Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01647-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01647-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01647-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de agosto de 2023
Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01647-01
Demandantes: HAROLD DE JESÚS BECERRA SAÑUDO Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de primer grado del 23 de mayo de 2023, emitida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Mediante esa decisión se negó el
amparo solicitado por los accionantes.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
2. El 30 de marzo de 2023, el señor Harold de Jesús Becerra Sañudo y la señora
Magally del Carmen Becerra Sañudo, por intermedio de apoderado judicial,
instauraron demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A. Esto, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y «derechos adquiridos».
3. Los accionantes consideran vulneradas sus garantías constitucionales por la
sentencia de segunda instancia proferida el 11 de agosto de 2022, en el trámite del
proceso ejecutivo 11001-33-37-042-201-6-00257-00/1. Para la parte demandante la
trasgresión de sus derechos fundamentales se configuró porque en la providencia
cuestionada se desconoció el precedente judicial sobre la suspensión del término de
la caducidad en el lapso que duró la liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social (en adelante Cajanal).
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
1.2. Pretensiones
4. Con base en lo anterior, la parte actora pidió el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, solicitó:
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos
enunciados, revocar su providencia de fecha 11 de agosto de 2022, notificada el
11 de octubre de 2022 y, en consecuencia, confirme la decisión de seguir
adelante con la ejecución. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
5. El señor Harold de Jesús Becerra Sañudo y las señoras Magally del Carmen
Becerra Sañudo e Hilda Liliana Becerra Sañudo interpusieron demanda ejecutiva
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP).
6. Con la interposición del ese medio de control pretendían que se dictara orden
de pago por la suma de $49.151.690 por concepto de intereses moratorios
derivados de la sentencia judicial mediante la cual se ordenó a Cajanal la
reliquidación de la pensión de sobrevivientes de su señora madre, Hilda Sañudo de
Becerra (QEPD).
7. Mediante providencia del 12 de junio de 2019, el Juzgado 42 Administrativo de
Bogotá negó las excepciones propuestas por la parte ejecutada. En consecuencia,
ordenó seguir adelante la ejecución por los intereses moratorios causados desde el
02 de diciembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2013. Tanto la parte ejecutada
como la ejecutante presentaron sendos recursos de apelación contra esa decisión.
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
revocó la sentencia de primera instancia. En su lugar, declaró probada la caducidad
de la acción ejecutiva. Esta decisión fue adoptada en sentencia del 11 de agosto de
2022, notificada electrónicamente el 11 de octubre de ese mismo año.
1.4. Fundamentos de la solicitud
9. La parte tutelante indicó que se configuró el defecto de desconocimiento del
precedente porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el Consejo
de Estado ha establecido que mientras se adelantó la liquidación de Cajanal se
interrumpió el término de la caducidad en los procesos contra esta entidad. Como
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fundamento de esa afirmación, trascribió apartes de las sentencias del 25 de agosto
de 20151, del 14 de mayo de 20192 y del 12 de septiembre de 20223.
10. Sostuvo que a partir de esas providencias se adoptó y rectificó la posición
respecto a la caducidad, en la que se determinó que no debe ser asumida por la
persona que desea acudir a la administración de justicia para obtener la liquidación
de una entidad que tenía deudas pensionales, como es el caso de los tutelantes que
reclaman un derecho derivado de una sentencia judicial que reconoció un derecho
pensional.
11. En ese orden, afirmó que la demanda se formuló dentro de los 5 años
previstos en el CPACA, en la medida en que:
i) En virtud del Decreto 2196 de 2009, los términos de caducidad de las
acciones frente a obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron
suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.
ii) Para esa época, las obligaciones en las que se fundamenta la demanda
ejecutiva se encontraban a cargo de Cajanal y no de la UGPP, que atendió
reclamaciones de cumplimiento posteriores al 8 de noviembre de 2011.
iii) La liquidación de la entidad terminó el 11 de junio de 2013 y a partir de ello,
se reanudó el cómputo de los cinco (5) años para formular la demanda
ejecutiva.
iv) El 12 de diciembre de 2019, era la fecha límite para formular la petición de
cumplimiento de las sentencias.
12. Finalmente, mencionó que con la decisión cuestionada se trata de una
decisión ilegítima que afecta sus derechos fundamentales y pone en desventaja al
accionante frente a otros demandantes que están en la misma situación.
1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Mediante auto del 24 de abril de 2023, la magistrada sustanciadora de primera
instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar
como entidad demandada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A. Igualmente, dispuso la vinculación como tercero con interés
de la UGPP, entidad sucesora procesal de Cajanal, contra la que se adelantó el
proceso ejecutivo en el que se profirió la sentencia cuestionada mediante el presente
proceso constitucional.
1
Número interno 1777-2015.
2
Radicado No. 2019-0083.
3
Número interno 6191-2018.
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1.6. Intervenciones
1.6.1 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A
14. El magistrado ponente de la decisión controvertida mediante este mecanismo
constitucional rindió informe en el que señaló que la presente acción de tutela es
improcedente porque los argumentos presentados por la parte actora están
encaminados a atacar el criterio interpretativo del juez. Esto, en su criterio, va en
contra del principio de autonomía judicial. En este sentido, resaltó que la decisión
cuestionada contiene ampliamente las razones en que se fundamentó, por lo que no
se puede alegar que sea una providencia arbitraria o caprichosa.
15. Planteó que no es procedente alegar la existencia de un defecto cuando
determinada providencia se fundamentó en un criterio jurídico o en una interpretación
razonable de las normas aplicables al caso.
16. Sostuvo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias del
proceso ordinario o expongan argumentos que, por negligencia o decisión propia,
dejaron de proponer.
17. Por último, mencionó que no existe tampoco en el expediente prueba ni
elemento de juicio fundado que acredite válidamente la presencia de una situación
grave, inminente y urgente que haga impostergable la protección mediante la acción
de tutela.
1.6.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
18. La UGPP sostuvo que, contrario a lo afirmado por la parte tutelante, el tribunal
accionado no desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo anterior porque
debido a los cambios jurisprudenciales que se han presentado en la materia, la
actual tesis vigente, aplicada en la sentencia controvertida, sostiene que el proceso
de liquidación de Cajanal solo interrumpió los términos judiciales para los procesos
que en ese momento estaban en curso, sin perjuicio que las personas que se
consideraban afectadas con la extinta entidad pudieran promover nuevas demandas.
19. Resaltó que lo que pretenden los tutelantes es justificar su omisión con el
argumento de que al momento de presentación de la demanda se encontraban
suspendidos los términos frente a la extinta Cajanal, sin tener en cuenta que las
funciones y obligaciones de esa entidad fueron trasladadas a la UGPP.
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20. Afirmó que la decisión cuestionada se ajustó al derecho, debido a que el
tutelante podía exigir vía ejecutiva el pago de los intereses hasta el 7 de octubre de
2016, sin embargo, solo ejerció dicha acción hasta el 29 de noviembre de 2016,
configurándose la caducidad de la acción y la inexigibilidad de la obligación.
21. Sin perjuicio de lo anterior, mencionó que el amparo solicitado es
improcedente porque se pretende sustituir una decisión ejecutoriada y proferida por
el juez natural de la causa, que no se apartó de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, solo que, luego del análisis correspondiente, aplicó la tesis más reciente.
1.7. Fallo impugnado
22. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A emitió fallo el 23 de
mayo del 2023, en que el negó el amparo solicitado por la parte actora. Lo anterior al
considerar que la providencia ordinaria reprochada no incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente judicial alegado.
23. Para sustentar su decisión el a quo explicó que en las dos subsecciones que
conforman la Sección Segunda de esta corporación existen posiciones encontradas
sobre si operó la suspensión del término de la caducidad en los procesos contra
Cajanal durante el tiempo en que se llevó la liquidación de esa entidad. En este
orden, en virtud del principio de autonomía judicial, se concluyó que es válido que en
la sentencia cuestionada se optara por una de estas dos posturas y que esta toma de
posición no da lugar a que se configure el defecto de desconocimiento del
precedente judicial.
24. En efecto para el juez de tutela de primera instancia la sentencia cuestionada
aplicó la tesis de la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación. En virtud
de esta postura el proceso de liquidación de Cajanal no suspendió los términos
judiciales para interponer acciones contra esa entidad. En este orden, en el fallo de
tutela de primer grado se citó en extenso lo siguientes fundamentos que explican
esta nueva posición:
La Sala pone de presente que si bien el demandante en el recurso de apelación
esgrimió algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los cuales se dijo
que el término de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de la
CAJANAL EICE –en liquidación- se entendería suspendido durante el proceso
liquidatario de la entidad, en virtud de una remisión normativa a la Ley 550 de
1999 y al Decreto 254 de 2000; esta Sala rectificará la posición asumida
mediante providencia de 28 de marzo de 2019, puesto que se considera que no
era necesario hacer tal remisión normativa para resolver el caso concreto, ya que
el Decreto 2196 de 2009 y el Decreto 254 de 2000 prevén que los procesos de
CAJANAL que se estuvieran tramitando y los que se llegaren a interponer, serían
atendidos por el Liquidador, protegiendo la garantía de defensa del Estado.
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En efecto, la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la ley sobre
determinado tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otros
preceptos jurídicos. En aquellos casos en los cuales se esté estudiando la
caducidad de la acción ejecutiva contra CAJANAL EICE –en liquidación- no es
necesario hacer una remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (mediante el cual
se suprime y se ordena la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social),
previó que el representante legal de entidad referida era quien tenía la dirección
de los procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria la suspensión de los
términos de caducidad y prescripción de las acciones contra la entidad; a
contrario sensu, el legislador anticipó que sería el Liquidador quien se encargaría
de la defensa técnica de la institución, hasta que esta estuviera a cargo de la
UGPP. Esta aseveración fue ratificada en el parágrafo 2 del artículo 25 del
Decreto 254 de 2000, sustento jurídico del Decreto 2196 de 2009.
Sumado a esto, no se puede hacer una remisión normativa como se hizo en las
providencias enunciadas en el recurso de alzada, porque el precepto jurídico
para explicar la suspensión de los términos judiciales es el contenido en la Ley
550 de 1999, y esto solo ha sido contemplado para la reactivación empresarial y
reestructuración de los entes territoriales, estatuto que no sería aplicable a las
entidades de orden nacional como es el caso de CAJANAL EICE, lo que riñe con
el principio de legalidad y descentralización.
Ahora bien, la Sala considera, que para contabilizar el término de caducidad de la
acción ejecutiva es necesario aplicar lo establecido en el numeral 11 del artículo
136 del CCA, en los cuales se establece que el término de caducidad para esta
clase de demanda es de 5 años, que empezarán a contarse desde que el
derecho se hizo exigible, es decir, a partir del día siguiente en que la sentencia
quedó ejecutoriada4. (Negrillas de esa Sala).
1.8. Impugnación
25. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia en escrito en el que
reiteró el argumento en que la sentencia censurada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial acerca de la suspensión del término de caducidad durante el
periodo de la liquidación de Cajanal. Para fundamentar su inconformidad citó varias
providencias de la Sección Segunda de esta corporación en la que se ha señalado
esta postura.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la sentencia del 23 de mayo del 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto Ley 2591 de 1991,
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de setiembre de 2019. Rad.
No. 25000-23-42-000-2015-01191-01.
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el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Trámite en segunda instancia
27. El despacho sustanciador en esta instancia, mediante auto del 6 de junio del
2023, vinculó como tercero con interés al Juzgado 42 Administrativo de Bogotá. Lo
anterior por haber sido esa autoridad la que profirió la sentencia de primera instancia
en el proceso ordinario en el que se emitió la providencia cuestionada mediante esta
acción de tutela5.
28. Posteriormente, mediante auto del 21 de junio del presente año, se vinculó a
los herederos de la señora Hilda Liliana Becerra Sañudo (QEPD), quien era hermana
de los actores y conformó junto a ellos el extremo demandante en el referido proceso
ordinario en el que se profirió la decisión que se cuestiona mediante esta acción
constitucional.
29. Realizadas en debida forma las vinculaciones respectivas, el Juzgado 42
Administrativo de Bogotá se limitó a remitir copia del expediente ordinario. Por su
parte, el heredero de la señora Hilda Liliana Becerra Sañudo guardó silencio, pese
haber sido informado de la existencia de este proceso.
2.3. Legitimación en la causa
30. El inciso 1° del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
31. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19916, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a
través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales7.
5
Esta decisión en acatamiento del criterio mayoritario de la Sección que considera que en el trámite
de la acción de tutela, cuando se cuestionan providencias judiciales, se deben vincular como terceros
con interés los jueces que hayan conocido dicho proceso en primera y segunda instancia. Lo anterior,
independientemente de que en la tutela solo reproche la sentencia ordinaria de segunda instancia y
que la de primer grado haya sido acorde con lo pretendido por el actor.
6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
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32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que los
actores son titulares del derecho fundamental que consideran como desconocidos
porque conformaron la parte demandante en el proceso ejecutivo en el que se emitió
la decisión que se reprocha mediante esta tutela.
33. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, al ser la autoridad judicial que profirió la decisión
que se controvierte en esta acción de tutela, se encuentra legitimado en la causa por
pasiva.
2.4. Problema jurídico
34. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado, los argumentos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo de primera instancia proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Mediante esta decisión se negó el amparo invocado por la parte
actora porque se determinó que en la providencia censurada no se incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente judicial.
35. Para estos efectos, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, en especial el de la relevancia
constitucional?
36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y «derechos adquiridos» de la parte
actora con ocasión de la expedición de la providencia reprochada?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad y, de superarse, iii) el caso concreto en
atención a las generalidades del defecto invocado.
2.5 . Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
8
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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de
agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv);
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si, en el caso concreto,
concurren los requisitos de procedibilidad y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en el defecto aludido.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
44. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior del
proceso ejecutivo identificado con radicado No. 11001-33-37-042-201-6-00257-00/1.
2.6.2. Subsidiariedad
45. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una sentencia
de segunda instancia que resolvió los recursos de apelación que interpuso la parte
ejecutada y la parte ejecutante contra la providencia de primer grado en la que se
decidió seguir adelante la ejecución. Por esto, es evidente el agotamiento de los
recursos ordinarios.
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
46. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la
parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de
la Ley 1437 de 2011.
2.6.3. Inmediatez
47. También se acredita el requisito de inmediatez. La providencia de segundo
grado fue notificada el 11 de octubre de 2022 y la solicitud de amparo se interpuso el
30 de marzo de 2023. Por ende, la Sala advierte que la acción de tutela se radicó
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia14.
2.6.4. Relevancia constitucional
48. La Sala encuentra que los accionantes consideran que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A vulneró sus
derechos fundamentales con la decisión del 11 de agosto de 2022 emitida dentro del
proceso ejecutivo. Esto, porque en aquella, el juez de segundo grado incurrió en un
defecto de desconocimiento del precedente de esta Corporación, de acuerdo con el
cual mientras se adelantó la liquidación de Cajanal se interrumpió el término de
caducidad en los procesos contra esta entidad.
49. En efecto, sobre este punto, la Sala nota que se trata de una discusión que
involucra un debate ius fundamental -que no es de mera legalidad-. Esta discusión
tiene su origen en la presunta configuración del defecto de desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Adicionalmente, se evidencia que este yerro se encuentra
debidamente sustentado. Por esto, para esta Sala es relevante determinar si se
conculcaron los derechos deprecados por el accionante al incurrir en
desconocimiento del precedente que indica que mientras se adelantó el proceso de
liquidación de Cajanal, se vio interrumpido el término de caducidad en los procesos
contra esa entidad.
50. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales, como en efecto ocurre en esta oportunidad.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y comprensible
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
desconocidos
51. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.
52. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales el Tribunal Administrativo del Meta – Sala
de Decisión Oral Cuatro incurrió en un desconocimiento del precedente.
2.6.6. Irregularidad procesal
53. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.
54. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente.
55. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto alegado, para posteriormente abordar el fondo del asunto.
2.7. Desconocimiento del precedente
56. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente15.
57. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
16
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
58. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
2.8. Caso concreto
59. De acuerdo con los tutelantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección A desconoció el precedente jurisprudencial que
indica que mientras se adelantó la liquidación de Cajanal se interrumpió el término de
la caducidad en los procesos contra esta entidad. Como fundamento de la
afirmación, trascribió apartes de las sentencias del 25 de agosto de 201517, del 14 de
mayo de 201918 y del 12 de septiembre de 202219.
60. Así, en sentir de los accionantes, de conformidad con el precedente en cita, en
el caso particular, no se encontraba configurada la caducidad de la acción, pues
presentó la demanda ejecutiva dentro de los 5 años previstos en el CPACA. Esto,
porque si se tiene en cuenta que la liquidación de Cajanal terminó el 11 de junio de
2013 y a partir de allí se reanudó el computo de los 5 años, el 12 de diciembre de
2019 era la fecha limite para formular la demanda.
61. Sin embargo, desde ya se advierte que el presente cargo no está llamado a
prosperar por los siguientes motivos:
62. En primer lugar, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en el marco jurisprudencial que en ejercicio de su autonomía
consideró era el que se debía aplicar.
63. Al efecto, sostuvo que de conformidad con la tesis del Consejo de Estado, el
término de caducidad debía entenderse suspendido durante el tiempo en que se
llevó a cabo el proceso liquidatoria de la entidad; sin embargo, esta tesis fue
evaluada nuevamente por esta Corporación, arribando a la conclusión que deniega
esta teoría. Por esto, consideró:
Cuando se determina liquidar o suprimir de la vida jurídica una unidad de
explotación económica privada o pública, el fin único es finiquitarla. Cuando el
Gobierno Nacional definió liquidar una entidad pública como lo fue la Caja Nacional
de Previsión Social, esa supresión fue ordenada por medio del Decreto No. 2196 de
2009, pero reemplazada por otra entidad pública que asumió las responsabilidades
públicas que le estaban dadas, pues el Estado no puede extraerse de sus
obligaciones y para el efecto surgió la creación de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, como una persona de
17
Número interno 1777-2015.
18
Radicado No. 2019-0083.
19
Número interno 6191-2018.
13
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, según el artículo 156 ibídem.
Así las cosas, no tendría razón de ser que el plazo que demanda la liquidación o
supresión de una entidad pública pueda entenderse como interrupción a los
términos de caducidad de las acciones ejecutivas que se encuentran en curso o que
puedan promoverse. Todo lo contrario, para la entidad pública en liquidación, ojalá
los acreedores por las circunstancias que quieran imaginarse, les caducaran todas
las posibles acciones judiciales. Luego, resultaría exótico, que la ley les ampliara
ese término legal para demandar. Cuando una entidad pública esta en liquidación,
los procesos judiciales en curso continúan su trámite y si el procedimiento de
liquidación o supresión de la entidad termina primero que los procesos judiciales, la
ley o acto de supresión indican el sucesor procesal correspondiente.
64. En virtud de lo anterior, el juez de segundo grado señaló que su postura sobre
el conteo del término de la caducidad sería de 5 años a partir de la fecha de
ejecutoria de las sentencias que se postulan como títulos ejecutivos. Esto, porque la
Ley 153 de 1887 establece y ordena que cuando una norma legal es clara, no hay
que buscar interpretaciones so pretexto de indagar sobre el legislador del legislador.
Luego, si el Código Contencioso Administrativo establece que el término de
caducidad de la acción ejecutiva es de 5 años, por ende, no puede adicionarse a ese
conteo 6, 18 o 10 meses más.
65. Así, la autoridad judicial accionada al arribar al caso concreto encontró que el
«demandante omitió el término establecido para accionar la jurisdicción de cara a la
reclamación de su derecho, al radicar la demanda ejecutiva el 29 de noviembre de
2016, pues la inactividad procesal del demandante y el trascurso del tiempo permitió
que el fenómeno de la caducidad operará y que al ser advertido por el operador
judicial deba ser declarado en cualquier etapa procesal».
66. Por lo anterior, el operador judicial demandado decidió en la sentencia del 11
de agosto de 2022 revocar el fallo de primer grado y en su lugar, declarar probada la
caducidad de la acción ejecutiva.
67. Hasta aquí, la Sala concuerda con el juez de primera instancia cuando
advierte que al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado –Sala
Especializada en la materia–, existen 2 tesis vigentes a la fecha, en torno al cómputo
del término de caducidad de la acción ejecutiva en los procesos en los que el
ejecutado es una entidad del orden nacional que se encuentra en curso de una
liquidación.
68. Al efecto, la primera tesis indica que el cómputo del término de la caducidad
de la acción ejecutiva se suspende por el período en el que se lleva a cabo el
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proceso de liquidación de esta entidad20; mientras que la segunda tesis, establece
que el cómputo del término de la caducidad no se suspende21.
69. En esos términos, es posible sostener que no existe un criterio unificado sobre
el particular, por ende la Sala estima que, en ejercicio del principio de autonomía e
independencia judicial, el Tribunal accionado podía aplicar cualquiera de las 2
posturas existentes, siempre que justifique las razones su decisión, tal y como lo hizo
en la sentencia del 11 de agosto de 2022.
70. En ese orden, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada no incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial. Esto, porque la
decisión de revocar la providencia de primera instancia y en su lugar declarar la
caducidad de la acción ejecutiva estuvo fundamentada en un estudio razonable de la
jurisprudencia que en ejercicio de su autonomía judicial consideró que era la
aplicable al caso concreto, sin que ello implique per se una irregularidad o una
arbitrariedad cuando da lugar a una decisión no favorable a las pretensiones de la
demanda.
71. Además de lo anterior, es preciso indicar que el Tribunal explicó las razones
por las que consideró que la postura que se alega como desconocida no tiene
vocación de prosperidad, las cuales obedecen al hecho de que, por regla general el
término de caducidad trascurre sin solución de continuidad y que solo el legislador
puede ordenar su suspensión, en la medida en que aquel es de orden público y de
obligatorio cumplimiento, por ende, solo se interrumpe o suspende en los términos
señalados en la ley22.
72. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primer grado que
negó la solicitud de amparo elevada por el señor Harold de Jesús Becerra Sañudo y
la señora Magally del Carmen Becerra Sañudo, por cuanto no encuentra vulnerados
sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Autos
del 25 de agosto de 2015. Rad.25000-23-42-000-2015-01327-01; y del 15 de febrero de 2021. Rad.
11001-03-15-000-2020-04100-01, entre otros.
21
A modo de ejemplo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Providencia del 12 de septiembre de 2019. Rad. 25000-23-42-000-2015-
01191-01.
22
En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de julio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-04276-01.
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Demandantes: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01647-01
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela del 23 de mayo de 2023, emitido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en el que se negó el amparo
invocado por la parte actora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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