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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01661-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01661-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 110010315000-2023-01661-00 Actores: TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN Y OTRAS. eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01661-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01661-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN Y OTRAS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES
PRETENDEN QUE SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN,
CON FUNDAMENTO EN UNA JURISPRUDENCIA QUE FUE
PRECISAMENTE OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR EL TRIBUNAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01661-00
Actores: TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN Y OTRAS.

I.1.- La solicitud

Los señores TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN, MARLY

YULIETH y ANGIE KATERINE ZULETA BUENO, actuando a través

de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección

de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los

cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber

proferido en segunda instancia la sentencia de 29 de septiembre de

2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado

con el número único de radicación 730013333001-2015-00070-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el señor VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO

(Q.E.P.D.), mientras se encontraba privado de la libertad en el

Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba de Ibagué, el 22 de julio

de 2014 sufrió un accidente al caer de un piso superior del patio

donde estaba recluido, que le ocasionó trauma craneoencefálico,

trauma maxilofacial, fractura en miembro inferior izquierdo y otras

lesiones.

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Relataron que, como consecuencia de lo anterior, promovieron

demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa

contra la Nación – Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y la

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por los

perjuicios causados a su familiar, el señor VÍCTOR ALFONSO

ZULETA BUENO (Q.E.P.D.), mientras se encontraba recluido, a la

cual le fue asignado el número único de radicación 2015-00070-00.

Refirieron que el proceso correspondió en primera instancia al

Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué2 que,

mediante sentencia de 17 de noviembre de 2017, accedió

parcialmente a las pretensiones, por lo que declaró responsable al

INPEC de los perjuicios morales y daños a la salud ocasionados a los

demandantes.

Adujeron que la anterior decisión fue apelada por las partes, disenso

desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 29 de septiembre de

2022, a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó las pretensiones al estimar que se configuró la causal de

eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en la

2
En adelante el Juzgado.

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medida en que fue el propio VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO

(Q.E.P.D.) quien decidió poner en peligro su vida al maniobrar sobre

una baranda sin protección alguna.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la jurisprudencia en reiterada oportunidad, ha

dispuesto que los establecimientos penitenciarios asumen una

obligación de seguridad que es de resultado y no de medio, de tal

forma que la administración tiene la responsabilidad de devolver al

detenido, en el momento en que recupere su libertad, en el mismo

estado de salud que tenía cuando fue recluido, salvo los deterioros

normales del paso del tiempo.

Sobre el particular, adujeron que en sentencia T-535 de 1998 la

Corte Constitucional refirió que “[…] no pueden resultar afectados ni

en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena

impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se

hace responsable el Estado desde el momento mismo de la captura

o entrega del detenido o condenado y hasta el instante en que

readquiera su libertad […]”.

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Destacaron que, en ese mismo sentido, las sentencias T-590 de

1998, T-645 de 1996 y T-698 de 2002, han indicado que el Estado

tiene la obligación en la protección a la vida de los internos en centros

de reclusión, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado.

Arguyeron que el TRIBUNAL también incurrió en desconocimiento

del precedente horizontal, toda vez que en varias oportunidades y en

casos similares al presente, la autoridad judicial accionada ha

proferido decisiones de carácter condenatorio.

Para el efecto precisaron que, en sentencia de 2 de agosto de 20183,

el TRIBUNAL en un asunto con identidad fáctica al caso bajo

análisis, esto es, ante la caída de un recluso de un piso superior del

Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba, determinó la falla en la

prestación del servicio penitenciario y carcelario, por lo que condenó

al INPEC al pago de los perjuicios causados.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

3
Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia de 2 de agosto de 2018, número único de radicación
73001-33-33-003-2015-00017-02.

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“[…] declarar la nulidad de la sentencia de septiembre 29 de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el
expediente radicado: 73001-33-33-001-2015-00070-01 y
ordenar que el mencionado Tribunal vuelva a proferir sentencia
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley y la
jurisprudencia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la solicitud de amparo no tiene

vocación de prosperar, dado que no se materializó la vulneración de

derecho fundamental alguno contra la parte actora, además, lo

pretendido es discutir criterios de interpretación de normas legales y

jurisprudenciales, lo cual no resulta válido a través de este

mecanismo residual y subsidiario.

En cuanto al alegado desconocimiento del precedente vertical y

horizontal, adujo que esa Corporación efectuó un análisis integral de

las pruebas, las normas y la jurisprudencia aplicable al asunto, de

conformidad con el principio de autonomía judicial de la cual se

encuentran investidas las decisiones judiciales.

Así las cosas, manifestó que no se advierte la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, en la medida en que lo

pretendido es reabrir un debate jurídico que ya se surtió ante el juez

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natural del asunto, por lo que solicitó denegar el amparo deprecado.

I.5.2.- El INPEC, vinculado en calidad de tercero con interés directo

en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la solicitud

de amparo, toda vez que la parte actora dispone del recurso

extraordinario de revisión, mecanismo judicial idóneo para analizar

las inconformidades acá expuestas, por lo que no cumple con el

requisito de la subsidiariedad.

Agregó que la acción de tutela de la referencia tampoco cumple con

el requisito de la inmediatez, pues no se promovió dentro del término

previsto para el efecto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso

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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto

la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por el

TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia

y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del

medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2015-00070-01.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa

presentada en el año 2015 por los actores contra el INPEC y la

USPEC, en la que solicitaban que se les declarara a las demandadas

administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios

morales, materiales y daño en la vida en relación, ocasionados por

las lesiones sufridas al señor VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO

(Q.E.P.D.) mientras se encontraba recluido.

Los actores estiman que la providencia cuestionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, dado que,

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en su sentir, el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del

precedente vertical y horizontal, pues la jurisprudencia ha

establecido que el Estado está en la obligación de proteger la vida de

los internos en centros de reclusión, además, en casos similares al

presente, la autoridad judicial accionada ha proferido decisiones de

carácter condenatorio.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al haber

proferido la sentencia de 29 de septiembre de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que, en el asunto bajo examen,

revisado el expediente se observa que, en el escrito de apelación

presentado contra la sentencia de primera instancia, la parte actora

argumentó lo siguiente:

“[…] De tiempo atrás el honorable Consejo de Estado ha
establecido que, si una persona resulta lesionada o fallece dentro
de instalaciones carcelarias, penitenciarias, militares o en
lugares en los cuales la seguridad de los visitantes queda a
merced de la institución o entidad a la cual ingresan, deberá
responder la administración en razón del incumplimiento de la
obligación de resultado respecto de la seguridad de aquellos
[…]”.

Frente al particular, en la sentencia cuestionada el TRIBUNAL hizo

énfasis en cuanto a la responsabilidad del Estado respecto a daños

por fallas en los centros de reclusión, para concluir que en el caso

concreto los daños ocasionados al señor VÍCTOR ALFONSO

ZULETA BUENO (Q.E.P.D.) no eran jurídicamente atribuibles a las

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entidades demandadas, en la medida en que se configuró la causal

de eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima,

comoquiera que el mismo fue quien decidió poner en peligro su vida

al maniobrar sobre una baranda sin protección alguna, así:

“[…] Del material probatorio aportado, no existe duda que el
accidente se dio por una maniobra peligrosa que realizó Víctor
Alfonso Zuleta Bueno, al subirse al tubo metálico de la baranda
del pasillo para recibir un cigarrillo de otro interno, perdiendo el
equilibrio y cayendo en el patio donde se encontraba,
descartándose la hipótesis del actuar de otro interno que pudo
atentar contra la vida del aquí demandante.

Ahora, de acuerdo a la Responsabilidad que tiene el Estado
frente a los daños sufridos por personas privadas de su libertad
en centro carcelario, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se
puede concluir que existe una subordinación del interno frente
al Estado, lo que lo deja en una condición de vulnerabilidad o
debilidad manifiesta, y en razón a ello se genera la existencia de
una relación jurídica especial; por tanto, el daño antijurídico
causado a la integridad de los reclusos resultan imputables al
Estado bajo el título de imputación objetiva; sin embargo, es
posible declarar la configuración de una falla en el servicio en el
caso de encontrarse probada, siempre que no se configure como
eximente de responsabilidad una causa extraña.14

De esta manera, si bien no se desconoce que podía existir la
necesidad de colocar mallas de protección en las barandas de los
pasillos de cada uno de los pabellones del bloque 1, conforme a
los informes, visitas y oficios del INPEC, para evitar el alto índice
de accidentabilidad que se generaba por problemas de
hacinamiento y agresiones entre internos, lo cierto es que, en
este caso no se presentó ninguno de los eventos mencionados
anteriormente sino que fue el propio Víctor Alfonso Zuleta Bueno
quien asumió el riesgo de realizar una maniobra peligrosa sobre
la baranda del pasillo; y en este punto se debe recordar que para
que se pueda declarar la responsabilidad del Estado frente a

14
Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera-Subsección A; Consejera
Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, Bogotá, D.C., Trece (13) De Noviembre De Dos Mil Dieciocho
(2018),Radicación Número: 08001-23-31-000-2005-00796-01(46120)

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daños por fallas en los centros de reclusión, no se puede
configurar la causal eximente de responsabilidad.

En conclusión, es evidente que el daño por el que reclaman los
actores no es jurídicamente imputable a la demandada, en los
términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución
Política, porque se configuró la causal de eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues, se reitera
fue el propio Víctor Alfonso Zuleta Bueno quien decidió poner en
peligro su vida al maniobrar sobre una baranda sin protección
alguna, siendo esta la causa determinante y eficiente del daño,
ya que aun cuando para el momento de los hechos no se habían
instalado mallas de protección, si el demandante no hubiese
decidió desplegar la conducta peligrosa, el resultado dañoso no
se hubiese consolidado.

[…]

7.4.3 Responsabilidad patrimonial del Estado por daños a
personas privadas de la libertad en establecimientos
penitenciarios.

El Consejo de Estado ha indicado frente a estos daños, que15:

“(…) En relación con las personas que se encuentran privadas
de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el
ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la
reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia
defensa, con miras a repeler las agresiones de agentes estatales
o de terceros, respecto de quienes puedan ser víctimas dentro
del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la
seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a
presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual
la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha
precisado que en estos casos, entre las personas detenidas y el
Estado existen o se configuran “relaciones especiales de
sujeción”16.

Igualmente, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia

15
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Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, Bogotá, D.C., Trece (13) De Noviembre De Dos Mil Dieciocho
(2018), Radicación Número: 08001-23-31-000-2005-00796-01(46120)

16
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del
2006, exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, exp. 13760, C.P. Alier Hernández Enríquez. 11
sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003

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ha definido el contenido y el alcance de tales relaciones; así:17

“Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial
sujeción. “De la existencia, identificación y régimen de las
llamadas “relaciones especiales de sujeción”18 entre los reclusos
y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído
importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a
reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio. “De la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis
elementos característicos que procederá a relacionar así: las
relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de
una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta
subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un
régimen jurídico especial (controles disciplinarios19 y
administrativos especiales y posibilidad de limitar20 el ejercicio
de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en
cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la
limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado
por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad del ejercicio de la
potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio
de los demás derechos de los internos (mediante medidas
dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr
el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como
consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos
especiales (relacionados con las condiciones materiales de
existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud)
en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser especialmente
garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar de manera especial el principio de eficacia de los
derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el
desarrollo de conductas activas).

“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias
jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones

17
Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003

18
Original de la sentencia en cita: Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades
penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en la sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más
importantes al respecto, Cfr. sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

19
Original de la sentencia en cita: Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un
régimen disciplinario para los reclusos, así en sentencia T-596 de 1992

20
Original de la sentencia en cita: Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los
reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias
T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T705 de 1996

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especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos
(intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de
limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas
data, entre otros). (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de
asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no
sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su
integridad frente a los demás, debido a la especial situación de
indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran
los reclusos. (iv) El deber positivo en cabeza del Estado de
asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez
condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los
reclusos.

“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de
especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen
verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes
se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la
funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la
posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del
aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de
existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de
cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y,
ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una
mera sombra de los valores y principios propios del Estado social
de derecho”21 (se destaca).

De lo anterior, se puede concluir que cuando una persona se
encuentra privada de su libertad, esto da lugar necesariamente
a una subordinación del interno frente al Estado, lo que lo deja
en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón
que genera la existencia de una relación jurídica especial.

Así es que, el Estado tiene una facultad constitucional y legal de
restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales de
estas personas que se encuentran recluidas en centro
carcelarios, en aras de llevar a cabo el fin de resocializarlas, sin
que ello implique de manera alguna que se limitarán derechos
fundamentales como la vida e integridad física, por el contrario,
estos deben ser respetados y garantizados plenamente por las
autoridades.

21
Original de la cita: “En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96,
T-1190/03, T490/04, T-881/02 y T-134/05.

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Y Reitera el Consejo de Estado que, cuando se encuentre
acreditado un daño antijurídico causado en la integridad
sicofísica del recluso y/o detenido, este resulta imputable al
Estado, por regla general, bajo el título de imputación objetiva
de responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones
especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el
artículo 90 de la Constitución Política; sin embargo, es posible
declarar la configuración de una falla del servicio22, en el caso de
encontrarla probada y, siempre que no se configure como
eximente de responsabilidad una causa extraña23.

[…]

Ahora bien, cabe precisar que de las entrevistas rendidas a
Policía Judicial y las declaraciones recibidas dentro de la
investigación penal, incluso la de la misma víctima del accidente,
no existe duda que el accidente se dio por una maniobra
peligrosa que realizó Víctor Alfonso Zuleta Bueno, al subirse al
tubo metálico de la baranda del pasillo para recibir un cigarrillo
de otro interno, perdiendo el equilibrio y cayendo en el patio
donde se encontraba recluido, descartándose la hipótesis del
actuar de otro interno que pudo atentar contra la vida del aquí
demandante.

Ahora, de acuerdo a la Responsabilidad que tiene el
Estado frente a los daños sufridos por personas privadas
de su libertad en centro carcelario, de acuerdo a lo hasta
aquí expuesto, se puede concluir que existe una
subordinación del interno frente al Estado, lo que lo deja
en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta,
y en razón a ello se genera la existencia de una relación
jurídica especial; por tanto, el daño antijurídico causado
a la integridad de los reclusos resultan imputables al
Estado bajo el título de imputación objetiva; sin embargo,
es posible declarar la configuración de una falla en el

22
La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua
siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria
del Estado; en efecto, si al juez de lo contencioso administrativo le compete una labor de control de la
acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de
una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la
responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp.
16423, entre muchas otras

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servicio en el caso de encontrarse probada, siempre que
no se configure como eximente de responsabilidad una
causa extraña.24

De esta manera, si bien no se desconoce que podía existir la
necesidad de colocar mallas de protección en las barandas de los
pasillos de cada uno de los pabellones del bloque 1, conforme a
los informes, visitas y oficios del INPEC, para evitar el alto índice
de accidentabilidad que se generaba por problemas de
hacinamiento y agresiones entre internos, lo cierto es que, en
este caso no se presentó ninguno de los eventos mencionados
anteriormente sino que fue el propio Víctor Alfonso Zuleta Bueno
quien asumió el riesgo de realizar una maniobra peligrosa sobre
la baranda del pasillo; y en este punto se debe recordar que para
que se pueda declarar la responsabilidad del Estado frente a
daños por fallas en los centros de reclusión, no se puede
configurar la causal eximente de responsabilidad.

Así es que, al configurarse alguna circunstancia eximente de
responsabilidad en sus diversas modalidades, esto es, Fuerza
mayor, hecho exclusivo de la víctima y hecho exclusivo de un
tercero, se generaría plenos efectos liberadores de
responsabilidad del Estado, más aún, cuando esta causa extraña
sea el origen exclusivo y determinante del daño […]”.
(Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta de relevancia

constitucional, porque a través de ésta los actores lo que pretenden

es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase

de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que en

todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

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del principio de la autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por los actores subyace del hecho

de que, en su sentir, de una adecuada aplicación de la jurisprudencia

dispuesta para el asunto podía advertirse el derecho que tenían a ser

indemnizados por los perjuicios morales, materiales y daño en la vida

en relación, ocasionados por las lesiones sufridas al señor VÍCTOR

ALFONSO ZULETA BUENO (Q.E.P.D.) mientras se encontraba

recluido, de cara a que estaba probada la falla en el servicio.

Lo anterior significa que lo pretendido por los actores es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral del proceso de reparación

directa, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la

autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que

proponen, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o

recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega la parte

actora en esta sede constitucional fueron atendidas por el

TRIBUNAL, con fundamento en la jurisprudencia que precisamente

alegan como desconocida.

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Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201825, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201726, se indicó:

25
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
26
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único

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“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de los actores,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito de la relevancia constitucional,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

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eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

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