Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01531-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01531-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01531-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Demandantes: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otros.
Temas: Cumplimiento de sentencia judicial proferida en acción de grupo,
caso relleno sanitario «Doña Juana»
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud de tutela formulada por Blanca Stella Niño Escamilla, Pablo
Pinilla González y Adriana Liseth Pinilla Niño, en ejercicio de la solicitud de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Blanca Stella Niño Escamilla, Pablo Pinilla González y Adriana Liseth Pinilla Niño
promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales
consideraron vulnerados con ocasión del presunto incumplimiento de la sentencia
proferida el 1 de noviembre de 2012 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en la acción de grupo 25000232600019990000204 (acumulado 2000-
00003-04).
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a través de sentencia del 1 de
noviembre de 2012, adoptó diferentes decisiones a favor de las personas que resultaron
afectadas con el desbordamiento de basura ocurrido en el relleno sanitario «Doña
Juana», originado por el inadecuado manejo, así mismo estableció que la Defensoría
del Pueblo, Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sería la
encargada de integrar el grupo de personas que cumplieran los requisitos para ser
reconocidas como beneficiarias. En concordancia con ello, se le ordenó al Distrito de
1
Ver índice 2 de SAMAI archivo denominado «ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
Bogotá consignar el monto correspondiente al fondo antes mencionado, en aras de
efectuar el pago de las indemnizaciones.
ii) Los demandantes desde el año 2015 iniciaron los trámites pertinentes para obtener
el reconocimiento de adherentes al fallo proferido por el Consejo de Estado, lo cual
ocurrió en el año 2019. En cuanto al pago correspondiente, pese a que, durante los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2022 la Defensoría del Pueblo canceló lo
pertinente al 2.5% de los adherentes beneficiarios, a ellos no se les ha sufragado suma
alguna.
iii) Argumentaron que la conducta omisiva de las autoridades demandadas vulnera sus
derechos fundamentales, pues han transcurrido más de 4 años desde que fueron
reconocidos como adherentes beneficiarios, sin que se haya materializado su derecho
a la indemnización.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] TUTELAR nuestros derechos fundamentales a la administración de justicia y debido
proceso/cumplimiento de los fallos judiciales. En consecuencia, solicitamos
respetuosamente al Juez Constitucional (i) ORDENAR al Distrito de Bogotá, la Defensoría
del Pueblo, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, cumplir la
orden judicial contenida en providencia del primero de noviembre de 2012 y realizar el pago
de la indemnización al cual tenemos derecho en calidad de adherentes beneficiarios, Y (ii)
ORDENAR al Consejo de Estado y Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizar una
vigilancia frente al cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso
No. 250002326000199900002 04 y 2000-00003-04. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Defensoría del Pueblo2 explicó las gestiones realizadas para dar cumplimiento
a la orden proferida por el Consejo de Estado y la conformación del grupo adherente
del relleno sanitario «Doña Juana», por lo que la pretensión de amparo invocada no está
llamada a prosperar.
1.2.2. El Distrito de Bogotá3 pidió declarar la improcedencia del amparo solicitado por
falta de legitimación en la causa por pasiva, y/o que se niegue por la inexistencia de
derechos vulnerados y la falta de configuración de un perjuicio irremediable.
1.3. Los demás demandantes y terceros con interés en el resultado del proceso
2 Ver índice 11 de SAMAI, archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_PRONUNCIAMIENTOACCI(.pd f) NroActua 11»
3 Ver índice 12 el SAMAI, archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_ANEXO20230110300(.pdf) NroActua 12»
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
guardaron silencio.4
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico; iii)
procedencia de la tutela – derecho al debido proceso administrativo; y iv) análisis de la
Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo
1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20215, esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, y otros.
2.2. Problema Jurídico
La Sala deberá definir si: ¿las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
demandantes con ocasión de la falta de pago, en calidad de adherentes beneficiarios,
de la indemnización reconocida en la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2012
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el trámite de la acción de
grupo con radicado 25000232600019990000204 (acumulado 2000-00003-04)?
2.3. Procedencia de la solicitud de tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
4 Mediante auto del 28 de marzo de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar
vincular a todas las personas naturales y jurídicas que hicieron parte en la acción de grupo
25000232600019990000204 (acumulado 2000-00003-04).
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que
el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio
irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia6, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos
por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único
medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el
mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones
que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Del derecho al debido proceso
El debido proceso ha sido definido como “la regulación jurídica que «[…] limita los poderes
del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino
que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley […]», premisa construida
con fundamento en el principio superior de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas, que, según el artículo 29 de la Constitución Política, «[…] se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas […]».
El objetivo fundamental del referido derecho, entonces, no es otro que la preservación
del valor material de la justicia, situación que demanda de las autoridades públicas que
sus actuaciones estén destinadas a preservar las garantías sustanciales y
procedimentales consagradas en la Constitución y en la ley.
En sentido amplio, el referido planteamiento encierra a su vez la protección de ciertas
garantías mínimas que la jurisprudencia constitucional ha enlistado de la siguiente
manera: «[…] (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un
juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación,
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el
derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir
las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. […]».
6 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de
2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
Por su parte, y en atención a que el derecho en estudio es aplicable a todas las
actuaciones de la administración, debe resaltarse que el debido proceso
administrativo parte de la consagración establecida en el artículo 29 de la Constitución
Política, el cual tiene relación directa con el complejo espectro de garantías que
permiten el curso de un trámite previamente establecido, en el que, además, las
autoridades estatales se sujeten al principio de legalidad. Al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia T-928 de 2010 expresó:
«[…] Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso
administrativo, la jurisprudencia de esta Corporación lo definió como “(…) la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de
protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de
las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas
siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Así las cosas, el debido proceso
administrativo se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual
toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada
por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y
después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se debe indicar que tal derecho
no existe solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende
durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente en el
momento de su comunicación e impugnación […]».
Además, todo ello debe ocurrir dentro de un término razonable, es decir, toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. En este punto, debe
tenerse en cuenta no toda tardanza o incumplimiento de un término constituye una
vulneración de derechos fundamentales, sino, solo en aquellos casos en que esta
resulta injustificada. En ese orden de ideas, si bien la regla general es que las
autoridades cumplan los términos rigurosamente, pueden configurarse excepciones a
ese deber, siempre que se encuentre suficiente motivación constitucional para ello.
Esas excepciones deberán ser analizadas en el marco de cada situación particular y
serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y celeridad de la administración,
existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos; tal como el
señaló el Alto Tribunal de lo Constitucional en sentencia T-595 de 2019:
«[…] Esta Corte ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso
administrativo, entre otros, los derechos a (i) que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas; y (ii) que la actuación se adelante con el pleno respeto de las formas propias
previstas en el ordenamiento jurídico7.
La dilación injustificada se presenta cuando la duración de un procedimiento supera el plazo
razonable. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional8, la razonabilidad del plazo se
establece en cada caso particular y ex post9 teniendo en cuenta los siguientes elementos (i)
la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la
autoridad competente; y (iv) la situación jurídica de la persona interesada.
7 Corte Constitucional, sentencias C-980 de 2010, C-758 de 2013, C-034 de 2014 y T-543 de 2017.
8 Corte Constitucional, sentencias C-496 de 2015, T-295 de 2018 y T-341 de 2018.
9 Sentencias C-036 de 2003 y C-893 de 2012.
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Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
En los casos en que no se ha sobrepasado el término legal para fallar, no es posible predicar
la existencia de una mora administrativa10. Sin embargo, en estos casos es posible que se
transgreda el imperativo de la razonabilidad del plazo. Ello podría suceder, por ejemplo, en
un caso extremadamente sencillo en el que desde un principio se encuentren todos los
elementos de juicio para la adopción del fallo o acto administrativo definitivo, y sin embargo,
la autoridad dilate injustificadamente la decisión de fondo11.
La Corte Constitucional ha señalado que cuando la demora en un trámite administrativo o
judicial afecta derechos de sujetos de especial protección, es posible ordenar la alteración
del turno para la decisión. Sin embargo, la Corte ha sido enfática en el sentido de que estas
alteraciones de turno sólo pueden ser ordenadas por el juez constitucional en casos
excepcionales12 y en particular si se cumplen dos requisitos: (i) requisito subjetivo,
consistente en que el sujeto se encuentre en una situación “evidente de debilidad, en niveles
límite”13; (ii) requisito objetivo, que exige que “el atraso exceda los límites de lo
constitucionalmente tolerable”14.
Es importante resaltar que la garantía del plazo razonable no solo se refiere a la protección
de que los juicios se den sin dilaciones injustificadas, sino además que las actuaciones
“tampoco se adelanten con tanta celeridad que tornen ineficaz o precluyan la garantía del
derecho a la defensa y en especial el derecho a la contradicción”15. Por ello, el plazo
razonable puede desconocerse (i) por la ausencia de celeridad en una actuación; o (ii)
porque el procedimiento se realiza en un plazo excesivamente sumario afectando el derecho
de defensa16.
Por su parte, respecto de la obligación de adelantar el procedimiento con el pleno respeto
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, la Corte ha señalado que no
cualquier irregularidad en el trámite constituye una vulneración al debido proceso. Para que
una irregularidad procesal configure una vulneración al debido proceso debe tener la
capacidad de “alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto”17, o debe resultar
en una “privación o limitación del derecho de defensa”18 […]»
2.4. Análisis de la Sala
Blanca Stella Niño Escamilla, Pablo Pinilla González y Adriana Liseth Pinilla Niño
acudieron al juez de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se
ordene al Distrito de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo, Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, hacerles el pago de la indemnización reconocida en
sentencia proferida el 1 de noviembre de 2012 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el trámite de la acción de grupo identificada con el radicado
10 Corte Constitucional, sentencias T-297 de 2006 y T-693A-11, entre otras: “(l)a mora judicial o
administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza
por: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte
del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra
análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad
competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la
demora.”
11 Corte Constitucional, sentencias C-036 de 2003 y C-893 de 2012.
12 Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2017.
13 Corte Constitucional, sentencias T-708 de 2006 y T-945A de 2008.
14 Ibid.
15 Corte Constitucional, sentencia T-295 de 2018.
16 Ibid.
17 Corte Constitucional, auto A029A de 2002.
18 Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2000.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
25000232600019990000204 (acumulado 2000-00003-04), en calidad de adherentes
beneficiarios, y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca vigilar el cumplimiento de
la mencionada decisión judicial.
La inconformidad de los demandantes obedece a que han transcurrido más de 4 años
desde que fueron reconocidos como adherentes beneficiarios, sin que se haya
materializado su derecho a la indemnización.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo, a través del área encargada, explicó el trámite
realizado para la conformación del grupo adherente del relleno de sanitario “Doña
Juana”, respuesta de la cual se citan, a continuación, los apartes más relevantes:
«[…] Los cálculos que realizó el Consejo de Estado en la sentencia, indicaban que los
posibles adherentes ascenderían a 65.536 personas, con base en este número de posibles
adherentes, se insiste, 65.536, la Defensoría creó un plan de contingencia, para la sola
recepción de documentos, sin embargo, toda esta preparación se dio al traste con la realidad
presentada, como quiera que el número de solicitantes que se presentaron superaron el mil
por ciento (1000%) de las previsiones y se recibieron más de 631.000 expedientes, a tal
punto que se debieron habilitar varios sitios en la zona suroccidente de la capital del país
para la recepción de documentos.
[…]
Conforme a lo anterior, la Entidad para dar cumplimiento a la orden judicial a la fecha a
suscritos tres contratos, así:
a. Para la recepción de documentos, la entidad tuvo que contratar digitadores y apoyo
logístico, posteriormente y en atención a que la oficina de correspondencia no contaba con
el suficiente personal y apoyo tecnológico, se suscribió el contrato No. 326 del 26 de octubre
de 2016 con la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos S.A.S. “CSA”.
El objeto de este contrato consistió en el trasporte de la documentación, digitalizar más de
4’400.000 imágenes, previo a ello quitar ganchos de cosedora, des legajar los folios, foliar y
digitalizar en el orden que se encontraban, rearchivar y asignarle a cada carpeta número de
radicación con los datos suministrados, este proceso concluyó en diciembre de 2015.
b. El segundo contrato es el 378/2015, se realiza en atención al gran número de adherentes,
la Entidad evidenció que no contaba ni con la capacidad humana, tecnológica ni logística
para llevar a cabo el estudio de las carpetas presentadas, máxime cuando la sentencia de
fecha 1 de noviembre de 2012, hizo estas apreciaciones para la conformación del grupo
[…]
c. El tercer contrato es el 382/18. Este se realiza en atención y se reitera que la Entidad no
cuenta con la capacidad humana, tecnológica, ni logística para notificar a más de 600.000
personas, como tampoco cuenta con los insumos necesarios para realizar dicha gestión por
lo que se vio en la necesidad de preparar una logística estructural para realizar este trámite,
por ello el proceso de notificación, recepción de recursos, resolución de recursos y
notificación de recursos mediante licitación o convenio interadministrativo.
[…]
En atención al gran número de personas que presentaron solicitudes de adhesión, se reitera
más de 600.000, la decisión de cada una de ellas quedo plasmada en la Resolución No.
20190030300000016 de 2019, “Por la cual se conforman los grupos de adherentes y no
adherentes a los efectos de la Sentencia del 1 de noviembre de 2012, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Tercera, dentro de las acciones de grupo No.
2500023260001999-00002-04 y 2000- 00003-04 Caso Relleno Sanitario Doña Juana”.
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Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
La Ley 1437 de 2011 dispone la notificación de los actos administrativos por el medio más
idóneo, así mismo es preciso señalar que estos actos son susceptibles de los recursos de
reposición, apelación y queja. Para efectos de lograr la notificación a más de 600.000
personas la entidad realizó el siguiente trámite:
En el año 2012 cuando a la entidad le fue comunicada la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, para efectos de poder brindar mayor información a la
población interesada en adherirse a los efectos de la misma la entidad creó en la página web
un link denominado “DOÑA JUANA”, (imagen 1), este link contenía las sentencias proferidas
en la acción, el procedimiento para la conformación de grupo, las respuestas de los derechos
de petición análogas, comunicados, cada peticionario podía ingresar y buscar el número de
radicación de su solicitud, etc.
Para efectos de la notificación el mencionado enlace se actualiza y crea la plataforma
“DOÑAJUANALERESPONDE”, esta plataforma ya es más completa, contiene la información
indicada en precedencia, y permite a cada peticionario de la acción de grupo denominada
Doña Juana, que ingresará, se registrará, obtuviera su usuario y contraseña.
Ahora bien, en el mes de enero de 2019, se habilitó la plataforma “doña Juana le responde”,
con el fin de que cada solicitante adherente además de registrarse, obtener su usuario y
contraseña, ACTUALIZARÁ SU INFORMACIÓN Y AUTORIZARÁ LA NOTIFICACIÓN POR
CORREO ELECTRÓNICO, para efectos de realizar la notificación del acto administrativo,
así mismo en la misma plataforma se brinda información y se encuentran guías pedagógicas
para cada caso específico.
[…]
El proceso administrativo de conformación de grupo concluyó en agosto de 2021, con la
notificación de todos los actos administrativos que resolvieron los recursos.
Realizado el anterior procedimiento, se conformó el listado definitivo de las personas que
cumplieron requisitos y que fueron reconocidos como beneficiarios adherentes, esté se
remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, Juez
de primera instancia de la mencionada acción, con el fin de dar aplicación al inciso 2a del
literal b) del art. 65 de la ley 472 de 1998 que dispone: dispone la redistribución de la condena
cuando el estimativo de los integrantes del grupo adherente sea superior al estimado en la
sentencia, así:
“Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones
fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por
una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días
siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la
integración al grupo de qué trata el artículo 61 de la presente Ley.”
El 27 de enero del año en curso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, distribuyó la
condena entre el grupo adherente, indicando en su parte resolutiva que:
“PRIMERO: Realizar la distribución de la condena de acción de grupo de la referencia,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998, advirtiendo que los
dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán
devueltos al demandado. La distribución se pagará de la siguiente forma:
[…]
La entidad, comenzó a recibir un sinnúmero de peticiones a través del servicio en línea, es
así como la Dirección Nacional ha recibido más de 116.000 peticiones relacionadas con la
acción de grupo de Doña Juana, entre las cuales se encuentra la petición de la hoy
accionante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
[…]
Ahora bien y como se ha señalado en varias oportunidades en la presente contestación, el
número de beneficiarios reconocidos en la presente acción es de 174.709 personas, quienes
igualmente esperan el pago de su indemnización, ello sin contar las más de 100 acciones
de grupo que se encuentran igualmente en trámite de pago y que revisten la misma
importancia que la que hoy nos ocupa.
Es preciso informar que, de los 174.709 beneficiarios, la Entidad ha recibido 105.000
solicitudes de pago, se ha ordenado el pago de 13.291 y tenemos en revisión los
documentos de 57.759 peticiones más. Sin embargo, también tenemos actualmente 33.950
solicitudes repetidas, situación que dificulta el proceso de verificación de documentos y los
trámites que conlleva cada proceso.
Conforme a lo expuesto la entidad ha dado cumplimiento al fallo proferido en la acción de
Doña Juana, sin embargo, es preciso reiterar que esta es la acción mas grande a nivel
nacional y que la entidad ha desplegado diferentes actividades para dar cumplimiento al
fallo, al punto que a la fecha se han expedido 16 actos administrativos ordenando el pago a
los beneficiarios adherentes que han allegado la documentación completa, […]»
En este orden de ideas, se evidencia que el trámite para la conformación del grupo de
adherentes del fallo, cuyo cumplimiento se pretende, es complejo y dispendioso, pues,
para empezar, el cálculo inicial de acreedores de la indemnización concedida superó
ampliamente las proyecciones realizadas, lo cual excedió la capacidad y la
infraestructura de la Defensoría del Pueblo para acatar la orden, frente a lo cual tuvo
que adelantar diferentes gestiones administrativas y de contratación para lograr la
integración del grupo adherente hasta agosto del año 2021, después de estudiar cada
caso en particular y resolver los respectivos recursos en sede administrativa.
Sin embargo, en atención a que, como ya se mencionó, las solicitudes presentadas fue
superior al monto inicial de indemnizaciones calculado, la entidad demandada debió
acudir ante juez de primera instancia, es decir, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que revisara la distribución de la condena, el cual hizo lo propio, a
través de auto del 27 de enero de la presente anualidad, ello sin contar con el sinnúmero
de peticiones que aún se presentan, las cuales en algunos casos son reiterativas y otras
deben revisarse, trámites que la Defensoría del Pueblo ha adelantado al punto que, en
esta anualidad, ha emitido 16 actos administrativos con los que ha concedido el pago
a parte de los adherentes que presentaron la documentación completa.
Así pues, una vez evidenciadas las gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo
para dar cumplimiento a la orden judicial contenida en la pluricitada providencia, esta
Sala de decisión concluye que, si bien ha transcurrido un tiempo considerable entre el
momento en que se les reconoció a los demandantes la calidad de adherentes
beneficiarios a la fecha, no se puede desconocer la envergadura del asunto y que la
mencionada acción de grupo del relleno sanitario de «Doña Juana» es, en términos
logísticos, según el Ministerio Público, la más grande a nivel nacional frente a la cual
se evidencia la realización de todas las actuaciones correspondientes, razón por la que
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01531-00
Actor: Blanca Stella Niño Escamilla y otros
no es posible concluir que la mora en el pago pretendido obedece a acción u omisión
arbitraria o caprichosa atribuible a las demandadas.
Consecuencia de lo expuesto, esta Sala de decisión negará al amparo de los derechos
fundamentales de Blanca Stella Niño Escamilla, Pablo Pinilla González y Adriana Liseth
Pinilla Niño en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A; la Defensoría del Pueblo, Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, y el Distrito Capital.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar al amparo de los derechos fundamentales de Blanca Stella Niño
Escamilla, Pablo Pinilla González y Adriana Liseth Pinilla Niño en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A; el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A; la Defensoría del
Pueblo, Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, y el Distrito
Capital, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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