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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01555-00

Fecha
8 de octubre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Hector Santaella Quintero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01555-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por el señor JOSÉ LIBARDO RUIZ RUIZ frente a la Sala Veinticinco (25) Especial de Decisión del Consejo de Estado, por lo decidido en su sentencia del 5 de septiembre de 2022. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01555-00

Consejero ponente: Conjuez Hector Santaella Quintero

8 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES

CONJUEZ PONENTE: HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01555-00
Actor: José Libardo Ruiz Ruiz
Demandados: Consejo de Estado - Sala Veinticinco (25) Especial de Decisión
DDFF invocados: Debido proceso, trabajo en condiciones de igualdad,
mínimo vital y principio de favorabilidad laboral.
Referencia: Tutela contra providencia judicial por defecto fáctico y defecto
sustantivo. Niega la solicitud de amparo constitucional.

ACCIÓN DE TUTELA - FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada por el
señor JOSÉ LIBARDO RUÍZ RUÍZ, actuando a través de apoderado judicial, en
contra de la Sala Veinticinco (25) Especial de Decisión del Consejo de Estado, con
ocasión de su sentencia del 5 de septiembre de 2022, por medio del cual declaró
infundado el Recurso Extraordinario de Revisión (en adelante RER) presentado
por el demandante en contra de la sentencia del 10 de septiembre de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En
concepto del demandante, con esta providencia se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), el trabajo en
condiciones de igualdad (artículo 25 de la Constitución), el mínimo vital “A TRAVÉS
DE[L] JUSTO PAGO DE LOS SALARIOS A QUE POR LEY SE TENGA DERECHO ”1 y el
principio de favorabilidad laboral.

ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional:

A la vista del agravio alegado a sus derechos fundamentales al debido proceso, el
trabajo en condiciones de igualdad, el mínimo vital y el principio de favorabilidad
laboral, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR los derechos DEBIDO PROCESO - DERECHO AL TRABAJO
EN CONDICIONES DE IGUALDAD - DERECHO AL MINIMO VITAL - A TRAVÉS
DE JUSTO PAGO DE LOS SALARIOS A QUE POR LEY SE TENGA DERECHO-
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL, del(la) Señor(a)
JOSE LIBARDO RUIZ RUIZ.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
No. 25, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia del recurso
extraordinario de revisión de fecha 05 de septiembre de 2022, para que en su
lugar infirme la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección “A” y sean reconocidos los intereses moratorios causados con el pago
tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, dadas las
afectaciones a los derechos superiores atrás señalados.

1 Folio 1 del escrito de la demanda, obrante en el índice 2 de SAMAI.

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Actor: José Libardo Ruiz Ruiz

3. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
NO. 25, en amparo a los derechos enunciados, revocar la orden de condenar en
costas a la parte demandante.

4. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados2.

2. Fundamento fáctico de la solicitud de amparo:

Los antecedentes fácticos que soportan la solicitud de tutela se pueden exponer,
en los siguientes términos:

2.1. El señor RUIZ RUIZ se desempeñó en la planta de personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, razón por la cual
fue beneficiario de la homologación y nivelación salarial derivada el proceso de
certificación de ese ente territorial para la administración del servicio educativo3.
De ahí que a través de la Resolución No. 1858 del 31 de diciembre de 2012,
adicionada por la Resolución No. 1384 del 5 de septiembre de 2013, se le haya
reconocido y ordenado el pago de los valores pendientes por ese concepto en el
lapso 1996 - 2002, con la precisión de que la fecha de constitución de la obligación
era el año 1997. Dicho pago se efectuó en enero de 2013.

2.2. Al considerar que debían serle reconocidos los intereses moratorios
derivados del hecho de que el pago adeudado por concepto de homologación y
nivelación salarial fue efectuado por fuera de los términos oportunos para tal fin, el
actor presentó petición ante la Secretaría de Educación del Departamento de
Risaralda, la cual fue negada a través de Oficio 23676 del 19 de diciembre de
2015.

2.3. En consecuencia, la parte actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en busca de declaratoria de nulidad del mencionado
oficio y el reconocimiento de los intereses moratorios. El proceso correspondió al
Tribunal Administrativo de Risaralda con Rad. No. 66001-23-33-000-2016-00618-
00. Esa autoridad judicial, mediante de sentencia del 22 de junio de 2018 negó las
pretensiones de la demanda.

Lo anterior, con fundamento en que (i) no se configuró una dilación injustificada
del pago, pues la demora correspondió a las etapas requeridas por la
administración para efectuarlo; y en que (ii) el pago fue objeto de actualización
monetaria, circunstancia que hace inviable el reconocimiento de los intereses
moratorios pretendidos, pues estos dos conceptos son incompatibles4.

2.4. Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de apelación.
Este fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 10 de septiembre de 2020, en el sentido de
confirmar la providencia de primera instancia. Esta Corporación encontró que,
contrario a lo señalado en el recurso de apelación, los intereses moratorios no
debían primar sobre la actualización monetaria debido a que: (i) en el caso se
encontró una causa justificante de la tardanza en el pago, por lo cual se dispuso la
indexación con base en el IPC; (ii) no se evidenció actuar doloso por parte de la

2 Folio 27 ibidem.
3 Esto ocurrió a través de la Resolución No. 2480 de 1995 expedida por el Ministerio de Educación

Nacional.
4 La sentencia de primera instancia obra como anexo de la demanda, en el índice 2 de SAMAI.

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administración; y (iii) la normativa aplicable al asunto no contempla como sanción
una indemnización por mora como consecuencia de la dilación del pago las
autoridades5.

2.5. En contra de esa sentencia, el demandante presentó recurso extraordinario
de revisión, el cual fue resuelto por la Sala Especial de Decisión No. 25 del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2022 (Rad. No.
11001031500020220036800), que lo declaró infundado. A esta decisión se arribó
luego de evidenciar este juez que no se configuró la causal prevista en el numeral
5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, según el cual procede la revisión del
fallo en los casos en que exista “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En criterio del juez colegiado a cargo de dicho recurso extraordinario, contario a lo
argumentado en la demanda, la sentencia atacada no vulneró el principio de
congruencia ni fue citra petita, sino que resolvió los aspectos materia de la
controversia ventilada en el proceso ordinario, pues encontró que no procedía el
reconocimiento de intereses moratorios derivados del pago tardío del retroactivo
producto de la homologación y nivelación salarial; discusión que configuraba el
objeto del litigio. En sentir de la Sala Especial de Decisión:

[A]unque es cierto que el desconocimiento del principio de congruencia es una
hipótesis jurisprudencial que puede estructurar la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la Sala advierte que la
argumentación propuesta por el recurrente está orientada a reabrir el debate
jurídico que se surtió en el proceso primigenio y propiciar una tercera instancia que
no es de recibo en esta sede extraordinaria.

En efecto, se evidencia la manera en que la parte recurrente, a través de este
mecanismo excepcional, pretende controvertir el razonamiento jurídico y probatorio
que condujo al juez de segunda instancia a no encontrar procedente el
reconocimiento de intereses moratorios por el retardo en el pago del retroactivo, en
el lapso indicado en el escrito inicial6.

2.6.Por tal razón, aclaró que en los fallos de instancia no se desconoció el
principio de congruencia, toda vez que sí se decidió sobre los aspectos debatidos.
Dejó en claro que, en todo caso, las decisiones judiciales adversas a las
pretensiones de la demanda no implican per se un quebrantamiento del derecho al
debido proceso, pues lo que se censura en los fallos minus o citra petita es la
omisión en la resolución de la totalidad del objeto del litigio, mas no el sentido de
la decisión. Y estableció que la argumentación propuesta por la parte recurrente
no se adecúa a la causal de revisión invocada y, en concreto, a la hipótesis
consistente en desconocer el principio de congruencia de la sentencia, razón por
la cual declaró infundado el RER interpuesto.

2.7.Como condena en costas al recurrente, se fijó un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (en
adelante MEN). Esto, por considerar que en el presente asunto resultan aplicables
las disposiciones procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 (vigente para el momento en
que se interpuso el recurso extraordinario de revisión), conforme a la regla fijada
por el artículo 255 inciso 5º del CPACA, norma especial que impone la condena en

5 La sentencia de segunda instancia obra como anexo de la demanda, en el índice 2 de SAMAI.
6 Folio 14 de la sentencia que resolvió el RER.

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costas cuando el RER se declara infundado, en lugar de la régimen general
previsto en esta materia por el artículo 188 del mismo estatuto.

Adicionalmente, y puesto que se constató que el MEN, en su calidad de
demandada, por conducto de apoderada judicial, presentó escrito de oposición al
recurso extraordinario interpuesto, la Sala encontró razones suficientes para que
se disponga la fijación de agencias en derecho a su favor en cuantía de un salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de la providencia. Y dispuso que esto se
tomara en cuenta al momento de la liquidación de las costas, según lo
preceptuado en los artículos 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012.

Esta última providencia judicial es la demandada en la presente solicitud de
amparo.

3. Sustento de la vulneración alegada:

La parte actora discriminó los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, para señalar que en este caso se cumplen y acusó la
sentencia cuestionada de haber incurrido en un defecto fáctico en sus dos
dimensiones: negativa y positiva, así como en un defecto sustantivo.

3.1. En lo que hace a la subsidiariedad, resaltó que en contra de la decisión que
resuelve un RER, en este caso en el sentido de declararlo infundado y condenar
en costas, no procede ningún recurso de alzada. Sobre la inmediatez, aseveró que
como la decisión acusada fue proferida el 23 de septiembre de 2022, no han
transcurrido más de 6 meses. En cuanto a que no se trate de un fallo de tutela,
precisó se cumple con este requisito pues la sentencia atacada fue proferida en un
“proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con RER”7. Respecto de la
identificación de manera razonable de los hechos, las pretensiones y los derechos
que se consideran vulnerados, señaló que aquellos se encuentran debidamente
relacionados en la demanda.

Sobre la relevancia constitucional, indicó que en el caso se vulneró el derecho al
debido proceso del accionante, pues en la providencia atacada se incurrió en una
valoración defectuosa e indebida de las pruebas. Igualmente, resaltó que la
interpretación efectuada del marco normativo aplicable al caso concreto no se
encuentra dentro del margen razonable. Lo anterior debido a que pese a que se
presentó una mora injustificada en el pago de la homologación salarial, se
desconoció el pago de los intereses moratorios “que operan de pleno derecho y
por ministerio de la ley”8.

Adicionalmente, advirtió que la argumentación de la solicitud de amparo coincide
ampliamente con la efectuada en el RER, tal como lo previó la Corte
Constitucional en la sentencia C-509 del 2005 al señalar que la parte actora,
además de identificar los hechos y los derechos vulnerados, debió alegar “tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiera sido posible”9. Ello
con el propósito de anticipar una posible línea argumentativa en la resolución de
esta solicitud de amparo consistente en que carece de relevancia constitucional.
Sobre este punto también citó la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en el proceso de Rad. No. 11001-03-15-000-2018-03670-01.

7 Folio 4 del escrito de la demanda que obra en el índice 2 de SAMAI.
8 Ibidem.
9 Idem.

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Igualmente solicitó descartar la hipótesis acerca de que esta acción de tutela se
esté utilizando como tercera instancia, señalando que la jurisprudencia
constitucional advierte que en los casos en que se cumple con los requisitos para
el estudio de fondo de una solicitud de amparo, no le es dado al juez constitucional
advertir que se estén reviviendo términos, interpretaciones o valoraciones
probatorias propias del juez ordinario. En este caso, afirma la demanda, se
aportan pruebas, se demuestran los yerros en los que incurrió la sentencia
atacada y se argumenta de forma “contundente”10 que la interpretación allí
efectuada, a la que calificó de “mediocremente negada”,11 es contraevidente y
perjudicial para los intereses legítimos de los trabajadores y pensionados;
situación que generó la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, el trabajo, la igualdad y al mínimo vital.

3.2. Con respecto al defecto fáctico en su dimensión negativa, la parte actora
adujo: (i) que se efectuó una valoración defectuosa del material probatorio; y que
(ii) se omitió la valoración de la prueba y se dio por no probado el hecho que
emerge claramente de ella. Sobre la primera censura, señaló que la Sala Especial
de Decisión desbordó su discrecionalidad judicial y vulneró sus derechos, debido a
que pese a la existencia de documentos que demuestran con suficiencia la mora
de la Administración en realizar el pago, avaló el estudio efectuado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado que “justifica arbitrariamente que el retroactivo
adeudado desde el año 1996 y hasta el año 2002, fuera cancelado en las
vigencias del 2013-2014”12. Además, no se tuvieron en cuenta los hechos
probados y aceptados por las partes, que permitían concluir la mora injustificada
en el reconocimiento y pago de la nivelación salarial. En su lugar, se condonó que
una reclamación prestacional fuera resuelta “a los 17 años con la despreciable
respuesta [de] que ese tiempo se demoraron las etapas requeridas para resolver
tal solicitud”13.

Frente al segundo reproche, indicó que la demandada no estudió los argumentos
sobre el debate probatorio, pues de lo contrario habría concluido que la situación
de desigualdad e inequidad laboral por él soportada debía resarcirse no solo con
el pago retroactivo de las diferencias salariales dejadas de percibir, sino también
con el reconocimiento de los intereses de mora. Ello es así porque “la sola
indexación, que no es más que la actualización del valor de la moneda, no
comporta per se el componente indemnizatorio, solo inflacionario”14.

Acerca del defecto fáctico en su dimensión positiva, indicó que en la providencia
atacada se dieron como probados hechos sin que existiera prueba de los mismos.
Esto en tanto, aseguró, la discusión giraba en torno a la legalidad de la resolución
que negó el derecho a los intereses moratorios, pese a que de conformidad con la
ley, el proceso de homologación debía adelantarse de forma previa al traslado del
personal entre entidades, es decir, en 1996, cuando ello ocurrió, y no 17 años
después, como en el caso bajo estudio. No obstante, ese hecho fue omitido,
mientras que se tuvo por probado, sin estarlo, que el Estado no incurrió en una
mora en el pago de sus acreencias laborales, por las etapas procesales
administrativas que debían surtirse para el pago. A lo que se añadió el “análisis
irrisorio”15 de que el pago fue indexado.

10 Folio 5 ídem.
11 Folio 6 ídem.
12 Folio 7 ibidem.
13 Ídem.
14 Folio 9 ídem.
15 Ídem.

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3.3. Con respecto al defecto sustantivo, el accionante aseveró: i) que pese a
que la Ley 60 de 1993, a través de la cual se ordenó la descentralización
educativa, ordenó que el traslado e incorporación del personal debía efectuarse en
4 años, de la mano del estudio técnico que determinara la correspondiente
homologación y nivelación salarial, lo cierto es que aunque en 1996 se efectuó el
traslado, solo hasta 2005 comenzaron las tareas de homologación y solo hasta
2013, se efectuó el pago de las acreencias dejadas de percibir. De ahí que no se
pueda considerar, como lo hizo el Consejo de Estado, que ese lapso es razonable
y que no le asiste derecho a los intereses por mora.

En cuanto a que no exista una norma que expresamente faculte el pago de
intereses de mora en los procesos de homologación y nivelación salarial, aseveró
que dicha sanción está contemplada en varias normativas del ordenamiento
jurídico como el Código Civil, el Código de Comercio, el Estatuto laboral, la Ley
100 de 1993, la Ley 1437 de 2011, entre otras. Normas que contemplan que el
incumplimiento de las obligaciones dinerarias genera el reconocimiento de los
intereses de mora, incluso de pleno derecho.

Sobre el hecho de que la Resolución que ordenó el pago del retroactivo por
homologación y nivelación salarial haya sido cancelada dentro del mes siguiente a
ser proferido, adujo que dicho proceso no inició con ese acto administrativo, sino
en el 2005, cuando se indicó que debió iniciar en 1996. Entender que el proceso
inició con ese acto administrativo y fue cancelado rápidamente, implica no solo
una violación del debido proceso, sino una interpretación ilógica desde el punto de
vista jurídico, pues es claro que entre el año 1996 y el 2013, se presentó una mora
injustificada.

En lo que hace a la imposibilidad de la coexistencia de la indexación, señaló que
esos dos conceptos son distintos, pues uno corresponde a la actualización de la
moneda a valores presentes, mientras que el otro es la sanción en la que incurre
el deudor por no pagar a tiempo sus obligaciones. En consecuencia, si una
obligación causada entre los años 1996 a 2002 es pagada en el año 2013, la
actualización a valor presente está fuera de discusión, debe efectuarse, pero no
por ello se dejaron de causar los intereses de mora, que deben ser reconocidos
como indemnización por la demora en el pago. Ello debido a que el pago oportuno
de los salarios, así como los intereses de mora, en caso de que el pago se efectúe
en fecha diferente, es un derecho derivado directamente de la Constitución y debe
cumplirse sin necesidad de requerimiento judicial.

Este defecto, también se reclama respecto de la condena en costas. En opinión
del demandante, a través de la imposición de esa sanción se abandonó el criterio
subjetivo del numeral 4 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, para adoptar uno
objetivo. Ello, en tanto se sancionó por ser parte derrotada en el proceso, mas no
porque se haya comprobado temeridad o mala fe. Tampoco se tuvo en cuenta el
numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, según el cual solo habrá lugar
a esa condena cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación. En este punto citó 2 sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación: una, en el expediente de Rad. No. 11001-03-15-
0222-2017-01451-01, de la que no indicó fecha, y otra del 20 de agosto de 2015,
que identificó con número interno 2219-2014. También se refirió a las sentencias
SU-448 de 2011 y T-283 de 2013.

Finalmente, en lo que hace a la vulneración de los derechos fundamentales, la
parte actora aseveró que el debido proceso fue vulnerado por la interpretación y
aplicación de la norma, de manera contraria a los postulados constitucionales que

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cobijan al trabajador. Adicionalmente, indicó que no se impartió justicia. En cuanto
al trabajo en condiciones de igualdad, señaló que al no acceder a las
pretensiones, se dejó sin reparación integral el daño sufrido por devengar por 14
años un salario inferior al que legalmente le correspondía, así como por
permanecer 17 años en espera de un retroactivo salarial; circunstancia en la que
no se encontraba el personal administrativo que durante ese tiempo percibió un
salario mayor. En cuanto al mínimo vital, aseveró que el hecho de que le pagaran
menos que a sus compañeros que tenían el mismo cargo, implicó que él se viera
obligado a cubrir sus necesidades económicas con un salario inferior, que si bien
al final fue indexado, lo cierto es que la administración tiene la obligación de
reparar los perjuicios causados con su actuar negligente a través del
reconocimiento de los intereses de mora. En cuanto al principio de favorabilidad
laboral, arguyó que el Estado tiene una posición dominante que ejerce a través de
la rama judicial, quien se niega a reconocer la debilidad del trabajador frente a su
patrono que le negó el pago de los intereses a los que tiene derecho.

4. Trámite de la solicitud de amparo:

La solicitud de amparo fue radicada el 24 de marzo de 2023. Respecto de aquella
los doctores RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VÁRGAS, GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ y JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ presentaron manifestación de
impedimento, debido a que conformaban la Subsección que profirió la sentencia
demanda en el RER. En consecuencia, mediante diligencia surtida el 27 de julio,
se designó a este conjuez y por auto del 3 de octubre del mismo año, se declaró
fundada la manifestación de impedimento de los entonces miembros de la
Subsección A de la Sección Segunda de Consejo de Estado.

Posteriormente, la acción de tutela fue admitida mediante auto del 29 de agosto
hogaño. Allí se requirió al apoderado del demandante para que allegara acto de
apoderamiento16. Aquél fue presentado el 3 de septiembre de 202417.

El 2 de septiembre de 2024, el Consejero de Estado FERNANDO ALEXEI PARDO
FLÓREZ, quien reemplazó a la doctora MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO en la
Sección Tercera, ponente de la decisión enjuiciada, presentó informe en el que
manifestó que debido a que no participó en la discusión de esa sentencia,
respetaría y acataría lo resuelto en esta providencia18.

Por su parte, el 4 de septiembre de 2024, el MEN presentó informe en el que
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, en atención a que incumple
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional19. Sobre el
particular, aseguró que pese a que se asevera la vulneración al derecho al debido
proceso y a principios de naturaleza constitucional, esa afirmación es insuficiente
para el que juez constitucional intervenga. En el caso bajo estudio no se demostró
la efectiva vulneración de los derechos del demandante. Por el contrario, la
discusión se centra en una controversia estrictamente económica. En su
contestación, esa cartera también se refirió a la autonomía judicial, resaltando que
los operadores judiciales están obligados a resolver los procesos de manera
imparcial y aplicando a cada caso los preceptos legales aplicables, por lo que una
vía de hecho podría presentarse solo si esas condiciones no son respetadas,
cuestión que no ocurrió en esta ocasión. Finalmente, resaltó que es carga del

16 Índice 28 de SAMAI.
17 Índice 35 de SAMAI.
18 Índice 33 de SAMAI.
19 Índice 38 de SAMAI.

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accionante demostrar el supuesto de hecho cuya protección pretende, cosa que
no ocurrió en este caso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia:

De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1º del Decreto 333 de 2021 en materia de reparto de acciones de tutela
contra providencias judiciales, esta Sala de decisión es competente para conocer
del presente asunto.

2. Problema Jurídico:

Corresponde a esta Sala de Conjueces definir si en la sentencia del 5 de
septiembre de 2022, por medio del cual declaró infundado el RER presentado por
el demandante en contra de la sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo que aduce la parte demandante.

Puesto que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional20 y de la Sala Plena de esta
Corporación21, su ejercicio supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte
de quien pretende el amparo de sus derechos. En lo fundamental, se requiere el
acatamiento de los denominados requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen
como propósito armonizar la eficacia de los derechos fundamentales
constitucionales con los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, así
como con las instituciones de la separación de jurisdicciones (constitucional y
contencioso administrativa, en este caso) y de la cosa juzgada, esenciales al
interior de nuestro Estado de Derecho.

Mientras que los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y condicionan la procedencia de la solicitud de amparo, los especiales
supeditan el éxito de la pretensión y presuponen el cumplimiento o la verificación
de la totalidad aquellos, así como la efectiva constatación de una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos por la parte demandante.

Son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente a una
providencia judicial: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo
el caso de un perjuicio irremediable; (iii) la inmediatez del recurso al juez
constitucional; (iv) el carácter sustancial de la irregularidad procesal alegada; (v) la
debida identificación y reconstrucción de la situación fáctica que originó la
amenaza o vulneración de los derechos invocados; y (vi) que no se dirija contra
una sentencia de tutela.

Puesto que del efectivo cumplimiento de cada una de estas exigencias depende la
procedencia del análisis de fondo de las pretensiones de la solicitud de amparo,

20 Vid. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012. Rad. No.: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Actor: José Libardo Ruiz Ruiz

enseguida se emprenderá la verificación de estos aspectos preliminares del juicio
de tutela.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial:

El análisis de los argumentos y pruebas presentadas por el actor en su demanda
permite llevar a cabo el siguiente análisis:

i) En cuanto a que se trate de un asunto de relevancia constitucional, la Sala
observa que en el caso bajo examen los argumentos presentados por la parte
actora NO permiten identificar razones aptas para plantear un debate
jurídico-constitucional. Esto, toda vez que, si bien se invocan los derechos
fundamentales al debido proceso (artículo 29 Constitucional), el trabajo en
condiciones de igualdad (artículo 25 de la Constitución), el mínimo vital “A TRAVÉS
DE[L] JUSTO PAGO DE LOS SALARIOS A QUE POR LEY SE TENGA DERECHO”22 y
el principio de favorabilidad laboral (artículo 53 ídem), la demanda no encamina su
argumentación desde una perspectiva jurídico-constitucional, ni ofrece prueba
alguna de la afectación o amenaza efectiva de los derechos fundamentales
alegados. Ello es así por cuanto la parte actora plantea su indignación con la
interpretación del Consejo de Estado sobre la inviabilidad del reconocimiento de la
indemnización moratoria por la homologación y nivelación salarial, tildando de
“mediocre”23 la postura asumida, pero deja de lado el potísimo hecho que el solo
dato de haber sido adversa a sus pretensiones no torna la sentencia en un acto
que atente o vulnere sus derechos fundamentales.

Cabe recordar que sobre el requisito de relevancia constitucional de la acción de
tutela contra providencia judicial se ha dicho que encuentra su base en el carácter
subsidiario de la acción de tutela y en el grado de especialidad y reparto
competencial sobre el cual se estructuran las jurisdicciones ordinarias y la
constitucional. Obviar estos aspectos podría conducir a una situación en la cual el
juez de tutela termina por suplantar y usurpar competencias que le son del todo
ajenas, desnaturalizando el normal funcionamiento del aparato jurisdiccional tal
como ha sido estatuido por la norma constitucional.

De manera concordante con lo anterior, al abordar esta cuestión, en sentencias
como la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional ha recalcado que es
menester lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico
que se plantea en cada caso para evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que no son de su competencia. Solo de esta forma se logra garantizar
que la cuestión planteada ante la justicia constitucional envuelva un verdadero
problema jurídico-constitucional susceptible de ser analizado y resuelto a partir de
la interpretación y aplicación de la Constitución, y se precave la desnaturalización
y el desbordamiento indeseable del juez de tutela respecto de su misión
constitucional.

Por ende, no basta entonces con simplemente alegar la vulneración a
determinados derechos fundamentales para cumplir con el requisito de relevancia
constitucional; para ello es necesario demostrar de manera razonable una
verdadera afectación o restricción desproporcionada a los derechos que se
argumentan violados. Y se insiste: ello no resulta del solo hecho de estar delante
de un fallo adverso.

22 Folio 1 del escrito de la demanda, obrante en el índice 2 de SAMAI.
23 Folio 6 del escrito de la demanda que obra en el índice 2 de SAMAI.

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Actor: José Libardo Ruiz Ruiz

Evidenciar la vulneración ius fundamental que activa el mecanismo excepcional de
tutela contra providencia judicial supone para la parte actora una carga mínima de
argumentación y análisis jurídico-constitucional frente a las providencias
controvertidas, de suerte que se haga manifiesto que no se busca su impugnación
en términos ordinarios (debido a que el juez de tutela no es una tercera instancia),
sino que se procura un verdadero amparo constitucional de los derechos
conculcados o amenazados por la actuación que origina la demanda.

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional también estableció cuáles
son los requerimientos para que una tutela contra providencia judicial satisfaga el
requisito de relevancia constitucional. Señaló dicha Corporación:

“34. Para determinar si una acción de tutela en contra de una providencia judicial,
cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, esta Corporación ha
identificado algunos criterios relevantes, a saber:

35. En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional”]. De acuerdo con la Sentencia SU-573 de 2019 el
asunto debe ser “trascendente para la interpretación del estatuto superior, su
aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”.
36. En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica. Como se indica en la sentencia mencionada, un asunto carece
de relevancia constitucional cuando, entre otras razones [cuando] “(i) la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o legal
salvo que de esta se “desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico,
por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, que no representen un interés general”].

37. Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige
que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”].

38. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental. En ese sentido, no basta con la sola referencia a la
afectación de las garantías superiores para encontrar probada la relevancia
constitucional, pues “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental”.

39. Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto], lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios

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ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal]. Como las altas cortes son tribunales de cierre,
es a ellas a quienes corresponde “la unificación de jurisprudencia como forma de
precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las
diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

En atención a lo expresado por la jurisprudencia constitucional reseñada, tal como
se anunció ya, la Sala observa que (i) la presente solicitud de amparo no involucra
un debate jurídico que gire en torno al contenido y alcance de un derecho
fundamental, pues la cuestión sub lite no reviste una “clara”, “marcada” e
“indiscutible” relevancia constitucional”. Por el contrario, se refiere a un
asunto meramente legal y económico. Lo pretendido por el actor es que se le
pague la indemnización moratoria a la que considera que tiene derecho, y no se le
condene en costas ni al pago de agencias en derecho. Esto, pese a que tanto el
juez ordinario de primera y segunda instancia, como el juez del RER, le explicaron
con razones jurídicas válidas y suficientes, los motivos por los cuales no le asiste
el derecho a dicha prestación económica; y la condena en costas y agencias en
Derecho se encuentra igualmente motivada de forma clara, suficiente y fundada
en las normas vigentes al momento de resolver el RER.

En tal virtud, para esta Sala (ii) es nítido que la controversia que aquí nos ocupa
se limita a un asunto puramente económico y de mera legalidad. La parte actora
no solo discute la interpretación efectuada por los juzgadores del RER, sino
también por los de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En su opinión, es evidente que tiene derecho a la
indemnización moratoria por el lapso transcurrido entre la configuración de la
obligación y el pago, pese a que a lo largo del debate procesal sostenido distintas
autoridades expusieron fundadamente las razones para negar tal pretensión. De
una parte, los jueces ordinarios le explicaron de forma motivada y reiterada que la
demora en el pago no fue injustificada, por lo que en su criterio la parte
demandante no tiene derecho a los intereses por mora. También se le explicó que
éstos últimos no son compatibles con la indexación de que fue objeto el dinero que
le pagaron, corrección monetaria a través de la cual se subsanó la pérdida de
capacidad adquisitiva del dinero que le fue pagado. De otra parte, también obra en
el proceso que en el RER la autoridad judicial competente no encontró configurada
la causal de nulidad alegada como base de dicho recurso extraordinario, pues se
evidenció que el objeto de litigio fue resuelto a cabalidad.

Conforme a lo anterior, y a la vista de los argumentos jurídicos expuestos por la
parte demandante en su solicitud de amparo (de corte eminentemente legal),
surge evidente para la Sala que se está ante una controversia estrictamente
monetaria y de pura legalidad; en la cual, además, (iii) la solicitud de amparo está
siendo utilizada con el propósito de reabrir un debate sobre la legalidad de lo

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decidido por la Administración, ya zanjado en las instancias correspondientes
conforme a lo previsto en la ley procesal nacional.

Ciertamente, la solicitud de amparo bajo revisión no trasciende la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales de su causa,
porque su fundamento, esto es, el porqué de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, consiste, como se ha visto, en el desacuerdo con las
decisiones expuestas por los jueces de instancia y el del RER por concepto del
reconocimiento de esa prestación de contenido económico.

Finalmente, (iv) encuentra la Sala que por tratarse de una decisión que se adopta
en sede del recurso extraordinario de revisión, luego de tramitadas las dos
instancias de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, la
aplicación de la regla especial prevista por el artículo 255 inciso 5º del CPACA en
materia de costas, en conjunto con el artículo 188 del mismo ordenamiento y los
artículos 365 y 366 del CGP, como base de la condena en costas y agencias en
Derecho, no resulta cuestionable en sede de tutela con base en las razones
ofrecidas por el demandante. Echar de menos la aplicación del criterio de
“temeridad o mala fe” del artículo 188 del CPACA con base en la sola
consideración de providencias del Consejo de Estado emitidas en sede de juicios
ordinarios (y no del recurso extraordinario de revisión) y anteriores a la reforma
que el artículo 255 del CPACA sufrió por obra del artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 no parece argumento suficiente para evidenciar la vulneración ius
fundamental alegada.

En suma, vale la pena insistir en que el solo hecho de ser vencido en un
proceso judicial no conlleva per se una vulneración de derecho
fundamentales. No existe un “derecho a ganar los procesos judiciales”. Para que
una providencia judicial vulnere un derecho fundamental, es necesario que exista
una relación inescindible entre el derecho fundamental que se considera
conculcado y el defecto que se le endilga a la providencia atacada. Y para que esa
relación quede claramente soportada en una demanda de tutela no es suficiente
con señalar que es evidente. Es preciso construir el argumento desde un prisma
constitucional y de forma tal que aquello que el accionante considera elemental,
quede claramente plasmado en la demanda, y demostrar con evidencias
plausibles y debidamente aportadas al proceso los hechos relevantes de la
reclamación y, en particular, lo atinente a las vulneraciones alegadas a los
derechos fundamentales invocados. No basta, por tanto, con la sola alegación que
se sufrió una afectación a los derechos al debido proceso, al trabajo y al mínimo
vital. Ello debe ser debidamente razonado y comprobado.

Lo anterior, en el marco del cumplimiento de los requisitos que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado como condiciones para la prosperidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

En este orden de ideas, al no encontrarse configurado el requisito general de
relevancia constitucional, la Sala no encuentra fundamento para continuar con el
estudio de fondo y declarará improcedente ésta acción de tutela.

4. Resolución del caso:

En armonía con lo expuesto, por encontrarse demostrado el incumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional del amparo constitucional contra
providencia judicial, la acción de tutela interpuesta por el señor JOSÉ LIBARDO
RUIZ RUIZ respecto de lo decidido por la Sala Veinticinco (25) Especial de

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Actor: José Libardo Ruiz Ruiz

Decisión del Consejo de Estado, con ocasión de su sentencia del 5 de septiembre
de 2022, por medio del cual declaró infundado el Recurso Extraordinario de
Revisión presentado por el demandante en contra de la sentencia del 10 de
septiembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, será declarada improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo elevada por el
señor JOSÉ LIBARDO RUIZ RUIZ frente a la Sala Veinticinco (25) Especial de
Decisión del Consejo de Estado, por lo decidido en su sentencia del 5 de
septiembre de 2022.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez

Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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