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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01649-00

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01649-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo deprecado por los señores Édgar Tomás Enríquez Córdoba, en nombre propio y representación de sus menores hijos Andrés Felipe Enríquez Castillo, Valentina Enríquez Castillo, Yurtley Fernanda Enríquez Cueltan, María Alejandra Enríquez Cabrera y Marina Enríquez Rivera; María Patricia Bastidas Rojas; Laura Melisa Serna Bastidas y Sindy Vannesa Aguilar Bastidas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 64 9- 0 0 Ac c i o na nt es : É dg ar T om ás Enr íq u e z C órd o ba y o tros Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01649-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de mayo de 2023

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 1 64 9- 0 0
Ac c i o na nt es : É dg ar T om ás Enr i q ue z C ór do b a y o tr os

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01649-00
Accionantes: Édgar Tomás Enríquez Córdoba y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, en la cual se modificó
parcialmente la sentencia de primera instancia en la que se accedió a las
pretensiones de una demanda de reparación directa. Ausencia de los defectos
procedimental absoluto y sustantivo.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de reparación directa

Los señores Édgar Tomás Enríquez Córdoba, en nombre propio y representación
de sus menores hijos Andrés Felipe Enríquez Castillo, Valentina Enríquez Castillo,
Yurtley Fernanda Enríquez Cueltan, María Alejandra Enríquez Cabrera y Mariana
Enríquez Rivera; María Patricia Bastidas Rojas, en nombre propio y de su hija
Sindy Vannesa Agullar Bastidas; y Laura Meliza Serna Bastidas instauraron medio
de control de reparación directa en contra del departamento del Valle del Cauca,

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por los perjuicios causados con la muerte de su familiar Alejando Enríquez
Bastidas ocurrida el 25 de marzo de 2014, cuando transitaba en una motocicleta
en la vía que del municipio de Candelaria conduce a Cali, debido a la presencia de
un hueco en la carretera.

El 23 de julio de 2018 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cali declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia del nexo causal, ausencia de responsabilidad y culpa
exclusiva de la víctima formuladas por el ente territorial demandado; declaró al
departamento del Valle del Cauca responsable administrativamente por los daños
generados a los demandantes; condenó a aquel al pago del lucro cesante en
suma de 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) a favor de quien
representara los intereses de Alejandro Enríquez Bastidas y de los perjuicios
morales en cuantía de 100 SMMLV para cada uno de los demandantes; negó las
demás pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandado.

Por lo anterior, el departamento mencionado interpuso recurso de apelación y el
17 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó el
numeral 6 de la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, no condenó en
costas al demandado, y modificó el numeral 3 de aquella, al encontrar demostrado
que la víctima contribuyó en la producción del daño, en el sentido de fijar el lucro
cesante en $ 15.368.955,4 para cada uno de los padres de la víctima directa,
María Patricia Bastidas y Édgar Tomás Enríquez Córdoba, y los perjuicios morales
en 40 SMMLV para cada uno de ellos y en 20 SMMLV para cada uno de los
demás demandantes.

b) Inconformidad

Los accionantes Édgar Tomás Enríquez Córdoba, en nombre propio y
representación de sus menores hijos Andrés Felipe Enríquez Castillo, Valentina
Enríquez Castillo, Yurtley Fernanda Enríquez Cueltan, María Alejandra Enríquez
Cabrera y Marina Enríquez Rivera; María Patricia Bastidas Rojas; Laura Melisa
Serna Bastidas y Sindy Vannesa Aguilar Bastidas consideraron que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, al expedir la sentencia del 17 de febrero de 2023, en el
proceso de reparación directa que instauraron por la muerte de Alejando Enríquez
Bastidas.
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Para soportar lo anterior, afirmaron que la autoridad judicial precitada incurrió en
los defectos procedimental absoluto y sustantivo, al, de un lado, apartarse del
procedimiento previsto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso,
aplicables por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual le exigía resolver el
recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia
únicamente con fundamento en los reparos concretos que allí le fueron
planteados, lo cual no ocurrió, y, de otro, interpretar esas normas de forma
contraria a los criterios de razonabilidad y juridicidad que orientan el procedimiento
y el orden jurídico.

En efecto, señalaron que el Tribunal accionado analizó la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, a pesar de que ese aspecto no
fue esgrimido en esa oportunidad procesal por el demandado, pues, en el recurso
de apelación, el departamento del Valle del Cauca se circunscribió a reiterar los
argumentos de la contestación de la demanda y a exponer que el INVIAS no le
trasladó los recursos para el mantenimiento de la vía; sumado al hecho de que las
excepciones propuestas en la mencionada contestación fueron resueltas por el a
quo.

En esa medida, sostuvieron que, con la decisión adoptada por el accionado, a su
juicio, además, este afectó lo regulado en los artículos 281 y 282 del Código
General del Proceso y desconoció el precedente fijado por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 30 de enero de 2020,
expediente con radicado 05001-23-33-000-2016-00693-01 (1623-18).

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la sentencia del 17 de
febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para
en su lugar, ordenarle dictar una nueva decisión judicial, en la que resuelva el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de confirmarla, por no haberse
sustentado aquel debidamente. Así mismo, deprecó adoptar cualquier otra orden
que garantice los derechos fundamentales que le fueron vulnerados.
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CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el departamento del Valle del
Cauca fueron debidamente notificados del auto admisorio de la presente acción;
sin embargo, no rindieron informe alguno.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La anterior posición evolucionó en la jurisprudencia constitucional empezando por
la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C543/92 y T079/93, entre otras
providencias, y su redefinición en la T949/03, hasta llegar a su sistematización en

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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la C590/05.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado Jorge Octavio
Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales
siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se
cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte
Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes: 1) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; 2) se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; 3) se cumple el requisito de inmediatez; 4)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; 5) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y 6) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por
tanto, la parte motiva se ocupará del estudio de los defectos procedimental,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, se aclara que, si
bien este último no fue alegado de forma expresa, lo cierto es que encaja en los
argumentos expuestos por los accionantes. En esa medida, el problema jurídico
en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la parte accionante y
transgredió el principio de congruencia, al analizar la excepción de la
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en la
sentencia del 17 de febrero de 2023?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: I)
defecto procedimental, II) defecto sustantivo, III) desconocimiento del precedente
judicial y IV) Análisis de los desacuerdos de la parte actora. Veamos:

I. Defecto procedimental

La Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental ocurre cuando
el juez se aparta de manera evidente y grotesca de las normas procesales
aplicables al caso concreto, lo cual genera una transgresión de los derechos
fundamentales de los sujetos intervinientes en determinado trámite5.

Esta causal específica de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales tiene dos modalidades: 1) defecto procedimental absoluto,
que se presenta cuando el funcionario judicial no observa el procedimiento

5 Ver entre otras Sentencias: T-781 de 2011, T-429 de 2016 y T-398 de 2017.

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dispuesto, bien sea porque siguió un trámite totalmente distinto o porque
pretermitió etapas, y 2) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que
acontece en el evento en que el juez, por un apego extremo, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurre con su actuar en la
inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho
sustancial, en detrimento de los derechos de las partes6.

En ese orden de ideas, al juez constitucional corresponde definir el asunto puesto
en su conocimiento y determinar si se configura alguna de las modalidades
previstas jurisprudencialmente para la estructuración del defecto procedimental, y,
por contera, si es procedente otorgar o no el amparo deprecado en sede de tutela.

II. Defecto sustantivo

En diferentes pronunciamientos, la Corte ha denominado el defecto sustantivo
como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las
providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las
siguientes razones: 1. La decisión cuestionada se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque la norma
empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada o
ha sido declarada inconstitucional. 2. La interpretación o aplicación que se hace de
la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance. 3. Se fija la magnitud de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática. 4. La norma pertinente es inobservada y, por ende,
inaplicada. 5. Se emplea una norma que, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a
esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador. 6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. 7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los
derechos fundamentales.

6 Ver entre otras: Sentencia SU238/2019, T950/2011.

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III. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela, pues
si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a que
haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto por
el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser entendido
de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los principios
constitucionales.

De allí que se ha admitido la separación de este siempre que se expongan las
razones por las cuales se aparta. En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional
sostuvo que para el efecto deben cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia
expresa del precedente aplicado a casos similares y (II) exponer las razones
suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto
estudiado. En ese orden de ideas, cuando un juez se aleja del precedente judicial
sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación implica una vulneración al
derecho a la igualdad.

Por último, debe precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede
ser vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en
un nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva
jurisdicción o puede ser horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben
seguir los jueces de la misma jerarquía.

IV. Análisis de los desacuerdos de la parte actora

Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al expedir la sentencia del 17 de febrero de
2023, en el proceso de reparación directa que instauraron por la muerte de su
familiar Alejando Enríquez Bastidas cuando transitaba en una motocicleta del
municipio de Candelaria al de Cali.

Para fundamentar la anterior petición, afirmaron que la autoridad judicial precitada
incurrió en los defectos procedimental absoluto y sustantivo, en síntesis, porque se
apartó del procedimiento previsto en los artículos 320 y 328 del Código General
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del Proceso e interpretó incorrectamente esas normas, al pronunciarse sobre la
causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, a pesar de
que ese aspecto no fue planteado en el recurso de apelación interpuesto por el
demandado en contra de la sentencia de primera instancia.

Pues bien, para resolver el desacuerdo expuesto debe mencionarse que, como se
consignó en los antecedentes de este proveído, el 23 de julio de 2018 el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali declaró no probadas las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del nexo
causal, ausencia de responsabilidad y culpa exclusiva de la víctima formuladas por
el ente territorial demandado; declaró al departamento del Valle del Cauca
responsable administrativamente por los daños generados a los demandantes;
condenó a aquel al pago del lucro cesante en suma de 1 salario mínimo mensual
legal vigente (SMMLV) a favor de quien representara los intereses de Alejandro
Enríquez Bastidas y de los perjuicios morales en cuantía de 100 SMMLV para
cada uno de los demandantes; negó las demás pretensiones de la demanda y
condenó en costas al demandado.

Igualmente, resulta relevante indicar que en el recurso de apelación interpuesto
por el departamento del Valle del Cauca en contra de la anterior decisión judicial,
aquel, en primer lugar, manifestó reiterar todos y cada uno de los argumentos
esgrimidos en la contestación, y, en segundo lugar, expuso que, contrario a lo
señalado en la sentencia de primera instancia, no era administrativamente
responsable por la muerte del señor Alejandro Enríquez Bastidas, dado que si bien
el INVIAS le entregó la vía Cali – Crucero – Candelaria, donde ocurrieron los
hechos, lo cierto es que no apropió los recursos necesarios para el mantenimiento
de esa carretera y ese instituto no le giró los recursos necesarios para ese efecto.

En atención al anterior recurso, el 17 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca dictó sentencia de segunda instancia, en la cual revocó la
condena en costas impuesta al demandado, y redujo el monto de los perjuicios
reconocidos a los demandantes, en el sentido de fijar el lucro cesante en $
15.368.955,4 para cada uno de los padres de la víctima directa, María Patricia
Bastidas y Édgar Tomás Enríquez Córdoba, y los perjuicios morales en 40
SMMLV para cada uno de ellos y en 20 SMMLV para cada uno de los demás
demandantes.

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Para adoptar la mencionada determinación, el aquí accionado sostuvo que, debido
a que el recurrente se ratificó en todos los planteamientos puestos de presente en
la contestación, debía pronunciarse sobre la excepción de culpa exclusiva de la
víctima; aspecto frente al cual encontró demostrado que el señor Alejando
Enríquez Bastidas contribuyó en la producción del daño, dado que el día de los
hechos presentaba concentración de 56 mg/100ml de etanol en la sangre y se
infería, por las circunstancias, que transitaba por encima del límite de velocidad
permitido, no portaba casco y no ocupaba el carril completo.

Así las cosas, esta Subsección observa que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca no transgredió el principio de congruencia, en la medida en que resolvió el
recurso de apelación, con fundamento en los argumentos de defensa allí
expuestos, entre los cuales, se encontraban los manifestados en la contestación
de la demanda, en el que alegó el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva
de la víctima, como lo adujo el departamento demandado.

Aunado a lo mencionado, resulta imperioso precisar que conforme al artículo 187
de la Ley 1437 de 2011, codificación especial para la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la autoridad judicial, en la sentencia, debe decidir sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera que halle probada, sin que el silencio
del inferior impida que el superior estudie y decida todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

En ese orden de ideas, para esta Sala emerge claramente que la corporación
accionada no incurrió en los defectos alegados, pues no se alejó del
procedimiento previsto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso
ni efectuó una exégesis equivocada de estos.

De igual forma, tampoco se encuentra probado el defecto de desconocimiento del
precedente judicial, en tanto la sentencia del 30 de enero de 2020 emitida por esta
Subsección en el expediente con radicado 05001-23-33-000-2016-00693-01
(1623-18), no constituye, por sí sola, precedente judicial, en la medida en que no
se trata de una decisión de unificación, en los términos del artículo 270 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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En todo caso, lo cierto es que, como se explicó, el ente territorial sí planteó el
argumento examinado por el Tribunal en el recurso de apelación y aun si no lo
hubiera hecho aquel estaba facultado para analizar las excepciones de fondo.

Por consiguiente, al no encontrarse demostrados los defectos estudiados en esta
sede constitucional, se negará el amparo deprecado por los señores Édgar Tomás
Enríquez Córdoba, en nombre propio y representación de sus menores hijos
Andrés Felipe Enríquez Castillo, Valentina Enríquez Castillo, Yurtley Fernanda
Enríquez Cueltan, María Alejandra Enríquez Cabrera y Marina Enríquez Rivera;
María Patricia Bastidas Rojas; Laura Melisa Serna Bastidas y Sindy Vannesa
Aguilar Bastidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo deprecado por los señores Édgar Tomás Enríquez
Córdoba, en nombre propio y representación de sus menores hijos Andrés Felipe
Enríquez Castillo, Valentina Enríquez Castillo, Yurtley Fernanda Enríquez Cueltan,
María Alejandra Enríquez Cabrera y Marina Enríquez Rivera; María Patricia
Bastidas Rojas; Laura Melisa Serna Bastidas y Sindy Vannesa Aguilar Bastidas,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

PCL

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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