Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01603-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01603-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01603-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de agosto de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-01603-01
Demandante: SANDRA BOLENA COLONIA CASTRILLÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DEL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN EL
QUE SE ANULARON LOS ACTOS DEMANDADOS, PERO
SE NEGÓ LA CONDENA EN ABSTRACTO. LA SALA
CONFIRMARÁ LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
QUE NEGÓ EL AMPARO PORQUE NO SE DEMOSTRÓ
QUE SE HAYA DESCONOCIDO EL PRECEDENTE
JUDICIAL VINCULANTE.
Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho vulneró su derecho constitucional fundamental
del debido proceso con ocasión del fallo del 28 de septiembre de 2022, por medio del cual se
declaró la nulidad de los actos demandados y se negó el reconocimiento de perjuicios, por
cuanto, a su juicio, incurrió en el desconocimiento del precedente judicial.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 25 de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Sandra
Bolena Colonia Castrillón, en condición de representante legal de HM
Asociados Y Cía. S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas
y mayúsculas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 28 de marzo de 2023, la señora Sandra Bolena Colonia Castrillón promovió proceso
de acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de
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Demandante: Sandra Bolena Colonia Castrillón
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que se protegiera su derecho constitucional fundamental del debido proceso y, por tanto,
se accediera a las siguientes súplicas:
PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, en cabeza de la magistrada ZORANNY
CASTILLO OTÁLORA, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO, con ocasión a la sentencia de segunda instancia del veintiocho (28)
de septiembre del 2022 y notificado por correo electrónico el veintinueve (29)
de septiembre de 2022.
SEGUNDO: Se ORDENE proferir una decisión conforme con los precedentes
judiciales y se condene en abstracto para que sea posible adelantar el trámite
incidental de liquidación, con la finalidad de hacer efectivo restablecimiento del
derecho en razón de la nulidad declarada de los decretos.”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del
original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:
1) El alcalde municipal de Cali profirió el Decreto no. 4110.20.0928 del 31 de diciembre
de 2014 con el fin de mejorar el tránsito de vehículos particulares y de servicio público
colectivo urbano de pasajeros en vías públicas del municipio para el año 2015, acto
administrativo que implementó el sistema de pico y placa en el perímetro urbano de
Santiago de Cali para restringir la circulación de vehículos particulares y estableció una
restricción de pico y placa a la circulación de los vehículos tipo bus, buseta, microbús y
camperos destinados a la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano
de pasajeros, por la incursión del transporte público tradicional y el Sistema de Transporte
Masivo –MIO.
2) El 13 de marzo de 2015 el alcalde expidió el Decreto no. 4110.20.00106 que modificó
el Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y tomó medidas para el mejor
ordenamiento de tránsito de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros
en las vías públicas del municipio de Santiago de Cali para el año 2015.
3) Instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Santiago de Cali con el fin de que se declarara la
nulidad del Decreto 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y la Resolución
4110.20.00106 del 13 de marzo de 20152 y, en consecuencia, se le condenara a pagar
una suma de dinero como resultado de los perjuicios causados por la pérdida de
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Demandante: Sandra Bolena Colonia Castrillón
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oportunidad en el aprovechamiento económico de los vehículos tipo colectivo de su
propiedad.
4) El asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
autoridad judicial que en providencia de 22 de julio de 2020 negó las pretensiones de la
demanda, pues encontró que el alcalde tenía competencia para decretar la medida del
pico y placa en virtud del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551
de 2012, la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996 y el artículo 6 parágrafo 3 de la Ley 769
de 2002.
5) La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, recurso en el cual insistió
en los argumentos de la demanda y aportó como referencia dos sentencias proferidas
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre el mismo asunto.
6) El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia
de 28 de septiembre de 20221 en la que revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declaró la nulidad de los Decretos 4110.20.0928 del 31 de diciembre de 2014 y
4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, con fundamento en que el alcalde municipal de
Cali carecía de soportes técnicos que justificaran el contenido y alcance de los actos
demandados, y, además, negó las pretensiones indemnizatorias2.
3. El fundamento de la vulneración
La demandante señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales antes referidos con ocasión del fallo de 28 de septiembre
de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en el desconocimiento del precedente judicial.
Sostuvo que en el fallo únicamente el tribunal resolvió declarar la nulidad de los actos
administrativos, pero no aplicó la figura jurídica de la “condena en abstracto” para el
resarcimiento de los perjuicios solicitados en la demanda.
Era deber del juez condenar en abstracto frente a los daños materiales sufridos, más aún
cuando se probó, por medio de los contratos de vinculación, la relación entre la parte
demandante, como propietaria del vehículo, y la Cooperativa Especializada de
1 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 29 de septiembre de 2022.
2 Indicó que, si bien con la demanda se solicitó la indemnización del lucro cesante por los días que el
vehículo de la demandante estuvo bajo la medida de pico y placa, y la indemnización del perjuicio moral
en cuantía de 100 SMMLV, no obraba prueba en el expediente que demostrara dichos perjuicios.
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Transporte y Servicios la Ermita Ltda, y que con la expedición de los actos administrativos
demandados se limitó la actividad que podían realizar los vehículos vinculados con la
empresa, lo cual ocasionó una pérdida en la utilidad percibida.
Insistió en que debió proferirse una condena en abstracto para que pudiera presentar la
liquidación de perjuicios y probar, vía incidente de regulación, los daños generados por
la administración, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.
En relación con la necesidad de que se profiriera una condena en abstracto con base en
la aplicación de la equidad como criterio para tasar la indemnización por el perjuicio
inferido, indicó que se desconocieron las sentencias del 18 de febrero de 2016,
expediente con radicación no. 13001-23-31-000-2001-00362-01, y del 16 de agosto de
2012, expediente con radicación 25000-23-26-000-1994-00427-01 (19216), en las cuales
se dispuso que la condena al pago de los perjuicios ocasionados se haría en abstracto y
su liquidación se adelantaría mediante trámite incidental.
4. Actuación de primer grado
Mediante auto de 30 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso
admitir el proceso de acción de tutela y notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Cali y al alcalde del municipio de Santiago de Cali con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 25 de mayo de 2023 negó el
amparo, por cuanto las sentencias invocadas como desconocidas diferían del asunto
objeto de estudio, en el cual la parte demandante no logró probar la existencia de los
perjuicios causados con los actos administrativos declarados nulos.
Mediante providencia del 29 de junio de 2023 se accedió a la solicitud de corrección de
la sentencia, en el sentido de aclarar que la señora Sandra Bolena Colonia Castrillón no
obraba como representante legal de la sociedad HM ASOCIADOS Y CÍA S.A.S., sino que
actuaba en nombre propio.
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Demandante: Sandra Bolena Colonia Castrillón
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6. Impugnación
La demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido en auto
de 18 de julio de 2023.
Reiteró que existe una afectación directa de los propietarios de los vehículos de la
empresa transportadora, en atención a que con la expedición de los actos administrativos
se impidió la actividad comercial que estos ejercían.
La condena en abstracto se puede aplicar cuando el daño material no esté cuantificado
específicamente, ya que solo se necesita demostrar que el acto demandado originó un
daño y que ese daño no puede verse subsanado simplemente con la declaratoria de
nulidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
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2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se proteja el derecho
constitucional fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión del
fallo de 22 de septiembre de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en el desconocimiento
del precedente judicial.
En la sentencia de primera instancia la Sección Cuarta de esta Corporación negó el
amparo invocado, por cuanto consideró que las sentencias invocadas como
desconocidas no constituían precedente aplicable al caso.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primer grado que negó el amparo invocado, por las siguientes razones:
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en
cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia atacada3; (iii) no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida
como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; (v)
no se ataca una sentencia de acción de tutela y (vi) la cuestión que se discute cumple
con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración
del derecho constitucional fundamental del debido proceso con ocasión de la providencia
de segunda instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
pero negó las pretensiones indemnizatorias. Además, los argumentos que trae a colación
la demandante se refieren a un presunto desconocimiento del precedente judicial
contenido en unas sentencias del Consejo de Estado sobre la condena en abstracto, de
ahí que no constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.
Superado dicho análisis pasa la Sala a resolver el desconocimiento del precedente
judicial invocado.
3 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 29 de septiembre de 2022 y la demanda fue
presentada el 28 de marzo del presente año.
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Demandante: Sandra Bolena Colonia Castrillón
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1) La demandante indicó que el tribunal en el fallo de segunda instancia únicamente
resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos, pero no aplicó la figura jurídica
de la “condena en abstracto” para el resarcimiento de los perjuicios solicitados en la
demanda, con lo cual desconoció el precedente judicial contenido en las sentencias del
18 de febrero de 20164, expediente con radicación no. 13001-23-31-000-2001-00362-01,
y del 16 de agosto de 20125, expediente con radicación 25000-23-26-000-1994-00427-
01 (19216), en las cuales se dispuso que la condena al pago de los perjuicios
ocasionados se haría en abstracto y su liquidación se adelantaría mediante trámite
incidental.
2) Insistió en que debió proferirse una condena en abstracto para que pudiera presentar
la liquidación de perjuicios y probar, vía incidente de regulación, los daños generados por
la administración, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011.
3) No obstante, la Sala considera que el defecto alegado no tiene vocación de
prosperidad, por cuanto los pronunciamientos que se citaron como desconocidos no
tienen el alcance de sentencia de unificación a la luz de lo previsto en los artículos 270 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, y, tampoco tienen supuestos similares, pues, como
se explicó previamente, en cada proceso los medios de prueba que tuvo a su disposición
el juez fueron diferentes, de ahí que no resulta posible predicar su carácter vinculante y
con ello su presunto desconocimiento.
4) En consecuencia, para la Sala el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
4 En dicho asunto se cuestionaron los actos mediante los que la DIAN canceló el certificado de autorización
para ejercer la actividad de intermediación aduanera que le fue otorgado a la sociedad. en esa oportunidad
esta Corporación contó con elementos probatorios aportados por la parte demandante, a efecto de acreditar
los perjuicios alegados.
5 Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se solicitó la nulidad de unas resoluciones
proferidas por el director ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, en virtud de las cuales se
adjudicó una licitación pública. En este caso se ordenó la condena en abstracto.
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Demandante: Sandra Bolena Colonia Castrillón
Acción de tutela – Impugnación fallo
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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