Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01622-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01622-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
Demandado: Universidad Nacional de Colombia1
Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental a la igualdad /alcance
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Martha Patricia González Serrano, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0026 de
16 de enero de 20233; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición que presentó el 15 de noviembre de 2022, referente a las objeciones a
las preguntas “[…] 18, 32, 53, 55, 59, 61, 62, 82, 88, 122 […]”: vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y “[…] acceso a cargos
públicos […]”.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] Me encuentro inscrita como aspirante al cargo de “MAGISTRADA
SALA PENAL” convocado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
(CONVOCATORIA 27)1 en el cual, y luego de realizar la respectiva prueba de
conocimientos, obtuve una calificación inferior a 800 […]”.
4. Señaló que, “[…] la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA se
identificara al parecer un error en las plantillas de verificación de las respuestas de
2
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Penal de la Rama Judicial”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
los participantes, se dispuso la recalificación de la prueba, en la cual nuevamente
se me asigna un puntaje inferior a 800 […]”.
5. Manifestó que, “[…] Luego de la presentación de una nueva prueba me fueron
asignados 782.00 puntos, es decir NO APROBADA, razón por la cual asistí a la
jornada de exhibición en la Universidad Nacional de la ciudad de Bogota (sic) e
interpuse el 19 de Septiembre de 2022 el Recurso de Reposición, inconformidad
que fue atendida pero no resuelta de fondo mediante Resolución CJR23-0042 de
16 de enero de 2023 pues no se analizó de fondo, el Recurso frente al argumento
consistente en que las preguntas contenían errores de redacción, igualmente por
tener en mi criterio, preguntas doble opción de respuesta válida, y otros por tener
como respuesta valida una respuesta incorrecta entre otros […]”.
6. Expresó que, “[…] la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a pesar de
todos los yerros, no solo omitió atender de fondo y de forma congruente los
argumentos que le fueron planteados en el recurso, pues solo se limitó a explicar
por qué la opción o clave de respuesta de la universidad resultaba válida, sino que
además, contrario a todos los precedentes plasmados por la CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA y LA UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL para repetir la
presentación de la prueba […]”.
7. Adujo que, “[…] Como prueba de que se no atendió el recurso en debida forma,
ni se resolvió de fondo, debe tenerse en cuenta la respuesta dada al mismo el
pasado 16 de enero de 2023 junto con el anexo 2 donde se convalida y se toma
como pertinente la clave de respuesta de la Universidad […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso al cargo público.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la UNIVERSIDAD
NACIONAL o a quien corresponda, que corrija el puntaje asignado (782.00) el
pasado 16 de enero de 2023 y en su lugar tome como válidas las preguntas con
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Actora: Martha Patricia González Serrano
doble opción de respuesta valida, las que contienen doble opción de respuesta
válida (N° 23-53-63-79 y 84); las que tienen opción de respuesta errónea o tiene
problemas de redacción – ambiguas o incoherentes (N° 7-9-16- 28-41-61-65-66-
126), conforme a los argumentos que le fueron puestos de presente en el recurso
de reposición interpuesto el 15 de noviembre de 2002 y en la presente acción.
TERCERO: Una vez se realice la corrección del puntaje asignado, se informe al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Carrera de Unidad Judicial o a quien
corresponda, para los fines pertinentes.
CUARTO: Solicito al juez de tutela que pida a la Universidad accionada el cuaderno
de la prueba de conocimientos para que compare las preguntas de manera literal
con las respuestas dadas por la universidad al recurso de reposición e identifique
que por ejemplo en la pregunta N° 23 se agregaron supuesto (existencia de un tercer
grupo) que no estaban en la pregunta original.
QUINTO: De manera subsidiaria solicito que en caso de que el juez de tutela no
haga las correcciones solicitadas, se ordene a la Universidad Nacional resolver de
fondo mi recurso contestándome y explicándome una por una mis inconformidades
y no de manera general como lo hizo. Deberá sustentar pronunciándose conforme
a la normas, doctrina y jurisprudencia que he citado en cada una de las preguntas
[…]”.
8.1. Como fundamento de su solicitud la actora manifestó que, la autoridad
accionada no respondió satisfactoriamente su solicitud por lo que considera se
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Actuación
9.El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto de 28 de
marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Universidad
Nacional de Colombia y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, en calidad de
tercero con interés legítimo, concediéndoles un término de cuarenta y ocho (48)
horas para rendir informe.
10. El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto de 29 de
marzo de 2023, ordenó remitir la acción de tutela “[…] 2023-134 interpuesta por
MARTHA PATRICIA GONZALEZ SERRANO […] ante esta Corporación.
11.El conocimiento del asunto le correspondió por reparto al Despacho del
Consejero de Estado de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, doctor José Roberto Sáchica Méndez, el cual, mediante auto de 10 de abril
de 2023, resolvió “[…] REMITIR inmediatamente el expediente de la referencia al
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Actora: Martha Patricia González Serrano
despacho a cargo del Consejero Hernando Sánchez Sánchez, para lo de su
competencia […]”.
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de abril de 2023, resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: Avocar el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Martha
Patricia González Serrano contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.
SEGUNDO: Vincular a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el
Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo.
TERCERO: Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que
comunique a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo
núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, acerca de la tutela de la referencia,
dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir de la notificación de esta
providencia y, en ese mismo sentido, acredite tal actuación ante este Despacho
dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación.
CUARTO: Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que publique
el contenido de la presente providencia en su página web, con el fin de informar y
notificar a las personas indicadas en el ordinal anterior, sobre la acción de tutela de
la referencia, en su calidad de terceros con interés legítimo, quienes tendrán un
término de tres (3) días, a partir de la notificación, para rendir informe y allegar los
documentos que pretendan hacer valer como pruebas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: Tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de
amparo, con el valor probatorio que les corresponda según la ley.
[…]”.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
13. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo. Como fundamento expresó lo siguiente:
“[…]
Improcedencia de la acción por carencia actual de objeto
En primera medida, resulta necesario informar que, a la fecha de presentación de
este informe, la Universidad Nacional de Colombia ya ha brindado respuesta de
forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la
accionante en ejercicio del citado recurso de reposición […]”.
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Actora: Martha Patricia González Serrano
[…]
“[…] En ese sentido, mediante la Resolución mencionada y sus respectivos anexos,
las entidades accionadas resolvieron, de manera particular, las solicitudes y reparos
de la accionante expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la
prueba en sus dos componentes, su vigencia y pertinencia de cara a los
planteamientos expuestos por la accionante con relación al cargo aplicado, y la
justificación técnico-jurídica de cada opción de respuesta establecida como correcta
o incorrecta para efectos del cálculo del puntaje obtenido.
Es de resaltar que cada uno de los planteamientos por parte de la accionante en
materia de errores de redacción, multiclaves, ambigüedades y claves de respuesta
inválidas, fueron marcadas en el ANEXO 1 del precitado acto administrativo
(documento anexo), en donde se expresa con detalle que en el examen no se
encontraron preguntas con múltiple respuesta y que no fue excluido ningún ítem por
alguna inconsistencia con respecto a su redacción, pertinencia, vigencia o cualquier
error que se hubiere advertido, por lo que no resultó procedente recalificar ningún
puntaje.
En ese orden de ideas, en el ANEXO 2 del precitado acto administrativo (documento
anexo) se expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a
todas las preguntas objetadas por la tutelante. Esto con miras a destacar las
consideradas correctas para el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de
respuesta y justificaciones que atendieron a estándares técnicos internacionalmente
aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards
for Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational
Research Association - AERA-, American Psychological Association – APA- y
National Council on Measurement in Education - MNCE – edición del año 2014.
Ahora bien, debe indicarse que, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho
a la igualdad en todas las etapas del concurso, la accionante fue convocada a la
jornada de exhibición del material de la prueba el día 30 de octubre de 2022, en las
instalaciones de la Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá, CARRERA
45 # 26 - 85, en la Ciudad de Bogotá, Ed. 471 - Facultad De Medicina, Salón 122, a
partir de las 7:00 A.M. Actividad en la cual se garantizó el acceso a la información
solicitada al interior de su recurso de reposición, se dio a conocer la documentación
del material de la prueba en las mismas condiciones que los demás aspirantes que
así lo solicitaron y logró verificar uno a uno los aciertos de cara a cada ítem de la
prueba. Información con la cual, posteriormente, argumentó y allegó la ampliación
correspondiente a su escrito de alzada.
Por lo dicho se tiene que la Universidad Nacional de Colombia ha garantizado el
debido proceso a la señora Martha Patricia en todas las etapas del concurso y de
igual modo, ha resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos de la
aspirante […]”.
[…]
“[…] Se tiene que las respuestas entregadas y dadas ya a conocer tanto a la
accionante como al público, contienen los elementos necesarios para la defensa
contundente de las pruebas aplicadas, pues de su lectura se evidencia la adecuada
estructura y mediante las justificaciones, la pertinencia para el cargo al cual aplicó
la accionante […]”.
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Actora: Martha Patricia González Serrano
14. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó negar la acción constitucional, puesto que, “[…] con el actuar
administrativo no se han vulnerado ni afectado los derechos fundamentales
invocados […]. Al respecto manifestó lo siguiente:
“[…] Toda vez que la pretensión del accionante se encamina a que se resuelva la
solicitud presentada en el recurso de reposición interpuesto contra los resultados
obtenidos en la prueba aplicada el 24 de julio de 2022, relacionada con las
objeciones puntuales sobre las preguntas 7, 9, 16, 23, 28, 41, 53, 61, 65, 66, 63, 79,
84, y 126, se precisa que mediante la Resolución CJR23-0026 de 16 de enero de
2023 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado
de Tribunal Superior - Sala Penal de la Rama Judicial.”, se atendieron de manera
clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso
presentado por la tutelante, tal como más adelante se explicará.
Conforme con lo señalado, la situación debe ser calificada como hecho superado y
por ende concluir la carencia de objeto que impide que se amparen los derechos
fundamentales invocados […]”.
[…]
“[…] no ha vulnerado los derechos de la accionante, pues se evidenció que las
solicitudes e inconformidades que planteó en su recurso frente a la objeción a las
preguntas 7, 9, 16, 23, 28, 41, 53, 61, 65, 66, 63, 79, 84, y 126, fue atendidas en el
punto 35 de la Resolución CJR23-0026 de 16 de enero de 2023, con base en la
información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador
técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 264 y 295 de las obligaciones
generales y específicas del contratista, establecidas en el del contrato 096 de 2018
al cual ya se hizo referencia.
En aplicación del artículo 209 de la Constitución Política, en especial de los
principios de eficiencia, celeridad y economía, este último desarrollado en el numeral
12 del artículo 3.° CPACA y lo dispuesto en el artículo 22 ibídem, sustituido por el
artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015 que reguló el derecho fundamental de petición,
los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías
numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis
particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems
desarrollados en el cuerpo del acto administrativo.
Por consiguiente, las solicitudes e inconformidades presentadas sobre la preguntas
referenciadas, en el marco de los recursos de reposición interpuestos por los
aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal, fueron
respondidos con la Resolución CJR23-0026 de 16 de enero de 2023, en el punto 35
4
“26. Proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a los derechos de petición, reclamaciones, recursos en sede
administrativa, acciones constitucionales y legales presentadas por los aspirantes o autoridades relacionadas
con el objeto y obligaciones del contrato, durante todas las etapas del concurso, de conformidad con los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Unidad de Carrera Judicial.
Esta obligación va hasta la liquidación del contrato se suscriba.”
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“29. Suministrar a la Unidad de Carrera Judicial, la información de carácter técnica con la oportunidad y las
condiciones y características requeridas.”
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Actora: Martha Patricia González Serrano
denominado “Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y
específicas”; con la respectiva marcación dentro del Anexo 2 del referido acto
administrativo, tal como se evidencia realizando la búsqueda por nombres y
apellidos y/o número de cédula de la aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23- 0026+-
+ANEXO+2+-+Magistrado+de+Tribunal+Superior+-+Sala+Penal.pdf/d1b18bc7-
a307-4322-b02d-cfe81ca99a07
En ese sentido, conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0026 de 16 de
enero de 2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las
claves de respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de
las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e imparcialidad
con parámetros previamente determinados. Frente a lo señalado en los ítems 7, 9,
16, 23, 28, 41, 53, 61, 63, 65, 66, 79, 84, y 126, se indicó la pertinencia del enunciado
de la pregunta y la clave asignada, así como la justificación de las opciones de la
respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de
las preguntas […]”.
15. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Martha Patricia González Serrano
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
18. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y acceso a cargos públicos invocados por la actora, los cuales considera
vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al
expedir la Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202210 y CJR23-
0026 de 16 de enero de 202311; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i)
haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas
dentro del respectivo concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición que presentó el 15 de noviembre de 2022, referente a las objeciones a
las preguntas “[…] 18, 32, 53, 55,59, 61, 62, 82, 88, 122 […]”.
19. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de debido proceso; ii)
iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, iv)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos
públicos; v) análisis del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
20. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
10
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
11 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Penal de la Rama Judicial”
10
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“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
21. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
22.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
12 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
23.Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
24. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
27. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer
requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el
ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso
de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que
más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado
en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima
(ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen
un cargo público […]”.
13 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Análisis del caso concreto
25. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
26. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
27.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
27.2. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, junto con sus
anexos.
27.3. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
28. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al expedir la Resolución núm. CJR22-0351 de
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
1.° de septiembre de 202214 y CJR23-0026 de 16 de enero de 202315; y ii) la
Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no
correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de
méritos; y ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición que presentó el 15 de
noviembre de 2022, referente a las objeciones a las preguntas “[…] 18, 32, 53,
55,59, 61, 62, 82, 88, 122 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y “[…] acceso a cargos públicos […]”.
29. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por la actora contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la actora esta respuesta no atendió de
fondo y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
30. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0026 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y la actora radicó la solicitud de
amparo el 26 de marzo de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.
31. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito general subsidiariedad,
que si bien es cierto la actora solicita que se deje sin efectos, la Resolución núm.
CJR23-0026 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición
surge porque a juicio de la actora, las accionadas no resolvieron de manera clara,
de fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las
preguntas “[…] 18, 32, 53, 55,59, 61, 62, 82, 88, 122 […]”.
14
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
15 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Penal de la Rama Judicial”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
32. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se
violó o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con
ocasión del recurso de reposición que promovió contra la Resolución núm. CJR22-
0351 de 1.° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario
resultaría ineficaz para tal fin16.
33. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. “[…] 18,
32, 53, 55, 59, 61, 62, 82, 88, 122 […]”, es decir, analizará si las autoridades
demandadas desconocieron el derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad,
al acceso a cargos públicos de la actora, con ocasión a la falta de una respuesta
congruente y de fondo al recurso de reposición promovido por Martha Patricia
González Serrano en contra de la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre
de 2022.
34. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por la actora en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas conforme a la
con el recurso de reposición Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero
de 2023 – Anexo núm. 217
“[…] PREGUNTA 18 (…) “[…] Pregunta No. 18
Clave de la Universidad: “a. Nueva Zelanda La opción A es la respuesta correcta
haga respetar su estatus de Estado de porque el interés de Nueva Zelanda estaría
archipiélago con intereses económicos”. Mi encaminado a ser reconocido como un
respuesta: “b. Un geólogo busque continente, lo cual implicaría cambiar su
evidencias para desacreditar los hallazgos estatus actual de estado archipelágico.
de geólogos neozelandeses.” En las
opciones de respuesta tanto a) como b) La opción B no resuelve de manera
pueden ser tomadas como no compatibles adecuada el enunciado y por ende es una
ya que en el texto no se rescata que Nueva respuesta incorrecta porque si parte de los
Zelanda quiera ser reconocida como reclamos de Nueva Zelanda se basan en
archipiélago, lo que tal vez busca es ser evidencia geológica, un experto en esta
reconocida como continente, y no habla de área con el interés de que Nueva Zelanda
16 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.
17 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Penal de la Rama Judicial”
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Actora: Martha Patricia González Serrano
geólogos que pueden desvirtuar dicha no sea reconocida como continente, podría
teoría. No son claras las dos opciones, atacar la evidencia disponible que soporta
carece de elementos para poder elegir una. la idea de que Nueva Zelanda es un
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida continente.
como válida mi respuesta o en su defecto
sea excluida la pregunta del examen […]”. La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la discusión
sobre el estatus de Nueva Zelanda podría
incluir las observaciones sobre los límites
geográficos desde perspectivas como la
historia.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque el hecho de
que Nueva Zelanda tenga intereses en ser
reconocida como continente, no impide que
en Australia o Nueva Caledonia su
iniciativa reciba apoyo o se acepte. La
información presente en el texto no permite
afirmar que una eventual aceptación por
parte de estos países es contradictorio con
el planteamiento del autor. […]”.
“[…] PREGUNTA 32: “[…] Pregunta No. 32
32. Nutricionistas afirmaron que se podría La opción A es la respuesta correcta
bajar más de 5kg en dos meses, porque “para bajar más de 5 kg en dos
suprimiendo una de estas cuatro opciones: meses se debe suprimir en la dieta diaria
azúcares, grasas, jugos y carnes rojas. solo una de las cuatro condiciones” y los
sujetos que suprimieron solo una
Los resultados fueron: condición, únicamente bajaron 5 kg, por
tanto, los sujetos no bajaron más de los 5
Todos los que suprimieron jugos y carnes kg.
rojas por 2 meses, disminuyeron 5kg La
mitad de los que suprimieron azucares y La opción B no resuelve de manera
grasas por 2 meses, disminuyeron 8kg Una adecuada el enunciado y por ende es una
persona suprimió azucares por un mes y respuesta incorrecta porque aunque el
disminuyó cuatro (8) kg Todos suprimieron sujeto que suprimió una sola condición
una por 2 meses y disminuyeron 8kg La haya bajado más de los 5 kg no cumplió
afirmación es: con el tiempo planteado en el estudio, por
tanto, no se pueden garantizar los efectos
a. Falsa, las personas suprimieron una y no que pudo tener el otro mes en el peso del
disminuyeron 5kg sujeto.
b. Verdadera, al menos una persona
suprimió una y disminuyó 8kg La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
c. Falsa, no todas las personas que respuesta incorrecta porque así los sujetos
suprimieron una y disminuyeron 8 kg hayan bajado más de los 5 kg, no están
cumpliendo con uno de los requerimientos
d. Verdadera, todos suprimieron una y de la investigación, que es suprimir sólo
disminuyeron 5kg una condición.
e. Clave de la Universidad: “a. Falsa, las La opción D no resuelve de manera
personas suprimieron una y no adecuada el enunciado y por ende es una
disminuyeron 5kg respuesta incorrecta porque todos los que
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Actora: Martha Patricia González Serrano
suprimieron solo una condición bajaron
Mi respuesta: “c. Falsa, no todas las únicamente 5 kg y los nutricionistas afirman
personas que suprimieron una y que: “para bajar más de 5 kg en dos meses
disminuyeron 8 kg se debe suprimir en la dieta diaria solo una
de las cuatro condiciones”; por tanto, no
Esta pregunta tiene un error en los ítems de bajaron más de los 5 kg.
repuesta que no permite precisar una
respuesta. Presenta un error entre letras y
números en el presupuesto anotado como
“Una persona suprimió azucares por un
mes y disminuyó cuatro (8)kg” que es
contraproducente en la taxonomía de la
pregunta. No se puede validar el ítem.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida
como válida mi respuesta o en su defecto
sea excluida la pregunta del examen […]”.
“[…] PREGUNTA 53: “[…] Pregunta No. 53 Esta pregunta es
pertinente porque para cualquier operador
53. Las normas que condicionan las demás jurídico y, en especial, para los jueces y
normas, tienen un contenido abstracto y magistrados, es fundamental conocer los
abierto, y están formuladas como cláusulas diferentes tipos de normas que integran un
generales que determinan criterios sistema jurídico con el objeto de poder
interpretativos del resto del ordenamiento, interpretarlas y aplicarlas.
se denomina:
La opción A no resuelve de manera
a. Directrices. adecuada el enunciado y por ende es una
b. Reglas. respuesta incorrecta porque las directrices
c. Principios. ordenan o permiten que se alcance un
d. Valores. estado de cosas o fin general en la mayor
Clave de la Universidad: “d. Valores” medida de lo posible.
Mi respuesta: “c. Principios” La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
La forma en que está redactada la pregunta respuesta incorrecta porque las reglas son
admite dos respuestas o claves válidas. normas que tienen un supuesto de hecho
formulado de forma cerrada y ordenan una
En efecto, la clave que se asume como consecuencia jurídica definitiva, es decir,
válida por la Universidad es la d) “valores”, cuando se cumplen determinadas
pero también es válida la clave c) condiciones, ordenan, prohíben o permiten
“principios”, habida cuenta, que para la algo definitivamente.
doctrina y el Tribunal Constitucional propio,
el principio y el valor, es lo mismo, vale La opción C no resuelve de manera
decir, son criterios de interpretación de la adecuada el enunciado y por ende es una
ley […] respuesta incorrecta porque los principios
también son normas que condicionan las
[…] demás normas, pero con mayor grado de
concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad
“[…]Por lo anterior, es claro que tanto los concreta, alcanzando por sí mismos
valores como los principios cumplen los proyección normativa.
supuestos del cuestionamiento, vale decir,
i) son normas que condicionan las demás La opción D es la respuesta correcta
normas, ii) tienen un contenido abstracto y porque tanto la doctrina como la
abierto, iii) y están formuladas como jurisprudencia constitucional han definido
cláusulas generales que determinan los valores de la forma expuesta en el
criterios interpretativos del resto del enunciado.
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Actora: Martha Patricia González Serrano
ordenamiento, por lo que las claves de
respuesta d) universidad, y c suscrita,
serían correctas. En virtud de lo anterior,
solicito sea tenida como válida mi
respuesta o en su defecto sea excluida la
pregunta del examen […]”.
“[…] pregunta numero 55 “[…] Pregunta No. 55 Esta pregunta es
pertinente porque en el ejercicio de la
Clave de la Universidad: “d. las función jurisdiccional es necesario conocer
promociones descriptivas que integran las las funciones del lenguaje y la manera
premisas como se integra en los argumentos, de tal
Mi respuesta: b relación entre las premisas manera que sea posible distinguir entre las
y la conclusión categorías de validez, verdad, eficacia, etc.
Aquí la universidad, dice, en la lógica La opción A no resuelve de manera
formal cómo sería la aplicación de la adecuada el enunciado y por ende es una
categoría de verdad dentro del marco de un respuesta incorrecta porque de las normas
proceso judicial, es decir es una pregunta o prescripciones no es posible afirmar que
que se analizara desde la lógica formal sean verdaderas o falsas porque su función
pero la lógica puede ser jurídica o puede es determinar o regular el comportamiento
ser formal, esta es una pregunta de lógica de alguien. Se puede afirmar su validez, su
profunda, y llevarla al proceso judicial y eficacia o su corrección.
dicen desde la lógica formal , cual es la
categoría ”de verdad” dentro del proceso La opción B no resuelve de manera
judicial, la universidad tiene como clave de adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta la opción -D-, es decir las respuesta incorrecta porque para
proposiciones descriptivas que integran las determinar la relación entre las premisas y
premisas de un argumento” ahora cual la conclusión que integran un argumento se
seria el motivo dicen los filósofos , no hay acude al concepto de validez.
nada en la mente que no haya pasado por
los sentidos, porque de una u otra manera La opción C no resuelve de manera
esa es la verdad lógica yo no puedo saber adecuada el enunciado y por ende es una
como es algo si yo no lo he visto pero si respuesta incorrecta porque el problema
observamos lo que dice el filósofo, no hay jurídico, al ser formulado como una
nada en la mente que no haya pasado por proposición interrogativa, tienen la función
los sentidos” tiene razón es que yo no de indagar o de formular una cuestión y,
puedo saber cómo es algo sí yo no lo he por ende, no se le puede aplicar la
visto, a menos que me pase al plano del categoría de verdad.
idealismo y me lo imagino , pero no seria
tan exacto entonces que ocurre esa verdad La opción D es la respuesta correcta
que conduce a la lógica formal es una porque la categoría de verdad se puede
verdad formal , no puede ser una verdad aplicar a las proposiciones descriptivas, en
jurídica pero si yo la paso al plano de lo cuanto su función es dar informaciones
jurídico, que ocurre, que se convierte en sobre ciertos hechos o situaciones.
verdad en tanto el contenido de las
premisas guarde relación con la
conclusión, es decir será verdad en cuanto
al contenido de las premisas, lo que indica
solamente que existe una congruencia de
ese raciocinio consigo mismo es decir si en
un razonamiento existe una falsedad , entre
las premisas y la conclusión, yo no puedo
encontrar una verdad , qué ocurre esa
verdad conduce la lógica formal es una
verdad formal no puede pasar al plano de
los jurídico, que ocurre que se convierte en
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Actora: Martha Patricia González Serrano
verdad en tanto el contenido de las
premisas guarda relación con la conclusión
será verdad en tanto el contenido de las
premisas indique solamente que existe una
congruencia de esa razón si consigo mismo
es decir, si en un razonamiento existe
falsedad entre la premisa y la conclusión yo
no puedo encontrar una verdad , es decir la
premisa y la conclusión, y si son falsas asi
mismo ser falsa . pero aunque sea falsa de
todas maneras el razonamiento seguirá
siendo correcto como razonamiento la
aplicación de la verdad en el marco de los
procesos judiciales se da a través de un
modelo clásico o un modelo silogístico de
argumentación que de eso hablaba
Aristóteles, entonces en esta pregunta la
clave es la b de mi respuesta un falsedad
entre las premisas y la conclusión de todas
maneras será falsa […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, solicito que se tenga
como válida mi respuesta, y me sea
asignada una puntuación correcta, o en su
defecto se excluya la pregunta del examen
[…]”.
“[…]PREGUNTA 59: “[…] Pregunta No. 59 Esta pregunta es
pertinente porque como lo ha indicado la
a. Adecuación Corte Constitucional, “tradicionalmente, la
b. Proporcionalidad en estricto sentido jurisprudencia constitucional ha aplicado la
c. Necesidad ponderación para solucionar colisiones
d. Subsunción en sentido amplio. entre derechos y principios fundamentales”
(sentencia T-027 de 2018). Por esta razón,
Clave de la Universidad: “a. Adecuación” su conocimiento es imprescindible para
jueces y magistrados.
Mi respuesta: “C. Necesidad” El concepto
de proporcionalidad comprende tres La opción A es la respuesta correcta
conceptos parciales: la adecuación de los porque en el juicio de proporcionalidad la
medios escogidos para la consecución del “adecuación” consiste en la relación causal
fin perseguido, la necesidad de la entre la medida restrictiva y el principio
utilización de esos medios para el logro del constitucional que se busca maximizar, de
fin (esto es, que no exista otro medio que manera que, si se decide restringir un
pueda conducir al fin y que sacrifique en derecho o principio, efectivamente se debe
menor medida los principios buscar la maximización del derecho
constitucionales afectados por el uso de enfrentado.
esos medios), y la proporcionalidad en
sentido estricto entre medios y fin, es decir, La opción B no resuelve de manera
que el principio satisfecho por el logro de adecuada el enunciado y por ende es una
este fin no sacrifique principios respuesta incorrecta porque en el juicio de
constitucionalmente más importantes […]”. proporcionalidad la “estricta
proporcionalidad” hace referencia a la
[…] relación costo beneficio de la restricción,
enfrentada con la maximización. no podría
un juez restringir fuertemente un derecho,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
“[…]Por ello en relación con el principio de para maximizar débilmente otro. Una
proporcionalidad, la adecuación se refiere decisión es justificada si los beneficios
a la idoneidad del medio para el logro de un obtenidos (la maximización de un derecho)
fin constitucionalmente válido, mientras supera los costes (la restricción de otro
que la proporcionalidad en sentido estricto, derecho).
se relacionada con la proporcionalidad
medios y fin, esto es que la medida La opción C no resuelve de manera
adoptada no sacrifiquen valores y adecuada el enunciado y por ende es una
principios que tenga un mayor peso que el respuesta incorrecta porque en el juicio de
principio que se quiere satisfacer proporcionalidad, la “necesidad” se
(Sentencia T-422 de 1992). relaciona con la obligación del juez
constitucional o del legislador, de
Conforme a lo anterior la proporcionalidad seleccionar el mecanismo más benigno
en sentido en estricto se sustenta en que para la restricción del derecho, en el
exista una relación causal entre el principio sentido de que no exista un medio
que se restringe y el principio constitucional alternativo, igual de idóneo, y menos
que se busca maximizar, toda vez que, solo gravoso.
se justifica la restricción de un principio si el
principio que se salvaguarda tiene un fin La opción D no resuelve de manera
mayor o mayor peso. adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la subsunción
De tal forma la respuesta acorde a la consiste en la calificación de los hechos
doctrina y la jurisprudencia, es la opción b, probados empleando los términos
esto es la proporcionalidad en sentido generales con los que se formulan los
estricto. enunciados normativos relevantes para
resolver la cuestión central.
En virtud de lo anterior, solicito sea tenida
como válida mi respuesta o en su defecto
sea excluida la pregunta del examen […]”.
“[…] PREGUNTA 61: “[…] Pregunta No. 61 Esta pregunta es
pertinente porque los efectos de la
61. La interpretación del derecho realizada interpretación del derecho que desarrollan
por la persona que tiene la facultad de jueces y magistrados dependen
ofrecer una decisión con autoridad para un principalmente de las competencias que les
caso específico, esto es, producir una atribuye el ordenamiento jurídico, entre las
solución de carácter normativo que cuales está la de decidir con autoridad los
constituye, en concreto, la aplicación del conflictos y asuntos sometidos a su
derecho corresponde a la interpretación: conocimiento. Por consiguiente, es
necesario que conozcan las diferentes
a. Doctrinal clasificaciones de la interpretación jurídica,
b. Literal en especial aquella que distingue entre
c. Operativa interpretación “operativa” e interpretación
d. Fáctica “doctrinal”.
Clave de la Universidad: “c. Operativa”
La opción A no resuelve de manera
Mi respuesta: “a. Doctrinal” adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la
Se considera una pregunta con dos interpretación “doctrinal” o “científica” no
opciones de respuesta válidas, por cuanto tiene eficacia normativa, puesto que quien
la pregunta se torna ambigua, ya que la la realiza no tiene competencias jurídicas y
expresión “con autoridad” contenida por el lo hace con una perspectiva puramente
artículo 25 del Código Civil, fue declarada teórica, generalmente en medios
inexequible por la Corte Constitucional académicos.
mediante sentencia C820 de 2006, por lo
que su formulación desconoce la postura La opción B no resuelve de manera
del Máximo Tribunal Constitucional; adecuada el enunciado y por ende es una
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Actora: Martha Patricia González Serrano
aunado a lo anterior, se advierte que la respuesta incorrecta porque interpretación
interpretación operativa no es ejercida por “literal” consiste en la obtención, a partir de
el juez (persona con facultad para ofrecer un texto cuyo significado no es
una decisión), sino por el legislador, y aquel enteramente comprensible, de un nuevo
no tiene la facultad de decidir. texto que tenga el mismo significado que el
texto original, pero que lo exprese mejor.
En la interpretación literal, entonces, se
sustituye uno de los elementos formales del
mensaje, del texto jurídico, por otro tipo de
expresión que tiene la virtud pragmática de
poder ser entendida de mejor forma.
La opción C es la respuesta correcta
porque la denominada interpretación
“operativa” o interpretación de los órganos
jurídicos es la interpretación realizada por
la persona que tiene la facultad de ofrecer
una decisión con autoridad para un caso
específico, esto es, producir una solución
de carácter normativo que constituye, en
concreto, la aplicación del derecho.
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la
interpretación fáctica corresponde a la
interpretación de los hechos que, la
mayoría de las veces, funcionan como
condiciones para la aplicación de las
normas en un caso concreto.
“[…]PREGUNTA 62: “[…] Pregunta No. 62 Esta pregunta es
pertinente porque revisar los ajustes de
62. Según el Código General del Proceso forma propuestos se propone elaborar una
la carga de la prueba comprendida como pregunta que interrogue sobre la
exigencia del comportamiento de las partes naturaleza del significado de la carga de la
en el proceso, exigencia es consagración prueba de acuerdo con el CGP, de manera
normativa que tiene como finalidad: que las opciones de respuesta sean más
precisas, al tiempo que se puedan
a. Obligación sustancial de las partes de concretar y clarificar las justificaciones de
buscar y ofrecer a través de la prueba la las opciones de respuesta. Conviene
verdad como garantía fundamental del señalar que, mientras que en el enunciado
debido proceso. se toma como referente el CGP, en las
justificaciones de las opciones de
b. Deber de colaboración, de las partes respuesta se cita la sentencia C- 086 de
para probar los hechos de la demanda y la 2016 de la Corte Constitucional y la
contestación. Doctrina.
c. Carga del ejercicio de los derechos
procesales, consistente en la colaboración La opción A no resuelve de manera
con la justicia civil, la búsqueda de la adecuada el enunciado y por ende es una
verdad y de un orden justo en el proceso. respuesta incorrecta porque la naturaleza
de la carga de la prueba es más bien la de
d. Imperativo que les impone la obligación una carga procesal que para las partes en
de aportar las pruebas para la fijación del el proceso “comportan o demandan una
litigio y asegurar el derecho sustancial. conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae
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Actora: Martha Patricia González Serrano
Clave de la Universidad: “c. Carga del aparejadas para él consecuencias
ejercicio de los derechos procesales, desfavorables, como la preclusión de una
consistente en la colaboración con la oportunidad o un derecho procesal e
justicia civil, la búsqueda de la verdad y de inclusive hasta la pérdida del derecho
un orden justo en el proceso.” sustancial debatido en el proceso”.
(Sentencia C-086-16). En cambio, la
Mi respuesta: “a. Obligación sustancial de obligación procesal, es una prestación de
las partes de buscar y ofrecer a través de contenido patrimonial que se impone a las
la prueba la verdad como garantía partes en virtud del proceso y “obedece[n]
fundamental del debido proceso.” al concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción o
Se considera errónea la clave anotada por del derecho de defensa”. (Sentencia C-
la Universidad Nacional, en atención a que 086-16).
la carga de la prueba exigida como un
comportamiento de las partes no sólo es La opción B no resuelve de manera
exigible en el proceso civil, sino también en adecuada el enunciado y por ende es una
procesos comerciales, de familia y agraria, respuesta incorrecta porque la carga de la
así como en la contencioso administrativa. prueba simplemente demanda de las
partes en el proceso “una conducta de
En este orden, es claro que la respuesta realización facultativa, normalmente
correcta es la a), esto que conforme al establecida en interés del propio sujeto y
Código General del Proceso, la carga de la cuya omisión trae aparejadas para él
prueba comprendida como exigencia del consecuencias desfavorables, como la
comportamiento de las partes en el preclusión de una oportunidad o un
proceso, tiene como finalidad, el deber de derecho procesal e inclusive hasta la
colaboración, de las partes para probar los pérdida del derecho sustancial debatido en
hechos de la demanda y la contestación, o el proceso”. (Sentencia C-086-16). Por el
mejor expuesto, el deber de probar el contrario, los deberes procesales “[s]e
supuesto de hecho de las normas que caracterizan porque emanan,
consagran el efecto jurídico que ellas precisamente, de las normas procesales,
persiguen […]”. que son de derecho público, y, por lo tanto,
de imperativo cumplimiento en términos del
artículo 6° del Código (artículo 6° del
CGP)”. (Sentencia C-086-16). En síntesis,
los deberes procesales son imperativos
legales que impone la ley y tienen como fin
la adecuada realización del proceso; por
consiguiente, la conducta “es exigible
cuando no puede ejecutarse el acto debido
por intermedio del juez o de otra persona”.
(DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría
general de la prueba judicial. Bogotá:
Temis. 2006, p. 397.
La opción C es la respuesta correcta
porque se consagra legislativamente la
carga de la prueba en el CGP tomando en
consideración que “[e]n efecto, responde a
fines constitucionalmente legítimos: ejercer
los derechos con responsabilidad y
colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia, contribuir al
esclarecimiento de la verdad en el marco
de un proceso judicial, asegurar la
prevalencia del derecho sustancial y velar
por la vigencia de un orden justo”. “Es
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Actora: Martha Patricia González Serrano
también una carga adecuada para lograr
esos mismos cometidos, si se tiene en
cuenta que quien invoca un hecho lo hace
–lo debe hacer- sobre la base de un
conocimiento previo del mismo y por lo
general dispone de algunos elementos
mínimos para dar crédito a sus
afirmaciones, en especial cuando pretende
obtener algún beneficio de ellos;
igualmente, contribuye eficazmente con el
juez en su tarea de dilucidar la verdad,
garantizar la primacía del derecho
sustancial y resolver los litigios dentro de
un término razonable (celeridad)”.
(Sentencia C-086-16).
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la noción de
carga de la prueba debe entenderse en su
naturaleza como una carga procesal que se
destaca “porque el sujeto a quien se la[s]
impone la ley conserva la facultad de
cumplirla[s] o no, sin que el Juez o persona
alguna pueda compelerlo coercitivamente
a ello, todo lo contrario de lo que sucede
con las obligaciones; de no, tal omisión le
puede acarrear consecuencias
desfavorables. Así, por ejemplo, probar los
supuestos de hecho para no recibir una
sentencia adversa”. (Sentencia C-086-16).
Como consecuencia esta opción al
involucrar los términos “imperativo” y
“obligación” excluye cualquier posibilidad
de tenerla por correcta, porque ellos no son
compatibles jurídicamente. En efecto,
como conclusión se señala que las
obligaciones procesales “obedecen al
concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción o
del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16) […]”.
“[…]PREGUNTA 82:
82. Se estudia el caso de una psicóloga a
quien le solicitan información desde una
entidad pública en relación con uno de sus
clientes. Conforme a la solicitud, esta se
utilizará de manera anónima para ilustrar
casos de acoso laboral. La psicóloga se
niega, aduciendo protección del secreto
profesional. Desde una perspectiva
constitucional, dicho secreto profesional se
encuentra amparado por: a. El carácter de
secreto profesional. b. El carácter de la
información. c. La relación personal. d. La
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Actora: Martha Patricia González Serrano
utilización de la información. Clave de la
Universidad: “c. La relación personal.” Mi
respuesta: “b. El carácter de la
información.” Según lo dispuesto en el
artículo 74 de la Constitución Nacional,
todas la personas tienen derecho a acceder
a los documentos públicos salvo los casos
que establezca, señalando expresamente
que el secreto profesional es inviolable. En
desarrollo de dicha normativa
constitucional, el artículo 24 de la Ley 1437
de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015
dispuso que solo tendrán carácter de
reservado las informaciones expresamente
sometidas a reserva por la constitución o la
ley, en especial, entre otros asuntos los
relacionados con las historias clínicas y el
secreto profesional.
Por lo anterior, solicito que se tenga como
válida mi respuesta, y me sea asignada una
puntuación correcta, o en su defecto se
excluya la pregunta del examen […]”.
“[…] Pregunta 88 Una persona golpea su “[…] Pregunta No. 88 Esta pregunta es
expareja produciéndole la muerte, en la pertinente porque el magistrado debe tener
investigación se determina que los dos un conocimiento específico y actualizado
pertenecen a la comunidad indígena, quien sobre el concepto, y alcance de las
lo sentencia a la inmovilización de sus pies medidas que las autoridades indígenas
con grilletes, flagelaciones y la expulsión están facultadas a imponer. Lo anterior,
del territorio. Para el ordenamiento jurídico conforme a la función jurisdiccional dentro
colombiano esta sanción es A. viola el del ámbito territorial que la Constitución
pacto internacional de derechos civiles y Política les reconoce.
políticos, la convención americana y la
Constitución política B es permitida por la La opción A no resuelve de manera
comunidad C. no es un castigo adecuada el enunciado, y por ende, es una
desproporcionado ni produce daño físico y respuesta incorrecta porque de acuerdo
mental Para la UN ala respuesta correcta con la jurisprudencia de la Corte
fue la C Constitucional (sentencia T-254 del 30 de
mayo de 1994; T-439 de 1996; T-523 de
yo considero que si está mal la respuesta 1997) y la Corte Suprema de Justicia (auto
de la Universidad nacional toda vez que, si interlocutorio con radicado 23558 de 2016),
bien ahí no dice de que territorio es la medida de expulsión del territorio que
expulsado , si del territorio indígena o del consagran algunas comunidades
territorio colombiano, lo que no solo la indígenas no puede asimilarse con el
convierte en una pregunta ambigua, Sino destierro, prohibido en el artículo 34 de la
que el art 34 de la COSTOTITUCION Carta Política, pues de acuerdo con el
POLITICA prohíbe LA PENA DE Pacto Internacional de Derechos Políticos y
DESTIERRO Y decir “la expulsión del Civiles (artículo 12) y la Convención
territorio” lleva envuelta “la pena de Americana sobre Derechos Humanos
destierro” por tanto la respuesta correcta (artículo 5º), el destierro se refiere a la
debe ser la A […]”. expulsión del territorio del Estado del cual
se es nacional, mientras que la pena de
[…] expulsión del territorio que alude la
tradición indígena, conlleva el destierro del
“[…]7.4.7. En consecuencia, en todo resguardo y no de todo el territorio nacional
proceso penal debe tenerse en cuenta la y, en consecuencia, la sanción no se
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Actora: Martha Patricia González Serrano
condición de indígena en el momento de encuentra prohibida. En cuanto a las
determinar el lugar y las condiciones sanciones del cepo y el fuete, la Corte
especiales de privación de su libertad, Constitucional ha señalado que estos
independientemente de que no se aplique castigos no constituyen una tortura ni un
el fuero penal indígena, pues si ésta no se trato inhumano. Los argumentos son que
tiene en cuenta, se afecta su derecho a la se trata de una pena corporal que hace
identidad cultural y su dignidad humana.” parte de la tradición y que la misma
(C. Const., Sent. T-921, dic 5/2013. M.P. comunidad considera valiosa por su alto
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). AHORA LA poder intimidatorio y su corta duración.
JURISPRUDENCIA HA ESTABLECIDO También, que a pesar de los riesgos que
QUE UNA PENA JAMAS PUEDE pueda generar su aplicación, la pena se
SIGNIFICAR EL DESARRAIGAR A LA impone de manera que no se produzca
PERSoNA (sic) DE SU MEDIO, PORQUE ningún daño en la integridad del
SERIA UNA PENA QUE CONLLEVARIA condenado. Esta característica de la
LA ELIMINACION de LAS COMUNIDADES sanción desvirtúa que sea calificada de
INDIGENAS, QUE SON JUSTAMENTE cruel o inhumana, ya que ni se trata de un
MINOrIAS (sic) DE ESPECiAL (sic) castigo desproporcionado e inútil, ni se
PROTECCION DE LA Constitucion(sic) producen con él daños físicos o mentales
Politicia (sic) Y DE LA corte constitucional de alguna gravedad (Sentencias T-349 de
Por lo anterior, solicito que se tenga como 1996; T-523 de 1997; T-549 de 2007; T-001
válida mi respuesta, y me sea asignada una de 2012).
puntuación correcta, o en su defecto se
excluya la pregunta del examen […]”. La opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado, y por ende, es una
respuesta incorrecta porque de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencia T-254 del 30 de
mayo de 1994; T-439 de 1996; T-523 de
1997) y la Corte Suprema de Justicia (auto
interlocutorio con radicado 23558 de 2016),
la medida de expulsión del territorio que
consagran algunas comunidades
indígenas no puede asimilarse con el
destierro, prohibido en el artículo 34 de la
Carta Política, pues de acuerdo con el
Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles (artículo 12) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 5º), el destierro se refiere a la
expulsión del territorio del Estado del cual
se es nacional, mientras que la pena de
expulsión del territorio que alude la
tradición indígena, conlleva el destierro del
resguardo y no de todo el territorio
nacional. En cuanto a las sanciones del
cepo y el fuete, la Corte Constitucional ha
señalado estos castigos no constituyen una
tortura ni un trato inhumano (lo cual no se
constituye como grave). Los argumentos
son que se trata de una pena corporal que
hace parte de la tradición, y que la misma
comunidad, considera valiosa por su alto
poder intimidatorio y su corta duración.
También, que a pesar de los riesgos que
pueda generar su aplicación, la pena se
impone de manera que no se produzca
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
ningún daño en la integridad del
condenado. Esta característica de la
sanción desvirtúa que sea calificada de
cruel o inhumana, ya que ni se trata de un
castigo desproporcionado e inútil, ni se
producen con él daños físicos o mentales
de alguna gravedad (Sentencias T-349 de
1996; T-523 de 1997; T-549 de 2007; T-001
de 2012).
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado, y por ende, es una
respuesta incorrecta porque el artículo 4º
del Código Penal establece los fines de la
pena aplicables a todas aquellas personas
que comentan una conducta punible; sin
embargo, los fines de la pena que recoge
el ordenamiento jurídico-penal no se
extienden a aquellas personas que, por su
diversidad étnica y cultural, poseen un
fuero especial, por lo que deben ser
juzgadas conforme a sus propias
sanciones, y así, respetar la diversidad que
supone la aceptación de cosmovisiones y
de estándares valorativos diversos, y hasta
contrarios a los valores de una ética
universal (Sentencia Corte Constitucional
T-254 del 30 de mayo de 1994).
La opción D es la respuesta correcta
porque con relación a las sanciones y
castigos impuestos por la comunidad
indígena a uno de sus miembros, la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional
se ha pronunciado sobre los límites y
restricciones de la autonomía indígena. Por
ejemplo, en la sentencia C-139 de 1996, se
estableció que es inconstitucional cualquier
norma legal que fije o limite excesivamente
el tipo de sanciones que una comunidad
indígena puede imponer y se puntualizó
que “...es posible que las comunidades
indígenas apliquen una amplia variedad de
sanciones, que pueden ser más o menos
gravosas que las aplicadas fuera de la
comunidad para faltas similares; es
constitucionalmente viable así mismo que
conductas que son consideradas
inofensivas en la cultura nacional
predominante, sean sin embargo
sancionadas en el seno de una comunidad
indígena, y viceversa”. En cuanto a las
sanciones del cepo y el fuete, la Corte
Constitucional ha señalado que estos
castigos no constituyen una tortura ni un
trato inhumano. Los argumentos son que
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se trata de una pena corporal que hace
parte de la tradición, y que la misma
comunidad, considera valiosa por su alto
poder intimidatorio y su corta duración.
También, que a pesar de los riesgos que
pueda generar su aplicación, la pena se
impone de manera que no se produzca
ningún daño en la integridad del
condenado. Esta característica de la
sanción desvirtúa que sea calificada de
cruel o inhumana, ya que ni se trata de un
castigo desproporcionado e inútil, ni se
producen con él daños físicos o mentales
de alguna gravedad (Sentencias T-349 de
1996; T-523 de 1997; T-549 de 2007; T-001
de 2012). Sobre la medida de expulsión del
territorio que consagran algunas
comunidades indígenas, no puede
asimilarse con el destierro, prohibido en el
artículo 34 de la Carta Política, pues de
acuerdo con el Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles (artículo 12) y
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (artículo 5º), el destierro se
refiere a la expulsión del territorio del
Estado del cual se es nacional, mientras
que la pena de expulsión del territorio que
alude la tradición indígena, conlleva el
destierro del resguardo y no de todo el
territorio nacional y, en consecuencia, la
sanción no se encuentra prohibida (Corte
Constitucional, sentencias T-254 del 30 de
mayo de 1994; T-439 de 1996; T-523 de
1997; y Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, auto interlocutorio con
radicado 23558 de 2016).
“[…] PREGUNTA 122- En la audiencia de “[…] Pregunta No. 122 Esta pregunta es
formulación de acusación, la fiscalía acusa pertinente porque los requisitos de
a un ciudadano por el delito de acceso congruencia que deben existir entre la
carnal violento, en sus alegatos de calificación jurídica de la acusación y la
conclusión solicita al juez que se condene sentencia condenatoria son un aspecto
al procesado por el mismo delito, el juez clave de la práctica procesal, ya que
considera que NO HUBO la penetración expresan los límites para el fallador que
SIENDO ELEMNTO DE ESTE delito, representa el acto de acusación. Además,
mientras considera que ha DE condenar corresponde con un tema que exige
por el delito de acto sexual violento y por conocimiento experto, en la medida en que,
ello condena al ciudadano por este último si bien hay una línea jurisprudencial
delito. Según la normatividad vigente la consolidada, han existido variaciones en la
decisión tomada por el juez es: Correcta misma durante los años de vigencia de la
porque siguiendo el principio de ley 906 de 2004. Con esta pregunta, se
congruencia el delito objeto de la acusación evalúa si el aspirante conoce los requisitos
NO limita de ninguna manera las actuales relativos al tema, puede distinguir
posibilidades de condena en el juicio. A sus contenidos analíticamente, y es capaz
Incorrecta por que el juez solo puede de aplicarlos de manera diferenciada para
condenar por el delito objeto de acusación, la evaluación de un caso concreto.
en virtud de la congruencia que debe existir
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Actora: Martha Patricia González Serrano
entre acusación y sentencia. B. Incorrecta La opción A no resuelve de manera
por que debe mediar solicitud de la fiscalía adecuada el enunciado, y por ende, es una
en el juicio oral, para que el juez pueda respuesta incorrecta porque contrario a lo
condenar por un delito distinto al que fue dispuesto en el enunciado, el principio de
objeto de acusación. por lo tanto la congruencia sí representa un límite para los
universidad nacional se equivocó la clave delitos que pueden ser objeto de condena.
puesto que la respuesta correcta era la b Esto, pues el artículo 448 del Código de
ello porque en las condiciones de la Procedimiento Penal, dispone literalmente
pregunta dice que D Correcto porque que “el acusado no podrá ser declarado
excepcionalmente el juez puede condenar culpable por hechos que no consten en la
por delito distinto al que fue objeto de acusación, ni por delitos por los cuales no
acusación, incluso si no existe solicitud de se ha solicitado condena”.
la fiscalía Para la Universidad la Respuesta
(D) Mi respuesta es la b y el artículo 448 de La opción B no resuelve de manera
la ley 906 dice el acusado no podrá ser adecuada el enunciado, y por ende, es una
declarado culpable por hechos que no respuesta incorrecta porque si bien esta es
consten en la acusación, ni por delitos por la idea básica del principio de congruencia
los cuales no se haya solicitado condena consagrado en el artículo 448 del Código
Por lo tanto la universidad nacional incurrió de Procedimiento Penal, la jurisprudencia,
en un error de clave …. Ello porque en las de vieja data, ha relativizado el contenido
condiciones de la pregunta JAMAS dice del principio y planteado excepciones
que se analice desde la jurisprudencia, sino claras a su aplicación.
que es muy clara en decir que desde la “la
normatividad” y de la ”Vigente” por tanto al La opción C no resuelve de manera
juez no le era dable cambiar la tipicidad del adecuada el enunciado, y por ende, es una
delito, según el art 448 CPP que habla de respuesta incorrecta porque si bien, la
la CONGRUENCIA , ley clara , que el solicitud expresa de la fiscalía en el juicio
legislador no le es dable la interpretación oral, se había establecido
Por lo anterior, solicito que se tenga como jurisprudencialmente como requisito para
válida mi respuesta, y me sea asignada una poder condenar por delito distinto al
puntuación correcta, o en su defecto se consagrado en la acusación (Por todas:
excluya la pregunta del examen CSJ, Auto del 21 de marzo de 2012 (Rad.
38256)), este requisito fue eliminado por la
jurisprudencia posterior, que hoy constituye
una línea dominante.
La opción D es la respuesta correcta
porque es la única respuesta que atiende
los requisitos dispuestos por la línea
jurisprudencial dominante relativa al tema,
ya que implica una condena por un delito
de menor entidad y favorece los intereses
del procesado. La misma dispone
expresamente que: “la jurisprudencia más
reciente (…) al entender que la acusación
es un acto dúctil, ha precisado la
posibilidad de condenar por ilicitudes
diversas a las contenidas en el pliego de
cargos, en la medida en que: (i) la nueva
imputación corresponda a una conducta del
mismo género y con este se favorezcan los
intereses del procesado; (ii) la modificación
se oriente hacia un injusto de menor
entidad; (iii) la tipicidad novedosa respete el
núcleo fáctico de la acusación; y (iv) no se
afecten los derechos de los intervinientes”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
CSJ, Sentencia del 13 de noviembre de
2019, Rad. SP4930-2019, 52.370, MP
Jaime Humberto Moreno Acero.
35. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0026 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2: “[…] Se relaciona a continuación una
a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta
no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas
[…]”, remitido por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos de la
actora presentados en el recurso de reposición y en la adición al recurso de
reposición, presentados el 19 de septiembre y 15 de noviembre de 2022,
respectivamente.
36. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por la actora dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
el recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de
enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 – Respuesta
Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta congruente y de
fondo al respectivo recurso.
37. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que, las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta a la actora, a
través del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas
que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Penal, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada,
así como la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el
producto de la estructura y elaboración de las preguntas. […]”.
38. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales, invocados por la actora, en la medida en que la Unidad sí
dio una respuesta congruente y de fondo al recurso de la actora, de conformidad con
el Anexo núm. 2 de la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
39. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.
40. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición de la actora haya
afectado el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a cargos públicos.
Conclusiones de la Sala
41. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01622-00
Actora: Martha Patricia González Serrano
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, que presentó la actora contra las
entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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