Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01516-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
1 de junio de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00
Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00
Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la
existencia de una relación laboral. Auto que admite el recurso de
apelación. Requisito general de la subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Mario Ignacio de la Hoz, por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 10 de
febrero de 2023, mediante la cual la referida autoridad judicial confirmó el fallo
parcialmente favorable de primera instancia en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Hospital
Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE, con el fin de que se
declarara la existencia de un contrato laboral y el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas del mismo, sin pronunciarse en relación con el
recurso de apelación que él también formuló.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad
ESE, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad
encubierto y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del
mismo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla, que mediante sentencia de 18 de
agosto de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones. Agregó que ambas
partes interpusieron recurso de apelación contra esa decisión, en su caso, el 30
del mismo mes y año.
Sostuvo que por auto de 9 de septiembre de 2022, el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Barranquilla concedió los recursos interpuestos de la
siguiente manera: “CONCÉDESE, en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal
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Administrativo del Atlántico, el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y por la demandada, contra la sentencia del 18 de agosto de 2022, por
medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Refirió que, no obstante, mediante auto de 15 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, a quien correspondió conocer de los recursos de
apelación resolvió únicamente “1.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandada, contra la sentencia calenda 18 de agosto de 2022 por
el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, por medio de la cual
se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda”.
Indicó que el 19 de septiembre de 2022 presentó escrito ante el magistrado
ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual solicitó que se
accediera a las pretensiones del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, “especialmente considerando el error en que incurrió la sentencia apelada
con respecto a la forma en que aplicó la prescripción en este caso, desconociendo los
precedentes jurisprudenciales verticales citados en mi recurso”.
Agregó que, posteriormente, mediante escrito enviado el día 1º de noviembre de
2022 al correo electrónico de la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico
y con copia directa al despacho del magistrado ponente,
ventanillad09tadmatl@cendoj.rama judicial.gov.co, solicitó que al momento de
elaborar la sentencia de segunda instancia se resolviera también el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante “el cual debe constar en el
expediente”, por cuanto, manifestó, “en el auto de fecha 15 de septiembre de este año,
el Despacho tuvo a bien admitir el recurso de apelación de la parte demandada, omitiendo
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el suscrito en calidad de
apoderado del demandante”.
Por último, indicó que el 21 de febrero de 2023 se notificó a las partes la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, “pero al leer la
providencia se constata que el Tribunal accionado no se pronunció, mencionó y mucho
menos decidió, acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante”.
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 10 de febrero de 2023, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo parcialmente favorable
de primera instancia, sin tener en cuenta el recurso de apelación que promovió
frente a aquel, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que inició contra el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de
Soledad ESE, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato laboral y
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo.
A su juicio, la sentencia objetada incurre en defecto procedimental absoluto, por
cuanto, indicó, la autoridad judicial accionada “omitió el deber de referirse al recurso
de apelación de la parte actora, pese a que se le había solicitado expresamente y se le
había hecho saber la irregularidad procesal que había cometido al no considerar que la
parte demandante también había apelado”.
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Sostuvo que en el caso se cumple con la totalidad de los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, de los que resaltó que
cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto frente a la sentencia de segunda
instancia no procede recurso alguno “por lo que la única acción judicial que se tiene
para que se corrija la actuación judicial viciada es la acción de tutela, máxime si como se
demostrará a continuación, se violan los derechos fundamentales del accionante al debido
proceso y a la administración de justicia”.
Por último, adujo que el artículo 55 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 dispone que
“las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el
proceso por los sujetos procesales”, y agregó que “el acceso a la administración de
justicia no se limita a que una persona pueda demandar y tramitar un proceso judicial. No.
El acceso a la administración de justicia también comprende el hecho de que ese proceso
se ciña celosamente al debido proceso y al imperio de la ley”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Solicito que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales violados y se
anule o deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de febrero de
2023, notificada el día 22 de febrero del presente año, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico Sección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por MARIO IGNACIO DE LA HOZ contra el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD ESE (Hoy en
liquidación), de radicado 08001333301420180014601; consecuentemente, solicito se le
ordene a la corporación judicial accionada a proferir nueva sentencia de segunda
instancia mediante la cual se pronuncie también sobre el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias digitales de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2018-00146-01, actor: Mario
Ignacio de la Hoz.
5. Trámite procesal
Por auto de 30 de marzo 2023, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial accionada,
así como al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la
E.S.E. Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés en el
resultado del trámite constitucional.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
30983 a 30987, todas de 11 de abril de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión1.
1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: polo-abogados@hotmail.com;
mariodlahoz@hotmail.comventanillad01 tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
gerencia@hospitalsoledad.gov.co; juridica@hospitalsoledad.gov.co; adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin14baq@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co. 3
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla
El titular del despacho rindió informe en el que realizó un recuento del trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, del
que resaltó que mediante auto de 9 de septiembre de 2022 ese despacho resolvió
conceder en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal Administrativo del Atlántico,
el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de 18 de
agosto de 2022.
En ese sentido, afirmó, “en la providencia se dejó establecido que ambas partes
presentaron recurso de apelación contra la referida sentencia de primera instancia, proferida
por este despacho, que los recursos fueron recibidos el 30 de agosto y el 2 de septiembre de
2022, y que fueron concedidos para que el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico le
diera el trámite correspondiente”.
6.2. Los demás vinculados aun cuando fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Previo al análisis de fondo corresponde a la Sala verificar si la presente solicitud
cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, necesario
para efectuar el estudio de fondo.
En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa y se verifique el
cumplimiento de los restantes requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de
10 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó el fallo parcialmente favorable de primera instancia sin tener en cuenta el
recurso de apelación que el accionante promovió frente a aquél, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra
Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE, incurre en
defecto procedimental absoluto, por cuanto “omitió el deber de referirse al
recurso de apelación de la parte actora, pese a que se le había solicitado
expresamente y se le había hecho saber la irregularidad procesal que había
cometido al no considerar que la parte demandante también había apelado”.
3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
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la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el solo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”3. (Negrilla por fuera del texto).
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T-435 de
2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 5
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la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o el accionante sea un sujeto de especial protección constitucional, lo
anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la
protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, está demostrado en el expediente allegado como prueba
que el señor Mario Ignacio de la Hoz, a través de apoderado judicial, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad de
los actos administrativos fictos mediante los cuales el Hospital Departamental
Juan Domínguez Romero de Soledad ESE negó el reconocimiento de una relación
laboral entre las partes, y el pago de las prestaciones sociales derivadas del
mismo, en el periodo comprendido entre los años 2002 al 2014.
En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla por sentencia de 18 de agosto de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que la prestación del servicio
por parte del demandante a favor de la entidad demandada se desarrolló con
características propias de una relación laboral, aun cuando, señaló, los derechos
laborales derivados de los servicios prestados con anterioridad al 8 de noviembre
de 2014, se encontraban prescritos.
Frente a dicha decisión, ambas partes interpusieron recursos de apelación dentro
del término legal, los cuales fueron concedidos por el juzgado de conocimiento
mediante auto de 9 de septiembre de 2022. No obstante, una vez enviado el
expediente al superior funcional para su admisión, el Tribunal Administrativo del
Atlántico mediante auto de 15 de septiembre de 2022, únicamente admitió el
recurso interpuesto por la parte demandada el 18 de agosto de 2022, y no se
pronunció sobre el recurso elevado por el demandante.
4.2. De manera inicial, la Sala aclara que si bien el accionante solicita que se deje
sin efectos la sentencia de 10 de febrero de 2023, los fundamentos de la acción
realmente se encuentran dirigidos contra lo decidido en el auto de 15 de
septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico, al punto que alega un
defecto procedimental, providencia en la que la autoridad judicial accionada no
admitió el recurso de apelación que presentó, por lo que, en principio, será contra
esta que se analicen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.
Ahora bien, conforme con lo verificado en el expediente ordinario, la Sala observa
que respecto del auto de 15 de septiembre de 2022 el accionante habría podido
interponer el recurso de reposición con el fin de que se admitiera el recurso de
apelación que presentó contra el fallo de primera instancia, empero, guardó
silencio, por lo que no hizo uso de los medios de defensa judicial con los que
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contaba, lo que incumple el requisito de procedencia de la subsidiariedad de la
tutela contra providencias judiciales.
En efecto, el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede contra todos los
autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se
aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.
Por su parte, el artículo 318 del Código General del Proceso indica:
“Artículo 318. Procedencia y oportunidades
Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte
el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o
revoquen.
El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de
apelación, una súplica o una queja.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en
forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie
fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres
(3) días siguientes al de la notificación del auto.
El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que
contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los
recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su
aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.
PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un
recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del
recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente”.
En este sentido, en tanto conforme con el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-, el recurso de reposición era procedente contra el auto que admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el debate que el actor
plantea en esta sede constitucional ha podido ser presentado ante el juez ordinario
mediante el uso de dicho recurso y, al no hacerlo, incumplió con el requisito de
haber agotado el medio de defensa judicial ordinario previo a acudir a la acción
constitucional contra providencias judiciales, lo que, de pasarse por alto,
desconocería el artículo 86 de la Constitución Política.
4.3. De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el asunto bajo examen,
frente al auto que admitió únicamente el recurso de apelación presentado por la
parte demandada, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto contra dicha decisión el demandante no interpuso el
recurso de reposición con el que contaba, por lo que dejó de usar el recurso
ordinario que tenía a su disposición para cuestionar la falta de admisión de la
apelación que presentó.
La Corte Constitucional ha señalado respecto del carácter subsidiario de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que no es el medio llamado a reemplazar
los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a
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la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia
adicional a las existentes5.
Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos
que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c)
cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Si bien el accionante refiere que mediante memorial enviado al correo del tribunal
accionado el 19 de septiembre de 2022 presentó escrito ante el magistrado
ponente mediante el cual solicitó “que se accediera a las pretensiones del recurso de
apelación que interpuso”, lo cierto es que dicho escrito se trata realmente de un
pronunciamiento sobre la apelación presentada por la parte demandada, en el que
solo tangencialmente se nombró la existencia de la apelación interpuesta por el
demandante, lo que no resulta equivalente a la interposición del recurso de
reposición, lo que denota la falta de uso de los recursos ordinarios a disposición
del actor.
En el mencionado memorial el actor expuso:
“ESCRITO DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE APELACION DEMANDADA PROCESO
146-2018 (…)
SAMUEL POLO AGOSTA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando
como apoderado del demandante, dentro de los términos establecidos en el numeral 4º
del art. 247 del CPACA, procedo a pronunciarme acerca del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
PRIMERO: Dice el recurso de apelación presentado por la demandada:
En primera medida, es importante precisar que la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no ha sido pacífica al determinar cuáles son los actos
administrativos susceptibles de ser enjuiciados a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Aunado a ello tenemos que el Consejo de Estado, ha sostenido que el oficio de
comunicación y/o Derecho de Petición que da respuesta a una situación, no crea una
nueva situación jurídica, y que no es un acto demandable porque considera que este
constituye una mera información de la decisión, tal como sucede en el presente caso.
(…)
Lo que se expresa en el recurso de apelación no es cierto:
El acto demandado en este caso es un acto presunto negativo configurado el día 8 de
noviembre de 2017, debido a que ese día se cumplieron los tres (3) meses de la
presentación del reclamo laboral del actor para con la demandada (8 de agosto de
2017). (…)
SEGUNDO: Dice el recurso de la demandada:
Ahora bien, de manera puntual a los hechos discutidos dentro del presente proceso no
es dable declarar una relación laboral de trabajo equivalente a un empleado público,
por como de manera clara se ha expresado el acá demandante que prestó sus
servicios bajo una modalidad contractual, amparado en la ley 80 de 1993, denominada
prestación de servicios, para los periodos comprendidos entre abril a julio de 2002, de
5
Se puede consultar al respecto, entre otras, las sentencias SU-424 de 2012 y T-396 de 2014. 8
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noviembre de 2010 a marzo de 2011, de septiembre a diciembre de 2012 y de marzo
de 2013 hasta mayo de 2017. (…)
Sobre lo anterior manifiesto lo siguiente:
a) Con la demanda se aportaron documentos que demuestran que el actor ejerció
funciones como enfermero por muchos años, en igualdad de funciones que enfermeros
de planta de la Entidad, sometido al mismo horario que los empleados de planta, que
las funciones que ejercía son relativas al objeto de la Entidad y tuvieron el carácter de
permanentes y continuas, se recaudaron testimonios que dan fe de lo anterior e incluso
mencionaron los nombres de los jefes del actor que lo sometían a subordinación y
quienes estaban vinculados a la planta de personal de la demandada , mi mandante
atendía a los pacientes de la demandada no de las cooperativas , laboró todo el tiempo
en el Hospital, no en las cooperativas , etc. (…)
TERCERO: Solo me resta solicitar respetuosamente se acceda a las pretensiones del
recurso de apelación interpuesto por el suscrito como apoderado de la parte
demandante, especialmente considerando el error en que incurrió la sentencia apelada
con respecto a la forma en que aplicó la prescripción en este caso, desconociendo los
precedentes jurisprudenciales verticales citados en mi recurso”.
Adicionalmente, en lo referente al escrito enviado el 1º de noviembre de 2022 al
correo electrónico de la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el
que el demandante puso en conocimiento la falta de pronunciamiento sobre la
admisión del recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera
instancia, la Sala observa que el mismo se presentó por fuera del término de tres
días siguientes a la notificación del auto de 15 de septiembre de 2022, lo que
desatiende los términos legales antes referidos. Lo anterior, en gracia de
discusión, si se considerara que dicho escrito tenía el carácter de recurso de
reposición, lo cual no señaló en ninguna parte el demandante.
4.4. No puede desconocerse que en la sentencia objetada no se hizo referencia al
recurso de apelación presentado por la parte demandante, no obstante, este no
utilizó el mecanismo de defensa judicial para controvertir la providencia en la que
no se admitió el mismo, lo que desatiende el requisito de la subsidiariedad, de
inocultable raigambre constitucional6, conforme con el cual la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
En sentencia C-543 de 19927, la Corte Constitucional al referirse al agotamiento de
todos los recursos necesarios para que la acción de tutela prospere, señaló:
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado
un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de
tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que
ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio
judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”.
6
Corte Constitucional, sentencia T-914 de 2009.
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M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 9
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00
Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ
De igual forma, la Sala destaca que los procesos judiciales están construidos
sobre la base de unas ritualidades o cargas procesales que no pueden ser
desatendidas por las partes, siendo una de sus manifestaciones los recursos que
activan las diferentes etapas que tienen por finalidad garantizar el debido proceso
y el derecho de contradicción y defensa, más aún en una jurisdicción como la
contenciosa administrativa que es rogada.
En este sentido, el accionante contaba con el recurso de reposición del que pudo
hacer uso para objetar el auto en el que no se admitió el recurso de apelación que
presentó, el cual no agotó, circunstancia que torna improcedente la solicitud, en
tanto, conforme con la jurisprudencia constitucional antes reseñada, la acción de
tutela no puede erigirse como un medio sustitutivo de los recursos ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico; es el mismo proceso el medio judicial por
excelencia en el que se deben agotar los diferentes mecanismos de defensa.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la solicitud de tutela,
habida cuenta de que la misma no cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Mario Ignacio de la Hoz, quien actúa a través de apoderado judicial, contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00
Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
11
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