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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01626-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01626-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01626-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de junio de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 62 6- 0 1
Ac c i o na nt e : L uis C ar l os R inc ó n Am é z q u it a

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01626-01
Accionante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial

Temas: Acción de tutela contra actos en los que se rechazó a un participante de
un concurso de méritos por falta de uno de los requisitos generales en el marco de
la Convocatoria 27.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

El señor Luis Carlos Rincón Amézquita promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a cargos públicos y
al mérito, los cuales consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

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HECHOS

El accionante afirmó que se encuentra inscrito en el concurso de méritos de la
Convocatoria 27 realizada por el Consejo Superior de la Judicatura para proveer
cargos de jueces y magistrados en el país y ha superado en dos oportunidades,
con 816,43 y 828,95 puntos, la prueba de conocimientos y aptitudes practicada en
aquel.

De igual forma, indicó que por medio de la Resolución CJR23-0061 de 2023, fue
rechazado del concurso de méritos, por no haber acreditado las calidades
señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, específicamente, por la causal
3.5., esto es, el incumplimiento de la presentación de la declaración juramentada
de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, por lo cual solicitó la revisión;
sin embargo, por Oficio CJO23-1450 del 16 de marzo de 2023, notificado el 22
siguiente, se confirmó el rechazo.

De otra parte, señaló que actualmente se desempeña como juez primero de
pequeñas causas y competencias múltiples de Cali desde el 4 de diciembre de
2015 de forma interrumpida, por lo cual, conforme al formato de requisitos para
tomar posesión de un cargo en la Rama Judicial expedido por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, tuvo que presentar la declaración referida.

Así mismo, sostuvo que, en atención a la obligación que le asiste como funcionario
público, todos los años reporta su declaración de renta, el formulario de bienes y la
hoja de vida, documento que también contiene el requisito exigido. Agregó que
aquel también se cumplió al momento de la inscripción en la plataforma Kactus, y
que se encuentra actualizado, dado que se ha postulado en diversas
oportunidades a cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así,
precisó que ha aportado el formato de inhabilidades e incompatibilidades en cinco
oportunidades distintas a la Rama Judicial, por lo cual no resulta de recibo su
rechazo del concurso de méritos, máxime si se tiene en cuenta que el
requerimiento impuesto transgrede lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 19 de
2012, según el cual la administración no puede exigir constancias o documentos
que ya reposen en la entidad.

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Adicionalmente, expuso que el exceso ritual manifiesto del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial viola de manera
flagrante el derecho a la igualdad, en tanto en las convocatorias pasadas,
realizadas mediante los acuerdos 1547 de 2002, 1548 de 2002, 1549 de 2002,
1550 de 2002, PSAA 3482 de 2006, PSAA07-4132, PSSA08-4528, PSAA119135
y PSAA13-9939 no se hacía esa exigencia porque el Consejo Superior de la
Judicatura tuvo claro que la declaración juramentada de inhabilidades e
incompatibilidades es un requisito indispensable para posesionarse y
desempeñarse como funcionario judicial, no para concursar. Para soportar dicho
exceso, citó diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, las
sentencias C645/17, C588/09, C249/12 y SU539/12.

Por último, adujo que la acción ordinaria con la que cuenta no resulta efectiva para
proteger sus derechos fundamentales conculcados, por lo que se le generaría un
perjuicio irremediable consistente en que deba desvincularse de la Rama Judicial
y perder su sustento económico y el de su familia.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de la Carrera Judicial admitirlo en el concurso de méritos para
continuar con las etapas subsiguientes, pues la causal por la que fue excluido no
comporta una situación objetiva de tal magnitud que afecte de manera grave su
idoneidad para el cargo.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 31 de marzo de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y se negó la medida provisional
solicitada por el accionante.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, por conducto de su directora, Claudia M. Granados R., luego de hacer un

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recuento de lo expuesto en el escrito de tutela, señaló que en la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia se le asignó la potestad de administrar y reglamentar
la carrera judicial, en virtud de lo cual expidió el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018, el cual resulta de obligatorio cumplimiento tanto para la
administración como para los concursantes.

Mencionó que, en ejercicio de esa prerrogativa, determinó integralmente todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, cuya
inobservancia da lugar al rechazo o exclusión de aquel, lo cual fue aceptado por
los inscritos; así, manifestó que una de las exigencias era no estar incurso en
causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo que debería acreditarse con una
declaración juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en
formato PDF, al momento de la inscripción. Igualmente, explicó que en el numeral
3.5. del numeral 3 del artículo 3.° del Acuerdo PCSJA18-11077, se previó como
causal de rechazo no presentar el precitado documento.

En igual sentido, adujo que el instructivo de inscripción, en el cual se precisó cómo
cargar los documentos, también hace parte del acuerdo de convocatoria y no
puede ser fraccionado a conveniencia ni es válido hacer interpretaciones sobre
cumplimiento de requisitos con opciones que reportaba el sistema para ingresos
por primera vez, con el fin de omitir exigencias o documentos requeridos
expresamente en las reglas de la convocatoria para el proceso de inscripción.

Añadió que el anterior requerimiento fue cumplido por más de 3.389 aspirantes
que superaron la prueba de aptitudes y conocimientos, sin que sea factible
vulnerar el principio de igualdad para favorecer a aquellos que no observaron el
requisito, a pesar de tratarse de una exigencia clara y explícita. Además, expresó
que en la Sentencia T059/19 se analizó un caso similar, en el que un concursante
no aportó la declaración juramentada, por lo que fue excluido, pero en esa ocasión
esa situación no fue expresamente contemplada como causal de rechazo.

De otra parte, precisó que se revisaron los documentos cargados en la base del
sistema Kactus durante el término previsto en la inscripción y se verificó que el
accionante no aportó documento en formato PDF contentivo de dicha declaración,
lo cual le fue informado en el Oficio CJO23-1450 del 16 de marzo de 2023, y

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aclaró que la causal regulada en el numeral 3.5. del numeral 3 del artículo 3 del
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 difiere de la establecida en el numeral 3.8.

Igualmente, esclareció que el reporte que hace cada año el actor como funcionario
de la Rama Judicial no puede ser tenido en cuenta para efectos del cumplimiento
de la exigencia, pues así no fue previsto en el Acuerdo precitado.

Finalmente, afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar
actos administrativos que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por
el principio de legalidad, pues deben discutirse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese orden de ideas, aseguró que el accionante está
en desacuerdo con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero
de 2018, por lo cual, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo
procedente es iniciar el medio de control de nulidad.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de mayo de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, porque consideró que no se
cumplió el requisito de subsidiariedad, en la medida en que los actos a través de
los cuales se excluyó al accionante del concurso de méritos y se dio respuesta a la
petición de revisión pueden ser controvertidos a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el que, además, tiene la posibilidad de
solicitar el decreto de medidas cautelares. Igualmente, estimó que el señor Luis
Carlos Rincón Amézquita no demostró la probable configuración de un perjuicio
irremediable.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que
allí no se realizó un análisis detallado de los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, pues, a pesar de que puso de presente la línea jurisprudencial sobre
casos similares donde se conoció el asunto ante el tiempo que tomaría adelantar
el medio de control, no lo examinó de fondo, lo cual, adicionalmente, desconoce lo
previsto en la sentencia SU067/22.

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Al respecto, agregó que se desempeña como juez de la República y ser excluido
del concurso de méritos implica que tendrá que dejar su cargo, a pesar de que la
exigencia del documento resulta injusta, dado que la ha aportado en más de cinco
oportunidades distintas. Agregó que, al no existir una lista de elegibles en firme y
dado su rechazo del concurso de méritos, sus derechos en relación con este son
una mera expectativa y no tienen la condición de adquiridos, por lo que, de
acuerdo con la jurisprudencia, difícilmente dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se va a acceder a una pretensión indemnizatoria ni
se va ordenar retrotraer las etapas del concurso.

Igualmente, expresó que para enjuiciar la decisión del accionado es necesario
agotar el trámite de conciliación prejudicial, instaurar la demanda y esperar la
decisión respecto de una medida cautelar, lo que no garantiza que pueda
continuar participando en el concurso de méritos de la Rama Judicial. Añadió que
el 29 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial publicó el cronograma para las etapas
restantes del concurso, en el cual se contemplan las homologaciones que
actualmente se llevan a cabo y la inscripción y desarrollo del curso judicial a partir
de septiembre de 2023, para el que resulta indispensable definir el número de
participantes.

En ese orden de ideas, solicitó garantizar la justicia material y la prevalencia del
derecho sustantivo para la protección constitucional deprecada con el fin de evitar
un perjuicio irremediable, pues la exclusión de la siguiente etapa del concurso
supondría de facto la imposibilidad de continuar participando, en tanto aquella será
evaluada y la calificación otorga puntos para la conformación de la futura lista de
elegibles.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará el caso concreto.

Caso concreto

El señor Luis Carlos Rincón Amézquita recurrió la sentencia dictada en primera
instancia de esta acción de tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado

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porque consideró que este mecanismo, contrario a lo allí definido, sí es
procedente para discutir su exclusión del concurso de méritos convocado para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Así las cosas, en principio, a la Subsección le correspondería determinar, primero,
si es procedente analizar la legalidad de los actos cuestionados y, segundo, en
caso de encontrarse que ello es así, si la decisión de rechazar al accionante del
concurso de méritos referido estuvo ajustada a derecho.

No obstante, se advierte que a la fecha la situación que dio origen a la
instauración de la presente acción por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante desapareció, por lo cual la solicitud de amparo
perdió su razón de ser, como se procede a explicar.

En efecto, se denota que el 31 de mayo de 2023 la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en la acción de tutela con radicación
129939, en la que se pronunció sobre la exclusión de varios participantes del
concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018,
con fundamento en la causal 3.5. allí prevista, esto es, no presentar la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

En esa ocasión, la mencionada Sala concluyó que debían ampararse los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, acceso a cargos públicos, trabajo
e igualdad de los allí accionantes y debían otorgarse efectos inter comunis a la
providencia, por lo cual también protegió los referidos derechos de los demás
participantes excluidos en la Fase II de la etapa de selección de la Convocatoria
27 con sustento en la causal 3.5. del artículo 3.° del Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018.

En consecuencia, aquella dejó sin efectos parcialmente la Resolución CJR23-0061
del 8 de febrero de 2023, mediante la cual se admitió al concurso de méritos a
algunos aspirantes y se rechazó a otros que no acreditaron las calidades
señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, solamente en cuanto a los
excluidos por la razón referida, y todas las actuaciones derivadas de ella. En su
lugar, ordenó a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de ese proveído,

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emitir un nuevo acto administrativo, en el que tenga en cuenta las consideraciones
que allí se expusieron, y adelante los trámites a que hubiera lugar para permitir
que las personas cobijadas por esa decisión puedan continuar con el concurso.

En atención al anterior mandato, el 8 de junio de esta anualidad la entidad
precitada dictó la Resolución CJR23-0213, a través de la que admitió, al concurso
de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, a los
aspirantes relacionados en el anexo y que fueron rechazados por no haber
presentado la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, dentro de los cuales se encuentra el accionante, según consta:

CONVOCATORIA ASPIRANTES A FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL - ACUERDO
PCSJA18-11077 ANEXO RESOLUCIÓN CJR23-0213 de 8 de Junio (sic) de 2023

Cédula Cargo
94515398 Juez Civil Municipal - Juez de
Pequeñas Causas y competencia
múltiple - Juez Civil Municipal de
ejecución de sentencias

En esa medida, como se anunció, la circunstancia que generó la formulación de
esta acción a la fecha no se presenta, dado que actualmente el señor Luis Carlos
Rincón Amézquita figura como admitido en el concurso de méritos. Por
consiguiente, cualquier pronunciamiento de este juez constitucional se tornaría en
ineficaz.

En ese orden de ideas, se evidencia que en el presente asunto se configura la
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, el que, en términos de la Corte
Constitucional1 ocurre en aquellos casos en los que la carencia de objeto no se
produce por hecho superado ni por daño consumado, sino por cualquier otra
situación que conlleve que la eventual orden caiga en el vacío, por ejemplo, en los
eventos en que 1) el actor asume la carga que no le correspondía para superar la
situación vulneradora; 2) un tercero (distinto al accionante y a la accionada) ha

1 Ver, entre otras, la Sentencia SU522/19.

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logrado que la pretensión se satisfaga en lo fundamental; 3) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada o 4) el
actor pierde interés en el objeto original de la litis.

Por lo tanto, en el sub lite se revocará la sentencia del 11 de mayo de 2023
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, se declarará la carencia actual de
objeto por hecho sobreviniente, en atención a la sentencia dictada el 31 de mayo
de 2023 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, por
consiguiente, la posterior expedición de la Resolución CJR23-0213 del 8 de junio
de esa anualidad, la cual fue dictada en acatamiento de la orden allí efectuada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela
y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero
ponente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

PCL

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