Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01528-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Niega el amparo: caducidad del medio de control de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01528-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01528-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
5 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionantes: HERIBERTO ARANGUREN GONZÁLEZ Y OTROS
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE
NIEGA EL AMPARO – caducidad del medio de control de
reparación directa por actos de lesa humanidad - No se
configuran los defectos invocados
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada a través de apoderada judicial por
los señores Heriberto Aranguren González y María Alejandra Lozano Araque,
quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18
años D.S.A.L. y D.A.A.L.1, Edilberto Aranguren, María Gilma Aranguren
González, Wilson Aranguren González y Derlis Amparo González.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a
las providencias de 22 de septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022,
proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01.
II. HECHOS
2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relataron que el señor Heriberto Aranguren González se desempeñaba como
Sargento Mayor del Ejército Nacional y que el día 22 de junio de 1999 fue
secuestrado por miembros del frente 34 de la guerrilla de las FARC – EP.
1
La Sala se abstiene de develar los nombres completos de los menores de 18 años.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
2.2. Indicaron
que el 5 de mayo de 2003 el Ejército Nacional llevó a cabo una
operación militar para el rescate de los secuestrados, pero los guerrilleros a cargo
de la seguridad de los secuestrados decidieron fusilarlos.
2.3. Manifestaron que el Sargento Mayor Heriberto Aranguren González resultó
herido en su cabeza y extremidades.
2.4. Comentaron que, en el marco de la Justicia Especial para la Paz, el señor
Aranguren González fue declarado, mediante auto de 10 de octubre de 2018,
víctima del grupo armado FARC - EP.
2.5. Narraron
que el pasado 2 de octubre de 2019 se expidió el acta de Junta
Médico – Laboral N° 114958, adicionada a través del Acta N° 4272 de 17 de abril
de 2020, mediante las cuales se determinó la pérdida de la capacidad laboral del
militar en un 46,99% con ocasión de la «[…] disminución de su capacidad
psicofísica acumulada, por los conceptos de PSIQUIATRÍA, FISIATRÍA,
NEUROCIRUGÍA, ORTOPEDIA, OFTAMOLOGÍA, POTENCIALES EVOCADOS
AUDITIVOS, AUDIOMETRIA TONAL SERIADA […]».
2.6. Sostuvieron
que, junto con los integrantes de su grupo familiar, presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con miras a que fueran reparados los daños
padecidos con ocasión de las lesiones y afecciones sufridas por el señor
Heriberto Aranguren González.
2.7. Señalaron que en su demanda solicitaron efectuar un «[…] control oficioso de
convencionalidad […]» de la figura de la caducidad. Sin embargo, mediante auto
de 26 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera – Subsección C «[…] inadmitió la demanda y solicitó a la parte actora
determinar cuándo tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado en
el secuestro y cuándo se estructuró el daño derivado del operativo de rescate;
además, la requirió para que aportara los documentos que acreditan el
agotamiento del requisito de la conciliación prejudicial […]».
2.8. Posteriormente, mediante auto de 22 de septiembre de 2021, el a quo ordenó
rechazar la demanda, luego de considerar que había operado la caducidad del
medio de control.
2.9. Sostuvieron que la decisión de primera instancia fue apelada y que, mediante
auto de 30 de agosto de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado confirmó la providencia de primera instancia y, para tal efecto, puso de
relieve el precedente contenido en la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020.
2.10. Afirmaronque en la anterior decisión se incurrió en defecto sustantivo y
violación directa de Constitución, porque se desconoció «[…] el carácter de
delito de lesa humanidad de los hechos que dieron lugar al medio de control de
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Accionante: Heriberto Aranguren González
reparación directa bajo estudio, y aplicar de forma material los lineamientos del
literal 1 del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y la jurisprudencia
interna como es la emanada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia de 29 de enero de 2020, la cual se aparta de los lineamientos
convencionales, quebrantando los postulados comprendidos en el Bloque de
Constitucionalidad y los artículos 9,53,93,94,102, y 214 de la C.P., lo cual recae en
una violación directa de la Constitución […]».
2.11. También argumentaron que las autoridades accionadas desconocieron el ius
cogens en tanto que: «[…] la jurisprudencia establecida en la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs
Chile de 29 de noviembre de 2018, la cual sostuvo que ante los hechos calificados
como crímenes contra la humanidad, las acciones de responsabilidad civil que
garantizan la responsabilidad de las víctimas, no sean objeto de prescripción […]».
2.12. Respecto del desconocimiento del precedente y del defecto fáctico indicaron
que la providencia dictada en primera instancia concluyó que la parte demandante
tenía plena conciencia del daño desde el 17 de abril de 2007, fecha en la que
radicó una solicitud ante la entidad demandada; desconociendo que dicha solicitud
corresponde a un simple formato.
2.13. También adujeron que no se tuvo en cuenta el «[…] empeoramiento y
exacerbación progresiva […]» de las patologías, tal como se observaba de las
actas de medicina laboral N°14958 de 2 de octubre de 2019 y N° 4272 de 17 de
abril de 2020.
2.14. Igualmente, sostuvieron que no es cierta la afirmación del juez de primera
instancia, asociada a que el señor Aranguren González gozó de todas sus
facultades mentales con posterioridad a su liberación y tenía plena certeza del
daño. Por el contrario, los accionantes sostuvieron que tal afirmación desconocía
«[…] la realidad fáctica de las heridas recibidas por mi poderdante y su gravedad,
ya que no es cualquier “enfermedad” recibir dos impactos de fusil en el cráneo de
una persona y pensar que estos no dejan ninguna clase de consecuencia
psicofísica en la humanidad de este […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la
administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del
principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el
derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela
judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29-228 y 229 de la
Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos-Garantías judiciales ); ii) Supremacía
constitucional, ya que al surgimiento de cualquier incompatibilidad entre la ley
y la Constitución determina la aplicación preferente de los Supraprincipios que
surgen como consecuencia de la materialidad del artículo 4° Superior4; iii)
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
Prevalencia del precedente Convencional, Constitucional y el constante
desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, vertical y horizontal de la
inaplicabilidad por inconvencionabilidad del término estipulado por ley de la
caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Este control
constituconvencional (art.93C.P.) debe realizarse a través de un juicio de
valor Supra Constitucional con debido acatamiento a los postulados
internacionales en los cuales se “ha inaplicado los términos de caducidad en
casos de crímenes atroces para garantizar a las víctimas el acceso a la
administración de justicia y una reparación adecuada […] a la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs
Chile de 29 de noviembre de 2018, la cual sostuvo que ante los hechos
calificados como crímenes contra la humanidad, las acciones de
responsabilidad civil que garantizan la responsabilidad de las víctimas, no
sean objeto de prescripción.”5, juicio que debe realizarse entre los postulados
legales y los parámetros del Bloque de Constitucionalidad, en virtud de los
principios y valores, que la asamblea constituyente de 1991, tomó como base
principal para desarrollar el articulado constitucional, y lograr la estructura y
función, como un Bloque normativo. Armonizando de esta forma la legislación
interna con la convencional, en aras de que prevalezca los derechos
humanos de las víctimas aquí accionantes, sobre los lineamientos legales
internos (literal 1 del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011), en
total armonía a los artículos 1,2,4,9,29,53,93,94,102,214,228,229,230, y
sentencia T-409 DE 1992, mediante la cual la Corte Constitucional estableció
que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos, aprobados
y ratificados por Colombia, prevalecen en el orden interno. Es así que nace la
obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un
estricto control de convencionalidad (Artículo 1 y 2 de la Convención
Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo
4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal
(Artículo 5 de la Convención Americana y12 y 44 de la Constitución), todo ello
en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el
artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
amparando los derechos constituconvencionales de los accionantes
vulnerados mediante las providencias judiciales emanadas por i) TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “C”, EL CUAL mediante providencia del día 22 de septiembre
de 2021, procedió a rechazar la demanda y ii) H. CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A, dentro del EXP: 25000-23-36-000-2021-00177-01(67915),
en los términos que se ha de explicar en el presente libelo. SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las providencias proferidas por i)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “C”, el cual mediante providencia del día 22 de septiembre de
2021, procedió a rechazar la demanda instaurada en el medio de control de
reparación directa, por caducidad de la acción, y ii) H. CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A, dentro del EXP: 25000-23-36-000-2021-00177-
01(67915), el cual mediante providencia de segunda instancia el 30 de agosto
de 2022, con notificación por estado del 03 de octubre de 2022, resolvió entre
otros, CONFIRMAR la providencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de la misma. TERCERO:
QUE SE ORDÉNE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para que en un término no mayor a (10) diez días contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia constitucional, revoque lo resuelto en el auto del 22
de septiembre de 2021, y proceda a dictar una providencia de reemplazo,
teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia constitucional […].
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Accionante: Heriberto Aranguren González
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto
de 28 de marzo de 2023, admitió la presente acción de tutela. En la misma
providencia se ordenó vincular, como terceros con interés directo en los resultados
del proceso, «[…] a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, a los señores Yudy Girley Aranguren Carrillo, Omar Fernando Aranguren
González, William Darío Aranguren Ospina y Angélica Patricia Aranguren Ospina
[…]».
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
advierte que se allegó el siguiente informe:
5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
escrito de 30 de marzo de 2023 y por conducto de la magistrada ponente de la
decisión objeto de censura, rindió informe en el que señaló lo siguiente:
[…] [C]onsidero que la presente acción de tutela no está llamada a prosperar,
por cuanto la supuesta vulneración que se predica en la demanda tiene su
génesis en el criterio de unificación acogido por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en providencia de 29 de enero de 2020, cuya validez no puede ser
discutida en esta instancia. Con todo, se logró constatar que el análisis
efectuado en la providencia tildada de ser violatoria consultó el material
probatorio aportado al proceso, así como la legislación y la jurisprudencia
aplicables al asunto; luego, no se vulneraron los derechos de acceso a la
administración de justicia y debido proceso de la parte accionante […].
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20214.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la
Sala de Decisión, se debe precisar, aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 22 de
septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022, a través de las cuales se rechazó
la demanda de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01; que
2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
3
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
4
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
el presente análisis se centrará en determinar si la decisión dictada en segunda
instancia incurrió en los defectos denunciados, dado que es la decisión que tiene
los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis5.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello
es así determinar:
b) Si la providencia de 30 de agosto de 2022, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control
de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-01, vulneró los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, por haberse
incurrido, presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y de violación directa de la Constitución.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. En sentencia de 31 de julio de 20126, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.
11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
5
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
6
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución8.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión9” que se encaje en
dichos parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la
Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a
7
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
8
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
las providencias de 22 de septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022,
proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01.
VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se
cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo son el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y la igualdad, y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima; (ii)
la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de
los derechos fundamentales que aduce vulnerados con ocasión de la providencia
aquí enjuiciada; (iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término
razonable10; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; (v) no se
alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario
efectuar un análisis al respecto, y (vi) la acción constitucional no se dirige contra
una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.
VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
19. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, abordará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el
accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se
alega la configuración de un defecto fáctico, de una violación directa de la
constitución, de un defecto material y del desconocimiento del precedente.
Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan citados defectos
encajan dentro de la órbita del desconocimiento del precedente y de la violación
directa de la Constitución, con ocasión del desconocimiento de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
VI.4.2.3. Solución a los defectos en el caso concreto
20. En el sub judice, la parte accionante, en síntesis, indicó que, en el auto de 30
de agosto 2022, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación, se incurrió en una violación directa de la Constitución y en un
desconocimiento del precedente, de conformidad con las siguientes razones:
20.1. En primer lugar, señalaron que conforme a la sentencia de 29 de noviembre de
201811 [Caso Órdenes Guerra y otros vs Chile], a través de la cual se interpretaron
10
Se precisa que la providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 3 de octubre de 2022, mientras que la
presente acción tutela fue radicada el 24 de marzo de 2023.
11
Proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las
acciones resarcitorias derivadas de los daños irrogados por la comisión de delitos
de lesa humanidad eran de naturaleza imprescriptible; lo que significa que las
secuelas padecidas por el Sargento Mayor Heriberto Aranguren González, con
ocasión de su secuestro e intento de fusilamiento, no podían ser objeto de
caducidad.
20.2. En segundo lugar, sostuvieron que se desconoció una de las reglas previstas
en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, asociados con la inaplicación de la
exigencia del requisito de caducidad, en tanto que el señor Heriberto Aranguren
González se encontraba en una circunstancia especial que le impidió promover la
demanda de reparación directa. Dichas circunstancias consistieron en: (i) el «[…]
empeoramiento y exacerbación progresiva […]» de las patologías padecidas por la
víctima, y (ii) las características del daño padecido por el demandante, que
permitía inferir que no estaba en condiciones de promover el medio de control
después de haber recibido dos impactos de bala en la cabeza.
20.3. Por
último, expresaron su inconformidad respecto la conclusión de la
accionada consistente en que la parte demandante tenía plena conciencia del
daño desde el 17 de abril de 2007 cuando radicó una solicitud ante el Ejército
Nacional; desconociendo que dicha solicitud correspondía a un simple formato.
21. Por otro lado, en el auto de 30 de agosto de 2022 el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, al analizar la configuración de la caducidad en el
sub examine, concluyó que no era posible inaplicar la exigencia del requisito de
caducidad en el caso de autos, porque no fueron acreditadas las circunstancias
materiales y objetivas que imposibilitaron a los accionantes ejercer del medio de
control a tiempo. Sobre este aspecto de la controversia, la referida subsección
expuso lo siguiente:
[…] A partir de los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde determinar si la parte actora estuvo impedida, de forma
material, para interponer la demanda dentro de los dos años siguientes
al conocimiento que tuvo de la acción y omisión que le imputa al Estado,
y que señala de haberle ocasionado el daño cuya reparación pretende.
Según el relato fáctico del libelo introductorio, el señor Heriberto
Aranguren González conoció las fallas en las que incurrió el Ejército
Nacional de forma concomitante con la producción de los hechos
dañosos, esto es, el secuestro por la falta de apoyo militar y las
decisiones erradas que adoptaron los altos mandos en el operativo del
22 de junio de 1999, y la operación de rescate del 5 de mayo de 2003,
llevada a cabo sin planeación, en la que resultó gravemente herido.
Revisado el material probatorio que reposa en el plenario, aparecen
demostrados los siguientes supuestos:
· El Ejército Nacional, Batallón de A.S.P.C. no. 6 “Francisco Antonio Zea”
elaboró informativo administrativo por lesiones, el 27 de enero de 2004,
en relación con el suboficial sargento segundo Heriberto Aranguren
González, con el siguiente concepto del comandante de la Unidad:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
El señor SS. Aranguren González Heriberto CM. 93357498 se encontraba
secuestrado desde el día 22 de junio de 1999, el día 05 de mayo de 2003,
en la operación de rescate por parte del Ejército Nacional, ejecutado por
las Fuerzas Especiales no. 3, donde en el momento del rescate fue
herido en la pierna izquierda con fractura múltiple de fémur, y fractura de
cráneo, ocasionado por impacto de arma de fuego, de acuerdo a la
valoración por el Dismed del BASAN.
Los hechos se clasificaron en el literal C, “en el servicio, por causa de heridas
en combate o como consecuencia de la acción directa del enemigo o
restablecimiento del orden público”.
· Mediante Acta de Junta Médico Laboral no. 3349 de 11 de junio de
2004, se calificó la situación del señor Heriberto Aranguren González, en
las especialidades de audiometría, neurocirugía, optometría, ortopedia y
psiquiatría. En esa decisión fue declarado no apto para el servicio, con
una disminución de la capacidad laboral del 56,92%. A partir del examen
psicofísico, se arribó a las siguientes conclusiones e imputaciones:
(…)
· El Tribunal Médico Laboral de Revisión, en acta no. 2664 de 28 de febrero
de 2005, revocó el concepto apelado, y concluyó una disminución de la
capacidad laboral del 40,78%. Al analizar la situación del paciente, se
evidenciaron “cicatrices en tórax, abdomen, muslo izquierdo traumáticas y
cicatriz quirúrgica región externa muslo izquierdo, atrofia leve cuádriceps,
membranas timpánicas monoméricas, columna central, marcha punta talón
normal, reflejos normales, cicatriz en cuero cabelludo con zona de
hundimiento de tabla craniana, acortamiento aparente miembro inferior
izquierdo un centímetro”. Se determinaron así las siguientes “lesiones-
afecciones-secuelas” y su imputabilidad con el servicio:
(…)
El 28 de marzo de 2006, se expidió acta aclaratoria no. 2907, para especificar
que el grado del señor Heriberto Aranguren González corresponde a sargento
viceprimero.
· Mediante comunicación de 14 de junio de 2007, la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional dio respuesta a una petición elevada por el señor
Heriberto Aranguren González, quien para ese momento se
desempeñaba como sargento viceprimero del Batallón de Sanidad
“Soldado José María Hernández”, en la que le informó que no era viable
revisar nuevamente su junta médica, pues ya se habían surtido las dos
instancias para ello.
· El 15 de mayo de 2014 la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
practicó examen médico al señor Heriberto Aranguren González, por
motivo de ascenso. Se anotó que presentaba “buenas condiciones
generales”, se hizo relación de los antecedentes quirúrgicos,
traumático-hospitalarios y transfuncionales, y se registraron anomalías
en el examen de oídos y de extremidades inferiores. El análisis de
psicología es ilegible; sin embargo, aparece marcada la casilla “reúne perfil”;
en el concepto de medicina laboral se hizo mención a la Junta Médica Laboral
del 2004 y al acta del Tribunal Médico Laboral no. 3664, en los que se
concluyó que no era apto para el servicio.
· Por medio de Resolución 472 de 18 de marzo de 2016, se dispuso el
retiro del señor Heriberto Aranguren González “del servicio activo de las
Fuerzas Militares en forma temporal con pase de reserva, por solicitud
propia”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
· Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida en
una acción de tutela, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
practicó Junta Médica de Retiro al señor Heriberto Aranguren González,
registrada bajo el Acta no. 114958 de 2 de octubre de 2019. En esa
ocasión se aumentó el porcentaje de incapacidad laboral en 6,21%,
quedando con un porcentaje acumulado de 46,99%.
La Junta se basó en los análisis de las especialidades de psiquiatría, fisiatría,
neurocirugía, ortopedia, oftalmología y audiometría.
(…)
· A través de Acta no. TML21-2-261 de 26 de marzo de 2021, el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía ratificó los resultados de
la Junta Médica de Retiro no. 114958 de 2 de octubre de 2019. Se anotó
que la intención del recurrente estaba dirigida a que se otorgaran
índices de lesión por los problemas auditivos que padece, para lo cual el
paciente relató que:
(…)
En el acápite “Análisis de la situación” se mencionó que el paciente
ingresó por sus propios medios, en buenas condiciones generales, “con
excepción de la columna vertebral que presenta limitación para la flexión
en los últimos grados. No signos de radiculopatía. Examen mental: porte
adecuado, orientado en las tres esferas, alerta, colaborador, lenguaje
claro y coherente, afecto modulado, introspección y prospección
conservadas, juicio y raciocinio preservados, no síntomas sicóticos
activos, no alucinaciones sensoriales. Neurológico: no déficit aparente”.
Para resolver la situación médico laboral del señor Heriberto Aranguren
González, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
(…)
Una vez analizadas las pruebas a que se ha hecho referencia, forzoso
resulta para la Sala confirmar la decisión impugnada, en tanto no
aparecen acreditadas las condiciones especiales que, en criterio de la
parte actora, le impidieron acudir al sistema de justicia dentro del
término concedido por la ley, para formular sus pretensiones de índole
reparatorio.
El alegato central del recurso de apelación aludió a la imposibilidad
material de acceder al aparato judicial, debido a las múltiples patologías
que padece el accionante, las cuales son continuas en el tiempo e
incluso han empeorado, como ocurre con su condición psiquiátrica.
Pese a las manifestaciones de la parte recurrente y la certeza que hay
sobre los padecimientos que ha debido soportar el señor Heriberto
Aranguren González, como consecuencia del secuestro al que estuvo
sometido y las lesiones que le fueron inferidas durante la operación de
rescate, se observan situaciones que impiden colegir la imposibilidad de
acceder, de forma efectiva, a la administración de justicia, con
anterioridad:
De una parte, se tiene que el accionante continuó en servicio activo en el
Ejército Nacional, hasta el año 2016, cuando se produjo su retiro
temporal, por solicitud propia, ordenado en Resolución 472 de 18 de
marzo de 2016.
Aunado a lo anterior, se observa que el señor Heriberto Aranguren
González interpuso acción de tutela y logró sentencia a su favor en la
que se amparaban sus derechos fundamentales, proferida en el año
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00
Accionante: Heriberto Aranguren González
2017, según se anotó en el Acta de Junta Médica de Retiro no. 114958 de
2 de octubre de 2019.
De otra parte, de acuerdo con el Acta no. TML21-2-261 de 26 de marzo de
2021 del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, el
demandante estuvo hospitalizado en el año 2008, una única vez, por el
síndrome de estrés postraumático que lo aquejaba. En dicho dictamen
se hizo constar, además, que para ese momento, tenía dos hijos, de 7 y 9
años, y sostenía un matrimonio de 10 años -como él mismo refirió en
esa ocasión-, lo que permite colegir que su capacidad de discernimiento
o sus facultades cognitivas, con posterioridad a la liberación, no
estuvieron afectadas de forma permanente en el tiempo, como se afirmó
en la impugnación.
Por las razones expuestas, no es de recibo el argumento esgrimido por
la recurrente para inaplicar el término de caducidad o iniciar su conteo
desde la expedición del Acta no. TML21-2-261, de 26 de marzo de 2021
[…]. [Negrillas fuera de texto]
22. Enlo atinente al deterioro progresivo de la salud del señor Aranguren
González con ocasión de las patologías padecidas, la Subsección accionada
precisó lo siguiente:
[…] La parte actora manifestó en el recurso de apelación que el señor
Heriberto Aranguren González había sufrido un “empeoramiento progresivo
de las patologías y una exacerbación de las patologías que padece, entre
ellas, la psiquiatría, situación que le ha impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción”. Al respecto, cabe insistir, en que el conteo del término
de caducidad inicia desde que se produce la conducta dañosa o desde
la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño, aunque los
efectos de éste perduren en el tiempo o se agraven. Por tal razón, el
parámetro para iniciar el conteo del término de caducidad no está dado
por el acta médico-laboral más reciente en la que se analizó el progreso
de las patologías previamente diagnosticadas a la víctima -como se
pretende en el recurso de apelación-, en tanto, dicho dictamen muestra,
para la época en la que fue expedido, cuál era la magnitud de las
lesiones padecidas por el demandante, de las cuales tuvieron
conocimiento mucho antes.
Bajo ese entendido, sin desconocer la patología de estrés postraumático
crónico que le fue diagnosticada al demandante, según se calificó en el
Acta no. 2664 de 28 de febrero de 2005 del Tribunal Médico Laboral y
cuya intensidad lo llevó a permanecer hospitalizado en el año 2008, las
situaciones advertidas llevan a sostener que, al menos, entre los años
2011 y 2017, durante los cuales el señor Heriberto Aranguren González
contrajo matrimonio, se convirtió en padre de dos hijos, continuó
vinculado al Ejército Nacional en calidad de sargento viceprimero, para
luego solicitar su retiro del servicio, de forma temporal, e interpuso una
acción de tutela, tuvo la posibilidad de acudir ante la administración de
justicia para radicar la demanda de reparación directa en cuestión, pues
en dicho período no se acreditó y tampoco se advierte la existencia de
circunstancias que hubieran impedido al interesado el goce efectivo de
su derecho de acción en aras de buscar la reparación del daño que le
imputa al Estado.
(…)
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Accionante: Heriberto Aranguren González
Así las cosas, como la demanda se radicó sólo hasta el año 2021, se
considera extemporánea, incluso, si se acoge como punto de partida para el
conteo del término de caducidad el año 2017, en el cual se profirió sentencia
a favor del demandante en el proceso constitucional que instauró para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales […]. [Negrillas fuera de
texto]
23. Como se puede apreciar, en la decisión objeto de la presente acción
constitucional se concluyó que había operado el fenómeno de la caducidad en el
caso concreto porque: (i) los hechos causantes del daño ocurrieron entre el 22 de
junio de 1999 y el 5 de mayo 2003, cuando el sargento Heriberto Aranguren
González fue secuestrado y víctima de un intento de fusilamiento por miembros
de las FARC – EP; (ii) con posterioridad a la liberación del accionante le fueron
entregadas las actas de Junta Médico-Laboral Nos. 3349 de 11 de junio de 2004 y
2664 de 28 de febrero de 2005 y, además, en este período el actor contrajo
nupcias, tuvo hijos y continuó laborando en el Ejército Nacional hasta el año 2016,
cuando solicitó el retiro; y (iii) las patologías padecidas por el actor son conocidas
desde las primeras valoraciones médicas y, además, estuvo hospitalizado en el
año 2008, con ocasión de las secuelas que en su salud mental dejaron los hechos
victimizantes; todo lo cual indica que no son circunstancias nuevas o
desconocidas por los demandantes.
24. Resumidos los elementos probatorios y jurídicos del auto de 30 de agosto de
2022, la Sala encuentra que el raciocinio efectuado por la autoridad accionada
resulta razonable. Ello es así, en primer lugar, porque no es cierto que se hubiese
incurrido en una violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos con ocasión de la declaratoria de caducidad del medio de
control de reparación directa en el caso de autos.
25. Sobre este punto, sea lo primero señalar que la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a través de la sentencia de 29 de enero de 202012, decidió unificar la
jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad del medio de control
de reparación directa derivado de graves violaciones de derechos humanos. La
providencia en cuestión señala las siguientes reglas como precedentes
vinculantes para la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
[…] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en
tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por
el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que
tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de
2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Accionante: Heriberto Aranguren González
derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de
ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en
el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para
tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la
condición particular de quien acude a la administración de justicia […].
26. Claramente, la regla jurisprudencial fijada por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación prevé que
en aquellos casos en los que se persigue el resarcimiento económico por los
daños causados con ocasión de la comisión de crímenes de guerra o delitos de
lesa humanidad, sí es exigible el presupuesto procesal de la caducidad
previsto en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.
27. La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-312 de 2020, respaldó la
posición de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en tanto que
resultaba razonable aplicar la figura de la caducidad al medio de control de
reparación directa por daños derivados de la comisión de delitos de lesa
humanidad, siempre y cuando el cómputo de este estuviese asociado con el
conocimiento de la víctima sobre la participación de agentes del Estado en el
hecho generador. En la aludida decisión se dijo lo siguiente:
[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del
medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño
que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para
que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la
oportunidad de acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la
declaración de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo
sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo
sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o décadas desde el
instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el crimen de
guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera
que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la
posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de
sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema
jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la
optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos
como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una
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Accionante: Heriberto Aranguren González
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación
grave al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los
daños causados por las mismas.
(…)
6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del
conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a
contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma
de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en
escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento
interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad
penal […] (negrillas fuera de texto)
28. En las citadas sentencias de unificación se determinó que la aplicación de la
figura de la caducidad, bajo las condiciones dispuestas, no constituía un
desconocimiento del estándar normativo convencional y de la sentencia 29 de
noviembre de 2018 [Caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile] porque «[…] el
ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente
a partir del conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes se
explicó, es una regla que tiene los mismos efectos que la imprescriptibilidad en
materia penal […]».
29. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que el auto de 30 de agosto de 2022,
proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
incurrió en la causal de violación directa de la Constitución y, por ende, tampoco
violó las normas convencionales, en tanto que la aplicación de la caducidad en el
caso de auto se hizo conforme a los parámetros jurisprudenciales previamente
fijados por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Esto es contabilizando el término desde que los accionantes tuvieron conocimiento
de la participación del Estado en la producción del daño.
30. De otra parte, tampoco es aceptable el argumento relacionado con que se
incumplió la segunda sub-regla prevista en el fallo de unificación de 29 de enero de
2020 porque, en criterio de los actores, se encontraba acreditada una circunstancia
especial, particular y objetiva que impidió el ejercicio del medio de control; por lo que
debió inaplicarse la figura de la caducidad en el caso de autos.
31. Sobre lo anterior, se destaca que la segunda sub-regla se encuentra asociada a
la inaplicabilidad de la figura de la caducidad cuando las víctimas del daño hayan
estado físicamente imposibilitadas para acudir a la administración de justicia y
solicitar su reparación. En cuanto a este supuesto, la sentencia de unificación
sostuvo:
[…] A juicio de la Sala, el término de caducidad de la pretensión de
reparación directa no resulta exigible en los eventos en los que se
afectan de manera ostensible los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, por la configuración de
circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho
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Accionante: Heriberto Aranguren González
de acción y, por ende, impiden agotar las actuaciones necesarias para la
presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la
constitución de apoderado.
La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros,
enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a
esta jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación
del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de
caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el
conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización
de los perjuicios causados, como se explicó en el acápite precedente.
En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe,
excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la pretensión de
reparación directa cuando advierta que la no comparecencia ante la
administración de justicia se encuentra justificada por razones
materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra
quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual,
se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto […].
32. Ahora bien, en el auto de 30 de agosto de 2022, la Subsección accionada explicó
detalladamente los motivos por los que consideraba que no estaba acreditada esta
circunstancia. De acuerdo con la providencia objeto de esta acción constitucional,
con posterioridad a la liberación del señor Aranguren González este continuó
laborando con el Ejército Nacional hasta el año 2016, contrajo nupcias, tuvo hijos,
solicitó una relaboración de pérdida de la capacidad laboral y promovió acciones de
tutela en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional;
tales acciones permiten aseverar que los hoy accionantes no estuvieron en una
condición especial que les imposibilitara ejercer el derecho de acción.
33. Sibien la Sala no desconoce las heridas y secuelas que padeció el señor
Heriberto Aranguren González desde el día 5 de mayo de 2003, lo cierto es que el
actor recuperó su salud y -pese a las secuelas generadas por el hecho dañoso-,
continuó laborando y llevando a cabo su proyecto de vida; sin que se advierta que
con motivo de dicho hecho el actor le haya estado materialmente imposible de
ejercer el derecho de acción.
34. De allí que, como bien lo explicó la autoridad judicial accionada, la víctima directa
del daño y las indirectas estuvieron conscientes y contaban con la capacidad
material de promover el medio de control, por lo que no resultaba posible la
inaplicación de la figura de la caducidad en el caso de autos.
35. Por último, y en cuanto al argumento relacionado con que las secuelas eran
permanentes en el tiempo y con tendencia al deterioro de la salud mental, la Sala
destaca, como lo puso en evidencia el ad quem en el proceso contencioso, que la
parte actora conoce de su diagnóstico desde el año 2005, cuando el Tribunal
Médico Laboral profirió el Acta N° 2664 de 28 de febrero de 2005 y, además,
estuvo hospitalizado en el año 2008 por afecciones a su salud mental, con ocasión
de la patología de estrés postraumático.
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36. Así las cosas, si bien en el Acta N° TML21-2-261 de 26 de marzo de 2021, el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía aumentó en un 6,21% la
pérdida de la capacidad laboral del accionante, lo cierto es que el diagnóstico o
patología de base continuaba siendo la misma que fue diagnosticada desde el año
2005. Por lo que los accionantes tenían conocimiento, de tiempo atrás, del daño
padecido por el señor Aranguren González y de sus secuelas.
37. Ante este panorama, la Sala considera que la decisión de la Subsección
accionada se encuentra debidamente soportada y respaldada en una
interpretación sistemática y razonada tanto de las normas aplicables para la
resolución de la causa ordinaria objeto de tutela como de las pruebas obrantes en
el proceso, sin que se logre apreciar que se hayan vulnerado los derechos
fundamentales alegados por la parte actora. Por tanto, se negará el amparo
deprecado por los actores.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:15)
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