Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01661-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01661-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de agosto de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01661-01
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01661-01
Accionantes: Telmo de Jesús Zuleta Castrillón y otros.
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima.
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Superación del
requisito de relevancia constitucional. Ausencia de los defectos
invocados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 08 de junio de 2023 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
El señor Telmo de Jesús Zuleta Castrillón y las señoras Marly Yulieth y Angie
Katerine Zuleta Bueno, por intermedio de apoderado judicial, formularon acción de
tutela con la que buscan la protección de sus derechos a la igualdad y al debido
proceso, los cuales considera vulnerados con ocasión a la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el pasado 29 de
septiembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
730013333001-2015-00070-01.
Sostiene el actor, que la providencia atacada desconoce el precedente vertical y
horizontal. Sobre el primero argumentó que se aparta de las decisiones de la Corte
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Constitucional y de esta Corporación, en cuanto han dicho que el Estado tiene la
obligación de proteger la vida de los internos en centros de reclusión. Citó la
sentencia T-535 de 1998, T-590 de 1998. T-645 de1996, T-698 de 2002 y del
Consejo de Estado, citó la “sentencia de fecha 5 de septiembre de 1994, expediente
9520” sin otros datos
.
En cuanto al segundo, afirmó que se aparta de sus propias decisiones, pues existen
otras de carácter condenatorio con similitud de hechos. Citó los radicados 73001-
3333-003-2015-00017-02 y 73001-3333-751-2014-00133-01.
Conforme a lo anterior, solicitó amparar sus derechos fundamentales, declarando
nula la sentencia cuestionada y ordenando que se rehaga el procedimiento
conforme a los Derechos y principios constitucionales invocados.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante proveído del 5 de mayo
de 2023 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima y se
vinculó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué. A todos ellos se les corrió traslado para que,
si a bien lo tenían, ejercieran su derecho de defensa.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo del Tolima manifestó que el amparo debe negarse,
pues no existió vulneración de derecho fundamental alguno, además, que lo
pretendido es discutir criterios de interpretación de normas legales y
jurisprudenciales, lo cual no resulta válido a través de este mecanismo residual y
subsidiario.
Se refirió al desconocimiento del precedente vertical y horizontal que le endilga el
accionante y adujo que efectuó un análisis integral de las pruebas, las normas y la
jurisprudencia aplicable al asunto, de conformidad con el principio de autonomía
judicial de la cual se encuentran investidas las decisiones judiciales.
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, vinculado al presente
trámite, manifestó que debía declararse improcedente el amparo solicitado, toda vez
que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez y, además, que el accionante
cuenta con el recurso extraordinario de revisión, por lo que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de primera instancia
fechada del 08 de julio de 2023, se refirió a los requisitos de procedencia de la
acción de tutela y determinó que esta no cumple con el relativo a la relevancia
constitucional, pues la solicitud de amparo está dirigida a reabrir un debate judicial
debidamente clausurado, lo que desnaturaliza el propósito de la acción
constitucional y la torna en una instancia adicional, desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.
LA IMPUGNACIÓN
La parte accionante formula impugnación contra el fallo de tutela de primer grado,
reiterando en términos generales, lo expresado en el escrito inicial de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde resolver si la sentencia de primera instancia se encuentra
ajustada a derecho o si, contrario a lo allí establecido, el asunto reviste relevancia
constitucional, caso en el cual deben examinarse los demás requisitos y, de ser
procedente, realizar el estudio tendiente a determinar si se configura alguna de las
causales de procedibilidad de la tutela contra sentencia.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional,
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos
que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus
derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea
utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de
que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la
violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la
decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita
susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores
de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal
circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de
que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
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evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
Caso concreto
En primer lugar, contrario a lo definido en primera instancia de esta acción
constitucional, la Sala encuentra superado el requisito de relevancia constitucional,
en la medida en que la discusión planteada por el accionante se centra en establecer
si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso, y si ello ocurrió como consecuencia de no aplicar el
precedente vertical y horizontal de la materia; aspectos que resultan suficientes, en
criterio de esta Subsección, para dar por satisfecho este requisito.
En segundo lugar, se observa que se encuentran cumplidos los otros requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales,
puesto que 1) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de aquella; 2) el actor no cuenta con otros medios de defensa judicial para
discutir lo aquí expuesto; 3) no se está alegando una irregularidad procesal; 4) el
solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos transgredidos y 5) no se trata de una acción de tutela contra una sentencia
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de la misma naturaleza.
Así las cosas, se procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto, previa
aclaración de que el examen se limitará a evaluar si el Tribunal accionado
desconoció el precedente vertical y horizontal e incurrió en violación directa de la
Constitución Política, con ocasión a la sentencia del 29 de septiembre de 2022,
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado
730013333001-2015-00070-01.
Se tiene que el medio de control de reparación directa anterior se inició por los ahora
accionantes en contra de la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los
perjuicios morales, materiales y daño en la vida en relación, con ocasión de las
lesiones sufridas por el señor Víctor Alfonso Zuleta Bueno mientras se encontraba
cumpliendo su pena en el Complejo Penitenciario y Carcelario de COIBA, donde el
22 de julio de 2014 cayó de un piso superior del patio donde se encontraba recluido,
lo que le generó trauma craneoencefálico, trauma maxilofacial, fractura en miembro
inferior izquierdo y otras lesiones.
Se advierte que el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, mediante sentencia
del 17 de noviembre de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda; no obstante, el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia del 29
de septiembre de 2022 revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, negó las
pretensiones, luego de analizar el desarrollo jurisprudencial de la materia y las
particulares del caso concreto.
Al respecto, precisó que del material probatorio aportado al plenario, especialmente
las entrevistas rendidas a la Policía Judicial y las declaraciones rendidas dentro de
la investigación del suceso, incluso de la que rindió la propia víctima del accidente,
no existía duda de que este ocurrió por una maniobra peligrosa que realizó el señor
Víctor Alfonso Zuleta Bueno al subirse al tubo metálico de la baranda del pasillo
donde se encontraba recluido, para recibir un cigarrillo de otro interno, perdiendo el
equilibrio y cayendo en el patio. Con ello se descartó la hipótesis del actuar de otro
interno que pudo atentar contra la vida del señor Zuleta Bueno o el actuar negligente
de la guardia.
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Ahora bien, el accionante sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente, pues la decisión ahora en examen se apartó i) del
precedente vertical, por considerar que la sentencia desconoció que el Estado debe
devolver al detenido en las mismas condiciones de salud que cuando fue recluido,
salvo el deterioro normal causado por el paso del tiempo; ii) respecto al precedente
horizontal, por cuanto existen decisiones del mismo Tribunal con carácter
condenatorio por hechos que guardan similitud.
Citó sentencias de tutela, las cuales, en principio tienen efectos interpartes y ningún
esfuerzo hizo por demostrar que el asunto allí tratado hubiera tenido los mismos
supuestos de hecho del caso bajo estudio.
En relación con el precedente horizontal citó dos radicados 73001-3333-003-2015-
00017-02 y 73001333375120140013301, sin aportar dichos fallos y tampoco fueron
encontrados por parte del Despacho Ponente en la plataforma SAMAI. (En el primer
expediente no obra la sentencia y en el segundo, se trata de un recurso de queja.)
Mencionó también el actor una sentencia de fecha 5 de septiembre de 1994,
expediente 9520” sin otros datos que permitieran su búsqueda y tampoco la portó;
por lo que tampoco puede decirse que constituya precedente obligatorio para el
caso concreto. En este punto vale aclarar que la Jurisprudencia ha diferenciado
entre el antecedente y el precedente obligatorio, resultando claro en este caso, que
no se acreditó siquiera se tratara de un antecedente, por cuanto no se conoce el
tema allí tratado.
En resumen, no logró el accionante acreditar la violación de algún precedente
obligatorio; por lo que se estima oportuno aclarar que el hecho de que el accionante
no esté de acuerdo con las conclusiones adoptadas por el juez natural no habilita a
este juez constitucional a invalidar la decisión que en derecho se adoptó y tampoco
la valoración dada a los elementos de prueba aportados, pues, como se dijo en
líneas precedentes, ello iría en contravía de la autonomía e independencia judicial.
En conclusión, a pesar de que la presente acción supera los presupuestos generales
de procedencia, no se acreditó la configuración del defecto endilgado, así como
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tampoco se advierte la existencia de una irregularidad que desconozca
abiertamente los mandatos constitucionales y que, por ende, requiera la imperiosa
intervención del juez de tutela en pro de la salvaguarda de los derechos
fundamentales.
Por consiguiente, al encontrarse superado el requisito general de relevancia
constitucional, pero no evidenciarse la configuración de alguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
revocará la sentencia de tutela impugnada y, en su lugar, se negará el amparo
deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: REVOCAR la sentencia del del 08 de junio de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, NEGAR el amparo
deprecado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EPM.
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