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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01540-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01540-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela formulada por el señor Luis Orlando Caicedo González y, en su lugar, negar el amparo deprecado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01540-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de agosto de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 54 0- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01540-01
Accionante: Luis Orlando Caicedo González
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de reparación directa,
por privación injusta de la libertad, en la que se revocó la decisión de acceder a las
pretensiones de la demanda. Ausencia de los defectos invocados.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor Luis Orlando Caicedo González promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y los principios de presunción de inocencia, cosa juzgada, juez
natural y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander.

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HECHOS

La parte accionante afirmó que instauró demanda de reparación directa, por
privación injusta de su libertad, contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, la
cual correspondió, por reparto, al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Bucaramanga, el cual, el 25 de enero de 2018, admitió la demanda.

Adujo que el 30 de octubre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial y el 20 de
noviembre de ese año se realizó la de pruebas, oportunidad en la cual se corrió
traslado a las partes por diez días para que presentaran alegatos de conclusión.

Manifestó que el 19 de diciembre de 2018 la autoridad judicial mencionada dictó
sentencia de primera instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda,
por lo cual la demandada interpuso recurso de apelación y el 24 de noviembre de
2022 el Tribunal Administrativo de Santander revocó la sentencia recurrida y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, refirió que la corporación precitada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto, en esa providencia, citó la sentencia de unificación
del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
a pesar de que fue dejada sin efectos en decisión de tutela del 15 de noviembre de
2019, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01, con lo cual
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y los principios
de presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural e incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.

Además, afirmó que aquel se apartó de la jurisprudencia vigente para el momento
de los hechos, según la cual el daño antijurídico es una causal objetiva de la
privación injusta de la libertad, como fue reconocida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, al admitir que quien es absuelto
en un proceso penal debe ser reparado.

Así mismo, aseveró que, contrario a lo afirmado por el Tribunal referido, la medida
de aseguramiento que se le impuso no está acorde con los requisitos de los artículos
354 y 355 de la Ley 600 del 2000 para su procedencia, dado que aquella no

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aconteció cuando se resolvió su situación jurídica, sino al calificarse el sumario,
cuando ya habían transcurrido más de 17 años. Sobre el particular, aclaró que no
se presentaba un peligro de evasión, pues ello no ocurrió durante todo el tiempo de
la investigación ni de que fuera a delinquir y tampoco que pretendiera obstruir la
justicia. En esa medida, consideró que aquel incurrió en un defecto fáctico, por una
indebida valoración probatoria.

De otra parte, expuso que la afirmación del aquí accionado consistente en que la
absolución se dio en un momento procesal distinto al de la calificación del mérito
del sumario es incorrecta, puesto que la imposición de la medida de aseguramiento
se dio en dos oportunidades con el auto que califica el sumario, esto es, en la
resolución de acusación, decisiones frente a las cuales se interpuso recurso de
apelación; esclareció que en la primera oportunidad el fiscal delegado ante el
Tribunal de segunda instancia revocó la medida y la resolución de acusación y, en
su lugar, decretó la nulidad por vulneración del principio de investigación integral de
que trata el artículo 20 de la Ley 600 del 2000, y en la segunda ocasión se precluyó
la investigación y se ordenó su libertad inmediata e incondicional.

Añadió que la corporación judicial mencionada incurrió en un defecto sustantivo, al
realizar una interpretación en contra de los postulados constitucionales de
presunción de inocencia y división de poderes, al sustituir a la jurisdicción penal y
darle valor probatorio sui generes a las pruebas recaudadas en el proceso allí
adelantado.

Por otro lado, sostuvo que aquella también incurrió en violación directa de la
Constitución, en tanto al señor José Manuel Becerra Castellanos, un compañero y
sargento de la Policía Nacional que estuvo privado de la libertad junto a él, sí se le
reconocieron sus derechos en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Bucaramanga, en el expediente con radicado 68001-3333-003-
2018-00017-00.

En suma, adujo que el Tribunal Administrativo de Santander no motivó su decisión,
pues utilizó argumentos equivocados, se fundamentó en hechos que nunca
ocurrieron al interior del proceso penal, sustituyó al juez penal y analizó

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sesgadamente las pruebas para concluir erróneamente que se daban los requisitos
para imponer la medida de aseguramiento.

PRETENSIONES

El accionante solicitó revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, y violación del
principio de igualdad y, por contera, del debido proceso.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 31 de marzo de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander, como accionado; y a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a los
señores Danna Karolay Caicedo Pinzón, Nicoll Daniela Caicedo Pinzón, María Trina
Pinzón Archila, Rosa Mery Caicedo González, Carmen Elisa Caicedo González,
Oscar Omar Caicedo González, Rafael Antonio Caicedo González, Elsa Laurenza
Caicedo González, Ricardo Caicedo González, Tulia Inés Caicedo González,
Gerson Alberto Caicedo González y José Guido Caicedo González, como terceros
con interés.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto del magistrado Iván
Fernando Prada Macía, manifestó que se cumplieron a cabalidad las etapas propias
del proceso y se adoptó el criterio que se estimó ajustado a la legalidad, en virtud
de la autonomía interpretativa propia de los funcionarios judiciales. Así, expuso que
revocó la decisión de primera instancia, al observar que la medida de aseguramiento
restrictiva de la libertad impuesta en contra de Luis Orlando Caicedo González
cumplió los requisitos legales previstos en los artículos 354 a 357 del Código de
Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, y se ajustó a los criterios de razonabilidad
y proporcionalidad.

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En ese orden de ideas, aseveró que no vulneró los derechos fundamentales ni los
principios reclamados en protección y tampoco incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y procedimental, pues siguió el precedente judicial contenido en la Sentencia
SU072/18 y, en especial, lo consignado en la sentencia del 22 de noviembre de
2021 dictada por el Consejo de Estado en el expediente con radicado 50001-23-31-
000-2008-00447-01 (50247). Aclaró que solo como parte del obiter dicta hizo
referencia al fallo del 15 de agosto de 2018, proceso 66001-23-31-000-2010-00235-
01 (46.947), cita que no tiene el alcance que pretende atribuirle el accionante en el
trámite de la demanda de reparación directa.

Por consiguiente, requirió declarar improcedente la presente acción de tutela, en
tanto no se evidencia la existencia de una actuación de la cual pueda derivarse la
transgresión de los derechos fundamentales aducida por la parte accionante.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiscalía General de la Nación, por medio de la profesional especializada de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, luego de hacer un recuento de los antecedentes de
esta acción, afirmó que la tutela de la referencia resulta improcedente, puesto que
la parte activa de esta acción no sustentó las causales específicas, a pesar de que
tenían la carga de la prueba; aquella pretende recuperar oportunidades procesales
perdidas y la acción no supera el requisito de subsidiariedad.

Aunado a ello, estimó que los interesados en el amparo no acreditaron la
configuración de un defecto sustantivo, fáctico o procedimental, comoquiera que en
la decisión atacada no se desbordaron los criterios de proporcionalidad inherentes
a la adopción de este tipo de fallos, en tanto la valoración realizada se efectuó
conforme a los criterios fijados y los requisitos legales; así como tampoco probaron
una interpretación irregular de la ley, la Constitución Política ni la jurisprudencia.
Igualmente, expuso que en las providencias discutidas se aplicaron las reglas
jurisprudenciales plasmadas en la Sentencia SU072/18.

En consecuencia, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la
acción de tutela.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 2 de junio de 2023 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, para lo cual
consideró que la decisión cuestionada no es caprichosa o arbitraria y los
argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la
controversia decidida por el juez natural.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, para lo cual
insistió en los argumentos que expuso en el escrito inicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

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“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

El accionante, en el recurso de impugnación, insistió en los argumentos que planteó
inicialmente en esta acción, consistentes en el desconocimiento del precedente
judicial aplicable sobre la responsabilidad estatal en casos de privaciones injustas
de la libertad; la incorrecta valoración del material probatorio respecto a los
requisitos legales para la imposición de la medida de aseguramiento, conforme a
los artículos 354 y 355 de la Ley 600 del 2000; la existencia de una interpretación
contraria a los postulados constitucionales de presunción de inocencia y división de
poderes, por la sustitución del juez penal; la violación directa de la Constitución, en
tanto al señor José Manuel Becerra Castellanos, un compañero y sargento de la
Policía Nacional que estuvo privado de la libertad junto a él, sí se le reconocieron
sus derechos en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de
Bucaramanga, en el expediente con radicado 68001-3333-003-2018-00017-00; y la
ausencia de motivación.

En esa medida, a esta Subsección le corresponde, en primer lugar, determinar si se
cumple la exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela que dio lugar a
la improcedencia en primera instancia, para, en caso de encontrar superado dicho
requisito, analizar si se estructuraron los defectos invocados por el peticionario del
amparo.

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Así las cosas, debe aclararse que, en criterio de esta Sala, el caso reviste una
marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción de tutela se
persigue la protección de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad,
los cuales el accionante estimó vulnerados con ocasión de la estructuración de unas
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Lo anterior permite evidenciar que no se trata de un asunto de mera
legalidad y el propósito de la parte accionante no es crear una instancia adicional al
proceso ordinario, sino demostrar los defectos en que, a su juicio, incurrió la
autoridad judicial accionada.

Dilucidado lo anterior, y al avizorarse el cumplimiento de las demás exigencias
generales de procedibilidad, deben examinarse los defectos invocados, para lo cual
es necesario precisar que el Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia
discutida en esta sede, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó
las súplicas de la demanda porque evidenció que la medida de aseguramiento de
detención preventiva impuesta al allí demandante cumplió a cabalidad los requisitos
legales para su procedencia, concretamente los previstos en los artículos 354 a 357
de la Ley 600 del 2000, y satisfizo los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.

Esclarecido el argumento principal esgrimido por el ahora accionado, para adoptar
la decisión cuestionada, se advierte que aquel, ciertamente, citó la sentencia de
unificación del 15 de agosto de 2018 proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en el expediente con radicado 66001-23-31-000-2010-00235-01, a pesar
de que fue dejada sin efectos en la sentencia del 15 de noviembre de 2019 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la acción de tutela
identificada con el número 11001-03-15-000-2019-00169-01; sin embargo, resulta
pertinente precisar que ello únicamente obedeció a la finalidad de aquel de reforzar
su posición consistente en que la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad
no desconoce la presunción de inocencia.

Aunado a ello, esa situación por sí sola no permite evidenciar un yerro de tal entidad
que permita concluir la configuración de la causal de desconocimiento del
precedente judicial ni mucho menos la procedencia del amparo, si se tiene en
cuenta que ese razonamiento no constituyó el fundamento de la sentencia aquí

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censurada, pues, como el accionado lo señaló en el informe que rindió en esta
acción, se trató de un obiter dicta y, adicionalmente, la determinación asumida en la
sentencia discutida es acorde con la tesis actual consignada en la Sentencia 072/18
proferida por la Corte Constitucional y que fue la aplicada en la providencia
controvertida mediante este mecanismo de protección de derechos fundamentales.

En efecto, se precisa que, como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Santander,
en la sentencia aquí discutida, en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula
general de la responsabilidad estatal, no se privilegió ningún régimen de
responsabilidad, por lo cual al juez le corresponde, en atención al principio iura novit
curia, definir el que mejor se ajuste, según las particularidades fácticas y probatorias
de cada caso concreto, lo que fue especialmente enfatizado por la Corte
Constitucional, tratándose de casos de privación injusta de la libertad, en la decisión
precitada, la cual se encontraba vigente para la época en que se dictó el proveído
discutido y, por ende, era de imperativo acatamiento.

Ahora, en cuanto al cargo del accionante sobre la estructuración de un defecto
fáctico por una indebida valoración probatoria, se aprecia que aquel no señaló una
sola prueba que hubiera sido indebidamente analizada por la autoridad judicial, sino
que se limitó a insistir en que no se superaban las exigencias establecidas en los
artículos 354 y 355 de la Ley 600 del 2000 para la imposición de la medida de
aseguramiento, por lo cual no es posible ahondar en ese desacuerdo, dado que el
juez de tutela no puede examinar todo el acervo probatorio, como si se tratara de
una instancia adicional al medio de control de reparación directa, pues ello
desnaturalizaría esta acción.

En similar sentido, en relación con el defecto sustantivo, tampoco se observa que el
señor Luis Orlando Caicedo González haya mencionado una norma concreta que
haya sido inaplicada; tenida en cuenta, pese a haber sido derogada o declarada
inexequible; omitida o interpretada de forma aislada al ordenamiento jurídico,
situaciones que permitirían vislumbrar la configuración de esa causal.

En todo caso, resulta procedente aclarar que el Tribunal Administrativo de
Santander no desatendió el principio de presunción de inocencia ni la división de
poderes, pues no sustituyó al juez penal en el estudio de responsabilidad en ese

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ámbito, sino que se centró en verificar si se encontraban reunidos los elementos de
la responsabilidad estatal desde el punto de vista extracontractual, lo que difiere
ampliamente del examen efectuado en el proceso penal, pues en el primero se
busca comprobar si existió una acción u omisión de una autoridad que haya
causado un daño antijurídico, mientras que en el segundo se pretende establecer la
comisión de un ilícito por parte de una determinada persona.

Por otro lado, el accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución, en tanto al señor José Manuel Becerra
Castellanos, un compañero y sargento de la Policía Nacional que estuvo privado de
la libertad junto a él, sí se le reconocieron sus derechos en la sentencia dictada por
el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, en el expediente con radicado
68001-3333-003-2018-00017-00; no obstante, es importante resaltar que en ese
caso, según consta en el programa SAMAI, esa decisión judicial no fue objeto de
apelación, por lo cual el Tribunal Administrativo de Santander no se pronunció sobre
ese asunto, por lo que mal podría considerarse que se presentó una transgresión
del derecho a la igualdad por parte de esa corporación judicial, como lo quiere hacer
ver el accionante.

Por último, respecto al alegato de la decisión sin motivación, no se observa que le
asista razón al solicitante del amparo, pues el Tribunal Administrativo de Santander,
como se ha evidenciado a lo largo de este proveído, justificó su posición
constitucional, jurisprudencial y probatoriamente, sin que el hecho de que aquel no
esté de acuerdo con las conclusiones a las que aquel llegó conlleve la estructuración
de ese defecto y, por contera, a la intervención de este juez constitucional.

Por lo tanto, al encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional y las
demás exigencias generales de procedibilidad, pero no hallarse estructurado
ninguno de los defectos alegados, se revocará la sentencia del 2 de junio de 2023
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que declaró la improcedencia de la acción de tutela formulada por el señor Luis
Orlando Caicedo González y, en su lugar, se negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

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nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 2 de junio de 2023 proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que declaró la improcedencia
de la acción de tutela formulada por el señor Luis Orlando Caicedo González y, en
su lugar, negar el amparo deprecado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

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