Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01519-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
5 de octubre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01519-00
Accionante: Luz Esperanza Ríos Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01519-00
Accionante: Luz Esperanza Ríos Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual
se declaró infundado un recurso extraordinario de revisión y se
condenó en costas a la parte accionante. Ausencia del defecto
sustantivo, con respecto a la condena en costas, e incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional frente a los demás
argumentos de disenso expuestos por la accionante.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Esperanza Ríos
Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Luz Esperanza Ríos Londoño, por intermedio de su apoderado judicial,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo
vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad y, junto con ellos, el
principio de favorabilidad.
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Accionante: Luz Esperanza Ríos Londoño
Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión núm. 25, revocar la sentencia proferida el 5 de septiembre de
2022, mediante la cual resolvió el recurso extraordinario de revisión con radicado
11001-03-15-000-2022-02876-00, para, en su lugar, infirmar el fallo proferido el 4 de
febrero de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y,
en esa medida, reconocer los intereses moratorios causados por el pago tardío del
retroactivo por homologación y nivelación salarial.
1.1.2. Los hechos
El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) La señora Luz Esperanza Ríos Londoño instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
departamento de Caldas, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 7687-
6 del 27 de septiembre de 2016 y, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y la
nivelación salarial.
ii) El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, por lo cual esta última
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.
iii) El 4 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en la medida en que revocó
la condena en costas impuesta.
iv) El 25 de mayo de 2022, la señora Ríos Londoño formuló recurso extraordinario de
revisión en contra de la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en
el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, consistente en existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
v) El 5 de septiembre de igual anualidad, el Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación
planteada por la parte recurrente no se adecuaba a la causal de revisión invocada,
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comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció
sobre todos los asuntos que constituyeron el objeto de litigio. Además, condenó en
costas a la parte recurrente.
1.1.3. Fundamentos de derecho
La accionante consideró que el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm.
25, al expedir la sentencia del 5 de septiembre de 2022, vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de
igualdad y, junto con ellos, el principio de favorabilidad, e incurrió en las siguientes
causales específicas de procedencia:
1. Defecto fáctico, al valorar de manera defectuosa el material probatorio, pues a pesar
de que existían elementos de juicio suficientes, como lo son los actos administrativos
que reconocieron la homologación y nivelación salarial, el certificado de pago del
retroactivo generado, el certificado de los valores generados anualmente, el certificado
de fecha de pago, los oficios de certificación de la deuda, entre otros, los cuales
demuestran que la administración incurrió en una mora injustificada en el
reconocimiento y pago de la deuda por homologación y nivelación salarial, no se
reconoció tal derecho.
Adicionalmente, afirmó que la corporación judicial precitada consideró de manera
injustificada y equívoca que la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo adscrito al servicio educativo se surtió a través de un proceso que debía
desarrollarse por etapas y, con base en esa premisa, justificó arbitrariamente que el
retroactivo adeudado desde 1996 hasta 2002 fuera cancelado en las vigencias del
2013 – 2014. Además, arguyó que la accionada apoyó la demora injustificada y
antepuso las largas etapas administrativas y burocráticas tomadas por la
administración para el reconocimiento y pago de una deuda de carácter laboral, que
tardó cerca de 16 años en ser cancelada.
Por otro lado, sostuvo que la autoridad judicial accionada omitió valorar las pruebas y
dio por no probado los hechos que emergen de ellas. Esto, por cuanto, a pesar de
estar demostrado dentro del plenario la mora en que incurrieron las entidades
demandadas, a través de las resoluciones, certificados y liquidaciones, fechas de pago
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y los decretos contentivos de la homologación y nivelación salarial, que demuestran
con fechas exactas e inequívocas la tardanza en el pago del retroactivo, «quiere hacer
ver de manera distorsionada e ilegal, que el material probatorio no sirvió
absolutamente para nada», para negarle los derechos laborales a la actora.
Aunado a ello, indicó que la accionada dio por probados hechos sin que existiera
prueba de los mismos, al concluir que el Estado no había incurrido en mora en el pago
de la acreencia solicitada, pese a que, con base a los hechos, la ley y el material
probatorio allegado, era posible constatar que el derecho a la homologación era una
tarea que debía adelantarse previo al traslado del personal de una entidad a otra, es
decir, en el año 1997 cuando el personal administrativo fue transferido, y no 16 años
después.
Asimismo, manifestó que el fondo de la litis versa sobre la procedencia o no de unos
intereses de mora causados desde el momento en que nació la obligación, momento
fáctico que tuvo su génesis cuando el personal fue transferido e incorporado en la
planta de personal de la entidad territorial, mas no sobre si el acto administrativo que
culminó con el trámite, es decir, el que ordenó el pago fue cancelado en un tiempo
prudencial o no.
2. Defecto sustantivo, puesto que la Sala accionada no solo aplicó la norma de manera
errónea, sino que desconoció la legislación aplicable al caso concreto, con lo cual
procedió a emitir una decisión judicial «manifiestamente errada que desatiende los
parámetros de juridicidad y aceptabilidad».
Expuso que frente al argumento del juzgador de que el proceso de homologación y
nivelación salarial era una tarea que debía desarrollarse por etapas; la Ley 60 de 1993
que ordenó la descentralización educativa estableció que el traslado e incorporación
del personal debía desarrollarse en el término de 4 años, a partir de su vigencia; no
obstante, dentro del proceso se probó que la administración, contrariando los
postulados legales y constitucionales, procedió en el año 1997 a efectuar el traslado e
incorporación del personal que culminó con el pago completo de las acreencias
laborales dejadas de percibir en el mes de abril de 2013; por lo que no es posible que
la accionada afirme que el proceso homologación y nivelación salarial se realizó en un
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plazo razonable y por tanto a la demandante no le asista derecho al pago de intereses
de mora.
Respecto del argumento de que no existe una norma que expresamente faculte el
pago de intereses de mora en los procesos de homologación y nivelación salarial;
indicó que aquel está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico en diversidad de
normas, como el Código Civil, el Código de Comercio, el Estatuto laboral, la Ley 100
de 1993 y la Ley 1437 de 2011, entre otras disposiciones que consagran el deber de
reconocer intereses de mora cuando se incumplen obligaciones dinerarias.
Finalmente, en relación con el argumento de que el retroactivo por homologación y
nivelación salarial cancelado a la actora fue reconocido con la indexación; adujo que
los intereses de mora y la indexación son conceptos financieros totalmente diferentes.
Por tanto, si la administración incurre en el pago de una deuda retroactiva por los años
1997 a 2002, la cual es cancelada en la vigencia del año 2013, es lógico que deba
actualizarla al valor presente, pero dicho componente inflacionario reconocido con el
retroactivo no compensa la sanción por la demora en el tiempo, por lo que deben
reconocer los intereses de mora, como indemnización del pago de las acreencias que
debía tener consigo el servidor entre los años 1997 a 2002.
Por otra parte, afirmó que la autoridad accionada también incurrió en defecto material
o sustantivo, al imponer la condena en costas por agencias en derecho, sin tener en
cuenta lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, pues estas no
son obligatorias, sino que el fallador tiene la facultad de imponerlas analizando la
conducta y buena fe de la parte vencida en juicio. En esa medida, consideró que, en
su caso, tanto ella como su apoderado no realizaron conductas tendientes a dilatar el
proceso, ni actuaron de mala fe y tampoco se demostró que hayan incurrido en una
conducta procesal temeraria que ameritara esa carga sancionatoria, razón por la cual
no habría lugar a dicha condena.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 19 de mayo de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su
impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, al considerar estar
en incurso en la causal contemplada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de
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Procedimiento Penal, debido a que sostiene una relación de amistad cercana con la
magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, quien suscribió la providencia objeto de
cuestionamiento en esta sede constitucional.
1.2.2. El 29 de junio de igual anualidad, esta Subsección declaró fundado el
impedimento formulado por el doctor Duque Gutiérrez y, en consecuencia, dispuso
separarlo del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de
independencia e imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el
artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
1.2.3. El 2 de agosto de 2023, el despacho del magistrado ponente (i) admitió la acción
de tutela en contra del Consejo de Estado, Sala de Decisión núm. 25, (ii) vinculó a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, y (iii) comisionó al Tribunal Administrativo
de Caldas, para que notificara a todas las personas que intervinieron dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-
2017-00045-00/01, a excepción de la señora Luz Esperanza Ríos Londoño y de la
entidad precitada, y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.
1.2.4. El 29 de igual mes y año, el despacho sustanciador vinculó al departamento de
Caldas, como tercero interesado en los resultados del proceso, en vista de que el
Tribunal Administrativo de Caldas no aportó la constancia de notificación de esa
entidad, tal y como se le había ordenado en al auto admisorio.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Secretaría de Educación del Departamento de Caldas
La secretaria de educación, Ángela María Velásquez Gallo, afirmó que no resulta
razonable la exigencia de intereses moratorios en los pagos realizados por concepto
de retroactivo de homologación y nivelación salarial del personal administrativo,
comoquiera que no existe ninguna tardanza en el pago de esas obligaciones laborales
por parte del empleador, sino una simple equiparación de cargos como consecuencia
de una decisión administrativa del Estado, fundamentada en el Concepto núm. 1607
del 9 de diciembre de 2004 emitido por la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, la cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto
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a reconocer y cuáles eran las fuentes de financiación y la asignación de recursos para
el pago, de tal manera que no podría hablarse de un retardo imputable al deudor que
justifique el pago de intereses moratorios.
Además, señaló que las sumas canceladas por este concepto fueron en su momento
indexadas de tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento
de su pago efectivo, para impedir el deterioro inflacionario de los conceptos salariales
adeudados, garantizando de esta manera la aplicación efectiva del principio de
equidad y, particularmente, del artículo 53 de la Constitución Política.
Igualmente, en relación con el pago de los intereses moratorios por concepto de prima
de servicios, sostuvo que el Decreto 2351 de 2014 determinó que el personal
administrativo del sector de educación tendría derecho a percibir esa prima a partir del
2015, por lo que no hay lugar a que dicho reconocimiento sea retroactivo o de lugar a
intereses moratorios.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo
previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela
dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas
para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con
el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
5 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión núm. 25, en el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-
000-2022-02876-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se
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configuraron las causales defecto fáctico y sustantivo y, por ende, si se vulneraron los
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones
de igualdad de la accionante.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
2.5.1. En el caso bajo estudio no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
con respecto a los defectos sustantivo y fáctico, relacionados con la discusión sobre el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo
reconocido por concepto de homologación y nivelación salarial, pues si bien la
accionante discute la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al
debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad, lo cual en otras oportunidades
ha sido suficiente para entender superado este presupuesto, no lo es, porque lejos de
revestir la importancia constitucional exigida, lo que denotan es la utilización del
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario para discutir
asuntos de índole probatorio o de ley.
No obstante, la Subsección considera que sí se encuentra satisfecha la exigencia
precitada, con respecto al cargo sobre la condena en costas, comoquiera que la
accionante con este reparo no busca reabrir el debate ya concluido por los jueces de
instancia, sino que se revoque dicha condena, debido a que, en su criterio, la autoridad
judicial accionada aplicó de forma inadecuada las normas que regulan esa figura
procesal.
2.5.2. Se cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada
es una sentencia que resolvió un recurso extraordinario de revisión.
2.5.3. Se encuentra satisfecha la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia
objeto de censura fue notificada por correo electrónico el 23 de septiembre de 2022 y
la acción de tutela fue instaurada el 23 de marzo de 2023, esto es, en el término de los
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seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de
la tutela en contra de providencias judiciales.
2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo.
2.5.5. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro de un recurso
extraordinario de revisión.
2.6. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del recurso extraordinario
de revisión con radicado 11001-03-15-000-2022-02876-00, la Sala de decisión
establece lo siguiente:
2.6.1. La señora Luz Esperanza Ríos Londoño instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Departamento de Caldas, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 7687-
6 del 27 de septiembre de 2016 y, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación
salarial.
2.6.2. El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró fundadas
algunas excepciones, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte demandante, por lo cual esta última interpuso recurso de apelación en contra de
la anterior decisión.
2.6.3. El 4 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en la medida en que revocó
la condena en costas impuesta, bajo las siguientes consideraciones:
«[…] 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en
esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
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correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas […]
comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la actora el 22 de marzo de 2013
(fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó el 15 de abril del mismo
año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica
que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos
administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción
por el simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello debe tener su previsión legal
al respecto […]
Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que la accionante, servidora
administrativa al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización
de ese sector fue homologada y nivelada salarialmente en la planta de personal de la
secretaría de educación de Caldas, no puede reclamar intereses moratorios por el pago
tardío a su favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa
obligación, que se hizo exigible el 22 de marzo de 2013 (cuando se expidió el acto
administrativo que reconoció los valores causados entre el 10 de febrero de 1997 y el 31
de diciembre de 2009), fue pagada el 15 de abril siguiente, plazo que no resulta irracional
o caprichoso dados los trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha
sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna
disposición legal.
Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la secretaría de
educación de Caldas a partir de 1997 y tenía derecho a que le sufragaran los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo
cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de
devengar, la entidad, conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 53
superior, indexó las correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible
con el pago de intereses moratorios […]
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la
procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho
de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha
imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella
comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la actora, se
revocará la condena en costas impuesta en primera instancia […]». (Transcripción literal)
2.6.4. El 25 de mayo de 2022, la señora Ríos Londoño formuló recurso extraordinario
de revisión en contra de la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, consistente en existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
2.6.5. El 5 de septiembre de igual anualidad, el Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación
planteada por la parte recurrente no se adecuaba a la causal de revisión invocada,
comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció
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pretendido por la recurrente era reabrir el debate jurídico que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, condenó en costas a la parte
recurrente.
2.7. Caso en concreto
2.7.1. Análisis del requisito general de relevancia constitucional
La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al
debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad y, junto con ellos, el principio
de favorabilidad, los cuales estimó vulnerados por el Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión núm 25, comoquiera que aquella autoridad incurrió en defecto sustantivo,
por no solo aplicar de manera errónea la norma, sino desconocer la legislación
aplicable a su caso, lo cual equivocadamente la llevó a concluir que el proceso de
homologación y nivelación salarial se realizó en un plazo razonable y, por tanto, a la
demandante no le asista derecho al pago de intereses de mora.
Adicionalmente, afirmó que la corporación precitada también incurrió en defecto
fáctico, en dimensión negativa, porque no valoró en debida forma los elementos
probatorios aportados al proceso, tales como los actos administrativos que
reconocieron la homologación y nivelación salarial, el certificado de pago del
retroactivo generado, el certificado de los valores generados anualmente, el certificado
de fecha de pago, los oficios de certificación de la deuda, los cuales demostraban que
la administración incurrió en una tardanza injustificada en el reconocimiento y pago de
la deuda; y, en dimensión positiva, al encontrar probado, sin estarlo, que la
administración no incurrió en mora por el pago de sus acreencias laborales, por lo que
desconoce el derecho de la accionante al pago de dicha sanción.
Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo y brindar mayor claridad, la
Subsección considera necesario hacer referencia al análisis efectuado por el Consejo
de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, en la sentencia proferida el 5 de
septiembre de 2022, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
instaurado en contra de la providencia emitida el 4 de febrero de 2021 por la
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Subsección B de la Sección Segunda de esa corporación, mediante la cual confirmó
la negativa frente a sus pretensiones de reconocimiento y pago de los intereses
moratorios derivados del pago tardío del retroactivo reconocido por concepto de
homologación y nivelación salarial. Así, se observa que la autoridad judicial accionada,
en el proveído censurado, expuso lo siguiente:
«[…] En el sub lite, la recurrente plantea, en síntesis, que con la sentencia impugnada se
desconoció su debido proceso, dado que se vulneró el principio de congruencia y se falló
de manera citra petita. Lo anterior, por cuanto, en lugar de acceder a la pretensión de
reconocimiento de intereses moratorios por la tardanza en el pago del retroactivo, se
ordenó una indexación que no fue solicitada y, además, no se atendió al período objeto
de reclamación judicial que, según los hechos de la demanda, transcurrió desde 1997 -
cuando se efectuó el traslado de planta de personal- hasta 2013 -cuando se realizó el
pago mencionado-.
Esta Sala encuentra que, en el fallo cuestionado, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado explicó, con base en la normativa aplicable y los elementos
probatorios obrantes en el expediente, el proceso de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo del sector educativo en el ente departamental accionado.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que, como las sumas debidas se reconocieron
en marzo de 2013 -momento a partir del cual la obligación era exigible y su pago se efectuó
dentro del mes siguiente, este plazo era razonable en consideración a los múltiples
trámites administrativos que debían surtirse, por lo que no era válido predicar una tardanza
de la cual pudieran derivarse intereses moratorios, máxime si se tenía en cuenta que en
el acto de reconocimiento de la nivelación salarial no se señaló plazo alguno que habilitara
su cobro y que, además, ello requería una previsión legal […]
Pues bien, aunque es cierto que el desconocimiento del principio de congruencia es una
hipótesis jurisprudencial que puede estructurar la causal de revisión prevista en el numeral
5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la Sala advierte que la argumentación propuesta
por la recurrente está orientada a reabrir el debate jurídico que se surtió en el proceso
primigenio y propiciar una tercera instancia que no es de recibo en esta sede
extraordinaria.
En efecto, se evidencia la manera en que la parte recurrente, a través de este mecanismo
excepcional, pretende controvertir el razonamiento jurídico y probatorio que condujo al
juez de segunda instancia a no encontrar procedente el reconocimiento de intereses
moratorios por el retardo en el pago del retroactivo, en el lapso indicado en el escrito inicial.
Como aprecia, la actora profundizó en los motivos de su desacuerdo con la forma en la
que el ad quem abordó la configuración de la mora en el pago del retroactivo, la
procedencia de los intereses moratorios, el momento desde el cual se entienden
causados, así como la interpretación y aplicación de las normas que, a su juicio, gobiernan
la materia, puntos que se relacionan directamente con los fundamentos de hecho y de
derecho de la providencia cuestionada.
En esa dirección, la recurrente aseveró que “aquí lo que se busca, es la infirmación de la
sentencia de 2da instancia, en aras de que se resuelva conforme a las normas
aplicables al reconocimiento, pago y procedencia de intereses moratorios en el sistema
jurídico colombiano” (se destaca) […]
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Así las cosas, la Sala estima que, en ejercicio de este mecanismo de impugnación, la
demandante persiste en su inconformidad con el fallo cuestionado por resultar adverso a
sus intereses, a la vez que propone un nuevo análisis jurídico y probatorio para controvertir
el plasmado en tal providencia y obtener una decisión diferente.
Además, es claro que, mediante la alegación de la supuesta violación del principio de
congruencia, la intención de la recurrente es conseguir la reapertura integral del debate
que fue debidamente zanjado en el juicio ordinario, lo cual es ajeno a la naturaleza y la
finalidad del recurso extraordinario de revisión.
En todo caso, frente al supuesto desconocimiento del principio de congruencia, se
constató que el juzgador ad quem sí decidió sobre los aspectos materia de controversia,
por cuanto se pronunció -aunque en un sentido distinto al pedido por la actora- acerca de
la discusión que se ventiló en el proceso ordinario, es decir, la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios derivados del pago tardío del retroactivo producto
de la homologación y nivelación salarial, en esta ocasión, para confirmar su negativa con
base en las consideraciones legales y jurisprudenciales desarrolladas en la providencia
bajo examen.
Conviene poner de presente que el hecho de negar las pretensiones de la demanda, o
confirmar tal decisión, no deviene automáticamente en un quebrantamiento del debido
proceso , toda vez que lo que se censura en los fallos minus petita o citra petita no es la
resolución de fondo propiamente dicha -favorable o no a lo pedido-, sino la omisión de
decidir sobre los asuntos que constituyeron el objeto del litigio, supuesto que no se verificó
en esta oportunidad, tal y como se desprende de lo explicado líneas atrás.
Habida cuenta de que la argumentación propuesta por la parte recurrente no se adecúa a
la causal de revisión invocada y, en concreto, a la hipótesis consistente en desconocer el
principio de congruencia de la sentencia, y dado que su vulneración no se aprecia en el
caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto […]».
De la anterior, transcripción se desprende que la autoridad judicial precitada determinó
que los argumentos planteados por la hoy accionante no se adecuaban a la causal de
revisión invocada, comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, se pronunció sobre todos los asuntos que constituyeron el objeto de
litigio y, adicionalmente, que lo pretendido por aquella era reabrir el debate jurídico que
se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Una vez analizados los anteriores argumentos y los planteamientos aducidos por la
parte accionante en el escrito de tutela, la Subsección concluye que en el presente
asunto no se cumple el requisito de relevancia constitucional frente a los cargos
expuestos en este acápite, comoquiera que lo pretendido por la accionante es convertir
el mecanismo de amparo en una instancia adicional o complementaria al proceso
contencioso ya concluido.
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Lo anterior, debido a que las inconformidades planteadas no están dirigidas a
cuestionar el análisis efectuado por la corporación judicial accionada sobre el principio
de congruencia o que los cargos formulados en el recurso extraordinario, consistentes
en una indebida interpretación normativa y valoración probatoria por parte de la
Subsección B de la Sección Segunda en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, sí estaban dentro del marco de competencia derivado de la causal 5 a del
artículo 250 del CPACA, sino que, por el contrario, en el escrito inicial se insiste en que
debe reconocérsele intereses moratorios por la tardanza injustificada en el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial.
Ciertamente, la accionante discute que la autoridad judicial accionada desconoció la
normativa que regulaba su caso y valoró de manera defectuosa las pruebas, pues, a
su juicio, existían elementos probatorios suficientes que demostraban que la
administración incurrió en una mora injustificada al reconocer y pagar luego de 16 años
una acreencia laboral.
Además, se repara en que la peticionaria plantea en esta sede aspectos que ni siquiera
están relacionados con las consideraciones esbozadas por la corporación accionada,
pues aquella, en la providencia hoy censurada, no hizo ningún pronunciamiento con
respecto a que el proceso de homologación debía desarrollarse por etapas o que no
existía una norma que expresamente facultara el pago de intereses de mora en dicho
proceso, por lo que resulta evidente el interés de la accionante de que el juez de tutela
haga un juicio de corrección propio del juez ordinario.
En esos términos, se encuentra que lo pretendido por la parte accionante es reabrir el
debate definido en el proceso contencioso, lo cual resulta abiertamente improcedente,
pues emitir un pronunciamiento frente a los reparos expuestos en este escenario
constitucional, como lo pretende la accionante, implicaría invadir las competencias
propias del juez natural de la causa y desconocer el principio de autonomía judicial y
la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
Por tanto, se concluye que la presente acción no goza de relevancia constitucional,
con respecto a los defectos endilgados, relacionados con la discusión sobre el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo
reconocido por concepto de homologación y nivelación salarial, puesto que la
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accionante acude a esta sede como una instancia adicional para plantear sus
inconformidades y obtener una decisión favorable a sus pretensiones.
2.7.2. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.11
2.7.3. Estudio de la norma invocada por la parte accionante como desatendida
con respecto a la condena en costas
La señora Luz Esperanza Ríos Londoño afirmó que el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Núm. 25, incurrió en defecto material o sustantivo, al imponer la
condena en costas por agencias en derecho, sin tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso, pues estas no son obligatorias, sino que
el fallador tiene la facultad de imponerlas analizando la conducta y buena fe de la parte
vencida en juicio.
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Al respecto, se aprecia que la autoridad judicial referida, en la sentencia del 5 de
septiembre de 2022, con respecto a la condena en costas, determinó lo siguiente:
«[…] Dado que en el presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080
de 2021 -normativa vigente al momento de interposición del recurso extraordinario de
revisión-, existe norma especial que impone la condena en costas cuando el recurso
se declara infundado. De este modo, se condenará en costas a la parte recurrente.
Al respecto, se observa que una de las entidades públicas accionadas -el Ministerio de
la Educación Nacional- constituyó apoderado judicial para atender este asunto,
circunstancia a partir de la cual es razonable inferir que se ejerció la vigilancia del
proceso de la referencia. Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta suficiente para
disponer la fijación de agencias en derecho en su favor, según lo preceptuado en los
artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012.
Adicionalmente, conviene indicar que, como este es un proceso de única instancia ante
esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada por la secretaría general,
de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 366 ejusdem.
Para el efecto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el mandatario judicial de la entidad ministerial demandada.
Asimismo, de conformidad con la última norma citada, esta providencia se apoya en el
Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura y contentivo de las tarifas de agencias en derecho, en el cual se dispuso lo
siguiente:
Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial
tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por
este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los
referidos límites.
(…)
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. (se destaca).
Se reitera que, como el Ministerio de Educación Nacional constituyó apoderado judicial
para ejercer la vigilancia de esta actuación, se fijarán las agencias en derecho en su
favor y a cargo de la señora Luz Esperanza Ríos Londoño en un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de esta providencia […]».
De la anterior transcripción se desprende que el Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión núm. 25, decidió condenar en costas a la aquí accionante, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080
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de 2021, y 365 y 366 del Código General del Proceso, comoquiera que se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión y se evidenció que el Ministerio de
Educación Nacional constituyó apoderado judicial para que representara sus intereses
en esa controversia.
Así las cosas, la Sala no evidencia que la corporación accionada hubiese inobservado
lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, sino que, todo lo
contrario, fue una de las normas en que aquella autoridad se fundamentó para imponer
la condena en costas. Además, se repara en que la interpretación realizada no resulta
caprichosa o arbitraria, en la medida en que la autoridad accionada dio aplicación a la
norma especial que regula en el CPACA la imposición de costas, en atención a la
modificación realizada por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, y, además, tuvo en
cuenta que se causaron unas agencias en derecho, razón por la cual no se encuentra
estructurada la causal específica de procedibilidad estudiada y, en consecuencia,
tampoco se advierte la vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
Por todo lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado por la señora Luz
Esperanza Ríos Londoño, a través de la acción de tutela, interpuesta en contra del
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, con respecto al defecto
sustantivo invocado, en relación con la condena en costas, y rechazará por
improcedente el presente mecanismo, frente a los demás argumentos de disenso
expuestos por la accionante.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que no se estructuró la causal específica de procedibilidad aquí estudiada
con respecto a la condena en costas y, en ese sentido, negará el amparo solicitado
por la señora Luz Esperanza Ríos Londoño y, adicionalmente, rechazará la presente
acción, en cuanto a las demás inconformidades planteadas, por no haberse superado
el requisito general de relevancia constitucional.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Luz Esperanza Ríos Londoño, a
través de la acción de tutela, interpuesta en contra del Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión núm. 25, con respecto a la condena en costas, y rechazar por
improcedente el presente mecanismo de amparo, frente a los demás argumentos de
disenso planteados por la accionante, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Con impedimento Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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