Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01604-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01604-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01604-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de septiembre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01604-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01604-01
Accionante: Nelcy Mancera Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial dictada en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que declaró
la prescripción extintiva de las prestaciones sociales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur, mediante apoderado judicial, en contra de la sentencia del 9 de
mayo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
ANTECEDENTES
La señora Nelcy Mancera Valencia, mediante apoderado, instauró acción de
tutela, en aras de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, el
cual considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E.
HECHOS
Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
donde solicitó la nulidad del Oficio núm. OJU-E- 3744-2019 del 15 de julio de
2019, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. le
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negó el pago de las prestaciones sociales. Por reparto le correspondió al Juzgado
14 Administrativo de Bogotá con radicado 11001-33-35-014-2019-00467-00.
Adujo que el 20 de abril de 2022, el juzgado accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue recurrida por las partes y
resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E el 30 de septiembre de 2022, donde modificó la providencia de
primera instancia y declaró la prescripción extintiva del derecho al pago de las
prestaciones sociales, de los periodos entre el 1.° de septiembre de 1997 y el 30
de septiembre de 2013, salvo los aportes pensionales.
La accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
fáctico y en la violación directa de la Constitución Política, dado que a) omitió
valorar las certificaciones emitidas el 23 de julio de 2020 por la directora de
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en las
cuales se incluye el objeto de los contratos, el plazo de ejecución, el valor y las
actividades realizadas y b) basó su decisión en una sentencia del Consejo de
Estado que no tiene efectos erga omnes, sino inter partes.
PRETENSIONES
Solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, se deje sin efecto la sentencia del 30 de septiembre de 2022 y, en
su lugar, se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E emitir una nueva decisión, donde valore la certificación
emitida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 10 de abril de 2023 el consejero ponente de primera instancia admitió la acción
de tutela de la referencia, ordenó notificar al accionado, vinculó como tercero
interesado al gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E y
requirió al señor Jorge Enrique Garzón Rivera, para que allegara poder.
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POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E presentó informe, donde señaló que la accionante a través de la acción de
tutela busca reabrir el debate resuelto en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Adicional a lo anterior, expuso que conforme a la sentencia del 20 de noviembre
de 2020 del Consejo de Estado1, los tiempos que deben considerarse al momento
de definir la existencia de un contrato realidad, son aquellos contenidos en cada
uno de los contratos de prestación de servicios, adiciones y prórrogas aportados
al proceso.
Así las cosas, el tribunal mediante auto de mejor proveer del 5 de agosto de 2022
requirió a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para que remitiera
los contratos faltantes; sin embargo, no se obtuvo copia de los siguientes 2923 y
3324 de 2013, tal y como se manifestó en la sentencia de segunda instancia, de
ahí que, quien pretenda la declaratoria del contrato realidad debe asumir la carga
probatoria y allegar al proceso todos los elementos que demuestren la
desnaturalización del vínculo contractual público.
En relación con el argumento de violación directa de la Constitución precisó que
el fallo fue sustentado en las normas legales aplicables, en la sentencia de
unificación del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en las
providencias que versan en casos similares, sobre el tema de la prueba.
Por lo anterior, solicitó que se niegue la acción de tutela.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El 12 de abril de 2023 la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E de la acción de tutela;
sin embargo, esta guardó silencio.
1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad.
080012333000201601212 01, noviembre 20 de 2020.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 9 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
amparó el derecho invocado y dejó sin efectos la sentencia del 30 de septiembre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, dado que se configuró el defecto fáctico, toda vez que
la autoridad judicial accionada no analizó la certificación del 23 de julio de 2020,
expedida por la directora de contratación de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E, conforme a los criterios de la sana crítica, con el fin de
determinar si existió una relación laboral entre las partes durante los interregnos
excluidos por este; y así, posteriormente, estudiar el fenómeno prescriptivo.
IMPUGNACIÓN
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante apoderado judicial,
impugnó la sentencia del 9 de mayo de 2023, bajo el argumento que la acción
de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que
pretende la accionante es reabrir el debate del proceso ordinario y no demuestra
la configuración del defecto fáctico alegado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) el caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
A la Sala le corresponde examinar si en el presente asunto es procedente
revocar la sentencia de tutela de primera instancia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, y en su lugar, acceder a los
argumentos expuestos en el recurso de impugnación interpuesto por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur.
Como fundamento de su recurso, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
afirmó que la acción de tutela no satisface el requisito de la relevancia
constitucional, comoquiera que lo que pretende la señora Nelcy Mancera
Valencia es reabrir el debate del proceso ordinario.
Pues bien, analizado lo anterior, debe dilucidarse, en primer lugar, si la
controversia planteada por la accionante constituye “genuinamente un asunto de
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relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales” 4, pues al juez de
tutela no le es posible estudiar de fondo “cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”5
Sobre el particular, se advierte que la exigencia general de relevancia
constitucional persigue las siguientes finalidades: a) preservar la competencia y
la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional6
y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad7; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales8 y, finalmente,
c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces9. Por tanto, solo la
evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas constitucionales
4 Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional. Recoge la línea jurisprudencial en el asunto y sentencia
C-590 de 2005
5 Ibíd. De manera semejante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) español (Ley Orgánica 2
de 1979), exige, para efectos de la procedencia del recurso de amparo constitucional, que en la demanda
se justifique “la especial trascendencia constitucional del recurso” (numeral 1 del artículo 49, modificado por
el artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007). La admisión del recurso de amparo, entre otras,
está sujeta, en los términos del literal b) del numeral 1 del artículo 50 de la ley en cita (modificado por el
artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007), a que,“el contenido del recurso justifique una
decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia
constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para
su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales”
6 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En
este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para
que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto,
por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar
al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la
vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial,
del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
7 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia
constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación
directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no
puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012,
T-512 de 2012, T-543 de 2012, T1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014).
8 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005),“los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra.
No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones
que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las
pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en
condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones
de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”
9 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa
que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” (sentencia
T-102 de 2006).
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de los derechos fundamentales permite superar el requisito de relevancia
constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales.
Así las cosas, al analizar el caso en concreto, se tiene que la accionante pretende
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E valore conforme a la sana crítica la certificación del 23 de junio de 2020,
expedida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, mediante la cual se
puede constatar el objeto, el plazo de ejecución, el valor y las actividades
realizadas, en cada uno de los contratos de prestación de servicios que suscribió.
Sobre el particular, la Subsección advierte que, la acción de tutela satisface el
requisito de la relevancia constitucional, en el entendido que el derecho alegado
por la parte accionante como vulnerado tiene la condición de fundamental; la
petición de amparo no recae en un asunto de mera legalidad y logra entenderse
que su pretensión no está encaminada a reabrir el debate jurídico agotado en el
proceso ordinario ni a desconocer la autonomía e independencia del juez natural,
sino a discutir el fundamento del fallo del 30 de septiembre de 2020, en el cual,
en su criterio, se incurrió en el defecto fáctico y en la violación directa de la
Constitución, causales específicas de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales.
Por otro lado, sea del caso mencionar que el análisis de fondo que realizó el juez
de tutela de primera instancia no fue objeto de impugnación, por lo tanto, la Sala
no se referirá al respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 9 de mayo de 2023 de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por los
motivos señalados en la parte considerativa de este fallo.
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Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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