calidad que en nada se asemeja
a la de un agente liquidador, aunado a que la figura de agente liquidador de la EPS hoy
Liquidada, la ostentó el Doctor Felipe Negret Mosquera.
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ii) En cuanto a que las incapacidades reconocidas en sede de tutela a la señora Blanca
Nubia Torres, son acreencias laborales que no corresponden a este tipo de créditos,
de acuerdo a lo señalado en la Ley 1797 de 2016 y lo consagrado en el artículo 2495
del Código Civil.
iii) En relación a que la extinta E.P.S Cruz Blanca debía constituir reservas para el
pago de las incapacidades reclamadas por la señora Blanca Nubia, por ser esta tutela
un proceso en curso; expuso que las reservas a las que hace alusión el artículo
9.1.3.5.10, del Decreto 2555 de 2010 corresponde a las sentencias judiciales que se
profieran dentro de procesos ordinarios.
iv) No es acertada la afirmación según la cual, al momento en que se emitió la orden
de tutela a favor de la señora Blanca Nubia, la señora Janeth del Pilar Peña Plazas
ostentaba la calidad de representante legal de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.
y, por ende, se encontraba a su cargo el cumplimiento. Expuso que ese argumento no
corresponde a la realidad, puesto que el fallo de tutela se profirió el 9 de febrero del
2022 y fue confirmado el 11 de marzo del 2022 y, el mismo se dictó en contra de la
EPS Cruz Blanca en liquidación, momento para el cual no se había suscrito el contrato
de mandato entre ATEB y la EPS, lo cual solo se dio el 6 de abril del 2022. Aunado a lo
anterior, la señora Peña Plazas fungió como representante legal del mandatario hasta
el 16 de noviembre del 2022. En ese sentido, a su juicio, ni ella, ni ATEB Soluciones
fueron los destinatarios de la orden de tutela que amparó los derechos invocados por
la señora Blanca Nubia Torres.
1.4. Actuación procesal
i) Por auto del 30 de marzo de 2023, se ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al titular del Juzgado 18
Administrativo de Cali, y como terceros interesados a la señora Blanca Nubia Torres
Guiral y a la representante legal actual de la sociedad ATEB Soluciones Empresariales
S.A.S., para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa,
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rindieran el respectivo informe. Así mismo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.1
1.5. Intervenciones
1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,2 Jhon Erick
Chávez Bravo, adujo que al proferir la decisión censurada no incurrió en ningún
defecto, pues era el resultado del análisis de cumplimiento del fallo de tutela por parte
de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. en calidad de agente liquidador de Cruz
Blanca EPS en liquidación. En el respectivo incidente pudo constatar que a la señora
Blanca Torres no se le habían pagado las incapacidades ordenadas en el fallo, bajo el
argumento de que no fue reconocida como acreedora en el proceso de liquidación de
Cruz Blanca, cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.3.5.10 del
Decreto 2555 de 2010, sí se le debía responder porque se trataba de acreencias
laborales causadas con anterioridad a dicho proceso liquidatario y, aunque el presente
trámite sea posterior a la toma de posesión con fines de liquidación forzosa, debían
constituirse las reservas pertinentes.
1.5.2. La apoderada de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.,3 Rosa Elvira Reyes
Medina, efectuó un recuento normativo de las actuaciones surtidas, para luego indicar
que lo establecido en el literal f) de la cláusula tercera del contrato de mandato, hace
referencia a las obligaciones del mandatario, las cuales se concretan en pagar a los
terceros que fueron reconocidos por el liquidador, con estricta sujeción de las
prelaciones legales definidas por los jueces de la república.
Para el caso concreto, adujo que la señora Blanca Nubia Torres presentó reclamación
para el reconocimiento y pago de las incapacidades por ella causadas entre los
periodos comprendidos entre el 19/07/2018 al 31/05/2019 por un valor de $4.830.155,
sin embargo, las mismas fueron rechazadas y no se interpuso recurso. Por lo tanto,
1 Estando en trámite el asunto, la actora presentó solicitud de “retiro” de la acción. Posteriormente desistió de dicha
petición y envió un escrito de adición a la demanda de tutela. Mediante auto de 26 de abril de 2023 el despacho
sustanciador se abstuvo de dar trámite a la solicitud de “retiro”. Así mismo indicó que no era procedente adicionar
el escrito de demanda.
2 Expediente digital de tutela.
3Expediente digital de tutela.
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esas incapacidades no hacen parte del anexo 1 del contrato de mandato, en el cual
están relacionados los beneficiarios de los pagos que debe hacer el mandatario.
Agregó que, a pesar de lo anterior, en virtud de la sanción impuesta en su oportunidad
a Janneth del Pilar Peña Plazas, se realizó el pago del valor correspondiente a esas
prestaciones, situación que afectó el rubro destinado para otras obligaciones que sí se
incluyeron en el contrato. Manifestó que al exigirle a esa sociedad, que extralimite el
alcance de sus obligaciones, pagando a la señora Torres la suma de $24´280.714, no
reconocida por el liquidador se desconocen los deberes que ésta adquirió con la extinta
Cruz Blanca en liquidación, quien limitó claramente el ejercicio del mandatario, en la
cláusula tercera del acto, en la que se dispuso clara y expresamente que el mandatario
debe efectuar pagos a favor de terceros reconocidos; sin que a dicha disposición
contractual se le pueda dar una interpretación o alcance distinto a lo allí consignado.
Finalmente sostuvo que coadyuba las pretensiones elevadas por la señora Janneth
del Pilar Peña Plazas, por cuanto: i) no puede predicarse que ATEB Soluciones
Empresariales S.A.S, haya asumido la misma posición de la hoy extinta EPS; puesto
que, con la firma del contrato de mandato, se le hizo al mandatario un encargo para
realizar una serie de actividades, delimitadas claramente en la cláusula tercera del
mentado negocio; ii) el mandatario no es continuador del proceso liquidatario de la EPS
Cruz Blanca, ni puede ser considerado sucesor o sustituto procesal de la entidad
liquidada; iii) las atribuciones de este mandatario se limitan a las asignadas de manera
taxativa en el contrato de mandato; iv) la acreencia presentada en su oportunidad por
la señora Blanca Nubia Torres fue rechazada dentro del proceso liquidatario, es decir
que no ostenta la calidad de beneficiaria de los pagos que debe efectuar el mandatario;
v) si bien es cierto, el mandatario debe administrar los recursos que le entregó Cruz
Blanca, al momento del cierre del proceso liquidatario, y demás que ingresen en virtud
del recaudo de cartera y venta de activos; también lo es que los mismos tienen unas
finalidades que se encuentran previstas en el contrato de mandato; vi) exigirle a esa
sociedad que extralimite el alcance de sus obligaciones, pagando a la señora Blanca
Nubia Torres la suma de $24´280.714, desconoce los deberes que ésta adquirió con
la extinta Cruz Blanca, quien limitó claramente el ejercicio del mandatario; y vii) la
utilización del patrimonio social y/o personal de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S,
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para adelantar las obligaciones derivadas del contrato de mandato celebrado con el
liquidador de la extinta Cruz Blanca EPS en Liquidación, se encuentra expresamente
prohibida en el negocio jurídico.
1.5.3. El titular del Juzgado 18 Administrativo de Cali,4 Herverth Fernando Torres
Orejuela, luego de efectuar un análisis pormenorizado de las actuaciones adelantadas
en el incidente de desacato, sostuvo que contrario a lo manifestado en la acción de
tutela, ese despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, pues a
la accionante se le ha garantizado el ejercicio de sus derechos de defensa y
contradicción, y en un ejercicio hermenéutico y de ponderación de derechos se estimó
que era la responsable de cumplir el fallo judicial en calidad de representante legal de
la empresa ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. mandataria de la extinta Cruz Blanca
EPS.
1.5.4. La señora Blanca Nubia Torres Guiral, 5 manifestó que en ningún momento
se le ha vulnerado el debido proceso a la actora o a la empresa que representa, sino
que, por el contrario, los jueces han sido respetuosos del mismo consideró que la
empresa no ha querido acatar las órdenes de la autoridad accionada, pese a que la
masa económica que actualmente maneja es de 200.000 mil millones de pesos; por
tanto, a su juicio, es inaudito que no le quieran pagar un dinero, que lleva reclamando
9 años, prolongando la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital y móvil.
Indicó que el liquidador, arbitrariamente, no quiso agregar su acreencia entre las de
primera categoría. Sostiene que, en virtud del fallo de tutela, el pago a su favor debía
incluirse en el listado de aquellos que debían atenderse. En razón a lo anterior, solicitó
que se desestimen las pretensiones de esta tutela, pues considera que se busca
restringir el goce de sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, sin tener en
cuenta que es una persona que necesita de dicho dinero, en la medida en que está
desempleada, tiene hijos a cargo, se desplaza en silla de ruedas y hace parte del
estrato 1 de la ciudad de Cali.
1.6. Sentencia impugnada
4 Expediente digital de tutela.
5 Expediente digital de tutela.
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El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de
2023., declaró improcedente el amparo reclamado, al no evidenciar que las
autoridades judiciales accionadas hubieran quebrantado las prerrogativas superiores
alegadas por la accionante, pues de la lectura de los alegatos propuestos en el libelo
tutelar carecían de carga argumentativa, así:
i) En relación con el defecto fáctico por ignorar las cláusulas del contrato de mandato
CBL-026-2022 suscrito entre la EPS Cruz Blanca en liquidación y ATEB Soluciones
Empresariales S.A.S., así como el anexo 1 del referido contrato, encontró que dichos
argumentos carecían de carga argumentativa con alcance constitucional porque no se
referían a la responsabilidad subjetiva de la accionante de cara al juicio de desacato,
sino a las obligaciones contractuales de una empresa que ya no representa, pues la
accionante no expuso ninguna razón que explicara por qué las accionadas habían
incurrido en el mencionado defecto al imponerle una sanción por incumplimiento de un
fallo de tutela.
ii) Respecto del defecto sustantivo en que habría incurrido el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca al proferir el auto del 19 de enero de 2023, señaló que las
afirmaciones hechas se encaminaron a defender la responsabilidad de ATEB
Soluciones Empresariales S.A.S. sociedad que ya no representa, así como de la extinta
Cruz Blanca EPS. Manifestó que si bien las obligaciones de ATEB determinaban en gran
medida su marco de acción como representante legal, lo cierto era que el juicio de
desacato estaba orientado a establecer su responsabilidad subjetiva mientras fungió
como representante legal y en el escrito de tutela no se efectuó un ejercicio
argumentativo orientado en ese sentido, lo que se advierte es que la actora fundó su
solicitud en la supuesta inexistencia de obligaciones pecuniarias de carácter
contractual que vincularan a esa sociedad y discutir la orden de tutela.
En ese sentido encontró que los reproches de la accionante se sustentaron en un
debate económico de origen contractual que no se percibe como una defensa de sus
derechos fundamentales sino a un intento por discutir la orden de tutela y la posición
del juez natural sobre la persona jurídica que debe dar cumplimiento.
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Concluyó que la accionante al debatir la inexistencia de obligación contractual,
pretendió sustentar la tesis según la cual “al momento de incumplirse la orden” la
mandataria no era responsable del cumplimiento y ella como representante legal no
tenía obligación de acatarla, pues entre otras cosas ostentó esa calidad hasta el 16 de
noviembre del 2022. No obstante, consideró la Sección Tercera, que omitió por
completo el hecho de que la orden de tutela no se incumplió en un “momento” puntual,
sino que su incumplimiento se ha prolongado en el tiempo y persiste. En esa medida
habiendo fungido como representante legal hasta el 16 de noviembre de 2022,
resultaba razonable que el juzgado la haya vinculado al incidente de desacato a
efectos de exponer las razones por las cuales durante su ejercicio se abstuvo de
cumplir lo ordenado en el fallo.
1.7. Impugnación
La accionante previo a sustentar el medio impugnatorio aclaró que el 15 de junio de
2023 se dio cumplimiento a la orden de tutela proferida a favor de la señora Blanca
Torres el 9 de febrero de 2022 por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Cali y
modificada el 11 de marzo de igual anualidad por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el día 11 de marzo de 2022, pues «conforme al correo que fue recibido por
parte de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., mediante el cual informa que ya se
procedió a dar cumplimiento a la orden de tutela dictada a favor de la señora TORRES
GUIRAL, al constituir un depósito judicial a órdenes del Juzgado Dieciocho Oral
Administrativo del Circuito de Cali y a favor de la señora NUBIA TORRES GUIRAL, por el
valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
MCTE ($24.280.714), correspondiente al pago de incapacidades», circunstancia que,
en su criterio, configura un hecho superado.
Conforme a lo expuesto, solicitó inaplicar y dejar sin efectos la sanción impuesta
teniendo en cuenta que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
objeto del incidente de desacato no es otro que conseguir que el responsable
competente obedezca la orden emitida en un fallo de tutela para salvaguardar los
derechos fundamentales de la accionante y la finalidad no es otra que coaccionar a la
parte accionada a fin de obtener el cumplimiento del fallo mas no se erige como una
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figura encaminada a castigar a la autoridad conminada a cumplir.
Finalizó, trayendo a colación similares argumentos a los expuestos en el libelo tutelar,
relacionados con la configuración del defecto fáctico y sustantivo en el trámite del
incidente de desacato, en particular los autos de 13 de diciembre de 2022 y 14 de
febrero de 2023, proferidos por el Juzgado 18 Administrativo de Cali y del 19 de enero
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,6 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si las autoridades accionadas quebrantaron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la accionante, al imponerle la sanción de multa por incumplimiento de las órdenes
impartidas en la acción de tutela con radicado 76001 33 33 018 2021 00165 00 [01]
interpuesta por la señora Blanca Torres Guiral contra Sura EPS, Colpensiones y Cruz
Blanca EPS en liquidación
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato
6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
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El análisis de solicitudes de amparo donde se involucre el cuestionamiento de
decisiones adoptadas en trámites de desacato, parte del reconocimiento de que el
legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir lo resuelto
por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada de quien es el
obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas.7 Esto,
por cuanto el auto que pone fin a un incidente de desacato no es susceptible de
apelación8 y porque en casos donde la decisión consiste en sancionar al conminado,
el grado jurisdiccional de consulta se surte ―por mandato legal― de manera
obligatoria.9
En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dado paso a su estudio siempre
que i) el trámite incidental haya finalizado, esto es, que el auto que le pone fin esté
debidamente ejecutoriado; ii) que los argumentos en el trámite del incidente de
desacato y en la acción de tutela contra este sean coherentes y no se contradigan,
esto es, que no se presenten asuntos nuevos, pues el momento procesal para
argumentarlos es en el incidente de desacato, ni se pidan o presenten pruebas que no
fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar
oficiosamente;10 y, iii) que se reúnan las condiciones generales de procedencia de la
acción de tutela y al menos una de las causales específicas de procedibilidad para
solicitar el amparo.
Superado el examen de procedencia, el fallador constitucional debe limitarse a estudiar
i) si se respetó el debido proceso; ii) si el juez que decidió el incidente de desacato se
ajustó a la orden de amparo proferida, cuyo incumplimiento define; y iii) si la sanción
impuesta -si fuere el caso- no es arbitraria, sin que, por otra parte, pueda reabrir el
debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela, donde se produjo el
incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y
contenido de aquella.11
7 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2014.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 1996.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005.
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2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. Relativos a la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Nubia
Torres Guiral contra Cruz Blanca EPS en liquidación, COLPENSIONES y
Suramericana S.A.
2.4.1.1. El 9 de febrero de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali concedió el
amparo de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la seguridad
social y al mínimo vital de la señora Blanca Torres, sobre el particular resolvió:
[…]
SEGUNDO: ORDENAR a los representantes legales de Cruz Blanca EPS en liquidación, EPS
Suramericana S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones,
según les corresponda, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir
del día siguiente a la notificación del presente fallo, adelanten las gestiones necesarias
y procedan a materializar el pago de las incapacidades médicas concedidas a la señora
Blanca Nubia Torres Guiral durante el periodo comprendido el 01 de octubre del 2018
hasta el 27 de diciembre de 2019, a su vez las que se hayan causado con posterioridad
siempre y cuando hayan sido prescritas por los galenos tratantes de la actora, si no lo
hubieren hecho, teniendo en cuenta que entre el día 3 y 180 será reconocidos por Cruz
Blanca EPS en liquidación; y los causados entre el día 181 y 540 serán reconocidos por
Colpensiones y el restante deberán ser asumidos por la entidad promotora de salud en
la que se encontrará afiliada la accionante al momento de su causación.
Una vez cumplida la orden impartida anteriormente, deberá poner en conocimiento de
este Despacho dicha situación, con los soportes respectivos que acrediten lo
aseverado.12
[…]
2.4.1.2. El 15 de febrero de 2022, a través de Resolución 388 el agente liquidador de
Cruz Blanca EPS en liquidación declaró configurado el desequilibrio financiero, al efecto
resolvió:13
12 Expediente digital de tutela con radicado 76001-33-33-018-2021-00165-00.
13
Expediente digital de tutela con radicado 76001-33-33-018-2021-00165-00.
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Artículo 3: DECLARAR la imposibilidad material y financiera de CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, de constituir la reserva técnica y económica
que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente Resolución y en consecuencia, en caso de producirse
cualquier tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos,
cobro coactivo, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad
intervenida, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco
atender la eventual solicitud futura del demandante de revocar el acto administrativo para
proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los
activos disponibles.
2.4.1.3. El 11 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
desatar el recurso de apelación resolvió:14
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia No. 017 del 9 de febrero de
2022, proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Cali, por las razones
expuestas en este proveído y el cual quedará de la siguiente manera:
[…]
SEGUNDO: ORDENAR al representante legal de la EPS CRUZ BLANCA en liquidación, EPS
SURAMERICANA S.A., la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES S.A., o
quien haga sus veces, que en el término de ocho (8) días contados a partir del día
siguiente a la notificación del presente fallo, adelante las gestiones necesarias y proceda
a materializar el pago de las incapacidades médicas a la señora Blanca Nubia Torres
Guiral, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.629.414, de manera coordinada,
durante el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2014 hasta el 27 de
diciembre de 2019, si no lo hubiere hecho, teniendo en cuenta que entre el día 03 y 180
será reconocidos por las EPS; y los causados entre el día 181 y 540 serán reconocidos
por el Fondo de Pensiones y del día 541 en adelante, por las EPSS de conformidad a
las fechas reseñadas o que se verifiquen por las entidades concernidas.
2.4.1.4. El 6 de abril de 2022, entre los señores Felipe Negret Mosquera en su
condición de liquidador de Cruz Blanca EPS en Liquidación y la señora Janneth del Pilar
Peña Plazas quien actuó como representante legal de ATEB Soluciones Empresariales
S.A.S. se suscribió contrato de mandato con representación número CBL-026-2022.
2.4.2. Relativos al incidente de desacato propuesto por la señora Blanca Nubia
Torres Guiral
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2.4.2.1. El 18 de abril de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali por medio de
auto número 189, ante el presunto incumplimiento del amparo prodigado a la señora
Torres, dispuso:
1.REQUERIR. al agente liquidador de Cruz Blanca EPS en liquidación Dr. Felipe Negret
Mosquera, al representante legal de Suramericana S.A. Dra. Liliana María Patiño y a la
Directora Regional Occidentes de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, Dra. Piedad Ceciliar Cardona Pérez, para que dentro del término de
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído informen si han
cumplido el fallo en cuestión y, en caso negativo, indicar las razones de ello, aportando
para tal efectos toda la documentación que acredite su actuación.
[…]
2.4.2.2. El 25 de mayo de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali por auto número
263 decidió terminar el incidente desacato iniciado contra el representante legal de
Suramericana S.A. por pago de las incapacidades a su cargo y a favor de la señora
Blanca Torres.
2.4.2.3. El 6 de septiembre de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali a través de
auto número 506, señaló que el apoderado de la señora Blanca Torres por medio de
escrito dirigido a ese despacho, manifestó que Colpensiones procedió a cancelar a
favor de la accionante las incapacidades a su cargo, por lo que solicitó sea
desvinculada del trámite incidental; a su vez solicitó que ante la omisión de Cruz Blanca
EPS en Liquidación de acatar la acción de tutela, continuara con el incidente de
desacato únicamente contra esa entidad.
Conforme lo expuesto en líneas precedentes, resolvió:
PRIMERO: ABSTENERSE de iniciar el trámite incidental por desacato contra la Directora de
Medicina Laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, la Dra.
Ana María Ruiz Mejía por las razones anotadas.
SEGUNDO: ABRIR formalmente incidente de desacato de orden judicial impartida en
trámite de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído, contra el
agente liquidador de Cruz Bancal ESP en Liquidación, Dr. Felipe Negret Mosquera, con
fundamento en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: CÓRRASE traslado por el término de tres (3) días hábiles al agente liquidador
de Cruz Blanca EPS en Liquidación Dr. Felipe Negret Mosquera, para que asuma la
defensa y solicite las pruebas que considere importantes; relacionará además, con
extrema precisión y aporte los documentos que lo respalden, cada una de actuación
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administrativas adelantadas desde el momento en que recibió la notificación de la
sentencia hasta el día de hoy […].
[…]
2.4.2.4. El 24 de octubre de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali por auto
número 600 dispuso abstenerse de continuar el trámite incidental por desacato contra
el señor Felipe Negret Mosquera, en calidad de agente liquidador de Cruz Blanca EPS
en Liquidación y ordenó vincular a su trámite a la doctora Janneth del Pilar Peña Plazas
representante legal de ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. en calidad de mandataria
de Cruz Blanca. Sobre el particular disertó:
[…]
En ese sentido, y toda vez que el fin último que se persigue con el incidente de desacato
no es precisamente la imposición de una sanción per se, pues su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela y restablecer los derechos
calculados (sic), este administrador judicial ha de considerar que, en virtud del contrato
de mandato con representación No. CBL- 026-2022 suscrito entre Cruz Blanca EPS S.A.
en Liquidación y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. con el fin de desarrollar las
actividades remanentes del proceso liquidatorio de la EPS, la mandataria es la ahora la
llamada a responder por el cumplimiento de la orden judicial que motiva este trámite
incidental.
2.4.2.5. El 25 de noviembre de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali a través
de auto 689 abrió formalmente incidente de desacato, así:
PRIMERO: ABRIR incidente de desacato de orden judicial impartida en trámite de tutela,
conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído y, por ello, coreo traslado a la
Dra. Janneth del Pilar Peña Plazas, Representante Legal de ATEB Soluciones
Empresariales S.A.S. en calidad de mandataria de Cruz Blanca EPS Liquidada, para que
informen si ha cumplido el fallo es cuestión, asuma su defensa y solicite las pruebas que
considere pertinente, relacionando con precisión las actuaciones adelantadas en orden
a dar cumplimiento a la Sentencia No. 017 del 9 de febrero de 2022 proferida por este
Despacho y modificada por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
providencia del 11 de marzo de 2022, y aportando los documentos que las respalden.
2.4.2.6. El 13 de diciembre de 2022, el Juzgado 18 Administrativo de Cali, mediante
auto 747 declaró que la doctora Janneth del Pilar Peña Plazas, representante legal de
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S. en calidad de mandataria de Cruz Blanca EPS
hoy Liquidada, incumplió la orden impartida por ese despacho en providencia del 9 de
febrero de 2022 y modificada el 11 de marzo de igual anualidad por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En tal virtud, dispuso:
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SEGUNDO: IMPONER a la doctora Janneth del Pilar Peña Plazas, Representante Legal de
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S., en calidad de mandataria de Cruz Blanca EPS hoy
liquidada, por desacato a lo ordenado en la providencia indicada en el numeral anterior,
la sanción de MULTA equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
que deberá consignar en la cuenta No. 3-082-00-00640- 8 del Banco Agrario de
Colombia S. A., denominada DTN -MULTAS Y CAUCIONES -CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, la cual deberá pagarse dentro de los cinco (5) días siguientes.
2.4.2.7. El 19 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se
pronunció sobre la consulta por medio de la cual se impuso sanción de desacato a la
doctora Janneth del Pilar Peña Plazas, en calidad de representante legal de ATEB
Soluciones Empresariales S.A.S, como mandataria de Cruz Blanca EPS hoy liquidada,
y resolvió modificar la sanción disminuyendo su monto a un (1) smlmv, indicando que
si bien la señora Peña Plazas ya no actuaba como representante legal de la sociedad,
lo cierto era que su labor duró hasta el mes de noviembre de 2022, por lo que al
momento de la orden de tutela impartida y durante el inicio del trámite incidental por
desacato, ostentaba dicha calidad y por ende se encontraba a cargo del cumplimiento
de la orden de tutela.
2.4.2.8. El 14 de febrero de 2023, el Juzgado 18 Administrativo de Cali a través de
auto 068 y con el objeto de garantizar el cumplimiento de la sentencia de tutela fallada
a favor de la señora Blanca Torres, requirió a « ATEB Soluciones Empresariales S.A.S,
para que pague a la señora Blanca Nubia Torres Guiral los restantes veinticuatro
millones doscientos ochenta mil setecientos catorce pesos $24´280.714 que le adeuda
por concepto de incapacidades e informe al Despacho el nombre de su nuevo(a)
representante legal».
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
La señora Janneth del Pilar Peña Plazas señaló que las autoridades accionadas
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia al imponerle la sanción de multa de un salario mínimo legal
mensual vigente por el incumplimiento a la acción de tutela proferida por el Juzgado
18 Administrativo de Cali en el expediente con radicado número 76001 33 33 018 2021
00165 00 [01], y modificada el 11 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
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Valle del Cauca, interpuesta por la señora Blanca Torres contra Sura EPS,
Colpensiones y Cruz Blanca EPS en liquidación, en tal virtud, solicitó dejar sin efectos
la sanción impuesta.
Advierte la Sala que la señora Peña Plazas en el escrito de impugnación refirió que el
15 de junio de 2023 que la empresa ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S dio
cumplimiento a la orden judicial. En tal virtud, el 14 de agosto de 2023, esta Sala
profirió auto mediante el cual solicitó al Juzgado 18 Administrativo de Cali lo siguiente:
a) Indicar si el 15 de junio de 2023, la empresa ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.
constituyó depósito judicial a órdenes de ese juzgado y a favor de la señora Blanca
Nubia Torres Guiral por la suma de veinticuatro millones doscientos ochenta mil
setecientos catorce pesos ($24.280.714), correspondiente al pago de las
incapacidades y en cumplimiento de la orden de tutela proferida por ese despacho 9
de febrero de 2022 en el radicado 76001 33 33 018 2021 00165 00 [01] y modificada
el 11 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y, b) las
decisiones que ese despacho tomó una vez se aportó a la acción de tutela la
constancia de depósito constituido a favor de la señora Blanca Torres Guiral.
Advierte la Sala que el titular del Juzgado 18 Administrativo de Cali, al rendir informe
en esta actuación, allegó copia del auto de sustanciación número 380, en el que hace
constar lo siguiente:
El 15 de junio de 2023, ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., informó que dio
cumplimiento al fallo realizando ese mismo día, un depósito judicial a órdenes de este
Despacho, por valor de $24´280.714, en consecuencia, solicita se inapliquen las
sanciones impuestas.
Una vez verificada la cuenta del Juzgado, en efecto se observa el título
No.469030002934480 por valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($24.280.714) que se encuentra a nombre de BLANCA
NUBIA TORRES GUIRAL identificada con cédula de ciudadanía No. 31.629.414 de Florida -
Valle, con el cual se demuestra el cumplimiento de las ordenes emitidas dentro de la
presente acción de tutela, y que también se ordenará entregar al Dr. MAURICIO
CONTRERAS OBONAGA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.130.587.843 de Cali
y tarjeta profesional No. 302.097 del Consejo Superior de la Judicatura, por actuar en
calidad de apoderado de la accionante BLANCA NUBIA TORRES GUIRAL con facultad para
recibir en el poder otorgado.
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Por último, se accederá a la solicitud de inaplicar las sanciones impuestas contra las
señoras Janneth del Pilar Peña Plazas y Yully Natalia Arroyave Moreno, por encontrarse
cumplido lo ordenado en el fallo judicial, dado que las sanciones de arresto y multa
impuestas por desatender un fallo de tutela confirmadas por el superior del juez en el
grado de consulta, pueden no ser ejecutadas si se demuestra el cumplimiento de las
decisiones emitidas, en razón a que estas tienen un carácter correctivo, mas no punitivo,
pues su finalidad no es propiamente la de la imposición de una sanción, sino la
conminación para obedecer las órdenes del fallo de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Santiago de Cali,
DISPONE
PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de las órdenes emitidas dentro de la presente
acción de tutela.
SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de levantamiento de las sanciones impuestas contra
las señoras Janneth del Pilar Peña Plazas y Yully Natalia Arroyave Moreno, presentada
por ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, por las razones anotadas en la parte
considerativa de la presente providencia.
TERCERO: ORDENAR la entrega, al Dr. MAURICIO CONTRERAS OBONAGA, del título No.
469030002934480 por valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS ($24´280.714) que se encuentra a nombre de BLANCA
NUBIA TORRES GUIRAL identificada con cédula de ciudadanía No. 31.629.414 de Florida
– Valle, conforme se señaló en precedencia.
[…]
En tal sentido, la circunstancia que originó la supuesta afectación a los derechos
fundamentales de la accionante se encuentra actualmente superada, por lo que no
existe mérito para proferir una decisión de fondo en el presente caso, situación que,
en definitiva, no puede implicar que en la actualidad exista una vulneración palpable y
evidente de sus garantías fundamentales.
Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto debe declararse una
carencia actual de objeto por hecho superado la que, según lo establecido por la Corte
Constitucional, se configura «cuando concurren circunstancias posteriores a la
solicitud de tutela que, aunque no estén relacionadas con el objeto de la solicitud,
hacen que el titular pierda interés en el pronunciamiento del juez por el acaecimiento
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del hecho superado.15 Lo mismo puede ocurrir cuando, por vía de ejemplo, una tercera
parte asumió la carga solicitada, se perdió el objeto jurídico respecto del cual el juez
debía adoptar una decisión16 o existe una situación, distinta al hecho superado o daño
consumado, que hace inocua la orden de satisfacer la pretensión del amparo. 17 En
este último supuesto, tal circunstancia ‘(…) no impide emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la existencia o no de la vulneración alegada».18
Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se respondió y
decidió la cuestión fundamental planteada por la accionante. En este sentido, se
encuentra satisfecha la pretensión que fundamentó la interposición de la acción de
tutela, dejando sin objeto cualquier otra decisión que pudiera emitir el juez
constitucional al respecto.
3. Conclusión
La Sala concluye que debe declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, como se pudo establecer en el trámite de esta acción de
tutela, a la accionante le fue levantada la sanción de multa impuesta por haber dado
cumplimiento a la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Torres Guiral contra
Sura EPS, Colpensiones y Cruz Blanca EPS en liquidación, identificada con radicado
número 76001 33 33 018 2021 00165 00 [01].
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
15 Sentencia T-484 de 2016. Al respecto es posible consultar también la sentencia T-419 de 2017 en donde se
concluyó, en el caso objeto de estudio, que debía optarse por esta categoría pues, ‘(…) si bien la pretensión de la
accionante no fue satisfecha, en términos de un hecho superado; tampoco, se produjo una afectación a sus
derechos fundamentales, que configure un daño consumado’”.
16 Sentencias T-203 de 2015 y T-714 de 2016.
17 T-585 de 2010.
18 Sentencia T-349 de 2018.
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24
Radicado: 11001 03 15 000 2023 01511 01
Demandante: Janneth del Pilar Peña Plazas
Falla:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 2 de junio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo elevada por la señora Janneth del Pilar Peña Plazas, para en su
lugar, declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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