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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01526-00

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01526-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del accionante frente a la pretensión relacionada con la petición del 30 de septiembre de 2022. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla en relación con la petición del 19 de mayo de 2022. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la unidad competente, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, profiera una respuesta precisa y congruente con la petición presentada el 19 de mayo de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00 Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01526-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de mayo de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00
Accionante: NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tesis: Vulnera el derecho fundamental de petición la autoridad
administrativa que no respondió una solicitud de manera
precisa y congruente con lo pedido por la parte actora.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla en contra del Consejo Superior de la Judicatura.

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra del Consejo Superior
de la Judicatura y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERO: Que se Admita la presente acción de tutela.

SEGUNDO: Que se declare la vulneración al derecho fundamental de
petición.

TERCERO: Que se Ordene a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura que, de respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
1

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

todo lo solicitado en el Derecho de Petición de fecha 30 de septiembre de
2022, y de fecha 19 de mayo de 2022. […]”. (Resaltado del original).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que el 19 de mayo de 2022 presentó ante la
accionada un derecho de petición “(…) donde le solicité información
referente a la equivalencia del cargo de citador grado 3, junto a otros
cargos en la Rama Judicial (…)”; sin embargo, según afirmó, no recibió
contestación de fondo, clara, precisa y congruente.

Aseveró que el 30 de septiembre de 2022 radicó de nuevo una petición
ante el Consejo Superior de la Judicatura en el que solicitó copias de
algunos documentos e información, y según indicó “(…) la Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado mi derecho a la estabilidad
laboral reforzada por salud (…)”, sin que a la fecha de presentación de
esta acción de tutela se le hubiera dado respuesta alguna.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. La tutela fue radicada el 31 de octubre de 2022 en el aplicativo de
recepción de tutelas en la página web de la Rama Judicial y correspondió
por reparto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
que, por auto del 4 de noviembre de 2022, avocó su conocimiento y
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura2.

3.2. La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura rindió el informe solicitado vía
electrónica3, en el que pidió negar el amparo con fundamento en lo
siguiente:

2
Esta orden se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2022. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01526 00.
3
Ibidem.
2

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

Respecto de la petición del 19 de mayo de 2022, sostuvo que, por oficios
números CJO22-1928 y CJO-1929 del 25 de mayo de 2022, fue
respondido lo solicitado por el accionante y que la respuesta la remitió en
esa misma fecha al correo electrónico nerio2905@yahoo.es.

Frente a la petición del 30 de septiembre de 2022, afirmó que fue remitida
al competente, conforme con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1755
de 2015, debido a que ninguno de los interrogantes planteados era del
resorte de esa Corporación.

3.3. En providencia del 15 de noviembre de 20224, la Sala de Decisión de
Tutelas nro. 2, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
decretó la nulidad de lo actuado desde el auto del 4 de noviembre de 2022
y aclaró que las pruebas recaudadas conservaban su validez. Como
consecuencia de lo anterior, ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido por el numeral 8 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

3.4. La tutela fue remitida a esta Corporación el 24 de marzo de 2023 por
parte de la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia5 y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto
del 28 de marzo de 20236, la admitió y dispuso notificar tal decisión al
Consejo Superior de la Judicatura7.

La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura rindió de nuevo informe vía

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
7
Esta orden se cumplió el 31 de marzo de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
01526 00.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

electrónica8, en el que señaló que esa Corporación, a través de la Unidad
de Carrera Judicial, dio respuesta a la petición formulada por el señor
Bastidas Padilla el 19 de mayo de 2022, mediante oficio nro. CJO22-1929,
la cual fue enviada a la dirección electrónica nerio2905@yahoo.es. Frente
a la petición del 30 de septiembre de 2022, insistió que el 8 de noviembre
de 2022, la remitió por competencia.

3.5. Mediante escrito radicado el 29 de marzo de 20239, el accionante
manifestó “(…) de manera libre y espontánea desisto de unas de las
pretensiones de la presente acción de tutela, esto es, la petición dirigida
al derecho de petición de fecha 30 de septiembre de 2022, toda vez que
el mismo fue incluido por error involuntario al redactarse la acción de
tutela; en ese sentido, hago referencia que sólo se busca el amparo
constitucional del derecho de petición de fecha 19 de mayo de 2022. Ya
que la petición del 30 de septiembre hace tránsito a cosa juzgada (…)”.
Dicha manifestación fue reiterada por memorial del 31 de marzo de
202310.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 18 de abril de 202311.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

8
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
9
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
10
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
11
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
4

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El 19 de mayo de 2022 el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla
radicó vía correo electrónico un derecho de petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, en el que solicitó información sobre los cargos
equiparables o similares al de citador grado 3. En el escrito de petición
indicó que su correo electrónico de notificación era nerio2905@yahoo.es
15.

4.2.2. Por oficio CJO22-1929 del 25 de mayo de 2022, la directora de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, respondió la petición formulada, con copia a la Secretaría de
Sala Administrativa Consejo Seccional – Norte de Santander – Seccional
Cúcuta 16.

12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
13
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el accionante. Visto en el índice 2 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2023 01526 00.
16
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01526 00.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el accionante promovió acción de tutela
pretendiendo que se ampare su derecho fundamental de petición, toda
vez que presentó el 19 de mayo de 2022 una solicitud ante el Consejo
Superior de la Judicatura que afirma no ha sido respondida de fondo y,
otra, el 30 de septiembre de 2022, de la que desistió por escrito del 29
de marzo de 2023.

Conforme con lo anterior, la Sala aceptará el desistimiento del accionante
frente a la pretensión relacionada con la petición formulada el 30 de
septiembre de 2022, atendiendo lo siguiente:

El artículo 26 de Decreto 2591 de 1991 establece la posibilidad del actor
de desistir de la acción de tutela. Asimismo, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que el desistimiento es procedente siempre
que se refiera a intereses personales del peticionario y se presente
durante el trámite de las instancias17. También, la Corte Constitucional ha
establecido que “(…) resulta viable si se presenta antes de que exista una
sentencia respecto a la controversia (…)”18.

Comoquiera que en este asunto el desistimiento formulado por el actor
solo afecta sus intereses personales y fue radicado antes de proferirse
sentencia, la Sala únicamente analizará si se le vulneró el derecho
fundamental de petición respecto de la solicitud que radicó ante la
accionada el 19 de mayo de 2022.

17
Corte Constitucional. Auto 283 del 15 de julio de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
18
Ibidem.
6

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

El artículo 23 de la Constitución Política estableció que todas las personas
tienen el derecho de presentar peticiones respetuosas por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que el contenido esencial del
derecho de petición está conformado por “(i) la posibilidad efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la
respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo
o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que
implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de
la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera
completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la
petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas” 19.

En cuanto a la respuesta de fondo como contenido del derecho de
petición, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “(…) otro
componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos
de petición debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que
la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera
que atienda directamente lo pedido sin reparar en información
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y
sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite
que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo
de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada

19
Corte Constitucional. Sentencia T – 077 del 2 de marzo de 2018. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
7

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o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite
que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no
procedente” (…)”20.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha indicado que cuando “(…) la
autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la competente para
pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, también se preserva la
obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre la
falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario
(…)”21.

La Sala, con el fin de determinar si hay o no lugar a amparar el derecho
fundamental de petición, verifica lo siguiente:

(i) Está acreditado en el expediente que el accionante presentó el 19 de
mayo de 2022 un derecho de petición ante el Consejo Superior de la
Judicatura, en donde manifestó22:

“[…] Se informe cuáles son los cargos equiparables y/o similares en la
Rama Judicial (Juzgados, Administración Judicial y Consejo Seccional de
la Judicatura) al cargo de citador grado 3, cuando se trata de reubicación
de un empleado con estabilidad laboral reforzada, siendo este profesional
(Abogado), teniendo en cuenta lo manifestado en el Acuerdo N°.
CSJSAA17-34-86 del 08 de junio de 2017, y providencia del Consejo de
Estado con radicación 6800123330002016-0105101 de fecha 15 de
diciembre de 2016 con aclaración de fecha 02 de marzo de 2017, así
como, el principio de solidaridad entre las dependencias de las entidades
cuando se busque aplicar medidas afirmativas para la protección de un
mandato constitucional de las personas con debilidad manifiesta, como lo
indica el Consejo de Estado Sala de Consulta del (sic) Servicio Civil con
radicación N°. 11001-03-06-000-2021- 00157-00 de fecha 31 de marzo
de 2022 […]”.

20
Corte Constitucional. Sentencia T – 230 del 7 de julio de 2020. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
21
Ibidem.
22
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el accionante. Visto en el índice 2 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2023 01526 00.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

(ii) Mediante el oficio CJO22-1929 del 25 de mayo de 2022, la directora
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura respondió la referida petición, en los siguientes
términos23:

“[…] Con relación a su petición es preciso indicar de manera preliminar
que, la Juez Segundo de Familia de Cúcuta, mediante Resolución 012 de
9 de mayo de 2022, adoptó a su favor como medida afirmativa, mantener
su nombramiento en provisionalidad en el cargo de citador grado 3, hasta
que se posesione en propiedad quien ocupa el primer lugar en la lista de
elegibles conformada mediante el Acuerdo CSJNS2021-368 del 18 de
noviembre de 2021, o hasta que tome posesión alguno de los integrantes
de la lista contenida en el Acuerdo CSJNS2021-368, y/o en las que remita
el Consejo Seccional de la Judicatura.

En dicha providencia consideró que, al encontrarse nombrado en
provisionalidad no goza de la estabilidad laboral reforzada propia de
los empleados de carrera sino de la intermedia o relativa, por lo
que no era viable su permanencia indefinida en el cargo de citador grado
3, máxime que para ese despacho se conformó lista de elegibles y dentro
de la planta de personal de ese Despacho no existía un cargo equivalente;
así mismo ordenó remitir para conocimiento del caso al Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander, para que, en el marco de sus
funciones, y de cara a las posibilidades administrativas, evaluara la
viabilidad de la reubicación del servidor.

Lo anterior de conformidad con el concepto emitido por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado el 31 de marzo de 2022, en el que
indicó que correspondía al mismo nominador, evaluar, antes de proceder
al nombramiento de quien ocupó el primer puesto en el concurso de
méritos, de ser posible, y en el marco de su potestad nominadora, una
nueva vinculación provisional del servidor, en un cargo de igual jerarquía
al que venía ocupando, siempre y cuando se encuentre vacante, y de no
ser posible, remitirlo al Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander, para que en el marco de sus funciones, y de
cara a las posibilidades administrativas, puedan, de conformidad
con el deber de colaboración armónica del que trata el artículo 113
de la Constitución Política, evaluar la viabilidad de la reubicación
del servidor.

Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el concepto emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 31 de
marzo de 2022 y por la Resolución 012 de 9 de mayo de 2022 proferida
por el Juzgado Segundo de Familia de Cúcuta, se dio traslado al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, mediante oficio CJO22-
1928 de 25 de mayo de 2022 para que dé respuesta a su petición,
informando para conocimiento que en las reubicaciones o creaciones de

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Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
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cargos no interviene esta Unidad estando a cargo de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico […]”. (Resaltado del original).

(iii) Conforme con lo anotado, se desprende que, en la petición formulada
por el accionante al Consejo Superior de la Judicatura, pidió se le
informara “(…) cuáles son los cargos equiparables y/o similares en la
Rama Judicial (Juzgados, Administración Judicial y Consejo Seccional de
la Judicatura) al cargo de citador grado 3, cuando se trata de reubicación
de un empleado con estabilidad laboral reforzada (…)”.

En la respuesta dada el 25 de mayo de 2022 mediante el oficio nro.
CJO22-1929, por parte de la directora de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, le explicó que el
nominador, a través de un acto administrativo, había adoptado una
medida afirmativa en su favor, consistente en mantener el nombramiento
en provisionalidad en el cargo de citador grado 3 hasta que se posesionara
en propiedad quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles, y que
allí se le había señalado que no goza de la estabilidad laboral reforzada
propia de los empleados de carrera, sino de la intermedia o relativa, por
lo que no era viable su permanencia indefinida en el cargo, y que dentro
de la planta de personal del respectivo despacho no existía uno
equivalente.

No obstante, en ninguno de los apartes de la contestación emitida por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura se hace referencia a lo solicitado por el accionante, esto es,
informarle sobre cuáles son los cargos equiparables y/o similares en la
Rama Judicial al cargo de citador grado 3, por lo que la respuesta dada
no es congruente, dado que no abarcó la materia objeto de la petición, ni
tampoco es precisa, ya que no atendió directamente lo pedido y, por el
contrario, aludió a información que no correspondía con lo requerido,
puesto que hizo un recuento de la medida afirmativa y las razones por las
que el nominador la adoptó.

10

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 01526 00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

(iv) Adicionalmente, en la respuesta formulada el 25 de mayo de 2022
por la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, se advierte que, una vez hizo
referencia a la medida afirmativa adoptada por el nominador del
accionante, indicó que la petición fue trasladada al Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander mediante oficio CJO22-1928 de 25
de mayo de 2022, con fundamento en el concepto proferido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 31 de marzo de 2022
y en la Resolución nro. 012 del 9 de mayo de 2022 emitida por el
nominador del accionante; sin embargo, no expuso las razones por las
que el Consejo Seccional tenía la competencia para responderle el
derecho de petición, esto es, informarle cuáles son los cargos
equiparables y/o similares en la Rama Judicial al de citador grado 3, ni
tampoco expuso los motivos por los que el Consejo Superior de la
Judicatura no era el competente para brindar la información solicitada.

Como quedó visto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que la falta de competencia de una autoridad para desatar un
asunto no sirve de sustento para desatender un derecho de petición y, en
tales casos, deberá fundamentarse la carencia de competencia y remitirla
a la entidad que tiene potestad para tramitar el asunto24.

En este punto cabe agregar que el derecho de petición fue remitido al
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander con fundamento
en la Resolución nro. 012 del 9 de mayo de 2022, en la que, según se
desprende de la contestación, el nominador remitió a dicha seccional el
caso para que estudiara la viabilidad de la reubicación del servidor; pero
se resalta que en la petición que es objeto de esta acción de tutela no se
solicitó la reubicación del accionante sino información sobre los cargos
equiparables y/o similares en la Rama Judicial al cargo de citador grado
3 cuando se trata de la reubicación de un empleado.

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Al respecto puede verse la sentencia C-951 de 2014 en la que se estudió la
exequibilidad de proyecto de ley que reguló el derecho de petición.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

(v) Por último, en el párrafo final de la contestación dada el 25 de mayo
de 2022, se indicó que se daba traslado al Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander del derecho de petición “(…) informando
para conocimiento que en las reubicaciones o creaciones de cargo no
interviene esta Unidad, estando a cargo de la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico”; sin que esté acreditado en el expediente que se
hayan adelantado las actuaciones tendientes para que la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico conociera y respondiera la petición del
accionante, dado que lo que se desprende de la contestación es que
simplemente se le informó al actor cuál era la dependencia encargada de
la reubicaciones y creaciones de los cargos.

Lo anterior, más aún cuando la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
hace parte del Consejo Superior de la Judicatura25, al igual que la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, que fue la que respondió la petición
al accionante el 25 de mayo de 2022.

Por lo expuesto, la Sala considera que el derecho fundamental de petición
del actor está siendo vulnerado, comoquiera que la respuesta dada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura no es precisa ni congruente con lo solicitado por el actor.

En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición y se le
ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la unidad
competente, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas26 contadas
a partir de la notificación del presente fallo, profiera una respuesta de
fondo, precisa y congruente a la petición del 19 de mayo de 2022 y, de

25 Acuerdo nro. PAA 07-4067 del 14 de junio de 2007 proferido por la Sala Administrativo

del Consejo Superior de la Judicatura “por el cual se reestructura la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se
determina su planta de personal y se señalan sus funciones”.
26 De conformidad con el numeral 5 del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 que
establece: “ARTICULO 29. CONTENIDO DEL FALLO. Dentro de los diez días siguientes a
la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener: (…) 5. El
plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder
de 48 horas”.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

otro lado, aceptará el desistimiento frente a la petición radicada por el
accionante el 30 de septiembre de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del accionante frente a la
pretensión relacionada con la petición del 30 de septiembre de 2022.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor
Nerio Alexander Bastidas Padilla en relación con la petición del 19 de mayo
de 2022.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la
Judicatura, a través de la unidad competente, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, profiera una respuesta precisa y congruente con la petición
presentada el 19 de mayo de 2022, teniendo en cuenta las
consideraciones aquí expuestas.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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